Listado de la etiqueta: Salud

El pasado 2016 fue un año de gran crecimiento para nuestra fundación, no solo por el desarrollo de nuestras múltiples agendas de trabajo, sino también, por la consolidación de nuestro equipo de voluntarios.

Diversificamos aún más nuestras agendas de trabajo, logramos potenciar nuestra incidencia social, pudimos posicionarnos en redes e incrementamos la colaboración con nuevos socios.

Como lo hicimos año tras año, continuamos realizando investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con múltiples organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Agradecemos a todos los que formaron parte y confiaron en FUNDEPS. Esperamos que el 2017 nos siga encontrando y trabajando en conjunto en pos de nuestro principal objetivo: continuar creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Los invitamos a leer el resultado de un gran año de trabajo, haciendo click en nuestro informe 2016 en el siguiente link bit.ly/FUNDEPS2016; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

Seductor, rico y placentero, el azúcar es un ingrediente omnipresente en la dieta argentina. Ante el alarmante crecimiento de la obesidad, bajar su consumo depende de una enredada dialéctica entre la industria, la ciencia, el gobierno y la sociedad civil cuya respuesta se hace esperar

Al sol del ímpetu creativo de los año 1990, el cine retrató la gesta histórica legal contra la Brown & Williamson Company en El Infiltrado, película protagonizada por Russell Crowe y Al Pacino. El argumento partía de la decisión de la empresa de añadir a los cigarrillos «cumarina», una sustancia moderadamente tóxica para el hígado y los riñones que incrementa la adicción del consumidor a los cigarrillos. Fuente de energía de fácil y rápida asimilación, disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, extraído principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha, seductora y omnipresente, la sacarosa es el más popular comodín de sabor y representa, además, el símbolo de la nueva cruzada por la salud pública. Tal como el secreto celosamente oculto de la cumarina, la composición química del azúcar, agregada en alimentos y bebidas, es el centro del debate actual sobre alimentación y enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y la obesidad en Argentina aumentó, entre 2005 y 2013, un 42,5%. Por si fuera poco, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar nacional de 2012, en un lapso de cinco años, en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el sobrepeso aumentó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. «La alimentación del lactante con alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de los principales factores que propician la obesidad infantil. (…) Deben evitarse alimentos complementarios ricos en grasas, azúcar y sal», cita la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil de la OMS en su página web.

La dieta

Las cifras reflejan que en la dieta argentina hay gran déficit de verduras y frutas, de acuerdo a la licenciada en Nutrición Pilar Llanos, quien forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). En simultáneo, explica Llanos, hay excesiva presencia de productos que aportan alta densidad calórica, tales como harinas (sin fibras), galletitas dulces y saladas, masas pre-listas y pastas y panificados blancos. La presencia de carnes como aves, pescados y carnes rojas en muchas mesas, continúa Llano, «es sustituida por productos industrializados, prelistos, de fácil y rápido consumo y del agrado de los niños con la compañía de las calorías vacías que aportan las gaseosas». Argentina es el primer consumidor mundial de bebidas gaseosas con 137 litros per cápita por año, según Euromonitor 2014, líder mundial en investigación de mercado. «Está probado cómo la industria alimenticia está promoviendo el consumo amplio de bienes cuyo consumo regular a lo largo del tiempo genera impactos negativos en la salud -plantea Juan Carballo, abogado y director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), con sede en la ciudad de Córdoba-. En Argentina, en particular, la información en los envases de los alimentos es baja, nadie lee en detalle la etiqueta y las publicidades son simplemente persuasivas.»

Desacuerdos

Ante un problema evidente, la dialéctica de la discusión es compleja. La industria, la sociedad civil, el Estado y la comunidad científica –que a primera vista comparten la verdad de Perogrullo de que una dieta protagonizada por el azúcar, las grasas saturadas y el sodio es mala para la salud pública– no están tan de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Las opciones son varias: gravar un impuestazo al azúcar como Inglaterra en 2016, hacer un acuerdo internacional como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2003, garantizar la libre empresa, sancionar una estricta norma sobre el etiquetado de alimentos como la ley chilena 20.606, entre muchas otras. Durante la Mesa Redonda sobre la Implementación del Plan de Acción para la prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en Washington en mayo de 2016, organizaciones civiles de toda América discutieron sobre barreras y oportunidades en el cuidado de la salud pública. En la reunión, Carballo planteó que había insuficiencia de normas voluntarias y autorregulación de parte de la industria sobre la publicidad y la comercialización de alimentos dirigidos a niños.

La investigación

La omnipresencia de los ingredientes azucarados en la dieta de los argentinos es una realidad rica, natural y placentera difícil de discutir. Son percepciones que atraviesan a todos los grupos sociales, edades y sexos. Su inocuidad, largamente descartada, es objeto de estudio de instituciones y asociaciones científicas encargadas de desempatar posturas sobre cuánto tiene que ver el azúcar en Enfermedades No Transmisibles (ENT) que causan morbimortalidad. Las cosas, a priori, no son tan claras. Documentos internos de la industria azucarera publicados en 2016 en la revista Jama Internal Medicine por Stanton Glantz, investigador en la Universidad de California en San Francisco, sugieren que durante cinco décadas abundanor los estudios que minimizaban el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamaban a las grasas saturadas. La ciencia, condicionada por la industria, encubrió a un villano acusando a otro malhechor. «La industria opera a través del financiamiento a equipos de investigación reales, algunos confiables, pero también con ‘organizaciones fachada’ -agrega Carballo-, que tienen una cáscara institucional que es aparentemente respetable pero que sólo tienen financiamiento del sector de la industria alimenticia. Su objetivo es poner en duda conclusiones probadas o condicionar las políticas públicas».

El caso Coca-Cola

A pesar de que el tráfico de influencias develado en los documentos data de casi 50 años atrás, informes más recientes muestran que la industria continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. El 4 de enero, la ONG The Praxis Project y el Centro para la Ciencia en el Interés Público, de Estados Unidos, demandaron judicialmente a Coca Cola por engañar al público derribando las investigaciones que vinculan las bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes tipo 2 y similares. «Coca Cola tiene una larga historia de apoyo y relacionamiento fructífero con organizaciones de investigación y sin fines de lucro en los países en donde está presente -afirma Francisco Do Pico, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Argentina-. Estas colaboraciones siempre se dan en un contexto transparente y en ningún caso tienen condicionantes tendientes a favorecer temas de interés propio de la Compañía». La compañía ofrece información actualizada en su sitio www.transparency.coca-colacompany.com sobre las sumas de dinero que destina a actividades de investigación. Sin embargo, dentro de su política de transparencia, aún no fueron difundidas, explícitamente, todas las instituciones académicas a las que Coca-Cola destina fondos.

Intereses cruzados

La alimentación, por caso, está íntimamente ligada a la producción de alimentos, de parte de la industria; y a la regulación de la comercialización de productos sanos en el mercado, de parte del Estado. En el medio de ambos actores están los hechos obtenidos a partir de investigaciones científicas. Pese a todo, las zonas grises aparecen por doquier. La periodista y autora del libro Malcomidos, Soledad Barruti, publicó el año pasado un artículo denunciando que la International Life Sciences Institute (ILSI) era en realidad una ONG financiada por corporaciones de la industria alimentaria que realizaba estudios de campo en escuelas públicas porteñas, con aval y fondos del programa estatal de la ciudad «Mi Escuela Saludable», para indagar los hábitos infantiles con relación a la comida. «Para mí es fundamental que empecemos a preguntar quién financió una investigación. ¿Quién patrocina a las sociedades de nutrición y pediatría de Argentina? ¿Por qué yo veo sellos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) en los paquetes de sal si se supone que tenemos que consumir menos sal, que está fortificada con hierro? Me parece que basta con decir quién pagó el estudio y en qué paradigma de la nutrición está inserto».

El caso Cormillot

A pocas horas de difundir la nueva lista de Precios Cuidados, en agosto de 2016, el Gobierno nacional volvió sobre sus pasos y retiró del programa los cuatro productos marca «Cormillot» que ingresaron luego de que el doctor Alberto Cormillot asumiera como funcionario del Ministerio de Salud y asesorara en la elaboración de la política oficial de precios regulados. Los alimentos Dulcor con licencia Cormillot generaron un estado de sospecha sobre un posible conflicto de interés en el que el televisado profesional sería, al mismo tiempo, parte y contraparte. «No puede haber un funcionario que tenga vínculos directos con una empresa de alimentación que lleve su nombre -dice Barruti- o venda productos alimentarios, dietas o servicios alrededor de su nombre.»

El triunfo de la sacarosa

La carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos perteneciente al Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de UNLa (Universidad de Lanús) hizo en noviembre de 2016 una encuesta de preferencias de consumo de alimentos con azúcar en Argentina. El trabajo reveló que el 92% de los argentinos que incorpora alimentos dulces diariamente a su alimentación lo hace porque es rico y el 82% de ellos porque es placentero. «Es tema de Educación Alimentaria concientizar a las instituciones para que no incluyan alimentos como golosinas y snacks en la alimentación de los escolares», resume la licenciada Llanos, de la SAN-. Tal vez un primer paso sería tomar cartas en espacios en los que, como las escuelas, el Estado tiene un rol fuerte. Los quioscos escolares podrían ser la semilla de un perfil alimenticio distinto asociado al proceso educativo. Un lugar en el que el sector privado, sin ser mala palabra, pueda participar junto con la sociedad civil. La naturalidad de la presencia de la sacarosa en la dieta argentina, como triunfo del placer frente a la antítesis de la buena salud, hace que el consumo de bebidas y alimentos azucarados sea parte del statu quo del menú diario. Una idea prevalece: cada cual es responsable de sí mismo sin perjuicio del Estado, la sociedad civil y la ciencia -es decir, conceptos similares a los que deslizan las tabacaleras sobre los fumadores-. Éticas varias resultado de un proceso de purificación química cuyo éxito depende del porcentaje de sacarosa que contienen sus cristales.

La posición de la industria

Grupos de empresas representadas por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (Alaiab), reunidas en Washington D.C. en 2015, manifestaron su desacuerdo con «aquellos planteamientos que buscan encasillar al sector privado como un actor (…) incompatible con el desarrollo de propuestas en materia de política pública relacionada con la salud (…). Alaiab considera que los denominados ‘conflictos de interés’ no deben retrasar el diálogo proactivo». «Está claro que las cámaras y empresas de Copal -explica Daniel Funes de Rioja, presidente de la asociación- han bregado por la calidad de los alimentos que producimos. Nosotros y los ministerios de Salud y Agroindustria celebramos, recientemente, un acuerdo para promover hábitos de vida saludables y proveer de información adecuada a la sociedad a través de los etiquetados y la publicidad.» La reunión, a la que no fue invitada ninguna organización de la sociedad civil, fue un paso de coordinación entre el Estado y las empresas. En el plano legal y parlamentario, queda pendiente el debate de leyes profundas vinculadas al marketing y etiquetado, dos temas sensibles para la industria. Rumores de que podría debatirse en Argentina una ley que establezca el etiquetado frontal de los envases con grandes sellos negros fácilmente visibles que alertan sobre alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías (tal como lo hace la legislación chilena) despiertan críticas. «Creemos que esa es una ley absolutamente equivocada -agrega Funes de Rioja-, ya que no sólo tiene distorsiones desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista práctico. Nuestro país, a diferencia de Chile, es un exportador mundial de alimentos. Muchas veces se crean normas técnicas sin base científica-sanitaria que implican barreras comerciales.» Las empresas reunidas en Copal afirman hacer investigaciones para documentarse sobre los ingredientes y los efectos que pueden tener ciertos alimentos. «Todo esto se hace con suma solvencia científica -explica Fines de Rioja-. Lo hacen cámaras o empresas con entidades como la Sociedad Argentina de Nutrición, por ejemplo, y otras instituciones de tipo académicas con las que trabajamos.»

Fuente: La Voz Del Interior

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

Más información

Contacto

Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

Durante los días 15, 16, 27, 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la reunión global de la red por los derechos económicos, sociales y culturales (Red-DESC). Este evento que reúne a más 280 ONG, movimientos sociales y activistas de más de 75 países, se propone consolidar un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos y todas.

Los derechos humanos proveen una fuente vital de legitimidad política, moral y legal para la persecución de justicia, autodeterminación y bienestar compartido. Este marco une a los miembros de la Red-DESC en más de 75 países, donde trabajan conjuntamente para asegurar la rendición de cuentas de gobiernos y actores privados, articular modelo alternativos para el desarrollo, impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres, defender los derechos relativos a la tierra y los recursos naturales, fortalecer el litigio y la implementación guiada por las comunidades afectadas, así como facilitar el acceso y el uso estratégico de la información para promover los DESC.

A lo largo de esta semana, los diferentes grupos de trabajo de la red debatirán acerca de los desafíos que el contexto global presenta para la garantía de los DESC. El creciente empobrecimiento de la ciudadanía, la captura corporativa del estado, la desigualdad creciente, la degradación de los ecosistemas y la represión a activistas de derechos humanos; son las caras de un sistema que aún tiene una deuda con los derechos humanos. El programa da cuenta de la variedad de acciones que lleva adelante la red en los muchos países en que trabaja.

El martes 15 de noviembre, la Red-DESC inauguró su Reunión Global de Estrategia junto a más de 150 participantes de más de 40 países. La jornada remarcó la gran responsabilidad de quienes integran la Red-DESC, a la luz de las condiciones globales comunes que ponen en seria amenaza la dignidad humana y el potencial de la acción colectiva en todo el mundo. Antes de definir los objetivos generales de la Red para los próximos cinco años, los participantes evaluaron el trabajo colectivo de los tres anteriores por medio de unos breves informes de los Grupos de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, Política Económica, Monitoreo, Litigio Estratégico y Mujeres y DESC, así como del Sistema de Solidaridad.

Desde FUNDEPS participamos de esta reunión buscando coordinar nuestras acciones y estrategias con las de la red global, conscientes de que sólo un esfuerzo coordinado y colectivo podrá hacer frente a los grandes desafíos de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

Más información

Video de la sesión final de la Reunión:

Thanks to all GSM 2016 participants! from ESCR-Net on Vimeo.

Contacto

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

El 11 de junio de 2015, el Directorio del Banco Mundial aprobó un proyecto para Argentina por un total de 350 millones de dólares en el área de salud. Este proyecto, centrado en la Protección de la Población Vulnerables contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles, apoyó la estrategia del Ministerio de Salud para dichas enfermedades, en busca de una mejora en el acceso a los servicios de control y prevención para 3,2 millones de adultos entre 40 y 60 años quienes enfrentan mayores riesgos. Ante la falta de información oficial del proyecto y la ausencia de respuesta del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Córdoba presentamos un pedido de información al Banco Mundial.

Las enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas son responsables del 81% de las muertes en Argentina. Sin embargo, una considerable parte de estas enfermedades, se puede prevenir o controlar, reduciendo los factores de riesgo, entre los que podemos encontrar: una dieta con exceso de azúcares, harinas refinadas, grasas y sal, y bajo consumo de fibra; el sobrepeso y obesidad; el consumo de tabaco; la hipertensión; y un elevado nivel de glucosa en sangre.

El proyecto pretende trabajar para mejorar las capacidades de centros de atención primaria para brindar servicios de calidad en la detección temprana y el control continuo de la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sumado a ello, a nivel provincial y municipal se esperan realizar intervenciones orientadas a la promoción de dietas saludables, el fomento de la actividad física y el control del consumo de tabaco.

No obstante la importancia del proyecto, desde el Ministerio de Salud de la Nación, sólo se ha producido un temprano informe, pero el mismo no ha sido actualizado, ni se han incorporado referencias a la manera en que se viene ejecutando el mismo.

En este contexto, desde FUNDEPS –en conjunto con FIC Argentina- presentamos solicitudes de información pública ante las dependencias del Ministerio de Salud de la Nación, para poder conocer sobre el progreso del proyecto. Así mismo, consultamos sobre la existencia de instancias de participación ciudadana y si se prevén mecanismos de monitoreo del proyecto por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Además, se solicitó información particularmente referida al aporte de fondos por parte de YPF, tal como se expresó en el portal del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego.

Finalmente, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud de la Nación, pedimos la información correspondiente por los medios previstos para solicitarla de manera directa ante el Banco Mundial, financiador de este proyecto.

La falta de información debilita los objetivos del mismo y dificulta la adecuada coordinación con autoridades provinciales. De fuentes periodísticas se sabe que algunos gobiernos tienen fondos depositados más no están habilitados para ejecutarlos.

Desde FUNDEPS como integrantes de la Coalición Argentina para la Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles junto a otras organizaciones que comparten la misión de trabajar en la prevención de estas enfermedades desde distintas perspectivas (médicas, de consumidores, de derechos humanos, de incidencia política, académicas) estamos haciendo un seguimiento a este proyecto.

Más información:

El Ministro de Salud de la Nación recibió a la Gobernadora de Tierra del Fuego (Prensa Tierra del Fuego – 19/05)

Ricardo Cardozo gestiona ante la Nación recursos para la Provincia (Diario La Republica 13/09)

Invertirán U$S 437 millones en protección contra enfermedades crónicas no transmisibles (Telam 08/10)

Contacto:

Franco De Grandis, francodegrandis@fundeps.org

María Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org

El pasado 8 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto ante el Congreso de la Nación para la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Esta convención tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La misma fue aprobada el 15 de junio de 2015 por la OEA. Si bien Argentina cumplió un rol fundamental en el proceso de negociación en la OEA, aún no ha sido ratificada por nuestro país.

La adopción de esta convención constituiría una herramienta fundamental para el avance por los derechos de las personas mayores y, en definitiva, la protección de los derechos humanos consagrados en los distintos tratados aceptados por nuestro país.

Al ratificar la convención, Argentina se obliga internacionalmente a adoptar las medidas legislativas, institucionales y de cualquier otra índole, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que en dicha convención consagran; además, la misma se incorpora como parte del derecho vigente del Estado. De allí el valor y la importancia que tiene ésta iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

Apoyamos el proyecto de ley e instamos a su efectiva sanción recordando que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable, y esto implica para el Estado una obligación reforzada: el deber de impulsar medidas de protección especiales que les permitan el ejercicio de sus derechos y libertades.

Más información:

– “La OEA aprobó la Convención que protege los derechos de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

– “Avances en el proyecto de ley de protección integral de las personas mayores” (Página web FUNDEPS)

Proyecto del Poder Ejecutivo presentado ante el Congreso de la Nación

Contacto:

 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, anuncia renovación del programa de pasantías. 

Pasantía rentada en los meses de enero, febrero y marzo de 2017 en el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University en Washington DC

Instituciones convocantes:

– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center

– FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

– Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba

Requisitos para la presentación:

– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

– Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.

– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.

– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 28 de septiembre de 2016.

– Un Comité de Selección de la UNC elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 30 de septiembre de 2016 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.

– El 30 de septiembre de 2016 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for Nacional and Global Health Law, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.

– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de capacitación sobre el derecho humano a la salud, en el área de derechos humanos de FUNDEPS.

Documentación a presentar:

– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill, dirigida directamente al Instituto O’Neill.

– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas.

– Historia académica en versión electrónica.

* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Criterios de selección:

– Promedio.

– Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.

– Experiencia de investigación académica.

– Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.

– Nivel de inglés.

Consultas: info@fundeps.org

Charla informativa: Viernes 9 de septiembre de 2016, 17:00, Sala 3 de la Facultad de Derecho de la UNC

Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

FUNDEPS, como miembro del proyecto de investigación “Rotulado facultativo y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados de Argentina”, participó del acto de entrega de diplomas de las becas Salud Investiga 2016 “Dr. Abraam Sonis”; que se realizó en el aula magna de la Academia Nacional de Medicina, el pasado viernes 24 de junio.

Desde FUNDEPS, junto a FIC Argentina y la Universidad Católica de Santa Fe, estamos desarrollando un proyecto de investigación en el marco del programa de becas “Dr. Abraam Sonis”, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación. La investigación se enfoca en el etiquetado y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados en Argentina.

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema de salud pública de gran magnitud y, cada vez más, se incrementa su prevalencia tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salus (OMS) ha determinado que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Este desequilibrio se produce con frecuencia ya que en el mundo actual ha aumentado la ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, a la vez que ha disminuido considerablemente el nivel de actividad física. Los niños y niñas prefieren los alimentos hipercalóricos y esta preferencia se vincula fuertemente con las estrategias de marketing y publicidad desarrolladas por la industria alimenticia.

En este sentido, la investigación analizará el uso de rotulado y técnicas de marketing dirigidas a niños/ñas en los envases de alimentos procesados seleccionados, a fin de promover una política que regule los envases de los alimentos y proteja la salud de los más chicos. A nuestra fundación le corresponde uno de los componentes de este proyecto: la descripción y el análisis del marco normativo que regula el envase de los alimentos, destacando posibles caminos de regulación desde una perspectiva de salud pública.

Desde nuestra fundación agradecemos este espacio del Ministerio de Salud de la Nación. Además, estamos contentos de ser parte de esta iniciativa en colaboración con un grupo multidisciplinario. Obtener datos a nivel local que permitan evidenciar las estrategias de marketing y publicidad a las que están expuestos los niños y niñas en Argentina es un paso fundamental para poder impulsar mejores políticas públicas y proyectar un marco regulatorio más protectorio del derecho a la salud.

Más información

Contacto

 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Los días 22, 23 y 24 de junio, en Washington D.C., estuvimos presentes en el «8vo Taller de Derecho y Control del Tabaco para Latinoamérica», con representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector gubernamental y la academia.

Representantes del equipo de FUNDEPS participaron del «8vo Taller de Derecho y Control del Tabaco para Latinoamérica», organizado por Campaing for Tobacco-Free Kids (CTFK) y The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. En este encuentro, se discutió sobre los avances y retrocesos que ha tenido Latinoamérica, en el control de la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco. El taller contó con la presencia de varios referentes de las Américas en control de tabaco.

Desde hace más de dos años, venimos interiorizándonos de la agenda de control de tabaco a nivel local y regional. Además de incorporarnos a la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR), también nos presentamos como amicus curiae en dos causas referidas a control de tabaco, en Buenos Aires y en Colombia. Por último, el 31 de mayo, día mundial sin tabaco, junto al municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz, se realizó la segunda edición de la campaña de concientización «Carlos Paz Libre de Humo«.

Según informes y datos estadísticos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), el consumo de tabaco mata a casi seis millones de personas al año y, si continúan las tendencias actuales, matará a más de ocho millones de personas en todo el mundo para el año 2030. Otro de los datos alarmantes, es que la mayoría de los fumadores comienza a fumar antes de los 18 años, y casi uno de cada cuatro comienza antes de los 10 años. Por ello, desde Fundeps, trabajamos para promover políticas públicas que aseguren la protección del derecho humano a la salud, que eviten que su accionar siga afectando el sistema de salud pública y el bienestar de millones de personas.

Contacto

Juan Miguel Litvachkes – Área de Derechos Humanos

juanlitvachkes@fundeps.org

El pasado lunes 20 de junio, en Washington D.C., la Relatoría Especial para el Derecho a la Salud de Naciones Unidas, realizó una consulta abierta a las organizaciones no gubernamentales sobre la versión borrador del informe que prepara la Relatoría.

La Relatoría Especial para el Derecho a la Salud de Naciones Unidas esta preparando un informe que da cuenta de la importante relación que existe entre el derecho a la salud y los objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, organizó una reunión para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir al desarrollo de este informe.

En la reunión circuló el borrador del documento en donde se describe cómo los derechos humanos, y en especial el derecho a la salud, pueden contribuir como una herramienta para el cumplimiento y la implementación de los objetivos de desarrollo sostentable adoptados por Naciones Unidas en Septiembre de 2015.

Desde FUNDEPS participamos en nuestro rol de organización experta en temas relacionados a la salud. Trabajamos en el desarrollo de políticas enfocadas en enfermedades crónicas no transmisibles, colaboramos con distintas organizaciones civiles en investigaciones relacionadas a la regulación de la temática en Latinoamérica, y desarrollamos investigaciones para la Organización Mundial de la Salud, entre otras actividades. Por este motivo, celebramos este proceso de consulta, ya que es un buen mecanismo para que diferentes organizaciones de la sociedad civil pueden dar cuenta de las realidades que se viven en cada uno de los lugares y aportar ideas para mejorar el informe final que presente la Relatoría.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

En la última Asamblea Mundial de Salud, se comenzó a incluir a la Convención Marco de Salud Global (CMSG) como una posibilidad para consagrar el derecho humano a la salud y dar herramientas para su efectivo cumplimiento.

La Asamblea Mundial de la Salud se reunió por 69° vez en Ginebra en Mayo del corriente año. El punto 13.2 de su agenda trata sobre la Salud en la Agenda para el Desarrollo Sustentable. En el marco de este punto, el Comité de la CMSG realizó comunicaciones formales, junto con otras organizaciones para promover que se discuta esta convención en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, se hizo énfasis en la importancia de una Convención Marco como instrumento para orientar, catalizar y establecer estándares, procesos y mecanismos para la gobernanza de la salud. Se busca entonces que se favorezca el control a nivel global, nacional o de comunidades de base, así como también la equidad en la cooperación internacional para el financiamiento y la regulación, dentro del sector de salud, pero también comprendiendo esferas que influyen en este aspecto.

Se argumenta además que la CMSG daría herramientas para asegurar los Objetivos del Desarrollo Sustentable en lo que a la salud respectan, ya que además de consolidar estándares, aseguraría la prominencia de la salud en la agenda global. En consecuencia, se insta al Director General a conformar un grupo de trabajo con representación de la sociedad civil, para examinar el potencial y establecer posibles parámetros de una Convención Marco.

El proyecto de la CMSG no sólo fue puesto en agenda de la OMS, sino que también ha tomado más relevancia en la agenda de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales. Asimismo, algunos gobiernos, por medio de sus respectivos ministerios de salud, se han mostrado interés en la posibilidad de incluir en sus agendas este borrador de la Convención. Entre ellos, las delegaciones de Nigeria, Suecia y Etiopía. En Latinoamérica, el Ministerio de Salud de Costa Rica también manifestó su interés en realizar un seguimiento del proceso.

Por otro lado, FUNDEPS fue seleccionada para integrar el Consejo Asesor de la Iniciativa por la CMSG, siendo la única institución de América Latina. Por ello, continuará receptando sugerencias y coordinando los esfuerzos para alcanzar una convención realizados desde América Latina.

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Carolina Tamagnini, Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

El encuentro en la oficina central de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado a discutir sobre los aportes al plan regional para la prevención de la obesidad infantil.

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) organizó el 17 de mayo pasado una mesa redonda que congregó a representantes de los gobiernos, de asociaciones del sector privado, de organizaciones no gubernamentales y del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo fue para evaluar cómo cada uno de estos sectores está implementando el Plan de acción para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, aprobado por los estados miembros de la OPS en 2014.

El plan de acción insta a establecer políticas fiscales y medidas regulatorias para hacer que las opciones saludables sean más fáciles de elegir para las personas. Estas medidas incluyen impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos altos en energía y pobres en nutrientes, regulación para proteger a los niños del impacto de la publicidad y el mercadeo de los productos poco saludables, y el establecimiento de etiquetado frontal que permita una fácil y rápida identificación de los productos poco saludables.

Representantes de los Ministerios de Salud de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México presentaron los progresos de sus países en la implementación del Plan de acción de la OPS y describieron algunos de los desafíos que han tenido que superar o que aún enfrentan al implementar etiquetados frontales de advertencia (Ecuador y Chile), regulaciones para alimentos y bebidas en las escuelas (Brasil), la regulación de publicidad dirigida a la infancia (Chile) y el establecimiento de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica (México).

Por su parte, los representantes de las organizaciones no gubernamentales presentes señalaron que la industria de alimentos y bebidas se ha manifestado y ha actuado en contra del etiquetado frontal de alimentos y bebidas establecido en Ecuador, contra el etiquetado frontal que entrará en vigor en Chile, contra el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, todas medidas recomendadas en el plan de acción y reconocidas por la propia OPS. Declararon que el mayor obstáculo al cumplimiento de los compromisos establecidos han sido las empresas que, incluso, han intentado combatir estas medidas ante la Organización Mundial de Comercio argumentando que son barreras al comercio queriendo establecer los derechos comerciales por encima del derecho humano a la salud de la población.

Las organizaciones civiles solicitaron a la OPS y a los gobiernos de la región que las regulaciones y políticas recomendadas en el plan de acción para prevenir y combatir la obesidad infantil y adolescente fueran elaboradas libres de conflicto de interés, garantizando que en su diseño no intervenga la industria de alimentos y bebidas, teniendo como único objetivo la protección de la salud pública.

Estas organizaciones reiteraron su apoyo a la OPS y al plan de acción solicitando que los gobiernos establezcan un reporte público sobre sus avances en el cumplimiento de los diversos objetivos establecidos en este Plan, que se conecta directamente con las obligaciones derivadas del derecho humano a la salud y del derecho humano a la alimentación.

Por parte de las organizaciones no gubernamentales asistieron representantes de la Fundación Argentina para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Frente Por un Chile Saludable, el Consejo de Brasil sobre la Seguridad Alimentaria (CONSEA) y El Poder del Consumidor de México.

Por parte de la industria participaron representantes de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB),  la Asociación Brasileña de Industrias de Alimentación (ABIA), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y la asociación Chile Alimentos.

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

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