Porta Hnos: La CIDH investigará violaciones a derechos humanos en Córdoba
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió abrir el caso presentado por Fundeps junto a vecinos y vecinas, e investigará la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos derivadas del funcionamiento ilegal de la fábrica de Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba. Tras años de incumplimientos de la empresa y el Estado provincial, la lucha sostenida por las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) alcanza así uno de sus hitos más importantes.
Con esta decisión, la petición presentada ante el Sistema Interamericano dejó atrás su etapa inicial y pasó a convertirse en el Caso N.º 15.978. La Comisión analizará ahora el fondo del asunto, es decir, si el Estado argentino incumplió su obligación de proteger derechos fundamentales como el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la tutela judicial efectiva.
Este avance es el resultado de más de una década de organización comunitaria y litigio estratégico impulsado por la comunidad afectada, quienes continúan reclamando que se garantice el cumplimiento de la legislación ambiental y de las decisiones judiciales dictadas en el país.
La decisión también refleja que, a criterio de la Comisión, la denuncia presentada justifica un examen internacional sobre la actuación del Estado argentino frente a este conflicto socioambiental. Se trata del primer caso de contaminación industrial en la Argentina que alcanza esta instancia dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Más de diez años de incumplimientos
El conflicto comenzó en 2012, cuando Porta Hnos. amplió su planta para producir bioetanol sin haber realizado previamente el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) exigido por ley. Desde entonces, las vecinas comenzaron a denunciar graves afectaciones a la salud y al ambiente, impulsando una sostenida estrategia de reclamos administrativos, judiciales y de organización comunitaria para exigir que la empresa cumpliera con la normativa vigente.
En 2016, VUDAS inició una acción colectiva de amparo ambiental para exigir que Porta Hnos. cumpliera con la normativa ambiental vigente. En diciembre de 2019, el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba ordenó a la empresa realizar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previsto por la Ley Provincial N.º 10.208, incluyendo la correspondiente participación ciudadana.
En diciembre de 2020, la Cámara Federal confirmó íntegramente esa sentencia. Seis años después, esa obligación sigue sin ser cumplida.
Entre 2021 y 2026, tanto Porta Hnos. como la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba sostuvieron que auditorías ambientales, monitoreos e informes técnicos resultaban suficientes para acreditar el cumplimiento de la sentencia. Esa posición fue rechazada en reiteradas oportunidades por la Justicia Federal, que reafirmó que ninguno de esos instrumentos reemplaza el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por la ley ni garantiza el derecho de la ciudadanía a participar de los procesos de toma de decisiones ambientales.
Una nueva sentencia confirma el incumplimiento de Porta y cuestiona al Gobierno provincial
El pasado 3 de agosto, la Cámara Federal de Córdoba volvió a pronunciarse sobre el caso y confirmó, una vez más, que Porta Hnos. continúa incumpliendo la sentencia firme dictada en 2019. Esta nueva resolución va aún más allá. El Tribunal cuestionó expresamente el accionar de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, señalando que resulta «llamativo» que haya asumido como propios los argumentos de Porta Hnos. y considerado suficiente una habilitación administrativa, pese a la existencia de una sentencia firme que ordena la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental en los términos de la Ley 10.208
La Cámara recordó que la participación ciudadana constituye un componente esencial del procedimiento ambiental y no una mera formalidad. También destacó que el hecho de que la planta lleve años funcionando no exime a la empresa de cumplir con la ley ni con las decisiones judiciales. Por el contrario, sostuvo que la incorporación de la producción de bioetanol refuerza la necesidad de realizar el procedimiento previsto por la ley para poder evaluar el posible impacto sobre el ambiente de esta nueva actividad.
A la fecha, Porta Hnos. continúa operando sin haber realizado la Evaluación de Impacto Ambiental ordenada por la justicia, mientras la autoridad ambiental provincial sigue sin exigir el cumplimiento efectivo de esa obligación, desconociendo la legislación vigente y una sentencia judicial firme.
La CIDH analizará la responsabilidad del Estado argentino
Este prolongado escenario de violaciones de derechos fundamentales y el incumplimiento sistemático de la normativa ambiental es el que motivó la presentación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La decisión de la Comisión Interamericana (CIDH) de abrir el caso representa un hito en la búsqueda de justicia de la comunidad, ya que implica que un órgano internacional independiente analizará si el Estado argentino incumplió sus obligaciones de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas afectadas.
En esta nueva etapa, la Comisión deberá determinar si el Estado argentino actuó con la debida diligencia o si, por el contrario, las acciones y omisiones de las autoridades permitieron que las violaciones denunciadas se prolongaran durante más de una década. Entre otros aspectos, analizará la actuación de los organismos públicos encargados del control ambiental y la eficacia de las respuestas administrativas y judiciales brindadas frente a una sentencia que, más de seis años después de haber quedado firme, continúa sin ejecutarse plenamente.
La apertura del caso también constituye un reconocimiento de la relevancia jurídica e institucional de las denuncias presentadas por VUDAS. A partir de ahora, el Estado argentino deberá responder ante la CIDH por las violaciones alegadas y la Comisión determinará si corresponde declarar su responsabilidad internacional y formular recomendaciones para reparar los derechos vulnerados y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
En ese marco, la reciente sentencia de la Cámara Federal de Córdoba constituye una prueba de especial relevancia, ya que confirma que la empresa continúa sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ordenada por la Justicia y las violaciones denunciadas persisten hasta la actualidad.
Además de su importancia para las personas afectadas, este caso puede convertirse en uno de los primeros casos en el Sistema Interamericano que analice la responsabilidad de un Estado por la falta de control ambiental sobre una planta industrial ubicada dentro de un área urbana y por el incumplimiento prolongado de una sentencia ambiental. Se trata de un caso con potencial para contribuir al desarrollo de estándares interamericanos sobre justicia ambiental, participación ciudadana y ejecución de sentencias ambientales.
El caso avanza en medio de un escándalo que sacude a la Justicia Federal
El avance del caso ante la CIDH coincide, además, con un hecho de enorme gravedad institucional. En julio de 2026, el Ministerio Público Fiscal de la Nación promovió una investigación penal contra los jueces federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi por la presunta comisión del delito de admisión de dádivas.
Según el requerimiento fiscal, ambos magistrados habrían aceptado un viaje de ida y vuelta en un avión privado entre Córdoba y Punta del Este, beneficio que la Fiscalía considera prima facie incompatible con la Ley de Ética Pública. La investigación sostiene además que ese viaje habría estado vinculado con empresas y grupos económicos que mantenían causas judiciales en trámite ante esos mismos jueces, entre ellas el conflicto ambiental por Porta Hnos.
Si bien la investigación se encuentra en pleno trámite y no existe una sentencia que determine responsabilidades penales, el hecho adquiere una enorme relevancia institucional. Los magistrados investigados intervinieron en distintas etapas del litigio relacionado con Porta Hnos., por lo que las sospechas planteadas por el Ministerio Público Fiscal profundizan los cuestionamientos sobre las garantías de independencia e imparcialidad judicial en un caso que lleva más de diez años sin una solución efectiva para la comunidad afectada.
Una nueva etapa en búsqueda de justicia
Después de más de una década de reclamos, múltiples sentencias judiciales favorables y reiterados incumplimientos por parte de la empresa y del Estado provincial, el Sistema Interamericano comenzará a analizar la responsabilidad internacional del Estado argentino.
A esta altura, el conflicto ya no trata únicamente del incumplimiento de una empresa; también interpela la actuación del Estado, que durante años permitió que una sentencia firme permaneciera sin ejecutarse y que los derechos de una comunidad continuaran siendo vulnerados. Ese es, precisamente, el núcleo del caso que hoy comienza a recorrer una nueva etapa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para VUDAS, este nuevo paso es también el reconocimiento a años de organización comunitaria, persistencia y defensa del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano.
Más información:
- Web de Vecinas unidad por un ambiente sano (Vudas)
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De Córdoba a Brasil: Defensores/as ambientales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Fundeps solicitó la intervención como amicus curiae en la causa Porta Hnos
Autoras:
Ananda Lavayén y Maria Laura Carrizo
Contacto:
lauracarrizo@fundeps.org
