En las Reuniones Anuales del BID 2025 en Chile, organizaciones y comunidades afectadas por proyectos financiados por esta institución exigen mayor transparencia, participación y respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, frente a los impactos de megaproyectos en la región.

Chile es sede de la sexagésima quinta edición de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest. El evento comenzó el 20 de marzo en Punta Arenas (Magallanes), en el marco del Foro de Inversiones y la reunión de autoridades, y continúa en Santiago hasta el 30 de marzo. Reúne a los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de los 48 países miembros del Banco, quienes definen las principales políticas y estrategias de financiamiento para la región.

En este escenario, comunidades afectadas por proyectos financiados por el BID y organizaciones de la sociedad civil nos organizamos para llevar nuestras demandas y visibilizar las resistencias al modelo de desarrollo promovido por la institución.

Las principales demandas incluyen:

• Acceso completo y comprensible a la información sobre los proyectos y sus impactos
• Participación efectiva de las comunidades afectadas en la toma de decisiones
• Protección de personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza para evitar represalias
• Financiación alineada con la justicia climática y los derechos humanos
• Garantizar la prevención, mitigación y reparación de daños causados por sus inversiones, a través de políticas o marcos de remedio y salida responsable
  

Desde hace años, redes de resistencia han denunciado los efectos nocivos de los proyectos financiados por el BID y otros Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Parques eólicos, minas de litio y cobre, y megaproyectos de infraestructura han transformado ecosistemas y modos de vida sin consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas. En Punta Arenas, sede de actividades previas a las Reuniones Anuales, crece la oposición a los megaproyectos de hidrógeno verde, impulsados sin un debate público real ni consideración de los derechos indígenas y locales.

El Grupo de Trabajo sobre el BID, una red de organizaciones de la sociedad civil de la que formamos parte, ha sido clave en la apertura de espacios de incidencia dentro de las Reuniones Anuales. Gracias a su presión, en 2023 el Banco se comprometió a reincorporar la participación de la sociedad civil tras eliminarla en 2013. La edición de 2025 en Chile es una oportunidad crucial para fortalecer la articulación entre comunidades afectadas, y reforzar estrategias de incidencia para cuestionar el rol del BID en la región.

La voz de las comunidades y organizaciones

• Sobre la transición energética justa y la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente:

«Tienen que estudiar los lugares donde impulsan proyectos y quiénes viven ahí. Que se preocupen de ver sus costumbres, sus modos de vida. Porque no está bien que lleguen a un lugar y interrumpan donde la gente está acostumbrada a vivir en la tranquilidad y que cuidan y protegen a la de la naturaleza y la biodiversidad» – Vocera del Pueblo Chango, Antofagasta (pidió reserva de su identidad)

 

• Sobre la política de acceso a la información del BID:

«El BID debe asegurar el efectivo y oportuno acceso a información sobre los proyectos que financia, a fin de que las comunidades y poblaciones afectadas conozcan acabadamente el estado de situación de un determinado proyecto y puedan llevar adelante una participación informada en la toma de decisiones». – Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global, FUNDEPS (Argentina)

 

• Sobre la protección del espacio cívico:

«Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMDs) tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus operaciones y de usar su influencia para que sus clientes -gobiernos y empresas- creen y mantengan un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los mismos. El Grupo BID debe garantizar la efectiva implementación de sus  políticas y mejorar sus prácticas a esa responsabilidad asegurándose de que se cumplan de manera sistemática». – Suhayla Bazbaz, Directora, Cohesión Comunitaria e Innovación Social–CCIS (México)

 

• Sobre Remedio y Salida Responsable:

«La reparación de los daños generados por los proyectos que financia debe ser una prioridad para el Grupo BID. Es tiempo de que el Banco esté a la vanguardia de las mejores prácticas y políticas de otros bancos de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (ala privada del Banco Mundial) ya publicó sus Principios de Salida Responsable y está a punto de aprobar el Marco de Remedio, dos instrumentos para prevenir, mitigar y reparar los daños por cuenta de sus inversiones. Así como toda institución financiera, el BID tiene la responsabilidad de remediar los daños causados a las comunidades y al planeta». – Luisa Gómez, Abogada Senior, Center for International Environmental Law– CIEL (Estado Unidos)

 

Agenda de resistencia e incidencia en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil y comunidades impactadas delineamos un plan de acción que incluye:

• Talleres y encuentros en Santiago y Punta Arenas con organizaciones locales, comunidades afectadas y aliados estratégicos para analizar el impacto del BID en la transición energética y el financiamiento del desarrollo.
• Un conversatorio público sobre el papel de bancos de desarrollo en la transición energética justa, así como el caso de Chile en la industria del hidrógeno verde y la minería
• Actividades de incidencia en las Reuniones Anuales con el objetivo de generar espacios de diálogo con representantes del BID y otros actores clave.
• Vinculación con redes locales e internacionales para fortalecer estrategias de resistencia y visibilización global de los impactos de los proyectos impulsados por el Banco.

La lucha de las comunidades contra los proyectos extractivistas impulsados por el BID no es nueva, pero en un contexto de expansión del financiamiento a sectores estratégicos como la energía y la minería, es más urgente que nunca amplificar nuestras voces y exigir una transición energética justa, que ponga en el centro los derechos de las comunidades y la protección de los territorios.

 

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org