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Durante la segunda semana de marzo, Fundeps participó en las Reuniones Anuales de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizadas en Asunción, Paraguay. Este encuentro reúne cada año a las máximas autoridades económicas de los países miembros (principalmente ministros y  ministras de economía y finanzas) para definir las principales líneas de acción de la institución.

La presencia de Fundeps en este espacio se dio en articulación con organizaciones regionales e internacionales que integran el Grupo de Trabajo sobre el BID (IDB Working Group). Se trata de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que desde hace años impulsa procesos de incidencia para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la  participación efectiva de las comunidades y poblaciones afectadas en la toma de decisiones del Banco.

A lo largo de la semana, desde la sociedad civil se desplegó una intensa agenda de actividades, tanto en espacios de incidencia, diálogo y consulta promovidos por el BID como en instancias paralelas de articulación regional y fortalecimiento de capacidades junto a organizaciones y comunidades de Paraguay. Esto ocurrió en un contexto marcado por tensiones en torno a la participación ciudadana y el rumbo de la agenda del Banco.

Incidencia en temas clave: energía, infraestructura e integración regional

A lo largo de las reuniones, participamos en diversas instancias de diálogo con equipos del Banco, abordando asuntos como transporte y conectividad, el programa Amazonía Siempre, la nueva política de adquisiciones y el posicionamiento del Banco respecto a las restricciones al espacio cívico.

Uno de los ejes centrales de discusión fue el programa regional “Conexión Sur”, orientado a fortalecer la integración y la infraestructura en América del Sur. Si bien reconocimos la importancia de avanzar en procesos de integración regional, realizamos algunas advertencias. En su diseño actual, el programa corre el riesgo de reproducir modelos de desarrollo basados en infraestructura que han generado impactos sociales y ambientales negativos en el pasado y que están orientados hacia el extractivismo y la exportación de materia prima más que hacia una verdadera integración regional.

En este sentido, se propusieron medidas concretas para mejorar su diseño, incluyendo la incorporación de criterios claros de selección de proyectos, la aplicación efectiva del marco de infraestructura sostenible del BID, la realización de evaluaciones ambientales y sociales estratégicas y el fortalecimiento de los mecanismos de participación y acceso a la información.

A su vez, se mantuvieron reuniones bilaterales con autoridades del BID, incluyendo a su presidente, Ilan Goldfajn, y al CEO de BID Invest, James Scriven. En esas instancias presentamos preocupaciones y recomendaciones en relación con la creciente participación del sector privado en las operaciones del Banco, las inconsistencias en el funcionamiento de BID Invest en materia de acceso a la información y rendición de cuentas, así como sobre el posicionamiento de la institución frente al preocupante contexto internacional y regional actual.

Entre los avances en el diálogo con sociedad civil y las restricciones a la participación

Durante la apertura de las reuniones, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, destacó el valor de las organizaciones de la sociedad civil y su contribución al diseño de políticas, la implementación de proyectos y la representación de comunidades afectadas. Asimismo, el Banco anunció que se encuentra en proceso de revisión de su estrategia de relacionamiento con la sociedad civil, un proceso del cual el Grupo de Trabajo participa activamente. 

También se llevaron a cabo sesiones específicas sobre involucramiento de organizaciones sociales, reflejando una mayor apertura institucional, que se ha traducido en algunas medidas concretas desde el inicio del mandato de Goldfajn.

Sin embargo, estos avances conviven con importantes restricciones. En el Foro de Sociedad Civil y Partes Interesadas, por ejemplo, se plantearon preocupaciones clave en torno a la falta de transparencia, los impactos de los proyectos financiados por el Banco y las debilidades en los mecanismos de participación.

Un aspecto especialmente preocupante de estas reuniones fue la restricción al espacio cívico, evidenciada en la imposibilidad de que algunas organizaciones (entre ellas Fundeps) pudieran participar plenamente en la agenda oficial del encuentro.

Esta situación estuvo directamente vinculada a la postura adoptada por la silla argentina en el Directorio Ejecutivo del Banco, que limitó la acreditación de organizaciones de la sociedad civil, afectando el ejercicio del derecho a la participación en un espacio clave para la definición de políticas de desarrollo regional.

Este hecho representa un retroceso en materia de apertura institucional y contradice los compromisos asumidos por el propio BID en relación con la transparencia y el involucramiento de actores sociales, aun cuando la responsabilidad por la falta de acreditación, en este caso, recae directamente en los funcionarios del gobierno nacional que representan a la Argentina en el Directorio del Banco.

Hacia una participación significativa

A pesar de las limitaciones, la participación de Fundeps en las Reuniones Anuales del BID permitió fortalecer la articulación regional con otras organizaciones y continuar impulsando una agenda de incidencia orientada a garantizar que las inversiones del Banco respeten los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo sostenible e inclusivo.

Si bien se han registrado avances en la apertura al diálogo en el transcurso de los últimos años, persisten desafíos importantes. El fortalecimiento del espacio cívico, la mejora en los estándares de participación y la incorporación efectiva de las voces de las comunidades serán claves para que el BID pueda cumplir un rol positivo en el desarrollo de la región.

Desde Fundeps, junto al Grupo de Trabajo sobre el BID, continuaremos trabajando para que estos compromisos se traduzcan en acciones concretas.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

Del 8 al 11 de julio, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo reunió a 60 miembros y aliados de 35 países en un encuentro de cuatro días en Nairobi, Kenia, con el objetivo de dar forma colectivamente a la estrategia de la Coalición para los próximos cinco años.

En el marco de la celebración por el 10º aniversario de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, entre el 8 y el 11 de julio pasados se llevó a cabo la Reunión Anual de Miembros de la Coalición, en la ciudad de Nairobi (Kenia). La última reunión presencial se había realizado en el año 2017.

El evento, que contó con la participación de más de 60 miembros y aliados de 35 países, representó un hito clave en el proceso de planificación colectiva de la Estrategia 2025-2030 de la Coalición. Como parte de este proceso, el Secretariado y el Comité Directivo de la Coalición facilitaron, a lo largo de 2024, una serie de conversaciones individuales, debates en grupo y encuestas que permitió recopilar información exhaustiva de unos 80 miembros, socios y otros actores sobre lo que consideran puntos fuertes y débiles de la Coalición y de su trabajo colectivo

La reunión permitió también reafirmar el compromiso compartido por los miembros de la Coalición de enfrentar las crecientes amenazas al espacio cívico, el agravamiento de las crisis de financiamiento y la creciente represión que enfrentan los Pueblos Indígenas, las mujeres y las comunidades del Sur Global afectadas por proyectos de desarrollo perjudiciales. Asimismo, se ratificó la voluntad de de seguir luchando por una visión del desarrollo verdaderamente liderada por y para las comunidades, basada en sus prioridades y necesidades.  

Como organización miembro de la Coalición desde nuestra incorporación formal en mayo de 2015, en Fundeps, a lo largo de estos años, hemos colaborado de manera sostenida en diversas iniciativas promovidas por la Coalición, en temáticas clave como el financiamiento para el desarrollo, la transición energética justa y la incidencia en instituciones financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.

En este sentido, a través de nuestro coordinador del Área de Gobernabilidad Global, Gonzalo Roza, integrante del Comité Directivo de la Coalición y del Comité de Planificación de la Reunión de Miembros, hemos participado activamente a lo largo de todo el proceso de planificación de la Estrategia 2025-2030. 

En un mundo atravesado por la crisis climática, los conflictos y las injusticias sistémicas, espacios como la Coalición son fundamentales para fortalecer nuestro poder colectivo. Desde Fundeps, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un desarrollo liderado por las comunidades del Sur Global, donde seamos protagonistas y artífices de un futuro más justo, inclusivo y sostenible.

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Mientras el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) desarrolla esta semana su reunión anual en Beijing, desde Fundeps, junto a organizaciones aliadas de América Latina y otras regiones, acompañamos un llamado a esta institución para que cumpla su promesa de promover un desarrollo inclusivo, ambientalmente sostenible y con participación efectiva de la sociedad civil.

En una carta abierta (disponible aquí) al presidente del BAII, Jin Liqun, un grupo de organizaciones latinoamericanas presentamos una serie de observaciones y propuestas acerca de cómo el Banco puede apoyar mejor las iniciativas para abordar los desafíos climáticos, ambientales y económicos que afectan a la región, a través del desarrollo de un enfoque más estratégico, el apoyo a estrategias innovadoras en el sector del transporte y una transición energética justa, fundamentada en una mayor transparencia y en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

La carta abierta, que es también respaldada por organizaciones aliadas de Europa y otras regiones, destaca la necesidad de un nuevo paradigma que oriente las inversiones en infraestructura para promover de manera efectiva una infraestructura transparente, sostenible, inclusiva y resiliente al clima, superando el enfoque convencional centrado en megaproyectos pensados e impuestos jerárquicamente. Según las organizaciones de la sociedad civil de América Latina, “la nueva infraestructura no debe afectar negativamente los ecosistemas ni los hábitats de las poblaciones locales, especialmente de los grupos más vulnerables y marginadosPor el contrario, las inversiones en infraestructura deben priorizar la calidad de vida de las comunidades locales y garantizar la integridad de los ecosistemas.” 

«No tenemos dudas de que incorporar la perspectiva de la sociedad civil de manera estructurada puede ayudar al Banco a identificar soluciones integradas mejor alineadas con sus compromisos climáticos, anticipar riesgos sociales y ambientales en etapas tempranas y mejorar los resultados de sus intervenciones en la región», afirmó Daniel Lopes Faggiano, Director Ejecutivo de Instituto Maíra, co-autor de la declaración pública. En la carta abierta concluimos señalando que el establecimiento de espacios que promuevan la participación de las organizaciones de la sociedad civil podría convertirse en un legado trascendental del presidente saliente del BAII, Jin Liqun, cuyo mandato expira en enero de 2026.

Sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII)

El BAII se estableció en 2016 bajo el liderazgo de China, con el objetivo de promover proyectos de infraestructura en Asia y otras regiones del mundo. El Banco inició sus operaciones con 57 miembros fundadores, un capital inicial de US$100.000 millones y su sede en Beijing. En la actualidad, cuenta con 110 miembros, de los cuales 100 son ‘miembros de pleno derecho’, tanto miembros regionales de Asia y Oceanía como de otras regiones, y 10 miembros potenciales. Los miembros de pleno derecho de América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay. 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 25, 26 y 27 de noviembre participamos del 13° Foro de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

El Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas es la plataforma para el diálogo multilateral que evalúa el progreso de los Estados y las empresas en la implementación de los tres pilares fundamentales de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PRD): Proteger, Respetar y Reparar. De esta manera, todos los años reúne a actores clave de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas, creando un amplio espacio de diálogo. 

En la 13ª edición del foro, denominada «Hacer efectivo el ‘Smart Mix’ para los Derechos Humanos en los Negocios», se presentaron las perspectivas de los diferentes actores involucrados sobre cómo aplicar un «mix inteligente» de medidas nacionales, internacionales, voluntarias y obligatorias para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos en las actividades empresariales. Se analizó lo que ha funcionado hasta el momento y lo que no, haciendo hincapié en lo que aún falta para que los cambios que propone este enfoque sean efectivos, especialmente para los titulares de derechos. El foro también buscó resaltar las prácticas positivas que han permitido avanzar en la protección de los derechos humanos en la acción de Estados, empresas y otros actores.

Entre los temas clave que reflejan importantes desafíos se destacó la Transición energética Justa, en la que se discutió la necesidad de que las empresas implementen prácticas sostenibles de manera  concreta y respaldadas por compromisos verificables. Además, se remarcó la importancia de reconocer a las comunidades indígenas como actores fundamentales en la protección de sus tierras y recursos, aunque persisten retos significativos para garantizar que sus derechos se respeten de manera efectiva frente a la actividad empresarial. En este contexto, también se abordó el rol de las instituciones financieras de desarrollo, enfatizando su responsabilidad de asegurarse  que los proyectos que financian cumplan con los estándares de derechos humanos. Finalmente, se mencionó el Litigio Climático Estratégico, que ha ganado relevancia como herramienta para responsabilizar a las empresas por sus impactos negativos en el cambio climático y los derechos humanos.

Uno de los mensajes clave que la sociedad civil quiso resaltar durante el foro fue que la protección de los derechos humanos no debe verse solo como una obligación legal, sino como una responsabilidad colectiva. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y empresas deben trabajar conjuntamente para superar los desafíos y lograr un cambio significativo.

 

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Autora

Julieta Boretti

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio el paso final de un proceso que se extendió por varios años y que culminó con la aprobación de una nueva Política de Acceso a Información (PAI) por parte del Directorio Ejecutivo.

La nueva política, aprobada el 26 de julio de 2024, que actualiza la política actual del BID , entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.  

Desde Fundeps, junto con otras organizaciones regionales, participamos de manera activa en el proceso de actualización y adecuación de la PAI del BID, enviando comentarios y sugerencias a cada una de las versiones previas, así como, participando en diversas consultas públicas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en el Banco.

Como mejoras introducidas a la nueva Política del Banco, pueden mencionarse la posibilidad de hacer solicitudes de información anónimas, la disminución en los plazos de respuesta del BID a las solicitudes de información y el trabajo que está realizando la institución para incrementar la usabilidad de la información y el uso de formatos más accesibles. Aún así, es imperioso que se considere que el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), no es universal ni uniforme.

De igual modo, quedan aspectos esenciales que la PAI, o sus próximas actualizaciones, deben incorporar, tales como: 

  • El enfoque del acceso a la información como derecho humano fundamental y, por ende, pilar de la misma PAI.
  • La armonización de la Política de Acceso a la Información con el Acuerdo de Escazú.  
  • Eliminar ambigüedades en el lenguaje de la norma, fundamentalmente en el apartado “Excepciones”, que deben ser más precisas y establecer criterios claros para su aplicación.

De igual modo, resulta preocupante que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI sean abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de estas Directrices que no requieren obligatoriedad de cumplimiento, como sí lo requiere la misma PAI.

Asimismo, debe mencionarse que hubo importantes demoras en el proceso de revisión de la PAI. A finales de 2019, el BID inició este proceso que fue suspendido meses después. Posteriormente, en abril de 2022, se retomó y el Banco presentó una propuesta de nueva política ante el Directorio Ejecutivo, que fue aprobada para ser sometida a consulta pública con las partes interesadas. Fue recién en enero de 2024 cuando se aprobó la versión final de la Nueva Política de Acceso de Información, que no tuvo en cuenta muchos de los comentarios y sugerencias planteados por parte de sociedad civil en el marco de las consultas presenciales y virtuales organizadas por el propio Banco. 

Como próximo paso, luego de la aprobación de la Política Acceso a Información, se elaborarán las Directrices de Implementación para la aplicación de la misma, las cuales, según informa el BID, serán circuladas oportunamente para comentarios del público y organizaciones de la sociedad civil. Dada la gran importancia de estas Directrices, especialmente en este caso, esperamos que así sea y reiteramos la importancia de que el Banco sitúe a las personas en el centro y utilice la posibilidad de hacer efectivo y pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información, fortaleciendo también en este proceso la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y personas afectadas por sus proyectos y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

MapaInversiones es una iniciativa regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es apoyar la mejora de la 7 transparencia y la eficiencia de la inversión pública mediante el fortalecimiento en la provisión de información sobre proyectos de infraestructura y desarrollo en países de América Latina y el Caribe (ALC). Funcionando en condiciones óptimas, esta herramienta permite a la ciudadanía, autoridades y otras partes interesadas acceder a información detallada y actualizada sobre proyectos de infraestructura y desarrollo a través de plataformas digitales que integran y visualizan datos públicos.

En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos cómo pedir información a estas instituciones y cómo realizar quejas cuándo sus proyectos afectan los derechos de las comunidades.

En los últimos años, Argentina adhirió a dos iniciativas impulsadas por China de gran potencial y relevancia: el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En este documento explicamos que són y por qué nos interesa conocerlas.

Gran parte de lo que sucede en la política exterior argentina se encuentra vinculado con China, de la mano de su creciente influencia global, por lo que es importante conocer iniciativas como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en las que China es su principal promotor. Desde Fundeps compartimos documentos con información básica y accesible sobre estas iniciativas, poniendo énfasis en recursos prácticos para acceder a información y a sus mecanismos de rendición de cuentas.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) representa el programa de desarrollo de infraestructura y conectividad global insignia de China que pretende impulsar el comercio y nuevos lazos políticos y económicos con las naciones participantes, principalmente los países emergentes y “en vías de desarrollo”. Por su parte, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB)  es un banco multilateral de desarrollo creado en 2015 por iniciativa de China que cuenta en la actualidad con más de 100 países miembros de todo el mundo y financia proyectos en otras regiones, como América Latina y el Caribe o África.

El AIIB está estrechamente vinculado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta no sólo porque los procesos de conformación de estos dos instrumentos fueron impulsados por el Presidente chino Xi Jinping y se dieron en simultáneo, sino también porque el AIIB se constituye en la principal herramienta de financiamiento para los proyectos que se enmarcan en la IFR. Asimismo, ambos son parte de un proceso de reconfiguración geopolítica donde el centro de gravedad de la economía mundial gira hacia el Asia Pacífico. Además, ambos han sido objeto de críticas desde sus inicios en relación a los impactos ambientales y sociales negativos que han generado sus proyectos y la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el diseño e implementación de los mismos.

El rol que cumplen -y cumplirán en el mediano-corto plazo- el AIIB y la IFR en Argentina, es  mucho más cercano y tangibles de lo que creemos: si bien parecen iniciativas o actores lejanos y ajenos a la realidad local, a través de su accionar promueven o facilitan la realización de grandes proyectos de infraestructura y energía en el país que, a su vez, tienen -o pueden tener- un impacto directo o indirecto sobre la vida diaria de las personas y pueden afectar derechos sociales y/o ambientales, especialmente de las poblaciones y comunidades vinculadas a los proyectos. De hecho, ya existe un primer proyecto aprobado en Tierra del Fuego que será financiado por el AIIB por un monto de 65 millones de dólares y, en el marco de la IFR, existen diversos proyectos comprometidos en nuestro país. Por este motivo, es fundamental monitorearlos, conocer cómo acceder a información sobre los proyectos y cómo presentar una queja ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco.

Sumado a esto y dada la frecuente falta de transparencia de la banca china y el desconocimiento generalizado sobre la misma, desde Fundeps compartimos estos folletos  actualizados con información resumida sobre el AIIB y la Iniciativa de la Franja y la Ruta. También sumamos un instructivo sobre cómo realizar una queja ante el Mecanismo de Personas afectadas por el Proyecto (PPM, por sus siglas en inglés),el mecanismo de rendición de cuentas del AIIB.

¿Cómo influye la coyuntura?

Durante el actual gobierno de Javier Milei los vínculos diplomáticos entre ambos países se han tensionado a partir de la reconfiguración de la política exterior de la nueva administración, con un mayor alineamiento geopolítico con los Estados Unidos y Occidente. También podemos mencionar ciertas medidas como la decisión del gobierno argentino de realizar visitas a la base espacial china en Neuquén o renunciar a la membresía de Argentina al bloque de los BRICS, el freno a obras de infraestructura con financiamiento chino o incluso declaraciones del propio Presidente o de la canciller Diana Mondino. Esto se ha visto reflejado, entre otras cosas, en las dificultades en las negociaciones para renovar el swap con China -intercambio de monedas entre los bancos centrales de ambos países- o en el debilitamiento en el vínculo comercial, que ha desplazado a China al cuarto lugar como socio comercial de Argentina, posicionándose actualmente detrás de Brasil, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. 

No obstante, vale resaltar que el vínculo entre Argentina y China sigue siendo muy importante, y lo seguirá siendo a futuro, independientemente del gobierno de turno.

Una relación bilateral de carácter estratégico

La relación bilateral entre la República Popular China y la Argentina fue afianzándose en las últimas décadas y adquirió una mayor relevancia desde los años 2000, llegando a constituirse, hace casi 10 años, como una Asociación Estratégica Integral. La misma incluye una ampliación en las áreas de cooperación y abarca aspectos no sólo económicos y financieros sino también políticos, comerciales, tecnológicos, culturales, sanitarios y en materia de inversiones. Este afianzamiento en los vínculos se vio reflejado en la incorporación de Argentina a las dos iniciativas aquí mencionadas.

La firma de una Declaración Conjunta en 2004 y de la Asociación Estratégica Integral en 2014 han sido, a nivel diplomático, dos antecedentes insoslayables para comprender el ingreso de Argentina a la IFR y al AIIB. Dada la continuidad y proyección a largo plazo del vínculo sino-argentino, puede decirse que el ingreso de Argentina a la IFR (en 2022) y al AIIB (desde 2021, en calidad de miembro no regional), son coherentes con el acercamiento y afianzamiento de las relaciones bilaterales desde la normalización de las mismas en 1972 y cristalizan este vínculo de larga data entre ambos países, planteando tanto oportunidades como desafíos para nuestro país.

 

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Infografía con información básica y accesible sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (o “Nueva Ruta de la Seda”).

Infografía con información básica y accesible sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Representantes de la sociedad civil se reúnen con presidente del BID para abordar desafíos para un desarrollo sustentable e inclusivo en América Latina. En el encuentro, se presentaron recomendaciones al banco para fortalecer la promoción de un desarrollo sustentable en la región.

25 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, entre ellas Fundeps, se reunieron el viernes 10 de noviembre con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn, con el propósito de fortalecer el diálogo e identificar oportunidades de mayor acercamiento de la institución a las poblaciones de la región a las que intenta servir.

Los representantes de la sociedad civil plantearon al presidente Goldfajn recomendaciones para fortalecer el vínculo con sociedad civil y comunidades impactadas por proyectos BID y recomendaciones para considerar en la Estrategia Institucional 2023-2030 del BID, que está en proceso de elaboración. Luego, el presidente Goldfajn abrió el espacio para escuchar temas específicos de interés de distintas organizaciones miembro del grupo.

El Grupo de Trabajo sobre el BID calificó la reunión como una señal positiva de la nueva administración del banco, en el sentido de advertirse una apertura y disposición para fortalecer el diálogo con la sociedad civil. La reunión con el presidente Goldfajn sigue un encuentro previo que tuvo lugar durante la Reunión  Anual del BID 2023 sostenida en marzo en Panamá, y una reunión con la Vicepresidenta de Países del BID, Anabel González, durante la Cumbre Finanzas en Común que tuvo lugar en septiembre pasado en Cartagena de Indias, Colombia.

“Estos espacios de diálogo representan una señal de acercamiento del banco con la sociedad civil”, señaló Carolina Juaneda, de Bank Information Center, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre el BID. Según Ivahanna Larrosa, coordinadora regional de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, “la percepción general es que fue una buena reunión para presentar nuestros mensajes y avanzar en mejorar la interlocución del banco con la sociedad civil”.

Los representantes de la sociedad civil señalaron que la Estrategia Institucional 2023-2030 del Grupo BID debe promover una transición energética justa, y comunitaria, que ponga en el centro a las personas y el ambiente. Otras recomendaciones del Grupo de Trabajo fueron que el banco: cumpla con los más altos estándares ambientales y sociales y de respeto de los derechos humanos en sus actividades y los proyectos que financiapriorizando y fortaleciendo la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y mejorando la planificación upstream (aguas arriba) para identificar los proyectos adecuados; de prioridad a inversiones de calidad, redoblando los principios de buen gobierno, en especial de transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas; fortalezca su compromiso con las comunidades impactadas, garantizando la reparación integral a las personas; asegurar una salida responsable de proyectos insustentables y operacionalice el compromiso de no tolerar represalias.

Las organizaciones de la sociedad civil buscan una participación sustantiva en las Reuniones Anuales del Grupo BID que se realizarán en marzo de 2024 en República Dominicana. Se celebra la apertura del presidente Goldfajn y su equipo en trabajar hacia una mayor interacción de organizaciones y comunidades de la región, con la administración y equipos del Banco.

Acerca del Grupo de Trabajo sobre el BID

El Grupo de Trabajo sobre el BID es una articulación de más de 60 organizaciones de la sociedad civil, tanto de la región como internacionales, que hacen incidencia en el Grupo BID, promoviendo los más altos estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos y apoyando a comunidades impactadas adversamente por los proyectos financiados por el banco. Algunas de sus integrantes han estado trabajando desde hace tres décadas para fortalecer los procesos de participación, transparencia, acceso a la información y respeto de los derechos humanos por parte del BID.

 

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