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En las últimas semanas, el Banco Mundial aprobó un proyecto por 35 millones de dólares y el BID y la CAF han comprometido montos de 1800 y 4000 millones de dólares respectivamente para proyectos que le permitan a la Argentina hacer frente a los efectos del COVID-19. Son préstamos de rápido desembolso que si bien resultan importantes para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias de la pandemia, plantean una serie de dudas respecto al efectivo cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para su aprobación.

El efecto de la pandemia en la economía mundial puede verse reflejado en la paralización del comercio internacional y las actividades económicas. Además, la situación de incertidumbre ha propiciado el endurecimiento de la financiación externa para los Estados, que en este momento resultan esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria para la cual se requieren fuertes inversiones en materiales y equipamiento médico específico.

Frente a este escenario, diversas Instituciones Financieras Internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Europeo de Inversiones -BEI- o el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, entre otros, han puesto a disposición de los países financiamiento de rápido desembolso para proyectos que permitan hacer frente a los efectos de la pandemia . El pasado 2 de abril, el Banco Mundial -BM- aprobó un préstamo de emergencia de 35 millones de dólares para la Argentina, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud mediante la compra de equipos e insumos médicos para minimizar el impacto del coronavirus en el país. Este financiamiento forma parte del fondo de 14 mil millones de dólares que el Banco Mundial creó para brindar asistencia a los países que deben enfrentar las consecuencias en sus sistemas sanitarios y económicos a causa del brote.

Fuente: Página 12

Fuente: Página 12

Además, el BM se comprometió a cooperar con la República Argentina en la implementación del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19. El mismo tiene como propósito fortalecer la preparación y la respuesta contra la pandemia y la adecuación de los sistemas nacionales de salud pública del país. La ejecución del proyecto de emergencia será en dos etapas: la primera consiste en los esfuerzos de respuesta a la emergencia del COVID-19 que consta de dos subetapas: por un lado, la detección, confirmación, seguimiento de contacto, registro e informe de casos y por otro el fortalecimiento de los sistemas de salud. La segunda etapa, es la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.

Asimismo, el 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 1800 millones de dólares para el país para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias ante la crisis del COVID-19. Es el mayor monto desembolsado por el BID hacia la Argentina en los últimos 10 años. El apoyo brindado por el BID se vincula con la atención al sistema de salud, la transferencia a la red de protección social para los más vulnerables y la recuperación económica y del empleo, principalmente, de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Fuente: Infobae

Fuente: Infobae

Los programas del área pública del Grupo BID vinculados a la Argentina con objetivo de atender la emergencia del COVID-19 y que serán aprobados este 2020 es de 1000 millones de dólares, mientras que los otros 600 millones de dólares corresponden a proyectos vigentes. 

En un comunicado oficial, Presidencia explicó que el primero de los proyectos destinará 470 millones de dólares para un programa de salud pública con el fin de apoyar la respuesta frente al coronavirus, de la cual este año se desembolsaron 300 millones. El objetivo es asegurar el acceso al sistema de salud a 17 millones de personas. De igual modo, con la intención de apoyar el sector productivo y fomentar la creación de empleos se destinará 500 millones de dólares, para el cual 300 millones se desembolsaron este año. Se estima que el monto irá en auxilio de 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas. 

Ademas, se destinará 600 millones con la meta de atender a la población más vulnerada mediante un programa de protección social creado en conjunto con el BID. De ese total, 400 millones serán desembolsados este año con el propósito de transferir recursos y subsidios a los sectores vulnerables. El mismo apoyará alrededor de 3 millones de empresas.  

Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha expresado que en el contexto actual cada Estado debe adoptar medidas económicas que respondan a la coyuntura de cada país, sin dejar de lado el sector productivo y las franjas sociales más vulnerables. Para contribuir en dichos espacios, la CAF ha desplegado un paquete de préstamos de emergencias para cada país de hasta  50.000 millones de dólares para atender los sistemas de salud pública; también desembolsos de emergencia de  2.500 millones de dólares por país destinamos a PYMES que involucran distintos aspectos de la cartera financiera. Además se han puesto a disposición recursos de cooperación no reembolsables para donación de insumos esenciales al sector de la salud.

El presidente de Argentina mantuvo conversaciones con el ejecutivo del CAF (Luis Carranza Ugarte) intercambiando preocupaciones e iniciativas para responder a la crisis. La institución se comprometió con el Gobierno argentino a llevar adelante la ejecución de proyectos de cooperación técnica por más de  4.000 millones de dólares dentro de los próximos cuatro años destinados a la reactivación económica y ayuda social en distintos niveles gubernamentales. Para el corriente año, se destinará financiamiento específico para  fortalecer la emergencia en las provincias (40 millones de dólares), promover políticas sociales (30 millones de dólares), desarrollar inversiones en infraestructura entre los que se encuentran establecimientos educativos, reparación y construcción de rutas, y saneamiento (USD 900 millones de dólares). 

De esta forma, se puede apreciar que las  Instituciones Financieras han puesto a disposición del gobierno nacional fondos de rápido desembolso para poder hacer frente a los efectos de la pandemia de manera ejecutiva. Y la Argentina no es el único caso, ya que se han aprobado más de 130 proyectos en países de Latinoamérica, Europa, Asia y África por un monto total mayor a los 25 mil millones de dólares, de acuerdo a un mapeo de proyectos realizados por el Sistema de Alerta Temprana

Sin dejar de reconocer la necesidad de los países de contar rápidamente con recursos para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, cabe destacar que la mayoría de estos proyectos están siendo preparados, discutidos y aprobados de manera acelerada, en pocas semanas, cuando por lo general son procesos que demoran varios meses ya que deben atravesar una serie de instancias y cumplir una serie de requisitos para su aprobación y puesta en marcha. Requisitos que no sólo contemplan cuestiones económico-financieras, sino también en materia de transparencia, participación pública, rendición de cuentas, debida diligencia y sustentabilidad social y ambiental de los proyectos. Por lo tanto, cabe cuestionar si tales requisitos están efectivamente siendo contemplados y aplicados en estos proyectos de rápido desembolso por parte de las Instituciones Financieras y gobiernos involucrados.  

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Autores/as

Ailín Toso 

Mariano Camoletto

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Con motivo del proceso de modernización de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 50 organizaciones de sociedad civil de la región realizamos un documento con recomendaciones y comentarios sobre el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID para evitar la corrosión de los estándares sociales y ambientales. El siguiente documento enviado al BID se encuentra en español e inglés.

En el marco del proceso de consulta pública sobre la revisión de las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID, junto con un grupo de más de 50 organizaciones de la sociedad civil de la región realizamos comentarios y observaciones sobre el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social, a través de un documento que fue enviado al Banco el pasado lunes 20 de abril.

El 18 de diciembre de 2019 el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- aprobó y publicó el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social -MPAS- con motivo de la modernización sus políticas ambientales y sociales que rigen las operaciones que lleva a cabo el Banco.

La propuesta de esta política se diferencia de las anteriores, ya que este borrador Marco busca integrar las políticas ambientales y sociales en una sola política. Así, el borrador del MPAS se encuentra estructurado en dos partes. En la primera, presenta la Declaración de Política donde se abordan las responsabilidades y roles del BID y cuestiones relevantes como derechos humanos, equidad de género, no discriminación e inclusión, derechos de Pueblos Indígenas, afrodescendientes y otros pueblos tradiciones, participación de las partes interesadas, reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y protección de la Biodiversidad, y recursos naturales y ecosistema.

En la segunda parte del borrador,  se detallan las diez normas de desempeño ambiental y social que deben ser cumplidas por los prestatarios durante todo el ciclo de vida del proyecto. Además, para el Banco las Normas servirán de guías para la evaluación, clasificación, debida diligencia, monitoreo y gestión de riesgos. 

Las 10 Normas de Desempeño son las siguientes: 

  1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. 
  2. Trabajo y condiciones laborales.
  3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación.
  4. Salud y seguridad de la comunidad.
  5. Adquisición de tierras y reasentamiento.
  6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenibles de recursos naturales.
  7. Pueblos indígenas.
  8. Patrimonio Cultural.
  9. Igualdad de Género.
  10. Participación de las Partes interesadas y divulgación de la información.

Siguiendo el Plan de Consulta Pública elaborado por el Banco, el proceso de consulta pública sobre el MPAS comenzó en Enero a través de consultas presenciales programadas por el BID en distintos lugares del mundo. No solo se podía participar a través de consultas presenciales, también se encontraba habilitada las consultas virtuales por medio del envío de comentarios a través de la página web del Banco o por medio de una dirección de e-mail. Esta primera fase de consultas virtuales finalizaron el pasado 20 de abril.

Fue en ese marco que, más de 50 organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando de manera colaborativa y conjunta desde el año pasado, elaboramos y enviamos al BID un documento con una gran cantidad de comentarios y observaciones sobre el borrador del nuevo MPAS.

El documento, con más de 80 páginas, se estructura en comentarios generales y comentarios específicos sobre cada norma de desempeño que se encuentra en el marco, y no solo identifica pormenorizadamente cada uno de los aspectos problemáticos que identificamos en el borrador, sino que también brinda recomendaciones particulares para subsanarlos. De esta forma, se  busca evitar la evidente dilución de los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos que supondría la aprobación del borrador del nuevo MPAS tal como se encuentra. El documento fue enviado el día lunes 20 de abril, fecha en la que finalizaba la primer fase de consultas públicas virtuales sobre el borrador del nuevo MPAS.

Paralelamente desde Fundeps, y con el apoyo y colaboración de un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializada en la temática de género, enviamos comentarios particulares respecto al borrador del MPAS desde una perspectiva de géneros. En dicho documento planteamos la necesidad de que el BID no solo evite debilitar su actual Política de Género, considerada como una de las más avanzadas en la materia en relación al resto de las Instituciones Financieras afines al BID, sino que decida ponerse decididamente a la vanguardia en esta materia, para lo cual debe necesariamente llevar adelante un proceso de transversalización de la perspectiva de género en todas sus políticas y proyectos financiados (Ver documento).

¿Cuáles son los siguientes pasos? El BID elaborará un segundo borrador del MPAS en el cual debe incorporar las recomendaciones y observaciones recibidas de las sociedad civil durante el proceso de consulta. Sin embargo, la experiencia previa en recientes procesos de consulta llevados adelante por el BID evidencia que el Banco es poco proclive a incorporar y tener en cuenta las recomendaciones más importantes provistas por la sociedad civil. Esperamos que en este caso esta tendencia se revierta.

Cuando el Directorio Ejecutivo apruebe el segundo borrador, el BID lo publicará en su página web e iniciará la segunda etapa del proceso de consulta que será virtual y por un período de 30 días. Una vez concluído este período, realizará la versión final del Marco y un documento con la respuesta a los comentarios recibidos. El MPAS aprobado entraría en vigencia en Enero de 2021.

Desde la sociedad civil, esperamos que el BID tome en consideración los comentarios y observaciones que se han realizado no solo para evitar la dilución de los estándares sociales y ambientales de la institución, que se han venido construyendo junto con la sociedad civil en las últimas décadas, sino también para aprovechar la oportunidad para avanzar y fortalecer las mismas. Algo que se torna aún más necesario en un contexto regional signado por el debilitamiento del marco socio ambiental nacional en la mayoría de los países.

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Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

Desde Fundeps junto a la participación de algunas organizaciones de sociedad civil internacionales, enviamos al BID un documento con comentarios y observaciones sobre el Marco de Política Ambiental y Social desde una perspectiva de género.

En diciembre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- publicó el borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) con motivo de modernizar sus políticas ambientales y sociales. ¿Qué significa este MPAS? Se trata de los requerimientos en política ambiental y social que el Banco o los prestatarios del Banco deberán cumplir al momento de llevar a cabo un proyecto. En esta declaración, el Banco sostiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental y social, traducida en una serie de requerimientos y recomendaciones ordenados en diez Normas de Desempeño a cumplir en cada proyecto.

En Enero de 2020, comenzaron las consultas públicas presenciales y virtuales, en las cuales Fundeps participó presentando una revisión de lo propuesto en políticas de salvaguardas sociales y ambientales. Este mes, lideramos un documento con comentarios y observaciones específicas a la Norma 9, sobre Igualdad de Género, y su falta de transversalización hacia el resto de las Normas del MPAS. Este documento se formuló junto con otro grupo de ONGs que adhirieron a las recomendaciones y en conjunto fue presentado al BID. Este trabajo supuso analizar todo el borrador del Marco desde un perspectiva de géneros y además contrastarlo con políticas de género anteriores publicadas por el Banco.

Como se mencionó, la primera faltante identificada es la pérdida de transversalización de la política de género en los requisitos de financiación de proyectos. Teniendo en cuenta que tales proyectos afectaran de manera directa e indirecta a las comunidades locales, exigimos que la Norma sobre Igualdad de Género dialogue con otros enfoques como el de raza, etnia, clase, edad, religión, profesión/actividades, ubicación geográfica, entre otros. En otras palabras, exigimos que las problemáticas se aborden desde una visión interseccional, reconociendo la coexistencia de diferentes vulnerabilidades.

En cuanto a su conceptualización de igualdad de géneros, se mencionan algunas desigualdades de las mujeres respecto a los varones, junto con posibles violencias hacia las personas trans, por lo que su abordaje en relación a las personas LGBTTTIQ+ resulta escaso y superficial. Si bien refiere a ‘empoderamiento de géneros’ en lugar de ‘empoderamiento de mujeres’, no se mencionan de manera específica los géneros, lo que manifiesta la reproducción de un enfoque binario, excluyente y regresivo en términos de derechos humanos. Además, esto significa -al no mencionar específicamente los géneros- la falta de incorporación de las personas LGBTTTIQ en los requisitos a cumplir de los proyectos.

En sus medidas de implementación, advertimos que no se incorporan los enfoques propuestos por los tratados internacionales de derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres, y personas LGBTTTIQ+. Por otro lado, las medidas de implementación requeridas a los prestatarios no incluyen una política proactiva para avanzar sobre la igualdad de géneros, como sí se incluyó en políticas de género del Banco anteriores. Se continúa con una política preventiva, aunque identificamos una ausencia de perspectiva de géneros en el diseño de las estrategias para mitigar y prevenir las violencias, discriminaciones y desigualdades.

A los fines de materializar avances en lo que respecta a derechos humanos en los proyectos financiados por el BID, planteamos la necesidad de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de géneros, como su  incorporación de aquella a nivel interno de su estructura organizacional. Teniendo en cuenta la capacidad del Banco de generar políticas públicas a través de su elección de financiamiento, concluimos que debe desarrollar Marcos, Políticas operativas y Mecanismos de rendición de cuentas robustos, que incorporen de forma transversal la perspectiva de género y aseguren la participación informada de las personas afectadas en todas las etapas de todos los proyectos financiados y emprendidos por el Banco.

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Autora

Mariel Pastor

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El presente documento realiza comentarios y observaciones al borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID desde una perspectiva de género. Los comentarios y sugerencias se han realizado con el objetivo de fortalecer el compromiso del Banco con la perspectiva de género y su incorporación a nivel interno de su estructura organizacional. También se busca evitar la continua vulneración y corrosión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTTQ+.

En el marco del proceso de revisión de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, participamos en las consultas públicas realizadas en las ciudades de Buenos Aires y Washington DC. Junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, planteamos ciertas preocupaciones y recomendaciones en cuanto al proceso de revisión y de consulta, así como al contenido del borrador del Marco de Política Ambiental y Social propuesto.

En enero, el BID dio inicio al proceso de consulta pública sobre un nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), el cual incluyó, hasta el momento, consultas de carácter presencial y virtual en las ciudades de Bruselas (Bélgica), Ciudad de Panamá (Panamá), Kingston (Jamaica), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y Washington DC (Estados Unidos). Además, se  contempla la recepción de una primera ronda de comentarios virtuales respecto al borrador hasta el próximo 20 de abril.

Desde Fundeps, participamos tanto de la consulta pública presencial llevada a cabo el 10 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires como en la consulta realizada el 13 de marzo en la ciudad de Washington DC. A su vez, planeamos enviar comentarios por escrito en relación al borrador difundido por el Banco en el marco de un trabajo conjunto que venimos realizando con un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región.

En términos generales, el borrador del MPAS plantea dos secciones diferenciadas: una Declaración de Política que básicamente establece los roles y responsabilidades que le corresponderán al BID en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y requisitos socioambientales del nuevo Marco; y una segunda sección que incluye el detalle de las Normas de Desempeño Ambiental y Social con las que deben cumplir los prestatarios. El borrador plantea la inclusión de diez Normas: 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2. Trabajo y condiciones laborales; 3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación; 4. Salud y seguridad de la comunidad; 5. Adquisición de tierras y reasentamiento; 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; 7. Pueblos indígenas; 8. Patrimonio cultural; 9. Igualdad de género; y 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de la información. 

El BID ha planteado que el MPAS propuesto se basa en cinco principios rectores: la no dilución de las actuales políticas; la orientación a resultados (es decir, la implementación efectiva); la proporcionalidad de las responsabilidades y los requisitos establecidos respecto al nivel de riesgo del proyecto; la transparencia y la idea de “hacer el bien” más allá de “no hacer daño”.

Sin embargo, el análisis que hemos realizado junto al resto de las organizaciones involucradas en este proceso permite vislumbrar que, al menos tal como está planteado, el actual borrador dista mucho de cumplir de manera efectiva con cada uno de dichos principios rectores. En términos generales se puede apreciar una dilución de las políticas y la protección socioambiental en muchas de las Normas de Desempeño; no resulta claro qué tan efectiva va a resultar la implementación de dicho MPAS; en muchas secciones del borrador no queda plasmada la idea de proporcionalidad; y prácticamente no se pueden identificar secciones en el borrador que planteen el “hacer el bien” en el sentido que lo plantea el Banco: el de facilitar resultados más sustentables en los social y ambiental.

A su vez, todo el proceso de revisión que está llevando adelante el Banco dista mucho de ser transparente y de “ofrecer oportunidades significativas de participación para todas las partes interesadas” tal cual lo establece el BID. Justamente, como suele suceder con los procesos de consulta que lleva adelante el BID, este proceso ha contado con importantes falencias, sobre todo en el objetivo de lograr una participación efectiva de partes interesadas.

Hemos expresado debidamente todas estas críticas y problemas a los representantes del Banco en cada una de las consultas en las que participamos y las acompañamos de recomendaciones y sugerencias concretas que deberían tener en cuenta a la hora de la elaboración del siguiente borrador del Marco. Además, se harán llegar oportunamente dichas recomendaciones por escrito antes del vencimiento del plazo para enviar comentarios de manera virtual.

Habiendo finalizado las consultas públicas y una vez finalice el período de recepción de comentarios y sugerencias de manera virtual, el Banco deberá elaborar un nuevo borrador del Marco de  Política Ambiental y Social para ser presentado al Directorio. Posteriormente, el nuevo Borrador será publicado para una nueva ronda de comentarios de carácter virtual por un período de 30 días, de acuerdo al Plan de consulta pública aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco. Una vez finalizado este período, el BID desarrollará la versión final del Marco que será entregado al Comité de Políticas y Evaluación del Directorio del BID para su evaluación final. 

El BID es miembro del Grupo BID. Es fuente de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y, a diferencia del BID Invest que invierte en proyectos del sector privado, el BID se encarga de la inversión en el sector público.

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Gonzalo Roza, gonroza@fundeps.org

El presente documento de trabajo aborda uno de los nuevos bancos de desarrollo multilaterales: el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. En él se desarrolla sus inicios, estructura, políticas y estrategias, los proyectos que tiene en marcha y el rol que posee China en el Banco.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio inicio al proceso de consultas públicas sobre el nuevo Marco de la Política Ambiental y Social. El mismo contará con instancias tanto presenciales como virtuales y se extenderá a lo largo de todo el año 2020.  

Con un comunicado en su página web, el BID anunció el inicio de las consultas públicas virtuales y presenciales sobre el borrador del nuevo marco de la política ambiental y social. De acuerdo al banco, este nuevo marco tiene por propósito reforzar la sostenibilidad ambiental y social de las operaciones del banco y, a su vez, ser más eficaces en la respuesta a los desafíos que enfrentan los países de la región para lograr el tan ansiado crecimiento sostenible.

El Marco de la Política Ambiental y Social contempla políticas de salvaguardas, lecciones aprendidas y buenas prácticas acumuladas a través de los años. Además, en la política se menciona el compromiso del banco con la sostenibilidad ambiental y social, y las 10 normas de desempeño que los países miembros prestatarios han de cumplir.

También, el borrador de la política contempla los riesgos e impactos de carácter ambiental y social y remarca avances en cuanto a derechos humanos, igualdad de género, no discriminación y participación de partes interesadas.

Según el plan de consulta aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, el proceso de consulta pública será significativo, incluyente y transparente. Sin embargo, gran parte de la sociedad civil que ha venido trabajando en agendas vinculadas al BID en el transcurso de los últimos años dudan que sea realmente así, guiándose por las malas experiencias de las más recientes consultas públicas llevadas adelante por la institución, que se caracterizaron por sus falencias en términos de participación pública y transparencia.

Los procesos de consultas presenciales tendrán lugar en la Sede del Banco en Washington D.C. y en algunos países de América Latina y el Caribe, Europa y Asia. Los interesados en participar de las consultas presenciales podrán hacerlo registrándose aquí

Por otra parte, aquellos que quieran participar de las consultas virtuales, pueden enviar comentarios sobre el borrador de la nueva política a través de la página web www.iadb.org/es/mpas o enviando un correo electrónico a bid-mpas@iadb.org. La primera fase de comentarios podrá realizarse hasta el 17 de abril.

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones.

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región, actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los actores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

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Autores

Sofía Brocanelli

Gonzalo Roza

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El MICI, mecanismo de rendición de cuentas del BID y BID Invest, con motivo del aumento de las represalias hacia los solicitantes, ha trabajado para mejorar las capacidad de su equipo en el tratamiento de estas situaciones. En consecuencia, ha desarrollado una serie de  Directrices para atender el riesgo de represalias en la gestión de solicitudes que entrará en vigencia en el 2020.

El BID y el BID Invest poseen un mecanismo de rendición de cuentas (IAMs), el Mecanismos Independiente de Consulta e Investigación, más conocido como MICI. 

Los mecanismos de rendición de cuentas se han creado por las IFIs para que las comunidades puedan realizar la presentación de reclamos ante posibles daños que hayan sido causados por las inversiones que los bancos realizan y, por lo tanto, que estén incumpliendo los estándares ambientales, sociales y de transparencia de acuerdo a los cuales las instituciones efectúan su trabajo. Las características de este tipo de mecanismos se adecúen a los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de la ONU, específicamente su pilar 3 de acceso a mecanismos de reparación por parte de las víctimas. 

Sin embargo, se ha observado con frecuencia  que los solicitantes que presentan quejas en el MICI sufren de represalias, manifestada de diversas formas. Ello no deja de poner en riesgo la vida de los solicitantes, que en la mayoría de los casos, son defensores/as ambientales y/o de derechos humanos. En el 2018, el mecanismo observó un aumento de los casos en donde se solicita la confidencialidad por temor a represalias o a actos de intimidación hacia las comunidades en las cuales se desarrolla el proyecto financiado por el Banco.   

Por tal motivo, el MICI desarrolló el kit de herramientas ‘Guía para IAMs sobre medidas para abordar el riesgo de represalias en la gestión de reclamaciones’. Esta guía tiene por objetivo evaluar el nivel de riesgo que implicaría la intervención de un mecanismo y cuáles son las formas de prevenirlo, mitigarlo, reducirlo o abordarlo. En ambos apartados, el documento brinda  herramientas para orientar a los mecanismos y a sus respectivas instituciones sobre qué pasos se deberían seguir para abordar estas situaciones.  

En América Latina, los defensores/as ambientales y de derechos humanos atraviesan violaciones constantes a sus derechos. Con tal motivo, y en pos de que las instituciones financieras adquieran mayor conciencia sobre esta problemática, el mecanismo se reunió con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La conclusión central de esta reunión fue ratificar la centralidad que deben ocupar los DDHH en la financiación para el desarrollo sostenible. Como resultado, el MICI, a partir del año 2020, contará con las ‘Directrices para atender el riesgo de represalias en la gestión de solicitudes’.  

Las Directrices han sido creadas con el propósito de que los solicitantes, ante el riesgo de represalias anteriores o posteriores a realizar un reclamo ante el mecanismo, puedan aplicarse de manera efectiva las Políticas MICI-BID y MICI-CII. Ellas constituyen una herramienta para implementar en las regiones o áreas en las que, simplemente, exista el riesgo de represalias. 

Las Directrices se emplearán de acuerdo a factores que creen, aumenten o agraven el riesgo de sufrir represalias por los solicitantes ante el Mecanismo; también se pretende trabajar con los solicitantes en pos de reducir y atender los factores de riesgos que se identifiquen.

El documento de las directrices aborda los principios para la gestión de casos en que se detecte riesgo de represalias. Algunos de estos principios son: 

  • Tolerancia cero ante represalias,
  • Evaluación participativa y continua de los riesgos;
  • Acción sin daños;
  • Honestidad y transparencia sobre el mandato MICI en materia de represalias. 

Las directrices deben servir de guía para capacitar a todo el equipo de trabajo en la Gestión de riesgo de represalias, difundir las directrices y brindar capacitaciones a otras unidades del Grupo BID. Además, pone a disposición el documento para que cualquier institución las utilice, siempre y cuando no alteren su contenido. 

Por último, las directrices tendrán que compartirse con los solicitantes en la etapa de registro para analizar la existencia de riesgo de represalias. En caso de que así sea, un equipo del MICI debe elaborar un Análisis de Riesgo de Represalias (ARR). De acuerdo al nivel de riesgo que se identifique en el análisis, el equipo del Mecanismo elaborará un Plan conjunto de reducción de riesgo de represalias (PCRR) que podrá establecer medidas de prevención o mitigación. 

De aplicarse correctamente estas directrices, significaría un avance en la protección de los defensores/as ambientales y de derechos humanos, así como de las comunidades, quienes realizan reclamos debido a los impactos negativos sociales y ambientales de los proyectos financiados por las instituciones financieras internacionales. 

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Autora

Sofía Brocanelli

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El 11 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo en Washington D.C. una consulta presencial sobre el perfil de su nueva Política de Acceso a la Información, que se encuentra actualmente bajo revisión.  Además de haber participado presencialmente de la consulta en Washington, junto con otras organizaciones de la sociedad civil enviamos comentarios virtuales respecto a dicho Perfil de Política. 

El Grupo BID se encuentra actualmente revisando algunas de sus políticas operativas más relevantes, entre ellas las políticas ambientales y sociales y la política de acceso a la información. A su vez, el BID Invest, brazo privado del Grupo BID, está finalizando procesos similares de sus propias políticas socioambientales y de acceso a la información.

En cuanto a la Política de Acceso a la Información del BID, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó en noviembre pasado el inicio de la revisión de la política y posteriormente realizó una consulta pública presencial sobre el Perfil de la nueva Política (un documento que establece las líneas esenciales que el Banco plantea incluir en el borrador de la nueva política). La misma fue realizada el 11 de diciembre pasado en la ciudad de Washington y contó con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundeps. En dicha consulta pudimos expresar algunas de nuestras preocupaciones iniciales respecto al documento de Perfil y respecto al proceso de revisión encarado por el Banco. Preocupaciones y recomendaciones que luego enviamos al Banco en un documento elaborado de manera conjunta con un grupo de organizaciones aliadas, en el marco de la consulta virtual del Perfil de Política (Ver: Recomendaciones al borrador del Perfil de la Política de Acceso a la Información del BID).

Entre las recomendaciones generales que las OSC realizaron al perfil de la política se puede destacar la necesidad de reconocer el derecho a la información como un derecho humano el cual debe ser el pilar de la nueva política. 

También, se instó a que el Banco elimine del borrador del perfil de la nueva política la excepción donde se permite que los países se opongan a la divulgación de información específica concerniente al país. Esta excepción es incompatible con el principio básico de transparencia según la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE). Además, se evidencian problemas de inconsistencia con la política de acceso general de Acceso a la Información como la dificultad en definir cuál información es potencialmente dañina y cuál no. 

A su vez, al analizar el borrador del Perfil de la Política, se observaron y señalaron algunos espacios vacíos. Solo por mencionar algunas de las lagunas encontradas, en lo concerniente a la Seguridad y Protección, se recomendó que se contemple a los individuos, grupos y/o comunidades ya que son las más expuestas a padecer de represalias al buscar acceder a información cuando los proyectos financiados por el BID se están ejecutando en sus territorios. En adición, se recomendó que la Política incluya aquellas disposiciones que  se encuentran en concordancia con las mejores prácticas internacionales en cuanto a la protección de denunciantes. 

En cuanto a la confidencialidad de la información financiera y empresarial, se recomendó evitar que la nueva Política tenga un lenguaje vago, amplio y discrecional lo cual deja a decisión de países miembros, terceras partes y otras entidades el acceso de este tipo de información.

Por último, se instó al Banco a no eliminar de la Política la referencia en la cuál se informa que la comunidades pueden realizar quejas al MICI por posible violación de la Política. Además, al no eliminar de la política esta referencia, permite que las comunidades afectadas por proyectos del BID puedan exigir la reparación de daños a través del mecanismo, así como conocer de la existencia de este mecanismo, en caso de desconocimiento. 

Habiendo concluido la instancia de consultas acerca del Perfil, los siguientes pasos contemplan la publicación del Borrador de Política (que incorporará, de acuerdo al Banco, los comentarios y recomendaciones recibidos en las consultas presencial y virtual mencionadas) y una subsiguiente instancia de consulta pública que incluirá consultas presenciales en algunos países de la región y una consulta virtual que se extenderá por 120 días.

Invitamos a la sociedad civil y, sobre todo, a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Banco, a participar activamente de este proceso de revisión aportando sus experiencias y recomendaciones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el acceso a la información del BID Para participar del proceso, puede acceder al este enlace provisto por el Banco

Más información 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El presente documento pretende acercar observaciones y comentarios al borrador de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Estas observaciones son realizadas con el objetivo de visibilizar conflictos y problemáticas existentes en el accionar del BID Invest.

El presente documento pretende acercar observaciones y comentarios al borrador de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest desde una perspectiva de géneros, la cual se encuentra prácticamente ausente en el actual borrador. Estas observaciones son realizadas con el objetivo de visibilizar conflictos y problemáticas existentes en el accionar del BID Invest, del BID y de instituciones financieras afines, relacionados con la vulneración de derechos, la desigualdad, la violencia y la división sexual del trabajo, principalmente.