ONG plantearon reparos a cambios en la política de Gobierno Abierto

Un conjunto de organizaciones civiles especializadas en transparencia manifestaron su preocupación por la eliminación y el el traspaso de las funciones de la Dirección de Innovación Ciudadana, en el marco del recorte del gasto político.

Un conjunto de organizaciones y asociaciones civiles, que trabajan en cuestiones de transparencia y apertura de datos públicos, salió a manifestar su rechazo a la supuesta intención del gobierno bonaerense de eliminar la Dirección Provincial de Innovación Ciudadana, en el marco del recorte de cargos políticos.

A través de un comunicado, más de una decena de organizaciones, entre las que se cuentan Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación por la Libertad y la Justicia (ACIJ), expresaron su preocupación por la desaparición, según trascendió, de esa área, que tiene como objetivo impulsar políticas de apertura de datos públicos tanto en la administración bonaerense como en los municipios.

Las organizaciones destacaron, al inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, la creación de Dirección de Datos Públicos y Gobierno Abierto dentro de la Dirección de Innovación Ciudadana como parte de las otras acciones de transparencia que, aunque “no son suficientes”, representan un avance.

Sin embargo, ahora ven con preocupación que para la Dirección Provincial de Innovación Ciudadana se programe un “traspaso de sus tareas y proyectos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. “Queremos alzar nuestra voz sobre la obligación del Estado Provincial de no retroceder en este tipo de políticas públicas”, enfatizaron.

“Nos preocupa en este sentido enterarnos que el Laboratorio de Innovación Pública de la Provincia cierre sus puertas, ya que cumplía un rol central en el desarrollo de estas iniciativas, siendo además uno de los pocos laboratorios de gobierno a nivel provincial en todo el país”, afirmaron.

Las ONG´s reclamaron que cualquier cambio en la política de Gobierno Abierto debe estar signado por algunos aspectos. El impulso fuerte de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento del equipo técnico necesario para la publicación de esa información, la capacitación constante, y mayor participación social en las decisiones políticas.

“Entendemos que el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la administración pública lejos de ser un gasto innecesario, es el mecanismo para generar eficiencia, ahorro, y ante todo, control de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía”, plantearon.

Las organizaciones remarcaron, por último, la necesidad de que las áreas que asuma el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, “redunde en mayores herramientas y eficiencia en la generación de políticas de datos abiertos y acceso a la información pública en la provincia”.

Firmaron el comunicado ACIJ, ADC, Cargografías – Andres Snitcofsky, Datos Concepción, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundación Conocimiento Abierto, FUNDEPS, Fundación Huesped, Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, OpenDataCordoba y Poder Ciudadano.

Fuente: La Tecla Info

Una red da «más voz» a la sociedad en lucha contra la corrupción en Argentina

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Organizaciones sociales argentinas tomaron por las riendas la lucha contra la corrupción y formaron una red para dar «más voz» a la sociedad ante un problema que la Justicia no siempre encara como quiere la ciudadanía, dijo a Efe Germán Emanuele, miembro de uno de los grupos de la red.

«Las organizaciones sociales son espacios que representan a la sociedad civil y en materia de lucha contra la corrupción representan a los damnificados», apuntó Emanuele, director del área de Transparencia y Corrupción de Poder Ciudadano, una fundación que defiende la anticorrupción y una mayor participación ciudadana.

Sin embargo, estas no tienen toda la voz que querrían al representar a sus colectivos y por ello decidieron aliarse en la llamada Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC), lanzada recientemente con el apoyo de otras ocho instituciones.

«No es lo mismo hacer un reclamo con una o dos organizaciones que con 20 o 30», razonó Emanuele.

Además de la fuerza que adquieren cuando suman sus voces, esta red les permitirá «formalizar» la relación entre ellas, establecer una agenda e intercambiar «herramientas y conocimientos» que hasta ahora compartían de manera esporádica.

Para Emanuele, la ROCC «alienta a la promoción de la transparencia» y servirá para enfrentarse a un desafío mayor que «descubrir hechos de corrupción» -ya difíciles de detectar-, que es enfrentarse a los «círculos de impunidad» en las esferas políticas, empresariales y «de poder».

Entre las irregularidades que combaten, están la corrupción en las obras públicas, los pedidos de sobornos en aduanas y la distribución irregular de las pautas publicitarias del Estado.

La unión entre organizaciones tiene sus resultados, como ha sido el caso de la denominada «tragedia de Once», un choque de tren en 2012 que acabó con la vida de 51 personas.

En esta causa ya se ha sentenciado a algunos responsables gracias a la presión de las organizaciones sociales compuestas mayoritariamente por las víctimas, apuntó Emanuele.

A su modo de ver, cuando la sociedad civil no presiona, los procesos judiciales y políticos tardan más.

Por otra parte, a esta red, cuya creación planificaban desde comienzos de 2017, no quieren convertirla en un único encuentro anual ni establecer un protocolo que aplicar a todos los casos por igual.

«En la medida en la que vayan saliendo casos concretos, ya trabajaremos de forma ordenada con la organización que tenga el caso para poder hacer presión», explicó Emanuele.

Las asociaciones aliadas son el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia y Acción Ciudadana Areco y las fundaciones Nuestra Mendoza, fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Transparencia Ciudadana y Salta Transparente.

El objetivo es que más organizaciones se sumen a esta iniciativa y con ese propósito buscarán más organismos interesados a comienzos de 2018.

Esta iniciativa surge en un momento lleno de altibajos en la percepción de la transparencia en Argentina, que se ha visto alterada recientemente por detenciones por presunta corrupción de exministros, empresarios e incluso un exvicepresidente.

Otra evidencia es que, según el último ránking realizado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Argentina está ubicada en el puesto 95 de una lista de 176 países. EFE

Fuente: W Radio

,

¿Qué nos deja el 2017 en relación a los gasoductos troncales?

El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

Fuente de imagen

La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Arroyo alambrado: el dominio público fue apelado por Potrerillo de Larreta

La sentencia de primera instancia de la jueza Graciela Cerini, que fijaba un plazo de 90 días para que la Provincia y el municipio determinasen “el uso público” del arroyo Los Paredones, fue recurrida por el country. El asesor Letrado municipal, Daniel Villar, confía en los fundamentos en pos del desalambre.

A fines de noviembre, Cerini había determinado “desestimar la demanda incoada por EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A. en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA en cuanto pretende instalar alambrados sobre el Arroyo Los Paredones en el ingreso y egreso de su propiedad, debiendo demarcar el límite a lo largo de la línea de ribera”.

Con la reciente apelación, el country se asegura el arroyo alambrado durante todo el verano y algunos meses del otoño próximo.

“ES INNEGABLE, ESTO ES DE DOMINIO PÚBLICO”
Villar repasó históricamente que con la incorporación de la Municipalidad como tercero interviniente, junto a FUNDEPS y en base al trabajo realizado inicialmente por el colectivo Todos por Nuestros Arroyos, se logró que la causa pasara del fuero Civil al Contencioso Administrativo y que “quien tuviera que dirimir fuera un juez de Alta Gracia, que conociera el tema”, y no que “algún juez que venga a jugar al golf fuera el que tuviera que resolver el conflicto”.

El asesor Letrado confía en que los fundamentos esgrimidos inicialmente por la Provincia, en base al trabajo de los terceros intervinientes, serán suficientes para echar por tierra la apelación del barrio privado. Los 90 días dispuestos a fines de noviembre por la juez Cerini se suspenden con esta medida impuesta por Potrerillo, ya que la sentencia no quedó firme.

Ahora llega el turno de defender los fundamentos del fallo. “Es innegable, esto es de dominio público”, apuntó Villar, quien adelantó que el desafío que viene es convencer al Poder Judicial de que el desalambre del arroyo “será en beneficio para todos los vecinos” y que la Municipalidad es la responsable de su mantenimiento y resguardo.

Fuente: Diario Tortuga

,

Lanzamos la Red de Organizaciones contra la Corrupción

Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Nuestra Mendoza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Acción Ciudadana Areco, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y, la fundación Salta Transparente; conformamos la Red de Organizaciones Contra la Corrupción, con la finalidad de generar un impacto concreto en las políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación de la corrupción en todos los rincones del país.

Argentina se encuentra atravesando una crisis de corrupción sistémica y estructural, que continuará agudizándose en la medida en que no se lleven adelante políticas públicas y reformas institucionales profundas, destinadas a prevenir y disminuir este flagelo. Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil en general, y aquellas que trabajan en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción en particular, encuentran grandes dificultades para lograr una efectiva incidencia en esta temática; por esto se hace necesario plantear una nueva estrategia de abordaje sistémico para generar reformas sustanciales.

La R.O.C.C. fue concebida como un espacio dinámico que permitirá a todos sus integrantes generar mayor incidencia en las políticas públicas, promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, e incluso realizar acciones judiciales concretas de manera conjunta.

Entre los objetivos se encuentra la generación de espacios de discusión sobre distintas problemáticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción y mecanismos de intervención; el trabajo conjunto en la incidencia para la implementación de políticas públicas que tengan como finalidad generar sistemas de integridad en todos los niveles del Estado; y asesorar a otras organizaciones sociales en la implementación de herramientas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión pública.

Contacto

Agustina Palencia <agustinapalencia@fundeps.org>

,

Hacia un acuerdo regional sobre derechos humanos ambientales

En el año 2015 se dio inicio a la negociación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. A partir de ese momento, se fueron sucediendo reuniones del Comité de Negociación, en las cuales se discutieron, revisaron y aprobaron  las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional. Dicho documento consta de un preámbulo y veinticinco artículos.

Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, con una significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios, con la reciente incorporación de Santa Lucia y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.

En la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se lograron consensuar los artículos de Acceso a la Información y a la Participación Pública (6to, 7mo y 8vo). Sin embargo, representantes de la sociedad no tardaron en mostrar su preocupación por el grave retroceso en la marcha de las negociaciones. Luego de este séptimo encuentro, la sociedad civil hizo las siguientes recomendaciones para poder garantizar la corrección del rumbo de las negociaciones:

  1. 1. La participación de las relatorías de la ONU y la CIDH relacionadas a estos derechos, puesto que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental podrían ser debilitados por los acuerdos a los que se vienen llegando en las negociaciones del Principio 10.
  2. 2. La evaluación por parte de los gobiernos y la CEPAL del grado de avance y regresividad del texto que hasta ahora se está negociado entre los países, ya que estándares logrados en el ámbito nacional en algunos países como a nivel regional vienen siendo reducidos.
  3. 3. Vincular el Acuerdo Regional del Principio 10 y la Agenda 2030, con el fin que exista integración y coordinación de ambas iniciativas. Por lo que es necesario que existan informes de cumplimiento de los ODS en nuestros países donde se incluya información relativa a las acciones para la mejor implementación del Principio 10.
  4. 4. No retroceder respecto del régimen de excepciones que se ha introducido al texto, que permite a los Estados más posibilidades de negar información a los ciudadanos, sino garantizar la difusión de la mayor cantidad de información ambiental, como las emisiones de contaminantes y los estudios de impacto ambiental. Además, reconocer la vigilancia y el monitoreo indígena, como una forma de participación legítima, indispensable medida de prevención para evitar el daño ambiental. Asimismo, reconocer la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona o grupo acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.
  5. 5. Incluir en el texto, el deber de los estados de GARANTIZAR los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y no utilizar verbos como “facilitar, promover y alentar”, contraviniendo de esta manera a los estándares actuales de derechos humanos.
  6. 6. Un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 que sea VINCULANTE, que incorpore con claridad el enfoque intercultural y de género a favor de poblaciones vulnerables, sobre todo pueblos indígenas, y defensores y defensoras de derechos humanos, como reconocimiento a la realidad de violencia que vienen afrontando en nuestros países de América Latina y el Caribe.

Al respecto, en la inauguración de la octava reunión, Andrea Sanhueza representante electa del público, expresó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”.

Finalmente, ese fue uno de los principales resultados de la reunión, ya que los países acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional.

Ello significa que los países signatarios se obligaron a garantizar el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos a la libertad de opinión de expresión, de reunión, de asociación pacíficas, a circular libremente y al libre ejercicio de sus derechos.La situación de los defensores ambientales en América Latina ha ido empeorando conforme han ido pasando los años. Durante el 2016 más de 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida en el afán de reclamar por sus derechos vulnerados. El 60% de estos casos se registró en la región de América Latina. El hecho que durante las últimas negociaciones del Acuerdo Regional, se haya logrado incorporar un artículo que proteja a estas personas, es fundamental a la hora de avanzar hacia la efectiva garantía de los DDHH.

En el encuentro, se realizaron otros importantes avances sobre el texto final del instrumento regional. Entre ellos se convinieron los artículos sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, y sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación, y aprobaron además la mayoría de las obligaciones generales.

Además, se aprobó el objetivo principal del Acuerdo, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Con motivo de la reunión, expertos de la ONU realizaron un comunicado urgiendo a los gobiernos a que adopte un acuerdo firme sobre derechos ambientales. «Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron.

Al finalizar la octava reunión, los participantes reconocieron los significativos consensos y definiciones alcanzadas sobre el texto compilado por la Mesa Directiva en esta semana de negociaciones y acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal (11 al 25) durante la siguiente reunión, que se realizará en el primer trimestre de 2018 en San José, Costa Rica.

Más información

– Pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil

– Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

– Mensaje de los representantes electos del público – Principio 10

Autoras

Noelia Salvia

Agustina Palencia

Contacto

María Perez Alsina <mariaperezalsina@fundeps.org>

Autoconvocados contra la fumigación

Los habitantes de la localidad crearon la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Denuncian que entre los productores que fumigan se encuentra el intendente Carlos Peiretti.

En el mapa cordobés, Canals está ubicado al sudeste, a 161 kilómetros de Villa María (por la ruta 4 hasta La Carlota y por la ruta 8 hacia Alejo Ledesma y Arias), sobre una llanura con lagunas que favorecen la ganadería y la agricultura como actividades principales. Sin embargo, sobre sus tierras prima esta segunda actividad acompañada por el uso de agroquímicos.

“La de Canals y sus 8.645 habitantes no es una situación aislada en los pueblos de Córdoba. A solo 64 kilómetros de distancia está Monte Maíz, donde un estudio realizado en 2014 por miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) determinó que el cáncer era la principal causa de muerte”, recordó la periodista Consuelo Cabral para La Nueva Mañana.

Fue tras ese informe que los vecinos de Monte Maíz se organizaron y consiguieron la aprobación de una ordenanza que regula el espacio público procurando disminuir la exposición a los agrotóxicos por parte de la población, recordó la comunicadora.

Teniendo en cuenta ese antecedente, los habitantes de Canals se pusieron de pie para luchar por una ordenanza similar en su pueblo. Un grupo de médicos envió una carta a las autoridades municipales reclamando el cese de las fumigaciones, pero la respuesta del secretario de Gobierno fue que “Canals es un pueblo agrícola con glifosato y que no va a cambiar”.

El pasado 27 de noviembre, Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, estuvo presente en la asamblea que llevaron a cabo los vecinos de Canals y contó que la situación es complicada para los vecinos porque el actual y dos veces intendente, Carlos Peiretti, “no sólo tiene campos, sino que es uno de los que fumiga y contamina el pueblo con sus mosquitos y enormes depósitos de donde entran y salen miles de bidones de agrotóxicos”.

“Además, la actual presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Conte, también es una actora directa en el negocio de la agricultura con venenos”, comentó Avila Vázquez, para agregar a la lista de fumigadores a “Fernando Wingeter, el anterior intendente que duró ocho años en funciones, y Mencho Ferreyra, actual presidente del Club Atlético Libertad”.

La mayoría de los vecinos dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.

Presentes

Durante el Encuentro Socioambiental por la Salud y por la Vida, Avila Vázquez, el médico Adolfo Estrella (oriundo de Canals), el ingeniero agrónomo Claudio Demo (de la Universidad Nacional de Río Cuarto), el veterinario Marcelo Frías, de la estancia Las Dos Hermanas, y la abogada de Fundeps, María Pérez Alsina, hablaron hasta llegada la madrugada.

“El problema de esta comunidad es la salud de sus miembros, en años de gran prosperidad económica no dejan de aparecer nuevos casos de cáncer, que parece ser la principal causa de muerte, como ya lo manifestó el Registro Provincial de Tumores para todo este departamento en su informe del año 2014”, explicó Avila Vázquez a LNM.

La gran mayoría de los vecinos que tomaron la palabra dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.

El médico de la Red de Pueblos Fumigados contó que “los dramas familiares que se relataron conmovían a los presentes, niños enfermos gravemente, varones jóvenes con cánceres comunes en ancianos, cánceres de páncreas, mama, colon y pulmón por doquier”.

Fuentes:

,

Las relaciones China-Argentina bajo la administración Macri: ¿Cambiamos?

El presente documento de trabajo plantea un breve análisis de las relaciones actuales entre la República Popular China y la Argentina en un contexto tanto nacional como internacional; y teniendo en cuenta aspectos como la relación del gigante asiático con los gobiernos kirchneristas, el cambio de gobierno ocurrido en Argentina a finales de 2015, la realidad económica argentina y la elección del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Descargar Documento / Download File
,

Reglamentación de APP en Argentina: riesgos y oportunidades

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

Fuente de imagen

Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

TxNA: “Nada se habría logrado sin la acción social”

El colectivo Todos por Nuestros Arroyos (TxNA) emitió un comunicado celebrando “la resolución de la jueza Graciela Cerini por la cual desestimó la demanda iniciada por Potrerillo de Larreta contra la Provincia de Córdoba, demanda que le ha permitido al country alambrar al arroyo Los Paredones, impidiendo el acceso a los vecinos al espacio público”.

Tras el fallo de la jueza de Segunda Nominación de Alta Gracia, Graciela Cerini, quien emplazó a que en 90 días se retire el alambrado, en tanto que ordenó a que la Provincia y el Municipio “determinen el uso del espacio público, sin invadir terrenos privados”, desde el colectivo social Todos Por Nuestros Arroyos se mostraron “muy contentos” y celebraron la resolución”.

Desde la organización, a través de un comunicado, expresaron que “este fallo supone un hito en la historia de TXNA y de los vecinos de Alta Gracia”. Asimismo, “seguimos denunciando que existen otros casos de privados que se han sentido con el privilegio y el poder de adueñarse de lo que es de todos”, enfatizaron al tiempo que enumeraron los cursos de agua existentes cuyo acceso al público está resentido: el arroyo Caocamillín y el arroyo Estancia Vieja.

En la misma dirección, desde el colectivo insistieron en que “nada se habría logrado sin la acción social, sin la organización de los vecinos que presionaron al estado en todos sus niveles para tomar cartas en el asunto”.

Comunicado

Desde el colectivo social TXNA estamos muy contentos y celebramos la resolución de la jueza Graciela Cerini por la cual desestimó la demanda iniciada por Potrerillo de Larreta contra la Provincia de Córdoba, demanda que le ha permitido al country alambrar al arroyo Los Paredones, impidiendo el acceso a los vecinos al espacio público.

Este fallo supone un hito en la historia de TXNA y de los vecinos de Alta Gracia, aún así, entendemos que esto es sólo un paso más en nuestra lucha. Seguimos denunciando que existen otros casos de privados que se han sentido con el privilegio y el poder de adueñarse de lo que es de todos.

El arroyo Caocamillín, donde se encuentra emplazado el barrio Liniers, lleva años alambrado por el barrio privado La Hornilla. En su momento, año 2009, el proyecto de La Hornilla fue aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia mediante una ordenanza donde se indicaba que la Municipalidad aceptaba a manera de “donación” el arroyo, lo cual supone un absurdo jurídico en todo sentido ¿Dónde se ha visto que el Estado acepte que un privado le “done” espacio público?

Denunciamos asimismo que el arroyo Estancia Vieja se encuentra alambrado en distintos sectores de su cauce por varios privados. TXNA realizó un informe donde se detalla cada lugar con coordenadas de GPS y fotografías, informe que luego fue entregado a la Municipalidad de Alta Gracia. La respuesta que obtuvimos del gobierno de la ciudad fue, de nuevo, nula.

Agradecemos a la fundación Fundeps por participar como amicus curiae en la demanda entre Potrerillo y la Provincia y entendemos que nada se habría logrado sin la acción social, sin la organización de los vecinos que presionaron al estado en todos sus niveles para tomar cartas en el asunto.

La lucha continúa.
¡Queremos caminar libremente por los arroyos!
Colectivo Todos por Nuestros Arroyos

Fuente: Diario Tortuga

,

Reclamo por mayores estándares de protección de DD.HH. en megaproyectos de infraestructura

Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.

Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos  en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario,  la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.

La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.

A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.

La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.

Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).

En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.

La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.

Más Información

– Declaración de Lima

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

Contacto

Gonzalo Roza gon.roza@fundeps.org

,

Comunicado de las OSC la selección de la persona responsable de la Defensoría del Pueblo

Las organizaciones abajo firmantes en el marco del cuestionado proceso de designación del Defensor/a del Pueblo de la Nación, y teniendo en cuenta los siguientes puntos:

    1. – Que la participación ciudadana es un derecho humano, y un instrumento para la adopción de mejores políticas públicas.- Que no se trata de elegir a un/a Defensor/a del Pueblo, sino de designar al mejor Defensor/a del Pueblo posible.
    2. – Que hace 8 (ocho) años las organizaciones de la sociedad civil venimos reclamando no sólo la selección de un Defensor, sino la adopción de un proceso participativo y transparente para tal fin.
    3. – Que la participación ciudadana no puede ser la víctima de un proceso apresurado de selección.

– Que la no existencia de un mecanismo explícito por el cual se establezca un proceso de participación ciudadana, no significa que la comisión bicameral no pueda adoptar un procedimiento para tal fin.

    1. – Que la expresa aceptación de los candidatos a la postulación, realizada por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo sin ningún tipo de participación ciudadana ni argumento alguno -más que el consenso político- resulta un antecedente insalvable de falta de idoneidad.
    2. – Que el procedimiento adoptado para la selección del/a Defensor/a del Pueblo desconoce los “Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales” (Principios de París), que representan las normas internacionales mínimas para el establecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), así como las Observaciones Generales del Subcomité de Acreditación.
    3. – Y finalmente que respecto al procedimiento de designación del Defensor/a del Pueblo, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó –en diversas oportunidades- “asegurar la formalización de un proceso de selección y designación claro, transparente, y participativo (…) que incluya dar amplia difusión de las vacantes; maximizar el número de posibles candidatos procedentes de una amplia gama de grupos sociales; promover una amplia consulta y o participación en el proceso de solicitud, selección y designación; evaluar candidatos en base a criterios predeterminados, objetivos y de dominio público; seleccionar a los miembros para que presten servicios con su propia capacidad individual y no en nombre de la organización a la que representen”.

 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Centro de Estudios Legales y Sociales

Fundación Directorio Legislativo

Fundación Poder Ciudadano

Aldeas Infantiles SOS

Asociación Civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad

Banco de Bosques

Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Democracia en Red

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Fundación Conocimiento Abierto

Fundación Ciudad

Fundación Huésped

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

Fundación Sur

Fundación Vía Libre

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Laboratorio de Políticas Públicas

Salta Transparente

TECHO