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Durante el año 2016 más de 280 personas defensoras de derechos humanos y del ambiente fueron asesinadas en 25 países, marcando una creciente radicalización de la violencia hacia éstas. Los numerosos asesinatos que se produjeron durante las primeras semanas del año 2017 han ratificado esta preocupante tendencia. Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado que aboga por un cambio en la situación de aquellos que han visto vulnerados sus derechos como consecuencia de la protección del medioambiente, el territorio, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

“El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental”

Así comienza el último informe de Global Witness, organización que se encarga de exponer los lazos ocultos entre la demanda de los recursos naturales, la corrupción, los conflictos armados y la destrucción del medioambiente. El motivo de este informe es exponer la situación de peligro que vivencian los/as defensores/as de derechos humanos (DDHH) en Honduras, identificado por el reporte como “el país más mortífero del mundo para el activismo ambiental”. Se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

Según la investigación de Global Witness, desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados. A lo largo de 2016, defensores y defensoras de derechos humanos de todas las regiones del mundo se han enfrentado a ataques debido a su labor para mejorar y defender los derechos humanos de sus comunidades. Han sido perseguidos tanto por actores estatales como no estatales que buscaban desalentar, desacreditar e interrumpir sus actividades no violentas.

De acuerdo con FrontLine Defenders en su último informe de finales de 2016 el número de asesinatos de ese año supuso un incremento respecto a la cifra del año anterior. Alrededor de 281 personas fueron asesinadas en 25 países. El 49% de estos/as defensores/as trabajaban en la defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de los casos se produjeron cuando estos/as defensores/as locales iniciaron campañas contra empresas multinacionales y se resistieron a la ocupación de sus tierras, así como a las reubicaciones forzosas, que a menudo se realizaban sin una consulta o compensación adecuadas.

Sumado a los anteriores, ProtectDefenders.eu, el mecanismo de defensores/as de la Unión Europea reconoció que, en todo el mundo, los/as defensores/as de DDHH son sometidos con asiduidad a momentos de acoso y acusaciones penales falsas destinadas a paralizar, intimidar y deslegitimizar sus actividades por los derechos humanos. Tienen dificultades al desarrollar su trabajo en entornos cada vez más restrictivos en los que el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica; no existen. Permanentemente se revocan licencias de ONG de derechos humanos, se embargan cuentas bancarias y se viola su derecho a acceder a fondos extranjeros. Una cantidad creciente de Estados también ha desarrollado un patrón sistemático de obstáculos contra la libertad de movimiento (mediante el uso de prohibiciones de viaje) de los/as defensores/as de los derechos humanos, con la clara intención de aislarlos.

El asesinato de los/as defensores/as impacta de una forma que vas más lejos aún que su propia muerte. Afectan a toda la comunidad de derechos humanos. Las organizaciones que se han encargado de investigar acerca de esta situación en el mundo, a menudo se han topado con que sus asesinatos han estado enmarcados usualmente en previas protestas frente a compañías multinacionales. Asimismo, se destaca el papel de complicidad de los gobiernos para con estas actitudes que han devenido con la muerte de centenares de personas a lo largo del mundo.

Las tierras ricas en recursos naturales de América Central y del Sur, África y Asia continúan siendo motivo de conflicto entre la industria extractiva y los pueblos indígenas en el marco de proyectos frecuentemente financiados por instituciones financieras internacionales (IFIs) o por empresas occidentales y chinas. La falta de controles y balances sobre las cuestiones de derechos humanos en el seno de esas instituciones, a menudo acompañada de la ya mencionada complicidad del Gobierno de turno, ha resultado en la intimidación de la población local y en otras cosas más graves, lo que ha llevado a estos a considerar que sus preocupaciones no han sido debidamente atendidas.

En lo que va de este 2017, ya se han visualizado nuevos asesinatos a defensores/as. Isidro Baldenegro, indígena ecologista, defensor de los bosques en la sierra Tarahumara, México, fue asesinado durante el mes de enero. Dos semanas después Juan Ontiveros Ramos, defensor mexicano fue golpeado brutalmente junto con otros miembros de su familia y se lo llevaron a la fuerza. El 1 de febrero, el cuerpo del activista fue hallado. De la misma forma, el martes 17 de enero, manifestantes lideraron una manifestación pacífica contra una planta hidroeléctrica en Guatemala. Pero el evento terminó con muerte después de que los paramilitares mataron y al activista de 72 años, Sebastián Alonso.

Desde FUNDEPS nos sumamos al reclamo generalizado para evitar que este tipo de conductas contra los/as defensores/as ambientales y de derechos humanos se sigan perpetuando en este 2017. Nuestro trabajo ha estado íntimamente relacionado con el monitoreo de proyectos financiados por instituciones financieras internacionales, así como también buena parte de aquellos proyectos que han contado con financiamiento chino. Destacamos la necesidad que la sociedad civil continúe con sus tareas de control sobre este tipo de proyectos, al mismo tiempo que se garantice el respeto por los derechos de quienes ejercemos este tipo de tareas.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

A la vista de la rápida reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y los crecientes ataques a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, firma una declaración sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales para asegurar la participación y rendición de cuentas significativas y eficaces dentro de sus inversiones, y para fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, reunión y asociación.

A continuación, parte de la declaración:

En los últimos años, diversas instituciones financieras internacionales, (IFI’s) como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo e inversión, han acentuado cada vez más la importancia de la participación, la gobernanza efectiva y la rendición de cuentas para el desarrollo. Como ha sido señalado tanto por especialistas en derechos humanos como en desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, reunión y asociación es indispensable para un desarrollo participativo, sostenible y responsable. (1)

En muchos de los países donde invierten las IFI’s, estos derechos se ven vulnerados por actos que incluyen desde la violenta represión de protestas y la criminalización de expresiones, hasta la aprehensión y detención arbitraria de defensores de derechos humanos, así como restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) (2) . En 2014, Global Witness identificó 116 asesinatos de defensores del derecho a la tierra, al territorio y derechos ambientales en 17 países, lo cual representa un promedio de más de dos casos por semana (3). Este clima de violencia, intimidación y reducción de los espacios para la sociedad civil hace que sea prácticamente imposible una participación pública genuina en el desarrollo. También agrava considerablemente el riesgo de que las actividades financiadas por las IFI contribuyan a violaciones de derechos humanos o exacerben estos abusos (4). 

En todas sus actividades, las IFI´s deben hacer todo lo posible dentro de sus atribuciones para contribuir a generar un entorno que propicie la participación pública y donde las personas tengan los medios necesarios para definir sus propias agendas de desarrollo y exigir que sus gobiernos, donantes, empresas y otros actores rindan cuentas. Las IFI deberían además asegurar que sus actividades no impliquen ni propicien violaciones de derechos humanos, lo cual incluye adoptar todas las medidas que permitan identificar y abordar riesgos para los derechos humanos en todas sus acciones. 

Los actores que suscriben esta carta instamos a todas las IFI´s a garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad. Alentamos a las IFI a contribuir activamente al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en todas sus actividades.

Asimismo, exhortamos a los gobiernos que son accionistas de instituciones financieras internacionales a que apoyen activamente estas reformas en cada una de las IFI de las cuales son miembros.

Instamos a las instituciones financieras internacionales a realizar las siguientes acciones:

1. Como parte de los compromisos a nivel de países y a nivel de proyectos, analizar de manera sistemática el contexto en el cual se manifiestan las libertades de expresión, reunión y asociación, y el efectivo ejercicio de otros derechos humanos que son cruciales para el desarrollo, así como las implicaciones para la eficacia del desarrollo y los resultados conseguidos por los proyectos. Incorporar este análisis a las estrategias de desarrollo y el diseño de proyectos en los países, entre otras cosas, identificando las acciones y medidas que serán adoptadas por la IFI y el cliente para abordar cualquier tipo de riesgos.

2. Formular e institucionalizar métodos creativos para posibilitar que las personas, incluidos grupos que sufren marginación y discriminación, puedan participar y expresarse libremente en proyectos de desarrollo financiados por las IFI que puedan afectarlas o que deberían beneficiarlas, sin riesgo de soportar represalias.

3. Analizar y adoptar medidas en forma sistemática para mitigar los riesgos vinculados con proyectos que puedan afectar las libertades de expresión, reunión y asociación, y otros derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

4. Adoptar políticas para asegurar que las inversiones en tecnología de la información y las comunicaciones no se utilicen para limitar la libertad de expresión ni violar obligaciones internacionales relativas a los derechos a la privacidad.

5. Desde las primeras etapas de la definición de un proyecto, y hasta después de concluida su ejecución, adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de cualquier tipo de amenazas, ataques o represalias contra miembros de la comunidad, trabajadores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil por participar en el desarrollo del proyecto, criticar o repudiar un proyecto o manifestarse de otro modo contra un proyecto (o ser percibido como detractor de este). Tales medidas deberían incluir: incorporar cláusulas para evitar represalias en contratos de préstamo y crear un sistema de respuesta urgente para actuar ante amenazas contra quienes critican proyectos.

6. Destacar sistemáticamente la importancia de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación para un desarrollo participativo, sostenible y con rendición de cuentas, en los diálogos con todos los niveles de gobierno y en las publicaciones relevantes de las IFI. En el supuesto de propuestas que pudieran implicar retrocesos para la protección de estos derechos, subrayar a los gobiernos el impacto adverso que tales propuestas podrían tener para la efectividad del desarrollo y las actividades de la IFI en el país.

7. Con respecto a mecanismos de cumplimiento/rendición de cuentas: crear medidas para proteger el derecho de las personas a una reparación de daño, incluido el derecho a acudir libremente a los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas de las IFI y participar activamente en estos; asegurar que las comunidades que probablemente resulten afectadas por un proyecto sepan que pueden acudir a los mecanismos de rendición de cuentas y quejas, y no teman por su seguridad; asignar a los mecanismos de rendición de cuentas las herramientas y las potestades necesarias para abordar situaciones en las cuales los reclamantes sufran represalias luego de haber participado o intentado utilizar un proceso de dichos mecanismos; y tomar previsiones para que las investigaciones sobre cumplimiento también examinen cualquier tipo de represalias tomadas contra quienes se oponen al proyecto y/o participan en el proceso del mecanismo.

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(1) Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance, and Development: An empirical perspective”, en World Bank Institute, Development Outreach, octubre de 2006, http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOu…, págs. 15- 20; Hans-Otto Sano, “Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly, vol. 22.3 (2000), págs. 734-52.

(2) Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo 2015/2016”, 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/; Civicus, “Civil Society Watch Report”, junio de 2015, http://www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/news-and-resources-127/2245-new-civicus-report-civil-society-rights-violated-in-96-countries.

(3) Global Witness, “How Many More? 2014’s Deadly Environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras”, abril de 2015. 

(4) Human Rights Watch, “Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial”, 22 de junio de 2015, https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-cr… Oxfam International, “The Suffering of Others: The human cost of the International Finance Corporation’s lending through financial intermediaries”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-suffering-of-others-international-finance-corporation-020415-en.pdf.

Más información:

Declaración: Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones, y de promover un entorno propicio para las libertades de expresión, reunión y asociación 

Si desea suscribir la declaración, acceda aquí: bit.ly/1V50PEH

Contacto: 

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

Esta semana FUNDEPS participa de una serie de eventos en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial. Entre ellos, se presentó el informe “Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance”. Además, formó parte de un importante evento organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se analizó la posibilidad de crear un Consejo Consultivo Externo.

Desde el 13 hasta el 18 de abril tendrán lugar, en Washington, los eventos de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, en los que participan funcionarios gubernamentales, el sector privado, periodistas, integrantes de círculos académicos y representantes de la sociedad civil. En este marco, FUNDEPS forma parte de numerosos eventos y actividades paralelas que se dan lugar en esta semana.

Sumado a los eventos de las Reuniones de Primavera, el día lunes 11 de abril, FUNDEPS estuvo en un encuentro organizado por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En dicho encuentro, se analizó la posibilidad de establecer un Órgano Externo de Consulta para el MICI, cuya composición en principio estaría dada tanto por miembros representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y expertos en materia de rendición de cuentas, como así también por miembros del BID. Entre los objetivos que tendría dicho organismo, encontramos la asistencia al MICI en el control de las rendiciones de cuentas para promover mejoras en el mecanismo.

Además, tuvo lugar la presentación del informe «Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance» (¿El Vaso Medio Lleno? El Estado de Rendición de Cuentas en la Financiación del Desarrollo), desarrollado por FUNDEPS en conjunto con 11 organizaciones de diferentes partes del mundo. En el mismo, se documentan los obstáculos que deben superar las comunidades y los trabajadores para recurrir a los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales cuando son afectados por proyectos de desarrollo.

Los eventos paralelos incluirán una marcha de protesta contra el Banco Mundial marcando la necesidad de que las obligaciones de derechos humanos sean tenidas en cuenta al momento de apoyar proyectos de desarrollo. Como un organismo formado por los diferentes Estados del mundo, es esperable que las obligaciones de estos se extiendan también al Banco Mundial.

Desde FUNDEPS asistimos a estos eventos para tratar que las decisiones de desarrollo internacional respeten las obligaciones de derechos humanos, que se hagan con participación de las comunidades afectadas y que haya posibilidad de rendir cuentas respecto de los impactos de los proyectos de desarrollo.

Más información:

Folleto: El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)

Glass Half Full?: The State of Accountability in Development Finance

– Glass Half Full?. Annex 11: The Independent Consultation and Investigation Mechanism of the Inter-American

La Nueva Política del MICI: ¿Avance o Retroceso?

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Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

FUNDEPS, como parte de la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), abre una consulta sobre una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo.

Las actividades para el desarrollo pueden tener un profundo impacto en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Desafortunadamente, las herramientas estándares de planificación del desarrollo, selección, evaluación y monitoreo no están diseñados para captar plenamente su impacto en los derechos humanos. Por lo tanto, la Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo (CCDH), una alianza global de la que FUNDEPS forma parte, ha venido llevando adelante un proyecto para desarrollar una metodología para la incorporación de derechos humanos dentro de los marcos de estándares sociales y ambientales de las instituciones financieras de desarrollo. Para mayor detalle, haga click aquí.

 

¿Qué es esta herramienta?

Un componente clave de esta metodología ha sido la elaboración de una Herramienta de Análisis de Oportunidades y Riesgos (AOR). La AOR ha sido diseñada para ser utilizada por Instituciones financieras y gobiernos, que planifiquen e implementen proyectos y actividades de desarrollo. La AOR llevará al usuario a través de un proceso que identifique y evalúe riesgos y oportunidades asociadas para  los derechos humanos, permita ajustar el diseño de una actividad para responder a los mismos y desarrolle indicadores  y un plan de monitoreo.

AOR está basado en un Registro de Estándares, organizado en 12 Áreas temáticas y acompañadas por un set de preguntas de indicadores de riesgo y de evaluación de impacto. Haga click aquí para acceder los estándares e indicadores. Haga click aquí para mayor información.

Este es un proyecto ambicioso, que busca contribuir a la protección de los derechos humanos en el desarrollo. En este contexto, abrimos una consulta para poder crear una herramienta innovadora que demuestre tanto a gobiernos como instituciones financieras qué significa identificar y responder a riesgos e impactos en derechos humanos.

 

Cómo participar de la consulta

  • Documentos en borrador: Es posible acceder al Registro de Estándares e Indicadores directamente aquí. Los hemos organizado por área temática así pueden verse directamente los aspectos que más se vinculan con la experiencia de cada particiapnte.
  • Encuesta online: Hemos desarrollado un cuestionario online que se puede completar haciendo click aquí
  • Comentarios en documentos: Es posible enviar comentarios usando directamente los archivos de las tablas, con control de cambios, a esta dirección: hr_consultation@fundeps.org
  • Entrrevistas personales: Hemos dispuesto un equipo de trabajo para organizar reuniones virtuales para recibir comentarios y observaciones. Para hacerlo, comunicarse con el correo hr_consultation@fundeps.org.

– Fecha límite: 31 de Octubre.

El Banco Mundial publicó el segundo borrador de sus políticas de salvaguardas, el cual implica una clara dilución de las medidas de protección ambiental y social existentes actualmente. Esto ha generado que diversos grupos de la sociedad civil manifestaran su disconformidad con la nueva propuesta. Por su parte, el Director Ejecutivo José Alejandro Rojas Ramírez, realizó una declaración pública sobre el nuevo borrador recomendando la incorporación de los derechos humanos en el mismo.

El pasado 4 de agosto, el Banco Mundial hizo público el nuevo borrador de sus políticas de salvaguarda, que según manifestaron numerosas organizaciones involucradas, debilita significativamente las protecciones para las comunidades afectadas y el medio ambiente, al mismo tiempo que refleja la intención del banco de financiar más proyectos de alto riesgo. La nueva propuesta de Salvaguardias Ambientales y Sociales contradice enfáticamente el compromiso del Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, de asegurar que las nuevas reglas no debiliten o «diluyan» las medidas de protección ambiental y social obligatorias existentes; y al mismo tiempo pone en tela de juicio la medida en que el banco ha respondido a los diferentes insumos presentados por el público en general. Además, el nuevo marco propuesto no cubrirá inversiones sustanciales de la cartera del Banco Mundial, incluyendo el desembolso rápido de préstamos basados en políticas para sectores ambiental y socialmente sensibles. A pesar de las reiteradas peticiones de la sociedad civil, el banco también ha fallado en hacer público un presupuesto detallado para la ejecución de su plan propuesto.

En julio de 2014, el banco hizo público un primer borrador de salvaguardias que proponía una dilución masiva de las protecciones existentes para temas ambientales y sociales en las políticas del momento. Ante esto, Vicepresidentes del banco, académicos, expertos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y organizaciones comunitarias expresaron su fuerte oposición a dicho documento.

Ante esta publicación, representantes de diversos grupos independientes de derechos humanos y ambientales, manifestaron que el nuevo marco propuesto carece de requisitos claros y obligatorios, de incentivos, de estructuras de rendición de cuentas y de un presupuesto detallado. A su vez desmantela los requisitos de debida diligencia del banco, remueve tiempos obligatorios y requisitos de procedimiento que el prestatario debe cumplir, derrumbando en forma efectiva treinta años de protecciones ambientales y sociales para las comunidades afectadas. Además, sostuvieron que el banco propone sustituir sus propias salvaguardas obligatorias y mecanismos de rendición de cuentas con normas aspiracionales y un exceso de confianza en los sistemas nacionales de los prestatarios, sumado a que el nuevo borrador de política no requiere que las actividades apoyadas por el banco respeten los derechos humanos y no contravengan las obligaciones internacionales legales de los países prestatarios con relación a derechos humanos.

A pesar del compromiso ampliamente divulgado por el Banco Mundial de “reducir el calentamiento” y cerrar la brecha de u$s70 mil millones de financiamiento climático, la nueva propuesta no solo elimina las protecciones existentes para los bosques, la biodiversidad y los pueblos dependientes de los bosques, sino que también carece de un componente crucial de salvaguardas contra el cambio climático.

El segundo borrador incluye algunas mejoras con relación al borrador del 2014. Por ejemplo, un nuevo lenguaje en relación a protección laboral, a pueblos indígenas y al análisis diferencial de las necesidades particulares de determinados grupos en situación vulnerable; aclarando que las evaluaciones deben examinar los impactos diferenciados de proyectos en grupos específicos, en lugar de agrupar a diferentes grupos vulnerables o en desventaja en un solo conjunto. Sin embargo, el borrador no asegura en forma consistente, a lo largo de todos los estándares, que los impactos de los proyectos particulares en cada grupo vulnerable o en desventaja sean diferenciados para evitar daños a estos grupos; a la vez que deja al margen algunos grupos clave, incluyendo las personas discriminadas sobre la base de políticas o de diferente opinión e idioma.

Por su parte, José Alejandro Rojas Ramírez, Director Ejecutivo del banco por Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y España, realizó una declaración pública en relación al segundo borrador de las Salvaguardias presentado por el Banco Mundial. En dicha declaración, recomendó la incorporación de los Derechos Humanos en el borrador como un principio rector para las Salvaguardias Ambientales y Sociales, afirmando que de acuerdo al Convenio Constitutivo del Banco Mundial, es su mandato apoyar la implementación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, en materia de no discriminación, llamó a la incorporación de una lista de los grupos vulnerables que se pretenden proteger. Por otro lado, remarcó la necesidad de que se provea de mayor información acerca de los parámetros que considerará la autoridad del Banco Mundial a la hora de utilizar los marcos de protección nacionales, para lograr así brindar mayor seguridad a todas las partes involucradas en la operación. Al mismo tiempo, destacó el hecho de que deba ser realizado un reporte periódico al Directorio Ejecutivo, como así también que se deban realizar revisiones cada cinco años. Para concluir, manifestó “Nuestro desafío será, a partir de ahora, asegurar que cuando se implementen las nuevas salvaguardias, el Banco Mundial sea riguroso y garantice que los prestatarios cuenten con los medios necesarios para cumplir con ellas”.

Hacia las Reuniones Anuales 2015

En este contexto, el pasado 13 de agosto, Fundeps participó de un encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la iniciativa Road to Lima 2015. La misma pretende ser una iniciativa de diálogo y debate entre autoridades económicas, académicas, representantes de la sociedad civil y el sector privado, a fin de discutir temas de relevancia y actualidad respecto de la economía mundial, la estabilidad financiera y el desarrollo económico. Todos esto en preparación para las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI, que se desarrollarán en octubre de este mismo año en la ciudad de Lima (Perú), y en donde la actual Revisión de Salvaguardias constituirá un tema central de debate. Este evento fue organizado por el FMI y contó con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil que debatieron temas tales como el rol actual del FMI en la comunidad global, y en particular en relación a América Latina; cuestiones de inequidad y género, transparencia fiscal e industrias extractivas, y el rol de la sociedad civil en miras a las Reuniones Anuales del Banco Mundial-FMI.

Cabe destacar que Fundeps estará participando el próximo mes de octubre en estas reuniones donde estará involucrado, junto al Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), en la realización de diversos eventos, como un Evento Alternativo a las Reuniones Anuales organizado desde la sociedad civil; un taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas de IFIs y diversos paneles y eventos en materias diversas como la Revisión de Salvaguardas del Banco Mundial o las inversiones en Infraestructura.

Más información:

 – Press Release: Dangerous Rollback in Environmental and Social Protections World Bank’s New Framework Undermines President Kim’s Commitment to “No Dilution” – Bank Information Center, August 4th, 2015.

–  Segundo Borrador del Marco Social y Ambiental del Banco Mundial

–  Análisis preliminar del Nuevo Borrador del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (elaborado por Bank Information Center)

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo enviaron una carta abierta llamando al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) a romper con los modelos de desarrollo fallidos del pasado y asegurar que el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) resulte verdaderamente algo nuevo.

El pasado jueves 9 de julio, en el marco de la Cumbre de los BRICS realizada en la ciudad de Ufa (Rusia), los líderes de los gobiernos de los cinco países que conforman este bloque oficializaron el lanzamiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés). Con un capital inicial que trepa a los 50 mil millones de dólares, destinados principalmente al financiamiento para el desarrollo a través de infraestructura, este nuevo banco se plantea inicialmente como una alternativa diferente a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tradicionales de origen occidental, como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En particular busca promover un nuevo modelo desarrollo, diferente del promovido por tales organismos.

Frente a este objetivo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo han firmado una carta abierta que fue presentada en la Cumbre de los BRICS, en la que plasmaron cuáles son los desafíos que tiene afrontar el NDB si desea realmente romper con el fallido modelo de desarrollo actual que hace prevalecer las estrategias de exportación de materias primas en detrimento de la sociedad y del medio ambiente (para ver la carta completa acceder aquí).  De acuerdo a la carta, para que el NDB represente realmente algo “nuevo” en materia de financiamiento para el desarrollo, el mismo debe guiarse por los siguientes cuatro principios clave:

1) Promover un desarrollo para todos: la inversión no puede traer desarrollo si no satisface las necesidades de las personas. El NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo, impulsado por las comunidades; que aborde la pobreza y la desigualdad; que elimine las barreras al acceso y oportunidades, y sea respetuoso de los derechos humanos, las culturas locales y el ambiente.

2) Ser transparente y democrático: una institución dedicada al interés público debe ser accesible al público. Por lo tanto, el NBD debe asegurar que sus operaciones sean transparentes, accesibles y participativas. Sólo así, las comunidades involucradas en las actividades del NBD tendrán acceso a la información y la habilidad de influenciar y moldear las inversiones y decisiones que se tomen

3) Establecer estándares fuertes y asegurar su cumplimiento: el NBD deberá adoptar estándares fuertes para asegurar que las actividades financiadas por el mismo, beneficien y no dañen a las comunidades o al ambiente. Las políticas y procedimientos del NBD deben surgir de los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos y protección al ambiente, y como mínimo, deberán ser congruentes con el derecho internacional.

4) Promover el desarrollo sustentable: El desarrollo sustentable es esencial en el mandato del NBD. Las inversiones de dicha insitutción deberán promover soluciones ambientalmente sustentables y de largo plazo. Esto significa un respeto a los derechos de las comunidades a sus tierras, recursos y a un ambiente sano, separándonos del modelo depredador de extracción, contaminante e intenso en recursos que por años ha sido la realidad en países en vías de desarrollo.

Seguramente en los próximos años, el NDB se transformará en un actor clave en el financiamiento para el desarrollo a nivel global y regional. Es por ello que para la sociedad civil y los movimientos sociales de la región resulta un desafío prioritario el realizar un trabajo de monitoreo e incidencia sobre esta nueva institución desde sus mismos inicios, con el fin de promover que la misma se constituye efectivamente en una alternativa efectiva a las instituciones tradicionales pero que, a la vez, adopte principios y estándares sociales y ambientales los suficientemente altos y adecuados.

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Siete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nuestra fundación, y representantes de seis mecanismos independientes de rendición de cuentas se reunieron en Washington, D.C. el 9 de abril de 2015, para comentar sobre las recientes reformas efectuadas al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación -MICI- (Banco Interamericano de Desarrollo) y al Mecanismo Independiente de Revisión -IRM- (Banco Africano de Desarrollo).

El objetivo del evento, fue intercambiar puntos de vista sobre las tendencias actuales en materia de atención al daño causado por operaciones financiadas por las instituciones financieras internacionales, a través de la resolución de conflictos y verificación de la observancia.

El mismo fue organizado en forma conjunta por los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial (Panel de Inspección -IP-) y la Corporación Financiera Internacional (CAO) y contó con la participación de representantes de los mecanismos del Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Banco Europeo de Inversión y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (SECU/SRM).

Por parte de la sociedad civil se contó con la participación de Accountability Counsel, EarthRights International, FUNDEPS (FundaciónFundaciónpara el Desarrollo de Políticas Sustentables), Human Rights Watch, Indian Law Resource Center, ITUC (por sus siglas en inglés, International Trade Union Confederation), Montpelier Consulting, SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) The Center for International Environmental Law (CIEL), y Transparency International.

Desarrollo del evento

La sesión introductoria fue dirigida por Osvaldo Gratacós (Vicepresidente de la CAO) y Kristen Genovese (SOMO), seguida por una plenaria conducida por Felismino Alcarpe (Director del Mecanismo de Quejas del Banco Europeo de Inversiones). Como parte de esta plenaria Victoria Márquez-Mees (Directora Interina del MICI) presentó los cambios que presenta la Política Actual del MICI, aprobada y vigente desde el pasado 17 de diciembre de 2014. En torno a esto, el Director Ejecutivo de nuestra fundación, Juan Martín Carballo, hizo comentarios sobre los aspectos de la política que favorecen a los posibles reclamantes y los temas donde considera que se puede todavía mejorar, para atender las necesidades de las comunidades potencialmente afectadas. Es importante destacar que con el equipo de FUNDEPS participamos en el proceso de Consulta Pública realizado como parte de la elaboración de la política ahora vigente.

De igual forma, Sekou Touré (Director del IRM) presentó las principales característica de la política aprobada recientemente por el AfDB y Kindra Mohr (Directora de Políticas del Accountability Counsel), quien también participó de manera activa en el proceso de consulta de dicha política, criticó constructivamente el resultado. Posteriormente, el grupo discutió abiertamente las ideas que están rigiendo la academia y el trabajo de campo en la resolución de conflictos, desde la óptica de las organizaciones de sociedad civil.

Por último, la clausura del evento corrió a cargo de Gonzalo Castro de la Mata (Presidente del IP), y Lori Udall (Presidenta de Montpelier Consulting), con comentarios sobre cómo estos encuentros ayudan a fortalecer los vínculos entre los mecanismos de rendición de cuentas y la sociedad civil.

 

Fuente:

– Web oficial del BID

Más información:

Web oficial FUNDEPS: «El BID aprobó la nueva política del MICI. Un Mecanismo más débil y menos confiable

Web oficial FUNDEPS:»FUNDEPS participará en la mesa sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y en las reuniones de primavera del Banco Mundial

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

A pesar de la universalidad de los derechos humanos, gran parte de los Estados continúan interpretando sus obligaciones como aplicables solamente dentro de su propio territorio. Esto ha provocado un vacío importante en la protección de estos derechos, por lo que se han desarrollado una serie de principios que pretenden aclarar cuáles son las obligaciones extraterritoriales de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Las “obligaciones extraterritoriales” (ETO, por sus siglas en inglés) son aquellas obligaciones que tienen los Estados como consecuencia de sus actos u omisiones, que impactan en el disfrute de los derechos humanos fuera de sus propios límites territoriales. Si bien las mismas han adquirido mayor relevancia como consecuencia de los efectos de la globalización, los Estados aún muestran una fuerte tendencia a limitar sus obligaciones a su propio territorio. Esto ha provocado importantes vacíos en la protección de los derechos humanos, particularmente para el caso de las empresas trasnacionales y de las organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).

En consecuencia, desde el año 2011, y gracias al esfuerzo de expertos y expertas internacionales en los principios subyacentes de las ETO, existe un conjunto de principios conocidos como Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Actualmente, estos principios constituyen una opinión internacional experta, que aclara las obligaciones extraterritoriales de los Estados en base al derecho internacional vigente.

Relación de las ETO con las IFIs y las empresas trasnacionales

En este marco, ocurre que los Estados recurren con frecuencia a IFIs con la finalidad de solicitar financiamiento para sus proyectos, muchos de los cuales son pasibles de provocar violaciones a los derechos humanos, no solo en el territorio del Estado que solicitó el financiamiento sino también fuera de él. No obstante, es importante aclarar que el derecho internacional no permite que los Estados ignoren -ni trasgredan- sus respectivas obligaciones de derechos humanos, a través de la utilización de las IFIs como agente que no cumple, en sus prácticas, las obligaciones propias de los Estados. En ese sentido, el principio de Maastricht número 15° se refiere expresamente a las obligaciones de los Estados como miembros de las organizaciones internacionales, estableciendo que:

“Un Estado que transfiera competencias o participe en una organización internacional debe adoptar todas las medidas razonables para garantizar que la organización actúe conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de dicho Estado.” (Principios de Maastricht, punto 15°)

Es decir, que los Estados no pueden evadir sus obligaciones amparándose en el justificativo de que las acciones son desarrolladas por las IFIs. Por el contrario, como miembros de dichas organizaciones, deben tomar las medidas que estén a su alcance para que las actividades de las mismas sean coherentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Un análisis similar es aplicable para el caso de las empresas trasnacionales originarias de un Estado, pero cuyas actividades pueden tener efectos sobre los derechos humanos de las poblaciones donde operan. En este caso, el punto 24° de los Principios de Maastricht resalta la obligación de proteger o regular que tienen los Estados, al establecer que:

“Todos los Estados deben adoptar las medidas para asegurar que los actores no estatales que estén en condiciones de regular […] incluyendo individuos y organizaciones privadas, empresas trasnacionales y otras empresas comerciales, no anulen o menoscaben el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”. (Principios de Maastricht, punto 24°)

Esto implica que un Estado no puede desentenderse de las acciones y obligaciones de sus empresas trasnacionales que operan fuera de su propio territorio. Por el contrario, deben encargarse de regular y supervisar sus actividades, sobre todo aquellas que se relacionen con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

De esta manera, los Principios de Maastricht establecen que los Estados deben procurar por sus medios, lograr el mayor grado satisfacción posible de los DESC; los que abarcan cuestiones básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el acceso al agua, entre otras. Los Estados contribuyen en la garantía de los mismos a través de sus actos u omisiones, de las decisiones que apoyan en los órganos de gobierno de las IFIs, y de la regulación y supervisión de las acciones de sus empresas trasnacionales.

En este contexto, la sociedad civil debe abogar por el reconocimiento y acatamiento de los Principios de Maastricht, ya que sin el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales, los derechos humanos no pueden asumir su papel como base legal para la regulación de la globalización, ni asegurar la protección universal de todas las personas y grupos. Por lo tanto, uno de los retos actuales consiste en encontrar la manera de abordar la inmunidad que se atribuyen las IFIs y su consecuente falta de rendición de cuentas.

Este tipo de avances en materia de derecho internacional, y en relación a la  protección de los derechos humanos, resulta relevante en el marco del trabajo de FUNDEPS. Tanto desde el punto de vista global al considerar, por ejemplo, las obligaciones de los Estados que conforman las IFIs; como desde el punto de vista local, teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos en el ámbito local, que pueden provocar las acciones de las empresas trasnacionales o los proyectos financiados por las IFIs.

 

Más información:

Página web del Consorcio ETO

Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

 

Yamile Najle – Co-coordinadora de Área de Derechos Humanos

yamilennajle@fundeps.org

Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

La delegación de la sociedad civil mantuvo reuniones en diferentes ciudades europeas con funcionarios gubernamentales y delegados del Banco Mundial en el marco del proceso de revisión de salvaguardias de la Institución.

Entre el 10 y el 18 de marzo, FUNDEPS formó parte de una delegación de la sociedad civil conformada por representantes de organizaciones de Sudamérica, Centroamérica y África, y respaldada por el Centro de Información Bancaria (BIC, por sus siglas en inglés). La misma viajó a diferentes ciudades europeas (Londres, Bruselas, La Haya y París) con el fin de participar en una serie de reuniones de trabajo e incidencia en el marco del proceso de revisión de las salvaguardias ambientales y sociales que está llevando a cabo actualmente el Banco Mundial. Estas últimas consisten en una serie de reglas y procedimientos que deben cumplir tanto el Banco como los países prestatarios a la hora de solicitar financiamiento de la Institución, y que buscan garantizar que las operaciones financiadas por la misma no traigan aparejados impactos sociales y/o ambientales en los lugares donde se desarrollan. (Ver Políticas de salvaguardia del Banco Mundial)

En el proceso de revisión de salvaguardias sociales y ambientales existen dos posiciones opuestas. Por un lado, organizaciones de la sociedad civil buscan elevar estos estándares para asegurar que las operaciones del Banco Mundial respeten derechos humanos y garanticen la protección del ambiente. Y por otro lado, el Banco busca mejorar su competitividad frente a otras instituciones financieras que apoyan cada vez más grandes proyectos.

Además de mantener reuniones particulares con funcionarios de gobierno, representantes y Directores Ejecutivos europeos del Banco Mundial; la delegación participó en reuniones y talleres internos de la sociedad civil, entre ellas la reunión internacional de EuroIFInet realizada los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Bruselas. En dichas reuniones se puso énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de que las salvaguardas adopten las normas y estándares internacionales más altos y cubran todas las operaciones del Banco de manera integral.

“El objetivo principal de la participación de FUNDEPS en esta delegación, fue transmitir a los representantes del Banco y funcionarios europeos las preocupaciones y visiones que hay desde América Latina respecto al proceso de revisión de las salvaguardias de la Institución. Entre estas preocupaciones se destaca, sobre todo, la posibilidad de que el marco de salvaguardias del Banco Mundial se vea diluido o debilitado, para facilitar la aprobación del financiamiento a proyectos y, de esta manera, recuperar parte del terreno que el Banco Mundial viene perdiendo frente al aumento de inversiones de nuevos bancos de desarrollo  que cuentan con regímenes de salvaguardias menos estrictos (o que directamente carecen de los mismos), como el BNDES, la CAF o el Banco de Desarrollo de China (CDB), por ejemplo. Recordemos que gran parte de los proyectos financiados por este tipo de instituciones provocan fuertes impactos sociales y ambientales en los países donde se desarrollan. De allí la importancia que adquiere un marco de salvaguardias robusto y efectivo para poder garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente”, señaló Gonzalo Roza, Coordinador del Programa de Gobernabilidad Global de FUNDEPS.

Cabe destacar que una potencial dilución de las salvaguardias del Banco Mundial tendría un efecto negativo para la sociedad civil latinoamericana, no sólo en relación a los proyectos financiados por el mismo Banco Mundial en la región, sino también respecto del financiamiento de otras instituciones como las mencionadas previamente, ya que por lo general, el Banco Mundial es visto como el “modelo a seguir” por otras instituciones financieras.

En ese sentido, resulta importante que la sociedad civil haga oír fuerte su voz en este proceso de revisión reclamando al Banco Mundial la adopción de salvaguardias aún más robustas y abarcativas que las existentes, incluyendo temas que hasta el momento no son contemplados por las salvaguardias actuales, como Derechos Humanos o Cambio Climático, por mencionar algunos.

Para mayor información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org