Presentamos el informe completo de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
Tras un año de trabajo de investigación entre FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, presentamos en Córdoba y Buenos Aires los resultados parciales obtenidos sobre la participación de mujeres y personas LGTBI en las empresas de medios de comunicación, universidades y sindicatos. Las cifras alertan sobre su escasa participación en estos sectores y la necesidad de transformar las rígidas estructuras sindicales y empresariales que dificultan su acceso y permanencia.
En el marco de unas intensas semanas en las que el movimiento de mujeres llenó de color las calles y alzó su voz reclamando derechos durante tanto tiempo postergados, el viernes 8 de junio presentamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación algunas conclusiones que visibilizan la permanencia de violencias de género dentro de uno de los ámbitos que más relevancia tienen en cuanto a su rol social: las empresas de medios.
En esta instancia, se sumaron las especialistas Pate Palero (periodista, integrante de la Red PAR), Silvana Zanelli (periodista y sindicalista CISPREN), Sandra Chaher (periodista y directora de Comunicación para la Igualdad), Rossana Rodriguez (sindicalista SATSAID seccional Córdoba), Paula Morales (docente e investigadora especialista en género y comunicación), Analía Barrionuevo (directora del Programa de Género de la UNC) y Virginia Pedraza (abogada y coordinadora del equipo de género de FUNDEPS).
Durante la charla, se debatió sobre la situación actual de las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI en el acceso a la igualdad de oportunidades profesionales en los medios de comunicación, y sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los puestos de toma de decisiones y a cargos directivos. También se propusieron posibles acciones para revertir la situación de desigualdad desde distintos espacios como las empresas de medios, sindicatos e instituciones educativas relacionadas a la comunicación y las medidas que puede tomar el Estado para abordar la problemática.
Algunos de estos puntos fueron presentados como resultados de nuestra investigación con el fin de visibilizar los ejes más problemáticos y de ponerlos en discusión durante la jornada.
Techo de cristal: las mujeres que no acceden a cargos jerarquicos
“(…) En las primeras 1500 empresas que cotizan en Wall Street, hay más directores llamados John, Robert, William o James que mujeres directoras”. (D´Alessandro, 2017, p. 101).
La escasez de mujeres en los cargos de decisión dentro de las empresas, es un rasgo que se vislumbra en muchas de las empresas de América Latina: sólo un 4,2% ocupa direcciones ejecutivas y un 8,5% juntas directivas, mientras que la mayoría de los países la región, las mujeres participan en casi un 30% en cargos gerenciales. Las empresas de medios de nuestro país no escapan a esta tendencia.
De las 30 empresas de medios analizadas en Buenos Aires y Córdoba, las mujeres participan de un 27,72% de la propiedad y de los cargos gerenciales. Sin embargo, este porcentaje se torna más desfavorable en el caso de Córdoba: tan sólo el 12% de las mujeres ocupan estos puestos.
El panorama de los sindicatos refleja cifras igualmente preocupantes. En Córdoba, las dirigencias gremiales de sindicatos que abarcan a trabajadoras/es de medios están ocupadas por un 17,79%. Cifras preocupantes si consideramos que, en el año 2016, las mujeres egresadas de carreras periodísticas constituyeron el 69,04%, pero actualmente sólo conforman el 23,29% de las trabajadoras de los medios analizados en la ciudad de Córdoba.
En cuanto a personas trans, se pudo relevar que sólo una trabaja en medios, lo que evidencia los problemas estructurales que atraviesan a este colectivo y lo convierten uno de los más vulnerados, marginados y precarizados. Las personas trans son las más afectadas porque tienen mayores impedimentos estructurales que les dificulta obtener un trabajo digno y culminar con sus estudios. En algunos medios, hay políticas de inclusión de la diversidad para personas con discapacidad, pero no para personas trans.
Por su parte, los institutos de formación periodística evidenciaron sus falencias en cuanto a asignaturas específicas y obligatorias sobre género y de planes de estudios que contemplen la perspectiva de género como un eje transversal a todos los contenidos.
¿Por qué no hay más mujeres en los cargos jerárquicos de las empresas de medios ni en los sindicatos? ¿Qué barreras componen este techo de cristal que dificulta el acceso de mujeres a estos cargos?
Una de las falencias que se detectó dentro de las empresas de medios analizadas, es la carencia de perspectiva de género y de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, así como su traducción en políticas institucionalizadas y sustentables que sean capaces de transformar las estructuras laborales. Esto lleva a invisibilizar y reproducir violencias, especialmente la violencia simbólica que es la que atraviesa silenciosa y latente las prácticas cotidianas dentro de las empresas de medios.
Estas violencias se hacen palpables en prácticas como la selección y promoción de personal. La falta de capacitación de las áreas de Recursos Humanos perpetúa violencias naturalizadas dificultando el ingreso, pero particularmente el ascenso de mujeres a puestos de jerarquía. En este marco, el lobby (realizado entre los mismos que ya ocupan cargos jerárquicos, la mayoría, varones) y la falta de criterios claros de promoción, son algunos de los factores que más pesan al momento de seleccionar personal para puestos de decisión.
Otra de las barreras que conforman este techo de cristal, es la división sexual del trabajo y su reproducción hacia el interior de las empresas de medios y sindicatos. Así, las mujeres ocupan cargos feminizados o se encargan de temas “blandos”, ligados a las tareas de asistencia y cuidado (y a la frivolidad) con las que se las ha asociado. Hablamos de mujeres secretarias personales, productoras, en Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, en las redacciones de áreas como salud, espectáculos y género, en Secretarías de Cultura, de Comunicación y de Género. Este tipo de tareas y temas son considerados de menor jerarquía respecto a aquellos en los que predominan los varones.
Esto dificulta que las mujeres accedan a otros que les permitan adquirir experiencia y ascender, incluso a aquellas que tienen una formación profesional superior a la de sus pares varones. De esta manera, el techo de cristal y la división sexual del trabajo imponen roles, estereotipos y prejuicios de género que son internalizados por las mujeres generando un círculo vicioso que afecta a su confianza, autoestima e iniciativa personal que desmotiva y reduce la posibilidad de hacer carrera dentro de estas empresas.
También es sabido que el trabajo en el hogar y la maternidad son los principales andamios que configuran este techo de cristal. Es esta división sexual del trabajo la que permite que los hombres se perpetúen en los espacios laborales, brindándoles más experiencia, oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional, pero también sobrecargándolos con las presiones laborales y económicas que esto implica.
Esto es posible porque las mujeres son las más importantes y grandes sostenedoras de un sistema y de un mercado laboral de matriz patriarcal que las obliga a relegar en un segundo plano su carrera profesional para dedicarse a otro trabajo no remunerado: el del hogar. Las mujeres que son madres y en quienes recaen las tareas de cuidado, demandan mayor flexibilidad a través de licencias extendidas, prácticas como el flex time o home office y la reducción de horas que, en algunos casos, implica una reducción salarial e inseguridad laboral. El resultado: pocas mujeres se presentan a concursos en las empresas de medios o forman parte de listas en los sindicatos para acceder a cargos de mayor jerarquía, tienen menos posibilidades que los varones, y se quedan, en el mejor de los casos, en los mandos medios o en puestos desvalorizados, teniendo salarios inferiores a los de los varones.
Inequidad de género y posibilidades de transformación
Los datos obtenidos de esta investigación demuestran la persistencia de desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de las empresas de medios y de los sindicatos. Sin embargo, estos espacios revelaron, en su mayoría, un claro interés por revertir esta situación. Ahora el interrogante es ¿cómo lograr espacios laborales y de activismo gremial más igualitarios? ¿cómo transversalizar la perspectiva de género en empresas de medios, sindicatos e institutos de formación periodística?
Existen problemas estructurales que le compete al Estado contrarrestarlos. Sin embargo, es importante que haya una articulación y compromiso entre diferentes ámbitos. En primer lugar, es necesario que haya políticas públicas efectivas y con perspectiva de género que aborden y contrarresten las desigualdades estructurales de género.
En segundo lugar, se requieren políticas proactivas por parte de las empresas de medios de comunicación que impliquen la incorporación de perspectiva de género que se logren institucionalizar. Es decir, que se creen oficinas de género desde donde se implementen mecanismos para denunciar los casos de violencia de género, que visibilicen la problemática y le den un correspondiente tratamiento.
En tercer lugar, adquiere importancia la capacitación interna en temas de género, lo que involucra no sólo a sindicatos y empresas de medios, sino a las instituciones educativas dedicadas a la formación de profesionales de la comunicación. Estas instituciones tienen el rol de formar profesionales que luego construirán y comunicarán interpretaciones de realidades. Grandes avances se han visto en materia educativa respecto a la incorporación de la temática de género. Sin embargo, en el caso de Córdoba, si bien se está trabajando, queda pendiente la creación de planes de estudio con perspectiva de género y de materias obligatorias que traten la temática de forma puntual.
Por último, los sindicatos cordobeses deben potenciar su rol de voceros de trabajadoras/es de las empresas de medios, focalizándose en las presiones que deben realizar hacia estas empresas, en cuanto a la oferta de capacitaciones y protección de aquellas y aquellos a quienes representa, a fin de garantizar derechos e impulsar medidas superadoras a las ya existentes. Para que esto sea realidad, es necesario que estos espacios rompan también con sus propias estructuras internas machistas
En definitiva, la mayor presencia de mujeres y personas trans en las empresas de medios y en sindicatos, implica que también se implementen políticas públicas que apunten a alcanzar una equidad de género, la representación y diversificación y democratización de voces , la igualdad de oportunidades, la transformación en las lógicas sexistasimplicadas en la selección de personal y en el mismo mercado laboral, y la (de)construcción de espacios laborales amigables e igualitarios que eliminen la reproducción de violencias de género y la división sexual del trabajo.
Bibliografía y links:
Para ver el video completo del Conversatorio sobre la igualdad de oportunidades en medios de comunicación: https://www.facebook.com/FUNDEPS/videos/1791850930878652/
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La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.
A principios de 2016, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se realizó un informe llamado: “Violencia hacia las mujeres y políticas públicas de comunicación” que da cuenta del estado de las políticas públicas sobre comunicación y género en Argentina y de los órganos estatales que, hasta fines de 2015, estaban encargados de implementarlas. Ese informe se fundó en una extensa investigación que recopiló datos mediante pedidos formales, formulados en el ejercicio del derecho al acceso a la información; denuncias ante los órganos correspondientes en casos de violencia mediática y simbólica y entrevistas a integrantes de esos órganos y de organizaciones de la sociedad civil.
En 2018, realizamos un informe sobre la aplicación de tales políticas a partir de la asunción del actual gobierno nacional. En el mismo se analizan los principales cambios evidenciados en los últimos dos años, con base en la información obtenida a través de nuevos pedidos de información formulados ante los organismos correspondientes durante el año 2017 y mediante la realización de entrevistas y búsqueda de información a través de los canales oficiales de cada dependencia.
Los órganos estudiados son: ENACOM, Defensoría del Público, INAM, INADI, Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual.
Las medidas y políticas públicas implementadas por dichos organismos tuvieron modificaciones. Si bien algunas que pueden ser consideradas avances, muchas otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias, principalmente de los sectores vulnerables; tanto desde una perspectiva de género como del derecho a la comunicación como derecho humano.
El análisis realizado pretende dar cuenta de las transformaciones del campo de la comunicación, específicamente en lo que refiere a temas de género, durante los últimos dos años y a partir del cambio de gestión gubernamental en diciembre del 2015. En sintonía con los cambios que sucedieron a las políticas públicas de comunicación a partir de ese entonces, las áreas específicas vinculadas a género también atravesaron transformaciones que, si bien aún no están por completo definidas, implican para varios de los organismos un freno a los programas que se llevaban adelante y, a dos años de iniciada la nueva gestión, no está claro aún cuál será el rumbo que tendrán a futuro las políticas públicas de comunicación y género que se desarrollaron en Argentina a partir del 2010.
Principales conclusiones
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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
Sandra Chaher – sandrachaher@comunicarigualdad.com.ar
Junto a la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.
Informe realizado junto a Comunicar Igualdad, sobre la situación de las políticas públicas en género y comunicación para presentar ante la Comisión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés).
La CSW es un órgano dependiente del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que comenzó sus funciones en el año 1946, como el “principal órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”.
Se reúne de modo anual, y en dicho evento se encuentran los Estados miembros de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil y los órganos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU. En este espacio se debate y visibiliza las acciones de los Estados para cumplir con los compromisos asumidos en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995, su Declaración y Plataforma de Acción, y la 23ª Sesión Especial de la Asamblea General, celebrada en 2000 (Beijing +5). Asimismo, se tratan temas relevantes sobre la situación de las mujeres en todo el mundo
A partir de estas sesiones, los debates y acuerdos que surjan y los informes presentados, la CSW genera conclusiones y recomendaciones, que luego son enviadas al Consejo Económico y Social para su seguimiento.
El tema de revisión para la sesión 62° de la CSW, a realizarse en marzo de 2018 se centra en la “Participación y acceso de las mujeres a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su impacto y uso como instrumento para el adelanto y la potenciación de la mujer”.
Nuestro informe
Hace más de tres años, junto con Comunicar Igualdad, hemos monitoreado los órganos del Estado que deben aplicar las normas protectorias de las mujeres en los medios de comunicación.
Nuestra primera investigación se cristalizó en la publicación “Violencia de Género y Políticas Públicas de Comunicación”. Posterior a ello, las políticas relacionadas a género y comunicación sufrieron medidas regresivas, que lejos de mejorar lo ya logrado, han retrocedido en la función de garante de los derechos del Estado.
En el informe que presentamos ante la CSW, se presentaron tales medidas, como también se realizaron recomendaciones para lograr una mayor protección a las mujeres y a las audiencias de Argentina.
Entre las medidas regresivas que se mencionan en el informe, se puede mencionar:
– Defensoría del Público: No obstante la gestión eficiente y participativa del organismo, esto se ha visto interrumpido desde noviembre del año pasado, cuando la Comisión Bicameral que debería nombrar a la autoridad máxima de la Defensoría, decidió no designar a nadie al finalizar el mandato de la primera Defensora del Público, Lic. Cyntia Ottaviano. En la actualidad, la DPSCA se encuentra en situación de irregularidad y sin capacidad para realizar actividades que superen las meras comunicaciones formales y administrativas. Esto limita que se tomen medidas integrales en casos de violencia mediática por motivos de género o cualquier otro. Esta situación agrava aún más el incumplimiento de Argentina sobre las recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW, en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina realizadas en 20167, especialmente en su apartado 19, punto “d”, en el que insta a que se “modifique la Ley 26.522, de 10 de octubre de 2009, sobre los Servicios de Comunicación Audiovisual, a fin de empoderar al Ombudsman para que castigue las violaciones de las disposiciones relativas a los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”.
– ENACOM: A partir del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 13/2015, 236/2015 y 267/2015, se creó un nuevo órgano, el ENACOM, que desplazó a la AFSCA, quedando la misma subsumida en aquel organismo, junto con sus facultades y funciones. En flagrante violación a los compromisos internacionales, y realizando acciones regresivas en cuanto a la tutela de los derechos de las audiencias, se pasó por alto a la ley, y se desguazó el andamiaje protectorio creado.
Estas acciones del nuevo gobierno, se superpusieron con la disminución del presupuesto del ENACOM, y una preocupante incertidumbre sobre cómo quedará dispuesta la nueva política pública regulatoria de los medios de comunicación. A partir de finales de 2015, no existieron sanciones con respecto a los contenidos violentos emitidos en los medios, como tampoco respuesta formal alguna a los pedidos de información realizados por las organizaciones de la sociedad civil al respecto.
– Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión: El Observatorio como organismo tripartito fue disuelto en el 2017, aunque aparentemente no realizaba sus funciones habituales desde enero del 2016, sumándose a la desestructuración generalizada sobre las políticas públicas protectorias en género y comunicación.
– Consejo Nacional de Mujeres: A partir del año 2016, el Consejo Nacional de las Mujeres asumió un rol más activo en relación a la atención de casos de violencia simbólica y mediática y a inicios del 2017 fue creado el Observatorio para la Violencia Simbólica y Mediática -organismo bipartito integrado por el Consejo Nacional de las Mujeres y el Ente Nacional para las Comunicaciones (ENACOM)-. En lo que va del 2017, el Observatorio intervino en 17 casos de violencia mediática de oficio o a pedido de denunciantes. La intervención en la mayoría de ellos fue realizando un informe de análisis de la situación discriminatoria y estigmatizante y enviando el mismo a los medios de comunicación.
– Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual: Desde su creación, en 2011, hasta diciembre del 2015, la OM logró que el 85% de los medios gráficos monitoreados (110 de todo el territorio nacional, con cobertura nacional, regional y local) cumpliera con la normativa vigente dejando de publicar avisos de oferta sexual con expresiones degradantes y discriminatorias hacia las mujeres por parte de la totalidad de medios relevados. También realizaba capacitaciones y conferencias en todo el país visibilizando la problemática de la violencia mediática a través del soporte específico de los medios de comunicación, y colaboraba con el Poder Judicial brindando datos sobre personas y redes que publican avisos para las causas sobre trata de personas para explotación sexual.
Desde diciembre del 2015 no ha vuelto a publicar informes sobre su accionar.
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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
La Defensoría del Público, organismo encargado de recibir denuncias de las audiencias activas en casos de violaciones de derechos, ha recibido anteriormente premios internacionales. Entre ellos, se encuentra el otorgado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA. En esta ocasión, se le concedió el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva”. Este galardón es
“…una iniciativa del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, cuyo objetivo principal es reconocer, incentivar, sistematizar y promocionar las innovaciones en gestión pública que se vienen realizando en la región con el propósito de contribuir a que las instituciones públicas sean cada vez más transparentes, efectivas y cuenten con mecanismos de participación ciudadana.”
La institución era uno de los principales actores en mapa de políticas pública proteger a las mujeres contra la violencia simbólica y mediática, además de proteger a las audiencias en general. A través de reclamos, o actuando de oficio, emitían dictámenes frente a contenidos que ejercieran violencia mediática y realizaban actividades, como reuniones y capacitaciones, o instancias de mediación, con las productoras de dichos contenidos a los fines de sensibilizar y dar pautas para producir contenidos no sexistas.
No obstante, esta gestión eficiente y participativa del organismo se ha visto interrumpida desde noviembre del año pasado, cuando la Comisión Bicameral que debería nombrar a la autoridad máxima de la Defensoría, decidió no designar a nadie al finalizar el mandato de la Lic. Cyntia Ottaviano. Tal como habíamos mencionado en notas anteriores, el organismo aún se encuentra en situación de irregularidad y sin capacidad para realizar actividades que superen las meras comunicaciones formales y administrativas. Esto limita que se tomen medidas en casos de violencia mediática por motivos de género o cualquier otro, además de que no le permite a la Defensoría hacer pronunciamientos sobre la calidad de los contenidos denunciados.
Aún no hay certezas sobre qué ocurrirá con la Defensoría. En este contexto, es importante recordar que el CEDAW, en sus observaciones finales a Argentina, recomendó:
“Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”.
En este sentido, la situación institucional va en detrimento de lo recomendado según los estándares internacionales.
Más información
– La OEA distinguirá la tarea de la Defensoría por la promoción de la equidad de género | Defensoría del Público
– Preocupante situación de la Defensoría del Público | FUNDEPS
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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
Hace tres meses que la Defensoría del Público se encuentra acéfala, circunstancia que deja al organismo imposibilitado para realizar plenamente las funciones asignadas en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta situación contraría las recomendaciones del Comité de la CEDAW y agrava la situación de vulnerabilidad de los derechos de las audiencias.
La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, que nació junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un organismo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática en los medios.
Como comunicamos anteriormente, esta dependencia del Estado se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre del pasado año cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente.Al día de la fecha, el organismo elevó una petición para que la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, sea la máxima autoridad en esta etapa transitoria. De igual manera y dado que el rol de Guembe no goza de todas las facultades, el organismo permanece acéfalo, y por lo tanto, carente de operatividad.
La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. De esta manera, la acefalía vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Esta situación que ya se ha prolongado por casi 3 meses, no obstante continúa trabajando, recibiendo y canalizando reclamos.
Denuncias realizadas desde FUNDEPS
Durante el 2016, desde FUNDEPS, hemos realizado varias denuncias al organismo, destacando las realizadas al canal televisivo TYC Sports y al programa “Majul 910” por Radio AM 910.
En diciembre del año pasado, recibimos una notificación telefónica sobre el estado del reclamo realizado por una publicidad institucional del canal televisivo TyC Sports, en el mes de septiembre. En dicha publicidad, se muestra una conversación entre una pareja heterosexual, en la que se reproducen estereotipos de la división sexual del trabajo, así como también de relaciones de poder dentro de las parejas. Ante este reclamo, la Defensoría reconoció y mencionó los estereotipos que reproducen los medios y resaltó lo positivo de las audiencias manifestando conformidad respecto a los mensajes construidos. Por esta denuncia, se realizó una comunicación al canal de televisión, que no fue respondida. Nosotrxs recibimos una respuesta formal escrita en la que se menciona que:
“En su informe sobre la pieza la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de esta Defensoría señaló que «recibe los comentarios expresados en la consulta como un indicio de la legítima disconformidad de las audiencias con la reiteración acrítica de representaciones estereotipantes que, además, no se corresponden con la diversidad social actual en materia de composiciones familiares y de asignación de roles al interior de las familias”
Por la grave situación que atraviesa el organismo, no fue posible tomar otras medidas. Además, en noviembre del pasado año hemos realizado una denuncia por el programa radial “Majul 910” en Radio La Red AM 910 en el que, bajo el lenguaje pretendidamente “humorístico”, se reproducen estereotipos y apologías a la violencia de género.
En este caso, la Defensoría también reconoció la legitimidad del reclamo e informó que la empresa RED CELESTE Y BLANCA SA, titular de LR5 Radio La Red AM 910 respondió a la denuncia:
«…los comentarios esgrimidos por el humorista Claudio Rico han sido realizados exclusivamente con animus iocandi y que el mismo nunca tuvo el objetivo de ofender a las mujeres ni llevar adelante un estereotipo de belleza que resulte ofensivo y opresivo para las mujeres. Mucho menos ha sido el objetivo de ‘ LA RED’ difundir un mensaje de violencia mediática como se señala en la presentación».
Por último, la Radio expresa: «En tal sentido (…) es que tomamos debida nota de la misma y procederemos a comunicar los términos de la misma a los conductores, participantes y productores del Programa “Majul 910”.
Al no poder tomar mayores medidas ni expedirse sobre la calidad de los contenidos emitidos, las denuncias realizadas a la Defensoría del Público han perdido fuerza y legitimidad, y quedan en manos de la voluntad de los medios denunciados.
En este contexto de gran incertidumbre, es importante recordar que el CEDAW, en sus observaciones finales a Argentina, recomendó “Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”. Frente a esto, la situación institucional de la Defensoría del Público, es aún más grave. Las recomendaciones internacionales se orientan a darle más competencias al organismo, que actualmente ve limitado su funcionamiento, limitación que se constituye como una situación regresiva que disminuye el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática, como de las audiencias en general.
La reproducción de estereotipos de géneros en los medios de comunicación son una forma de violencia mediática y simbólica, de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Individual. Los organismos como la Defensoría del Público son fundamentales para velar por la producción de contenidos y programación en los medios que no fomenten la cultura de la discriminación y la violencia. Dada la gravedad del caso, expresamos nuevamente nuestra preocupación por la vulneración de los derechos de las audiencias y exigimos que la situación sea subsanada la brevedad.
Más información
– Observaciones de CEDAW para el Estado Argentino
– Riesgo de Continuidad Defensoria
– Nota de Opinión en Pagina 12: «Retroceso en políticas de género»
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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org
En el programa “Majul 910” que se emite por Radio La Red, en el día martes 18 de octubre, un día antes de la marcha y paro realizados en toda Argentina tras el femicidio de Lucía Pérez, y bajo el lema #MiércolesNegro, un humorista realizó una cadena de chistes atravesados por un estereotipo de belleza que resultan ofensivos y opresivos para las mujeres.
Luego de comentarios del tipo “(…) mire Majul, mi mujer es tan fea que tuvo que hacer una representación de La Bella y la Bestia y de Bella hizo un tipo”, finalizó: «Mi mujer es tan fea que la agarraron unos violadores y, en la oscuridad, la vistieron«, ironizó mientras los periodistas festejaban el comentario, y la artística de la radio acompañaba con sonidos jocosos y reidores de fondo.
Este tratamiento de la información, infringe lo expresado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la programación debe evitar los contenidos que promuevan actos discriminatorios y violentos hacia las mujeres. Es menester recordar que según el Código Penal argentino, el acto de violentar sexualmente a una persona está tipificado en el artículo 119 y constituye un delito propiamente dicho.
Este tipo de contenidos difundidos en los medios de comunicación constituyen formas de maltrato y violencia simbólica, en las cuales se crean imaginarios y se reproducen mandatos culturales que son formas de opresión y dominación hacia las mujeres.
Por ello, hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.
El chiste, pretendidamente inocente, satiriza un delito contra la integridad sexual basándose en el no cumplimiento de un mandato: la belleza. Es inaceptable la reproducción de estos dichos, en cualquier medio de comunicación, principalmente en este contexto social trágico hacia las mujeres, evidenciado por los gravísimos actos de violencia y femicidios visibilizados en los últimos años.
Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos. Estos dichos son sumamente peligrosos y resulta inaceptable su mera existencia. La violencia hacia las mujeres es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, donde los medios de comunicación tienen una enorme tarea que realizar.
Por último, se advierte la preocupación por la falta de pronunciamiento formal por parte de la Defensoría del Público y del ENACOM, tras haber pasado más de dos meses de la realización de las denuncias correspondientes. Desde FUNDEPS continuamos con el seguimiento de los procesos abiertos, a fin de continuar con el monitoreo del funcionamiento de esos órganos.
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Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org
Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
En el sitio Infobae, se publicó con una nota titulada “Roles invertidos: ¿la mujer se volvió más masculina en las relaciones?”, en la que se incurre repetidas veces en comentarios estereotipadores y discriminatorios, y se ejerce violencia simbólica hacia la mujer. A partir de esto, se hizo una consulta con INADI, que no tuvo resultado concreto.
La noticia en cuestión se desarrolla a partir de una entrevista realizada a una psicóloga, que si bien destaca los avances de las mujeres en el campo profesional, entiende que esos son espacios reservados a los varones, usurpados por las mujeres, ubicándolas en las tareas relacionadas al hogar y al cuidado. Esto queda en evidencia en sus dichos: «Según la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, la mujer de hoy está descolocando al hombre de su lugar. Le cuesta ubicarse en el rol correcto. ‘La mujer puede y debe tener actividades en todas las áreas, pero desde el rol de mujer. Si se ‘masculiniza’, pierde su capacidad intuitiva e intelectual’.»
Resulta preocupante que se continúe pensando que el campo laboral y profesional, así como las tareas de provisión de recursos económicos en el hogar, son exclusivamente masculinas, y a las mujeres «masculinizadas«, cuando forman parte de esos espacios o se apropian de dichas tareas.
Asimismo, se hacen repetidas referencias a la importancia de no perder las características típicamente «femeninas«, como la sensibilidad o la intuición. Asimismo, se realizan comentarios denigrantes, como la referencia a las mujeres como electrodomésticos: “Es multiprocesadora, hace de todo, es múltiple”.
Este tipo de opiniones y comentarios reproducen los patrones socioculturales de conducta que estereotipan, discriminan y subordinan a las mujeres, exigiendo que se reserven a determinados espacios y cumplan ciertas características para ser consideradas como tales. Además, al ser una persona posicionada en un espacio de autoridad por sus calificaciones profesionales, se entiende que la psicóloga es referente en temas de género y por ende, sus dichos tienen más influencia en el/la lector/a.
Los actos descriptos tienen su raíz en condiciones sociales de desigualdad sufridas por las mujeres, arraigadas en la sociedad, con un fuerte contenido simbólico que refuerza tales condiciones.
Frases enunciadas por la entrevistada como «el rol de la mujer en la sociedad es ser mujer«, promueve la idea de que varones y mujeres tienen roles determinados sólo por el hecho de ser el uno o el otro. Además, es preocupante la falta de reflexión sobre las luchas de los movimientos de mujeres, que lograron luego de décadas de activismo una progresiva igualdad ante la ley entre varones y mujeres, visibilizando las barreras que ellas tienen para acceder a puestos de trabajo o participación en la vida profesional.
El proceso de denuncia
A partir de los hechos, se decidió realizar una presentación frente a INADI, ya que este es un hecho de discriminación hacia las mujeres, ocurrido en un medio digital. Utilizamos el proceso de consulta por discriminación, el más accesible en la página web del organismo. A partir de comunicaciones telefónicas, hicimos el seguimiento de nuestro reclamo, que fue derivado a la Plataforma por una Internet libre de discriminación. Posteriormente, fue presentado frente al medio productor del contenido discriminatorio, como una inquietud pero sin ninguna obligación, por lo que no se modificó la nota ni se la retiró del sitio web. Frente a esto, INADI no tomó cartas en el asunto y el caso quedó en mera consulta. El mecanismo virtual, entonces, prueba no ser efectivo, ya que los reclamos no adquieren carácter de denuncia.
A fin de que el INADI realice su efectivo pronunciamiento, los reclamos deben presentarse como denuncias, las cuales deben realizarse personalmente frente a una delegación del INADI. Cabe recordar, en este punto que el Estado argentino está obligado a llevar adelante medidas contra la discriminación hacia las mujeres, no sólo por la legislación local, sino también por los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y con jerarquía constitucional, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará.
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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org
El pasado 4 de octubre se galardonó a la Defensoría del Público de Servicios de Comuncicación Audiovisual con el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, nada garantiza la continuidad de esta excelente institución y sus acciones efectivas.
Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.
Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género.
Sumado a ello, este 14 de noviembre culmina el período de la Defensora Cynthia Ottaviano, cuyo mandato ha sido ejemplar. Sin escuchar el apoyo del Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias y del sinnúmero de organizaciones que lo han solicitado, la Comisión Bicameral ha anunciado que ella no continuará su mandato, pero tampoco ha revelado quien será su sucesor/a.
Esta situación sólo da muestra del riesgo que está corriendo la Defensoría del Público como institución. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el ENACOM con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones, y el «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019», son poco esperanzadoras.
Es por ello, que desde FUNDEPS apoyamos y solicitamos firmemente, que continúe la Defensoría del Público como uno de los pilares que protege a las audiencias y sus derechos desde el Estado argentino.
Desde nuestro trabajo realizado en relación a la violencia de género y políticas públicas de comunicación, recordamos la necesidad de evitar medidas regresivas que disminuyan el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática.
A sabiendas del riesgo, continúan trabajando de modo ejemplar
En el programa “Ruta 840” que se emite por Radio Salta de 11 a 13 horas, el día Jueves 19 de octubre, un día después de la multitudinaria marcha por #NiUnaMenos los conductores llevaron adelante un diálogo con alto contenido misógino y homofóbico.
Durante el programa los conductores expresaron una postura discriminatoria y estigmatizante en la que abundaron conceptos negativos sobre las mujeres, haciendo hincapié en una catalogación del ser humano por cuestiones estrictas de elección sexual.
Dichos como ser “mujer -mujer” o “mujer cotidiana” refuerzan estereotipos de género que resultan estigmatizantes y reproductores de relaciones opresivas de poder. Promueven la construcción de lo que debe ser una “mujer buena”, que si protesta, se moviliza o se politiza, deja de ser “mujer-mujer”. Decir “maricas mala, resentidas”, además de ser un claro insulto a todo un colectivo, su mención excluye a las lesbianas de la categoría de mujer. A esto se suma el decir que “son agresivas naturalmente” dichos altamente ofensivos, homófobos y discriminatorios.
Todas las expresiones que han sido manifestadas son un claro ejemplo de actos de violencia mediática y simbólica, de conformidad con la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también violan la Ley 23.592, que protege en contra de los Actos Discriminatorios.
Es por ello, el equipo de FUNDEPS realizó las denuncias correspondientes ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.
A partir de dicha denuncia, la Defensoría del Público, en un plazo no mayor a dos semanas, hizo lugar a lo solicitado y tomó inmediata acción. En este marco, se reunieron con productores/as y los conductores del programa, quienes fueron informados de las faltas en las que incurrieron y posibles formas de reparación.
El director de la emisora se comprometió a difundir información sobre los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, y acordó la posibilidad de emitir spots sobre estas temáticas, poniendo a disposición las inmediaciones de la radio para grabarlos.
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Emilia Pioletti, integrante del Eje Género.
Estuvimos presentes en la 65ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que se presentó el resultado del trabajo realizado sobre violencia de género y políticas públicas de comunicación. Este informe fue realizao por FUNDEPS, junto con la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, enfocándose en el grado de cumplimiento de Argentina del artículo 5 de la Convención, que compromete a los Estados a la eliminación de los patrones socioculturales que perpetúen la inferioridad de la mujer en comparación al hombre.