Infografía con información básica y accesible sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta (o “Nueva Ruta de la Seda”).
Infografía con información básica y accesible sobre el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de las personas detenidas durante la manifestación contra el proyecto de ley conocido como Ley Bases. Protestar es un derecho y es esencial que se respeten las normas y los estándares internacionales. Desde Fundeps, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de estas personas.
El pasado 12 de junio, en el marco del tratamiento del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” en el Congreso de la Nación, se desarrolló una manifestación que terminó en detenciones arbitrarias luego de la represión de las fuerzas de seguridad.
El operativo ejecutado por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval avanzó sobre las personas utilizando gases, camiones hidrantes y balas de goma. Este accionar recibió las felicitaciones de la Oficina del Presidente quien calificó como “terroristas” a quienes se manifestaron, acusándoles de intentar un “golpe de estado”.
La criminalización de la protesta social es una grave violación de los derechos humanos. La libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica están protegidos por leyes nacionales, nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país está adherido.
Por todo esto, nos presentamos ante la Justicia Federal solicitando la inmediata liberación de las personas detenidas, quienes se encuentran en esa situación por hechos que no constituyen delito alguno. Además, sin claridad de sus condiciones, motivos de detención y en violación de sus derechos en los procesos iniciados.
La democracia se fortalece garantizando el derecho a manifestarse y a poder expresar las ideas de forma libre, sin temor a la represión y a la criminalización. Bajo ningún punto de vista puede asimilarse un reclamo social con un golpe de estado.
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
*Fuente imagen: Agencia FARCO
Ayer, 10 de junio, se publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Justicia que ordena la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia. De esta forma, quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que desmantela un sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio.
Desde hace 15 años, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos más vulnerabilizados de la sociedad. El foco está, justamente, en barrios populares y/o parajes rurales, lugares que históricamente han tenido mayores barreras para acceder a sus derechos. Los CAJ son dispositivos que brindan atención legal primaria: se trata de brindar servicios que se ocupen específicamente de las necesidades jurídicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas: acceder a documentación personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, asistencia a víctimas de delitos, entre otras cuestiones. Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren.
Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades. Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental.
Según datos de la página web del propio Ministerio, desde el 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia atendieron más de 1.300.000 consultas.
¿Cuál es la situación actual de los CAJs?
Según información oficial del Ministerio de Justicia brindada como respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en lo que va del año se habían cerrado seis Centros (pasando de 109 a 103). Sin embargo, en el día de hoy, se publicó en el Boletín oficial una resolución del Ministerio de Justicia que resuelve que quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que vulnera un primer principio de la atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas enfrentan. Al mismo tiempo, no da cuenta de la necesidad de acompañamiento que las personas más vulnerabilizadas enfrentan ni de las barreras tecnológicas.
El costo del Acceso a la Justicia
En simultáneo al anuncio del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que desconoce, por un lado, las premisas más básicas del acceso a la justicia y, por otro, algunos hechos evidentes como que en la Argentina no hay Defensor del Pueblo desde hace 15 años o que los Centros de Asistencia a Victimas de Delitos (CENAVID) funcionan justamente en los CAJ o de forma remota a través de atención telefónica
En el mismo comunicado, se hace referencia al costo que esta política tiene para el país. Lo primero que hay que decir es que no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ. Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento.
Al mismo tiempo, es importante destacar que el uso del derecho por parte de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la atención y resolución temprana
de consultas y conflictos jurídicos resultan en mejores resultados económicos en general, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan. La inversión en Acceso a la Justicia termina reduciendo los gastos del Estado. En la actualidad, organismos internacionales como la OCDE alientan la implementación de este tipo de dispositivos, en parte, con argumentos de este tipo.
La preocupación por la situación actual es transversal. Organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coincidimos en la pérdida que significa la reducción de este servicio. En la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia.
FIRMAS
- ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
- ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
- INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
- CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
- Fundeps
- Capibara
- Xumek
- RAAC – Red Argentina de Abogacía Comunitaria
- Curas Villeros
- Andhes – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y
estudios sociales. - Observatorio de justicia sanitaria y climática
Sobre el acceso a la justicia
El acceso a la justicia es un derecho humano reconocido internacionalmente y considerado además como instrumental, es decir, que permite el acceso a otros
derechos. Comprende garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, lo que incluye no sólo poder acceder a acciones judiciales si no encontrar
respuestas no judiciales, administrativas y alternativas a conflictos que afectan la vida diaria de las personas.
Contacto
Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
Tres días después del 9° aniversario de Ni Una Menos y cinco después de la publicación del informe de femicidios que confirmó que en 2023 hubo 250 víctimas en nuestro país, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Una mujer muere cada 35 horas en Argentina, mientras que una de cada dos mujeres en pareja ha sufrido o sufre violencia doméstica y no existen estructuras estatales para resolverlo.
Según los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia han habido entre 226 y 260 víctimas de femicidio por año de 2017 a 2023. Es claro que la violencia letal por razones de género está lejos de ser resuelta. El problema es real y no ideológico. A estos datos de letalidad hay que sumar los 124.000 llamados a la línea 144, una política de estado que lleva 10 años de existencia y que es nodal para la prevención.
Las políticas públicas para la atención de los casos de violencia de género son parte de un compromiso que el Estado argentino tiene históricamente en el marco de acuerdos internacionales y por eso hace casi 40 años se crearon institucionalidades de género que las llevan adelante. Argentina ocupa un rol privilegiado en el cumplimiento de esos acuerdos y ha sido pionera en la toma de medidas contra la discriminación y la violencia contra mujeres y personas LGBT. Es tomada como ejemplo a nivel internacional.
Sin órganos especializados en el abordaje integral ni personal y presupuesto suficiente, el Estado argentino no podrá diseñar e implementar políticas adecuadas para prevenir y sancionar estos actos. Pero, además, no estará cumpliendo con sus obligaciones. Con el cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género el Estado argentino se retrotrae a tiempos previos a 1987 cuando se creó la primera subsecretaría de la mujer y desanda un camino de avance progresivo que logró en estos últimos 37 años.
Nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) comprometiéndose a la elaboración de políticas encaminadas a eliminar la discriminación contra las mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones y consagra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem do Pará) en 1996 a través de la Ley N° 24.632. Con el cierre de la Subsecretaría, los compromisos dejan de tener autoridad de referencia para el diseño de políticas y presupuesto y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres dejará de tener autoridad de aplicación.
El ordenamiento fiscal no puede hacerse a costa de las muertes y otras formas de violencias discriminatorias hacia la población. Nuestra sociedad ha construido un consenso frente a la violencia de género. No es una opción dar marcha atrás con cuatro décadas de avances.
Exigimos al gobierno que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa. Instamos al Congreso a observar que las leyes que define para la protección social sean ejecutadas.
VER ADHESIONES: La protección contra la violencia de género es un compromiso con toda la sociedad
Lanzamos la plataforma web “Acuerdo de Escazú para comunidades”, que brinda información sobre el Acuerdo y los derechos que contempla con datos y modelos prácticos para hacerlos efectivos. Además, dentro del sitio se encuentra disponible para descargar un documento que reúne las experiencias y aprendizajes de distintas comunidades de Córdoba que enfrentan problemáticas ambientales y luchan desde hace años.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. También es el primer tratado del mundo en contener disposiciones relativas a la protección y promoción de la labor que llevan adelante las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Desde Fundeps, venimos acompañando el proceso del Acuerdo desde antes de su aprobación en 2018, por el rol central que cumple en el fortalecimiento de la democracia ambiental y la justicia climática. En el marco de este proceso, cuando entró en vigor en la Argentina lanzamos un Recursero del Acuerdo de Escazú y una Guía sobre el Acceso a la Información Ambiental. Luego , realizamos un ciclo de formación sobre acceso a la información pública ambiental y una introducción a Escazú, y en 2023, como parte del proyecto denominado “Acuerdo de Escazú: ¿Qué pasa en Córdoba?”, dictamos talleres en distintas localidades de la provincia atravesadas por conflictos socioambientales.
Todo este recorrido, sumado al acompañamiento diario a comunidades de Córdoba, nos permitió detectar la necesidad de realizar una herramienta que reúna todos los insumos creados, información relativa al Acuerdo de Escazú y que brinde instrumentos prácticos para facilitar el ejercicio de los derechos que regula. Por eso, lanzamos “Escazú para comunidades” (acuerdodescazu.org), una plataforma que brinda información sobre qué es el Acuerdo, qué derechos contempla y cómo se ejercen , cuál es la historia del Acuerdo, qué países de la región son parte, las respuestas a dudas frecuentes que surgen entre quienes defienden el ambiente, entre otros contenidos. Nuestro objetivo es poner a disposición de las comunidades las herramientas que ofrece Escazú para impulsar y monitorear su efectiva implementación, y fortalecer las luchas de las personas y grupos que defienden el ambiente, la salud colectiva y a sus territorios.
Entre las herramientas del sitio, se pueden encontrar: modelos para pedir información pública ambiental, explicaciones sobre cómo debe garantizarse y hacerse efectiva la participación ciudadana en decisiones que impacten sobre el ambiente, tipos de acciones judiciales que se pueden presentar para reclamar; las obligaciones de los Estados para garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente, entre otras cuestiones.
También desde Fundeps venimos trabajando en reforzar las estrategias y abordajes de los conflictos socioambientales, poniendo en el centro a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Por eso, dentro del sitio web también se puede acceder a “Resistiendo y re-existiendo en comunidad. Relatos y experiencias de luchas socioambientales en Córdoba”. Este documento es el resultado de una serie de entrevistas realizadas durante 2023 y 2024 a siete comunidades en lucha de la provincia de Córdoba (OMAS, VUDAS, Todxs por nuestros arroyos, Vecinos Autoconvocados de Marcos Juárez, Preservando el Parque de la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó y Amigos de la Reserva San Martín), a las cuales les agradecemos profundamente su apoyo y colaboración. El propósito es la puesta en común de las experiencias de las comunidades, sus historias y sus consejos útiles para quienes están iniciando un proceso de lucha socioambiental.
Apostamos a que este sitio web sirva como material de consulta y de fortalecimiento de capacidades ambientales.También promovemos la difusión de las estrategias de luchas y de los aprendizajes de quienes las llevan adelante en la provincia, para que los desafíos socioambientales sean transitados con solidez, conocimiento, en base a experiencias compartidas y sobre todo, en red.
Esperamos que les resulte de utilidad para las personas interesadas, y sobre todo, para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Autora
Ananda María Lavayen
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
En el Día Mundial Sin Tabaco, volvemos a pedir que el desarrollo y la implementación de políticas de salud pública estén libres de la interferencia de las tabacaleras. Es urgente que el Estado argentino priorice el bienestar y la salud de su población, y en especial de quienes son el foco de las estrategias de marketing de esta industria, es decir, las infancias y juventudes.
Los productos de tabaco y nicotina son letales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 8 millones de personas mueren al año a causa del consumo de estos productos y 1,3 millones de personas fallecen por tan sólo estar expuestas al humo ajeno. Por su parte, el contexto epidemiológico de Argentina no se queda atrás. Según la última Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (2018), nuestro país tiene una de las tasas de prevalencia en la adicción al tabaco más altas de la región: el 20,2% de les adolescentes fuma. Como si eso fuera poco, la edad de iniciación en el consumo ya se sitúa entre los 12 y 15 años.
Pese a que es bien sabido que el tabaco mata hasta la mitad de quienes lo consumen, los Estados son permeables (y hasta a veces cómplices) al gran abanico de estrategias de interferencia que despliegan las tabacaleras. En términos generales, estas estrategias buscan obstaculizar los procesos de avance de normas más protectorias del derecho a la salud, socavar los marcos regulatorios existentes, sacar provecho de ciertos vacíos legales, así como de la ineficacia de los mecanismos de control de los Estados y, por último, -el propósito mayor- lograr incrementar sus ganancias y generar las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad de sus negocios.
En Argentina, la interferencia de la industria tabacalera se hace presente, principalmente, a través del lobby permanente y sostenido en autoridades del Estado Nacional y las provincias, el saboteo de procesos legislativos, la tergiversación de evidencia científica junto a la construcción de narrativas confusas que buscan posicionar sus productos como de riesgo reducido y la generación de amenazas económicas frente al desarrollo de políticas que pretenden regular su actividad.
Sin ir más lejos, los tires y aflojes que se están dando en el marco del debate por el proyecto de ley Bases en el Congreso Nacional que, entre otras cosas, implica una reforma en la estructura impositiva en los productos de tabaco, son un claro ejemplo sobre la manera en que se materializa esta interferencia. Tanto los intercambios entre legisladores como las coberturas mediáticas se han focalizado en los perjuicios económicos que sufriría una u otra tabacalera en caso de avanzar la reforma, sin que ocupe un lugar central el impacto negativo que sufriría la salud pública con una modificación impositiva de estas características -que habilita la presencia de cigarrillos muy baratos en el mercado, obstaculizando la reducción del consumo- y, menos que menos, el gran escándalo que representa que en la toma de decisiones del poder público intervenga (o mejor dicho, ejerza un rol decisivo) cualquier industria tabacalera.
Si bien este ha sido el caso de interferencia que, en los últimos días, ha adquirido mayor notoriedad, también es posible encontrar otros casos que revelan que el avance hacia mejores marcos regulatorios es, históricamente, un proceso minado de obstáculos. En este sentido, se destacan los numerosos proyectos de normas que, tras la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco en el año 2011, se presentaron en el Congreso Nacional con el propósito de fortalecer la respuesta del Estado argentino ante las tácticas de mercadeo de la industria tabacalera. Pese a las distintas presentaciones por parte de diversos partidos políticos y los importantes esfuerzos de la sociedad civil por impulsarlos, ninguno de ellos alcanzó tratamiento legislativo, perdiendo su estado parlamentario.
En esta misma línea, merece especial mención la gran cantidad de intentos fallidos por lograr que el Estado argentino ratifique el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Un relevamiento de las bases de datos de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación arrojó que, entre 2003 y 2022, ingresaron 33 proyectos de ley –15 en el Senado y 18 en Diputados–, postulando la adhesión al Convenio Marco y sin que ninguno de ellos lograra llegar al plenario. Este instrumento y la ratificación por parte del Estado Nacional, resulta necesaria y urgente en tanto que permitiría contar con un marco integral para la implementación de políticas dirigidas a reducir la oferta, la demanda y, los daños sanitarios, sociales y ambientales causados por los productos de tabaco y nicotina.Además, proporcionaría herramientas eficaces para proteger las políticas de salud pública contra los intereses comerciales de las tabacaleras, así como de los individuos u otras organizaciones que trabajen para promover los intereses de esta industria. Aún cuando las implicancias positivas y estratégicas de ser parte del Convenio Marco son más que evidentes, nuestro país es el único de Sudamérica y uno de los pocos del mundo que todavía no lo es.
Dicho esto, cabe preguntarse: ¿cuáles son las consecuencias de permitir el despliegue y la injerencia de estas prácticas al interior de los Estados y, particularmente, del Estado argentino? ¿quiénes verdaderamente se perjudican?
Si bien nuestro país cuenta con un marco regulatorio que en materia preventiva ha adoptado ciertas restricciones al marketing, la protección a los ambientes libres de humo y la prohibición a los productos emergentes (como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado), lo cierto es que estas normativas han quedado desactualizadas frente a una industria que se renueva permanentemente y que destina millones de dólares en amplificar y diversificar sus estrategias de mercadeo. A ello se le añade la cuasi inexistencia de mecanismos de fiscalización por parte del Estado, que impide la identificación de violaciones a las normativas existentes, la aplicación de sanciones a sus infractores y, en definitiva, un grave debilitamiento de los avances que -tras muchísimos esfuerzos- la población argentina logró conseguir en materia políticas de control de tabaco.
Esta situación es especialmente crítica para la protección de las infancias y juventudes, quienes, a razón de encontrarse en una etapa de formación y desarrollo, son altamente vulnerables a las prácticas manipuladoras de la industria tabacalera. Esto se profundiza si los marcos regulatorios y las respuestas estatales son insuficientes para combatirlas.
Las estrategias de la industria son diversas. El lanzamiento de productos novedosos y sofisticados, la construcción de narrativas que los posicionan como la “alternativa” para dejar de fumar, la organización o presencia en eventos masivos o fiestas, y el uso de redes sociales junto la contratación de influencers para su promoción tienen un único fin: naturalizar -especialmente entre jóvenes- el consumo de los productos de tabaco y nicotina, crear una nueva generación de consumidores y mantener un público cautivo entre quienes ya padecen de esta adicción.
No hay dudas de que la interferencia de la industria tabacalera socava los esfuerzos dirigidos a reducir la epidemia del tabaquismo en nuestro país. Por eso, reiteramos que la ratificación del CMCT por parte del Estado argentino representaría un paso fundamental para revertir esta situación, así como también un compromiso firme con la salud y calidad de vida de su población más joven.
Proteger las políticas de salud pública frente al acecho de los intereses corporativos de esta industria constituye el aspecto más desafiante del control del tabaco y, al mismo tiempo, el más urgente y necesario. La población argentina necesita del compromiso por parte de todos los actores sociales y fuerzas políticas para que se prioricen sus derechos. Ya no es posible seguir esperando.
Autoras
Clara Díaz Yofre
Maga Merlo Vijarra
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Maga Merlo, magamerlov@fundeps.org
Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina nos presentamos ante el Ministerio de Justicia de la Nación para exponer los motivos por los que consideramos que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de nuestro país.
Como organizaciones de la academia y la sociedad civil con larga trayectoria en materia de derechos humanos, entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos.
Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura.
Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes.
Asimismo, manifestamos nuestra más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema. La inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación adecuada de un país federal como el nuestro. Es necesario recalcar que la diversidad de género en los cargos públicos y en los órganos de toma de decisiones, resulta un requisito legalmente vinculante derivado de nuestra constitución y tratados internacionales.
Por todo lo expuesto, rechazamos las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la CSJN. Exigimos se respeten las garantías constitucionales para lograr una composición equitativa que contemple la diversidad regional y de género, así como las condiciones mínimas de experiencia profesional requeridas para ocupar uno de los más importantes cargos de la justicia en nuestro país.
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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
Del 20 al 29 de mayo, se celebró en Brasil el 167° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). En esta oportunidad, continuaron las Audiencias Públicas de la Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos” presentada por Chile y Colombia. El 27 de abril la Fundación CIEL y VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano) estuvieron exponiendo en el marco del amicus curie presentado por Fundeps junto a otras organizaciones de la sociedad civil, representantes del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, relativo a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en contexto de cambio climático y transición energética.
En enero de 2023, Chile y Colombia presentaron ante la Corte, una solicitud de Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos. A través de esta solicitud, se le pidió a la CoIDH que se expida en relación a las obligaciones estatales de protección, prevención y garantía de las personas y territorios en contexto de emergencia climática.
Decenas de organizaciones y personas defensoras de la región vieron en esta solicitud de opinión consultiva, una oportunidad para presentarle a la CoIDH sus observaciones, argumentos e inquietudes en torno a los puntos de análisis presentados por Chile y Colombia. El nivel de participación ciudadana, efectivizado a través de amicus curiae, hace que la solicitud sea histórica y pone de manifiesto la preocupación que existe alrededor de las temáticas presentadas ante la CoIDH para su consideración.
En este sentido, en el amicus curie, desde Fundeps, junto a más de 15 organizaciones de la sociedad civil, representantes electos del Público del Acuerdo de Escazú y comunidades en lucha, aportamos argumentos relacionados a:
a. la importancia que reviste la ratificación del Acuerdo de Escazú por los países que aún no lo han hecho.
b. Lo fundamental que sería que la Corte IDH aplique los estándares de protección del Acuerdo de Escazú en sus decisiones.
c. La interseccionalidad que existe entre las desigualdades estructurales, la vulnerabilidad ante la emergencia climática y los riesgos que enfrentan las mujeres y en particular, las mujeres defensoras.
d. Los desafíos que presenta la transición energética en relación a la protección de los derechos humanos.
En representación del amicus, viajaron a participar de la audiencia en la ciudad de Manaos Brasil, Luisa Gómez de la Fundación CIEL y Silvia Cruz y Maria Rosa Viñolo de Vecinas Unidos en Defensa de un Ambiente Seguro (VUDAS). El lunes 27 de mayo expusieron respecto a los principales puntos argumentativos del amicus. Podés ver sus intervenciones a partir del minuto 51:27 de este video.
Ellas hace más de 10 años que llevan adelante una lucha socioambiental contra la instalación y funcionamiento de una planta de elaboración de bioetanol en su barrio, en la Ciudad de Córdoba. Desde Fundeps, acompañamos a las VUDAS en su lucha y en esta oportunidad, presentamos su caso testigo en el sistema interamericano ya que ilustra los desafíos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y más aún las mujeres defensoras. Las VUDAS, como otras organizaciones, transitan a diario las contradicciones de una transición energética injusta, que genera zonas de sacrificio y pone en jaque a los derechos humanos. Muchas de las alternativas o soluciones que se presentan como “verdes” en el contexto de transición energética, trae aparejadas múltiples problemáticas y violaciones a derechos que de no abordarse de manera integral, pone en peligro a las comunidades y a los territorios.
La resolución de esta solicitud de opinión consultiva, que se espera para finales de este año, genera gran expectativa por la necesidad que existe en el sistema interamericano de derechos humanos, de que la CoIDH se expida en torno a las obligaciones y responsabilidades de los Estados en contexto de emergencia climática y transición energética.
Autora
Manuela Fernandez Grassani
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Este viernes 24 de mayo, se desarrolló el encuentro «Córdoba tiene impacto: Conversatorio por los derechos en disputa» con la participación de más de 100 personas en el Museo de Antropologías. Fue organizado por Fundeps, con la adhesión de más de 30 espacios.
Durante tres horas, se desarrollaron reflexiones en torno a:
- cómo la reducción del gasto público afecta a la educación universitaria, el sistema científico-tecnológico, a los sectores populares y a los medios de comunicación;
- las consecuencias de la propuesta de reforma previsional y laboral, con foco en trabajadoras de casas particulares; y la inconstitucionalidad del DNU 70/23.
- las regresiones normativas en relación a la explotación de recursos naturales, cómo viven las comunidades estas desregulaciones y el impacto ambiental del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI).
El conversatorio reunió a referentes de diversos ámbitos, incluyendo la academia, organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y sindicatos.
Un evento con diversas voces y perspectivas que nos ayudan a entender algunos de los desafíos que enfrentamos y cómo construir estrategias colectivas frente a la regresión de derechos.
Durante los días 21 al 24 de abril estuvimos participando de la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) que se llevó adelante en Santiago de Chile. Asimismo, fuimos parte del evento que se realizó de forma previa (Pre-COP) y de los paneles paralelos de las organizaciones de la sociedad civil.
En abril se llevó a cabo la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú: un tratado sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La Conferencia de las Partes es el máximo órgano deliberativo y de decisión de este Acuerdo regional, y se lleva a cabo una vez cada dos años, teniendo por finalidad tomar decisiones, revisar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo.
Particularmente el objetivo principal de esta tercera COP, fue el tratamiento y aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fruto de una amplia participación pública previa. Este Plan tiene como objetivo el avance en la implementación del artículo 9 del Acuerdo, donde se establece como obligación de las Partes garantizar un entorno seguro y propicio para la actuación de personas defensoras sin amenazas, restricciones y en condiciones de seguridad. El Plan se estructura en cuatro ejes, cada uno con acciones estratégicas:
- generación de conocimiento;
- reconocimiento;
- fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción;
- evaluación, seguimiento y revisión.
Es importante remarcar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que contempla la protección de las personas defensoras. Esta incorporación resulta muy relevante para América Latina y el Caribe ya que es considerada la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Es por esto que avanzar en su protección y defensa es una necesidad prioritaria para la región y un ejemplo para el resto del mundo.
Además se aprobó la transversalización de la cuestión de género, mediante la cual se incorporarán medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en lo relativo a Escazú. También se alentó a las Partes a que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, especialmente a las mujeres indígenas. Esto resulta relevante ya que obliga a los países a adoptar medidas para garantizar la equidad e igualdad.
Asimismo, en el marco del encuentro, tanto de forma paralela como previa y posterior, se realizaron más de 30 eventos de los que participaron defensoras y defensores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, representantes electos del público, activistas de toda la región y autoridades. Estos eventos fueron muy importantes para la creación y el fortalecimiento de vínculos, la difusión de conflictos socioambientales y la construcción de capacidades entre los participantes.
Si bien no podemos dejar de advertir el camino que aún falta recorrer para lograr justicia ambiental y climática, reconocemos el enorme paso adelante que implica la aprobación del Plan de Acción para personas defensoras y la incorporación de la perspectiva de género. Por estos motivos, desde Fundeps continuamos participando y apoyando firmemente la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, en su difusión y en la formación de capacidades.
Autoras
Ananda María Lavayen
Contacto
Laura Carrizo, lauracarrizo@fundeps.org
Durante los meses de agosto y octubre del 2023, desde Fundeps, junto al Espacio de Economía Feminista de Córdoba y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böell y la Secretaría de Extensión de la UPC, llevamos a cabo el Ciclo de Formación Repensando la Economía: una mirada feminista. A partir de estos encuentros construimos una guía para la Reflexión y Transformación.
En este ciclo de formación nos reunimos con una amplia diversidad de espacios para idear alternativas de resistencia que pusieran en el centro la sostenibilidad de la vida, entre ellos participaron: organizaciones autogestivas, emprendimientos, cooperativas, sindicatos, espacios académicos, trabajadores y trabajadoras del ámbito público-estatal, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y feministas y personas interesadas de la provincia.
A partir de esta experiencia enriquecedora que constó de seis instancias, nos propusimos compartir una sistematización con quienes se interesan en emprender un camino de (de)construcción sobre las formas en las que entendemos y participamos de la economía. Desde una perspectiva crítica, este insumo busca no solo comprender la realidad desde una mirada compleja, sino también aportar a su transformación. Con este fin, recuperamos y organizamos tanto los aportes teóricos y metodológicos como las reflexiones, los interrogantes y las dinámicas desde los cuales se construyeron los encuentros de formación.
La orientación pedagógica de esta guía se ideó desde una perspectiva feminista, integrando diversas herramientas de la educación popular, la sensibilidad y la afectividad. Está dividida en dos partes: la primera aborda categorías conceptuales fundamentales para analizar la economía en clave feminista; la segunda incluye anexos con actividades destinadas a sensibilizar y reforzar dichos contenidos. Como cierre, se presentan algunos poemas que buscan conectar las reflexiones y pensamientos desarrollados durante los encuentros, con nuestras emociones más profundas y sensibles.
En ese sentido, la guía presenta varios aportes conceptuales y políticos fundamentales, entre ellos: la división sexual del trabajo y su impacto en el mercado laboral; la organización social del cuidado y la reproducción de las desigualdades; la reconfiguración de la estatalidad desde perspectivas feministas, incluyendo la idea de un Estado Abierto. Además abarca algunos proyectos de ley que representan importantes precedentes para la construcción de propuestas que podrían dar lugar a marcos regulatorios para el reconocimiento del trabajo de cuidado en entornos comunitarios.
Esta guía se vuelve, entonces, una apuesta y una herramienta política para socializar diversos conocimientos críticos y colectivos relacionados con la construcción de “otra economía más justa” de la que podemos ser partícipes. Esperamos que este recurso sea de utilidad para generar diálogos enriquecedores entre los presupuestos conceptuales de la Economía Feminista y las experiencias vitales y organizativas de quienes la consulten. Esperamos que esta guía ayude a cuestionar las condiciones de vida actuales y así, poder construir bases sólidas que apoyen y fortalezcan las prácticas de cuidado para la sostenibilidad de la vida.
Autora
Carola Bertona
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org