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En noviembre, el gobierno argentino tiene pensado avanzar en la firma del contrato para la construcción de la cuarta central nuclear de tipo Hualong, con financiamiento chino.

El gobierno de Alberto Fernández avanza en la firma del contrato de la cuarta central atómica con el gigante asiático. Los acuerdos preliminares firmados en 2014 y 2015 contemplaban la construcción de dos reactores nucleares. Uno de los reactores sería de uranio natural tipo Candu, tecnología que maneja Argentina,  y el otro reactor sería de uranio enriquecido modelo Hualong, de origen chino.

Sin embargo, en el gobierno de Macri se realizaron modificaciones a los acuerdos con China y en el 2018 se decidió construir solo el reactor tipo Hualong, modelo que se tiene previsto construir en esta gestión.  Este tipo de reactor necesitará una inversión de USD 8000 millones y para ello Argentina deberá importar el combustible para que la central funcione, lo que implica que el país dependa de proveedores extranjeros. Varios especialistas como José Luis Antúnez, Andrés Kreiner, Gabriel Barceló y Eduardo Barreiro se encuentran en contra de este tipo de reactor e insisten en la necesidad de continuar con la tecnología de uranio natural que utiliza el modelo Candu. 

Por otro lado, los defensores de la construcción del reactor Hualong como Sabino Vaca Narvaja e Isidro Baschar consideran su construcción  como una asociación inteligente con China que ayudará a fortalecer el desarrollo nacional. También, están negociando la posibilidad de que el país produzca el combustible nuclear que necesita este modelo de reactor y así evitar la dependencia de proveedores extranjeros. Además, resaltaron que la central contará con un crédito chino de USD 7900 millones que empezará a pagarse cuando el reactor genere energía eléctrica, es decir en 8 años. En cuanto a la anulación de la construcción del reactor Candu, Vaca Narvaja y Baschar sostuvieron que la Secretaría de Energía está trabajando para reactivarlo. 

Respecto a la elección de construir centrales nucleares en lugar de optar por energías renovables como la eólica y la solar, genera inquietud no solo por el mayor costo de construcción sino también por los riesgos que implica la energía nuclear. Detractores de la central nuclear Hualong sostienen que ni siquiera sería de utilidad para desarrollar el sistema científico-tecnológico, que si se da en otro tipo de reactores como el Candu.  

También se pone en duda el momento elegido para avanzar en la construcción de la central nuclear ya que, por el contexto de crisis económica y reestructuración de la deuda en la que se encuentra Argentina, no sería oportuno la toma de deuda como tampoco resulta necesaria la energía nuclear ya que en la actualidad el país no tiene déficit en la producción de energía. 

Cabe destacar que la apuesta por un mayor desarrollo nuclear se vincula estrechamente con el tipo de matriz energética y el modelo de desarrollo promovido por el país. A su vez, involucra y afecta, de manera directa o indirecta, a una amplia variedad de actores. Por lo tanto, desde Fundeps consideramos que este tipo de decisiones deberían necesariamente incluir un debate profundo a nivel social, con la necesaria transparencia y participación de los diferentes actores sociales involucrados. Desgraciadamente, este no parece ser el caso.

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Latinoamérica y el Caribe, que se realizó de manera virtual en esta ocasión, se centró principalmente en las vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación de la pandemia del COVID-19 en la región.

Desde el 7 al 11 de septiembre se realizó virtualmente el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El objetivo de este Foro es nuclear en un mismo espacio a gobiernos de todos los niveles, empresas, ONGs, comunidades indígenas y demás organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de funcionar como un medio para el diálogo de estos actores.

Los Foros Regionales se han convertido en un espacio clave en América Latina y el Caribe, y en otras regiones de mundo, para que los actores antes mencionados puedan intercambiar visiones e información sobre las nuevas prácticas empresariales, ordenamientos jurídicos, planes de desarrollo económico y demás actividades que pueden repercutir en los derechos humanos de distintas personas o colectivos, informar sobre estos sucesos y encontrar soluciones de una manera conjunta, abarcando todos los espacios de la sociedad.

A raíz de la pandemia del COVID-19, el Foro de este año prestó especial atención a aquellas vulnerabilidades que se profundizaron por la actual situación; aquellas personas o comunidades que ya se encontraban en situaciones desfavorables, y que, debido a la pandemia mundial, su situación ha empeorado. Los desafíos que se presentan en este escenario complejo e imprevisto deben ser abordados de manera integral y con todos los actores de la sociedad desde las empresas y los gobiernos hasta la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr sortear esta crisis de una manera económicamente viable y ambientalmente sostenible.

La tarea en la post pandemia será lograr recuperar los estándares de vida perdidos durante este año, sobre todo por la pérdida de empleo, al mismo tiempo que la matriz productiva y las prácticas empresariales de los países se reformulan hacia una más sustentable y amigable con los derechos humanos. Uno de los instrumentos que se puede implementar para lograr este objetivo son los “Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, también conocidos como “Principios de Ruggie”, redactados en el año 2011 en el marco de la ONU.

A grandes rasgos estos 31 principios pueden resumirse en tres pilares:

  • El deber de los Estados en proteger y resguardar libertades y derechos humanos.
  • La responsabilidad empresarial de respetar estos derechos.
  • El acceso a mecanismo de reparación de daños.

Actualmente, en el marco de la ONU se están llevando a cabo negociaciones y reuniones para realizar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos de las comunidades donde realizan sus actividades. Este año, el tratado se encuentra en una sexta instancia de revisión que será discutida en el 9° Foro anual de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar de manera virtual desde el 16 al 18 de noviembre.

Esperamos que las negociaciones en marcha culminen con un acuerdo fructífero para el conjunto de los actores y sobre todo con una acorde y correcta implementación, que no solo se limite a buenas intenciones sino que realmente sirva para mejorar la relación entre la actividad empresarial, el medio ambiente y las comunidades locales.

A su vez, existen otros lineamientos generales que se pueden seguir e implementar para el logro de los objetivos post pandemia, como las “Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” o la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Foros regionales como el realizado en septiembre, o aquellos de carácter global como el que se realizará en noviembre, constituyen espacios clave. No solo para avanzar en las iniciativas en marcha arriba mencionadas, sino también para profundizar el diálogo y promover una mayor articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos tendientes a asegurar una mayor promoción y protección de los derechos humanos por parte del sector privado.

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Autor

Denis Rhys

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Por unanimidad, el 3 de septiembre el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB, por sus siglas en inglés-. Sólo resta la votación de la Cámara de Diputados para hacer efectiva la incorporación. 

Argentina, está a un paso de convertirse en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura -AIIB- ya que por medio de una votación unánime, 69 votos afirmativos, el Senado argentino aprobó el ingreso de nuestro país a la institución. Ahora falta que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ingreso. 

La intención de Argentina de formar parte del Banco data de la gestión de Mauricio Macri, donde en el primer Foro ‘Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional’  realizado en el 2017, afirmó la intención del país de formar parte del AIIB. Ese mismo año, el Directorio del AIIB aprobó el ingreso de Argentina a la institución. 

De la región, Ecuador y Uruguay ya son miembros del AIIB. Por otro lado, han solicitado acceso al organismo Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y Brasil. El Senado de este último también aprobó su ingreso, sin embargo se incorpora como miembro fundador debido a que forma parte de los BRICS y todos los los países fundadores de este bloque gozan de ese status. 

El AIIB nace en el 2015 por iniciativa de China, pero comienza a operar en enero de 2016. Actualmente tiene 102 miembros de distintas regiones del mundo. Es una institución financiera multilateral que, por medio de inversiones en infraestructura, fomenta el desarrollo económico sustentable, crea riqueza y mejora la conectividad en infraestructura, promoviendo la cooperación regional con instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo. La estrategia del Banco se sustenta en el concepto Lean, Clean and Green en la cual busca ser eficiente, ágil, ético y respetuoso con el medio ambiente y los derechos sociales. Además, el financiamiento a los países se realiza por medio de capital público e inversiones privadas y sus operaciones financieras se fundamenta en otorgar créditos, garantías y participaciones. 

Desde que inició sus operaciones, el AIIB ya ha financiado 138 proyectos de infraestructura, entre proyecto finalizados y proyecto en proceso. Además, el capital invertido del organismo alcanza los 31 mil millones de dólares, que abarca proyectos aprobados y solicitados. Los sectores en los que invierte este organismo son energía, transporte, telecomunicaciones, infraestructura en áreas rurales, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, abastecimeinto de agua, servicios sanitarios, protección ambiental, logística, entre otros.  

El ingreso al AIIB habilita a nuestro país la posibilidad de acceder a financiamiento de un nuevo organismo multilateral para obras de infraestructura del sector energético, transporte y reformas urbanas, por ejemplo. También, las PYMES y otros sectores productivos podrían acceder a la financiación del Banco. Por último, otro punto a destacar es que este organismo brinda préstamos a bajas tasas de interés y sin condiciones económicas y políticas a diferencia de organismos multilaterales tradicionales como el FMI

También, el proyecto aprobado por el Senado posibilita al Banco Central a acceder hasta 50 acciones de capital, con un valor de 100 mil dólares cada una, de acuerdo con el registro admitido por el AIIB para la incorporación de un país miembro. Una parte de estas acciones, específicamente 40, corresponden al capital exigible y las acciones restantes corresponden al capital a integrar.

El afianzamiento de la relación entre nuestro país y la República Popular China se está intensificando y entre sus causas, además de la aprobación parcial del ingreso de Argentina al AIIB, también se encuentra el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con el país asiático, la donación y provisión de insumos sanitarios en la lucha contra el Covid-19, los avances para probar la vacuna china en la población argentina y las negociaciones que se están realizando para hacer efectivo el ingreso de Argentina a la Iniciativa de la Ruta y la Seda y la construcción de la cuarta central atómica. Por lo que se espera un estrechamiento aún más fuerte de la cooperación entre ambos países. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El 12 y 13 de septiembre el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- elegirá un nuevo presidente que reemplazará a Luis Alberto Moreno, tras 15 años ininterrumpidos de gestión. Las elecciones tendrán lugar a través de una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se realizará de manera virtual. Distintos países de la región han postulado candidatos, como Argentina que nominó a Gustavo Béliz y Costa Rica a Laura Chinchilla. Sin embargo, lo que genera preocupación en el actual proceso de selección presidencial del BID, es la postulación por parte de EEUU del candidato Mauricio Claver Carone. Esto, además de ir en contra de la regla no escrita del BID de que la Institución debe ser dirigida por un representante latinoamericano, amenaza la capacidad de toma de decisiones de los países prestatarios del Banco, habida cuenta de que Estados Unidos posee el mayor porcentaje de capital y votos dentro de la Institución.

En un contexto signado por la crisis del multilateralismo que atraviesa el mundo; la crisis socio ecológica y climática que tiene un impacto particularmente grave en Latinoamérica; los históricos problemas de inequidad, desigualdad y pobreza de la región; y los impactos y repercusiones económicas, sociales y en materia de salud que está generando la pandemia del Covid-19, la transición en la presidencia del BID resulta clave para el futuro de la región.

Por ello, hoy más que nunca el BID requiere de un líder calificado que sea capaz de posicionarse críticamente respecto al rol que le toca jugar a la Institución frente al complejo panorama que vivencia la región, y que esté predispuesto y sea capaz de promover un modelo diferente de desarrollo. En ese sentido, la persona designada para la presidencia del BID debería cumplir necesariamente una serie de requisitos que incluyen, entre otros, los siguientes: 

  1. Un claro y expreso compromiso por el multilateralismo, en un momento en donde la legitimidad de las instituciones internacionales está siendo cuestionada y atacada; 
  2. Una amplia experiencia y conocimiento de la realidad de los países de la región y los retos a los que se enfrentan en el contexto actual; 
  3. Un claro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las comunidades, los pueblos indígenas y la sociedad civil en el accionar de la Institución; 
  4. Conocimiento y experiencia en agendas de desarrollo que reflejen un compromiso por el interés público, la protección y promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la necesidad de hacer frente de manera inmediata a los efectos del cambio climático y de apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible y centrado en las comunidades y los pueblos indígenas.

A su vez, el pronunciamiento, al que adhirieron más de 50 organizaciones, enfatiza que la elección debe ir más allá de la votación y abrir espacios de diálogo de los candidatos y candidatas con la sociedad civil y las comunidades. Tras 15 años ininterrumpidos bajo el liderazgo de una presidencia que le impregnó características particulares, y en muchos casos cuestionables, a la gestión y accionar del Banco, se presenta una oportunidad única para conocer más a fondo las posiciones y propuestas de los diferentes candidatos y candidatas frente a las preocupaciones y demandas de las comunidades y la sociedad civil;  y en relación al contexto imperante en la región.

Esperamos que el BID esté a la altura de las circunstancias actuales y aproveche esta oportunidad para asegurar que quien acceda a la presidencia del Banco, sea realmente la persona más calificada y adecuada para dirigirlo ante el complejo momento que atraviesa la región.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Por medio de un pronunciamiento dirigido a los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes y personas con discapacidad de América Latina y el Caribe expresamos nuestra preocupación frente a las elecciones presidenciales de la Institución. En particular, planteamos nuestro rechazo frente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar un candidato norteamericano para para presidir el Banco, y frente al mismo proceso de elección, que no da lugar a la participación de las organizaciones sociales y las comunidades.    

El martes 5 de agosto enviamos al BID un nuevo documento con observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- para modernizar sus políticas ambientales y sociales. En enero de este año, iniciaron las consultas públicas presenciales y virtuales, donde Fundeps estuvo presente. En abril, enviamos un documento con comentarios y observaciones al borrador del MPAS desde una perspectiva de género,que contó con el aporte de otras organizaciones de la sociedad civil. En este documento señalamos, sobre todo, la falta de transversalización de la perspectiva de género en todas las normas de desempeño del borrador MPAS. 

A principios de julio, el Banco publicó el segundo borrador del MPAS  en el cual incorporó algunas de las recomendaciones enviadas por las partes interesadas (sociedad civil, comunidades indígenas, comunidad afrodescendientes) y dio inicio a la segunda fase del proceso de envío de comentarios que finalizó el martes 5 de agosto. Desde Fundeps, analizamos este segundo borrador del MPAS y enviamos un nuevo documento con observaciones y comentarios desde una perspectiva de género, con el objetivo de que se incorporen cuestiones que consideramos fundamentales al contemplar los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+ en el nuevo marco social y ambiental del BID.  

Entre los principales puntos identificados, encontramos aspectos positivos que han sido incorporados como la referencia a la Norma de Desempeño -ND- 9 sobre igualdad de género en las ND 1 (Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales), ND 2 (Trabajo y Condiciones Laborales), ND 5 (Adquisición de Tierra y Reasentamiento Involuntario)  y ND 10 (Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de la Información). Otro aspecto a destacar es la incorporación de la Convención 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo  y el Convenio 100  sobre Igualdad de Remuneración. 

Sin embargo, aún restan muchos aspectos por incorporar que creemos son fundamentales para garantizar la igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género en los proyectos que financia el Banco. Entre las cuestiones necesarias que se deben añadir al nuevo MPAS se encuentra el deber del Banco de incorporar explícita y transversalmente los Tratados, Acuerdos y Convenciones internacionales vigentes y futuros que contemplen los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTTTBIQ+. Además, el Banco como principal responsable debe transversalizar la perspectiva de género en todo el Marco para evitar la ceguera de género. 

Una cuestión preocupante es el reemplazo de la Política sobre la Igualdad de Género en el Desarrollo por la ND 9. Aquí el Banco debería mantener la vigencia de la Política como complemento de la ND 9 sobre Igualdad de Género. Por último, recalcamos la necesidad de que el BID incorpore la gran diversidad de identidades sexo-genéricas ya que en el MPAS no se mencionan a las personas LGTTTBIQ+ sino que se las identifica como minorías sexuales y de género. Por ello, insistimos en que se enuncia de manera  específica a las personas LGTTTBIQ+  para garantizar la visibilización y reconocimiento de su existencia y derechos. 

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Autora

Sofía Brocanelli 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

A principios de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-  publicó el segundo borrador del Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- y dio inicio a la segunda fase del proceso de consultas que duró 30 días. El presente documento fue realizado en este marco y contiene observaciones y comentarios sobre el segundo borrador del MPAS desde una perspectiva de género.

Mientras que la cooperación como vínculo interestatal se ha visto resentida entre la mayoría de los países, en el marco de la pandemia de Covid-19 China y Argentina han optado por cooperar en materia sanitaria.  

Durante la pandemia Covid-19 y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), se llevaron a cabo diversas acciones de cooperación en materia sanitaria entre la República Popular de China y la República Argentina. Con el propósito de mitigar los efectos adversos causados por la pandemia, China ha cooperado con la Argentina tanto en el ámbito público como en el privado para fortalecer el sistema sanitario nacional. 

En lo que respecta al ámbito público, la cooperación hizo hincapié en donaciones y compras de elementos sanitarios, a nivel nacional  y subnacional. En este sentido, la provincia de Buenos Aires importó desde China, por un valor de 54 millones de dólares, 5,5 millones de barbijos descartables, 300 mil barbijos N90, 83 mil antiparras, 700 mil máscaras faciales y 12 millones de pares de guantes descartables. Para ello, Aerolíneas Argentinas llevó a cabo 32 vuelos a la ciudad de Shangai con un costo de 500 mil dólares cada uno. En el acto en el cual se anunció el endurecimiento de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 26 de junio último, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “28 aviones con insumos sanitarios para su provincia habían arribado al país provenientes desde China”. 

A nivel subnacional, la provincia china de Guizhou donó insumos médicos a la provincia de Jujuy, entre ellos un total de 9 mil mascarillas médicas donadas por el Hospital popular de dicha provincia de China. Desde 2017 ambas provincias mantienen una relación fraternal en el marco del acuerdo de intención de hermanamiento para mejorar la comprensión, fomentar la amistad, consolidar y desarrollar la cooperación amistosa. 

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Toda China donó a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 200 mil barbijos tapa-boca para ser entregados a los afiliados y afiliadas del sindicato. En este sentido, la Secretaria General Lidia Fagale expresó que una de las premisas centrales en el ámbito internacional de la entidad de prensa china es el “profundo sentido de la cooperación”. Además agradeció “la actitud solidaria de las y los colegas y sus reiteradas muestras de compromiso en el fortalecimiento del vínculo bilateral”. 

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó a Fundeps, en respuesta a una solicitud de información realizada el pasado 30 de junio, que la República Argentina y la República Popular de China han mantenido contacto fluido en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19 a través de videoconferencias; y que el presidente chino Xi Jinping expresó su firme apoyo a las medidas tomadas por la Argentina en relación a la pandemia.

La Cancillería detalló que se llevaron a cabo las siguientes medidas: en primer lugar, se realizaron gestiones a través de la Embajada de Argentina en China y el Consulado General y Centro de Promoción en Shanghai de los permisos pertinentes para el sobrevuelo y aterrizaje de aviones de Aerolíneas Argentinas a Shangai en la búsqueda de insumos médicos, como también el desplazamiento de personas. En segundo lugar, la Comisión Cascos Blancos asesoró en los trámites documentales referentes a la donación de bienes desde el exterior para que se ajusten a las normativas aduaneras vigentes en nuestro país. 

Por otro lado, la Cancillería hizo saber que la cooperación entre ambos países es multinivel ya que se incluyen entidades subnacionales, empresas, instituciones y otras entidades, las cuales han realizado donaciones y envío de insumos a diversos actores de nuestro país. Dentro de las donaciones y envío de insumos se detallan: barbijos, trajes de protección, gafas de protección, tests de detección, guantes, protección para el calzado, entre otros. Éstos fueron destinados al Ministerio de Salud, de Defensa, de Seguridad, ministerios provinciales y municipios.

De esta forma, la cooperación bilateral en materia sanitaria entre Argentina y China refleja la creciente interacción y vinculación entre ambos países, en áreas que no solo se limitan al comercio y las inversiones sino que incluyen una amplia gama de ámbitos, como el académico, cultural, tecnológico, sanitario o científico, entre otros. 

La mencionada solicitud realizada a la Cancillería argentina forma parte de un conjunto de solicitudes enviadas recientemente por Fundeps a diferentes dependencias del gobierno nacional requiriendo información respecto a diversos aspectos de las relaciones sino-argentinas y a proyectos de infraestructura y energía que cuentan con financiamiento chino. Cabe destacar en este sentido que el efectivo y oportuno acceso a información de carácter público resulta fundamental incluso en un contexto como el actual, signado por la pandemia.

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Autores 

Florencia Harmitton

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el mes de junio, Estados Unidos postuló, por primera vez desde la creación de la Institución en el año 1959, a un candidato norteamericano para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

A mediados de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postulaba como candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- a Mauricio Claver-Carone, actual asesor para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional. 

La postulación pone en riesgo la vieja tradición del BID de que la presidencia del organismo recaiga siempre en latinoamericanos, mientras que la vicepresidencia es ocupada por un estadounidense. Así, desde su creación en 1959 solo han ocupado la presidencia del Banco cuatro presidentes, todos ellos de América Latina: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y el colombiano Luis Alberto Moreno (2005-2020).

Si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba  ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita  desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC. Este tipo de normas no escritas en relación a la nacionalidad de sus presidentes se puede encontrar también en otras instituciones multilaterales . Por ejemplo, la presidencia del Banco Mundial siempre ha sido ocupada por una persona de EE.UU, el Fondo Monetario Internacional -FMI- ha sido presidido, históricamente, por un representante de Europa y, como se mencionó, el BID por una persona de América Latina. 

El nuevo presidente del BID, que será elegido por la Asamblea de Gobernadores del Grupo BID el 15 de septiembre en Barranquilla, Colombia, sustituirá a Luis Alberto Moreno , quien está en la presidencia del Banco desde el año 2005. Además, con la postulación de EE.UU.  disminuyen las chances para el argentino Gustavo Béliz, ya que países de América Latina como Brasil, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Colombia y Uruguay apoyan la candidatura de Claver-Carone. 

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Autores

  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli 

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En una reunión especial, la Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS eligió al brasileño Marco Prado Troyjo como el nuevo presidente de la institución multilateral. 

La Junta de Gobernadores del Nuevo Banco de Desarrollo -NDB-  de los BRICS se reunió de manera especial a través de videoconferencia para elegir al nuevo presidente del banco: el brasileño Marcos Prado Troyjo, quién asumirá su funciones el 7 de julio. Su vicepresidente será Anil Kishora de India y se desempeñará como director de riesgos del banco. El mandato presidencial tiene una duración de 5 años y los presidentes se eligen de manera rotativa entre los países miembros de los BRICS, es decir entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Troyjo fue viceministro de economía de Brasil, se desempeñó como secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales y, representó al Gobierno brasileño en las juntas de las instituciones multilaterales de desarrollo. Además, presidió la Comisión de Financiamiento Externo de Brasil y el Comité Nacional de Inversiones. También fue cofundador y Director del BRICLab en la Universidad de Columbia, Estados Unidos y es miembro del Consejo del Futuro Mundial sobre Comercio Internacional e Inversión del Foro Económico Mundial (FEM). 

Marcos Troyjo reemplazará al anterior presidente del Banco KV Kamath de India, quién ejerció la presidencia desde 2015 y es el responsable de la respuesta que tuvo el NDB hacia la pandemia del COVID-19, a través del lanzamiento del Producto de Préstamo del Programa de Emergencia COVID-19. El nuevo presidente del NDB tendrá como desafío enfrentar las consecuencias económicas pospandemia, reactivar los proyectos de infraestructura y con ello la actividad del banco multilateral. Resta por verse también qué rumbo tomará no solo el Nuevo Banco de Desarrollo sino también el mismo espacio de los BRICS tras la pandemia, habida cuenta de la pérdida de influencia que ha experimentado el foro en años recientes y las críticas que recibió, incluso por parte del propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Ante la salida de la actual Directora del MICI, Victoria Márquez Mees, a fines del mes de junio, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó, a través de una carta enviada  al Directorio Ejecutivo del BID, la inclusión de partes interesadas y la transparencia en el proceso de selección de el/la nuevo/a Director/a del Mecanismo.

El próximo 30 de junio, la actual Directora del MICI, Victoria Márquez Mees, finaliza su mandato al frente del mecanismo de rendición de cuentas del BID, puesto que ocupa desde el año 2015. De esta manera, el BID está iniciando el proceso de  selección de el/la nuevo/a Director/a, por lo que, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Directorio Ejecutivo del Banco solicitando la inclusión de la sociedad civil y partes interesadas en dicho proceso de selección. Cabe aclarar que el último proceso de selección llevado adelante por el Banco resultó poco transparente y no incluyó ni a la sociedad civil ni a otras partes interesadas externas.

Siguiendo con lo anterior, le recomendamos al Banco que genere oportunidades e incentive la participación de la sociedad civil y partes interesadas externas en el proceso de selección. Sobre todo teniendo en cuenta que la política del MICI establece que el Directorio convocará un panel de selección para identificar candidatos. Además, la inclusión de partes interesadas externas en el proceso de selección de el/la Director/a de mecanismos de rendición de cuentas es una buena práctica realizada por varias instituciones financieras internacionales como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo por ejemplo. 

En línea con el proceso de cambio de dirección del mecanismo, el 12 de junio, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, enviamos una segunda carta al BID solicitando que el Grupo Consultivo Externo -GCE-  del MICI forme parte del proceso de selección. La participación del GCE aportará mayor transparencia al proceso ya que los miembros que conforman el Grupo son partes interesadas externas al Banco que poseen conocimiento sobre la región, el funcionamiento del MICI y sobre cuestiones vinculadas a la transparencia, sostenibilidad y rendición de cuentas. Además, la inclusión de los miembros del GCE en el proceso de selección significará el aporte de su experiencia y sus perspectivas calificada sobre el tema legitimando el proceso de selección e identificando al mejor candidato posible.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El siguiente documento, describe y  analiza el Segundo Plan de Acción Conjunta acordado entre Argentina y China (2019-2023) en la cumbre de G20 del año 2018. Este Plan refuerza la asociación estratégica integral entre ambos Estados y detalla  las acciones que se llevarán a cabo en diferentes áreas como la política, comercial, cultural, financiera, comunicaciones, entre otras.