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En diciembre de 2024, la ANMAT publicó las Disposiciones N° 11362/2024 y N° 11378/2024, introduciendo cambios significativos en la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642). Aunque presentadas como “actualizaciones técnicas”, estas modificaciones implican un viraje sustancial en los criterios utilizados para evaluar, advertir y comunicar la presencia de nutrientes críticos y aditivos en los productos procesados y ultraprocesados disponibles en el mercado argentino.

Frente a este escenario, Fundeps y Fundación SANAR elaboraron un informe técnico legal y nutricional que documenta en detalle las contradicciones normativas introducidas por las nuevas disposiciones, su impacto directo sobre el sistema de etiquetado frontal, la flexibilización del alcance en materia de publicidad, promoción y patrocinio; y las implicancias que representan para la salud pública, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El análisis revela que los cambios implementados, como la flexibilización del cálculo de nutrientes críticos, la reducción del alcance de ciertas advertencias, la introducción de excepciones amplias y la pérdida de sellos en productos sin reformulación -entre otras-, debilitan el estándar protector que había posicionado a la Argentina como referente regional en políticas de rotulado y publicidad. A su vez, se detallan los riesgos para la salud que supone la flexibilización que dejó nuevamente expuestos a las niñeces y adolescencias a las tácticas abusivas y engañosas de mercadeo.

A través de una revisión exhaustiva, el informe expone cómo estas modificaciones no sólo contradicen la letra y el espíritu de la Ley y su reglamentación, sino que también generan información menos clara para las personas consumidoras y favorecen un escenario de menor transparencia en la comercialización de alimentos. El resultado es un retroceso regulatorio que incrementa el riesgo de exposición a productos no saludables, de sus estrategias de marketing y limita la capacidad del Estado de proteger de manera efectiva el derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información.

En un contexto donde los entornos alimentarios condicionan fuertemente las decisiones de consumo y en el que la interferencia de la industria alimenticia se hace cada vez más presente, debilitar las herramientas de advertencia y control implica arrojar a la salud pública sobre un campo minado. Por ello, el informe concluye instando a que las disposiciones sean revisadas, dejadas sin efecto y que se restituya el estándar protector original previsto por la Ley 27.642, plenamente alineado con el Perfil de Nutrientes de la OPS y demás recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y evidencia científica libre de conflictos de interés.

Descargar el informe completo

En diciembre de 2024, la ANMAT dictó las Disposiciones Nº 11362/2024 y 11378/2024, que modifican de forma sustancial la implementación de la ley nacional de Promoción de la Alimentación Saludable. El informe de Fundeps y Fundación SANAR documenta las regresiones normativas introducidas y el impacto negativo de estos cambios sobre el etiquetado frontal y las reglas de publicidad, promoción y patrocinio de productos procesados y ultraprocesados. El análisis evidencia que la flexibilización de criterios debilitan el estándar protector alcanzado por la ley y su decreto reglamentario, generando información confusa, reduciendo la transparencia y volviendo a exponer especialmente a las infancias a estrategias de marketing engañosas. Como resultado, aumenta el riesgo de consumo de productos no saludables, a la vez que compromete gravemente las obligaciones del Estado argentino en la garantía de los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y a la información.

En el marco de la alianza con UNICEF Argentina, Fundeps visitó los municipios de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero, que forman parte de la línea de Entornos Saludables dentro de la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Cada equipo avanza de manera sostenida en la elaboración de normativas para fortalecer el bienestar y la alimentación de la infancia, consolidando así una agenda local comprometida con la protección y promoción de entornos saludables.

Fundeps, en alianza con UNICEF Argentina, acompañó durante el año 2025 un proceso clave de fortalecimiento normativo para promover entornos que favorezcan la salud en distintas localidades del país.

Durante septiembre y octubre realizamos visitas a los municipios de Villaguay (Entre Ríos), Ezeiza (Buenos Aires) y Río Tercero (Córdoba). El objetivo fue profundizar el trabajo con los equipos MUNA que sostienen acciones territoriales orientadas a la promoción de la salud y la alimentación adecuada, especialmente en las infancias. En estas instancias se  compartieron con las autoridades locales los avances y desafíos en el diseño de herramientas jurídicas locales que buscan otorgar solidez, continuidad y alcance a las políticas públicas vinculadas con entornos que favorezcan la salud.

 

Municipios que marcan el camino

Las experiencias de Villaguay, Ezeiza y Río Tercero evidencian el compromiso de los gobiernos locales para avanzar en políticas integrales que mejoren el bienestar de sus comunidades. En cada municipio se desarrollan acciones para promover la actividad física, ampliar la oferta de alimentos saludables en instituciones educativas y espacios públicos, y fortalecer procesos de educación alimentaria y nutricional.

Durante 2025, estas localidades asumieron el desafío de elaborar herramientas jurídicas locales que permitan consolidar y profundizar estas iniciativas desde un enfoque de derechos y una perspectiva centrada en las infancias. Fundeps y UNICEF brindamos asesoramiento técnico, aportando evidencia, referencias normativas y experiencias relevantes.

Estos municipios tienen hoy la oportunidad de marcar el camino hacia una mejor protección del derecho a la salud y a la alimentación adecuada, garantizando que las futuras generaciones crezcan en entornos más sanos, seguros y equitativos.



La importancia de promover entornos saludables

Fundeps, en conjunto con UNICEF, desarrolló el documento técnico “Herramientas normativas para promover entornos saludables en los municipios”, destinado a orientar el proceso de construcción normativa local para proteger los derechos a la salud, la alimentación adecuada y una infancia digna.

Este documento, basado en recomendaciones de organismos de derechos humanos y en la mejor evidencia científica disponible, parte del reconocimiento de que la configuración de entornos que favorezcan la salud es una prioridad de salud pública por su impacto directo en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principal causa de mortalidad en Argentina.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los entornos saludables son aquellos que reducen riesgos, fortalecen capacidades de cuidado y promueven la autonomía de las personas en los espacios donde viven, estudian, trabajan y se recrean.

Los patrones alimentarios en Argentina muestran un consumo elevado de productos ultraprocesados y un bajo consumo de frutas y verduras. Según UNICEF y FIC Argentina (2023), sólo el 20% de niños, niñas y adolescentes alcanza las recomendaciones de consumo de frutas y verduras, mientras que los ultraprocesados aportan más del 35% de las calorías diarias. A esto se suma un alto nivel de sedentarismo: el 64% de la población no realiza actividad física suficiente y más del 80% de adolescentes no cumple con las recomendaciones de la OMS.

En este contexto, los municipios cumplen un rol estratégico para impulsar políticas que transformen los entornos cotidianos y faciliten la adopción de hábitos de vida saludables.

 

¿Por qué es clave contar con ordenanzas locales?

El informe destaca que los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la población, con capacidad de adaptar las políticas nacionales y provinciales a sus realidades locales. Contar con una ordenanza sobre entornos saludables permite:

  • Fortalecer  las acciones que vienen desarrollando las áreas de salud, educación y desarrollo social, en función de los mejores estándares de protección y desde un enfoque de derechos humanos. 
  • Asegurar la sostenibilidad y continuidad de las políticas más allá de los cambios de gestión.
  • Definir obligaciones y competencias para cada actor involucrado, así como sanciones y mecanismos de cumplimiento.
  • Facilitar la asignación de recursos y presupuesto específico para el tema.
  • Promover la articulación intersectorial y la participación ciudadana, garantizando que las políticas respondan a las necesidades reales del territorio.

De este modo, las normativas municipales funcionan como herramientas para institucionalizar y proteger los avances logrados en materia de salud, nutrición y desarrollo infantil, generando condiciones que perduren en el tiempo.

 

Hacia una política local sostenible y con enfoque de derechos

La construcción de entornos saludables requiere una mirada integral y sostenida en el tiempo. Implica no sólo transformar los espacios físicos, sino también los marcos institucionales, las prácticas cotidianas y la cultura alimentaria.

Desde Fundeps continuamos acompañando a los municipios en este desafío, brindando asistencia técnica, capacitación y materiales de referencia que fortalezcan sus capacidades institucionales y promuevan la participación social.

Promover entornos saludables es, en definitiva, construir comunidades más justas y saludables, donde todas las personas —y especialmente las infancias— puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a una vida digna.

 

Autoras:

María Laura Fons

Victoria Sibila

 

Contacto:

Maga Merlo: magamerlov@fundeps.org

Fundeps, en alianza con UNICEF Argentina, desarrolló este documento técnico que reúne herramientas normativas y recomendaciones prácticas para que los gobiernos locales puedan impulsar políticas públicas sostenibles que mejoren los hábitos y la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Un recurso pensado para acompañar a los municipios en la creación de entornos más saludables, con acceso a agua segura, opciones alimentarias adecuadas, espacios de recreación, actividad física y apoyo a la lactancia, entre otras medidas claves.

El consumo de tabaco sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de enfermedad, discapacidad y muerte evitable en Argentina. Mientras tanto, la industria tabacalera orienta su estrategia hacia nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, buscando mantener su mercado y esquivar las regulaciones existentes.

Frente a este escenario, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina), junto a Fundeps, AsAT, ETESA IECS, GRANTAHI del Hospital Italiano, UATA, FEIM, Fundación Sales, Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón y CEDES, elaboró el documento “Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones”, con el objetivo de sistematizar la evidencia científica disponible y proponer medidas concretas para proteger la salud pública.

La evidencia científica actual muestra que los productos emergentes no son inocuos. Un metaanálisis reciente encontró que el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y disfunción metabólica es similar entre quienes usan cigarrillos electrónicos y quienes fuman cigarrillos convencionales. Además, otras revisiones reportaron asociaciones con neumonía, bronquitis, disminución del recuento de espermatozoides, mareos, cefaleas, migrañas y daño a la cavidad oral. El documento también destaca que el uso dual (cigarrillo electrónico y convencional) aumenta el riesgo de enfermedad, y que las investigaciones que sostienen lo contrario suelen provenir de autores con conflictos de interés.

Una puerta de entrada al consumo: Los datos disponibles en Argentina son claros: 

  • Según la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2018), el 7,1% de los adolescentes de 13 a 15 años usaba cigarrillos electrónicos.
  • Una encuesta más reciente, que realizamos en 2023 desde FIC Argentina, identificó que el 8,9% de los adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires es consumidor actual de estos productos.
  • Estos resultados confirman que los productos emergentes pueden funcionar como puerta de entrada al consumo de tabaco, incluso entre adolescentes que nunca habían fumado antes.

Ni más ni menos, otro daño: El concepto más adecuado para abordar el impacto del vapeador es el de un riesgo distinto, no necesariamente menor.

Una verdadera estrategia de reducción de daños debe ser implementada por autoridades sanitarias, perseguir objetivos de salud pública y aplicarse sobre grupos específicos, no a través de la libre comercialización de productos dañinos.

Las organizaciones firmantes recomendamos:

  • Fortalecer el cumplimiento de las normativas vigentes.
  • Coordinar acciones entre organismos públicos para mejorar la fiscalización y sanción.
  • Promover la cooperación con organizaciones de la sociedad civil libres de conflicto de interés para reducir el consumo de tabaco y nicotina.

Los cigarrillos electrónicos no son una alternativa segura. Representan un riesgo diferente, con evidencia creciente sobre su impacto en la salud y su papel en la iniciación al consumo de tabaco. Proteger la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, exige decisiones basadas en evidencia independiente, libres de la influencia de la industria.

Leé el documento completo acá

En el marco del Día de la Alimentación, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre otro posible retroceso en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, a partir de las negociaciones en curso dentro del MERCOSUR. 

En abril de este año, el Grupo Mercado Común (GMC) instruyó al Subgrupo de Trabajo Nro.º 3 para que retome las negociaciones para un Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional Frontal, con el objetivo de armonizar normativas entre los países del bloque. De aprobarse, este reglamento incluiría, entre otros puntos, la unificación de un sistema gráfico de advertencias y un sistema de perfil de nutrientes (SPN). 

Si se materializa dicho Reglamento, los países del MERCOSUR estarán obligados a adecuar sus normas locales de etiquetado frontal para que estas se ajusten a la decisión del bloque. Cabe destacar que Argentina hoy cuenta con el sistema de etiquetado frontal más robusto de la región. Si en el proceso de armonización, se adoptaran elementos del etiquetado vigentes en otros países, la normativa local se vería seriamente debilitada. Incorporar estándares más bajos implica un retroceso en la protección del derecho a la salud, la alimentación y la información en nuestro país

¿Por qué es una amenaza?

  • El sistema de etiquetado frontal de Argentina advierte sobre más nutrientes críticos en exceso, en relación con los que utilizan otros países.
  • Es el único que cuenta con leyendas precautorias para cafeína y edulcorantes, advirtiendo su consumo en niños/as y adolescentes.
  • El sistema argentino se basa en el SPN de la Organización Panamericana de la Salud, que alcanza a muchos más productos no saludables que el de los demás países.

Por ese motivo, solicitamos que, de avanzar el debate en Mercosur, la eventual armonización siga el sistema argentino en su integralidad, para evitar así el debilitamiento de la Ley de Etiquetado y el consecuente retroceso en la protección de la salud de la población. Y exigimos a las/los representantes argentinos que defiendan los derechos conquistados. En este marco, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, relanzamos la campaña “Que no nos tapen los ojos”, desarrollada en 2021, en esta oportunidad con el objetivo de alertar sobre la necesidad de defender la ley frente a estas amenazas. 

A su vez, en el marco del trabajo colaborativo con diversas organizaciones académicas y de la sociedad civil de la región, instituciones de orden regional de Argentina, Brasil y Uruguay emitieron en los últimos días un posicionamiento, ponderando el sistema argentino como el ejemplo a seguir para un eventual reglamento técnico común sobre etiquetado frontal. Las organizaciones comprometidas con el derecho a la alimentación de distintos países del bloque estarán participando en calidad de observadoras en la próxima reunión del Subgrupo de Trabajo Nro.3, que se realizará en octubre, para seguir de cerca los avances de las decisiones.

Más información:

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

Desde Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast lanzamos la segunda temporada de “Exceso de Todo”. El podcast, narrado por Soledad Barruti,  vuelve a poner el foco en el derecho a una alimentación saludable, en un contexto de retrocesos en la Ley de Etiquetado y emergencia alimentaria. Además, nos animamos a pensar en el futuro y hablamos de soberanía.  

Desde el 4 de septiembre está disponible la segunda temporada de Exceso de Todo. El pódcast que reveló que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es mucho más que los octógonos negros en los envases, regresa con nuevas preguntas: ¿Por qué una norma construida con evidencia científica, avalada por profesionales y aprobada con amplio consenso político, hoy enfrenta intentos de desregulación?

En la primera temporada, el podcast partió de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, para mostrar que la alimentación va mucho más allá del etiquetado. A lo largo de cinco episodios, abordó cómo comemos en Argentina, qué necesitamos para alimentarnos mejor y por qué no se trata solo de elecciones individuales.

En esta segunda entrega,  a través de tres episodios, la periodista Soledad Barruti revela cómo la industria alimentaria interfiere en la aplicación de la ley, el rol que cumple el Estado en este proceso y cómo la sociedad civil se está organizando para defenderla.

Además, vamos más a fondo, para pensar y repensar bajo qué lógica se reguló y se sigue regulando el sistema alimentario en Argentina. Hablar de lo que comemos, cómo se produce y cómo lo comemos, es urgente.

El primer episodio analiza los intentos de desregulación de la Ley de Etiquetado Frontal y las estrategias de la industria para debilitar su cumplimiento.

El segundo se adentra en las consecuencias sociales de vivir y crecer en emergencia alimentaria, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

El tercero propone mirar más allá de la urgencia y pensar en un nuevo paradigma: el de la soberanía alimentaria como horizonte para garantizar el acceso a alimentos frescos, saludables y sostenibles.

Escuchá el podcast acá 

 

Exceso De Todo es una producción original de Fundeps, Fundación Sanar y Anfibia Podcast.

 

Coordinación general: Natalia Arenas

Producción periodística y guión: Lucila Lopardo

Diseño de sonido: Mateo Corrá

Producción Ejecutiva: Tomás Pérez Vizzón

Comunicación: Vera Ferrari

Identidad visual e ilustraciones: Flora Buraschi

Administración: Ana Laura Fortuzzi

Dirección Revista Anfibia: Cristian Alarcón

Desde Fundeps seguimos trabajando para defender políticas públicas basadas en evidencia que protejan el derecho a la salud y garanticen una alimentación adecuada para todas las personas.

 

Contacto:

Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org

 

Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley para ampliar y garantizar la plena implementación de la Ley de Etiquetado en Córdoba. Entre otras cosas, establece la prioridad de alimentos saludables en kioscos, comedores escolares y compras públicas para políticas alimentarias, como el PAICor. Con el impulso inicial de la legisladora Brenda Austin, la iniciativa cuenta con el apoyo de diferentes bloques legislativos. 

Este jueves 31 de julio, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba presentaron un proyecto de ley provincial de Promoción de la Alimentación Saludable que amplía y complementa la Ley Nacional de Etiquetado Frontal para garantizar su plena implementación en el territorio cordobés. Con el impulso inicial de la legisladora radical Brenda Austin, el proyecto ya cuenta con 22 firmas de representantes de 7 bloques legislativos y se espera que en los próximos días se sigan sumando adhesiones y aportes. Además, la iniciativa fue acompañada por diferentes organizaciones académicas y de la sociedad civil a nivel provincial, nacional y regional, en particular la Comunidad Latinoamericana y Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA) cuyo acompañamiento es fundamental para la construcción de entornos más saludables en Córdoba y en toda la región.

¿Por qué una ley de alimentación saludable provincial?

Desde octubre de 2021 está vigente en Argentina la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que protege los derechos constitucionales a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras. Fue aprobada por amplias mayorías parlamentarias y contó con el apoyo de más de 150 entidades científicas, académicas y de referentes de la salud de toda América Latina. Esta normativa de avanzada aborda la cuestión alimentaria desde una perspectiva integral y establece cuatro pilares fundamentales: el etiquetado de advertencia -los famosos sellos-; la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas; la promoción de entornos escolares saludables y las compras de alimentos por parte del Estado. La Ley 27.642 regula cuestiones de orden público y, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para todo el país; sin embargo, las políticas de promoción de la alimentación saludable que define, requieren que las provincias también hagan su parte.

Diez provincias ya dieron pasos importantes en este sentido. Según el Mapa Normativo de Argentina, la mayoría lo hizo mediante adhesiones simples a la ley nacional; sin embargo, provincias como Catamarca, Tierra del Fuego y Neuquén avanzaron con leyes provinciales que complementan, adecuan y mejoran la implementación de la norma nacional en sus territorios. Córdoba, tiene la oportunidad de contar con una normativa ejemplar, y transformarse en una de las provincias líderes en la protección  del derecho a la salud y a la alimentación adecuada de su población y, particularmente, de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como  niños, niñas y adolescentes.

La necesidad es urgente. El Análisis nacional sobre la situación alimentaria en barrios populares publicado en mayo de 2024, señaló que el 89% de los 5.357 hogares encuestados en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos y 19 provincias, padeció inseguridad alimentaria. Así mismo, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2024, el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y casi la mitad de esta población padecía una situación de privación alimentaria grave. En este sentido, la Encuesta Rápida de Unicef 2024, determinó que más de la mitad de los hogares redujo el consumo de alimentos por falta de dinero, especialmente de frescos y saludables como frutas, verduras, carnes y lácteos. En Córdoba la situación no difiere. En febrero, un estudio interanual publicado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros, evidenció un deterioro significativo en la calidad nutricional de los hogares cordobeses, con un incremento en el consumo de alimentos económicos pero menos nutritivos, y una caída significativa en el consumo de hortalizas, frutas y carnes  afectando entre un 30 y 62% de los hogares encuestados. 

Esto agrava una situación ya preocupante, donde conviven la falta de nutrientes esenciales con la malnutrición por exceso de nutrientes críticos, lo que repercute en un avance de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en edades cada vez más tempranas y en sectores más vulnerables, representando la principal causa de muerte con un 73.4%.

¿Qué propone el proyecto presentado en Córdoba?

En ese escenario, el proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable, impulsado por Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba, busca que la provincia asuma un rol activo en el control y fiscalización del etiquetado frontal y de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos no saludables. A su vez, amplía estas regulaciones a espacios bajo jurisdicción provincial y local. Además, fortalece los componentes de entornos escolares saludables y compras públicas de alimentos.

Respecto a la publicidad, el proyecto restringe el marketing de productos no saludables en los puntos de venta, como kioscos o supermercados, y en vía pública. También define qué se entiende por publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, subsanando una importante deficiencia de la normativa nacional. Así, el texto logra una mayor protección del derecho a la información y a la alimentación adecuada ante las estrategias de marketing que agresivamente incentivan la compra de productos que dañan la salud. 

En cuanto a los entornos escolares, el proyecto establece contenidos obligatorios de educación alimentaria en las escuelas y prevé capacitaciones para docentes, personal de cocina y toda la comunidad educativa. También dispone que los establecimientos educativos sean entornos libres de productos no saludables. Esto aplica tanto a los alimentos disponibles para la venta (kioscos y cantinas) como a la oferta del menú de los comedores escolares de gestión pública y privada. En este sentido, el proyecto formaliza un marco nutricional para las prestaciones alimentarias de PAICor, acorde a las recomendaciones nacionales, buscando garantizar una mayor oferta de alimentos saludables, como frutas, verduras y carnes, en todos sus sistemas de gestión. Además, se impulsa que parte de los alimentos frescos provengan de la agricultura familiar, campesina e indígena. 

Sobre compras públicas, el texto incorpora el criterio de la ley nacional y prioriza la compra de alimentos saludables en todo tipo de contrataciones y programas alimentarios, estableciendo un porcentaje mínimo de alimentos frescos. Prioridad que se torna absoluta si las personas destinatarias son niños, niñas y adolescentes. Esto cobra especial relevancia en la actualidad, en un contexto donde gran parte de los programas alimentarios, antes gestionados por el estado nacional, ahora se ven desplazados a las gestiones provinciales e incluso municipales. 

Otro punto fuerte de la normativa propuesta es la creación de un Observatorio de Alimentación Saludable con participación de la sociedad civil, para garantizar el monitoreo, transparencia y acceso a información pública sobre el cumplimiento de la ley y el estado de salud nutricional de la población.

Finalmente, es destacable que el proyecto reconoce el rol de las comunas y municipios en su implementación, de modo que las alienta a dictar las medidas necesarias que permitan garantizar los estándares propuestos.

Una oportunidad para toda la sociedad cordobesa

Esta propuesta de ley representa una oportunidad concreta para que Córdoba lidere a nivel nacional la protección integral del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras, en especial para niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Frente a una crisis alimentaria que se agrava, es urgente actuar con decisión para garantizar políticas públicas que prioricen la salud y el derecho a la información por sobre los intereses comerciales.

Desde Fundeps y el Colegio de Nutricionistas de Córdoba invitamos a legisladores y legisladoras, autoridades ejecutivas provinciales y municipales, organizaciones sociales, comunidades educativas y ciudadanía en general a acompañar este proyecto para que la alimentación saludable no sea un privilegio, sino una realidad en todas las mesas y escuelas cordobesas. Hoy, más que nunca, avanzar en una ley provincial de alimentación saludable es una necesidad impostergable.

 

Autora:

Nayla Palacios

Contacto: 

Maga Ailén Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

El presente informe tiene como objetivo reflexionar sobre el alcance y las limitaciones de las políticas de protección de la lactancia humana en Argentina, haciendo foco en la recepción normativa y en la efectividad de su implementación. Se parte de analizar el marco normativo internacional de los derechos humanos que promueven y garantizan la protección de la lactancia humana y la importancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM) y las posteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) como herramienta para garantizar la adecuada y efectiva protección de los derechos a la alimentación, la salud y la información de las infancias, de las mujeres y personas gestantes. Luego, se analizan desde un enfoque de derechos humanos los hallazgos del monitoreo realizado por la plataforma ObservaMaS, que refleja el preocupante estado de incumplimiento de la normativa nacional e internacional y el avance de las estrategias de marketing de la industria de sucedáneos de la leche humana.

Nos enorgullece compartir todo lo que logramos en 2024, un año en el que seguimos defendiendo derechos, construyendo redes y sosteniendo luchas colectivas. Hoy, en un contexto más desafiante, necesitamos tu apoyo para seguir haciéndolo posible.

En 2024 fuimos: trinchera, voz, puente y transformación.
Palabras que condensan nuestro trabajo y reflejan lo que intentamos sostener cada día: resistir ante los retrocesos, amplificar luchas, tender redes y hacer lugar a formas más justas, equitativas y sostenibles de habitar el mundo.

Durante el año, llevamos adelante acciones de incidencia política, presentaciones judiciales, investigaciones, campañas de comunicación, talleres y más.
Cada una de estas iniciativas fue posible gracias al compromiso colectivo y al trabajo en red con organizaciones, comunidades y personas aliadas.

Algunos números que reflejan nuestro trabajo:

  • Llevamos adelante 55 acciones de incidencia política.
  • Realizamos 10 presentaciones judiciales.
  • Generamos y compartimos 29 investigaciones, publicaciones, capacitaciones y eventos.
  • Acompañamos a 12 comunidades en sus procesos y demandas.
  • Impulsamos 24 campañas de comunicación.
  • Alcanzamos a más de 2.764.000 personas con nuestras acciones.

 Leé el Anuario 2024

Te invitamos a conocer en profundidad todo lo que hicimos durante 2024, los desafíos que atravesamos y las estrategias que construimos colectivamente.

Un momento clave para seguir acompañando

Este 2025 nos encuentra en un contexto muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil. La sostenibilidad de nuestro trabajo está en riesgo, y necesitamos del apoyo de quienes creen en la importancia de defender los derechos humanos.

Sumate como donante haciendo click y ayudanos a sostener esta lucha colectiva.

Gracias por acompañarnos.
El equipo de Fundeps

 

El presente informe tiene como objetivo contextualizar la problemática del tabaquismo y analizar sus múltiples impactos en la salud, el ambiente, la economía y la sociedad, desde una perspectiva integral, relacional e interseccional. Basado en una exhaustiva revisión de bibliografía y evidencia científica de fuentes sin conflictos de interés, este trabajo centra su atención en los efectos concretos del consumo de tabaco y las actividades de la industria tabacalera en Argentina y la región.

Las recientes decisiones del gobierno nacional ponen en riesgo la salud de la población. El posible retiro de Argentina de la OMS debilita su capacidad para acceder a financiamiento y cooperación técnica basada en evidencia científica. Este anuncio se inscribe en un contexto de recortes, flexibilización y desregulación de políticas sanitarias que beneficia a las grandes corporaciones a costa de la salud pública.

1- Argentina se aleja de los estándares internacionales de salud

  • Si Argentina se retira de la OMS, podría debilitarse su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • La OMS, entre otras cosas, es el principal organismo de coordinación y promoción de normativas para la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT), como la malnutrición, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, EPOC, y ciertos tipos de cáncer, que se asocian directamente al consumo de productos ultraprocesados y de tabaco y nicotina.
  • Por lo tanto, el retiro de Argentina de la OMS debilita su acceso a cooperación técnica, financiamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica en materia de salud.
  • También afecta la posibilidad de nuestro país de ser parte de las estrategias globales para combatir la epidemia del tabaquismo. La OMS es el órgano rector del Convenio Marco de Control de Tabaco, un tratado global de salud pública que promueve políticas integrales basadas en la mejor evidencia científica.

2 – La flexibilización del etiquetado frontal beneficia a la industria, no a la población

  • La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, es un gran avance en la protección del derecho a la información y a la alimentación saludable. Sin embargo, las disposiciones 11362 y 11378 sancionadas recientemente por ANMAT, redujeron los estándares para la aplicación de los sellos de advertencia en los envases de alimentos ultraprocesados, permitiendo que productos con altos niveles de azúcares, sodio y grasas saturadas eviten los sellos negros.
  • Estas modificaciones no están basadas en evidencia científica, sino que responden a presiones de la industria alimentaria lo que implica un retroceso en derechos adquiridos: genera confusión en la población y  afecta la capacidad para tomar decisiones informadas sobre cómo queremos alimentarnos; impactando negativamente en la salud. 
  • Mientras el Estado reduce su capacidad de proteger la salud de la población, las grandes corporaciones ganan más libertad para vender productos menos saludables, con menos controles y sin la debida información. Más libertad para las empresas, menos libertad para la ciudadanía.

3- Menos salud pública

Estas decisiones del gobierno nacional profundizan la crisis en el sistema de salud, que se ve afectado, entre otras cuestiones, por:

  • Recortes presupuestarios en todo el sistema de salud pública que afectan hospitales, programas de salud y la compra de medicamentos e insumos básicos para centros de salud, generando desabastecimiento y reducción de servicios. 
  • El cierre de programas y despidos masivos, ha dejado sin financiamiento iniciativas clave para la prevención y atención de enfermedades crónicas, salud mental y distribución gratuita de medicamentos. 
  • La reducción del personal sanitario y el debilitamiento del Ministerio de Salud han sobrecargado el sistema, afectando la atención y acceso a tratamientos, lo que agrava la crisis sanitaria y  perjudica especialmente al personal de salud y a quienes dependen del sistema público para recibir atención médica.

4 – ¿Quién se beneficia con estas medidas?

  • La flexibilización del etiquetado frontal y el retiro de la OMS no responden a una lógica de eficiencia, sino a una estrategia de desregulación que favorece a los actores económicos más poderosos.
  • El debilitamiento de políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, perjudica la calidad de vida de las personas y sobrecarga del sistema sanitario.
  • Mientras se resiente el acceso a la salud de la población, las industrias alimentarias y tabacaleras se fortalecen, logrando regulaciones más laxas que permiten la comercialización de productos sin advertencias claras.
  • Con estas decisiones, Argentina no solo debilita sus regulaciones internas, sino que se aleja de las metas de salud global establecidas en la Agenda 2030 de la ONU respecto a la promoción de la alimentación saludable, el hambre cero y la lucha contra la epidemia del tabaquismo.

 

Conclusión: Menos Estado, más privilegios para los grandes monopolios, menos derechos para la población.

El derecho a la salud y a la información están en riesgo. El anunciado retiro de Argentina de la OMS, la flexibilización del etiquetado frontal, los recortes en insumos y personal de salud  son distintas caras de una misma estrategia de debilitamiento de las políticas de salud pública. 

Desde Fundeps, instamos a que se reviertan estas decisiones y se garanticen regulaciones que protejan la salud de toda la población.