De acuerdo a la reglamentación de La ley de Promoción de la Alimentación Saludable, este 20 de agosto, las grandes empresas deben comenzar a implementar el Etiquetado Frontal de Advertencia en sus productos. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) tienen plazo para hacerlo hasta febrero de 2023. La aparición de los sellos será de forma gradual y progresiva. 

¿Cuándo empezamos a ver los sellos?

A partir de este 20 de agosto, los productos de grandes empresas que tengan exceso de nutrientes críticos -como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías-, deberán exhibir en la cara principal del envase uno o varios sellos de advertencia con la insignia “EXCESO EN”. También, aquellos comestibles que contengan edulcorantes y/o cafeína, deberán presentar las leyendas precautorias: “CONTIENE EDULCORANTES, NO RECOMENDABLE EN NIÑOS/AS” y/o “CONTIENE CAFEÍNA, EVITAR EN NIÑOS/AS”.

De esta manera, comienza a implementarse el eje central de la normativa que busca proteger y garantizar el derecho a la información en las relaciones de consumo. Se trata de la primera etapa de un proceso gradual, en la que se flexibilizan los puntos de corte, hasta alcanzar (en una segunda etapa) los valores máximos fijados por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Herramienta adoptada por la ley para clasificar y determinar los productos que contengan una cantidad excesiva de nutrientes críticos. 

De acuerdo al perfil de la OPS, los productos que deben ser clasificados usando sus criterios son los procesados (como frutas en almíbar, quesos o alimentos conservados en salmuera) y ultraprocesados (como snacks dulces o salados, galletitas, helados, golosinas), ya que son los que normalmente contienen cantidades elevadas de azúcares, sodio y grasas. Por su parte, aquellos productos mínimamente procesados o sin procesar no llevarán sellos. Ejemplo de esto son frutas y verduras frescas, fideos secos, arroz, legumbres o las propias excepciones que prevé la normativa: azúcar común, aceites vegetales, frutos secos y sal común de mesa. 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los productos que sabemos que tienen exceso de nutrientes críticos y que el 20 de agosto van a continuar en las góndolas sin sus correspondientes sellos?

Estos casos, que lamentablemente no serán pocos, deben poder explicarse de una de las siguientes maneras: 

1- Puede ser un producto elaborado por una PYME , para las que la primera etapa comienza a regir en febrero de 2023.

2- Puede tratarse de un producto de una gran empresa que tiene fecha de elaboración anterior al 20 de Agosto, los cuales según la ley podrán mantenerse en el mercado hasta agotar stock.

3- O bien, puede tratarse de un producto de una gran empresa, con fecha de elaboración posterior al 20 de agosto, que haya obtenido prórroga.

Este último caso, es el que mayor preocupación e incertidumbre genera en la sociedad civil. Según lo indicado por la Disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la posibilidad de solicitar prórroga sólo existe para la primera etapa y por única vez. Este plazo venció el pasado 20 de julio para las grandes empresas. 

A los efectos de dicha solicitud, las empresas deben declarar y especificar los productos por los que hacen el pedido, así como los motivos específicos por los que encontraron limitaciones en el cumplimiento de los plazos establecidos. En ese marco, la ANMAT puede resolver aprobando o rechazando. Si la solicitud de prórroga es aprobada, las grandes empresas tienen como plazo máximo para poner los sellos en sus productos, hasta febrero de 2023. 

Algo importante a destacar es que la normativa no prevé la apertura de esta información, por lo que frente al hermetismo decidimos presentar un pedido de acceso a la información pública. Pese a los esfuerzos, la ANMAT contestó que no podía proveernos esos datos en tanto que poseen carácter de confidencial. Esta decisión, desafortunadamente, limita la posibilidad de que la sociedad civil pueda ser un agente activo en la fiscalización de la implementación de la ley.

Sin embargo, luego de nuestro pedido, la ANMAT publicó un comunicado informando que a la fecha del 27 de julio, ya habían ingresado 2.658 solicitudes (que engloban a un total de 236 empresas), de las cuales habían sido aprobadas alrededor del 35%. Sin embargo, el comunicado no dice nada sobre: qué empresas pidieron prórroga y por qué, sobre qué productos se concedió la prórroga y los criterios de para aceptarlas o rechazarlas. 

Esto quiere decir que no sabremos si aquellos productos que no cuentan con sellos, es porque obtuvieron la prórroga o porque efectivamente están incumpliendo con la norma. Necesitamos que se garanticen mejores estándares de transparencia a lo largo de todo el proceso de implementación. 

¿Qué pasa con el resto de los componentes de la ley? 

Mientras tanto, es importante no perder de vista que la ley no sólo introduce el sistema de “sellos de advertencia” que nos permitirán saber qué comemos. El sello es una parte de esta norma que busca abordar el problema de la alimentación saludable de manera integral y transversal. Así es que la Ley también contiene disposiciones sobre: “Promoción, Publicidad y Patrocinio”, “Educación y Entornos Saludables” y “Compras Públicas”. 

Repasemos cada uno y veremos por qué decimos que la correcta implementación de los sellos es fundamental para el cumplimiento integral de la norma:

  • Entornos escolares

De acuerdo al decreto reglamentario, el Ministerio de Salud debe articular con el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación para incluir en la currícula escolar contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional y garantizar que las escuelas sean espacios saludables o libres de sellos. Es decir, que ningún producto con al menos un sello de advertencia o leyenda precautoria pueda ser ofrecido, comercializado, promocionado, publicitado o patrocinado en los establecimientos educativos del país.

Sobre este aspecto no se han dictado las normativas correspondientes. Hasta el momento, el Ministerio sólo ha avanzado en la incorporación de cursos sobre Alimentación Saludable en los trayectos de formación docente.

  • Publicidad, promoción y patrocinio

La ley de etiquetado prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de todos aquellos productos que contengan al menos un (1) sello de advertencia y que esté dirigida especialmente a niñes  y adolescentes. 

Asimismo, establece que aquellos productos que contengan algún sello de advertencia no pueden incluir en sus envases información nutricional complementaria, sellos de aval de sociedad científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, elementos interactivos, obsequios, juegos, descargas digitales, etc. 

Según el decreto reglamentario, la ANMAT tiene el deber de establecer y dictar las normas complementarias que faciliten la implementación y control de estas disposiciones. Sin embargo, este organismo tampoco ha dado a conocer los mecanismos de implementación y fiscalización que serán utilizados para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.  

  • Compras públicas

Sobre este aspecto, el Ministerio de Salud deberá articular con la Oficina Nacional de Contrataciones para garantizar que el Estado Nacional, ante igual conveniencia, priorice contrataciones de aquellos productos que no cuenten con sellos de advertencia. Esta disposición tiene una relevancia significativa. Pero aún no sabemos la manera en que se dará dicha articulación ni que se entenderá por “igual conveniencia” ni “priorizar”. 

Es importante resaltar que para garantizar la plena aplicación de todas las aristas de la ley en todo el país, es necesario el trabajo y la voluntad política de las provincias. Ya sea para el dictado de normas complementarias que hagan falta, como para el control y vigilancia en sus territorios.

 

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Autoras

María Laura Fons

Maga Merlo Vijarra

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

La industria tabacalera continúa metiéndose en las políticas públicas. Argentina sigue sin ratificar el Convenio Marco de Control de Tabaco. Organizaciones de la Sociedad Civil emitimos una Declaración Pública alertando sobre la importancia de garantizar la no injerencia de la industria tabacalera en las decisiones de salud.

Desde las organizaciones de la sociedad civil, a través de la firma de una declaración, solicitamos la no intervención de la industria tabacalera en el diseño y ejecución de políticas de salud pública -entre ellas el avance con la prohibición completa de promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco-y la ratificación del CMCT, entendiendo que dicho tratado otorga a los Estados herramientas claves en la lucha contra el tabaquismo. 

Existe un conflicto fundamental e inconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública; por cuanto aquélla elabora y promociona productos cuyas consecuencias nocivas han sido ampliamente demostradas por la evidencia científica.

Desde hace más de 80 años la industria viene desplegando sus estrategias para interferir en el establecimiento y la aplicación de políticas de control del tabaco. Estas tácticas, que buscan promover el consumo de tabaco, están teniendo como público objetivo a poblaciones cada vez más jóvenes, y las regulaciones existentes devienen muchas veces ineficaces para hacerles frente.

Todo ello se da en un marco en el que se busca incorporar al mercado los nuevos productos de tabaco y nicotina, con el fin de posicionarlos como parte de la solución de una epidemia que la misma industria genera y que se cobra la vida de casi 8 millones de personas alrededor del mundo. Así, estos productos vienen a posicionarse como una estrategia más que busca socavar las políticas alcanzadas en materia de control de tabaco. 

Asimismo, Argentina es uno de los pocos países del mundo que aún no ratificó el primer tratado de salud pública sobre control del tabaco, una herramienta clave a la hora de garantizar la transparencia y la no intervención de la industria tabacalera en la políticas de salud. Pero, ¿por qué es importante la ratificación del Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) para garantizar la no interferencia de la industria?

El CMCT es el primer tratado de salud pública mundial, que vino a dar una respuesta global a la epidemia del tabaquismo. El tratado prevé diversas estrategias destinadas a reducir la oferta, la demanda y los daños causados por los productos de tabaco, que incluyen la prohibición completa del marketing de tabaco, el aumento de los impuestos a este, entre otras medidas. Pero además establece expresamente la protección de las políticas públicas y de control del tabaco contra los intereses comerciales y otros creados por  la industria tabacalera.

 

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

La industria tabacalera no se duerme y se reinventa constantemente: desde nuevos productos supuestamente sanos, hasta las formas de publicitarlos y alcanzar más y distintos públicos. Te contamos en esta nota cuáles son las principales estrategias y chivos expiatorios usados para convencerte de que estos productos no solo son saludables, sino que hasta te aseguran una vida llena de éxito y lujos.

LOS NUEVOS PRODUCTOS EN LAS REDES SOCIALES

Cuando de tabacaleras se trata, la renovación y la reinvención nunca faltan para maximizar sus ganancias, vender nuevos productos y captar cada vez más consumidores, principalmente a las niñeces y a jóvenes. Frente a esto, es fundamental poder identificar las principales plataformas de difusión de estos productos y los mensajes publicitarios engañosos y falsos.

A partir de un relevamiento que realizamos en las redes sociales – gran plataforma de difusión de los nuevos productos de tabaco y nicotina–, identificamos distintas técnicas y estrategias para convencer a les consumidores que los nuevos productos son atractivos y hasta saludables.

En primer lugar, las tabacaleras intentan vender sus nuevos productos, como el cigarrillo electrónico, como algo innovador, diferente y hasta mejor que el cigarrillo tradicional. Mediante el uso de hashtags como #Vapearsalvavidas y #Vapearnoesfumar, la industria del tabaco busca “lavar” su tradicional imagen de industria no saludable. De esta forma, el vapeador se presenta como no tóxico ni nocivo para la salud, siendo que la Organización Mundial de la Salud y diversos estudios, han demostrado que esto está lejos de ser así.

PUBLICACIÓN POSICIONANDO AL VAPEADOR COMO DE DAÑO REDUCIDO

 

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Por otro lado, las tabacaleras aprovechan la imagen de personas famosas y de influencers para promocionar sus productos y aumentar el nivel de sus ventas. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Asociar el uso del cigarrillo electrónico con el éxito y con estilos de vida hegemónicos, para convencernos de que si compramos estos productos, nosotres también podemos acceder a una vida llena de ocio y lujos.

PUBLICACIÓN CON IMÁGENES DE FAMOSES

Otras estrategias para fortalecer su presencia publicitaria en las redes sociales, consiste en el uso de memes y el lanzamiento de promos y sorteos. Mediante estas herramientas, las tabacaleras realizan campañas de marketing divertidas y atractivas para les usuaries de redes sociales, utilizando un lenguaje familiar, visual y llamativo para la venta de sus productos.

PUBLICACIONES DE PROMOS Y SORTEOS

Es urgente que este tipo de estrategias, campañas y publicidad engañosa sean desenmascaradas, para no crear ni difundir el consumo de productos elaborados con tabaco y nicotina, que son nocivos para la salud, y que ponen en riesgo particularmentea las juventudes y niñeces.

LOS NUEVOS PRODUCTOS EN MEDIOS GRÁFICOS Y TV

Aunque sin dudas la principal vía de difusión de estos nuevos productos son las redes sociales, la TV y los medios gráficos nos escapan de las garras. Los siguientes gráficos, obtenidos a partir de nuestro relevamiento, dan cuenta de su presencia en estas plataformas. 

Porcentaje de las connotaciones en las noticias que se encuentran en la cobertura de los medios de televisión

Porcentaje de las connotaciones en las noticias encontradas en la cobertura de los medios gráficos.

Distribución de noticias en medios gráficos según las provincias donde se publicaron

Cobertura mediática entre 2019 – 2022 encontrada con las palabras clave seleccionadas, según provincia. El promedio nacional está representado por la línea horizontal naranja (promedio nacional= 11).

Evolución en el tiempo de la cobertura mediática gráfica encontrada con las palabras clave seleccionadas, según se trate de medios de ámbito nacional o provincial.

Evolución en el tiempo de la cobertura mediática televisiva encontrada con las palabras clave seleccionadas.

 

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Autora

Sofía Armando

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

 

Este contenido cuenta con el apoyo financiero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) en nombre de STOP, una iniciativa de monitoreo de la industria tabacalera a nivel global. El contenido es completamente independiente desde el punto de vista editorial.

 

No es novedad que a partir de diferentes estrategias de marketing, la industria tabacalera nos viene haciendo creer desde hace más de 80 años que el consumir sus productos va a hacer que seamos más cancheres, tengamos más éxito en nuestras vidas o nos veamos  mucho más atractives por el solo hecho de fumar. Sin embargo, estas no son las únicas tácticas que utilizan para continuar en el mercado. 

A pesar de que existe evidencia sobre lo nocivo que es el tabaco, aún falta mucho trabajo en lo que respecta a su regulación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sabe que el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen, y cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa de este. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de personas no fumadoras al humo ajeno. 

Una de las causas de estas estadísticas, es que en las tabacaleras utilizan diversas acciones de interferencia. ¿Qué significa esto? Que usan una amplia gama de tácticas y estrategias (directas o indirectas) que interfieren en el establecimiento y la aplicación de políticas de control del tabaco. Muchas veces son claras y fáciles de identificar, pero en la mayoría de los casos, no. Es por eso que en esta nota, te contamos cuáles son algunas de las estrategias de interferencia que se pueden observar en nuestro país para que no te la creas…

¿Cómo interfiere la industria en nuestro país?

Siguiendo los criterios del Índice Regional de Interferencia, (una encuesta global que contó con el apoyo de STOP y en la que participaron más de 20 ONGs de latinoamérica), y revisando bases de datos públicas nacionales, se pudieron listar las siguientes estrategias de interferencia por parte de la industria tabacalera: 

  1. Lobby: Se denomina de esta forma cuando integrantes de la industria tabacalera llevan a cabo un cabildeo permanente y sostenido sobre funcionaries nacionales, mediante el pedido de reuniones.  Esto se puede corroborar chequeando la base de datos abiertos del Registro Único de Audiencias.  Aunque la mayor actividad de lobby generalmente está vinculada a la presión impositiva,  la comercialización en Argentina de “nuevos productos” es también un tema que se pone sobre la mesa de conversaciones entre personal jerárquico de las tabacaleras y funcionaries nacionales.
    A través del análisis de las bases de datos de los registros de audiencias, se puede observar que la representación de las dos principales tabacaleras que operan en Argentina (British American Tobacco y Philip Morris International) se duplicó en los últimos años (2004 a la fecha); y solo desde 2017 a la fecha, se mantuvieron 34 reuniones formales entre representantes de la industria y funcionaries del gobierno nacional. Además, estas reuniones se realizaron cada vez de forma más frecuente: a partir de 2016, el tiempo entre reuniones se acortó: de reunirse cada 7 meses y medio; lobistas y  funcionaries pasaron a reunirse cada 4 meses. 
    A nivel provincial no existen registros abiertos sobre las agendas de les funcionaries.

  2. Presión económica. La industria pide bajar impuestos bajo amenaza de poner en riesgo el futuro de las empresas y los puestos laborales que de ellas dependen:  puestos ejecutivos de las tabacaleras y vocerías de la industria reclaman po la “presión impositiva”. A su vez, funcionaries provinciales y legisladores nacionales y provinciales presionan ante supuestas demoras en el giro de recursos a través del Fondo del Tabaco, que en la práctica es un subsidio a la producción de tabaco. 
    El 56% de las audiencias realizadas entre septiembre 2016 y marzo 2022 en despachos oficiales para tratar temas vinculados al tabaco, fueron motivadas por el reclamo a impuestos a la comercialización o subsidios a la producción.

  3. Conflicto de intereses. Se configura cuando representantes de la industria tabacalera y/o funcionaries públicos tienen intereses personales que interfieren al momento de poder tomar decisiones. En este sentido, de acuerdo al Índice Regional de Interferencia, una práctica muy usual es la de “puerta giratoria”. Este término hace referencia a cuando funcionaries (actuales o retirades) pasan a formar parte de la industria tabacalera; o cuando ex-empleados de la industria aceptan puestos en el gobierno (puestos claro está, desde los cuáles tienen poder para regular el sector en el cuál alguna vez trabajaron).

  4. Formas de interacción innecesaria. En el artículo 5.3  del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS, que constituye un estándar en la materia, se definen las interacciones “necesarias” entre el gobierno y la industria tabacalera: la interacción entre las partes debería darse únicamente cuando y en la medida que sea estrictamente necesaria para hacer posible una regulación eficaz de la industria tabacalera y los productos de tabaco. En este caso, estas interacciones deberían ser totalmente transparentes y en la medida de lo posible, realizarse en público (como puede ser por ejemplo en instancias de audiencias públicas). Además, todo debe quedar registrado en actas públicas. Todas las interacciones entre la industria tabacalera y organismos públicos que no respeten estas condiciones, las denominamos, por contraposición, como interacciones innecesarias.
    En este sentido, en Argentina se han generado “alianzas para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco” y en este marco surge una entidad pública que presenta vínculos explícitos con las industrias tabacaleras: la Asociación Civil de Antipiratería. Esta asociación asumió la vocería de las empresas tabacaleras al plantear ante autoridades nacionales el “flagelo de la piratería” y la “evasión en el sector cigarrillos y la gravabilidad de nuevos productos”; permitiéndoles mantener interacciones que podemos clasificar como “innecesarias”. 

  5. Promoción de la industria tabacalera a través de actividades “socialmente responsables”. Consiste en la incidencia en la agenda pública mediante programas de responsabilidad social empresaria. Actualmente, la industria tabacalera despliega en el país ocho programas bajo este paraguas, un esquema que la permite vincularse económicamente con entidades de la sociedad civil y políticamente con líderes de gobiernos provinciales.

  6. Sabotear procesos legislativos. Argentina sigue sin ratificar mediante una ley del Congreso el Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco. Un relevamiento de las bases de datos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación arroja que, desde 2003 hasta el actual período legislativo, ingresaron 33 proyectos de ley –15 en el Senado y 18 en Diputados– postulando la adhesión al Convenio Marco, sin que ninguno lograra llegar al plenario.

¿Qué conclusiones podemos sacar? 

Los datos recolectados exponen el poder que posee la industria tabacalera en nuestro país, y cómo pueden ejercer presión para que las políticas de control del tabaco demoren en llegar o sean ineficaces. Además, hay que sumar que todo esto se desarrolla en un contexto de presión para poder incorporar al mercado los nuevos productos de tabaco y nicotina. 

Si bien la publicidad juega un rol crucial en la generación y en el mantenimiento del hábito de fumar, y se ha avanzado en su regulación, sólo tres provincias argentinas tienen prohibición total. Es necesario que podamos identificar claramente cómo la industria tabacalera interfiere, evitando que se avance en reglamentaciones sobre el tema. 

Es fundamental, por ejemplo, que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control de Tabaco; ya que en el mismo se plantean estrategias integrales que permiten trabajar sobre políticas de salud que posibiliten  reducir el consumo de tabaco y nicotina. Implementar las medidas del Convenio Marco y darles tiempo para producir resultados, es el enfoque más eficaz para abordar esta epidemia. 

 

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Autora

Lourdes Aparicio

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

Este contenido cuenta con el apoyo financiero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) en nombre de STOP, una iniciativa de monitoreo de la industria tabacalera a nivel global.  El contenido es completamente independiente desde el punto de vista editorial.

El 12 de mayo termina la consulta pública donde se evalúa la propuesta
presentada por la sociedad civil para actualizar el Artículo 155 tris del Código
Alimentario Argentino, que regula la presencia de Grasas Trans en los
alimentos comercializados, y así reducir el contenido de las mismas y eliminar
los aceites parcialmente hidrogenados. Las organizaciones invitan a la
población a apoyar la propuesta.

Teniendo como objetivo proteger la salud de la población de todo el país, distintas organizaciones de la Sociedad Civil se agruparon para trabajar en una mejor regulación en materia de Grasas Trans. En este sentido, solicitan que se establezca un límite máximo del contenido de grasas trans de producción industrial del 2% respecto a las grasas totales en todos los productos, incluídos aquellos que son utilizados como ingredientes y/o materiales primas, y que se prohíba el uso de los aceites parcialmente hidrogenados.

Esta propuesta está actualmente, y hasta el 12 de mayo, en consulta pública y se espera que, a partir de la participación de la ciudadanía, sea aprobada por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Se trata de una propuesta que pasó a Consulta Pública luego de las reuniones de la CONAL del 13 y 14 de marzo de este año. En este marco, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Arg.), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) se invita a toda la comunidad a participar del proceso de Consulta Pública a través de la firma de una carta de apoyo a la propuesta. De esta manera, la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en esta instancia de discusión sobre una política de salud pública.

Estas grasas se encuentran en productos como galletitas, snacks, baños de repostería, entre otros productos ultraprocesados, así como también en productos de panadería. La evidencia científica establece que este tipo de grasas no son esenciales, no se requieren para ninguna función biológica en el organismo y no tienen ningún beneficio para la salud. Por lo tanto, los estándares internacionales recomiendan que su consumo se elimine de la dieta mundial.

La Consulta Pública se desarrolla hasta el 12/5 y toda la comunidad puede participar. Para hacerlo, solo hay que acceder a www.chaugrasastrans.org y firmar la carta.

 

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

Presentamos el Anuario 2021, una síntesis del trabajo que realizamos desde Fundeps en un año desafiante, con grandes luchas y logros en pos de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Durante el 2021 investigamos, debatimos, propusimos, trabajamos, y participamos de victorias históricas para los derechos humanos. Actividades que se reflejan en esta nueva edición del anuario, que comienza con una recopilación de nuestras acciones en números y los principales hitos que alcanzamos.

Además, compartimos un resumen de las actividades realizadas en las agendas de nuestras 5 áreas: Ambiente, Democracia, Géneros y Diversidad Sexual, Gobernabilidad Global y Salud.

El 2021 también fue un año en el que impulsamos nuestro crecimiento institucional y participamos de diferentes actividades y encuentros para repensarnos. En este marco, presentamos nuestra misión y visión renovadas y los valores presentes en cada una de nuestras iniciativas.

Creemos que la acción colectiva es el camino para transformar la realidad. Por eso, queremos agradecerle a todo nuestro equipo, organizaciones amigas y donantes, y a quienes nos apoyan día a día para seguir defendiendo los derechos humanos.

VER ANUARIO 2021

El pasado 14 y 15 de marzo, la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), llevó a cabo su reunión ordinaria N° 144. Allí, entre otros temas, trabajó en la mejora de la regulación de grasas trans a partir de las propuestas presentadas por la sociedad civil y el Ministerio de Salud.

La CONAL, en su primera reunión del 2022, volvió a poner nuevamente en agenda la actualización del art. 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA), referido al porcentaje máximo de grasas trans permitido en productos alimenticios. Para esto, se valió de dos propuestas: una que presentamos organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2021 y otra, por el Ministerio de Salud de la Nación, cuya presentación tuvo lugar este año. 

Ambas propuestas plantean:

  • Establecer un límite máximo del 2% de grasas trans de producción industrial sobre las grasas totales en TODOS los productos alimenticios. Incluyendo los utilizados como ingredientes y/o materias primas.
  • Prohibir el uso del aceite parcialmente hidrogenado (fuente principal de los ácidos grasos trans).

Es importante resaltar que estas propuestas están alineadas con los mejores estándares de protección de la salud pública, así como con las recomendaciones de los organismos internacionales expertos. 

 

Lo que se viene

De acuerdo al acta emitida tras la última reunión de la CONAL, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tiene el deber de elaborar el denominado “proyecto de resolución conjunta” (PRC). Este proyecto es un documento, donde tomando en cuenta tanto la propuesta de la sociedad civil como la del Ministerio, constará la efectiva propuesta de modificación del art. 155 tris. 

Luego de su elaboración, el PRC deberá ser enviado por un plazo de 20 días corridos a la totalidad de representantes de la CONAL y en caso de no recibir comentarios sustanciales, deberá girarse en simultáneo a CONASE -Consejo Asesor- y a Consulta Pública -etapa abierta a la comunidad-, por un plazo no mayor a 30 días corridos. 

Sin embargo, ni las declaraciones vertidas por integrantes de CONASE o las que pudiesen llegar a surgir en el marco de la consulta pública, son de carácter vinculante. Es decir que la CONAL no está obligada a seguir las posiciones que resulten de ambas instancias, pero sí serán un insumo importante a valorar por la Comisión a la hora de modificar el Código Alimentario. 

Posteriormente, tendrá lugar una nueva reunión de la CONAL y de resultar aprobada la propuesta de modificación, pasará a trámite administrativo para que se emita la resolución conjunta entre el Secretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Secretario del Ministerio de Salud, adquiriendo así su carácter y rigor de norma tras ser publicada en el Boletín Oficial.

 

¿Por qué es importante que la sociedad civil participe?

La participación será clave para impulsar el avance de la propuesta, así como para contrarrestar la posible interferencia de la industria alimentaria. En términos generales, las discusiones suscitadas en el ámbito de la CONAL, dado su esquema institucional y de funcionamiento, son a puertas cerradas y bastante alejadas de la participación ciudadana. Por eso, es trascendental que las organizaciones de la sociedad civil comencemos a tomar participación en este espacio, acercando la perspectiva de salud pública, de derechos humanos y, por sobre todo, de prevención de enfermedades no transmisibles. 

Argentina se encuentra atrasada en materia de políticas de grasas trans, por lo que es necesario redirigir nuevamente esfuerzos para asegurar el derecho a la salud de la ciudadanía.

¡Cada vez estamos más cerca de decir #ChauGrasasTrans!

 

Más imformación:

Presentamos una propuesta para eliminar las grasas trans en Argentina

Contacto:

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

En conjunto con Sanar, el jueves 20 de enero enviamos una carta a la Ministra de Salud de Nación (Dra. Carla Vizzotti), a la secretaría de Acceso a la Salud (Dra Sandra Tirado) y a la Directora del Instituto Nacional de Alimentos (Lic. Monica Lopez). Solicitamos que la reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, sea reglamentada en términos de transparencia, libre de conflictos de interés y con la participación de la sociedad civil.

Mientras el proyecto de ley se trataba en las distintas cámaras del Congreso de la Nación, se hicieron visibles los intentos por parte de la industria alimentaria para disminuir la rigurosidad de la misma. Sin éxito, ahora que es momento de su reglamentación, tememos por la posible interferencia de la industria con pedidos dirigidos a entorpecer y a dilatar el proceso. Por ejemplo, el corrimiento de los plazos de la aplicación de la ley y el intento de evitar el correcto etiquetado en ciertas formas de presentación de productos bebibles y comestibles.

De dar lugar a estas posibles interferencias, se podrían debilitar otras regulaciones que integran a la normativa; especialmente las que están destinadas a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como son los niños, niñas, adolescentes, y las familias de escasos ingresos.

Es debido a esto, que desde las distintas organizaciones de la sociedad civil realizamos diferentes acciones que demuestran nuestro interés en participar en los procesos relacionados a la reglamentación de la ley; ya que al no tener ningún tipo de conflicto de interés, podemos garantizar que la misma se reglamente de forma transparente y de acuerdo a los derechos adquiridos al momento de sancionarse.

El cuidado de la salud de la población argentina todavía no está seguro, y necesitamos que desde los entes ministeriales y competentes se garanticen procesos que respeten que la reglamentación de ley va a estar basada en la evidencia científica existente sobre el tema, de forma clara y transparente.

Autora
Lourdes Aparicio

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

El pasado martes 26 de octubre, en la Cámara de Diputados, con 200 votos a favor, se logró la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de etiquetado frontal.

Durante años, en Argentina no supimos si lo que comíamos escondía algún riesgo para nuestra salud. El incremento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación (tales como la diabetes, hipertensión y ciertos tipos de cánceres), determinó la necesidad de que el Estado argentino comience a avanzar con regulaciones que pusieran como prioridad la salud y la calidad de vida de la población. Luego de casi un año de que el proyecto saliera de la Cámara de Senadores, y tras varias marchas y contramarchas, diputados y diputadas pudieron dejar de lado sus diferencias partidarias, para finalmente aprobar la ley de Etiquetado Frontal.  

Esta ley viene a proteger tres derechos fundamentales: la salud, la alimentación adecuada y la información en las relaciones de consumo. Para ello, la normativa establece que todos los productos envasados en ausencia del cliente y que contengan un alto contenido de nutrientes críticos -como sodio, azúcar y grasas- lleven, en la cara principal del envase, octógonos negros con la leyenda “Exceso en”. De esta manera, se busca que se disponga de información sencilla y confiable a la hora de decidir qué comer. Es decir, no se prohíbe la venta de ningún producto, sino que se pretende advertir adecuadamente la verdadera composición de lo que se está consumiendo.  

Más que un sello negro

A lo largo de todo este tiempo, desde diversos sectores académicos y de la sociedad civil, destacamos el carácter integral que logró reunir la normativa. Esto obedece a que, alrededor del sistema de etiquetado elegido, se han dispuesto otras regulaciones que robustecen la protección del derecho a la salud. Estas son las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio, regulaciones en establecimientos educativos y en las compras públicas por parte del Estado. 

En lo que respecta a marketing, la ley exige que cuando se publicite un producto que contenga al menos un sello de advertencia, se visibilicen y/o enuncien la totalidad de los octógonos negros que ese producto lleva. Sólo prohíbe la publicidad cuando está dirigida a niños, niñas y adolescentes y se trata de un producto con exceso de grasas, azúcar y sodio. Dado que estamos en presencia de una normativa que busca proteger por sobre todo a las infancias, la ley también establece que los comestibles con uno o más sellos de advertencia, no puedan tener en sus envases los denominados “ganchos de compra”, tales como dibujos animados, caricaturas, personajes famosos, deportistas, etc. Esto es importante porque nada de lo que figura en el packaging de un producto es fruto de la casualidad. Por el contrario, ha sido objeto de análisis con el propósito deliberado de atraer al público, en especial, a quienes se encuentran en etapa de desarrollo y que pueden no tener  el conocimiento suficiente para decidir libremente. 

En cuanto a los establecimientos educativos que conforman el nivel inicial, primario y secundario, los productos que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias (“contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as” o “contiene cafeína, evitar en niños/as”) no pueden ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados. Asimismo, con el fin de contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable y advertir sobre los efectos nocivos de una alimentación inadecuada, la normativa también propone el desarrollo de contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en las escuelas.

Por último, en relación a las compras por parte del Estado, la Administración Pública debe priorizar las contrataciones de todos aquellos productos que no tengan sellos. De esta manera, se busca impactar positivamente en la salud de los sectores más vulnerables de la población, quienes son los que se encuentran más expuestos al consumo de productos procesados y ultraprocesados. 

Así, la nueva ley se posiciona como un instrumento capaz de transformar la manera en la que el Estado argentino aborda la problemática alimentaria. Durante décadas, se han replicado políticas sin tener en cuenta criterios nutricionales y que consecuentemente, no lograron revertir la cadena de empobrecimiento ni la situación de inseguridad alimentaria.    

 

Lo que sigue

Cada uno de los puntos señalados demuestra que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es una normativa de avanzada que prioriza la salud pública por encima de cualquier otro interés. Es fruto del consenso de distintas fuerzas políticas y de la mejor evidencia científica libre de conflictos de interés. 

Celebramos su aprobación puesto que garantiza el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, a la vez que busca poner freno a las estrategias que de manera sistemática emplea la industria alimentaria para fomentar un consumo desmedido y desinformado. 

Dimos un paso fundamental en materia de protección de derechos humanos pero el camino por recorrer aún es largo. Estamos frente al desafío de la reglamentación, donde sabemos que la industria seguirá empleando toda su maquinaria para proteger sus intereses. Por eso, es importante que en esta etapa, se sigan protegiendo cada uno de los artículos que integran la normativa y priorizando nuestros derechos. 

Contacto

Maga Merlo Vijarra,  magamerlov@fundeps.org 

Fundeps, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University anuncia renovación del programa de pasantías en los meses de enero, febrero y marzo de 2022.

Instituciones convocantes:

– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center

– Fundeps – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

Requisitos para la presentación:

– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

– Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.

– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.

– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: sábado 9 de octubre de 2021.

– El equipo del O’neill Institute for National and Global Health Law seleccionará entre las diferentes personas postuladas por Argentina

– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de noviembre y diciembre, en actividades vinculadas al derecho humano a la salud en el equipo de Fundeps.

Documentación a presentar:

– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O´Neill

– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas

– Copia escaneada del certificado analítico

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidatx”.

Criterios de selección:

– Promedio.

– Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.

– Experiencia de investigación académica.

– Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.

– Nivel de inglés.

Más información sobre el Instituto O´Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

  • Consultas: magamerlov@fundeps.org, agustinamozzoni@fundeps.org

 

Frente a la excesiva demora por la sanción de la ley de etiquetado frontal de advertencia en la Cámara de Diputados, presentamos pedidos de información ante la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Transparencia de la cámara baja a fin de determinar la potencial existencia o inexistencia de conflictos de interés que pudiesen estar afectado a su sanción.

A lo largo del debate por la ley de etiquetado frontal, se ha podido vislumbrar casos de legisladores que han adoptado muchas de las narrativas empleadas por la industria alimentaria para obstaculizar o impedir la sanción de la normativa. Por ejemplo, afirmaciones en torno a la necesidad de armonizar previamente con el Mercosur, la creación de obstáculos técnicos al comercio, la demonización de alimentos, la afectación de puestos laborales, entre otros. Estos argumentos se caracterizan por estar desprovistos de evidencia científica y por carecer de sustento normativo. Pues, lejos de estar motivados por un interés de salud pública, se dirigen a proteger los intereses económicos del sector. 

El proyecto de ley lleva casi un año en la Cámara de Diputados y de no tratarse este año perderá estado parlamentario. Frente a los interrogantes que surgen en torno a las posibles razones que hacen demorar su sanción, la potencial existencia de conflictos de interés en quienes integran la Cámara, se presenta como una incógnita que merece ser investigada y visibilizada por las organizaciones de la sociedad civil. 

El sistema jurídico argentino prevé un conjunto de principios y normas éticas que las autoridades están obligadas a respetar para garantizar que la función pública sea ejercida de manera íntegra y transparente. Entre estas normas, se encuentra el régimen de conflictos de interés, que establece una serie de medidas y restricciones que tienen por objeto prevenir que, quienes ejerzan la función pública, puedan ver afectada su imparcialidad -o independencia de criterio-, al anteponer sus intereses privados por sobre el interés público. 

A partir de este marco jurídico de transparencia y en ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades, el pasado 6 de septiembre, presentamos dos pedidos de información: uno, ante la Oficina Anticorrupción y otro, frente la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados de la Nación. 

De este modo, solicitamos las declaraciones juradas patrimoniales de legisladores que pública y oficialmente se han manifestado en contra de la sanción de la ley y que, hasta la fecha, no se encuentran publicadas en los sitios oficiales. Asimismo, pedimos acceso al listado de reuniones que estas autoridades -y sus asesores- hubieren concertado, a fin de determinar si existieron encuentros con la industria alimentaria donde se hayan podido generar acuerdos que estén afectando su imparcialidad, así como el listado de obsequios o donaciones que pudiesen haber recibido con motivo u ocasión de sus funciones.

El pasado jueves 23 de septiembre, recibimos respuesta por parte de la Oficina de Transparencia de la Cámara de Diputados. En esta se nos informaba que las declaraciones juradas patrimoniales se presentan en sobre cerrado dado el carácter que reviste la información que pueden contener. Esta respuesta refleja, una vez más, las dificultades que la ciudadanía tiene para poder ejercer su derecho constitucional a buscar y recibir información, así como la imposibilidad de poder controlar la actividad gubernamental de quienes nos representan. Además, es importante destacar que, la negativa de la Oficina de Transparencia tampoco cumplimenta con los estándares fijados por la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, la que expresamente indica que toda información en poder del Estado se presume pública -salvo las excepciones previstas en la ley- y que son sujetos obligados a brindar información, el Poder Legislativo y los órganos que funcionen en su ámbito. Esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que el Poder Legislativo aún no ha designado un titular para la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es el órgano al que apelar cuando el Congreso no cumple con la ley. 

El derecho de requerir información pública es un derecho humano fundamental y, en tal sentido, existe una obligación positiva del Estado de suministrar la información que se encuentre bajo su control y que le haya sido solicitada. Esta inacción por parte del Legislativo vulnera nuestro derecho y atenta contra el principio de transparencia, presupuesto básico de los sistemas republicanos de gobierno, así como del Estado Constitucional de Derecho.

Continuaremos investigando vías de reclamo posibles e instamos a que la Oficina Anticorrupción responda con prontitud el pedido de información presentado. La presencia de conflictos de interés afecta la calidad del sistema político y del funcionamiento de las democracias. Genera un paulatino descreimiento en la población acerca de la legitimidad de las decisiones públicas y da lugar a que intereses ajenos al bien común interfieran en los procesos de elaboración de políticas públicas. Visibilizar genera conciencia en la ciudadanía y es el camino para que estas prácticas no sean más legitimadas.

Más información

Autoras

Alma Colina

Maga Merlo Vijarra 

Contacto

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

Desde Fundeps, SANAR, FIC Argentina, Fagran y Consumidores Argentinos enviamos una propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) para que Argentina avance hacia una regulación de grasas trans más restrictiva y que prohíba el uso de aceites parcialmente hidrogenados.

Las distintas organizaciones propusimos a la CONAL modificar el artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA). Dicho artículo establece actualmente que:

el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2% del total de grasas en aceites vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos, incluidos aquellos que son utilizados como ingredientes y materias primas

En este sentido, planteamos que se establezca un límite máximo del contenido de ácidos grasos trans (AGT) de producción industrial del 2% respecto a las grasas totales en todos los productos. Incluyendo aquellos que son utilizados como ingredientes y/o materias primas, y prohibir asimismo el uso del aceite parcialmente hidrogenado.

La propuesta surge dado que el consumo de grasas trans es peligroso para la salud, ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de muerte súbita de origen cardíaco y de diabetes mellitus, entre otras enfermedades. Es decir que, la evidencia científica disponible establece que estas grasas no son esenciales, no se requieren para ninguna función biológica en el organismo y no tienen ningún beneficio para la salud.

Es fundamental mejorar la regulación, ya que a pesar de las recientes modificaciones incorporadas en el artículo 155 tris del CAA donde se aclaró que en la restricción y límites máximos de grasas trans están incluidas las materias primas e ingredientes, continúa siendo insuficiente.

Además, si bien el Estado desde el año 2010 ha trabajado en reducir la presencia de los ácidos grasos trans de la cadena de suministro, actualmente existe una desactualización respecto a los límites que proponen los organismos internacionales expertos en la materia. Un ejemplo es el paquete de medidas REPLACE (2018) de la OMS que apunta a eliminar los AGT del suministro de alimentos y el “Plan de acción para eliminar los ácidos grasos trans de producción industrial 2020-2025”, lanzado en el año 2020, que busca facilitar la implementación de las políticas y medidas a nivel nacional.  En ambos documentos, se recomienda adoptar marcos regulatorios para eliminar o reducir el contenido de AGT a un máximo del 2% del contenido total de grasas en todos los productos alimenticios. Si se acompaña esta recomendación con una prohibición de los aceites parcialmente hidrogenados (APH), puede tener un efecto agregado al permitir la aplicación de medidas contra otras fuentes de ácidos grasos trans, como los aceites refinados de mala calidad.

Sobre las grasas trans:

Los ácidos grasos trans industriales, conocidos como “grasas trans”, están presentes en una gran cantidad de alimentos procesados como panificados, productos de repostería, galletitas y productos de copetín. Estas grasas son elaboradas por la industria alimentaria mediante un proceso llamado «hidrogenación», el cual transforma los aceites vegetales líquidos en grasas semisólidas.

Un amplio conjunto de evidencia ha demostrado que el aumento del consumo de grasas trans tiene graves consecuencias para la salud. De acuerdo a estudios de la OMS, son un factor importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y las enfermedades no transmisibles en todo el mundo, ocasionando un estimado de medio millón de muertes cada año.

Más información:

Contacto:

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org