El siguiente documento, describe y analiza el Segundo Plan de Acción Conjunta acordado entre Argentina y China (2019-2023) en la cumbre de G20 del año 2018. Este Plan refuerza la asociación estratégica integral entre ambos Estados y detalla las acciones que se llevarán a cabo en diferentes áreas como la política, comercial, cultural, financiera, comunicaciones, entre otras.
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En las últimas semanas, el Banco Mundial aprobó un proyecto por 35 millones de dólares y el BID y la CAF han comprometido montos de 1800 y 4000 millones de dólares respectivamente para proyectos que le permitan a la Argentina hacer frente a los efectos del COVID-19. Son préstamos de rápido desembolso que si bien resultan importantes para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, plantean una serie de dudas respecto al efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación.
El efecto de la pandemia en la economía mundial puede verse reflejado en la paralización del comercio internacional y las actividades económicas. Además, la situación de incertidumbre ha propiciado el endurecimiento de la financiación externa para los Estados, que en este momento resultan esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria para la cual se requieren fuertes inversiones en materiales y equipamiento médico específico.
Frente a este escenario, diversas Instituciones Financieras Internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Europeo de Inversiones -BEI- o el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, entre otros, han puesto a disposición de los países financiamiento de rápido desembolso para proyectos que permitan hacer frente a los efectos de la pandemia . El pasado 2 de abril, el Banco Mundial -BM- aprobó un préstamo de emergencia de 35 millones de dólares para la Argentina, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud mediante la compra de equipos e insumos médicos para minimizar el impacto del coronavirus en el país. Este financiamiento forma parte del fondo de 14 mil millones de dólares que el Banco Mundial creó para brindar asistencia a los países que deben enfrentar las consecuencias en sus sistemas sanitarios y económicos a causa del brote.
Fuente: Página 12
Además, el BM se comprometió a cooperar con la República Argentina en la implementación del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19. El mismo tiene como propósito fortalecer la preparación y la respuesta contra la pandemia y la adecuación de los sistemas nacionales de salud pública del país. La ejecución del proyecto de emergencia será en dos etapas: la primera consiste en los esfuerzos de respuesta a la emergencia del COVID-19 que consta de dos subetapas: por un lado, la detección, confirmación, seguimiento de contacto, registro e informe de casos y por otro el fortalecimiento de los sistemas de salud. La segunda etapa, es la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.
Asimismo, el 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 1800 millones de dólares para el país para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias ante la crisis del COVID-19. Es el mayor monto desembolsado por el BID hacia la Argentina en los últimos 10 años. El apoyo brindado por el BID se vincula con la atención al sistema de salud, la transferencia a la red de protección social para los más vulnerables y la recuperación económica y del empleo, principalmente, de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
Fuente: Infobae
Los programas del área pública del Grupo BID vinculados a la Argentina con objetivo de atender la emergencia del COVID-19 y que serán aprobados este 2020 es de 1000 millones de dólares, mientras que los otros 600 millones de dólares corresponden a proyectos vigentes.
En un comunicado oficial, Presidencia explicó que el primero de los proyectos destinará 470 millones de dólares para un programa de salud pública con el fin de apoyar la respuesta frente al coronavirus, de la cual este año se desembolsaron 300 millones. El objetivo es asegurar el acceso al sistema de salud a 17 millones de personas. De igual modo, con la intención de apoyar el sector productivo y fomentar la creación de empleos se destinará 500 millones de dólares, para el cual 300 millones se desembolsaron este año. Se estima que el monto irá en auxilio de 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas.
Ademas, se destinará 600 millones con la meta de atender a la población más vulnerada mediante un programa de protección social creado en conjunto con el BID. De ese total, 400 millones serán desembolsados este año con el propósito de transferir recursos y subsidios a los sectores vulnerables. El mismo apoyará alrededor de 3 millones de empresas.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha expresado que en el contexto actual cada Estado debe adoptar medidas económicas que respondan a la coyuntura de cada país, sin dejar de lado el sector productivo y las franjas sociales más vulnerables. Para contribuir en dichos espacios, la CAF ha desplegado un paquete de préstamos de emergencias para cada país de hasta 50.000 millones de dólares para atender los sistemas de salud pública; también desembolsos de emergencia de 2.500 millones de dólares por país destinamos a PYMES que involucran distintos aspectos de la cartera financiera. Además se han puesto a disposición recursos de cooperación no reembolsables para donación de insumos esenciales al sector de la salud.
El presidente de Argentina mantuvo conversaciones con el ejecutivo del CAF (Luis Carranza Ugarte) intercambiando preocupaciones e iniciativas para responder a la crisis. La institución se comprometió con el Gobierno argentino a llevar adelante la ejecución de proyectos de cooperación técnica por más de 4.000 millones de dólares dentro de los próximos cuatro años destinados a la reactivación económica y ayuda social en distintos niveles gubernamentales. Para el corriente año, se destinará financiamiento específico para fortalecer la emergencia en las provincias (40 millones de dólares), promover políticas sociales (30 millones de dólares), desarrollar inversiones en infraestructura entre los que se encuentran establecimientos educativos, reparación y construcción de rutas, y saneamiento (USD 900 millones de dólares).
De esta forma, se puede apreciar que las Instituciones Financieras han puesto a disposición del gobierno nacional fondos de rápido desembolso para poder hacer frente a los efectos de la pandemia de manera ejecutiva. Y la Argentina no es el único caso, ya que se han aprobado más de 130 proyectos en países de Latinoamérica, Europa, Asia y África por un monto total mayor a los 25 mil millones de dólares, de acuerdo a un mapeo de proyectos realizados por el Sistema de Alerta Temprana.
Sin dejar de reconocer la necesidad de los países de contar rápidamente con recursos para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, cabe destacar que la mayoría de estos proyectos están siendo preparados, discutidos y aprobados de manera acelerada, en pocas semanas, cuando por lo general son procesos que demoran varios meses ya que deben atravesar una serie de instancias y cumplir una serie de requisitos para su aprobación y puesta en marcha. Requisitos que no sólo contemplan cuestiones económico-financieras, sino también en materia de transparencia, participación pública, rendición de cuentas, debida diligencia y sustentabilidad social y ambiental de los proyectos. Por lo tanto, cabe cuestionar si tales requisitos están efectivamente siendo contemplados y aplicados en estos proyectos de rápido desembolso por parte de las Instituciones Financieras y gobiernos involucrados.
Más información
- CAF refuerza su compromiso con Argentina para impulsar su desarrollo con más de USD 4000 millones – Banco de Desarrollo de América Latina
- COVID-19: CAF analiza las política públicas para enfrentar la crisis en América Latina – Banco de Desarrollo de América Latina:
Autores/as
Ailín Toso
Mariano Camoletto
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El siguiente documento aborda de manera concisa la Política de Género y los Planes de Acción del Banco Interamericano de Desarrollo, y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres con el objetivo de realizar un análisis comparativo entre ambos instrumentos. Dicho estudio se encuentra motivado de las escasas quejas con componente de género que se han presentado ante el mecanismo de rendición de cuentas del BID, MICI.
El objetivo del presente documento consiste en analizar la estrategia, los objetivos y las motivaciones políticas de la República Popular China en América Latina y el Caribe. Este análisis busca complementar el análisis previo realizado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) basado en la estrategia comercial y en materia de inversiones del gigante asiático en ALC, que derivó en la publicación de “Panorama General de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú” en el año 2016. En el documento se analiza la estrategia política china en ALC mediante el análisis del marco de relacionamiento en determinados espacios multilaterales y bilaterales en los que China está presente en la Región y, en los que incluso ejerce un rol de liderazgo. Y especial énfasis se pone en la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por China, y el rol que le toca jugar a la región de ALC en la misma.
Con motivo del proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 50 organizaciones de sociedad civil de la región realizamos un documento con recomendaciones y comentarios sobre el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID para evitar la corrosión de los estándares sociales y ambientales. El siguiente documento enviado al BID se encuentra en español e inglés.
En el marco del proceso de consulta pública sobre la revisión de las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID, junto con un grupo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región realizamos comentarios y observaciones sobre el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social, a través de un documento que fue enviado al Banco el pasado lunes 20 de abril.
El 18 de diciembre de 2019 el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- aprobó y publicó el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- con motivo de la modernización sus políticas ambientales y sociales que rigen las operaciones que lleva a cabo el Banco.
La propuesta de esta política se diferencia de las anteriores, ya que este borrador Marco busca integrar las políticas ambientales y sociales en una sola política. Así, el borrador del MPAS se encuentra estructurado en dos partes. En la primera, presenta la Declaración de Política donde se abordan las responsabilidades y roles del BID y cuestiones relevantes como derechos humanos, equidad de género, no discriminación e inclusión, derechos de Pueblos Indígenas, afrodescendientes y otros pueblos tradiciones, participación de las partes interesadas, reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y protección de la Biodiversidad, y recursos naturales y ecosistema.
En la segunda parte del borrador, se detallan las diez normas de desempeño ambiental y social que deben ser cumplidas por los prestatarios durante todo el ciclo de vida del proyecto. Además, para el Banco las Normas servirán de guías para la evaluación, clasificación, debida diligencia, monitoreo y gestión de riesgos.
Las 10 Normas de Desempeño son las siguientes:
- Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales.
- Trabajo y condiciones laborales.
- Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
- Salud y seguridad de la comunidad.
- Adquisición de tierras y reasentamiento.
- Conservación de la biodiversidad y gestión sostenibles de recursos naturales.
- Pueblos indígenas.
- Patrimonio Cultural.
- Igualdad de Género.
- Participación de las Partes interesadas y divulgación de la información.
Siguiendo el Plan de Consulta Pública elaborado por el Banco, el proceso de consulta pública sobre el MPAS comenzó en Enero a través de consultas presenciales programadas por el BID en distintos lugares del mundo. No solo se podía participar a través de consultas presenciales, también se encontraba habilitada las consultas virtuales por medio del envío de comentarios a través de la página web del Banco o por medio de una dirección de e-mail. Esta primera fase de consultas virtuales finalizaron el pasado 20 de abril.
Fue en ese marco que, más de 50 organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando de manera colaborativa y conjunta desde el año pasado, elaboramos y enviamos al BID un documento con una gran cantidad de comentarios y observaciones sobre el borrador del nuevo MPAS.
El documento, con más de 80 páginas, se estructura en comentarios generales y comentarios específicos sobre cada norma de desempeño que se encuentra en el marco, y no solo identifica pormenorizadamente cada uno de los aspectos problemáticos que identificamos en el borrador, sino que también brinda recomendaciones particulares para subsanarlos. De esta forma, se busca evitar la evidente dilución de los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos que supondría la aprobación del borrador del nuevo MPAS tal como se encuentra. El documento fue enviado el día lunes 20 de abril, fecha en la que finalizaba la primer fase de consultas públicas virtuales sobre el borrador del nuevo MPAS.
Paralelamente desde Fundeps, y con el apoyo y colaboración de un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializada en la temática de género, enviamos comentarios particulares respecto al borrador del MPAS desde una perspectiva de géneros. En dicho documento planteamos la necesidad de que el BID no solo evite debilitar su actual Política de Género, considerada como una de las más avanzadas en la materia en relación al resto de las Instituciones Financieras afines al BID, sino que decida ponerse decididamente a la vanguardia en esta materia, para lo cual debe necesariamente llevar adelante un proceso de transversalización de la perspectiva de género en todas sus políticas y proyectos financiados (Ver documento).
¿Cuáles son los siguientes pasos? El BID elaborará un segundo borrador del MPAS en el cual debe incorporar las recomendaciones y observaciones recibidas de las sociedad civil durante el proceso de consulta. Sin embargo, la experiencia previa en recientes procesos de consulta llevados adelante por el BID evidencia que el Banco es poco proclive a incorporar y tener en cuenta las recomendaciones más importantes provistas por la sociedad civil. Esperamos que en este caso esta tendencia se revierta.
Cuando el Directorio Ejecutivo apruebe el segundo borrador, el BID lo publicará en su página web e iniciará la segunda etapa del proceso de consulta que será virtual y por un período de 30 días. Una vez concluído este período, realizará la versión final del Marco y un documento con la respuesta a los comentarios recibidos. El MPAS aprobado entraría en vigencia en Enero de 2021.
Desde la sociedad civil, esperamos que el BID tome en consideración los comentarios y observaciones que se han realizado no solo para evitar la dilución de los estándares sociales y ambientales de la institución, que se han venido construyendo junto con la sociedad civil en las últimas décadas, sino también para aprovechar la oportunidad para avanzar y fortalecer las mismas. Algo que se torna aún más necesario en un contexto regional signado por el debilitamiento del marco socio ambiental nacional en la mayoría de los países.
Más información
- Inician las consultas públicas sobre la nueva política ambiental y social del BID – Fundeps
- Borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) – BID
- Participamos en las consultas del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID – Fundeps
- Perfil de Política MPAS – BID
- Información Adicional sobre el Borrador Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) – BID
- Evaluación de los estándares Ambientales y Sociales del BID – Oficina de Evaluación y Supervisión
- Recomendaciones y comentarios al borrador del Marco de Políticas Sociales y Ambientales (MPAS) propuesto por el BID – Organizaciones de Sociedad Civil
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Desde Fundeps junto a la participación de algunas organizaciones de sociedad civil internacionales, enviamos al BID un documento con comentarios y observaciones sobre el Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.
En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) con motivo de modernizar sus políticas ambientales y sociales. ¿Qué significa este MPAS? Se trata de los requerimientos en política ambiental y social que el Banco o los prestatarios del Banco deberán cumplir al momento de llevar a cabo un proyecto. En esta declaración, el Banco sostiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental y social, traducida en una serie de requerimientos y recomendaciones ordenados en diez Normas de Desempeño a cumplir en cada proyecto.
En Enero de 2020, comenzaron las consultas públicas presenciales y virtuales, en las cuales Fundeps participó presentando una revisión de lo propuesto en políticas de salvaguardas sociales y ambientales. Este mes, lideramos un documento con comentarios y observaciones específicas a la Norma 9, sobre Igualdad de Género, y su falta de transversalización hacia el resto de las Normas del MPAS. Este documento se formuló junto con otro grupo de ONGs que adhirieron a las recomendaciones y en conjunto fue presentado al BID. Este trabajo supuso analizar todo el borrador del Marco desde un perspectiva de géneros y además contrastarlo con políticas de género anteriores publicadas por el Banco.
Como se mencionó, la primera faltante identificada es la pérdida de transversalización de la política de género en los requisitos de financiación de proyectos. Teniendo en cuenta que tales proyectos afectaran de manera directa e indirecta a las comunidades locales, exigimos que la Norma sobre Igualdad de Género dialogue con otros enfoques como el de raza, etnia, clase, edad, religión, profesión/actividades, ubicación geográfica, entre otros. En otras palabras, exigimos que las problemáticas se aborden desde una visión interseccional, reconociendo la coexistencia de diferentes vulnerabilidades.
En cuanto a su conceptualización de igualdad de géneros, se mencionan algunas desigualdades de las mujeres respecto a los varones, junto con posibles violencias hacia las personas trans, por lo que su abordaje en relación a las personas LGBTTTIQ+ resulta escaso y superficial. Si bien refiere a ‘empoderamiento de géneros’ en lugar de ‘empoderamiento de mujeres’, no se mencionan de manera específica los géneros, lo que manifiesta la reproducción de un enfoque binario, excluyente y regresivo en términos de derechos humanos. Además, esto significa -al no mencionar específicamente los géneros- la falta de incorporación de las personas LGBTTTIQ en los requisitos a cumplir de los proyectos.
En sus medidas de implementación, advertimos que no se incorporan los enfoques propuestos por los tratados internacionales de derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres, y personas LGBTTTIQ+. Por otro lado, las medidas de implementación requeridas a los prestatarios no incluyen una política proactiva para avanzar sobre la igualdad de géneros, como sí se incluyó en políticas de género del Banco anteriores. Se continúa con una política preventiva, aunque identificamos una ausencia de perspectiva de géneros en el diseño de las estrategias para mitigar y prevenir las violencias, discriminaciones y desigualdades.
A los fines de materializar avances en lo que respecta a derechos humanos en los proyectos financiados por el BID, planteamos la necesidad de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de géneros, como su incorporación de aquella a nivel interno de su estructura organizacional. Teniendo en cuenta la capacidad del Banco de generar políticas públicas a través de su elección de financiamiento, concluimos que debe desarrollar Marcos, Políticas operativas y Mecanismos de rendición de cuentas robustos, que incorporen de forma transversal la perspectiva de género y aseguren la participación informada de las personas afectadas en todas las etapas de todos los proyectos financiados y emprendidos por el Banco.
Más información
- Comentarios y observaciones al borrador Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de Género – Fundeps
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- Observaciones al borrador de la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest desde una mirada sesible a los géneros – Fundeps
- Borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) – BID
- Género y Diversidad – BID
Autora
Mariel Pastor
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El presente documento realiza comentarios y observaciones al borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de género. Los comentarios y sugerencias se han realizado con el objetivo de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de género y su incorporación a nivel interno de su estructura organizacional. También se busca evitar la continua vulneración y corrosión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTTQ+.
Luego de que el gobierno de Mauricio Macri utilizara como principal fuente de financiamiento para su gestión la adquisición de deuda con organismos multilaterales de crédito, primando la relación con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos es prudente preguntarnos: ¿Cuál ha sido el rol de China en ese escenario planteado? ¿Cómo se perfila la relación con el gigante asiático en el nuevo gobierno de Alberto Fernández?
Desde la consolidación de China como un actor de influencia en el sistema internacional y una de las principales potencias económicas, Argentina ha tenido una relación con altos y bajos pero en constante comunicación. La utilización de China como actor de contrapeso frente a la constante influencia de Estados Unidos no es una estrategia sólo utilizada por Argentina, sino también por la mayoría de los países de la región.
En este escenario geopolítico, China se presenta como un actor que no puede ser ignorado más allá de los esfuerzos de occidente. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri cambió levemente la tendencia que venía prevaleciendo durante el gobierno de Cristina Fernández el cual podría describirse como casi preferencial.
Durante el gobierno de Macri las relaciones con China han pasado de tener un fuerte lazo a atravesar algunos altibajos, desde el comienzo de la gestión el mayor acercamiento a Estados Unidos tendió a un alejamiento con China. Esto se vio reflejado en la reconsideración de acuerdos firmados previamente durante el gobierno anterior lo que implicó una puesta en pausa a varios proyectos. La idea rectora de la política exterior del entonces presidente Mauricio Macri era “la reinserción de Argentina en el mundo” que implicó otorgar un rol más relevante a la multilateralidad. Desde ahí, la diversas giras internacionales y la búsqueda de apoyo en el mundo produjo un alejamiento con el gigante Chino con quien se tenía un acuerdo de cooperación estratégica muy profundo.
Ante el agotamiento del crédito internacional y la inevitabilidad del vínculo con China, a mediados de su gestión, Macri retomó el diálogo interrumpido por dos años y continuó con la etapa de profundización de la cooperación estratégica planteada por el gobierno de Fernández de Kirchner, con la celebración de la Cumbre del G20 en Argentina y se firmaron nuevos acuerdos de cooperación modificados. Para finales de la gestión la relación ya se había retomado completamente, lo que se evidenció en la asistencia de Argentina a la principal iniciativa de China en América Latina de la Franja y La ruta y se suscriben 16 acuerdos de cooperación entre ambos países. Finalmente, en junio de 2017 Argentina se perfila como miembro potencial no regional al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura -AIIB- junto con otros Estados latinoamericanos, a fin de encontrar financiación a las grandes obras de infraestructura pública del país como las represas en la Patagonia.
En este contexto recibe el gobierno el presidente Alberto Fernández quien además se encuentra atravesando una situación excepcional de emergencia de salud pública ante la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que a meses de haber comenzado su gestión, Fernández debía decidir quién sería el embajador de Argentina en China, decisión que daría indicio acerca del curso de acción de la política exterior con el país asiático. La decisión de Fernández fue innovadora ya que designó como embajador argentino en China a Luis María Kreckler, un diplomático de carrera con trayectoria en embajadas como la de Brasil y Alemania y como asesor político de la embajada junto a Sabino Vaca Narvaja reconocido politólogo titular del Programa de Cooperación y Vinculación Sino-Argentino de la Universidad Nacional de Lanús y especialista académico sobre China.
De esta designación se observa que el gobierno de Fernández busca un balance en la relación con China, es decir, el mantenimiento de una asociación estratégica con el gigante asiático pero sin llegar a la plena dependencia. La designación de un diplomático de trayectoria como Kreckler puede implicar una prudencia a la hora de plantear una estrategia de política exterior que genere un contrapeso a nivel internacional de los intereses políticos que pueda presentar el politólogo Vaca Narvaja.
Por su parte, el presidente Fernández ha declarado que el rol de China en el orden global es ineludible y que durante su gestión se buscará profundizar la Asociación Estratégica Integral que podría ser extensible a la Iniciativa de La Franja y la Ruta.
Por el momento, el incipiente gobierno de Alberto Fernández, que apenas ha atravesado los 100 días de gestión, ya tuvo que gestionar una crisis de emergencia nacional de salud por el COVID-19, y de emergencia económica ante la aún pendiente negociación con el FMI. En este contexto, todo lo que no califique como emergencia automáticamente queda desplazado de las prioridades del gobierno. Sin embargo, la relación con el gigante asiático se ha fortalecido con la donación de insumos médicos del gobierno Chino a Argentina en el marco de la cooperación binacional establecida ante la pandemia del COVID-19.
Asimismo, cuando se trata de la República Popular de China, se reconoce que lo simbólico posee la misma relevancia que lo económico. Por lo que dato no menor ha sido el mensaje que contenían las cajas de insumos provenientes de China donde se encontraba la famosa cita del Martín Fierro escrita por José Hernández: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea«. Si bien puede esperarse matices en la relación con el gigante asiático, una cosa es segura, el gobierno de Alberto Fernández está decidido a fortalecer la relación bilateral, por lo que deberemos esperar para conocer a qué costo será.
Más información
- Las relaciones económicas y comerciales entre China y Argentina en la era de Mauricio Macri – Lin Hua (2017)
- Panorama General de las inversiones chinas en América latina– GREFI (2016)
- Las relaciones China-Argentina bajo la administración Macri: ¿Cambiamos? -Fundeps (2017)
- Alberto Fernández explico porque es clave potenciar la relación bilateral con China– El Cronista (2020)
- Coronavirus en Argentina: llegó un cargamento con donaciones chinas para el Ministerio de Salud– Clarín (2020)
Autora
Florencia Harmitton
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Los días 2 y 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia sobre inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe en el campus de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires.
Los días 2 y 3 de marzo se realizó en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) la conferencia ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe’ organizada por el Transnational Institute (TNI) y la UNSAM.
Ambos días participaron exponentes no solo de Argentina, también se contó con la presencia de especialistas de Chile, Bolivia, Brasil, México y Perú. En el primer día de conferencia se abordaron cuestiones como el rol de las inversiones extranjeras directas (IED) para el desarrollo sustentable en el actual contexto de crisis climática; la IED en América Latina, incluida las inversiones chinas y lo sectores claves en los que se encuentran. Además, se discutieron las potenciales implicancias de la región en la Nueva Ruta de la Seda.
Como conclusiones principales del primer día, se puede mencionar la necesidad de China de recursos primarios extractivos, principal motivo de su relacionamiento con América Latina y el Caribe. El traslado de la Inversión Extranjera Directas (IED) de impactos ambientales a los países de la región. Por último, la continua violación de la inversiones chinas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas.
Por otro lado, en el segundo día se produjo un mayor intercambio de opiniones entre los exponentes y el público presente respetando los temas pactados en el Programa, como la IED China en la región, específicamente las características, impactos y desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina, haciendo hincapié en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile. Por último, los temas que generaron mayor intercambio de opiniones fueron la relación IED-modelos de desarrollo sustentables y, por otro lado, cuál es el tipo de IED que queremos, es decir si ésta puede contribuir al desarrollo nacional teniendo en consideración la sustentabilidad ecológica.
Respecto al segundo día, las cuestiones que tuvieron gran fuerza fueron las relativas a qué patrón sigue China en los distintos países de la región. Así, surgieron cuestiones como la creciente demanda de Litio por parte de China, su asociación con empresas de otros Estados para obtener su tecnología (transferencia tecnológica), la expansión de proyectos bioceánicos, los proyectos de represas hidroeléctricas y el aumento de conflictos ecoterritoriales, por mencionar algunos.
En nuestras región, en las últimas décadas las inversiones chinas han crecido de manera exponencial, superando a las inversiones de los organismos multilaterales tradicionales (como el Banco Mundial y BID). Con estas inversiones, viene aparejada la falta de controles, los impactos ambientales y sociales y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relación asimétrica que existe entre la región y el país asiático reproduciendo los clásicos patrones desiguales de relacionamiento que han caracterizado a América Latina y el Caribe, antes con Estados Unidos y Europa, ahora con la República Popular de China.
En consecuencia, es importante generar una mayor articulación entre sociedad civil, academia, comunidades afectadas y todas aquellas partes interesadas para exigir una forma de relacionamiento más igualitaria y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, ausentes hasta el momento. Es en este marco que se encuadra nuestra participación en la conferencia y el interés de Fundeps por fortalecer los vínculos con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales que aborden la cuestión d elas inversiones chinas y su impacto sobre el ambiente y los derechos humanos.
Más información
- Panorama general de las inversiones chinas en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia, México y Perú – GREFI
- Las relaciones China-Argentina bajo administración Macri: ¿cambiamos? – Fundeps
- Proyectos con financiamiento chino en Argentina: 8 casos emblemáticos – Fundeps
- Análisis del ‘Plan Quinquenal Integral China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)’ – Fundeps
- El rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda Verde – Fundeps
Autora
- Sofía Brocanelli
Contacto
- Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
En el marco del proceso de revisión de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, participamos en las consultas públicas realizadas en las ciudades de Buenos Aires y Washington DC. Junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, planteamos ciertas preocupaciones y recomendaciones en cuanto al proceso de revisión y de consulta, así como al contenido del borrador del Marco de Política Ambiental y Social propuesto.
En enero, el BID dio inicio al proceso de consulta pública sobre un nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), el cual incluyó, hasta el momento, consultas de carácter presencial y virtual en las ciudades de Bruselas (Bélgica), Ciudad de Panamá (Panamá), Kingston (Jamaica), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y Washington DC (Estados Unidos). Además, se contempla la recepción de una primera ronda de comentarios virtuales respecto al borrador hasta el próximo 20 de abril.
Desde Fundeps, participamos tanto de la consulta pública presencial llevada a cabo el 10 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires como en la consulta realizada el 13 de marzo en la ciudad de Washington DC. A su vez, planeamos enviar comentarios por escrito en relación al borrador difundido por el Banco en el marco de un trabajo conjunto que venimos realizando con un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región.
En términos generales, el borrador del MPAS plantea dos secciones diferenciadas: una Declaración de Política que básicamente establece los roles y responsabilidades que le corresponderán al BID en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y requisitos socioambientales del nuevo Marco; y una segunda sección que incluye el detalle de las Normas de Desempeño Ambiental y Social con las que deben cumplir los prestatarios. El borrador plantea la inclusión de diez Normas: 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2. Trabajo y condiciones laborales; 3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación; 4. Salud y seguridad de la comunidad; 5. Adquisición de tierras y reasentamiento; 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; 7. Pueblos indígenas; 8. Patrimonio cultural; 9. Igualdad de género; y 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de la información.
El BID ha planteado que el MPAS propuesto se basa en cinco principios rectores: la no dilución de las actuales políticas; la orientación a resultados (es decir, la implementación efectiva); la proporcionalidad de las responsabilidades y los requisitos establecidos respecto al nivel de riesgo del proyecto; la transparencia y la idea de “hacer el bien” más allá de “no hacer daño”.
Sin embargo, el análisis que hemos realizado junto al resto de las organizaciones involucradas en este proceso permite vislumbrar que, al menos tal como está planteado, el actual borrador dista mucho de cumplir de manera efectiva con cada uno de dichos principios rectores. En términos generales se puede apreciar una dilución de las políticas y la protección socioambiental en muchas de las Normas de Desempeño; no resulta claro qué tan efectiva va a resultar la implementación de dicho MPAS; en muchas secciones del borrador no queda plasmada la idea de proporcionalidad; y prácticamente no se pueden identificar secciones en el borrador que planteen el “hacer el bien” en el sentido que lo plantea el Banco: el de facilitar resultados más sustentables en los social y ambiental.
A su vez, todo el proceso de revisión que está llevando adelante el Banco dista mucho de ser transparente y de “ofrecer oportunidades significativas de participación para todas las partes interesadas” tal cual lo establece el BID. Justamente, como suele suceder con los procesos de consulta que lleva adelante el BID, este proceso ha contado con importantes falencias, sobre todo en el objetivo de lograr una participación efectiva de partes interesadas.
Hemos expresado debidamente todas estas críticas y problemas a los representantes del Banco en cada una de las consultas en las que participamos y las acompañamos de recomendaciones y sugerencias concretas que deberían tener en cuenta a la hora de la elaboración del siguiente borrador del Marco. Además, se harán llegar oportunamente dichas recomendaciones por escrito antes del vencimiento del plazo para enviar comentarios de manera virtual.
Habiendo finalizado las consultas públicas y una vez finalice el período de recepción de comentarios y sugerencias de manera virtual, el Banco deberá elaborar un nuevo borrador del Marco de Política Ambiental y Social para ser presentado al Directorio. Posteriormente, el nuevo Borrador será publicado para una nueva ronda de comentarios de carácter virtual por un período de 30 días, de acuerdo al Plan de consulta pública aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco. Una vez finalizado este período, el BID desarrollará la versión final del Marco que será entregado al Comité de Políticas y Evaluación del Directorio del BID para su evaluación final.
El BID es miembro del Grupo BID. Es fuente de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y, a diferencia del BID Invest que invierte en proyectos del sector privado, el BID se encarga de la inversión en el sector público.
Más información
- Inician las consultas públicas sobre la nueva política ambiental y social del BID – Fundeps
- El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales – Fundeps
- Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguarda (2006) – BID
- Evaluación de Salvaguardas Ambientales y Sociales – BID
- Modernización de las políticas ambientales y sociales del BID
- Perfil de política – Modernización de las Políticas Ambientales y Sociales del BID
- Información adicional sobre el Marco de Política Ambiental y Social
- Políticas operativas sectoriales y documentos de marco sectorial
Contacto
Gonzalo Roza, gonroza@fundeps.org
El presente documento de trabajo aborda uno de los nuevos bancos de desarrollo multilaterales: el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. En él se desarrolla sus inicios, estructura, políticas y estrategias, los proyectos que tiene en marcha y el rol que posee China en el Banco.