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Gasoductos Troncales y la dificultad para acceder a información pública en la provincia

Con motivo de la finalización de la Obra de Gasoductos Troncales en la provincia de Córdoba, el año pasado realizamos 5 pedidos de información a dependencias provinciales. Al no obtener ninguna respuesta, presentamos un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Las dificultades que hemos encontrado para acceder a información sobre este proyecto han sido constantes desde el inicio del mismo.

Desde el año 2014, hemos realizado diversas solicitudes de información sobre este emblemático proyecto tanto al Gobierno Provincial, como al Gobierno Nacional. Con motivo de la finalización del proyecto, el año pasado entre Agosto y Octubre realizamos una serie de pedidos de información a tres dependencias de la Provincia de Córdoba involucradas directa o indirectamente en el proyecto, a saber: la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -ACIF-, el actual Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y a la actual Secretaría de Ambiente, ex. Min. de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

A fines del 2019, al no haber obtenido respuesta de ninguna de las dependencias provinciales por los pedidos de información realizados y habiéndose finalizado el plazo de respuesta, decidimos realizar un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente. 

Es importante aclarar que una vez que los organismos provinciales reciben una solicitud de información tienen 10 días para responder y solo puede prorrogarse por 10 días más siempre y cuando se informe dentro del plazo. Ante respuesta incompleta o falta de respuesta, como fue en este caso, se puede presentar un pronto despacho. Este recurso es el mismo pedido de información, pero se detalla la fecha y los detalles del pedido que se había realizado, sumado a un apercibimiento de iniciar acciones legales, es decir un amparo por mora. Cualquier dependencia provincial posee un plazo de 10 para responder el pronto despacho, con posibilidad de prorrogarlo 10 días más al igual que con las solicitudes de información. En nuestro caso, el pronto despacho fue realizado a mediados de diciembre del 2019, sin embargo la Secretaría de Ambiente nos respondió recién en febrero de 2020, es decir el plazo estaba más que vencido. 

Gracias al pronto despacho realizado, recibimos la respuesta del pedido de información realizado en agosto de 2019. En el pedido se solicitó información sobre el trazado definitivo del proyecto, localidad y cantidad de habitantes, comercios e industrias beneficiados por las obras y el estado de situación del proyecto. Acorde a la información brindada, la totalidad de los Sistemas Regionales se encuentran finalizados con recepción provisoria y/o definitiva de obra. 

Además, consultamos sobre las empresas y/o Unidades Transitoria de Empresas (UTEs) que participaron del proyecto como también cuáles eran los detalles y las características del plan de conexión de la unidades domiciliarias a los Sistemas Troncales  Respecto a esta última consulta, la dependencia provincial respondió que mediante Convenio protocolizado N° 024/2017 suscripto por la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. fue aprobado el “Fondo para el Financiamiento de las Redes Domiciliarias de Gas Natural”. En ella se establecieron las pautas y exigencias que deben cumplir los municipios que adhieran para permitirle a los vecinos la posibilidad de obtener financiamiento para afrontar los costos de la conexión al gas natural en las redes domiciliarias. En línea con lo anterior, se consultó sobre el origen del financiamiento del Plan Provincial Conectar Gas Industria que posibilita la conexión al servicio de gas natural a Comercios, PyMES, Industrias, Parques Industriales, entre otros. Este Programa tiene una línea de financiamiento del Banco de Córdoba de $200.000.000, monto que es prestable hasta el 100% del valor de la obra de acuerdo con la clasificación del cliente. También, el Programa tiene financiamiento de $100.000.000 del Consejo Federal de Inversiones. 

La mayor parte de la información solicitada ya había sido solicitada previamente  en solicitudes de información que realizamos en años anteriores pero en los que no obtuvimos respuesta alguna. Información que hubiera sido óptima tenerla mucho tiempo antes. 

La falta de respuesta en las solicitudes de información como el incumplimiento de los plazos estipulados por la Ley Provincial  8803 de Acceso a la Información Pública (denominada Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) deja entrever, nuevamente, no solo la gran dificultad existente en la actualidad para poder acceder a información de carácter público en manos del gobierno de la Provincia, sino también lo desactualizada que se encuentra esta ley que data del año 1999. En consecuencia, el año pasado junto a organizaciones sociales solicitamos a través de un documento  la actualización de esta Ley provincial de acuerdo con los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. 

El Acceso a la información pública es una derecho humano que fortalece la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública y la gobernabilidad democrática. Por ello, es necesario actualizar la Ley provincial en esta materia en pos de solucionar las falencias que posee incorporando los más altos estándares y garantizando mecanismos de control que supervisen su cumplimiento. 

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  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli

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Argentina, ¿seguirá apostando por la modalidad de contrato APP?

Con la ley 27.328 aprobada en el 2017 sobre la modalidad de contrato de Participación Público Privada, el anterior Gobierno argentino pretendía, entre otros objetivos, reducir el déficit en infraestructura del país, a la vez que apalancar la inversión privada. Tras haberse confirmado tan sólo un puñado de proyectos de los inicialmente planteados, y teniendo en cuenta las críticas existentes en otros países y regiones respecto a este tipo de contratación, la pregunta que surge es qué tan efectiva ha resultado hasta el momento esta modalidad de contratación, y qué decisión tomará el nuevo Gobierno respecto a la continuidad o no tanto de los proyectos confirmados y  pendientes; como de la propia decisión de impulsar las APPs para potenciar la infraestructura en el país. 

La modalidad de contrato de Asociaciones Público Privadas (APPs) o Participación Público Privada  (PPP) son acuerdos a mediano o largo plazo entre el Estado y una empresa del sector privado. Las APPs se aplican a proyectos relacionados con la infraestructura pública y la provisión de servicios sociales que tienen déficit en su financiamiento. Por lo que,  junto a agentes privados y gubernamentales participa en la provisión de servicios como agua, transporte, infraestructura vial, energía, entre otros. (Más información sobre APPs)

La necesidad de capital, tecnología y recursos ha sido y es necesario en nuestro país debido al déficit que existe en  infraestructura. Por ello, la modalidad de contrato APPs se ha presentado como una alternativa para terminar o disminuir este desbalance.  Desde el año 2000, Argentina cuenta con un marco legal que regula las APP, uno es el Decreto N°1299 del año 2000 y el otro es el Decreto N° 967 del año 2005. Sin embargo, debido a los cambios en la economía internacional, estos instrumentos quedaron obsoletos, por lo que en 2017 se aprobó una nueva ley que se encarga de regular la aplicación de la PPP, la Ley N° 27.328 y su Decreto 118/2017. La diferencia entre este instrumento y los anteriores, es que el actual excluye o limita las prerrogativas de derecho público de la Administración como la capacidad de modificar de manera unilateral el contrato, imposibilitando al contratista privado la posibilidad de invocar el incumplimiento del Estado para suspender sus prestaciones, entre otros.

La Subsecretaría de PPP es el órgano encargado de regular este tipo de modalidad de contrato. Esta dependencia, antes de la asunción del actual gobierno, tenía a su cargo 5 Direcciones Nacionales: la Coordinación Ejecutiva de Proyectos de PPP, de Proyectos de Energía y Minería, de Proyectos de Transporte, Comunicaciones y Tecnología, la de Proyectos de Agua, Saneamiento y Vivienda, y la de Salud, Justicia y Educación. Actualmente, con motivo del cambio de gobierno, se están llevando a cabo modificaciones en esta dependencia. Por lo que ahora, la Subsecretaría de PPP tiene a su cargo 3 direcciones nacionales: la dirección nacional de Información y seguimiento de proyectos de PPP, la dirección nacional de Evaluación Técnica de proyectos de PPP y la dirección nacional de Análisis Legal y regulatorio de proyectos de PPP.

Es importante mencionar, que también se implementó el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (MRAN) en la Licitaciones PPP que colabora con la Oficina Anticorrupción. Este mecanismo es una herramienta de prevención de la corrupción y/o de comisión de irregularidades éticas. Pretende proporcionar a las compañías del sector privado y otras partes que se encuentren participando del proceso licitatorio, un canal confiable, específico y conocido por todos para reportar situaciones de alerta como comportamientos anti-éticos y oferta de sobornos. 

En cuanto a los proyectos, una vez que la ley entró en vigencia, se presentó un Plan del gobierno argentino que contemplaba la realización de 60 proyectos de PPP entre 2018-2022 por un valor de USD 26 mil millones. En este marco, desde Fundeps se han realizado pedidos de información al Estado nacional para consultar por mayor información sobre esta modalidad de contrato como la estructura organizativa que lo avala,  los entes encargados de realizar el monitoreo, y cuáles son los proyectos que se encuentran en marcha y en qué sectores. 

Uno de los proyectos de mayor envergadura que se está desarrollando actualmente es la ‘Red de Autopistas y Rutas Seguras PPP- Etapa 1’ que comenzó en junio de 2018, adjudicándose a Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del diseño, construcción, ampliación, mejora, reparación, remodelación, operación, mantenimiento y explotación comercial de distintos Corredores Viales Nacionales. Solo por mencionar, en este proceso se contó con la participación de 10 consorcios compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales que presentaron 32 ofertas en total. 

Sin embargo, al consultar por la participación en este tipo de proyectos  de alguna de las instituciones financieras internacionales como el BID, BID Invest o Banco Mundial, desde Nación no pudieron brindarnos tal información, a pesar de que existen en las propias páginas web de dichas instituciones, información vinculada a la realización de obras con ese tipo de modalidad. 

Sin dudas, el poco tiempo de vigencia del nuevo régimen, así como su escasa implementación en tan solo un puñado de proyectos al día de la fecha, sumado al contexto de crisis económica que ha atravesado el país en los últimos años, hacen imposible poder hacer un balance certero acerca de qué tan efectiva o no ha resultado esta modalidad de contratación para alcanzar los objetivos planteados.  

Con el nuevo gobierno, habrá que hacer seguimiento a los proyectos que están en marcha y observar qué posición tomará de acuerdo a los proyectos que aún restan por comenzar, ya que el paquete de proyectos abarca desde el año 2018 a 2022. A su vez, cabe plantearse si el nuevo gobierno seguirá los pasos de su antecesor, buscando impulsar este tipo de modalidad de contratación para llevar adelante obras de infraestructura y atraer la inversión privada o si, por el contrario, recurrirá ya sea a opciones más tradicionales que se sustenten en una fuerte participación y financiamiento del sector público; o replanteando de alguna forma la modalidad APP.

Independientemente de ello, y contando ya con una legislación que permite este tipo de modalidad de contratación, desde Fundeps consideramos prioritario que, a la hora de pensar e impulsar este tipo de proyectos se tomen en consideración los problemas y déficits que han tenido en el pasado y tienen actualmente las APPs en otros países de la región y el mundo. Problemas que se encuentran ampliamente documentados y que pueden servir como lecciones aprendidas para evitar los perjuicios y potenciar los beneficios de esta modalidad de contratación para potenciar la infraestructura nacional.

*La información brindada ha sido modificada de acuerdo a la página web de Jefatura de Gabinete donde la nueva gestión de Gobierno ha modificado la cantidad de direcciones nacionales. Es importante aclarar que aún se encuentran actualizando los contenidos del sitio de acuerdo al Decreto 7/2019.

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Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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La Participación Público Privada en Argentina

En el presente documento se brinda un panorama resumido sobre qué son las Asociaciones Público-Privada (APP), cómo funcionan en Argentina, cuáles son los principales proyectos con este tipo de contratación y cuál es el balance que se puede realizar sobre las APPs.

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El rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda Verde

El artículo plantea un abordaje del financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, procurando analizar en qué medida el rol que juega el recientemente creado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) como “motor financiero” de la Iniciativa, representa (o no) una oportunidad para dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos de infraestructura llevados adelante en el marco de la “Nueva Ruta de la Seda Verde”.

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Argentina sigue apostando por las centrales nucleares con financiamiento chino

El Primer Plan Quinquenal Integrado firmado entre Argentina y China para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021), contiene 16 proyectos a desarrollarse en el país. Dentro de éstos se encuentran la construcción de dos centrales nucleares. La elección de construir plantas nucleares en vez de invertir en energía eólica y solar, produce ciertas inquietudes por los riesgos que implica la energía nuclear.

El fortalecimiento de la relación sino-argentina se observó con la firma del Primer Plan Quinquenal (2017-2021) entre ambos actores, el cual incluye 16 proyectos a llevarse a cabo en el país con financiamiento chino. Uno de los proyectos que genera cuestionamientos económicos, pero sobre todo ambientales, es el de la construcción de dos centrales nucleares, Atucha III y IV.

En torno a las centrales nucleares hay opiniones a favor y en contra. Hay defensores de este tipo de energía por las bajas emisiones. Sin embargo, cada vez hay una mayor cantidad de opositores a la energía nuclear por sus impactos al medio ambiente, el riesgo que significa y lo costosa que es en relación a la energía eólica y solar.

Nuestro país cuenta con tres reactores nucleares, el primero, Atucha I, fue construida en 1974; la segunda central es la de Embalse que comenzó a operar en 1984 y la tercera central fue Atucha II, la cual comenzó a funcionar en el sistema nacional a partir del año 2014. La energía de tipo nuclear representa en el país el 6% de la matriz energética.

El acuerdo de la construcción de dos centrales nucleares data desde el gobierno de Cristina Kirchner, quien acordó su construcción con China en el año 2015. Cuando asumió Macri como presidente, se puso en duda la efectividad de este tipo de energía; sin embargo se ratificó el acuerdo con China sobre la construcción de las centrales nucleares (Atucha III y IV). A pesar de ello, por la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno tuvo que optar por construir una sola central para que el tamaño del préstamo no sea tan grande y el país pueda afrontarlo.

Así, se construirá la central nuclear Atucha III que sumará a la red 745 megavatios y estará localizada en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. El contrato para la construcción de esta central incluye un préstamo de China por $10.000 millones de dólares, lo cual cubre el 85% de los costos de construcción; el restante será invertido por Argentina.

En un primer momento, cuando se firmó el acuerdo, los gobiernos de ambos países manifestaron la importancia de firmar los contratos antes de septiembre de 2017, y, en consecuencia, comenzar la construcción de una de las centrales ese mismo años y de la segunda en el 2019. Sin embargo, ninguno de estos hechos sucedió. 
Este Plan Quinquenal tiene por propósito aumentar la complementariedad, la cooperación y beneficios en el sector de las infraestructuras, contribuyendo al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y de las naciones de ambos países.

El financiamiento chino ha crecido notablemente en América Latina y el Caribe, y Argentina no ha sido la excepción a este crecimiento. Las relaciones entre ambos países ha evolucionado de tal manera que China tiene importancia como prestamista bilateral, donde la mayor cantidad de préstamos se ha destinado a infraestructura y proyectos energéticos.

Desde Fundeps se realizó a principios de año un pedido de información al gobierno Nacional por el Primer Plan Quinquenal entre China y Argentina, haciendo hincapié en la construcción de las centrales nucleares. Las principales cuestiones que se consultaron fueron acerca de las modalidades y características del financiamiento que acordó el gobierno argentino para financiar las obras que contempla el Primer Plan Quinquenal; las dependencias, funcionarios y demás actores involucrados.

En cuanto a la construcción de las centrales nucleares, tema de relevancia en la solicitud de información, se solicitó el estado de construcción de las centrales nucleares, cuáles han sido los lineamientos sociales y ambientales de las instituciones que se encuentran involucradas en el proyecto, cuáles eran los lugares preseleccionados  y seleccionados para realizar la construcción, los estudios que se efectuaron para seleccionar el lugar de construcción de las centrales y, si ha habido evaluación de impacto ambiental (EIA) como si hubieron instancias de participación ciudadana. 

Si bien la solicitud fue respondida fuera de término (julio), no se respondieron de manera efectiva las preguntas realizadas al Ministerio de Energía y al de Hacienda. Solo por mencionar algunas cuestiones de la respuesta a la solicitud, no se brindaron los documentos de la EIA, muchos menos los estudios realizados para seleccionar a Lima, (provincia de Buenos Aires)  como el lugar para la construcción de la central nuclear. En líneas generales, las respuestas a las preguntas realizadas fueron escuetas, y la mayoría, por no decir todas, no brindaron los datos solicitados por Fundeps. 

En materia de acceso a la información a nivel nacional se ha avanzado, ya que como ciudadanos se pueden realizar solicitudes de información a través de la web. Sin embargo, todavía queda por hacer mucho trabajo en materia de gobierno abierto, ya que las respuestas a las solicitudes de información eluden la raíz de la pregunta que se realiza. No se encuentra mucha información disponible y, tampoco, al solicitar a las entidades responsables, se obtiene la información que se requiere. 

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Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Expusimos en el Congreso Nacional ALADAA sobre el rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda

El 23 de agosto pasado, Fundeps participó del Congreso Nacional ALADAA en el marco de la agenda del área de Gobernabilidad Global sobre inversiones chinas en América Latina

El pasado 22 y 23 de agosto del 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto el IX Congreso Nacional de ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) Argentina “Culturas en Movimiento: Potencialidades y Desafíos en la Globalización. Asia y África desde América Latina”. Fundeps participó presentando un trabajo titulado “El rol del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) en la Nueva Ruta de la Seda Verde”, el cual fue expuesto por el voluntario del área de Gobernabilidad Global, Mariano Camoletto.

El artículo aborda el financiamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, analizando el rol del AIIB como motor financiero de la misma. Además, explora si el financiamiento a través del AIIB representa una posibilidad de dotar de mayor sustentabilidad ambiental y social a los proyectos implementados en el marco de la Nueva Ruta de la Seda (también conocido como la Iniciativa de La Franja y la Ruta), el mega proyecto a escala global impulsado por China.

El AIIB, cuya sede se encuentra en Pekín, se creó en 2015 por iniciativa de China y cuenta actualmente con más de 100 miembros, entre los que se encuentra Argentina. El banco tiene como propósito contribuir al desarrollo económico y social de Asia con el enfoque puesto en la infraestructura sostenible, la movilización de capital privado y la conectividad. Para su cumplimento, el AIIB cuenta con una cartera de 100 mil millones de dólares y la estrategia se basa en el concepto Lean, Clean and Green a través del cual el banco busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente.

En cuanto a las políticas operacionales del banco, las más importantes son el Marco Ambiental y Social y el Mecanismo de Rendición de Cuentas. En cuanto al primero, fue aprobado en el 2016 y tiene como propósito ayudar al banco y sus clientes a alcanzar resultados positivos de desarrollo ambiental y socialmente sostenible en sus proyectos, además de exponer los objetivos institucionales para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales en los proyectos financiados por el banco. Asimismo, el cumplimiento de éstas políticas son de carácter obligatorio para poder acceder al financiamiento del banco.

En lo que respecta al Mecanismo de Rendición de Cuentas del Banco, éste fue lanzado en  2018 y tiene como propósito recibir las quejas y solicitudes de aquellas comunidades o poblaciones afectadas negativamente por proyectos financiados por el Banco. El mecanismo tiene dos funciones esenciales: la primera de ellas es la resolución de disputas mediante el diálogo y el entendimiento de las partes afectadas; y en segundo lugar, el de revisión de cumplimiento, que consiste en que éste mecanismo investigue si el Banco ha cumplido con sus obligaciones respecto a la buena aplicación de las políticas operacionales del mismo.

El objetivo principal de nuestra participación como expositores en este Congreso fue la de promover el acercamiento de la Fundación a la comunidad académica tanto nacional como provincial, para el estudio de las inversiones e iniciativas chinas (tales como el AIIB) y su impacto en la sociedad, que por lo general se ve reflejado en proyectos de infraestructura con potenciales (o reales) impactos a nivel ambiental y social. El trabajo conjunto tiene el propósito de analizar y comprender el modelo de inserción sociopolítico y económico de China en América Latina y, en especial, en Argentina; así como las estrategias que los países latinoamericanos implementan frente a este fenómeno en el marco de la Ruta de la Seda.

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Autor

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Gasoductos troncales: realizamos pedidos de información a dependencias de la provincia de Córdoba

El pasado 21 de agosto realizamos  solicitudes de información sobre la obra finalizada de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba a distintas dependencias de la provincia de Córdoba. 

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic”.

Con motivo de la finalización, en el transcurso de 2019, de la obra de gasoductos troncales que comenzó a planificarse hace ya más de diez años, realizamos solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento. 

Con esta obra, según el gobierno de la provincia, la red de gas alcanzó a casi el 98% de los cordobeses, sin embargo, existen una serie de cuestiones en torno al proyecto que aún no se encuentran del todo esclarecidas. 

A pesar de encontrarse finalizado, asuntos como la falta de acceso de información sobre el control de avance del proyecto, como la falta de precisión acerca de los financiadores de cada uno de los sistemas ha resultado controvertido y confuso. Si bien se podía observar que la comunicación sobre el avance en la obra por parte del gobierno provincial era constante, no ocurría lo mismo con el acceso a cuestiones más específicas y sensibles relativas al proyecto. 

Desde Fundeps  hemos realizado un seguimiento y monitoreo periódico del proyecto, aun cuando la información oficial ha resultado escasa y de difícil acceso: solicitudes de información que realizamos con anterioridad nunca fueron respondidas. Con estas nuevas solicitudes  realizadas esperamos que  las modalidades en el acceso de la información provincial se hayan modificado de manera positiva en pos de lograr un gobierno más transparente y abierto a la sociedad. 

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Autora

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Con los Gasoductos Troncales concluidos: ¿saldo positivo o negativo?

En enero de 2019, y tras más de 10 años desde que el proyecto comenzó a plantearse, el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por finalizadas las obras de los gasoductos troncales. A pesar de los evidentes beneficios de la obra, cabe preguntarse acerca del verdadero saldo que deja la experiencia de este proyecto, sobre todo respecto a transparencia y rendición de cuentas en materia de políticas públicas.

A inicios de 2019, con la habilitación del último ramal de alimentación y la planta reguladora de presión en Tala Cañada (Pocho), el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por concluido el controvertido proyecto para la construcción de la red de gasoductos troncales. De acuerdo al gobierno, la red de gas alcanzó así a casi el 98% de los cordobeses; aunque cabe aclarar que la gran mayoría de las industrias y vecinos beneficiados aún no cuentan con acceso efectivo al servicio, ya que aún resta resolver el problema de la conexión a las redes domiciliarias e internas.

Con la obra finalizada, el eje se movió entonces a la necesidad de conectar las redes troncales con las redes domiciliarias, para que las familias y empresas puedan acceder efectivamente al beneficio. La empresa Ecogas y los municipios son los responsables de acercar la red de gas a los domicilios particulares, para lo cuál recibirán apoyo económico por parte de la provincia. Mientras el Banco de Córdoba puso a disposición una línea de crédito -Dale Gas!- a tasa de intereses cero y con devolución a 48 meses para la instalación domiciliaria de gas; el Gobierno provincial lanzó un plan de financiamiento para que las empresas puedan conectarse a la red. Este plan llamado «Conectar Gas Industria» contiene tres líneas de créditos para que accedan los comercios, pymes, parques industriales, estaciones de GNC y establecimientos turísticos.

Una obra controvertida

Esta obra, según datos que maneja el Gobierno provincial, beneficia a 973.490 cordobeses de 228 localidades. Algunas poblaciones recibirán por primera vez el gas natural y, en otras localidades, el servicio reforzará al existente. Sin embargo, a pesar de los evidentes beneficios de la obra, el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba ha sido eje de diversas controversias y ha estado bajo la mirada atenta de la opinión pública desde sus mismos inicios. Así, por ejemplo, en cuanto al financiamiento de la obra, nunca se aclararon oficialmente los motivos de la caída del financiamiento tanto del BNDES en un primer momento, como de los bancos chinos más adelante; y generó controversia la decisión del gobierno provincial de avanzar con la obra recurriendo al endeudameinto público.

De igual modo, la falta de acceso a la información para el control del avance del proyecto ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de ejecución. Adicionalmente, el proyecto ha sido objeto de investigación por presuntos hechos de corrupción en la licitación de los tramos a construir, llegando a estar mencionado incluso en la causa Lava Jato en Brasil a partir de la participación de la empresa Odebrecht en las obras. 

Así, por ejemplo, en febrero del 2018 los legisladores de la oposición al Gobierno provincial, Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero, realizaron una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación al posible pago de coimas por la obra de los gasoductos troncales. Esto se desprende a partir del secuestro del listado de coimas pagadas a diferentes gobiernos del continente perteneciente al banquero brasileño  Alberto Youssef, donde nombra por lo menos cuatro veces la obra en cuestión. Esta lista sirvió como herramienta a los investigadores brasileños de la causa Lava Jato para probar la existencia de un club de la obra pública conformada por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa y otras constructoras. Según los denunciantes, se habría pagado una coima de 36 millones de dólares. También, sostienen que el cobro de la misma se realizó mediante la sesión de un proyecto inmobiliario en Puerto Madero (Buenos Aires) a una empresa del grupo de Horacio Miró, exfuncionario de la administración de José Manuel de la Sota. Esta acusación fue desmentida por los empresarios involucrados.

A mediados del 2018, la posibilidad de que Argentina llegue a un acuerdo con Brasil para que los jueces argentinos puedan acceder a la información presente en la investigación del Lava Jato generó una gran expectativa en Córdoba. Las causas por presunto delitos de corrupción en la obra pública en nuestro país tendría la posibilidad de avanzar mediante la utilización de esta información. Este acuerdo generó expectativa dado la denuncia por el supuesto pago de coimas por 36 millones de dólares a la empresa del grupo de Horacio Miró. En este sentido, las administraciones del exgobernador de la Sota y del actual, Juan Schiaretti, negaron todo tipo de acusación. Esta denuncia se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía 1 del fuero Anticorrupción la cual se basa en los datos brindados por Brasil. 

 Ahora bien, el escándalo provocado por la irrupción de la causa de los cuadernos  en agosto del 2018 golpeó a varias de las empresas involucradas en la construcción de los gasoductos troncales. Desde el Gobierno provincial aclararon que todas las licitaciones se llevaron a cabo de forma transparente. Entre las empresas involucradas y que tienen obras en marcha en la provincia de Córdoba se encuentra Electroingeniería, aliada con la  empresa china Petroleum Pipeline Boreau para la construcción del 30% de los gasoductos troncales. Además, se encuentra el Grupo Albanesi que a través de Generación Mediterránea S.A. es propietaria de la central termoeléctrica Modesto Maranzana ubicada en Río Cuarto. También, la empresa Iecsa (ahora Sacde) a cargo de los tramos de los gasoductos en el interior provincial en sociedad con la empresa china Communications Construction Company (CCC). Por último, las empresas BTU y Esuco también han llevado a cabo obras de gasoductos en Córdoba.

¿Saldo positivo o negativo?

En definitiva, tras más de una década de marchas y contramarchas, los gasoductos troncales son finalmente una realidad. La que ha sido la obra de infraestructura más grande de Córdoba en los últimos tiempos nos deja, sin dudas, un saldo positivo en relación a los potenciales beneficios de la obra. Permitirá acceder al gas natural no sólo a miles de ciudadanos y cientos de localidades cordobesas; sino también a numerosas industrias, pymes y negocios del interior de la Provincia que podrán potenciar su actividad y productividad a partir del acceso a la red de gas. Sin embargo, si analizamos el proyecto desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas que necesariamente debe rodear a cualquier obra que cuente con fondos de carácter público para su realización; el saldo resulta indudablemente negativo. 

En ese sentido, continuaremos monitoreando el avance de las siguientes etapas de la obra. Procurando también obtener más información acerca de los detalles de su realización, los verdaderos motivos de la caída del financiamiento de los bancos chinos y la participación de Odebrecht en el proyecto y su vinculación con la causa Lava Jato, para lo cuál estamos preparando solicitudes de información que serán remitidas a la administración provincial.

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Autores

Mariano Camoletto

Gonzalo Roza

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Una aproximación al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Este documento de trabajo detalla las características principales del recientemente creado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB por sus siglas en inglés), abordando su estructura, su funcionamiento y actuales proyectos financiados y el rol que cumple China en la institucionalización del mismo.

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Fundeps anfitrión del Retiro del International Advocates Working Group (IAWG)

Durante el mes de abril, Fundeps organizó el retiro anual del International Advocates Working Group (IAWG) en la ciudad de Villa General Belgrano. A lo largo de tres días, 30 miembros del IAWG se reunieron para compartir información, experiencias y lecciones aprendidas sobre mecanismos no judiciales de rendición de cuentas en instituciones financieras internacionales (IFIs).

El IAWG es una red global de organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan para que los mecanismos de quejas de las IFIs garanticen la rendición de cuentas y el remedio efectivo a las comunidades afectadas. Este grupo de trabajo se enfoca en el trabajo con los mecanismos, al mismo tiempo que provee apoyo a las comunidades impactadas negativamente por proyectos de IFIs. 

Los mecanismos de quejas asociados a estas instituciones ofrecen una importante, y a veces, única opción para comunidades afectadas que buscan rendición de cuentas de parte de las IFIs o de las empresas que reciben financiamiento de IFIs.

A lo largo de los últimos 4 años, el IAWG se reúne casi de manera anual para que sus miembros compartan experiencias y lecciones aprendidas en torno al trabajo con mecanismos no judiciales de queja. Durante los días que dura el retiro, se debate y planifican acciones en conjunto para garantizar que el trabajo de los mecanismos sea lo más transparente y accesible posible para quienes deseen presentar quejas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Conversatorio: Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina

El día 22 de abril en el auditorio de la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo 21, Fundeps organizó un conversatorio sobre inversiones para el desarrollo y derechos humanos en América Latina. 

Durante los últimos años, la región latinoamericana ha sido escenario de crecimiento exponencial de grandes proyectos de desarrollo. Por tal motivo, desde Fundeps junto a la Universidad Siglo 21 se organizó el conversatorio ‘Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina’

En él se analizó el rol de las instituciones financieras internacionales, su obligación con los Derechos Humanos, su impacto en la región latinoamericana y el rendimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas. . También, se debatió sobre el desarrollo en América Latina y la problemática de Derechos Humanos asociadas a éste. 

Se contó con la participación de reconocidos exponentes que abordaron estos temas a partir de sus trabajos y analizaron las tendencias y los desafíos actuales respecto a las inversiones para el desarrollo en la región. Participaron: Carolina Juaneda, quién se desempeña como Latin American Consultant del Bank Information Center (BIC), Caitlin Daniel como Senior Communities Associate de la organización Accountability Counsel (AC) y, Juan Carballo, Director Ejecutivo de Fundeps.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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El Segundo Plan Quinquenal de Acción Conjunta y la profundización de las relaciones entre Argentina y China 

En el marco de la cumbre del G20 celebrada en Argentina en el 2018, los Jefes de Estado de Argentina y China firmaron 30 acuerdos comerciales y de inversión por los próximos cinco años. Estos acuerdos forman parte del Segundo Plan Quinquenal de Acción Conjunta entre ambos países. 

El 2 de diciembre de 2018, el presidente argentino Mauricio Macri y el presidente chino Xi Jinping firmaron treinta acuerdos comerciales y de inversión en el marco del Segundo Plan de Acción Conjunta 2019-2023 entre nuestro país y la República Popular de China. 

Este Segundo Plan Quinquenal, al igual que el primero, busca reforzar la relación bilateral y constituye una hoja de ruta con acciones a realizarse en una serie de ámbitos. La mayoría de los acuerdos son de índole económico-comercial e incluyen las áreas de infraestructura, inversiones, finanzas, transporte, minería, energía, ciencia y tecnología, turismo, cooperación Sur-Sur y comercio electrónico. 

Entre los acuerdos, uno de los de mayor relevancia es la formalización del intercambio de monedas (swap) con el país asiático por un monto de 8.500 millones de dólares sumándose al ya existente de 11.000 millones de dólares. 

Los acuerdos que ya se encontraban firmados al momento del anuncio del Segundo Plan fueron el de Cooperación para Proyectos de Desarrollo Agrícola Integral en Nuevas Áreas Irrigadas del Plan Nacional del Agua de la Argentina, el Memorándum de Entendimiento sobre la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, y el establecimiento del Instituto Confucio en la Universidad de Córdoba. 

También se han firmado acuerdos con empresas como el “Term Sheet” entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la creación de un Fondo por un monto estimado de hasta USD 1.000 millones, con el objeto de financiar “Capital de Trabajo”; el Convenio Marco de Promoción del Comercio de Productos Oleaginosos entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria  y China Grain Reserves Group Ltd. Company (SINOGRAIN). 

Los siguientes acuerdos fueron firmados luego de ser anunciados: el Acuerdo Marco de Cooperación entre China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) y el Banco de la Nación Argentina; la Adición al Contrato de Financiamiento para la «Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas»; el Acuerdo de Financiamiento entre el Ministerio de Hacienda de Argentina y el Banco de Desarrollo de China (CDB) para la Adquisición de Material Rodante para el Ferrocarril Roca Eléctrico y, por último, el contrato Comercial entre el Ministerio de Transporte y la empresa china CRCC para la recuperación del Ferrocarril San Martín Cargas (Etapa I: renovación y mejoramiento de vías). 

Por último, se encuentran los siguientes acuerdos:

  • Acuerdo sobre la Prórroga de la Validez del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE);
  • Convenio para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal (CDI);
  • Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Fiscal y Financiera;
  • Memorando de Entendimiento sobre la Promoción de la Cooperación Comercial y de Inversiones; 
  • Memorando de Entendimiento sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en los Sectores de Infraestructura;
  • Ampliación del SWAP de monedas; 
  • Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas Argentinas a China; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Comercio Electrónico; 
  • Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Comercio de Servicios; 
  • Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Ovina y Caprina a China;
  • Adecuación del Protocolo Sanitario para la Exportación de Caballos en Pie a China;
  • Convención entre China y Argentina sobre la prevención y combate al tráfico ilícito de bienes culturales, y la devolución de bienes culturales ilegalmente transferidos; 
  • Plan Ejecución de Cooperación Cultural entre China y Argentina 2019-2023; 
  • Acuerdo sobre reconocimiento recíproco de certificados de educación superior;
  • Acuerdo entre la Academia China de Ciencias Sociales de China y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva sobre el establecimiento del centro virtual de ciencias sociales China-Argentina;
  • Acuerdo Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Radio, Cine y Televisión de China y el Sistema Federal de Medios Públicos;
  • Acuerdo de Cooperación entre el Grupo de Medios de China y Radio y Televisión de Argentina; 
  • Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre la Comisión Nacional de Supervisión de China y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina;
  • Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Gobierno de Modernización y la Academia China de Gobierno.

El interés del país asiático por realizar inversiones en Argentina está ligado a las acciones que ha llevado a cabo desde los últimos años en la región de América Latina, posicionándose como uno de los principales inversores. El Primer Plan Quinquenal entre Argentina y China significó el afianzamiento de lazos en sus relaciones bilaterales con la mirada en desarrollar una estrategia de cooperación. Con el Segundo Plan se avanza un paso más en el fortalecimiento y la profundización de la relación bilateral entre ambos países. 

Para Argentina, los acuerdos representan una oportunidad de desarrollo en el futuro, sin embargo hay que ser cautelosos en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial o incluso cierta tendencia hacia la reprimarización de la económica argentina hacia la que apuntan varios de los acuerdos. Y no hay que olvidarse de sumar, a todo ello, la opacidad y poca transparencia en cuanto a acceso a información que rodea a la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz, pero no así sus detalles y especificaciones en cuanto a su implementación.

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Autora

Sofía Brocanelli

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org