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Reuniones Anuales del BID: avances y retrocesos en la participación de la sociedad civil

Durante la segunda semana de marzo, Fundeps participó en las Reuniones Anuales de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizadas en Asunción, Paraguay. Este encuentro reúne cada año a las máximas autoridades económicas de los países miembros (principalmente ministros y  ministras de economía y finanzas) para definir las principales líneas de acción de la institución.

La presencia de Fundeps en este espacio se dio en articulación con organizaciones regionales e internacionales que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID (IDB Working Group). Se trata de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años impulsa procesos de incidencia para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la  participación efectiva de las comunidades y poblaciones afectadas en la toma de decisiones del Banco.

A lo largo de la semana, desde la sociedad civil se desplegó una intensa agenda de actividades, tanto en espacios de incidencia, diálogo y consulta promovidos por el BID como en instancias paralelas de articulación regional y fortalecimiento de capacidades junto a organizaciones y comunidades de Paraguay. Esto ocurrió en un contexto marcado por tensiones en torno a la participación ciudadana y el rumbo de la agenda del Banco.

Incidencia en temas clave: energía, infraestructura e integración regional

A lo largo de las reuniones, participamos en diversas instancias de diálogo con equipos del Banco, abordando asuntos como transporte y conectividad, el programa Amazonía Siempre, la nueva política de adquisiciones y el posicionamiento del Banco respecto a las restricciones al espacio cívico.

Uno de los ejes centrales de discusión fue el programa regional “Conexión Sur”, orientado a fortalecer la integración y la infraestructura en América del Sur. Si bien reconocimos la importancia de avanzar en procesos de integración regional, realizamos algunas advertencias. En su diseño actual, el programa corre el riesgo de reproducir modelos de desarrollo basados en infraestructura que han generado impactos sociales y ambientales negativos en el pasado y que están orientados hacia el extractivismo y la exportación de materia prima más que hacia una verdadera integración regional.

En este sentido, se propusieron medidas concretas para mejorar su diseño, incluyendo la incorporación de criterios claros de selección de proyectos, la aplicación efectiva del marco de infraestructura sostenible del BID, la realización de evaluaciones ambientales y sociales estratégicas y el fortalecimiento de los mecanismos de participación y acceso a la información.

A su vez, se mantuvieron reuniones bilaterales con autoridades del BID, incluyendo a su presidente, Ilan Goldfajn, y al CEO de BID Invest, James Scriven. En esas instancias presentamos preocupaciones y recomendaciones en relación con la creciente participación del sector privado en las operaciones del Banco, las inconsistencias en el funcionamiento de BID Invest en materia de acceso a la información y rendición de cuentas, así como sobre el posicionamiento de la institución frente al preocupante contexto internacional y regional actual.

Entre los avances en el diálogo con sociedad civil y las restricciones a la participación

Durante la apertura de las reuniones, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó el valor de las organizaciones de la sociedad civil y su contribución al diseño de políticas, la implementación de proyectos y la representación de comunidades afectadas. Asimismo, el Banco anunció que se encuentra en proceso de revisión de su estrategia de relacionamiento con la sociedad civil, un proceso del cual el Grupo de Trabajo participa activamente. 

También se llevaron a cabo sesiones específicas sobre involucramiento de organizaciones sociales, reflejando una mayor apertura institucional, que se ha traducido en algunas medidas concretas desde el inicio del mandato de Goldfajn.

Sin embargo, estos avances conviven con importantes restricciones. En el Foro de Sociedad Civil y Partes Interesadas, por ejemplo, se plantearon preocupaciones clave en torno a la falta de transparencia, los impactos de los proyectos financiados por el Banco y las debilidades en los mecanismos de participación.

Un aspecto especialmente preocupante de estas reuniones fue la restricción al espacio cívico, evidenciada en la imposibilidad de que algunas organizaciones (entre ellas Fundeps) pudieran participar plenamente en la agenda oficial del encuentro.

Esta situación estuvo directamente vinculada a la postura adoptada por la silla argentina en el Directorio Ejecutivo del Banco, que limitó la acreditación de organizaciones de la sociedad civil, afectando el ejercicio del derecho a la participación en un espacio clave para la definición de políticas de desarrollo regional.

Este hecho representa un retroceso en materia de apertura institucional y contradice los compromisos asumidos por el propio BID en relación con la transparencia y el involucramiento de actores sociales, aun cuando la responsabilidad por la falta de acreditación, en este caso, recae directamente en los funcionarios del gobierno nacional que representan a la Argentina en el Directorio del Banco.

Hacia una participación significativa

A pesar de las limitaciones, la participación de Fundeps en las Reuniones Anuales del BID permitió fortalecer la articulación regional con otras organizaciones y continuar impulsando una agenda de incidencia orientada a garantizar que las inversiones del Banco respeten los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo sostenible e inclusivo.

Si bien se han registrado avances en la apertura al diálogo en el transcurso de los últimos años, persisten desafíos importantes. El fortalecimiento del espacio cívico, la mejora en los estándares de participación y la incorporación efectiva de las voces de las comunidades serán claves para que el BID pueda cumplir un rol positivo en el desarrollo de la región.

Desde Fundeps, junto al Grupo de Trabajo sobre el BID, continuaremos trabajando para que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

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¿Cómo puede el BID hacer una mejor contribución para una Transición Energética Justa en América Latina y el Caribe?

En 2024, organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe participaron en un espacio de diálogo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Transición Energética Justa. El informe sistematiza las principales alertas planteadas por las organizaciones respecto al accionar del BID, incluyendo el respaldo a combustibles fósiles, la ausencia de metas claras, la falta de participación efectiva y los impactos sobre comunidades y defensores ambientales, y propone recomendaciones para avanzar hacia una transición energética con enfoque de derechos.

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Córdoba avanza en el diseño de una nueva ley de acceso a la información

Participamos de la comisión de trabajo que diseña un proyecto de ley de acceso a la información pública para Córdoba. La iniciativa forma parte del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia y busca actualizar la normativa vigente desde 1999.

El pasado jueves 13 de noviembre participamos de la comisión de trabajo de diseño de un proyecto de ley de acceso a la información pública para la provincia de Córdoba.

Esta iniciativa es uno de los compromisos asumidos por la Secretaría de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en el marco del 2° Plan de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Este Plan fue codiseñado entre mayo y septiembre de 2024 con la participación de la Mesa de Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que se encuentra Fundeps.

Celebramos que la provincia de Córdoba avance en el diseño de una nueva normativa que actualice la Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado 8.803 de 1999. La norma vigente requiere varias modificaciones para elevar los estándares y garantizar este derecho para toda la ciudadanía. Es fundamental, además, que se establezcan los mecanismos institucionales que posibiliten su efectivo ejercicio.

A partir de nuestra experiencia y conocimientos, seguiremos aportando para la construcción de un proyecto de ley que esté a la altura de las demandas y estándares actuales en materia de acceso a la información pública y transparencia de los gobiernos.

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Contacto:

Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org

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Histórico: La Corte Interamericana reconoce el derecho humano a un clima sano

La Opinión Consultiva 32-25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) estableció el alcance de las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos ante la emergencia climática. Fue en respuesta a la consulta realizada por Chile y Colombia y se trató del proceso más participativo de la historia del organismo. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil aportamos argumentos que hoy se plasman en este dictamen histórico.

El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la Opinión Consultiva 32-2025 sobre emergencia climática y derechos humanos, en la que reconoce el derecho a un ambiente y clima sano, los derechos de la naturaleza, la emergencia climática y las obligaciones de los Estados en ese sentido.

La mencionada Opinión Consultiva surge como resultado de la consulta efectuada por los países de Chile y Colombia para que la Corte Interamericana  se pronuncie sobre cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. 

¿Qué es una opinión consultiva?

Una Opinión Consultiva es el medio a través del cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde las consultas que formulan los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) acerca de la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y la interpretación de la Convención o de otros tratados relativos a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.

¿Por qué es importante la Opinión Consultiva 32-25?

La Opinión Consultiva 32-25 reconoce de forma explícita la crisis climática y la enmarca en un contexto de “triple crisis planetaria” generada por la relación y retroalimentación de tres fenómenos coincidentes: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En palabras de la Corte, esta triple crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”.

Señala que la magnitud de los impactos del cambio climático son innegables, se encuentran conectados y evolucionan rápidamente. La Corte hace especial hincapié sobre el impacto diferenciado de la crisis climática en personas en situación de vulnerabilidad: “Las regiones del mundo más pobres y desiguales son más vulnerables a experimentar las consecuencias más graves del cambio climático precisamente porque sus medios de subsistencia son más sensibles al clima, cuentan con menos recursos y capacidad para hacer frente a estas consecuencias, tienen acceso limitado a servicios y recursos básicos, suelen enfrentar mayores desafíos de gobernanza, y son más propensas a atravesar conflictos violentos”.

Con base en lo anterior, concluye que esta emergencia climática sólo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y avance hacia el desarrollo sostenible, articuladas, con perspectiva de derechos humanos, y bajo el paradigma de la resiliencia.

En este sentido, la Corte establece una serie de obligaciones que recaen tanto en los Estados como en las empresas, reconociendo al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos. Estas obligaciones se organizan en torno a cuatro ejes principales:

1. Obligaciones de derechos humanos ante la crisis climática

La Corte señala que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos frente a la degradación del clima, y sus consecuencias. Para lograrlo, deben actuar con la debida diligencia reforzada, esto implica: la identificación y evaluación de los riesgos; la adopción de medidas preventivas proactivas y ambiciosas para evitar los peores escenarios climáticos; la utilización de la mejor ciencia disponible en el diseño e implementación de acciones climáticas; el monitoreo permanente y adecuado de los efectos e impactos de las medidas adoptadas; la transparencia y la rendición de cuentas en materia climática; la regulación y supervisión adecuada de la debida diligencia empresarial. Asimismo, deben cooperar con los demás Estados de buena fe para avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática.

2. Obligaciones derivadas del reconocimiento de los derechos fundamentales

La Corte reconoce expresamente el derecho a un ambiente sano, el cual es  fundamental para la existencia de la humanidad y su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. Vinculado a este derecho, reconoce la existencia del derecho a un clima sano, que implica que toda persona pueda desarrollarse en un sistema climático libre de alteraciones humanas peligrosas. Resalta especialmente el derecho de las generaciones presentes y futuras de seres humanos y de otras especies a mantener un sistema climático apto para asegurar su bienestar y el equilibrio entre ellas.

Además, de forma novedosa, reconoce a la naturaleza y sus componentes como sujeto de derechos, indicando que los Estados tienen la obligación positiva de garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas. 

Por su parte, también resalta que los Estados deben resguardar y garantizar la realización de los demás derechos amenazados o afectados por los impactos climáticos tales como la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad privada, la vivienda, la libertad de residencia y de circulación, el agua, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, la cultura y la educación. Indicando asimismo la obligación de mitigar los gases de efecto invernadero e impulsar una transición hacia el desarrollo sostenible.

3. Obligaciones derivadas de la democracia y los derechos de procedimiento

El Tribunal advirtió la necesidad de asegurar que, en el marco de la emergencia climática, las decisiones sean adoptadas en forma participativa, abierta e inclusiva. Para ello, los Estados deben garantizar el derecho de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Asimismo, remarca la importancia del derecho a la ciencia y el reconocimiento de los saberes tradicionales, ancestrales, locales como así también el rol de las mujeres indígenas en la preservación de los ecosistemas.

4. Obligaciones derivadas del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación

La Corte reconoce como grupos especialmente vulnerables a la crisis climática a:  niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas, tribales, y  comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores; mujeres, personas con discapacidad y  personas mayores. El motivo es que estas poblaciones  dependen de los ecosistemas que están expuestos a los efectos del cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos. La vulnerabilidad se agrava de manera particular cuando se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

En dicho marco, la Corte consideró que los Estados deben recabar toda la información necesaria para diseñar e implementar políticas y estrategias que garanticen el acceso de estas personas a bienes y servicios para alcanzar una vida digna en contexto de crisis climática. Asimismo, el Tribunal subrayó la importancia de que las medidas implementadas en el marco de una transición climática justa no profundicen la situación de pobreza multidimensional, sino que, por el contrario, sean utilizadas como una oportunidad para integrar a estas personas y permitirles gozar plenamente de sus derechos.

El rol clave de las organizaciones de la sociedad civil

El resultado de esta opinión consultiva fue alcanzado luego de haberse llevado adelante uno de los procesos consultivos y participativos más importantes en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde recibieron 263 escritos de observaciones provenientes de más de 600 actores, incluidos Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresas y personas a título individual.

Desde Fundeps fuimos parte de  este proceso participativo a través de un amicus curiae presentado junto a más de 15 organizaciones de la sociedad civil, representantes electos del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, que aportó distintos argumentos, ahora plasmados en este dictamen. A su vez, apoyamos la participación de Luisa Gómez de la Fundación CIEL, Silvia Cruz y Maria Rosa Viñolo de Vecinas Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS) quienes expusieron, en representación del amicus, en la audiencia celebrada el 27 de mayo de 2024 en  la ciudad de Manaos Brasil, en el marco de este proceso.

Sin dudas, esta Opinión Consultiva es un avance sin precedentes en la protección de derechos humanos frente al cambio climático. Desde Fundeps, esperamos que inspire a los países de América a tomar acciones urgentes, justas y respetuosas con la naturaleza y las personas.

 

Autora:

Ananda Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

Comunidades y sociedad civil buscan incidir en la reunión del BID en Chile

En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

  • Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
  • Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
  • Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
  • Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
  • Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

  • Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

  • Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

  • Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

  • Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

  • Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
  • Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justa, así como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
  • Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
  • Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

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(Re) ordenando el territorio: Escazú y la participación ciudadana

En un esfuerzo por promover la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local, desde Fundeps llevamos adelante tres encuentros durante el mes de agosto, dirigidos a la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Córdoba. Estas capacitaciones estuvieron enfocadas en fortalecer las competencias  en derecho ambiental y en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, esenciales para una planificación urbana sostenible.

El público destinatario de estos encuentros fueron  quienes integran las Secretarías de Desarrollo Urbano, Integración Regional y Vinculación Institucional, y de Ciudad Inteligente de la Municipalidad de Córdoba. El objetivo central fue brindar las herramientas necesarias para comprender y aplicar el Acuerdo de Escazú en las políticas y prácticas de planeamiento urbano de la ciudad.

Los dos primeros talleres se centraron en aspectos teóricos y específicos sobre las leyes de presupuestos mínimos y el Acuerdo de Escazú. Para el último encuentro, pusimos especial énfasis en la participación ciudadana. Durante esta sesión, exploramos diversos modelos de participación ciudadana exitosa, tanto a nivel nacional como regional, destacando ejemplos prácticos que han sido implementados en distintas ciudades de nuestro país, así como también en países de América Latina y localidades de Europa.

Propusimos discusiones sobre casos en los que la participación activa de la ciudadanía ha resultado en mejoras significativas en la planificación y gestión urbana, subrayando cómo estos procesos inclusivos pueden ser adaptados a nuestra ciudad. Además,  analizamos las herramientas y mecanismos disponibles para facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones, enfatizando en la importancia de la transparencia, la comunicación efectiva, el lenguaje claro y la construcción de confianza entre las autoridades municipales y la ciudadanía.

Continuamos trabajando para la implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú a nivel local. El Acuerdo es una herramienta fundamental para la protección del ambiente y de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Si querés profundizar sobre el Acuerdo de Escazú, ingresá a nuestra web: https://acuerdodeescazu.org/

 

Autores

Lourdes Zanotti

Federico Marengo Ligoria

 

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María Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Un decreto no puede limitar el acceso a la información pública

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública.

Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.

El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.

 

Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta)  – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA)  –  CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC –  Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa –  Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista –  INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM  – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES –  Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek

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Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba

A través de la recopilación de algunas de las experiencias de luchas de las comunidades cordobesas, pretendemos dar respuesta colectiva a los desafíos que surgen alrededor de los procesos de conflictividad ambiental.

Lo cierto es que no existe una única manera para organizarse, una única forma de pedir respuestas a las autoridades, ni mucho menos una única manera de afrontar un conflicto socioambiental. Sin embargo, observamos que sí existen prácticas comunes que se han ido afianzando y que sirven como guía para otras luchas.

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El BID aprueba una Nueva Política de Acceso a Información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Presentamos la web “Escazú para comunidades”: una herramienta para defender el ambiente

Lanzamos la plataforma web “Acuerdo de Escazú para comunidades”, que brinda información sobre el Acuerdo y los derechos que contempla con datos y modelos prácticos para hacerlos efectivos. Además, dentro del sitio se encuentra disponible para descargar un documento que reúne las experiencias y aprendizajes de distintas comunidades de Córdoba que enfrentan problemáticas ambientales y luchan desde hace años.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primer tratado del mundo en contener disposiciones relativas a la protección y promoción de la labor que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. 

Desde Fundeps, venimos acompañando el proceso del Acuerdo desde antes de su aprobación en 2018, por el rol central que cumple en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la justicia climática. En el marco de este proceso, cuando entró en vigor en la Argentina lanzamos un Recursero del Acuerdo de Escazú y una Guía sobre el Acceso a la Información Ambiental. Luego , realizamos un ciclo de formación sobre acceso a la información pública ambiental y una introducción a Escazú, y en 2023, como parte del proyecto denominado “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, dictamos talleres en distintas localidades de la provincia atravesadas por conflictos socioambientales.

Todo este recorrido, sumado al acompañamiento diario a comunidades de Córdoba, nos permitió detectar la necesidad de realizar una herramienta que reúna todos los insumos creados, información relativa al Acuerdo de Escazú y que brinde instrumentos prácticos para facilitar el ejercicio de los derechos que regula. Por eso, lanzamos “Escazú para comunidades” (acuerdodescazu.org), una plataforma que brinda información sobre qué es el Acuerdo, qué derechos contempla y cómo se ejercen , cuál es la historia del Acuerdo, qué países de la región son parte, las respuestas a dudas frecuentes que surgen entre quienes defienden el ambiente, entre otros contenidos. Nuestro objetivo es poner a disposición de las comunidades las herramientas que ofrece Escazú para impulsar y monitorear su efectiva implementación, y fortalecer las luchas de las personas y grupos que defienden el ambiente,  la salud colectiva y a sus territorios. 

Entre las herramientas del sitio, se pueden encontrar: modelos para pedir información pública ambiental, explicaciones sobre cómo debe garantizarse y hacerse efectiva la participación ciudadana en decisiones que impacten sobre el ambiente, tipos de acciones judiciales que se pueden presentar para reclamar; las obligaciones de los Estados para garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, entre otras cuestiones.

También desde Fundeps venimos trabajando en reforzar las estrategias y abordajes de los conflictos socioambientales, poniendo en el centro a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso, dentro del sitio web también se puede acceder a “Resistiendo y re-existiendo en comunidad. Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba”. Este documento es el resultado de una serie de entrevistas realizadas durante 2023 y 2024 a siete comunidades  en lucha de la provincia de Córdoba  (OMAS, VUDAS, Todxs por nuestros arroyos, Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez, Preservando el Parque de la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y Amigos de la Reserva San Martín), a las cuales les agradecemos profundamente su apoyo y colaboración. El  propósito es la puesta en común de las experiencias de las comunidades, sus historias y sus consejos útiles para quienes están iniciando un proceso de lucha socioambiental. 

Apostamos a que este sitio web sirva como  material de consulta y de fortalecimiento de capacidades ambientales.También promovemos la difusión de las estrategias de luchas y de los aprendizajes de quienes las llevan adelante en la provincia, para que los desafíos socioambientales sean transitados con solidez, conocimiento, en base a experiencias compartidas y sobre todo, en red. 

Esperamos que les resulte de utilidad para las personas interesadas, y sobre todo, para quienes  defienden  los derechos humanos en asuntos ambientales.

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Autora

Ananda María Lavayen

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Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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Participamos de la 3° Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú

Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile.  Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil. 

En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo. 

Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia  participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas: 

  1. generación de conocimiento;
  2. reconocimiento;
  3. fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
  4. evaluación, seguimiento y revisión.

Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.

 Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.

Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior,  se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes. 

Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.

 

Autoras

Manuela Fernández Grassani

Ananda María Lavayen

Contacto

Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org

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El Banco Asiático aprobó su primer proyecto de infraestructura en Argentina

Del 25 al 26 de septiembre pasados, en Sharm El Sheikh, Egipto, se llevó adelante la octava Asamblea Anual del Banco Asiatico de Inversión en Infraestructura (AIIB), evento que reúne a sus integrantes, representantes empresariales y organizaciones civiles para discutir sobre la dirección estratégica y las iniciativas del organismo. En esta reunión, el AIIB anunció la aprobación del primer préstamo en Argentina, destinado a financiar un parque eólico en Tierra del Fuego.

La Asamblea Anual trata tiene como objetivo principal compartir los avances del Banco y recibir sugerencias en cuanto a su dirección estratégica y operaciones. Además proporciona información y fomenta intercambios sobre las políticas y los proyectos financiados por el AIIB en términos de impacto social y ambiental.

La temática central de la octava Asamblea fue el “crecimiento sostenible en un mundo desafiante» y resaltó la importancia de abordar la agenda global climática y respaldar las demandas de infraestructuras clave para los países miembros del AIIB. El programa de la reunión abarcó una variedad de temáticas  que comprenden las últimas tendencias y prioridades del Banco. Las sesiones públicas fueron agrupadas en tres corrientes temáticas: sostenibilidad, conectividad y cooperación multilateral. En las mismas se abordaron cuestiones relacionadas al desarrollo e implementación de infraestructura ambiental sostenible, así como  a la promoción y el fortalecimiento de alianzas que permitan mejorar la conectividad de la infraestructura tanto en Asia como en las demás regiones. 

Primer proyecto del AIIB en Argentina

Un hecho particularmente relevante para Argentina fue el anuncio, durante el evento,  de la aprobación del proyecto denominado “Transición energética de la provincia de Tierra del Fuego” por un monto de 65 millones de dólares. Este proyecto marca un hito, ya que representa la primera financiación otorgada a Argentina como miembro del Banco, al cuál se sumó oficialmente en marzo de 2021. Los fondos se destinarán a la construcción de un parque eólico en las proximidades de la ciudad de Río Grande. Según el AIIB, el principal objetivo del proyecto es establecer la capacidad de generación de energía eólica en la provincia de Tierra del Fuego y el mismo “se encuentra alineado con los objetivos del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Argentina, por lo que ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la adopción de energía renovable”. Esta iniciativa surge por la necesidad de aprovechar los recursos eólicos con los que cuenta la provincia y la falta de interconexión en las redes locales para la materialización de proyectos de tal magnitud.

Sin embargo, resulta importante destacar que ante la escasez de información sobre el  proyecto, es imprescindible analizar en profundidad cómo se llevará adelante el proyecto, y cuáles podrían ser las verdaderas implicancias en términos de impactos socioambientales. Por eso, desde Fundeps estamos realizando un seguimiento de este proyecto y hemos realizado una solicitud de información al  AIIB sobre   detalles que aún no resultan claros. Por ejemplo, si bien se han publicado en la página web del Banco un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) y un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), aún no se encuentra disponible la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental y Social, el Informe de Debida Diligencia Ambiental y Social o la información relativa a las audiencias públicas planificadas para el proyecto, entre otra documentación relevante. 

Esta información resulta clave para identificar los impactos reales del proyecto y constatar si efectivamente se asegura el acceso a la información sobre el proyecto y la  participación de la población local. A su vez, otro aspecto que genera dudas es el rol que tendrá la CAF (actual Banco de Desarrollo de América Latina) en relación al proyecto, ya que ha sido presentado como un proyecto co-financiado entre ambas instituciones multilaterales.

Autora

Candela Jauregui

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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