Desde el Colectivo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto de Argentina solicitamos a todos los niveles del Estado que se tengan especialmente en cuenta políticas de transparencia, participación y colaboración en la toma de decisiones públicas de gestión de la crisis actual. A la vez nos ponemos a disposición para colaborar, fiscalizar, monitorear y aportar en la toma de decisiones públicas.
Comunicado del Colectivo de Sociedad Civil de Argentina de Gobierno Abierto en relación al Covid-19
Al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, y al conjunto de los Poderes judiciales y legislativos de la Argentina;
La pandemia de Covid-19 significa a estas alturas el desafío más importante que hayamos enfrentado en varias décadas, tanto a nivel global como regional y local. Sus impactos son sustantivos no sólo en materia sanitaria, sino que afectan de forma notoria nuestras economías, servicios públicos, instituciones, el sistema educativo, la desigualdad de nuestras sociedades, los sistemas de protección de derechos y muchas otras áreas cruciales para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.
Las medidas adoptadas en conjunto por los distintos gobiernos de nuestro país han permitido hasta ahora mitigar parte de los efectos sanitarios de la pandemia y preparar nuestros sistemas de salud para una posible escalada en la cantidad de contagios. Este enorme esfuerzo comunitario, cristalizado principalmente en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, implica que nuestras instituciones públicas deban continuar implementando medidas de emergencia que involucran gran cantidad de recursos públicos. Algunos ejemplos de ello son las reasignaciones presupuestarias, compras y contrataciones en gran escala, transferencias de fondos a gobiernos subnacionales, ampliación de programas de ayuda social y subsidios o exenciones al sector privado, entre otras.
Los alcances de estos desafíos no son exclusivos de nuestros poderes ejecutivos, si no que nuestros poderes legislativos y judiciales se enfrentan también a exigencias para las que no se encontraban plenamente preparados. En ambos casos, su funcionamiento efectivo resulta vital para que las respuestas a la pandemia se ajusten a parámetros democráticos y se protejan los derechos del conjunto de la sociedad, y en particular de los grupos más vulnerabilizados.
Sabemos que los desafíos y las dificultades en este contexto son muchas, y por eso creemos que la colaboración es necesaria para pensar estratégicamente acciones deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa, de cara a la ciudadanía que espera respuestas y que también tiene saberes para aportar. En este marco, los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte necesaria de la solución y como una vía para brindar respuestas ágiles en el proceso de respuesta a la pandemia.
Como primer paso, es fundamental que el Estado, en todos sus niveles y poderes, garantice el acceso a la información pública necesaria para que la ciudadanía pueda monitorear y participar informadamente de las políticas públicas de emergencia. Esto implica garantizar la apertura en datos abiertos y accesibles de toda la información atinente a las medidas sanitarias, el uso y distribución de los recursos públicos, las compras públicas realizadas, los programas destinados a proteger a los grupos más vulnerabilizados, etc.
También es imprescindible promover el pleno funcionamiento -por vías remotas de ser necesario- de todas las instituciones públicas, especialmente de los órganos deliberativos como el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, y de los poderes judiciales de la nación y de las provincias.
Además del necesario control democrático sobre las medidas que toman los poderes ejecutivos en esta situación de emergencia, los poderes legislativos y judiciales tienen funciones indelegables que deben ser retomadas a la brevedad para evitar que el impacto de la pandemia se profundice.
A su vez, la plena participación de la ciudadanía debe ser la forma mediante la cual los distintos gobiernos busquen las soluciones que este contexto demanda, teniendo especial consideración por las voces de grupos y comunidades tradicionalmente excluidos. El proceso de formación e implementación de las políticas públicas debe estar basada en evidencia y en la escucha activa de la ciudadanía como insumos básicos para llegar a las decisiones más inclusivas posibles.
Por otra parte, con el objeto de garantizar la efectividad de las medidas sanitarias el gobierno debe prestar especial atención a que no sean vulnerados derechos civiles básicos, como el derecho a la intimidad o la libertad de expresión, sobre todo en el espacio digital. En situaciones en las que prolifera el uso de bases de datos, es fundamental asegurar un respeto irrestricto a la privacidad de las personas. Esto involucra que su actividad por medios digitales o el uso de aplicaciones móviles esté libre de interferencias indebidas de las fuerzas públicas.
Por último, la lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar central en la agenda pública con el propósito de asegurar que los recursos económicos se destinen de forma íntegra y eficiente a enfrentar la pandemia. El seguimiento público del uso de los recursos públicos de emergencia, en particular en materia de compras públicas, debe ser procurado por los órganos de control y facilitado a la ciudadanía a través de la publicación en formatos abiertos de todos sus detalles, como son los montos, proveedores y tipos de procesos. Los recursos que se desvían por efectos de la corrupción afectan diferencialmente a los grupos más vulnerabilizados en tiempos de normalidad, lo que se profundiza en estos contextos.
Las organizaciones de la sociedad involucradas firmantes nos ponemos a disposición para colaborar, fiscalizar, monitorear y aportar para que, también en tiempos de crisis, nuestros gobiernos respeten los valores de gobierno abierto, puedan transversalizar este paradigma y continuar trabajando en la toma de decisiones públicas en base a evidencia y garantizando transparencia.
Colectivo de Gobierno Abierto Sociedad Civil Argentina
Firmantes:
Acción Colectiva
Amnistía Internacional Argentina
Asociación Civil Grupo Puentes
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
Datos Concepción
Democracia en Red
Educar 2050
Escuela de Fiscales
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Americana para la Educación
Fundación Cambio Democrático
Fundación Conocimiento Abierto
Fundación Directorio Legislativo
Fundación Huésped
Fundación Nuestra Mendoza
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)
PARES
Poder Ciudadano
Red Nuestra Córdoba
Salta Transparente
TECHO
Wingu – Res Non Verba Asociación Civil
Necesitamos un gobierno abierto en tiempos de pandemia
Comunicado del Colectivo de Sociedad Civil de Argentina de Gobierno Abierto en relación al Covid-19
Al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y municipales, y al conjunto de los Poderes judiciales y legislativos de la Argentina;
La pandemia de Covid-19 significa a estas alturas el desafío más importante que hayamos enfrentado en varias décadas, tanto a nivel global como regional y local. Sus impactos son sustantivos no sólo en materia sanitaria, sino que afectan de forma notoria nuestras economías, servicios públicos, instituciones, el sistema educativo, la desigualdad de nuestras sociedades, los sistemas de protección de derechos y muchas otras áreas cruciales para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos.
Las medidas adoptadas en conjunto por los distintos gobiernos de nuestro país han permitido hasta ahora mitigar parte de los efectos sanitarios de la pandemia y preparar nuestros sistemas de salud para una posible escalada en la cantidad de contagios. Este enorme esfuerzo comunitario, cristalizado principalmente en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, implica que nuestras instituciones públicas deban continuar implementando medidas de emergencia que involucran gran cantidad de recursos públicos. Algunos ejemplos de ello son las reasignaciones presupuestarias, compras y contrataciones en gran escala, transferencias de fondos a gobiernos subnacionales, ampliación de programas de ayuda social y subsidios o exenciones al sector privado, entre otras.
Los alcances de estos desafíos no son exclusivos de nuestros poderes ejecutivos, si no que nuestros poderes legislativos y judiciales se enfrentan también a exigencias para las que no se encontraban plenamente preparados. En ambos casos, su funcionamiento efectivo resulta vital para que las respuestas a la pandemia se ajusten a parámetros democráticos y se protejan los derechos del conjunto de la sociedad, y en particular de los grupos más vulnerabilizados.
Sabemos que los desafíos y las dificultades en este contexto son muchas, y por eso creemos que la colaboración es necesaria para pensar estratégicamente acciones deseables y posibles para que los gobiernos enfrenten la pandemia y la recuperación en los meses venideros de una manera abierta, transparente y participativa, de cara a la ciudadanía que espera respuestas y que también tiene saberes para aportar. En este marco, los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte necesaria de la solución y como una vía para brindar respuestas ágiles en el proceso de respuesta a la pandemia.
Como primer paso, es fundamental que el Estado, en todos sus niveles y poderes, garantice el acceso a la información pública necesaria para que la ciudadanía pueda monitorear y participar informadamente de las políticas públicas de emergencia. Esto implica garantizar la apertura en datos abiertos y accesibles de toda la información atinente a las medidas sanitarias, el uso y distribución de los recursos públicos, las compras públicas realizadas, los programas destinados a proteger a los grupos más vulnerabilizados, etc.
También es imprescindible promover el pleno funcionamiento -por vías remotas de ser necesario- de todas las instituciones públicas, especialmente de los órganos deliberativos como el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, y de los poderes judiciales de la nación y de las provincias.
Además del necesario control democrático sobre las medidas que toman los poderes ejecutivos en esta situación de emergencia, los poderes legislativos y judiciales tienen funciones indelegables que deben ser retomadas a la brevedad para evitar que el impacto de la pandemia se profundice.
A su vez, la plena participación de la ciudadanía debe ser la forma mediante la cual los distintos gobiernos busquen las soluciones que este contexto demanda, teniendo especial consideración por las voces de grupos y comunidades tradicionalmente excluidos. El proceso de formación e implementación de las políticas públicas debe estar basada en evidencia y en la escucha activa de la ciudadanía como insumos básicos para llegar a las decisiones más inclusivas posibles.
Por otra parte, con el objeto de garantizar la efectividad de las medidas sanitarias el gobierno debe prestar especial atención a que no sean vulnerados derechos civiles básicos, como el derecho a la intimidad o la libertad de expresión, sobre todo en el espacio digital. En situaciones en las que prolifera el uso de bases de datos, es fundamental asegurar un respeto irrestricto a la privacidad de las personas. Esto involucra que su actividad por medios digitales o el uso de aplicaciones móviles esté libre de interferencias indebidas de las fuerzas públicas.
Por último, la lucha contra la corrupción debe ocupar un lugar central en la agenda pública con el propósito de asegurar que los recursos económicos se destinen de forma íntegra y eficiente a enfrentar la pandemia. El seguimiento público del uso de los recursos públicos de emergencia, en particular en materia de compras públicas, debe ser procurado por los órganos de control y facilitado a la ciudadanía a través de la publicación en formatos abiertos de todos sus detalles, como son los montos, proveedores y tipos de procesos. Los recursos que se desvían por efectos de la corrupción afectan diferencialmente a los grupos más vulnerabilizados en tiempos de normalidad, lo que se profundiza en estos contextos.
Las organizaciones de la sociedad involucradas firmantes nos ponemos a disposición para colaborar, fiscalizar, monitorear y aportar para que, también en tiempos de crisis, nuestros gobiernos respeten los valores de gobierno abierto, puedan transversalizar este paradigma y continuar trabajando en la toma de decisiones públicas en base a evidencia y garantizando transparencia.
Colectivo de Gobierno Abierto Sociedad Civil Argentina
Firmantes:
Acción Colectiva
Amnistía Internacional Argentina
Asociación Civil Grupo Puentes
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
Datos Concepción
Democracia en Red
Educar 2050
Escuela de Fiscales
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Americana para la Educación
Fundación Cambio Democrático
Fundación Conocimiento Abierto
Fundación Directorio Legislativo
Fundación Huésped
Fundación Nuestra Mendoza
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)
PARES
Poder Ciudadano
Red Nuestra Córdoba
Salta Transparente
TECHO
Wingu – Res Non Verba Asociación Civil
El Rol del América Latina en la Iniciativa de la Franja y la Ruta
El objetivo del presente documento consiste en analizar la estrategia, los objetivos y las motivaciones políticas de la República Popular China en América Latina y el Caribe. Este análisis busca complementar el análisis previo realizado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) basado en la estrategia comercial y en materia de inversiones del gigante asiático en ALC, que derivó en la publicación de “Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú” en el año 2016. En el documento se analiza la estrategia política china en ALC mediante el análisis del marco de relacionamiento en determinados espacios multilaterales y bilaterales en los que China está presente en la Región y, en los que incluso ejerce un rol de liderazgo. Y especial énfasis se pone en la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China, y el rol que le toca jugar a la región de ALC en la misma.
Presentación conjunta: Documento con Recomendaciones y comentarios al borrador del Marco de Políticas Sociales y Ambientales (MPAS) propuesto por el BID
Con motivo del proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 50 organizaciones de sociedad civil de la región realizamos un documento con recomendaciones y comentarios sobre el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID para evitar la corrosión de los estándares sociales y ambientales. El siguiente documento enviado al BID se encuentra en español e inglés.
Enviamos recomendaciones ante la posible dilución de los estándares socioambientales del BID
El 18 de diciembre de 2019 el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- aprobó y publicó el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- con motivo de la modernización sus políticas ambientales y sociales que rigen las operaciones que lleva a cabo el Banco.
La propuesta de esta política se diferencia de las anteriores, ya que este borrador Marco busca integrar las políticas ambientales y sociales en una sola política. Así, el borrador del MPAS se encuentra estructurado en dos partes. En la primera, presenta la Declaración de Política donde se abordan las responsabilidades y roles del BID y cuestiones relevantes como derechos humanos, equidad de género, no discriminación e inclusión, derechos de Pueblos Indígenas, afrodescendientes y otros pueblos tradiciones, participación de las partes interesadas, reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y protección de la Biodiversidad, y recursos naturales y ecosistema.
En la segunda parte del borrador, se detallan las diez normas de desempeño ambiental y social que deben ser cumplidas por los prestatarios durante todo el ciclo de vida del proyecto. Además, para el Banco las Normas servirán de guías para la evaluación, clasificación, debida diligencia, monitoreo y gestión de riesgos.
Las 10 Normas de Desempeño son las siguientes:
Siguiendo el Plan de Consulta Pública elaborado por el Banco, el proceso de consulta pública sobre el MPAS comenzó en Enero a través de consultas presenciales programadas por el BID en distintos lugares del mundo. No solo se podía participar a través de consultas presenciales, también se encontraba habilitada las consultas virtuales por medio del envío de comentarios a través de la página web del Banco o por medio de una dirección de e-mail. Esta primera fase de consultas virtuales finalizaron el pasado 20 de abril.
Fue en ese marco que, más de 50 organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando de manera colaborativa y conjunta desde el año pasado, elaboramos y enviamos al BID un documento con una gran cantidad de comentarios y observaciones sobre el borrador del nuevo MPAS.
El documento, con más de 80 páginas, se estructura en comentarios generales y comentarios específicos sobre cada norma de desempeño que se encuentra en el marco, y no solo identifica pormenorizadamente cada uno de los aspectos problemáticos que identificamos en el borrador, sino que también brinda recomendaciones particulares para subsanarlos. De esta forma, se busca evitar la evidente dilución de los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos que supondría la aprobación del borrador del nuevo MPAS tal como se encuentra. El documento fue enviado el día lunes 20 de abril, fecha en la que finalizaba la primer fase de consultas públicas virtuales sobre el borrador del nuevo MPAS.
Paralelamente desde Fundeps, y con el apoyo y colaboración de un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializada en la temática de género, enviamos comentarios particulares respecto al borrador del MPAS desde una perspectiva de géneros. En dicho documento planteamos la necesidad de que el BID no solo evite debilitar su actual Política de Género, considerada como una de las más avanzadas en la materia en relación al resto de las Instituciones Financieras afines al BID, sino que decida ponerse decididamente a la vanguardia en esta materia, para lo cual debe necesariamente llevar adelante un proceso de transversalización de la perspectiva de género en todas sus políticas y proyectos financiados (Ver documento).
¿Cuáles son los siguientes pasos? El BID elaborará un segundo borrador del MPAS en el cual debe incorporar las recomendaciones y observaciones recibidas de las sociedad civil durante el proceso de consulta. Sin embargo, la experiencia previa en recientes procesos de consulta llevados adelante por el BID evidencia que el Banco es poco proclive a incorporar y tener en cuenta las recomendaciones más importantes provistas por la sociedad civil. Esperamos que en este caso esta tendencia se revierta.
Cuando el Directorio Ejecutivo apruebe el segundo borrador, el BID lo publicará en su página web e iniciará la segunda etapa del proceso de consulta que será virtual y por un período de 30 días. Una vez concluído este período, realizará la versión final del Marco y un documento con la respuesta a los comentarios recibidos. El MPAS aprobado entraría en vigencia en Enero de 2021.
Desde la sociedad civil, esperamos que el BID tome en consideración los comentarios y observaciones que se han realizado no solo para evitar la dilución de los estándares sociales y ambientales de la institución, que se han venido construyendo junto con la sociedad civil en las últimas décadas, sino también para aprovechar la oportunidad para avanzar y fortalecer las mismas. Algo que se torna aún más necesario en un contexto regional signado por el debilitamiento del marco socio ambiental nacional en la mayoría de los países.
Más información
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Realizamos comentarios y observaciones al Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de género
En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) con motivo de modernizar sus políticas ambientales y sociales. ¿Qué significa este MPAS? Se trata de los requerimientos en política ambiental y social que el Banco o los prestatarios del Banco deberán cumplir al momento de llevar a cabo un proyecto. En esta declaración, el Banco sostiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental y social, traducida en una serie de requerimientos y recomendaciones ordenados en diez Normas de Desempeño a cumplir en cada proyecto.
En Enero de 2020, comenzaron las consultas públicas presenciales y virtuales, en las cuales Fundeps participó presentando una revisión de lo propuesto en políticas de salvaguardas sociales y ambientales. Este mes, lideramos un documento con comentarios y observaciones específicas a la Norma 9, sobre Igualdad de Género, y su falta de transversalización hacia el resto de las Normas del MPAS. Este documento se formuló junto con otro grupo de ONGs que adhirieron a las recomendaciones y en conjunto fue presentado al BID. Este trabajo supuso analizar todo el borrador del Marco desde un perspectiva de géneros y además contrastarlo con políticas de género anteriores publicadas por el Banco.
Como se mencionó, la primera faltante identificada es la pérdida de transversalización de la política de género en los requisitos de financiación de proyectos. Teniendo en cuenta que tales proyectos afectaran de manera directa e indirecta a las comunidades locales, exigimos que la Norma sobre Igualdad de Género dialogue con otros enfoques como el de raza, etnia, clase, edad, religión, profesión/actividades, ubicación geográfica, entre otros. En otras palabras, exigimos que las problemáticas se aborden desde una visión interseccional, reconociendo la coexistencia de diferentes vulnerabilidades.
En cuanto a su conceptualización de igualdad de géneros, se mencionan algunas desigualdades de las mujeres respecto a los varones, junto con posibles violencias hacia las personas trans, por lo que su abordaje en relación a las personas LGBTTTIQ+ resulta escaso y superficial. Si bien refiere a ‘empoderamiento de géneros’ en lugar de ‘empoderamiento de mujeres’, no se mencionan de manera específica los géneros, lo que manifiesta la reproducción de un enfoque binario, excluyente y regresivo en términos de derechos humanos. Además, esto significa -al no mencionar específicamente los géneros- la falta de incorporación de las personas LGBTTTIQ en los requisitos a cumplir de los proyectos.
En sus medidas de implementación, advertimos que no se incorporan los enfoques propuestos por los tratados internacionales de derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres, y personas LGBTTTIQ+. Por otro lado, las medidas de implementación requeridas a los prestatarios no incluyen una política proactiva para avanzar sobre la igualdad de géneros, como sí se incluyó en políticas de género del Banco anteriores. Se continúa con una política preventiva, aunque identificamos una ausencia de perspectiva de géneros en el diseño de las estrategias para mitigar y prevenir las violencias, discriminaciones y desigualdades.
A los fines de materializar avances en lo que respecta a derechos humanos en los proyectos financiados por el BID, planteamos la necesidad de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de géneros, como su incorporación de aquella a nivel interno de su estructura organizacional. Teniendo en cuenta la capacidad del Banco de generar políticas públicas a través de su elección de financiamiento, concluimos que debe desarrollar Marcos, Políticas operativas y Mecanismos de rendición de cuentas robustos, que incorporen de forma transversal la perspectiva de género y aseguren la participación informada de las personas afectadas en todas las etapas de todos los proyectos financiados y emprendidos por el Banco.
Más información
Autora
Mariel Pastor
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Comentarios y observaciones al borrador Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de género
El presente documento realiza comentarios y observaciones al borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de género. Los comentarios y sugerencias se han realizado con el objetivo de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de género y su incorporación a nivel interno de su estructura organizacional. También se busca evitar la continua vulneración y corrosión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTTQ+.
¿Los hermanos sean unidos? Perfilamiento de la relación Sino-Argentina en el gobierno de Alberto Fernández
Desde la consolidación de China como un actor de influencia en el sistema internacional y una de las principales potencias económicas, Argentina ha tenido una relación con altos y bajos pero en constante comunicación. La utilización de China como actor de contrapeso frente a la constante influencia de Estados Unidos no es una estrategia sólo utilizada por Argentina, sino también por la mayoría de los países de la región.
En este escenario geopolítico, China se presenta como un actor que no puede ser ignorado más allá de los esfuerzos de occidente. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri cambió levemente la tendencia que venía prevaleciendo durante el gobierno de Cristina Fernández el cual podría describirse como casi preferencial.
Durante el gobierno de Macri las relaciones con China han pasado de tener un fuerte lazo a atravesar algunos altibajos, desde el comienzo de la gestión el mayor acercamiento a Estados Unidos tendió a un alejamiento con China. Esto se vio reflejado en la reconsideración de acuerdos firmados previamente durante el gobierno anterior lo que implicó una puesta en pausa a varios proyectos. La idea rectora de la política exterior del entonces presidente Mauricio Macri era “la reinserción de Argentina en el mundo” que implicó otorgar un rol más relevante a la multilateralidad. Desde ahí, la diversas giras internacionales y la búsqueda de apoyo en el mundo produjo un alejamiento con el gigante Chino con quien se tenía un acuerdo de cooperación estratégica muy profundo.
Ante el agotamiento del crédito internacional y la inevitabilidad del vínculo con China, a mediados de su gestión, Macri retomó el diálogo interrumpido por dos años y continuó con la etapa de profundización de la cooperación estratégica planteada por el gobierno de Fernández de Kirchner, con la celebración de la Cumbre del G20 en Argentina y se firmaron nuevos acuerdos de cooperación modificados. Para finales de la gestión la relación ya se había retomado completamente, lo que se evidenció en la asistencia de Argentina a la principal iniciativa de China en América Latina de la Franja y La ruta y se suscriben 16 acuerdos de cooperación entre ambos países. Finalmente, en junio de 2017 Argentina se perfila como miembro potencial no regional al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura -AIIB- junto con otros Estados latinoamericanos, a fin de encontrar financiación a las grandes obras de infraestructura pública del país como las represas en la Patagonia.
En este contexto recibe el gobierno el presidente Alberto Fernández quien además se encuentra atravesando una situación excepcional de emergencia de salud pública ante la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que a meses de haber comenzado su gestión, Fernández debía decidir quién sería el embajador de Argentina en China, decisión que daría indicio acerca del curso de acción de la política exterior con el país asiático. La decisión de Fernández fue innovadora ya que designó como embajador argentino en China a Luis María Kreckler, un diplomático de carrera con trayectoria en embajadas como la de Brasil y Alemania y como asesor político de la embajada junto a Sabino Vaca Narvaja reconocido politólogo titular del Programa de Cooperación y Vinculación Sino-Argentino de la Universidad Nacional de Lanús y especialista académico sobre China.
De esta designación se observa que el gobierno de Fernández busca un balance en la relación con China, es decir, el mantenimiento de una asociación estratégica con el gigante asiático pero sin llegar a la plena dependencia. La designación de un diplomático de trayectoria como Kreckler puede implicar una prudencia a la hora de plantear una estrategia de política exterior que genere un contrapeso a nivel internacional de los intereses políticos que pueda presentar el politólogo Vaca Narvaja.
Por su parte, el presidente Fernández ha declarado que el rol de China en el orden global es ineludible y que durante su gestión se buscará profundizar la Asociación Estratégica Integral que podría ser extensible a la Iniciativa de La Franja y la Ruta.
Por el momento, el incipiente gobierno de Alberto Fernández, que apenas ha atravesado los 100 días de gestión, ya tuvo que gestionar una crisis de emergencia nacional de salud por el COVID-19, y de emergencia económica ante la aún pendiente negociación con el FMI. En este contexto, todo lo que no califique como emergencia automáticamente queda desplazado de las prioridades del gobierno. Sin embargo, la relación con el gigante asiático se ha fortalecido con la donación de insumos médicos del gobierno Chino a Argentina en el marco de la cooperación binacional establecida ante la pandemia del COVID-19.
Asimismo, cuando se trata de la República Popular de China, se reconoce que lo simbólico posee la misma relevancia que lo económico. Por lo que dato no menor ha sido el mensaje que contenían las cajas de insumos provenientes de China donde se encontraba la famosa cita del Martín Fierro escrita por José Hernández: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea«. Si bien puede esperarse matices en la relación con el gigante asiático, una cosa es segura, el gobierno de Alberto Fernández está decidido a fortalecer la relación bilateral, por lo que deberemos esperar para conocer a qué costo será.
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Autora
Florencia Harmitton
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El derecho a la salud en tiempos de pandemia
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios (Art 25). La salud, como derecho humano fundamental, se ve afectada por factores sociales, económicos, ambientales, entre otros; al mismo tiempo que se encuentra interrelacionada al ejercicio de otros derechos con los cuales está estrechamente vinculado y de los cuales depende.
Las medidas de aislamiento y de distanciamiento social están apoyadas por la evidencia científica que se comienza a recolectar sobre los brotes de contagio de la pandemia. Las mismas deben respetar los derechos humanos y proteger especialmente a las poblaciones marginadas y en situación de pobreza, que pueden verse desproporcionadamente afectadas. Sin embargo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud se hace más evidente en este contexto de urgencia, lo que debería interpelar a toda la sociedad y en particular a quienes están en puestos de toma de decisión, sobre la importancia de tener sistemas de salud más equitativos y los beneficios de trabajar activamente en proveer infraestructura para la prevención de enfermedades.
Asimismo, todos y todas tenemos la responsabilidad de cumplir con las medidas sanitarias para protegernos y evitar de esa manera la propagación del virus, la saturación de los hospitales y centros de atención de salud. Disminuyendo el riesgo de contagio a otras personas, que pueden encontrarse o no dentro de los grupos de riesgos, estamos permitiendo que los sistemas de salud actuales puedan responder y brindar una atención adecuada e inmediata a quienes lo necesiten.
En este contexto, les compartimos un análisis profundo del derecho a la salud en tiempos de pandemia y las necesidades de proteger a los grupos más vulnerables.
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Autor/a
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
Analisis: El derecho a la salud en tiempos de pandemia
El 31 de diciembre de 2019 se reportaron los primeros caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, la caracterizó como pandemia, destacando además los alarmantes niveles de propagación y gravedad de dicho virus. Esta situación excepcional pone en tensión el derecho a la salud y su interrelación con otros derechos, al mismo tiempo que desafía a los Estados y sus sistemas de salud, especialmente para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.
La relación entre el incremento del dengue, el uso de agroquímicos y el cambio climático
Por Ananda María Lavayén para El Entramado
Hay que recordar que este problema sanitario había sido erradicado en 1960 y reapareció en 1998 en algunas provincias como Salta, Formosa, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones, hasta la explosión de casos en 2009. Aunque su despliegue es imposible de adjudicar a un solo factor, la expansión de la enfermedad guarda relación directa con la ampliación de la frontera agropecuaria y la consiguiente tala de monte, la supremacía de los monocultivos a base de transgénicos y la masiva aplicación de pesticidas y agroquímicos que eliminan a los depredadores naturales de los mosquitos, como son los peces y anfibios, que, naturalmente, controlan la evolución poblacional de los transmisores del dengue. Año tras año, puede verse cómo los mosquitos generan resistencia genética a los agroquímicos mientras que los depredadores no lo hacen.
Es indudable que el modelo productivo basado en el monocultivo de soja transgénica, la utilización de herbicidas, fungicidas e insecticidas posee su impacto en la tasa de reproducción y supervivencia del mosquito Aedes aegypti. Sumando a esto, la deforestación y la quema de bosques y montes ha fomentado la migración de los mosquitos hacia otras zonas donde han encontrado condiciones óptimas para su supervivencia.
Además, a este problema local, hay que sumarle otro fenómeno a nivel global como es el cambio climático. Este fenómeno ejerce una notable influencia en la propagación del mosquito, ya que la elevación de las temperaturas y el cambio en las condiciones de humedad propicia tanto la zona de distribución como el incremento del número de generaciones anuales de mosquito y, por ende, mejores condiciones para la expansión de la enfermedad.
La realidad muestra que el dengue ya es una dolencia que, cada año, dice presente tanto en los territorios más cálidos del país como también en las provincias de clima más duro como Neuquén o Chubut, en las que también han aparecido casos en el último tiempo.
Mientras que el mosquito avanza, el gobierno aumenta sus acciones, campañas y recomendaciones para prevenir la reproducción del mismo, entre ellas, evitar tener en las viviendas recipientes que contengan agua estancada, vestir ropa de color clara, colocar mosquiteros, usar repelentes y mayor frecuencia en las fumigaciones realizadas por parte de las reparticiones del Estado.
En ese sentido, la Cámara de Empresas Agroaéreas de Córdoba le propuso al gobernador Juan Schiaretti combatir el dengue con aplicaciones aéreas de insecticidas, según una noticia publicada el día 27 de marzo en el diario online Agrovoz. Esta medida, sin dudas, acentuaría el desequilibrio en el ecosistema, teniendo en cuenta que, con las fumigaciones (en este caso, masivas), no solo se exterminaría el mosquito, sino también otras especies. Además, no hay un estudio acabado que indique cómo afectarían a largo plazo dichos productos en las personas, animales, plantas y cursos de agua. Hay que tener en cuenta que quienes proponen y autorizan estas soluciones (Ministerio de Salud de la Nación, el Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias) son los mismos que avalan el uso de agroquímicos y los consideran inocuos.
Para concluir, podemos decir que todos estos esfuerzos y supuestas soluciones no son suficientes ni adecuadas si no se plantea un cambio en el sistema de producción y se continúa adelante con una práctica agrícola que hace uso abusivo de las fumigaciones, como así también de la tala de bosques y monte de forma indiscriminada, generando un grave desequilibrio en el ambiente que trae, entre otras consecuencias, el brote de enfermedades transmitidas por vectores.
Fuente: La Tinta
Día del Pago Igualitario: ¿Igual remuneración por igual tarea? ¿Igual tarea?
Las mujeres cobran menos que sus pares varones. Eso es un hecho. Y aún más, las personas transgénero también cobran aún menos, o directamente se les excluye del mercado laboral. El pasado 16 de marzo, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación presentó el informe “Las brechas de género en la Argentina: Estado de situación y desafíos”. Allí, se evidencia que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres (calculada como la variación relativa entre la media de ingresos de los varones y el promedio de ingresos de las mujeres) es del 29%, y se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%.
Entonces, podemos decir que no se cobra lo mismo por las mismas tareas. Pero también podemos preguntar: ¿Realizamos las mismas tareas varones y mujeres? Las tareas que principalmente realizan las mujeres dentro del hogar, y que corresponden al trabajo reproductivo, históricamente no se las ha considerado como tal y por lo tanto, no han sido remuneradas. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, no ha generado una distribución más justa de las tareas domésticas y de cuidado hacia el interior de los hogares. Las mujeres aún son responsabilizadas de la mayoría de estas tareas y le dedican casi el doble de tiempo que los varones, incluso cuando trabajan fuera de sus casas. Situación que se profundiza si estudian o si participan de espacios de activismo y/o militancia. Es decir, ellas trabajan dobles y triples jornadas, pero cobran menos que sus pares varones. Y ahí aparece la desigualdad frente a nuestros ojos.
Desde los feminismos y los movimientos de mujeres y de las diversidades y disidencias sexogenéricas se vienen pensando estas brechas hace mucho tiempo. La división sexual del trabajo, los techos y paredes de cristal son algunas herramientas de análisis que se han elaborado para entender esta realidad desigual. Para entenderla y transformarla.
Actualmente, persiste la idea de que las mujeres poseen un instinto natural para cuidar. Los trabajos que implican cuidados y que en su mayoría son realizados por mujeres son los peores pagos. Los estereotipos de género están a la orden en las entrevistas laborales, concursos de cargos y decisiones de ascensos y responsabilidades. Los hombres no están obligados a conciliar su vida en el hogar con el trabajo fuera de él, las mujeres si. Las mujeres ven disminuida su posibilidad de capacitación, perfeccionamiento y ascenso laboral (fenómeno denominado “techo de cristal”) en los años que tienen a hijas e hijos a su cargo. Los varones no. La ley otorga a las mujeres licencias laborales más largas para cuidar a hijos e hijas. Pero lejos de ser un privilegio, esto último no sólo resulta en discriminación al momento de la contratación o de considerar a una mujer para un ascenso. También refuerza los estereotipos de mujer madre y de un padre solo como proveedor de una familia tipo, que no debe ocuparse del cuidado de niños y niñas bajo su responsabilidad.
Las mujeres no solo ganan menos, sino que se ven obligadas a gastar más. Existe lo que se conoce como el “tax pink”. El mercado ofrece productos dirigidos hacia las mujeres y que son ostensiblemente más costosos. Estos productos van desde un desodorante, una afeitadora hasta un medicamento, como el ibuprofeno “fem”. Sin embargo estos cumplen las mismas funciones que para los varones. No existe una diferencia fáctica que dé fundamento a un precio distinto. Solo se refuerzan estereotipos que oprimen y perjudican cultural y económicamente a las mujeres. Así también, la salud sexual y (no) reproductiva de mujeres cis, personas trans y cualquier cuerpo menstruante se ve afectada con la ausencia de políticas públicas que transformen en un derecho el acceso gratuito a elementos para la gestión menstrual.
Particularmente, dentro de la coyuntura actual de la pandemia del Covid-19, puede considerarse un momento bisagra, de quiebre en la sociedad global. No solo en las formas de funcionamiento de la economía y la manera de ejecutar las diferentes relaciones interpersonales, sino que, a su vez, se corre el velo sobre las tareas múltiples de cuidado que realizan las mujeres. Estas son trabajo no remunerado. Gracias a este, es que el varón puede gozar de una gran riqueza de tiempo que le permite capacitarse, lograr mejores empleos y disponer de tiempo para el ocio.
Todo esto refuerza la desigualdad que afecta doblemente a las mujeres. Primero, porque trabajan gratis para sus familias, dada la naturalización de este trabajo por exigencia de los estereotipos de género. Y segundo, se les sustrae el tiempo para acceder, al igual que los varones, a espacios de capacitación, ocio y autocuidado.
En este misma línea, no olvidamos que la Organización Mundial de la Salud considera la violencia de género como una epidemia social. El Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá informó que desde el 12 de marzo, día que comenzaron las primeras medidas de aislamiento social, al 3 de abril se registraron 15 femicidios.
Por último, celebramos la elaboración del informe sobre brechas por parte de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y exhortamos al Estado y al sector privado a producir y poner en acción, en conjunto con la sociedad civil, políticas públicas tendientes a cerrar las brechas de géneros. Ello solo se puede lograr con la eliminación de estereotipos de géneros, inclusión en las mediciones a las personas LGBTIQ+, análisis de la economía con perspectiva de géneros, democratización de los cuidados y la participación de mujeres, géneros y sexos diversos y disidentes en la elaboración y toma de decisiones sobre esas políticas.
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Un panorama sobre los proyectos nacionales en materia ambiental
La Agenda Ambiental Legislativa 2020 se trata de una iniciativa liderada por el Circulo de Políticas Ambientales, que se perfila como insumo fundamental para dar a conocer aquellos proyectos de ley que se encuentran vigentes y en vías de ser tratados en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Con la participación de diversos actores y especialistas, se analiza el contenido, alcance e importancia de aquellos proyectos en estado parlamentario, vinculados a cuestiones ambientales, energéticas y de salud pública.
El objetivo principal del informe, según María Eugenia Testa (directora del Circulo de P. Ambientales) se centra en la visibilización de aquellos proyectos presentados por diferentes legisladores, como así también en la promoción del debate parlamentario sobre cuestiones ambientales. Nuestro aporte consistió en examinar específicamente aquellos proyectos vinculados a la ratificación del llamado «Acuerdo de Escazú», señalando la importancia que implicaría su incorporación al ordenamiento normativo local, en particular por la circunstancia de dar un paso en la asunción de compromisos internacionales en la materia. Estos permitirían incorporar herramientas de exigencia y monitoreo respecto al cumplimiento de aquellas medidas tendientes al efectivo acceso a la justicia ambiental, participación ciudadana y acceso a la información ambiental.
Agradecemos la invitación, destacando la importancia que tiene la puesta en marcha de iniciativas colaborativas como la Agenda Ambiental Legislativa. Creemos que la incorporación de diferentes perspectivas en el proceso de análisis, enriquece el debate y promueve alternativas para el desarrollo de políticas públicas en materia ambiental. Asimismo, creemos que tal aporte a la sociedad permite visibilizar los proyectos existentes en el congreso, examinar su contenido, participar en el debate público, dar un seguimiento al proceso legislativo, entre otras virtudes que fortalecen los cimientos de un sistema democrático transparente y participativo.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org