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El 11 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo en Washington D.C. una consulta presencial sobre el perfil de su nueva Política de Acceso a la Información, que se encuentra actualmente bajo revisión.  Además de haber participado presencialmente de la consulta en Washington, junto con otras organizaciones de la sociedad civil enviamos comentarios virtuales respecto a dicho Perfil de Política. 

El Grupo BID se encuentra actualmente revisando algunas de sus políticas operativas más relevantes, entre ellas las políticas ambientales y sociales y la política de acceso a la información. A su vez, el BID Invest, brazo privado del Grupo BID, está finalizando procesos similares de sus propias políticas socioambientales y de acceso a la información.

En cuanto a la Política de Acceso a la Información del BID, el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó en noviembre pasado el inicio de la revisión de la política y posteriormente realizó una consulta pública presencial sobre el Perfil de la nueva Política (un documento que establece las líneas esenciales que el Banco plantea incluir en el borrador de la nueva política). La misma fue realizada el 11 de diciembre pasado en la ciudad de Washington y contó con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundeps. En dicha consulta pudimos expresar algunas de nuestras preocupaciones iniciales respecto al documento de Perfil y respecto al proceso de revisión encarado por el Banco. Preocupaciones y recomendaciones que luego enviamos al Banco en un documento elaborado de manera conjunta con un grupo de organizaciones aliadas, en el marco de la consulta virtual del Perfil de Política (Ver: Recomendaciones al borrador del Perfil de la Política de Acceso a la Información del BID).

Entre las recomendaciones generales que las OSC realizaron al perfil de la política se puede destacar la necesidad de reconocer el derecho a la información como un derecho humano el cual debe ser el pilar de la nueva política. 

También, se instó a que el Banco elimine del borrador del perfil de la nueva política la excepción donde se permite que los países se opongan a la divulgación de información específica concerniente al país. Esta excepción es incompatible con el principio básico de transparencia según la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE). Además, se evidencian problemas de inconsistencia con la política de acceso general de Acceso a la Información como la dificultad en definir cuál información es potencialmente dañina y cuál no. 

A su vez, al analizar el borrador del Perfil de la Política, se observaron y señalaron algunos espacios vacíos. Solo por mencionar algunas de las lagunas encontradas, en lo concerniente a la Seguridad y Protección, se recomendó que se contemple a los individuos, grupos y/o comunidades ya que son las más expuestas a padecer de represalias al buscar acceder a información cuando los proyectos financiados por el BID se están ejecutando en sus territorios. En adición, se recomendó que la Política incluya aquellas disposiciones que  se encuentran en concordancia con las mejores prácticas internacionales en cuanto a la protección de denunciantes. 

En cuanto a la confidencialidad de la información financiera y empresarial, se recomendó evitar que la nueva Política tenga un lenguaje vago, amplio y discrecional lo cual deja a decisión de países miembros, terceras partes y otras entidades el acceso de este tipo de información.

Por último, se instó al Banco a no eliminar de la Política la referencia en la cuál se informa que la comunidades pueden realizar quejas al MICI por posible violación de la Política. Además, al no eliminar de la política esta referencia, permite que las comunidades afectadas por proyectos del BID puedan exigir la reparación de daños a través del mecanismo, así como conocer de la existencia de este mecanismo, en caso de desconocimiento. 

Habiendo concluido la instancia de consultas acerca del Perfil, los siguientes pasos contemplan la publicación del Borrador de Política (que incorporará, de acuerdo al Banco, los comentarios y recomendaciones recibidos en las consultas presencial y virtual mencionadas) y una subsiguiente instancia de consulta pública que incluirá consultas presenciales en algunos países de la región y una consulta virtual que se extenderá por 120 días.

Invitamos a la sociedad civil y, sobre todo, a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por proyectos financiados por el Banco, a participar activamente de este proceso de revisión aportando sus experiencias y recomendaciones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el acceso a la información del BID Para participar del proceso, puede acceder al este enlace provisto por el Banco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El presente documento pretende acercar observaciones y comentarios al borrador de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest. Estas observaciones son realizadas con el objetivo de visibilizar conflictos y problemáticas existentes en el accionar del BID Invest.

El presente documento pretende acercar observaciones y comentarios al borrador de la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest desde una perspectiva de géneros, la cual se encuentra prácticamente ausente en el actual borrador. Estas observaciones son realizadas con el objetivo de visibilizar conflictos y problemáticas existentes en el accionar del BID Invest, del BID y de instituciones financieras afines, relacionados con la vulneración de derechos, la desigualdad, la violencia y la división sexual del trabajo, principalmente.

Participamos de la consulta pública presencial del BID Invest en el marco de la revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

En el marco de las consultas públicas que se encuentra realizando el BID Invest sobre el borrador de su nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, participamos de la consulta pública presencial realizada el pasado martes 4 de septiembre en la sede del BID Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

El BID Invest es miembro de Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido como Grupo BID. Es un banco multilateral de desarrollo con el propósito de promover el desarrollo económico de los países miembros de la región por medio de la inversión en el sector privado. Es decir, mientras que el BID se encarga de la inversión al sector público, el BID Invest invierte en proyectos del sector privado.

Así, en junio de este año el BID Invest dio inicio a la consulta pública para revisar el borrador de su nueva política de salvaguardas ambientales y sociales; revisión que se prolongaría por 120 días. El objetivo de realizar una consulta pública se debe a la relevancia de establecer un diálogo con las partes interesadas para realizar sugerencias a la nueva política. Así se han realizado o se llevarán a cabo consultas virtuales y presenciales no sólo en Argentina sino también en otros países como Colombia, Jamaica, Panamá o Estados Unidos.

De acuerdo al plan de consulta que dio a conocer el Banco, una vez finalizada las consultas públicas y elaborado un nuevo borrador, el mismo se someterá a la aprobación del Directorio Ejecutivo, dando lugar a la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, reemplazando a la política del año 2013. Sin embargo, uno de los principales reclamos escuchados en las consultas públicas por parte de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas, fue la necesidad de que el Banco abra a consulta pública un segundo borrador de la política, para poder identificar de qué manera se incorporaron las recomendaciones y sugerencias aportadas durante las consultas públicas.

Adicionalmente, Fundeps junto a un grupo de organizaciones de la región planteó en las consultas la necesidad, entre otras cosas, de: Incluir dos áreas de expansión más allá de las 8 Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en particular, una Norma de Desempeño relativa a género y, segundo, otra para participación de partes interesadas y comunidades. A su vez, también se planteó la necesidad de no diluir responsabilidades en la supervisión de la implementación de las salvaguardas; y de que la nueva política debería guiarse por el principio de “generar beneficios” más allá de la idea de “no causar perjuicios” tal como lo plantea actualmente la política.

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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales – Fundeps

Página web sobre la Consulta sobre la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

 

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su brazo privado, el BID Invest han abierto recientemente el proceso para la revisión de sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Resulta importante que la sociedad civil latinoamericana y, sobre todo, las comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones participen activamente del proceso de consulta pública, ya sea enviando comentarios virtuales como participando de las consultas presenciales que se realizarán en diferentes ciudades de la región. Aquí, 5 puntos claves a tener en cuenta acerca de los procesos de revisión.

¿Por qué se da la revisión?

Tras la recomendación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en su Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el pasado 2 de Julio de 2019, el lanzamiento del proceso para “modernizar” sus políticas ambientales y sociales, las cuáles buscan garantizar que los impactos ambientales y sociales potencialmente negativos se evalúen, gestionen y mitiguen adecuadamente en las operaciones del BID. De acuerdo al propio BID: “existe la necesidad de actualizar e integrar un marco de políticas para la gestión del riesgo ambiental y social, por lo que busca desarrollar un Marco de Política Ambiental Social integrado, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas”. De esta forma, el BID sigue los pasos dados recientemente por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el Banco Mundial.

Por otro lado, el BID Invest (anteriormente Corporación Interamericana de Inversiones -CII-), brazo privado del BID, inició el pasado mes de junio la actualización de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. De acuerdo al Banco, la finalidad de la revisión es establecer “un único marco de estándares que los clientes deben cumplir en  vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una revisión de  las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales (IFI) que operan en el sector privado”. En la práctica, siguiendo las recomendaciones de OVE, el BID Invest busca que los prestatarios se adhieran a las Normas de Desempeño de la CFI, que son ampliamente reconocidas y que ya aplican los prestatarios de BID Invest, y se eliminen las referencias a otras normas de terceros.

¿Qué incluye la revisión?

Para el caso del BID, la revisión incluye las cinco políticas independientes que conforman las salvaguardas ambientales y sociales:

Hasta el momento, el BID ha preparado un Perfil de Política sobre la Modernización  de las Políticas Ambientales y Sociales.

En el caso del BID Invest, la revisión es sólo de su:

Y se ha publicado un Borrador de la nueva Política, el cual se encuentra bajo consulta pública.

¿Cuándo se realizan las consultas?

Para el caso del BID, el pasado 2 de julio del 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el lanzamiento del proceso de modernización y posteriormente se publicó el Perfil de Política. El borrador del marco de políticas se espera presentar al Directorio Ejecutivo a fines de octubre de 2019 para que sea consultada públicamente. La etapa de preparación del proceso de modernización culminaría en el desarrollo del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) en septiembre de 2020. El MPAS se implementaría a partir de 2021.

En cuanto al BID Invest, se ha publicado un Plan de Consulta con la información básica acerca del proceso, que básicamente consiste en: 

1. Puesta a disposición del público del Borrador de Política.  

2. Consultas públicas digitales y presenciales abiertas por 120 días (a partir del 17 de junio de 2019).

3. Consultas en persona en:

  • Colombia (4 de septiembre), 
  • Argentina (4 de septiembre), 
  • Jamaica (6 de septiembre), 
  • Panamá (6 de septiembre) y 
  • Washington, D.C. (10 de septiembre) 

4. Sesión de consulta virtual en:

  • Español (12 de septiembre), 
  • Inglés (12 de septiembre), 
  • Portugués (13 de septiembre).

5. Puesta a disposición del público de los comentarios recibidos y atendidos.

Después de realizar la consulta pública, el BID Invest presentará al Directorio Ejecutivo el  borrador final de la Política para su aprobación final, tras lo cual se establecerá y ejecutará un plan para su implementación.   

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones. 

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región,  actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los acores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en Instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

¿Cómo participar?

Los actores interesados en participar del proceso de revisión de las salvaguardas del BID o del BID Invest pueden hacerlo de diferentes formas y a través de múltiples canales:

  • Para la revisión del BID:

El Banco ofrece dos formas de participar en el proceso de consulta.

  • Consultas en la Web: las personas interesadas pueden enviar sus comentarios a través de la página web (https://www.iadb.org/es/mpas)  o enviando un correo electrónico a: bid-mpas@iadb.org .
  • Consultas presenciales en dos etapas:

Etapa de consulta inicial: antes de desarrollar el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales, el BID realizó dos talleres presenciales en Washington, DC (los días 8 y 12 de agosto) para analizar las lecciones aprendidas de la implementación de las políticas ambientales y sociales existentes.

Consultas en persona sobre el nuevo marco de política ambiental y social propuesto (no han sido divulgadas las fechas ni los lugares aún): el BID realizará reuniones consultivas en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del BID en Washington, DC, y en otros países miembros.

Quienes quieran mantenerse actualizados acerca del proceso de revisión pueden registrarse en este enlace provisto por el Banco.

  • Para la revisión del BID Invest:

El BID Invest también ofrece instancias virtuales y presenciales para participar en el proceso de revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

Se pueden enviar comentarios virtuales o escritos al correo electrónico SustainabilityPolicy@idbinvest.org o a través del correo postal destinado a: BID Invest: Política de sostenibilidad ambiental y social. 1350 New York Avenue, NW. Washington, D.C., 20577. USA.

Para participar en las consultas presenciales en algunos de los países indicados, es posible registrarse en el siguiente enlace provisto por el Banco.

En Argentina: La consulta presencial en Argentina sobre la propuesta de Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest se realizará el próximo Miércoles 4 de Septiembre de 09:00 am a 11:00 am en la sede del BID en Argentina, situada en Calle Esmeralda 130, piso 11, Buenos Aires.

Además: quienes estén interesados en conocer más acerca de cómo participar de manera efectiva de las consultas, pueden registrarse para participar en el webinario “Revisión de salvaguardias BID Invest, ¿Cómo participar de forma efectiva?” organizado por DAR, Ambiente y Sociedad y el Bank Information Center (BIC) ingresando a este enlace.

Fundeps, junto a un grupo de organizaciones de la región, está coordinando acciones para promover una participación amplia, inclusiva y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas y comunidades afectadas tanto en el proceso de revisión del BID como del BID Invest; y para procurar robustecer y evitar un debilitamiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Si le interesa involucrarse en este proceso, puede contactarse con gon.roza@fundeps.org

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

Más información:

Publicación completa Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

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Agustina Palencia: agustinapalencia@fundeps.org

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

El brazo privado del BID inició el proceso de consulta pública de su Política de Acceso a la Información, el cuál se extenderá por 120 días y contempla consultas virtuales y presenciales. Esta política resulta clave para poder acceder a información acerca de los proyectos financiados por la Institución, que está ampliando sustancialmente su cartera de proyectos en Argentina y Latinoamérica.

BID Invest (previamente denominada Corporación Interamericana de Inversiones) es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encarga de financiar y asesorar empresas y proyectos sostenibles del sector privado que provengan y se desarrollen en los países de América Latina y el Caribe. Cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.

Actualmente, BID Invest se encuentra actualizando una de sus políticas operativas. Para ello, se ha preparado un borrador de la nueva Política de Acceso a la Información, que reemplazará a su actual Política de Disponibilidad de Información (vigente desde el 2005) en el 2019. Es en torno a dicho borrador (que se encuentra disponible en la página web de BID Invest) que se realizará la consulta pública, abierta a toda la sociedad civil internacional. El borrador se abrió a consulta el pasado 23 de mayo y recibirá comentarios por un plazo de 120 días.

A su vez, la consulta incluirá diálogos virtuales y presenciales. La consulta virtual estará disponible a través de la página web de BID Invest, y las consultas presenciales se llevarán a cabo mediante reuniones  (cuyas fechas están aún por confirmar) en diversos países de América Latina y el Caribe, además de en Washington D.C., donde el organismo tiene su sede.

Desde FUNDEPS participaremos de este proceso de consulta pública, revisando el borrador y enviando  comentarios al Banco, para así asegurar que esta nueva política se enmarque en un verdadero compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus actividades y permita fortalecer su gobernanza y responsabilidad.

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Autora

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.

El brazo de inversión del sector privado del  Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.

La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.

Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.

A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.

Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere.  Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.

Más información:

Why Development Institutions Should Recognize the Right to Know Day?

Autora:

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

Fuente de imagen

Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Del 7 al 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Reunión 2017 de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios de la que formamos parte, y que trabaja para asegurar que todas las instituciones que financian el desarrollo respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.

La agenda del encuentro se centró en fortalecer las relaciones de los miembros y aliados de la Coalición, examinar con detenimiento el actual modelo de desarrollo, identificar las estrategias y modos de colaboración que permitan enfrentarlo con éxito, y establecer prioridades e iniciativas clave para los próximos dos años. Esto, tras un 2016 donde el trabajo de la Coalición y de sus miembros fue muy activo (ver Informe de Impacto 2016 de la Coalición).

Durante el transcurso de tres días, más de 60 participantes de diversas regiones del mundo participaron en debates, actividades y discusiones estratégicas en torno a una serie de cuestiones clave. Entre ellas, se buscó compartir  experiencias, desafíos, lecciones aprendidas, y necesidades futuras en torno a las alianzas de participación comunitaria; se procuró establecer  prioridades para la acción colectiva y para fortalecer las conexiones, colaboraciones y campañas de la Coalición, y se avanzó en la elaboración de un Plan de Acción Colectivo.

En ese marco, se eligieron algunos objetivos de incidencia global como fortalecer el trabajo en género y financiamiento para el desarrollo o monitorear el financiamiento chino a proyectos de desarrollo. Asimismo, se establecieron focos institucionales específicos como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Más información

– Informe de Impacto 2016 de la Coalición

– Página web de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

Contacto

Juan Carballo / Director Ejecutivo de FUNDEPS

juanmcarballo@fundeps.org