Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.
El #8A es el corolario de un camino largo, lleno de logros pero también de obstáculos. Con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, la Cámara de Senadores/as, revisora del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, rechazó la media sanción proveniente de Diputados luego de la maratónica sesión del 13 y 14 de junio.
Más de 1 millón y medio de personas pobló la Plaza del Congreso en Buenos Aires y unas 25.000 estuvieron en la vigilia en la diagonal Yrigoyen de la ciudad de Córdoba. Las calles se llenaron de verde una vez más: cantos, abrazos, emociones de una multitud de activistas que aguardaban expectantes el resultado de la votación, pero que también estaban ahí para dar un mensaje al Senado: que sea ley.
El proyecto en cuestión
Durante la última sesión del Plenario de las tres comisiones (Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales), los sectores a favor de la legalización buscaron que el proyecto modificado consiguiera la mayoría para obtener dictamen. Se trataba del proyecto que nació como “la opción Córdoba” propuesta por la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO), y los senadores Ernesto Martínez (UCR) y Carlos Caserio (PJ). Esta propuesta luego fue respaldada por Miguel Pichetto y el Bloque del PJ, y se convirtió en la alternativa para juntar voluntades y evitar el rechazo total.
El proyecto con modificaciones proponía algunos cambios como bajar de 14 a 12 semanas, eliminar el delito que castigaba a médicos/as que se nieguen a practicar abortos, y dar lugar a la objeción de conciencia institucional para clínicas confesionales, entre otros. Este dictamen finalmente no logró la mayoría necesaria y la Cámara de Senadores/as trabajó con el proyecto de ley de IVE sin modificaciones, es decir, tal como había salido de la Cámara Baja.
En la previa a la votación, hubo varios indicios del resultado final por el rechazo total: al poroteo que ya sumaba 36 votos en contra se sumaron el cambio de voto de la senadora Larraburu días antes de la votación y la repentina definición por el rechazo del senador tucumano Alperovich. La Legislatura de Tucumán había decidido días antes declararse “Pro Vida”.
Las mujeres se siguen muriendo
El 4 de agosto se conoció la muerte de Liliana Herrera en un hospital de Santiago del Estero, como consecuencia de una hemorragia intrauterina producto de un aborto clandestino. Tenía 22 años y dos hijas, de 3 y 6 años. Sin embargo, esta situación no logró revertir el voto de los/as tres senadores/as santiagueños: los tres votos fueron negativos.
El día previo al debate se dio a conocer otra tragedia: una mujer en Mendoza, madre de 5 hijos, está internada con un coma inducido después de una hemorragia de 3 días por un aborto clandestino. La senadora mendocina Pamela Verasay las recordó en su exposición y dijo: “Les pido a todos los senadores abran sus corazones, las mujeres se están muriendo. No hablen para nosotros, hablen para las futuras generaciones.”
Aún en una coyuntura que evidencia la problemática de salud pública que el aborto clandestino representa, primó el rechazo al proyecto de ley sin proponer una alternativa que apunte a resolver ni la problemática, ni las causas de fondo de los embarazos no deseados.
Un debate lleno de tensiones
Durante la jornada surgieron varias cuestiones que llamaron la atención. Por un lado, no se permitió a medios alternativos y autogestivos estar presentes y hacer la cobertura periodística desde el recinto. Rechazar su acreditación de forma arbitraria y claramente discriminatoria es un grave hecho en contra de la libertad de expresión. En nombre del rigor formal también se negó el acceso a varias Diputadas que, semanas antes y a raíz de su iniciativa, lograron la media sanción. Lo mismo sucedió con Nora Cortiñas, referente de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
También hubo momentos de tensión entre la presidenta del Senado al momento de moderar las exposiciones. Por un lado, se intentaba apurar los tiempos de la discusión, argumentando cuestiones de seguridad que debían ser provistas desde el Ministerio de Seguridad. Siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar las condiciones para que el debate pueda desarrollarse con normalidad, la presión por cuestiones “horarias” y de “seguridad” dan cuenta de la injerencia de este poder en los asuntos legislativos. Por otro lado, en general se dejó extender en sus exposiciones a las personas que hablaban en contra del proyecto de ley, mientras que lo contrario ocurría con quienes daban argumentos a favor, haciendo hincapié en el reglamento del debate, independientemente del partido al que pertenecían los/as expositores/as.
Al Medioevo no volvemos
Frente a exposiciones plagadas de argumentos falaces y vetustos que dejaron mucho que desear para un parlamento en el año 2018, la claridad y altura de los/as senadores/as comprometidos/as con los derechos de las mujeres fueron esperanzadoras, y sientan las bases para seguir argumentando a favor de la ampliación de derechos.
«Con ley, los abortos serán cuidados, con pastillas y en servicios de salud. Sin ley, los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos» sentenció la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara. Y cerró con la lectura de una carta de un padre cordobés a su hija feminista: “Ojalá jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá (vos, todas) jamás tengas que siquiera pensarlo. Pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas.”
La senadora Mirkin, única legisladora de Tucumán que votó a favor del proyecto, también fue contundente en su exposición. “A mí me votaron para legislar y la ley no es pétrea, la ley se puede cambiar, se puede mejorar y mejorarle así las condiciones de vida a las ciudadanas», subrayó.
Llamó la atención la intervención de algunos varones. Por su parte, el senador de Chubut, Alfredo Luenzo, aseguró que estamos frente «a una sociedad patriarcal» y que «somos machistas en recuperación». “Cuando en una difícil y muy personal decisión la mujer elige no ser madre no hay ley, Estado, ética, nada que lo frene, y a esa realidad asistimos», concluyó.
El senador cordobés Ernesto Martínez fue muy claro respecto a la separación que debe tener este debate de todo tinte religioso. “Éste es el Código Penal Argentino. No es ni la Biblia, ni La Torá, ni el Corán, ni el Talmud… Los fanáticos confunden pecado con crimen” […] el Código Penal que se busca modificar es la voluntad del legislador laico que vela por el bien común que no es nunca propiedad de un solo sector”, dijo, luego de ironizar sobre las expresiones del arzobispo porteño Mario Poli.
El último en tomar la palabra fue el senador Luis Naidenoff, de la provincia de Formosa, que preside el Interbloque de Cambiemos. “El aborto es una situación no deseada. El camino punitivo fracasó estrepitosamente y profundizó la clandestinidad. Toda muerte evitable, cuando el Estado puede intervenir, nos moviliza» estableció. Y concluyó: “No hay nada más indigno que mirar al costado y no hacer absolutamente nada […] Los que apoyamos sabemos que el Estado debe hacerse cargo. El rechazo a la ley es mirar para el costado.”
Y ahora, ¿cómo seguimos?
El rechazo del proyecto es un hecho parlamentario y de decisión política que no deslegitima las conquistas del movimiento feminista y sobre todo que no elimina los 354.627 abortos que se realizan por año, los 41 abortos por hora, ni las 43 mujeres que murieron durante 2017 producto de abortos clandestinos. A fuerza de militancia, de ocupación del espacio público, de alianzas legislativas, de campañas digitales y de periodismo comprometido, el movimiento feminista logró instalarse en la agenda nacional, regional e internacional. El mundo se hizo eco de nuestro reclamo y mujeres de varios países, grabaron videos de acompañamiento a la lucha por el aborto en Argentina, organizaron de forma paralela marchas y concentraciones durante el miércoles 8 de agosto en distintos puntos del mundo.
El debate sobre la interrupción legal del embarazo logró atravesar el tejido social y romper barreras partidarias, religiosas y de intereses. El mapa de puentes tendidos entre legisladores/as de fuerzas partidarias antagónicas, las reuniones entre diputados/as que nunca antes habían hablado, las alianzas y complicidades entre periodistas, militantes, empleados/as del Congreso, asesores/as de prensa y cada persona involucrada, revalorizó el rol de la militancia de base y del diálogo y el consenso como herramientas útiles para hacer política. El micro-cabildeo en cada casa, la charla con amigos/as, el intentar “convencer” a familiares, las charlas en la mesa, la circulación de mensajes en grupos via Whatsapp muestran cómo se va armando la arquitectura legislativa para que el “que sea ley” sea posible. Y es posible porque seguiremos luchando para ello.
Pero ayer esta fuerza inmensa no logró derribar uno de los poderes más instalados en nuestro país. Uno de los sectores que más operó de forma contundente en la recta final, fue(ron) la(s) Iglesia(s). Los sectores católicos y evangélicos conservadores fueron quienes presionaron a legisladores/as, convocaron a marchas donde la idea de Dios fue central en sus carteles e invitaron a hablar a expositores que desinformaron en la misma línea.
De esta forma, un tema que apareció de forma colateral y no planeada, fue la separación de la Iglesia y el Estado. Paralela y complementariamente a la lucha por el aborto legal, se fue abriendo camino la lucha por una deuda democrática: el verdadero Estado Laico. La creación de un nuevo pañuelo -esta vez de color naranja- como símbolo y el comienzo de una nueva lucha que va de la mano con la de la libertad de nuestros cuerpos, está tomando forma.
Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque la separación del placer y la reproducción es fundamental. Porque la maternidad es una elección y no una obligación o un castigo estatal hecho bajo amenaza de cárcel o temor a la muerte.
Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque somos dueñas de nuestro futuro, nuestros planes de vida y nuestros cuerpos. Ahora, hoy, el año que viene y siempre las mujeres seguiremos luchando.
Clandestinas nunca más, la lucha continúa.
Autora:
Mayca Balaguer
Carolina Tamagnini
Emilia Pioletti
Contacto:
Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del Estado brasileño, fijó como tema prioritario de su agenda reguladora, el mejoramiento del etiquetado nutricional de los productos alimenticios que se ofrecen en el mercado. En este marco, realizó un asesoramiento de expertos/as y apeló a las opiniones, datos y pruebas de la sociedad, ONGs y demás organismos. FUNDEPS participó de este proceso de consulta pública.
Esta iniciativa surgió en respuesta a las deficiencias reveladas por las investigaciones en la materia, que demuestran que el etiquetado actual de los alimentos, dificulta la comprensión y el acceso a información valiosa, que debiera estar presente en las decisiones de consumo de los brasileños. En este sentido, el principal objetivo es facilitar la lectura y la comprensión de esa información, a través del denominado “etiquetado frontal” de los alimentos.
Esta nueva propuesta de rotulado, consiste básicamente en traer hacia la parte delantera del paquete la información sobre el contenido de nutrientes de cada producto alimenticio. De esta manera, el etiquetado frontal, se constituye en una especie de advertencia sanitaria – respecto a la cual existen diferentes tipos de formatos- que tiene como fin prioritario, que los consumidores sepan cuándo están frente a un producto que tiene mucha azúcar, sal, calorías o grasas.
Con el propósito de decidir en qué modo el etiquetado nutricional de Brasil habrá de cambiar, la Agencia decidió valerse no sólo del asesoramiento de un Grupo de Trabajo experto sino que también apeló a las opiniones, datos y pruebas que en este sentido pudiese aportar la sociedad en general, como los y las consumidores, ciudadanos/as, ONGs y demás organismos.
Fue así que anunció la apertura de un proceso de consulta pública a través de su página oficial, en la que se puede apreciar un formulario que pretende recabar, principalmente, información ligada a las percepciones de la sociedad, tanto de los consumidores como del sector productivo; la visión de especialistas en comunicación, nutrición y marketing, así como evidencia científica en torno a los posibles impactos de un nueva regulación de etiquetado, recurriendo a los conocimientos y puntos de vista del sector académico, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros.
En el marco de este proceso de consulta pública que participamos brindando respuestas y efectuando recomendaciones a los interrogantes planteados por la Agencia. Creemos que aprovechar estas instancias es sumamente importante ya que permiten continuar pregonando por una adecuada protección del derecho humano a la salud y el derecho a una alimentación adecuada.
Después de años de investigación y diálogos con sectores interesados, Anvisa tiene la oportunidad de efectivamente oír y considerar lo que dicen y sostienen voces no impulsadas por intereses económicos, tal como lo son la de los propios ciudadanos brasileños, sectores académicos y ONGs.
El crecimiento de la obesidad (de impacto especialmente fuerte en niños, niñas y adolescentes) y la fuerte presencia de estrategias publicitarias de la industria alimentaria, es un común denominador en toda la región. Particularmente en Brasil, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, la prevalencia de la obesidad aumentó en un 60% en diez años, pasando del 11,8% en 2006 al 18,9% en 2016 . Esta situación exige de los Estados un rol especialmente activo a través de políticas públicas que entre otras cosas, inste a las industrias a implementar un rotulado claro y sencillo. Pues, así los consumidores podrán contar con la información suficiente para efectuar decisiones más informadas, más libres e incluso más saludables. De este modo, el Estado brasileño, también, contribuye a cumplimentar adecuadamente con sus obligaciones en relación al derecho humano a la salud y a la alimentación adecuada, ambos receptados en numerosos instrumentos internacionales de los cuales Brasil forma parte.
Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca la continuidad del proceso decisorio de la Anvisa.
Más información:
Autora:
Maga Merlo Vijarra
Slavenska Zec
Contacto:
Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org
FUNDEPS junto con un grupo de vecinos/as y miembros del colectivo «Todos por Nuestros Arroyos» de la localidad de Alta Gracia, solicitaron participación como terceros interesados en la causa “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A. c/ Provincia de Córdoba – Ordinario”.
En la causa, iniciada en el año 2013, se discute la legitimidad de la colocación de cercamientos a un arroyo público, en beneficio exclusivo del country Potrerillo de Larreta, restringiéndose el libre tránsito a terceros y el aprovechamiento del mismo por parte de toda la comunidad. Asimismo, está en tela de juicio el verdadero alcance y sentido del carácter de dominio público del arroyo Los Paredones.
En el fallo de primera instancia de noviembre del 2017, la jueza de Alta Gracia Graciela Cerini había resuelto “desestimar la demanda incoada por EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A. en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA en cuanto pretende instalar alambrados sobre el Arroyo Los Paredones en el ingreso y egreso de su propiedad, debiendo demarcar el límite a lo largo de la línea de ribera”.
Sin embargo, luego determina que ello no importa simplemente autorizar el ingreso libre al curso de agua, y ordena una serie de cuestiones a la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de Alta Gracia. En primer lugar, que determine cómo será el uso público del arroyo en la parte afectada. En segundo lugar, que tome las medidas de control, seguridad, y protección necesarias para lograr la armonización de los intereses en juego, pero manteniendo los cercados existentes.
En diciembre del año pasado, Potrerillo de Larreta recurrió la sentencia, remitiéndose la causa a la Cámara de Apelación de 9° Nominación de la ciudad de Córdoba, donde las partes deben expresar los agravios que les causa la resolución de primera instancia.
En la ciudad de Alta Gracia, los/as vecinos/as vienen defendiendo y reclamando sus derechos fundamentales en diferentes instancias y desde el año 2011 el colectivo “Todos por Nuestros Arroyos” ha tomado la posta. Así, ha desarrollado numerosas actividades en favor de la recuperación de los espacios públicos de los arroyos de Alta Gracia, entre ellos Chicamtoltina y sus afluentes, Estancia Vieja, Los Paredones y Coacamilin, en esta lucha en la que propietarios/as y emprendimientos inmobiliarios comenzaron a alambrar las márgenes de diferente tramos de los arroyos.
Frente a la ambigüedad del fallo, la continuidad de los alambrados sobre el arroyo y la pasividad de las autoridades provinciales y municipales, los/as vecinos/as de Alta Gracia junto con FUNDEPS decidieron intervenir en el juicio con el fin de garantizar el respeto de los derechos de incidencia colectiva por encima de los derechos individuales esgrimidos por el country y rechazar la legitimidad de los alambrados en tanto se vulnera, entre otros, el derecho al libre tránsito y el uso, goce y aprovechamiento de aguas de dominio público.
Más información:
Diario Tortuga Vecinxs firmaron por el espacio público
Redacción Alta Gracia Vecinos firmaron para que se quiten los alambre en el arroyo
Contacto:
maycabalaguer@fundeps.org
mariaperezalsina@fundeps.org
Presentamos el informe completo y el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Los resultados finales son producto de la investigación realizada durante el 2017 en Córdoba y Buenos Aires en la que se realizaron 50 entrevistas a empresas de medios de comunicación, sindicatos e institutos de formación periodística.
La investigación se realizó En base a los los Indicadores de Género para medios de comunicación de la UNESCO (2014) y de los objetivos planteados por la Plataforma de Acción de Beijin (1995), con el fin de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación en Argentina.
La investigación ofrece los resultados del análisis de la información recabada de 30 empresas de medios, 7 sindicatos de prensa, 12 instituciones educativas, 22 trabajadoras/es de prensa, 10 especialistas en género, 7 pedidos de acceso a la información en ambas regiones (Córdoba y Buenos Aires), y búsquedas en páginas web y bibliotecas.
La preocupación sobre la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+ tiene especial importancia al referirnos a los medios de comunicación. Hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones que reclaman especial atención: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. Las cifras se tornan más problemáticas al observar los cargos gerenciales y de propiedad dentro de estas empresas: el 78,28% de estos cargos son ocupados por varones. El techo de cristal existe y se contabiliza en una brecha de género del 56,56% en los cargos de mayor relevancia en los medios de comunicación, exponiendo así la perspectiva androcéntrica que atraviesa estos espacios.
Estas cifras son una señal de alerta debido al poder comercial y cultural que ostentan los medios de comunicación, destacando su rol como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.
Los resultados evidencian una desigualdad de poder no sólo dentro de estas empresas de medios sino también en las organizaciones relacionadas a la comunicación (sindicatos y universidades) en las que los estereotipos de género se reproducen.
En los sindicatos, el porcentaje de mujeres afiliadas en ambas regiones es de poco más de un 24%, el cual se reduce al contabilizar su presencia en las dirigencias gremiales donde participan en un 23,29%.
Sin embargo, esta tendencia se revierte en los espacios académicos de formación de profesionales de la comunicación: el 64,02% de las personas egresadas de estas carreras son mujeres.
Entonces si bien muchas mujeres estudian carreras relacionadas con la comunicación, superando ampliamente a los varones, esto no se refleja en una participación mayoritaria en las empresas de medios y menos en los sindicatos.
Estas desigualdades de género se hacen visibles en el techo de cristal, en la división sexual del trabajo y en la falta de una perspectiva de género traducida en políticas institucionalizadas en los casos de los medios de comunicación y sindicatos. De la misma manera, las universidades presentan falencias en asignaturas específicas y obligatorias sobre género y en planes de estudios con una perspectiva de género transversal.
La incorporación de los medios de comunicación, sindicatos y universidades de la ciudad de Córdoba enriquecen el análisis, ya que se desprenden datos que muestran cómo estas brechas de género se acentúan y amplían en la región. Del total de las personas empleadas en las empresas de medios analizadas, sólo el 23,29% son mujeres y no hay ninguna persona trans. Aún más preocupante es la situación el los altos mandos donde la presencia de mujeres se reduce a un 12%. Las cifras ofrecidas por las empresas de medios de Córdoba, se encuentran muy por debajo del promedio al analizar la participación de mujeres dentro de sus estructuras laborales. Sin embargo, el 69,04% de las personas egresadas de carreras de comunicación son mujeres, lo que en este caso supera el promedio presentado.
A partir de estos resultados, la importancia de este abordaje se fundamenta al reconocer las desigualdades de género presentes y arraigados en los medios de comunicación, pero también al reconocer su agencia democrática, los cuales deberían reflejar la diversidad de la ciudadanía, que sólo se logrará a partir de la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+. Un mundo más justo e igualitario que aún está construcción.
Más información:
Organizaciones de medios y género
Resúmen de investigación: Organizaciones de medios y género
Contacto:
Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
Presentamos el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
Presentamos el informe completo de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
Más de 30 organizaciones cordobesas nos dirigimos mediante un documento a las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Félix Martínez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto positivo de la Cámara de Diputados/as.
Ante algunas expresiones de los senadores y la senadora frente a este debate, en que manifestaron que adoptarían una postura distinta, presentando su propio proyecto, numerosas organizaciones de la sociedad civil consideramos importante presentar argumentos para resaltar los motivos por los cuales entendemos que su voto debe ser en apoyo proyecto de ley, tal como fue aprobado por la Cámara Baja.
En primer lugar, este proyecto es constitucional y respeta las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que está obligado el Estado argentino. Ni la Constitución Nacional ni los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino son un obstáculo para la despenalización y la legalización del aborto, por lo que es dable sostener la constitucionalidad y la convencionalidad del proyecto ley. De hecho, estas normas imponen al Estado obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos que están garantizados en este proyecto.
Además, sostenemos que la objeción de conciencia no puede ser institucional. La objeción de conciencia individual, tal como está planteada en el proyecto de ley, es una solución razonable basada en la libertad de conciencia y religiosa. Pero reconocer la pretensión de instituciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de interrupción del embarazo es impensable, teniendo en cuenta las restricciones que genera en la libertad de conciencia individual de los profesionales que trabajan en estos establecimientos, la afectación a la libertad y derecho a la salud de las pacientes, y los costos y problemas para el sistema de salud.
Por otro lado, presentamos argumentos para sostener que el plazo de 14 semanas es un plazo razonable. Permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta este plazo no implica riesgos y está en consonancia con lo regulado por otros países que han ido mejorando sus marcos normativos.
Es importante también mencionar que la legalización del aborto no importa un problema presupuestario. Los costos de una práctica legal son mucho menores a los costos que implican las complicaciones por abortos inseguros que incluyen desde intervenciones quirúrgicas con internación y anestesia hasta varios días en terapia intensiva.
Finalmente, consideramos que este proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es coherente con la totalidad del sistema normativo vigente y es la ley que falta en una destacable lista de regulaciones en materia de derechos humanos en nuestro país.
Pero fundamentalmente, destacamos el amplio apoyo que tiene este proyecto de ley en la provincia de Córdoba. Un millón de personas nos convocamos frente al Congreso y miles en las calles a lo largo de todo el país. En Córdoba capital y en numerosas localidades provinciales nos encontramos de manera masiva en cada pañuelazo, manifestando nuestra postura.
No puede negarse que la sanción de esta ley es esperada por el pueblo cordobés, la ciudadanía argentina y la comunidad latinoamericana.
Los/as senadores/as tienen la oportunidad de convertir este proyecto en ley, consolidar derechos humanos largamente postergados, satisfacer los estándares internacionales en esta materia a los que está obligado el Estado argentino y marcar un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.
El proyecto de ley nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.
Senadores/as cordobeses/as: QUE SEA LEY.
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- Publicación: Senadores/as cordobeses/as: QUE SEA LEY.
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
Más de 30 organizaciones cordobesas nos dirigimos mediante este documento a las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Martínez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto positivo de la Cámara de Diputados/as.
El reporte elaborado por la Coalición Latinoamericana Saludable (CLAS) fue presentado en el marco de una consulta pública que abrió la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de elaborar un informe temático sobre estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos.
El creciente número de casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por empresas ha impulsado el tratamiento de la problemática por parte de la comunidad internacional desde hace ya algunos años. En este contexto y en el marco del sistema interamericano, la CIDH se planteó recopilar información de diferentes actores/as interesados/as a los fines de elaborar un informe que considere la realidad regional, y que analice y sistematice las obligaciones y estándares interamericanos, para finalmente hacer recomendaciones en la materia.
El informe presentado por CLAS, una red que agrupa a alrededor de 300 organizaciones de Latinoamérica de la que FUNDEPS es parte, se enfoca específicamente en analizar la vinculación existente entre empresas y enfermedades crónicas no transmisibles (ENTs).
Así, en primer lugar, el informe proporciona información sobre el impacto de dichas enfermedades en la región, con especial mención a la afectación de grupos vulnerables. En segundo lugar, se analiza el poder de influencia de empresas en el proceso de formulación de normas y políticas públicas, como obstáculo a la hora de adoptar, ejecutar y avanzar en políticas de salud para prevenir y reducir el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al respecto, se citan como ejemplos los casos de la industria tabacalera, la industria de alimentos y la de bebidas alcohólicas.
El documento también advierte que la normativa vigente y planes de acción sancionados por los gobiernos se enfocan en la prevención de los factores de riesgo de dichas enfermedades, sin incluir una perspectiva más general sobre derechos humanos y empresas. Observa que sólo algunos países han avanzado levemente en este sentido, pese a que la evidencia internacional demuestra que las medidas más efectivas para disminuir el consumo de productos no saludables, son aquellas que controlan el accionar de las empresas que fabrican y promueven estos productos; especialmente en lo relacionado con las estrategias de marketing y promoción.
Más allá de los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para avanzar con legislaciones para la prevención de ENTs, la intervención de las empresas en el diseño e implementación de políticas públicas, como así también el lobby de la industria, constituyen un gran obstáculo para la efectiva aplicación de normas que prevengan a la población de las consecuencias en la salud del consumo de productos no saludables.
Actualmente, a nivel internacional existen instrumentos y mecanismos no vinculantes que tienen por objeto proteger los DDHH del accionar irresponsable de las empresas. Entre ellos se pueden mencionar: los Principios Rectores de Naciones Unidas (NU) sobre Empresas y DDHH, las directrices de la OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre Empresas y DDHH. De igual manera, el trabajo de la CIDH se ha orientado a la búsqueda de la prevalencia de los derechos fundamentales frente al poder de las corporaciones; y es por ello, que este informe temático toma un carácter fundamental. En este marco, asimismo, en los últimos tres años, por iniciativa de algunos Estados, se ha comenzado a debatir la posibilidad de contar con un tratado internacional que efectivamente fuerce a las empresas a cumplir y garantizar el respeto de los DDHH. Consideramos que un instrumento con estas características reforzaría la normativa ya existente, a la vez que pondría fin a los abusos perpetrados.
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
En esta publicación se presenta un análisis del proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos implementados para la localidad de Villa Carlos Paz.