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Comentarios enviados por las organizaciones que conforman GREFI al BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Acceso a la Información Pública.

Comentarios enviados por un grupo de organizaciones de la sociedad civil al BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Acceso a la Información Pública (documento en inglés)

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

Más información:

Publicación completa Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

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Agustina Palencia: agustinapalencia@fundeps.org

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

En esta publicación se presenta un análisis del proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos implementados para la localidad de Villa Carlos Paz.

Las obras del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz muestran un avance del 90% y estiman que en 30 días ya estará en funcionamiento. Mientras, continúa la preocupación de los vecinos y vecinas de Malagueño que solicitan medidas concretas para que se efectivicen la recolección diferenciada de residuos así como las campañas de concientización.

El proyecto «Centro Ambiental de Villa Carlos Paz» se está desarrollando en un predio municipal ubicado en cercanía de la Ruta Nacional 20, que lo vincula con la ciudad de Córdoba, donde hoy está funcionando el actual basural a cielo abierto. Procesará la basura de más de 100.00 habitantes de la región que incluye a Villa Carlos Paz y localidades aledañas (Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño).

En Centro Ambiental está integrado por tres obras: un relleno sanitario para la disposición de los residuos sólidos urbanos, una planta de separación y tratamiento de lixiviados (liquido residual tóxico de la basura) y el cierre del basural a cielo abierto existente desde hace mas 50 años.

Las obras con una inversión total de 188.403.896 pesos, están siendo financiadas a través del Programa de Gestión Ambiental de Municipios Turísticos, que ejecuta el Ministerio de Turismo de la Nación con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Estado Nacional.

La construcción del Centro Ambiental inició a mediados del año 2017 y según expresó Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad de Carlos Paz: «Pensamos que para el segundo semestre de este año, ya tendremos en funcionamiento el nuevo Centro Ambiental de tratamiento de los residuos sólidos urbanos».

Mientras las obras avanzan rápidamente y las autoridades de Carlos Paz anuncian que a fines de agosto se dará inicio a la recolección diferenciada de residuos en la ciudad, a cargo de la empresa Cotreco, en Malagueño reina la incertidumbre y la preocupación.

Al respecto,  se manifiesta que si bien la Municipalidad de Carlos Paz ha anunciado campañas de comunicación y concientización a la comunidad sobre cómo proceder a la hora de separar y recolectar la basura, aún no se observan medidas concretas. Las autoridades de Malagueño por su parte nada dicen al respecto, y teniendo en cuenta que el Centro Ambiental se inaugurará prontamente, los vecinos y vecinas de Villa San Nicolás (Malagueño) temen que el lugar se convierta en un nuevo basural.

El proyecto prevé que una vez finalizada la construcción del Centro Ambiental comenzarían las tareas de cierre definitivo del actual basural a cielo abierto solucionando una problemática que lleva 58 años. Hasta hace poco, incluso continuaban los focos de incendio en el mismo, afectando el humo y los gases tóxicos que emanan del basural al barrio San Nicolás y demás barrios cercanos a la autopista.

Además, durante los últimos meses de diciembre y enero, el basural estuvo ardiendo por más de 80 días, y por ello vecinos autoconvocados organizaron protestas pidiendo que se declare la emergencia ambiental a raíz de la toxicidad que genera el humo de la basura en combustión.

En definitiva, el daño ambiental afecta el aire que respiran los vecinos y vecinas, y debido a las lluvias – que aumentan durante el verano y épocas de turismo -, las cenizas terminan en el dique San Roque que abastece de agua al 70% de la ciudad de Córdoba.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y acompañamos a la comunidad de Villa San Nicolás para que se asegure el respeto de sus derechos a un ambiente sano, a la salud y el acceso a la información y participación ciudadana. Asimismo, y como venimos manifestando desde hace un tiempo, consideramos cuestionable la localización del Centro Ambiental al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua.

Mas información

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/6/14/en-agosto-comenzaria-la-recoleccion-diferenciada-de-residuos-52986.html

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/15/asi-es-el-centro-ambiental-donde-se-procesara-la-basura-de-punilla-51764.html

https://lmdiario.com.ar/noticia/43262/malagueno-denuncian-problemas-respiratorios-por-los-incendios-del-basural

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María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Gonzalo Rozagon.roza@fundeps.org

El brazo privado del BID inició el proceso de consulta pública de su Política de Acceso a la Información, el cuál se extenderá por 120 días y contempla consultas virtuales y presenciales. Esta política resulta clave para poder acceder a información acerca de los proyectos financiados por la Institución, que está ampliando sustancialmente su cartera de proyectos en Argentina y Latinoamérica.

BID Invest (previamente denominada Corporación Interamericana de Inversiones) es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encarga de financiar y asesorar empresas y proyectos sostenibles del sector privado que provengan y se desarrollen en los países de América Latina y el Caribe. Cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.

Actualmente, BID Invest se encuentra actualizando una de sus políticas operativas. Para ello, se ha preparado un borrador de la nueva Política de Acceso a la Información, que reemplazará a su actual Política de Disponibilidad de Información (vigente desde el 2005) en el 2019. Es en torno a dicho borrador (que se encuentra disponible en la página web de BID Invest) que se realizará la consulta pública, abierta a toda la sociedad civil internacional. El borrador se abrió a consulta el pasado 23 de mayo y recibirá comentarios por un plazo de 120 días.

A su vez, la consulta incluirá diálogos virtuales y presenciales. La consulta virtual estará disponible a través de la página web de BID Invest, y las consultas presenciales se llevarán a cabo mediante reuniones  (cuyas fechas están aún por confirmar) en diversos países de América Latina y el Caribe, además de en Washington D.C., donde el organismo tiene su sede.

Desde FUNDEPS participaremos de este proceso de consulta pública, revisando el borrador y enviando  comentarios al Banco, para así asegurar que esta nueva política se enmarque en un verdadero compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus actividades y permita fortalecer su gobernanza y responsabilidad.

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Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Los comentarios que aquí se presentan, tienen como objetivo destacar aspectos positivos y a mejorar, respecto de las directrices para la Fase de Consulta.

Durante el mes de abril, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó nuevas directrices para la mejora en su Fase de Consulta. Se trató de un proceso participativo que involucró a diferentes organizaciones de la sociedad civil en la revisión del primer borrador.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la entidad encargada de receptar quejas respecto de cualquier proyecto financiado por el Grupo BID. En este sentido, cualquier agrupación de dos o más personas que se viese afectada por un proyecto financiado por estas instituciones, puede acudir al mecanismo en busca de una solución. Cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

A los fines de llevar a cabo su tarea, el MICI dispone de dos funciones o fases: (a) Verificación de la Observancia y (b) Consulta. Quien presenta la queja puede elegir utilizar una de las funciones o ambas. La Verificación de la Observancia es llevada adelante por el MICI exclusivamente y se trata de una investigación respecto de la violación de alguna de las políticas operativas del banco. La Consulta, involucra tanto a quienes presentan la queja como a la parte que ha tomado el préstamo. Esta última función se trata de un proceso similar a una mediación y su objetivo es lograr el consenso entre las partes involucradas para llegar una solución.

Sobre esta segunda fase, el MICI elaboró un documento para uso interno que pretende mejorar el proceso de queja para quienes deciden utilizar esta función del mecanismo. A este respecto, cabe mencionar que esta función debe atender específicamente a las necesidades de las partes involucradas y al contexto de la queja. En estas nuevas directrices se puso especial atención a las comunidades afectadas que presentan la queja, como así también a los riesgos y peligros en los que se pueden ver envueltas. Esto cobra una especial importancia siendo que los últimos años han dejado en claro que los defensores y defensoras de DDHH viven en una situación de constante peligro.

En este sentido, la presentación de una queja ante el MICI puede tornarse en algo que puede poner en riesgo la vida y/o seguridad de quienes acuden al mecanismo. Las nuevas directrices tratan de abordar este tema sosteniendo que el MICI debe actuar frente a las situaciones de imbalances de poder, y al mismo tiempo lograr que el proceso de mediación sea adecuado a las necesidades de las partes. Dentro de esta lógica, las directrices proponen abordar la fase de consulta atendiendo a seis (6) principios importantísimos: (a) el Co-Diseño de los procesos, (b) la Acción sin Daño, (c) la Buena Fe, (d) la Voluntariedad, (e) la Sostenibilidad y (f) la Atención a las Simetrías.

De lo último se sigue que el afán de delinear estas reglas tiene como objetivo mejorar de manera considerable el proceso de queja, al mismo tiempo que robustece la política general del MICI. Consideramos que este es un paso fundamental en la adopción de mejores estándares que garanticen la rendición de cuentas de las instituciones financieras y el acceso a un remedio efectivo por parte de las comunidades afectadas. De igual forma, aplaudimos que la adopción de estas directrices se haya hecho en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Eso dejó en claro que el MICI está dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo y que han sido capaces de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.

El brazo de inversión del sector privado del  Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.

La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.

Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.

A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.

Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere.  Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.

Más información:

Why Development Institutions Should Recognize the Right to Know Day?

Autora:

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

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Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org