Listado de la etiqueta: Salud

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Presentamos amicus curiae para defender el derecho a la información y a la salud

El 10 de agosto realizamos una presentación ante la Corte Constitucional de Colombia para aclarar el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud. Un amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una presentación que realiza un tercero ajeno a un litigio, donde se ofrece voluntariamente una opinión frente a algún aspecto de derecho, para colaborar con el tribunal en la resolución del litigio.

La Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (Educar Consumidores) lanzó en agosto del 2016 una campaña denominada “Cuida tu vida – Tómala en Serio” que buscaba proveer información sobre las consecuencias dañinas para la salud del consumo regular de ciertas bebidas azucaradas. En el marco de esa campaña se difundió un video en televisión y en radio que mostraba el alto contenido de azúcar de estas bebidas, conectando esas conductas con complicaciones de salud como la diabetes o la obesidad, que se presentan tanto en Colombia como en toda la región de Latinoamérica. Postobon S.A., una empresa de bebidas azucaradas de Colombia, denunció ese video ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A partir de ello, la SIC prohibió mediante la resolución 59176, la difusión de los comerciales alegando que se trataba de “publicidad engañosa” por no contar con soportes científicos ni médicos para sus aseveraciones.

La resolución 59176 emitida por la SIC ordenó a Educar Consumidores cesar la difusión del comercial. Asimismo, ordenó remitir al despacho de la Delegación de Investigación y Protección al Consumidor de la SIC, toda pieza publicitaria que a futuro desee transmitir sobre el consumo de bebidas azucaradas (BBAA) antes de su publicación. Esto restricción se aplicaría a cualquier medio de comunicación, incluyendo redes sociales; y la SIC la estableció con el objetivo de ejercer control previo sobre aquella y decida si autoriza su publicación y difusión o no, bajo pena de sanción de multa.

Ante esta situación, Educar Consumidores presentó una acción judicial reclamando por la violación a su libertad de expresarse en un asunto de interés público. Al mismo tiempo, Dejusticia presentó una acción judicial complementaria planteando que la resolución de la SIC violaba el derecho de consumidores y consumidoras a acceder a información relevante. Luego de diferentes instancias y de una muy buena decisión de la Corte Suprema de Colombia que ya fue comentada por FUNDEPS, ambos casos fueron acumuladas por la Corte Constitucional. Ante esta instancia, la Corte Constitucional tendrá oportunidad de aclarar los límites del discurso comercial y sus diferencias con las campañas de concientización. Al mismo tiempo, podrá plantear la relevancia del acceso a la información para asegurar el derecho a la salud y para tomar decisiones de consumo con información adecuada.

El amicus presentado junto a FiC Argentina brinda argumentos de derecho internacional de derechos humanos que consideramos pertinentes para la resolución del caso. Con esta intervención, se espera contribuir a la solución de un caso que consideramos de extrema importancia tanto para Colombia como para el resto de Latinoamérica. Procesos judiciales como éste poseen gran repercusión tanto a nivel global como a nivel regional, ya que generan valiosos antecedentes jurisdiccionales sobre la importante temática de alimentación saludable.

Los fundamentos del amicus curiae buscan acreditar que las medidas adoptadas por la resolución de la SIC significan una violación a obligaciones de derechos humanos en diferentes niveles, al mismo tiempo que debilitan las posibilidades de dar respuesta a una epidemia global de malnutrición y la obesidad. Por un lado, viola  la libertad de expresión de una organización de la sociedad civil, se trata incluso una clara censura previa respecto de su actuación en la esfera pública. Además implica una violación a obligaciones de derechos humanos en tanto incumple las recomendaciones de órganos de monitoreo sobre cómo enfrentarse a la epidemia de obesidad. Diferentes órganos y oficinas especializadas como el CDESC, el CDN o los relatores para el derecho a la salud o el derecho a la alimentación han marcado que la epidemia de obesidad es definitivamente un problema de derechos humanos que afecta a una población vulnerable: niños, niñas y adolescentes.

Desde FUNDEPS y FIC Argentina creemos que eta decisión tendrá relevancia tanto dentro de Colombia como a nivel regional. El crecimiento de la obesidad -de impacto especialmente fuerte en niños, niñas y adolescentes- y la fuerte presencia de estrategias publicitarias de la industria alimentaria se repiten en toda la región. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte en el mundo. Es deber del Estado respetar, garantizar y proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, sobre todo cuando se tratan de temas fundamentales como la protección de la salud. Por ello, la decisión de la Corte en el presente caso será importante más allá de las fronteras de Colombia.

Más información

– Amicus Curiae presentado en la Corte Constitucional colombiana

– Video censurado de Educar Consumidores

 

Autora

María Victoria Gerbaldo

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Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

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Amicus curiae ante la Corte de Colombia sobre derecho a la información y a la salud junto a FIC Argentina – Agosto 2017

Los fundamentos del amicus buscan acreditar que las medidas adoptadas por la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia significan una violación a las obligaciones de derechos humanos en diferentes niveles, al mismo tiempo que debilitan las posibilidades de dar respuesta a una epidemia global de malnutrición y obesidad. Por un lado, se viola  la libertad de expresión de una organización de la sociedad civil, se trata incluso una clara censura previa respecto de su actuación en la esfera pública. Y por el otro, se violan también las obligaciones de derechos humanos en tanto el estado colombiano incumple las recomendaciones de órganos de monitoreo sobre cómo enfrentarse a la epidemia de obesidad.

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A un mes de la suspensión de pensiones, muchas personas con discapacidad continúan sin respuesta

El 21 de junio del corriente año, se realizo un pedido con mas de 25 organizaciones de la sociedad civil, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, requiriendo el inmediato restablecimiento de todas las pensiones suspendidas o dadas de baja en violación al debido proceso, tanto durante el mes de junio, como en meses anteriores. Se exigió la implementación de un mecanismo de información y discusión que asegure de manera efectiva y real el derecho a ser oído, y a ejercer la defensa por parte de todas aquellas personas titulares de una pensión por discapacidad. Además, pedimos la generación de espacios de participación de la sociedad civil, en el proceso de adecuación del decreto 432/97 a los estándares internacionales.

En respuesta al reclamo realizado, el Ministerio de Desarrollo social evidenció que no implementa procedimientos administrativos apropiados en forma previa a la decisión de dar de baja pensiones no contributivas, y no dio ningún tipo de respuesta a la petición de que se revisen los criterios del decreto 432/97, implementando instancias de participación y consulta con organizaciones de y para personas con discapacidad.

El Ministerio explicitó que no implementa ningún mecanismo para garantizar el derecho a ser oído, y el debido proceso de las personas a quienes se suspende la prestación. Por otro lado, respondió que se han aprobado dos disposiciones que dejan sin efecto las suspensiones y que se encuentra en proceso de implementación un mecanismo para comunicar las suspensiones, pero no acreditó ni su cumplimiento ni dio acceso al contenido de las disposiciones mencionadas.

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Cámara Federal de la Seguridad Social han señalado respectivamente que, el acto administrativo que dispone la baja de una pensión no contributiva es ilegítimo si se aprueba sin analizar todos los antecedentes de hecho del caso; y que, las facultades de la Comisión de Pensiones Asistenciales de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa para el goce de pensiones no contributivas, no pueden ejercerse con prescindencia del debido proceso adjetivo que salvaguarda la ley de procedimiento administrativo; pudiendo suspenderse una pensión no contributiva únicamente luego de haber brindado a los afectados la posibilidad de defensa y alegato, y estando fehacientemente probados los hechos en que se funda.

El accionar estatal, además de vulnerar el derecho de defensa, representa un actuar regresivo, violatorio del principio de progresividad y no regresividad, el cual debe regir la implementación de políticas públicas en materia de derechos económicos sociales y culturales, como lo es el derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad. Es por ello se exige una respuesta urgente a la problemática que enfrentan las personas con discapacidad.

Por último, nuevamente se resalta la importancia y se insta a que se generen espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de modificación del decreto 432/97 y su remplazo por una nueva norma que respete lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de Derechos Humanos y se asegure que hasta tanto ello suceda, su interpretación se haga de acuerdo dichos instrumentos.

Autora

Luciana Severini

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Agustina Mozzoni <agustinamozzoni@fundeps.org>

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Primera reunión de la Comisión Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad

El objetivo central de la reunión es informar acerca de las líneas de acción que el Programa desarrolla y proponer estrategias para el trabajo conjunto. Esta Comisión fue establecida a partir de la Resolución 732/2016 que determinó la creación del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad en el ámbito de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.

Al comienzo del evento, hablan el Dr. Adolfo Rubinstein (Secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos) y la Dra. Verónica Schoj (Directora de Promoción de la Salud y Enfermedades Crónicas no Trasmisibles). Seguidamente, la Lic. Veronica Risso Patrón (Coordinadora del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad) explica la propuesta de funcionamiento de la Comisión: temáticas y modalidad de trabajo, cronograma, productos esperados. Finalmente en la reunión tiene lugar la firma de declaraciones de conflictos de intereses.

Se prevé que el funcionamiento de la Comisión sea a través de subcomisiones asesoras voluntarias en diferentes temáticas: reformulación de alimentos, perfiles nutricionales y etiquetado frontal, marketing y publicidad de alimentos, promoción y entornos escolares saludables.

La obesidad infantil es una problemática con graves consecuencias sanitarias y económicas que perjudica cada vez más a los países de bajos y medianos ingresos y a los sectores más vulnerables de la población. En la actualidad, existen alrededor de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% vive en países en desarrollo. Celebramos este tipo de iniciativas que significan una oportunidad para el debate y la coordinación de esfuerzos de múltiples actores de la sociedad.  Destacamos también la relevancia de que sean incluidas y se asegure la efectiva participación de organizaciones de distintas provincias que den cuenta de la realidad particular y específica de cada una, y permita avanzar hacia la construcción de una política federal en materia de alimentación saludable.

Contacto

Agustina Mozzoni, <agustinamozzoni@fundeps.org>

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Consulta del Relator sobre derecho a la alimentación: ENTs y derechos humanos

El pasado 10 de julio participamos en la consulta del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Nuestro foco estuvo en la alimentación saludable y la necesidad de regular las prácticas comerciales, que promueven una alimentación no nutritiva y que constituye un factor de incidencia para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENTs). El documento fue presentado junto con FIC Argentina.

Los Relatores Especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar acerca de temas de derechos humanos. El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación centrará su próximo informe a la Asamblea General de la ONU en el tema de la nutrición, y a estos fines, abrió un proceso de consulta para recabar información e ideas para tener en cuenta en su informe.

En nuestro comentario hicimos referencia a la importancia de políticas públicas que desincentiven el consumo de alimentos no saludables, para mitigar la epidemia de obesidad y sobrepeso que hay en la actualidad, y afecta particularmente a sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes. A partir de esto, recomendamos la promoción de políticas como la reglamentación de etiquetado nutricional de alimentos, haciendo referencia a las buenas prácticas de Chile y Ecuador en este aspecto.

Además recomendamos una regulación estricta de la publicidad de alimentos no saludables. En este punto, la tendencia de la industria a promover la idea de autorregulación, hace que los Estados no tomen cartas en el asunto. No obstante, estas autorregulaciones resultan sumamente laxas, no vinculantes por definición y poco efectivas. Si el Estado decide promover compromisos voluntarios o confía en la autorregulación, el incumplimiento de los mismos configurará una situación de violación de la obligación de proteger el derecho humano a la salud de su población, por lo que creemos que corresponde realizar una fuerte recomendación apoyando el establecimiento de marcos de regulación de la publicidad estrictos y exigibles legalmente.

En este sentido, también abordamos el conflicto de interés existente en la intromisión de la industria en la elaboración de políticas respecto a la alimentación saludable. De manera general, hay una contradicción entre los intereses comerciales de la industria alimenticia y de la bebida y los de la salud pública. Por ello es importante que los mecanismos de toma de decisión pública sean transparentes y muestren posibles conflictos de interés. Esta tensión se manifiesta en que, además de promover por múltiples canales una alimentación inadecuada, la industria también ha manifestado su oposición a legislaciones dirigidas a reducir el consumo de productos no saludables, privilegiados sus intereses comerciales por los de la salud pública.

Las ENTS ya son una preocupación de las organizaciones internacionales que trabajan con el derecho a la salud. También están comenzando a ocupar las agendas de los comités internacionales de derechos humanos, por sus efectos en la calidad de vida y la salud de las personas. Sus recomendaciones y comentarios no apuntan sólo al acceso a los alimentos, sino cada vez más a la alimentación desde la perspectiva de la alimentación adecuada, lo cual también se refleja en nuestro documento. En nuestro comentario marcamos como este tipo de observaciones y recomendaciones tienen una fuerte presencia en documentos elaborados por estos comités.

Finalmente, abordamos la obligación de proteger los derechos humanos, que exige una acción activa por parte del Estado para regular a conducta de terceras personas que afectan el derecho a la alimentación de otras.

Más información:

– Recomendaciones de FUNDEPS y FIC Argentina al informe del Relator 

Contacto:

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Organizaciones exigimos la continuidad de las pensiones de discapacidad

Las vagas explicaciones brindadas por la Ministra Stanley son insuficientes, y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado. Entre sus falencias se observa que no precisan qué pensiones se restablecerán y cuáles no, omiten detallar en qué casos consideran que ha habido errores, cuál será el procedimiento que se aplicará, ni qué criterios se aplicarán para resolver sobre el otorgamiento y continuidad de las pensiones.

La suspensión masiva de pensiones se produjo sin respetar garantías mínimas del debido proceso, y aplicó criterios restrictivos e inconstitucionales.   

La baja y suspensión de las pensiones, no solo implica la suspensión de la prestación económica, sino que restringe el acceso a servicios médicos. La interrupción de tratamientos médicos, es una de las graves consecuencias que esta medida ha ocasionado.

De los reclamos recibidos observamos que en ciertos casos el Ministerio continúa sosteniendo criterios irrazonables, lo que se ve en el sostenimiento de la suspensión por ser titular de un vehículo automotor. Asimismo, a algunas personas el Ministerio les ha dicho que no se tiene certeza de cuándo se restablecerá su prestación, afirmando que podría ser recién el mes siguiente o más adelante.  La no aplicación del procedimiento reglado, las imprecisiones de las comunicaciones oficiales y las respuestas concretas que a varios días del anuncio oficial están recibiendo las personas afectadas, generan que muchas de ellas continúen en la incertidumbre respecto de si recuperarán su pensión, o cómo hacer para controvertir una suspensión que consideran arbitraria. Su estado de indefensión agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

Los criterios utilizados, mediante una interpretación aislada del decreto 423/97, que incluyen el análisis de bienes y/o ingresos en el grupo familiar, refuerzan los vínculos de dependencia de las personas con discapacidad, desconociendo su derecho vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad, reconocido en el art. 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Ministerio debe restablecer de manera inmediata las pensiones suspendidas o dadas de baja en violación al debido proceso, tanto durante el mes de junio, como en meses anteriores, e implementar un mecanismo de información y discusión que asegure de manera efectiva y real el derecho a ser oído y a ejercer la defensa, ofrecer y producir prueba, con la suficiente antelación, por parte de todas aquellas personas titulares de una pensión por discapacidad.

El debilitamiento de medidas de protección a personas con discapacidad realizado en forma arbitraria y sin una adecuada explicitación de las razones implica una violación al principio de progresividad. De acuerdo a este principio, deben existir razones excepcionales para justificar cualquier debilitamiento en estándares de protección de derechos económicos, sociales y culturales, lo que se denomina prohibición de regresividad. Al suspender y dar de baja pensiones, el Estado de redujo el nivel de protección a derecho como la salud, a la vivienda o a la educación. De esta forma, estaría violando el principio de progresividad y no regresividad.

Por último, se ha solicitado que genere espacios de participación de la sociedad civil en el proceso de adecuación del decreto 432/97 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a los tratados internacionales de derechos humanos y asegure que hasta tanto ello suceda su interpretación se haga de acuerdo con dichos instrumentos.

Más información

– Nota presentada al Ministerio de Desarrollo Social

Contacto

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

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Viejos son los trapos

Poco antes de morir, Vicente (87) y Argentino (81) tal vez pensaron en su familia, en lo que comerían al día siguiente, en el frío de afuera o en lo que vieron en la televisión esa noche. Tal vez se sintieron solos o abandonados, lejos de todo lo que amaron en la vida. Pero con seguridad no pensaron en que un cortocircuito en el caloventor que entibiaba la habitación del geriátrico donde vivían condenaría a los dos a padecer una muerte horrible y dolorosa. Ambos fallecieron por las graves quemaduras que sufrieron, solo para sumarse a una triste lista que se engrosa todos los inviernos.

El lugar no contaba con medidas de seguridad básicas, como sensores, alarmas de fuego ni humo. Los matafuegos estaban descargados y el establecimiento no tenía habilitación municipal. Tanto la dueña del lugar como la enfermera que los cuidaba quedaron imputadas de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, un delito que prevé, en caso de condena, una pena de 2 a 5 años.

No es la primera vez en Córdoba que un geriátrico es noticia por la tragedia. El caso más grave se registró en Le Petit Residence, una casona del Cerro de las Rosas donde en 2010 fallecieron seis personas producto de las quemaduras y de la inhalación de monóxido de carbono en una situación similar.

El 15 de junio, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se espera que en los próximos años en todos los países del mundo aumente sustancialmente el número de personas mayores. Según el INDEC, Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica.

Con frecuencia las tareas de asistencia y cuidados de las personas mayores son delegadas a instituciones como las residencias geriátricas. Esto constituye un gran desafío para la sociedad argentina ante los episodios frecuentes de violación de derechos humanos básicos de las personas que allí viven. Una de las dificultades es que no existen normas nacionales que unifiquen exigencias puntuales de calidad y atención en estos lugares. Las normas provinciales, en general, solo aluden a cuestiones edilicias.

Llegó la hora de que nos sentemos a debatir sobre el lugar que ocupan y deberían ocupar los adultos mayores en las agendas públicas. ¿Seguirá rigiendo el paradigma que considera a los viejos como sujeto fuera de la población económicamente activa, por lo tanto prescindibles y desechables?

María (82), residente de un geriátrico de la ciudad de Córdoba, cuenta su historia con lágrimas en los ojos. “A mi me dijeron que me traían por unos días porque iban a arreglar mi casa”. Mira triste y enojada. Pero continúa: “Ya pasaron dos años y medio. Si hubiera sabido, no me sacan: me agarraba a las paredes con uñas y dientes. La casa que compramos con mi marido hace cincuenta años. Donde tuve y crié a todos mis hijos. ¿Por qué tenían que mentirme?”. Rompe definitivamente en llanto y entre sollozos, sus palabras se clavan como flechas en el corazón: “Si al menos me vinieran a ver…”.

El nuevo marco legal

El 9 de mayo de 2017 se aprobó, en Argentina, la Convención Interamericana Sobre Protección de los derechos humanos de las personas mayores, cuyo objeto es “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Para el cumplimiento de estos derechos, la Convención también señala “la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad; reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Esto implicaría reducir el número de víctimas por incendios en geriátricos a cero.

Isolina Dabove, explicó que:

“la aprobación parlamentaria de esta Convención consagra un nuevo paradigma positivo en torno a la vejez y permite que este Tratado entre en vigencia en nuestro país y que tenga jerarquía superior a las leyes. Obliga a los jueces a aplicar su contenido en toda decisión vinculada a personas mayores y el Estado argentino se compromete a poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados en ella. También permite que cualquier argentino pueda interponer una petición individual para denunciar la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana.” (Fuente)

Además, agregó que:

“la adhesión a este acuerdo impacta de manera directa en el contenido y desarrollo de las políticas públicas gerontológicas, tanto nacionales como provinciales. Dado que se trata de un tratado internacional de derechos humanos, se impone también a las Constituciones Provinciales y a la legislación provincial respectiva. No hace falta que las Provincias adhieran a ella. Quedan obligadas a su cumplimiento, igual que el Estado nacional.” (Fuente)

La ratificación de la Convención resalta la importancia de que el Estado, en sus diferentes niveles, asuma un rol activo, asegurando la asignación de recursos públicos que permitan respetar los derechos humanos de las personas de edad avanzada.

Desde FUNDEPS monitoreamos el desarrollo y la implementación de políticas públicas locales en materia de derechos a la ancianidad y hemos presentado pedidos de informaciòn ante las dependencias correspondientes: RUGEPRESA de la provincia (Registro de Unidades de Gestiòn de Prestaciones de Salud), y la Secretaría de Salud, de la municipalidad. Sin embargo, ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y aun no recibimos respuesta.

Si bien la aprobación de políticas públicas que resguardan los derechos de los adultos mayores es un avance importante, la realidad indica que todavía queda un largo camino que recorrer para asegurar el cumplimiento efectivo de esos derechos. Por un lado, un Estado que en sus diversos niveles no dedica suficiente recursos para asegurar el respeto de los derechos humanos de una parte importante de su población y que en ocasiones tolera irregularidades porque reconoce sus límites para proveer una solución sostenible. Por el otro lado, una sociedad que es capaz de abandonar a sus adultos mayores cuando ya no les sirven, para que sufran todo tipo de ofensas, humillaciones, violaciones a sus derechos e incluso la muerte, debe replantearse seriamente el orden de sus prioridades… si no queremos ser nosotros los abandonados en un futuro, cuando ya no le sirvamos a la generación venidera. Como dice María: “Si al menos me vinieran a ver…”.

 

Autores/as

Federico Piccioni

Maga Ailén Merlo Vijarra

Laura Alesso

Contacto

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

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Estrategias de una industria que no quiere hacerse humo

Un estudio en la capital de esta provincia demuestra que en Córdoba, las compañías de tabaco continúan publicitando sus productos en los puntos de venta a través de estanterías y exhibidores.

CÓRDOBA. El tabaquismo es una epidemia que representa un problema global con devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales. Hoy es responsable de más de 6 millones de muertes anuales a nivel mundial y de costos sanitarios y ambientales que exceden las recaudaciones fiscales por impuestos al tabaco. Esta epidemia se cobra más vidas que la tuberculosis, el SIDA y el paludismo juntos, y representa la primer causa de muerte prematura evitable a nivel mundial. Cada año mueren 600.000 personas que no fuman como consecuencia de la exposición al humo ajeno, de las cuales 1 de cada 4 son niños y niñas.

Desde que uno nace está expuesto a estímulos que posicionan al acto de fumar como sinónimo de éxito, sensualidad y seguridad. Desde películas hasta dibujos animados, nuestro inconsciente se ve sugestionado por la idea de que fumar es normal, sexy y placentero. ¿Quién no recuerda a Clint Eastwood en “El bueno, el malo y el feo” como estereotipo de hombre duro y justiciero, fumando un puro después de acabar con los malos? Humphrey Bogart, el Agente 007, James Dean, Sherlock Holmes o John Travolta son ejemplos de que ser fumador es parte del éxito. Un estudio del British Medical Journal asegura que las industrias tabaqueras pagaron millones de dólares a las estrellas de Hollywood a cambio de promocionar sus marcas en los largometrajes.

Las mujeres tampoco escaparon a la asociación del consumo de tabaco con la liberación femenina, la emancipación, la rebelión y la idea de que fumar complementa a la perfección a una femme fatale. La situación es indignante si consideramos que también hubo intereses para que dibujos animados fumen: vimos fumando en la pantalla chica a Los Picapiedras, Tom y Jerry, el profesor Jirafales, Popeye, Bugs Bunny, Speedy González, el pato Lucas, el cerdo Porky, Pinocho, Peter Pan, Tribilín, el pato Donald y hasta el argentino Pucho fumaba perpetuamente su cigarro con aparente placer.

En este contexto, no es de extrañar que la edad de inicio de las personas en el consumo del tabaco sea a los 12  o 13 años, después de toda una infancia a la que estuvieron expuesta a estímulos de este tipo.

La ley de regulación del tabaco Argentina, sancionada en 2011, busca proteger a los ciudadanos del impacto del tabaquismo y reducir los daños, sobre todo en niños y adolescentes, más vulnerables a anuncios y promociones.

Esta ley significó el fin de las campañas, comerciales, eventos deportivos y desfiles de moda patrocinados por marcas de cigarrillos; al restringir las publicidades, promociones y patrocinios: solo se permiten anuncios en puntos de venta, en publicaciones de empresas del sector o a través de comunicación directa, previo consentimiento y verificación de la mayoría de edad de los posibles receptores.

Si bien esta legislación significó un avance, en nuestro país aún mueren 44 mil personas por año debido a enfermedades derivadas por el tabaquismo. Uno de cada cuatro adultos fuma. El costo sanitario atribuible a esta causa es de 33 mil millones de pesos por año, mucho más de lo recaudado en concepto de impuestos a las tabacaleras y el 12% del presupuesto total destinado a salud pública en nuestro país.

Un relevamiento que realizamos en Córdoba arrojó como principal resultado que la exhibición de paquetes de cigarrillos es la principal estrategia de las compañías para promocionar sus productos. El decreto reglamentario establece condiciones respecto los avisos publicitarios, pero nada dice sobre la exhibición. Así, una publicidad no debe medir más de 30 x 30 cm, ser estática, tener dos dimensiones, no tener luz ni verse desde el exterior del punto de venta y ser acompañada del mensaje sanitario correspondiente. Pero nada dice expresamente sobre la exhibición de productos a través de estanterías.

El instrumento de recolección de datos usó como referencia un protocolo desarrollado por la California Tobacco Advertising Study. La industria promueve el consumo con estrategias que alcanzan a todos. Aprovechando el vacío legal, cumplen con las condiciones sobre publicidad, pero dedican recursos a la exhibición. En términos de visibilización y promoción de marca, el efecto que se consigue es tan potente como el de los avisos publicitarios.

En las zonas donde se observa una mayor inversión en elementos de promoción son las que concentran mayor cantidad de estudiantes. Las imágenes y mensajes naturalizan el consumo, favorecen la identificación y recuerdo de las marcas, y aumentan la necesidad de fumar incluso en personas que intentan abandonarlo.

En este marco, es fundamental establecer una prohibición de publicidad y promoción de productos de tabaco, sin excepciones. Según estudios realizados por la OMS, la eliminación de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio es una de las medidas más eficaces para prevenir el consumo. Así, se seguiría la línea de provincias como Santa Fe o Neuquén, o la de países como Colombia, Uruguay o Panamá.

Por ello, presentamos un proyecto de ley ante la Comisión de Salud de la Legislatura de Córdoba, que prohíbe la publicidad y la promoción de productos de tabaco sin excepciones, incluyendo todas las estrategias de exhibición de productos en los puntos de venta.

Se trata de una situación compleja, que debe ser abordada con políticas integrales, desde diversas aristas y con el compromiso de muchos actores de la sociedad, pero sin desconocer el papel fundamental que puede cumplir el Estado en la prevención de estas enfermedades.

Algunos datos a destacar como resultado del relevamiento

  • 7 de cada 10 kioscos en Córdoba utiliza estrategias promocionales de productos de tabaco.
  • De los kioscos con estrategias promocionales, 9 de cada 10 lo hacen de forma tal que sea visible desde el exterior del punto de venta.
  • En todos los kioscos relevados hay estanterías para organizar los atados de cigarrillos. El 85% de las mismas son visibles desde el exterior del punto de venta.
  • El 76% de los kioscos tiene estanterías industrializadas. En barrios con mayor presencia de estudiantes, se observa una mayor inversión en objetos de promoción y publicidad.
  • En la mayoría de los kioscos los productos con estrategias promocionales más prominentes y atractivas eran los productos de tabaco.
  • Las publicidades de tabaco se encuentran principalmente cerca de la caja, que es la zona de mayor visibilidad de los puntos de venta.
  • Ningún kiosco contenía aviso sobre la prohibición de venta de cigarrillo a menores de 18 años.

Más información

Autores/as

Federico Piccioni

Agustina Mozzoni

Contacto

Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>

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Presentación de reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El informe, está enfocado en la protección de la salud frente a la epidemia del tabaquismo y en él se le solicita al Comité EPU (Exámen Periódico Universal) que recomiende al Estado Argentino la adopción de medidas que permitan alcanzar estándares más altos de protección.

ARGENTINA. Este año tendrá lugar en nuestro país la segunda evaluación quinquenal realizada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La misma, ofrece a los Estados la oportunidad de declarar qué medidas adoptaron para mejorar la situación de derechos humanos y establecer obligaciones en la materia.

Uno de los informes, presentado por FUNDEPS, junto a FIC Argentina, O’ Neill Institute for National and Global Health Law y FEIM, analiza al tabaquismo en el mundo, al marketing de la industria y a la situación legal en el país.

Las publicidades de tabaco poseen gran influencia sobre fumadores y no fumadores: un tercio de la experimentación inicial en jóvenes ocurre como resultado de los anuncios. El 78% de los jóvenes de 13 a 15 años reportan exposición regular a comerciales de cigarrillos en todo el mundo.

La realidad oscila entre la falta de controles, el incumplimiento de las leyes y la negación a ratificar el Convenio Marco de Referencia en el Control del Tabaco  (FCTC, por sus siglas en inglés), instrumento que coloca obligaciones sobre los Estados para adoptar políticas de control y que establece una serie de medidas efectivas frente a las consecuencias del consumo directo e indirecto. El tratado fue ratificado por más de 180 participantes y Argentina es el único país sudamericano que aún no es miembro de esta convención.

El Estado gasta 33 mil millones de pesos cada año para tratar problemas de salud a causa del tabaquismo. La recaudación impositiva por la venta de cigarrillos apenas llega a cubrir las dos terceras partes de los gastos directos que el cigarrillo provoca en el sistema de salud.

Las restricciones parciales de los anuncios alientan a la manipulación de los mismos y genera un vacío legal. Solamente a través de regulaciones que aseguren una completa prohibición de todas las formas directas e indirectas de publicidad pueden llevar a nuestro país a alcanzar sus objetivos en cuanto a consumo de cigarrillos. Las leyes actuales carecen de muchos de los componentes más significativos del FCTC y obstaculizan los esfuerzos de las instituciones de salud para disminuir el consumo de tabaco en el territorio.

Desde Fundeps exhortamos a que el Estado argentino aproveche esta oportunidad para tomar las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de derechos fundamentales.

Fuente

Instituto de Efectiviad Clínica y Sanitaria

FIC Argentina

Autor

Federico Piccioni
Contacto
Agustina Mozzoni <agustinamozzoni@fundeps.org>
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Hacia la ratificación de Argentina del Convenio Marco para el Control de Tabaco

En el Senado de la Nación tuvo lugar hoy, una jornada de diálogo intersectorial que incluyó la presentación de un proyecto de ley para la ratificación del Convenio Marco para el Control de Tabaco.

BUENOS AIRES. Durante el jueves 18 de mayo tuvo lugar una jornada de para promover la ratificación argentina del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT), un tratado internacional de salud pública con miembros de 180 países y que Argentina aún no ratificó.

El Convenio preve una serie de medidas destinadas a mejorar la salud de la población al buscar la eliminación o la reducción del consumo de estos productos y de la exposición al humo de tabaco ajeno. Entre estas medidas, se encuentran: la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, el aumento del precio de los cigarrillos y de impuestos al tabaco, el dictado de leyes que monitoreen y evalúen las políticas destinadas a prevenir el consumo, la implementación de ambientes 100% libres de humo, el ofrecimiento de  ayuda para dejar de fumar y la  inclusión de advertencias sanitarias con imágenes en las etiquetas de cigarrillos, entre otras medidas.

En Argentina, unas 44 mil personas mueren por año por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La edad promedio en la que se empieza a fumar es a los 12 y hasta entonces las personas son bombardeadas por agresivas estrategias de marketing desarrolladas por la industria tabacalera. Una de las medidas más adelantadas del CMCT apunta entonces, a eliminar todo tipo de difusión con el objetivo de “proteger a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo”.

En el evento disertaron Juan Manuel Abal Medina, Senador de la Nación; Marta Santore, Presidenta Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) el Dr. César Di Giano, Presidente de la Unión Antitabáquica Argentina (UATA); Armando Peruga, Ex Gerente de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS; Patricia Sosa, Directora de Programas de América Latina de Campaign for Tobacco Free Kids, entre otras personalidades destacadas en la materia.

Estuvimos presentes con la certeza de que nuestro país debe ratificar el Convenio para garantizar la efectiva protección del Derecho a la Salud; y con la certeza también de que dicha ratificación se constituiría como una herramienta clave para hacer frente a los intereses de la industria tabacalera.

Autor
Federico Piccioni
Contacto
Agustina Mozzoni <agustinamozzoni@fundeps.org>
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Informe de actividades 2016

El pasado 2016 fue un año de gran crecimiento para nuestra fundación, no solo por el desarrollo de nuestras múltiples agendas de trabajo, sino también, por la consolidación de nuestro equipo de voluntarios.

Diversificamos aún más nuestras agendas de trabajo, logramos potenciar nuestra incidencia social, pudimos posicionarnos en redes e incrementamos la colaboración con nuevos socios.

Como lo hicimos año tras año, continuamos realizando investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con múltiples organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Agradecemos a todos los que formaron parte y confiaron en FUNDEPS. Esperamos que el 2017 nos siga encontrando y trabajando en conjunto en pos de nuestro principal objetivo: continuar creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Los invitamos a leer el resultado de un gran año de trabajo, haciendo click en nuestro informe 2016 en el siguiente link bit.ly/FUNDEPS2016; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

Un villano delicioso, alimentación e industria

Seductor, rico y placentero, el azúcar es un ingrediente omnipresente en la dieta argentina. Ante el alarmante crecimiento de la obesidad, bajar su consumo depende de una enredada dialéctica entre la industria, la ciencia, el gobierno y la sociedad civil cuya respuesta se hace esperar

Al sol del ímpetu creativo de los año 1990, el cine retrató la gesta histórica legal contra la Brown & Williamson Company en El Infiltrado, película protagonizada por Russell Crowe y Al Pacino. El argumento partía de la decisión de la empresa de añadir a los cigarrillos «cumarina», una sustancia moderadamente tóxica para el hígado y los riñones que incrementa la adicción del consumidor a los cigarrillos. Fuente de energía de fácil y rápida asimilación, disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, extraído principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha, seductora y omnipresente, la sacarosa es el más popular comodín de sabor y representa, además, el símbolo de la nueva cruzada por la salud pública. Tal como el secreto celosamente oculto de la cumarina, la composición química del azúcar, agregada en alimentos y bebidas, es el centro del debate actual sobre alimentación y enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y la obesidad en Argentina aumentó, entre 2005 y 2013, un 42,5%. Por si fuera poco, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar nacional de 2012, en un lapso de cinco años, en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el sobrepeso aumentó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. «La alimentación del lactante con alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de los principales factores que propician la obesidad infantil. (…) Deben evitarse alimentos complementarios ricos en grasas, azúcar y sal», cita la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil de la OMS en su página web.

La dieta

Las cifras reflejan que en la dieta argentina hay gran déficit de verduras y frutas, de acuerdo a la licenciada en Nutrición Pilar Llanos, quien forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). En simultáneo, explica Llanos, hay excesiva presencia de productos que aportan alta densidad calórica, tales como harinas (sin fibras), galletitas dulces y saladas, masas pre-listas y pastas y panificados blancos. La presencia de carnes como aves, pescados y carnes rojas en muchas mesas, continúa Llano, «es sustituida por productos industrializados, prelistos, de fácil y rápido consumo y del agrado de los niños con la compañía de las calorías vacías que aportan las gaseosas». Argentina es el primer consumidor mundial de bebidas gaseosas con 137 litros per cápita por año, según Euromonitor 2014, líder mundial en investigación de mercado. «Está probado cómo la industria alimenticia está promoviendo el consumo amplio de bienes cuyo consumo regular a lo largo del tiempo genera impactos negativos en la salud -plantea Juan Carballo, abogado y director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), con sede en la ciudad de Córdoba-. En Argentina, en particular, la información en los envases de los alimentos es baja, nadie lee en detalle la etiqueta y las publicidades son simplemente persuasivas.»

Desacuerdos

Ante un problema evidente, la dialéctica de la discusión es compleja. La industria, la sociedad civil, el Estado y la comunidad científica –que a primera vista comparten la verdad de Perogrullo de que una dieta protagonizada por el azúcar, las grasas saturadas y el sodio es mala para la salud pública– no están tan de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Las opciones son varias: gravar un impuestazo al azúcar como Inglaterra en 2016, hacer un acuerdo internacional como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2003, garantizar la libre empresa, sancionar una estricta norma sobre el etiquetado de alimentos como la ley chilena 20.606, entre muchas otras. Durante la Mesa Redonda sobre la Implementación del Plan de Acción para la prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en Washington en mayo de 2016, organizaciones civiles de toda América discutieron sobre barreras y oportunidades en el cuidado de la salud pública. En la reunión, Carballo planteó que había insuficiencia de normas voluntarias y autorregulación de parte de la industria sobre la publicidad y la comercialización de alimentos dirigidos a niños.

La investigación

La omnipresencia de los ingredientes azucarados en la dieta de los argentinos es una realidad rica, natural y placentera difícil de discutir. Son percepciones que atraviesan a todos los grupos sociales, edades y sexos. Su inocuidad, largamente descartada, es objeto de estudio de instituciones y asociaciones científicas encargadas de desempatar posturas sobre cuánto tiene que ver el azúcar en Enfermedades No Transmisibles (ENT) que causan morbimortalidad. Las cosas, a priori, no son tan claras. Documentos internos de la industria azucarera publicados en 2016 en la revista Jama Internal Medicine por Stanton Glantz, investigador en la Universidad de California en San Francisco, sugieren que durante cinco décadas abundanor los estudios que minimizaban el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamaban a las grasas saturadas. La ciencia, condicionada por la industria, encubrió a un villano acusando a otro malhechor. «La industria opera a través del financiamiento a equipos de investigación reales, algunos confiables, pero también con ‘organizaciones fachada’ -agrega Carballo-, que tienen una cáscara institucional que es aparentemente respetable pero que sólo tienen financiamiento del sector de la industria alimenticia. Su objetivo es poner en duda conclusiones probadas o condicionar las políticas públicas».

El caso Coca-Cola

A pesar de que el tráfico de influencias develado en los documentos data de casi 50 años atrás, informes más recientes muestran que la industria continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. El 4 de enero, la ONG The Praxis Project y el Centro para la Ciencia en el Interés Público, de Estados Unidos, demandaron judicialmente a Coca Cola por engañar al público derribando las investigaciones que vinculan las bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes tipo 2 y similares. «Coca Cola tiene una larga historia de apoyo y relacionamiento fructífero con organizaciones de investigación y sin fines de lucro en los países en donde está presente -afirma Francisco Do Pico, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Argentina-. Estas colaboraciones siempre se dan en un contexto transparente y en ningún caso tienen condicionantes tendientes a favorecer temas de interés propio de la Compañía». La compañía ofrece información actualizada en su sitio www.transparency.coca-colacompany.com sobre las sumas de dinero que destina a actividades de investigación. Sin embargo, dentro de su política de transparencia, aún no fueron difundidas, explícitamente, todas las instituciones académicas a las que Coca-Cola destina fondos.

Intereses cruzados

La alimentación, por caso, está íntimamente ligada a la producción de alimentos, de parte de la industria; y a la regulación de la comercialización de productos sanos en el mercado, de parte del Estado. En el medio de ambos actores están los hechos obtenidos a partir de investigaciones científicas. Pese a todo, las zonas grises aparecen por doquier. La periodista y autora del libro Malcomidos, Soledad Barruti, publicó el año pasado un artículo denunciando que la International Life Sciences Institute (ILSI) era en realidad una ONG financiada por corporaciones de la industria alimentaria que realizaba estudios de campo en escuelas públicas porteñas, con aval y fondos del programa estatal de la ciudad «Mi Escuela Saludable», para indagar los hábitos infantiles con relación a la comida. «Para mí es fundamental que empecemos a preguntar quién financió una investigación. ¿Quién patrocina a las sociedades de nutrición y pediatría de Argentina? ¿Por qué yo veo sellos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) en los paquetes de sal si se supone que tenemos que consumir menos sal, que está fortificada con hierro? Me parece que basta con decir quién pagó el estudio y en qué paradigma de la nutrición está inserto».

El caso Cormillot

A pocas horas de difundir la nueva lista de Precios Cuidados, en agosto de 2016, el Gobierno nacional volvió sobre sus pasos y retiró del programa los cuatro productos marca «Cormillot» que ingresaron luego de que el doctor Alberto Cormillot asumiera como funcionario del Ministerio de Salud y asesorara en la elaboración de la política oficial de precios regulados. Los alimentos Dulcor con licencia Cormillot generaron un estado de sospecha sobre un posible conflicto de interés en el que el televisado profesional sería, al mismo tiempo, parte y contraparte. «No puede haber un funcionario que tenga vínculos directos con una empresa de alimentación que lleve su nombre -dice Barruti- o venda productos alimentarios, dietas o servicios alrededor de su nombre.»

El triunfo de la sacarosa

La carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos perteneciente al Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de UNLa (Universidad de Lanús) hizo en noviembre de 2016 una encuesta de preferencias de consumo de alimentos con azúcar en Argentina. El trabajo reveló que el 92% de los argentinos que incorpora alimentos dulces diariamente a su alimentación lo hace porque es rico y el 82% de ellos porque es placentero. «Es tema de Educación Alimentaria concientizar a las instituciones para que no incluyan alimentos como golosinas y snacks en la alimentación de los escolares», resume la licenciada Llanos, de la SAN-. Tal vez un primer paso sería tomar cartas en espacios en los que, como las escuelas, el Estado tiene un rol fuerte. Los quioscos escolares podrían ser la semilla de un perfil alimenticio distinto asociado al proceso educativo. Un lugar en el que el sector privado, sin ser mala palabra, pueda participar junto con la sociedad civil. La naturalidad de la presencia de la sacarosa en la dieta argentina, como triunfo del placer frente a la antítesis de la buena salud, hace que el consumo de bebidas y alimentos azucarados sea parte del statu quo del menú diario. Una idea prevalece: cada cual es responsable de sí mismo sin perjuicio del Estado, la sociedad civil y la ciencia -es decir, conceptos similares a los que deslizan las tabacaleras sobre los fumadores-. Éticas varias resultado de un proceso de purificación química cuyo éxito depende del porcentaje de sacarosa que contienen sus cristales.

La posición de la industria

Grupos de empresas representadas por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (Alaiab), reunidas en Washington D.C. en 2015, manifestaron su desacuerdo con «aquellos planteamientos que buscan encasillar al sector privado como un actor (…) incompatible con el desarrollo de propuestas en materia de política pública relacionada con la salud (…). Alaiab considera que los denominados ‘conflictos de interés’ no deben retrasar el diálogo proactivo». «Está claro que las cámaras y empresas de Copal -explica Daniel Funes de Rioja, presidente de la asociación- han bregado por la calidad de los alimentos que producimos. Nosotros y los ministerios de Salud y Agroindustria celebramos, recientemente, un acuerdo para promover hábitos de vida saludables y proveer de información adecuada a la sociedad a través de los etiquetados y la publicidad.» La reunión, a la que no fue invitada ninguna organización de la sociedad civil, fue un paso de coordinación entre el Estado y las empresas. En el plano legal y parlamentario, queda pendiente el debate de leyes profundas vinculadas al marketing y etiquetado, dos temas sensibles para la industria. Rumores de que podría debatirse en Argentina una ley que establezca el etiquetado frontal de los envases con grandes sellos negros fácilmente visibles que alertan sobre alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías (tal como lo hace la legislación chilena) despiertan críticas. «Creemos que esa es una ley absolutamente equivocada -agrega Funes de Rioja-, ya que no sólo tiene distorsiones desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista práctico. Nuestro país, a diferencia de Chile, es un exportador mundial de alimentos. Muchas veces se crean normas técnicas sin base científica-sanitaria que implican barreras comerciales.» Las empresas reunidas en Copal afirman hacer investigaciones para documentarse sobre los ingredientes y los efectos que pueden tener ciertos alimentos. «Todo esto se hace con suma solvencia científica -explica Fines de Rioja-. Lo hacen cámaras o empresas con entidades como la Sociedad Argentina de Nutrición, por ejemplo, y otras instituciones de tipo académicas con las que trabajamos.»

Fuente: La Voz Del Interior