El #8A es el corolario de un camino largo, lleno de logros pero también de obstáculos. Con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, la Cámara de Senadores/as, revisora del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, rechazó la media sanción proveniente de Diputados luego de la maratónica sesión del 13 y 14 de junio.

Más de 1 millón y medio de personas pobló la Plaza del Congreso en Buenos Aires y unas 25.000 estuvieron en la vigilia en la diagonal Yrigoyen de la ciudad de Córdoba. Las calles se llenaron de verde una vez más: cantos, abrazos, emociones de una multitud de activistas que aguardaban expectantes el resultado de la votación, pero que también estaban ahí para dar un mensaje al Senado: que sea ley.

El proyecto en cuestión

Durante la última sesión del Plenario de las tres comisiones (Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales), los sectores a favor de la legalización buscaron que el proyecto modificado consiguiera la mayoría para obtener dictamen. Se trataba del proyecto que nació como “la opción Córdoba” propuesta por la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO), y los senadores Ernesto Martínez (UCR) y Carlos Caserio (PJ). Esta propuesta luego fue respaldada por Miguel Pichetto y el Bloque del PJ, y se convirtió en la alternativa para juntar voluntades y evitar el rechazo total.

El proyecto con modificaciones proponía algunos cambios como bajar de 14 a 12 semanas, eliminar el delito que castigaba a médicos/as que se nieguen a practicar abortos, y dar lugar a la objeción de conciencia institucional para clínicas confesionales, entre otros. Este dictamen finalmente no logró la mayoría necesaria y la Cámara de Senadores/as trabajó con el proyecto de ley de IVE sin modificaciones, es decir, tal como había salido de la Cámara Baja.

En la previa a la votación, hubo varios indicios del resultado final por el rechazo total: al poroteo que ya sumaba 36 votos en contra se sumaron el cambio de voto de la senadora Larraburu días antes de la votación y la repentina definición por el rechazo del senador tucumano Alperovich. La Legislatura de Tucumán había decidido días antes declararse “Pro Vida”.

Las mujeres se siguen muriendo

El 4 de agosto se conoció la muerte de Liliana Herrera en un hospital de Santiago del Estero, como consecuencia de una hemorragia intrauterina producto de un aborto clandestino. Tenía 22 años y dos hijas, de 3 y 6 años. Sin embargo, esta situación no logró revertir el voto de los/as tres senadores/as santiagueños: los tres votos fueron negativos.

El día previo al debate se dio a conocer otra tragedia: una mujer en Mendoza, madre de 5 hijos, está internada con un coma inducido después de una hemorragia de 3 días por un aborto clandestino. La senadora mendocina Pamela Verasay las recordó en su exposición y dijo: “Les pido a todos los senadores abran sus corazones, las mujeres se están muriendo. No hablen para nosotros, hablen para las futuras generaciones.”

Aún en una coyuntura que evidencia la problemática de salud pública que el aborto clandestino representa, primó el rechazo al proyecto de ley sin proponer una alternativa que apunte a resolver ni la problemática, ni las causas de fondo de los embarazos no deseados.

Un debate lleno de tensiones

Durante la jornada surgieron varias cuestiones que llamaron la atención. Por un lado, no se permitió a medios alternativos y autogestivos estar presentes y hacer la cobertura periodística desde el recinto. Rechazar su acreditación de forma arbitraria y claramente discriminatoria es un grave hecho en contra de la libertad de expresión. En nombre del rigor formal también se negó el acceso a varias Diputadas que, semanas antes y a raíz de su iniciativa, lograron la media sanción. Lo mismo sucedió con Nora Cortiñas, referente de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

También hubo momentos de tensión entre la presidenta del Senado al momento de moderar las exposiciones. Por un lado, se intentaba apurar los tiempos de la discusión, argumentando cuestiones de seguridad que debían ser provistas desde el Ministerio de Seguridad. Siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar las condiciones para que el debate pueda desarrollarse con normalidad, la presión por cuestiones “horarias” y de “seguridad” dan cuenta de la injerencia de este poder en los asuntos legislativos. Por otro lado, en general se dejó extender en sus exposiciones a las personas que hablaban en contra del proyecto de ley, mientras que lo contrario ocurría con quienes daban argumentos a favor, haciendo hincapié en el reglamento del debate, independientemente del partido al que pertenecían los/as expositores/as.

 

Al Medioevo no volvemos

Frente a exposiciones plagadas de argumentos falaces y vetustos que dejaron mucho que desear para un parlamento en el año 2018, la claridad y altura de los/as senadores/as comprometidos/as con los derechos de las mujeres fueron esperanzadoras, y sientan las bases para seguir argumentando a favor de la ampliación de derechos.

«Con ley, los abortos serán cuidados, con pastillas y en servicios de salud. Sin ley, los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos» sentenció la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara. Y cerró con la lectura de una carta de un padre cordobés a su hija feminista: “Ojalá jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá (vos, todas) jamás tengas que siquiera pensarlo. Pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas.”

La senadora Mirkin, única legisladora de Tucumán que votó a favor del proyecto, también fue contundente en su exposición.A mí me votaron para legislar y la ley no es pétrea, la ley se puede cambiar, se puede mejorar y mejorarle así las condiciones de vida a las ciudadanas», subrayó.

Llamó la atención la intervención de algunos varones. Por su parte, el senador de Chubut, Alfredo Luenzo, aseguró que estamos frente «a una sociedad patriarcal» y que «somos machistas en recuperación». “Cuando en una difícil y muy personal decisión la mujer elige no ser madre no hay ley, Estado, ética, nada que lo frene, y a esa realidad asistimos», concluyó.

El senador cordobés Ernesto Martínez fue muy claro respecto a la separación que debe tener este debate de todo tinte religioso. “Éste es el Código Penal Argentino. No es ni la Biblia, ni La Torá, ni el Corán, ni el Talmud… Los fanáticos confunden pecado con crimen” […] el Código Penal que se busca modificar es la voluntad del legislador laico que vela por el bien común que no es nunca propiedad de un solo sector”, dijo, luego de ironizar sobre las expresiones del arzobispo porteño Mario Poli.

El último en tomar la palabra fue el senador Luis Naidenoff, de la provincia de Formosa, que preside el Interbloque de Cambiemos. “El aborto es una situación no deseada. El camino punitivo fracasó estrepitosamente y profundizó la clandestinidad. Toda muerte evitable, cuando el Estado puede intervenir, nos moviliza» estableció. Y concluyó: “No hay nada más indigno que mirar al costado y no hacer absolutamente nada […] Los que apoyamos sabemos que el Estado debe hacerse cargo. El rechazo a la ley es mirar para el costado.

Y ahora, ¿cómo seguimos?

El rechazo del proyecto es un hecho parlamentario y de decisión política que no deslegitima las conquistas del movimiento feminista y sobre todo que no elimina los 354.627 abortos que se realizan por año, los 41 abortos por hora, ni las 43 mujeres que murieron durante 2017 producto de abortos clandestinos. A fuerza de militancia, de ocupación del espacio público, de alianzas legislativas, de campañas digitales y de periodismo comprometido, el movimiento feminista logró instalarse en la agenda nacional, regional e internacional. El mundo se hizo eco de nuestro reclamo y  mujeres de varios países, grabaron videos de acompañamiento a la lucha por el aborto en Argentina, organizaron de forma paralela marchas y concentraciones durante el miércoles 8 de agosto en distintos puntos del mundo.

El debate sobre la interrupción legal del embarazo logró atravesar el tejido social y romper barreras partidarias, religiosas y de intereses. El mapa de puentes tendidos entre legisladores/as de fuerzas partidarias antagónicas, las reuniones entre diputados/as que nunca antes habían hablado, las alianzas y complicidades entre periodistas, militantes, empleados/as del Congreso, asesores/as de prensa y cada persona involucrada, revalorizó el rol de la militancia de base y del diálogo y el consenso como herramientas útiles para hacer política. El micro-cabildeo en cada casa, la charla con amigos/as, el intentar “convencer” a familiares, las charlas en la mesa, la circulación de mensajes en grupos via Whatsapp muestran cómo se va armando la arquitectura legislativa para que el “que sea ley” sea posible. Y es posible porque seguiremos luchando para ello.

Pero ayer esta fuerza inmensa no logró derribar uno de los poderes más instalados en nuestro país. Uno de los sectores que más operó de forma contundente en la recta final, fue(ron) la(s) Iglesia(s). Los sectores católicos y evangélicos conservadores fueron quienes presionaron a legisladores/as, convocaron a marchas donde la idea de Dios fue central en sus carteles e invitaron a hablar a expositores que desinformaron en la misma línea.

De esta forma, un tema que apareció de forma colateral y no planeada, fue la separación de la Iglesia y el Estado. Paralela y complementariamente a la lucha por el aborto legal, se fue abriendo camino la lucha por una deuda democrática: el verdadero Estado Laico. La creación de un nuevo pañuelo -esta vez de color naranja- como símbolo y el comienzo de una nueva lucha que va de la mano con la de la libertad de nuestros cuerpos, está tomando forma.

Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque la separación del placer y la reproducción es fundamental. Porque la maternidad es una elección y no una obligación o un castigo estatal hecho bajo amenaza de cárcel o temor a la muerte.

Hoy y siempre, las mujeres seguiremos abortando porque somos dueñas de nuestro futuro, nuestros planes de vida y nuestros cuerpos. Ahora, hoy, el año que viene y siempre las mujeres seguiremos luchando.

Clandestinas nunca más, la lucha continúa.

Autora:

Mayca Balaguer
Carolina Tamagnini
Emilia Pioletti

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

 

 

Presentamos el informe completo y el resumen de la investigación “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada por FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con el apoyo de la  Fundación Heinrich Böll. Los resultados finales son producto de la investigación realizada durante el 2017 en Córdoba y Buenos Aires en la que se realizaron 50 entrevistas a empresas de medios de comunicación, sindicatos e institutos de formación periodística.

La investigación se realizó En base a los los Indicadores de Género para medios de comunicación de la UNESCO (2014) y de los objetivos planteados por la Plataforma de Acción de Beijin (1995), con  el fin de conocer la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios  de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación  en Argentina.

La investigación ofrece los resultados del análisis de la información recabada de 30  empresas de medios, 7 sindicatos de prensa, 12 instituciones educativas, 22 trabajadoras/es de  prensa, 10 especialistas en género, 7 pedidos de acceso a la información en ambas regiones (Córdoba y Buenos Aires),  y búsquedas en páginas web y bibliotecas.

La preocupación sobre la desigualdad en el acceso a las oportunidades de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+ tiene especial importancia al referirnos a los medios de comunicación. Hemos llegado, por ejemplo, a conclusiones que reclaman especial atención: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. Las cifras se tornan más problemáticas al observar los cargos gerenciales y de propiedad dentro de estas empresas: el 78,28% de estos cargos son ocupados por varones. El techo de cristal existe y se contabiliza en una brecha de género del 56,56% en los cargos de mayor relevancia en los medios de comunicación, exponiendo así la perspectiva androcéntrica que atraviesa estos espacios.

Estas cifras son una señal de alerta debido al poder comercial y cultural que ostentan los medios de comunicación, destacando su rol como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de valores, al tiempo que definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.

Los resultados evidencian una desigualdad de poder no sólo dentro de estas empresas de medios sino también en las organizaciones relacionadas a la comunicación (sindicatos y universidades) en las que los estereotipos de género se reproducen.

En los sindicatos, el porcentaje de mujeres afiliadas en ambas regiones es de poco más de un 24%, el cual se reduce al contabilizar su presencia en las dirigencias gremiales donde participan en un 23,29%.  

Sin embargo, esta tendencia se revierte en los espacios académicos de formación de profesionales de la comunicación: el 64,02% de las personas egresadas de estas carreras son mujeres.

Entonces si bien muchas mujeres estudian carreras relacionadas con la comunicación, superando ampliamente a los varones, esto no se refleja en una participación mayoritaria en las empresas de medios y menos en los sindicatos.

Estas desigualdades de género se hacen visibles en el techo de cristal, en la división sexual del trabajo y en la falta de una perspectiva de género traducida en políticas institucionalizadas en los casos de los medios de comunicación y sindicatos. De la misma manera, las universidades presentan falencias en asignaturas específicas y obligatorias sobre género y en planes de estudios con una perspectiva de género transversal.

La incorporación de los medios de comunicación, sindicatos y universidades de la ciudad de Córdoba enriquecen el análisis, ya que se desprenden datos que muestran cómo estas brechas de género se acentúan y amplían en la región. Del total de las personas empleadas en las empresas de medios analizadas, sólo el 23,29% son mujeres y no hay ninguna persona trans. Aún más preocupante es la situación el los altos mandos donde la presencia de mujeres se reduce a un 12%. Las cifras ofrecidas por las empresas de medios de Córdoba, se encuentran muy por debajo del promedio al analizar la participación de mujeres dentro de sus estructuras laborales. Sin embargo, el 69,04% de las personas egresadas de carreras de comunicación son mujeres, lo que en este caso supera el promedio presentado.

A partir de estos resultados, la importancia de este abordaje se fundamenta al reconocer las desigualdades de género presentes y arraigados en los medios de comunicación, pero también al reconocer su agencia democrática, los cuales deberían reflejar la diversidad de la ciudadanía, que sólo se logrará a partir de la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBTTIQ+. Un mundo más justo e igualitario que aún está construcción.

Más información:

Organizaciones de medios y género

Resúmen de investigación: Organizaciones de medios y género

Contacto:

Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Más de 30 organizaciones cordobesas nos dirigimos mediante un documento a las/os senadoras/es de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Carlos Caserio y Ernesto Félix Martínez para expresar la importancia de su voto a favor de la sanción del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que ya cuenta con el voto positivo de la Cámara de Diputados/as.

Ante algunas expresiones de los senadores y la senadora frente a este debate, en que manifestaron que adoptarían una postura distinta, presentando su propio proyecto, numerosas organizaciones de la sociedad civil consideramos importante presentar argumentos para resaltar los motivos por los cuales entendemos que su voto debe ser en apoyo proyecto de ley, tal como fue aprobado por la Cámara Baja.

En primer lugar, este proyecto es constitucional y respeta las disposiciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que está obligado el Estado argentino. Ni la Constitución Nacional ni los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino son un obstáculo para la despenalización y la legalización del aborto, por lo que es dable sostener la constitucionalidad y la convencionalidad del proyecto ley. De hecho, estas normas imponen al Estado obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos que están garantizados en este proyecto.

Además, sostenemos que la objeción de conciencia no puede ser institucional. La objeción de conciencia individual, tal como está planteada en el proyecto de ley, es una solución razonable basada en la libertad de conciencia y religiosa. Pero reconocer la pretensión de instituciones privadas de eximirse de la provisión de servicios de interrupción del embarazo es impensable, teniendo en cuenta las restricciones que genera en la libertad de conciencia individual de los profesionales que trabajan en estos establecimientos, la afectación a la libertad y derecho a la salud de las pacientes, y los costos y problemas para el sistema de salud.

Por otro lado, presentamos argumentos para sostener que el plazo de 14 semanas es un plazo razonable. Permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta este plazo no implica riesgos y está en consonancia con lo regulado por otros países que han ido mejorando sus marcos normativos.

Es importante también mencionar que la legalización del aborto no importa un problema presupuestario. Los costos de una práctica legal son mucho menores a los costos que implican las complicaciones por abortos inseguros que incluyen desde intervenciones quirúrgicas con internación y anestesia hasta varios días en terapia intensiva.

Finalmente, consideramos que este proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es coherente con la totalidad del sistema normativo vigente y es la ley que falta en una destacable lista de regulaciones en materia de derechos humanos en nuestro país.

Pero fundamentalmente, destacamos el amplio apoyo que tiene este proyecto de ley en la provincia de Córdoba. Un millón de personas nos convocamos frente al Congreso y miles en las calles a lo largo de todo el país. En Córdoba capital y en numerosas localidades provinciales nos encontramos de manera masiva en cada pañuelazo, manifestando nuestra postura.

No puede negarse que la sanción de esta ley es esperada por el pueblo cordobés, la ciudadanía argentina y la comunidad latinoamericana.

Los/as senadores/as tienen la oportunidad de convertir este proyecto en ley, consolidar derechos humanos largamente postergados, satisfacer los estándares internacionales en esta materia a los que está obligado el Estado argentino y marcar un avance en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes en nuestro país.

El proyecto de ley nos permitirá avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Senadores/as cordobeses/as: QUE SEA LEY.

Más información

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

El 28 de junio se celebra el día internacional del orgullo LGBT+ en conmemoración a una serie de hechos conocidos como “disturbios de Stonewell” que marcan el comienzo de la lucha por los derechos del colectivo.

Una redada policial que perseguía a personas homosexuales que frecuentaban el bar Stonewall Inn de Nueva York dio lugar a las manifestaciones que, en 1969, fueron el hito más visible e icónico de la época en la lucha de la comunidad LGBT+.

Este 28J encuentra al colectivo continuando y profundizando esta lucha. Las organizaciones travestis y trans celebran esta fecha con la convocatoria a la tercera marcha nacional bajo la consigna: “Basta de travesticidios y transfemicidios”. Habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

Dos sucesos importantes acompañan este día. En primer lugar, el fallo inédito e histórico del 18 de junio que condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen contra la activista travesti de derechos humanos Diana Sacayán. Fue la primera vez que la Justicia utilizó el  término “travesticidio” en los expedientes. En la sentencia, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género. Por otro lado, el mismo día, la Organización Mundial de la Salud excluyó la transexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un gran avance en el reclamo histórico del colectivo LGBT+ por la despatologización total de la transexualidad y de la diversidad humana.

Además, hoy a las 14 hs. se presentará en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca la promoción del empleo formal para personas trans y travestis en el ámbito provincial. Esta iniciativa local se enmarca en Campaña Nacional por la Inclusión Laboral trans y travestis que se lanzó en el año 2016.

En un contexto sociocultural de cada vez más respeto y tolerancia hacia los colectivos oprimidos y las minorías, aún queda mucho por hacer. Si bien no hay cifras oficiales, las organizaciones cuentan más de 40 víctimas de travesticidios y transfemicidos en lo que va del año. También preocupa el promedio de vida de la comunidad trans, que roza apenas los 35 años.

“Salimos a las calles para gritar basta de travesticidios y transfemicidios, basta de crímenes de odio, basta de muertes evitables, basta de exclusión, basta de persecución y criminalización, basta de negarnos el acceso al trabajo, exigimos la ley de cupo laboral en todo el país, por la efectiva aplicación y respeto de la ley de identidad de género, sobre todo en el ámbito de la salud, porque se entregue la medicación a personas viviendo con VIH-SIDA, y por la aprobación de una ley de reparación histórica para personas travestis y trans víctimas de la violencia institucional” manifiestan las consignas en este día del orgullo.

Autora:

Mayca Balaguer

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Tras un año de trabajo de investigación entre FUNDEPS y Comunicar Igualdad, con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll, presentamos en Córdoba y Buenos Aires los resultados parciales obtenidos sobre la participación de mujeres y personas LGTBI en las empresas de medios de comunicación, universidades y sindicatos. Las cifras alertan sobre su escasa participación en estos sectores y la necesidad de transformar las rígidas estructuras sindicales y empresariales que dificultan su acceso y permanencia.

En el marco de unas intensas semanas en las que el movimiento de mujeres llenó de color las calles y alzó su voz reclamando derechos durante tanto tiempo postergados, el viernes 8 de junio presentamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación algunas conclusiones que visibilizan la permanencia de violencias de género dentro de uno de los ámbitos que más relevancia tienen en cuanto a su rol social: las empresas de medios.

En esta instancia, se sumaron las especialistas Pate Palero (periodista, integrante de la Red PAR), Silvana Zanelli (periodista y sindicalista CISPREN), Sandra Chaher (periodista y directora de Comunicación para la Igualdad), Rossana Rodriguez (sindicalista SATSAID seccional Córdoba), Paula Morales (docente e investigadora especialista en género y comunicación), Analía Barrionuevo (directora del Programa de Género de la UNC) y Virginia Pedraza (abogada y coordinadora del equipo de género de FUNDEPS).

Durante la charla, se debatió sobre la situación actual de las mujeres y las personas de la comunidad LGTBI en el acceso a la igualdad de oportunidades profesionales en los medios de comunicación, y sobre los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los puestos de toma de decisiones y a cargos directivos. También se propusieron posibles acciones para revertir la situación de desigualdad desde distintos espacios como las empresas de medios, sindicatos e instituciones educativas relacionadas a la comunicación y las medidas que puede tomar el Estado para abordar la problemática.

Algunos de estos puntos fueron presentados como resultados de nuestra investigación con el fin de visibilizar los ejes más problemáticos y de ponerlos en discusión durante la jornada.

Techo de cristal: las mujeres que no acceden a  cargos jerarquicos

“(…) En las primeras 1500 empresas que cotizan en Wall Street, hay más directores llamados John, Robert, William o James que mujeres directoras”. (D´Alessandro, 2017, p. 101).

La escasez de mujeres en los cargos de decisión dentro de las empresas, es un rasgo que se vislumbra en muchas de las empresas de América Latina: sólo un 4,2% ocupa direcciones ejecutivas y un 8,5% juntas directivas, mientras que la mayoría de los países la región, las mujeres participan en casi un 30% en cargos gerenciales. Las empresas de medios de nuestro país no escapan a esta tendencia.

De las 30 empresas de medios analizadas en Buenos Aires y Córdoba, las mujeres participan de un 27,72% de la propiedad y de los cargos gerenciales. Sin embargo, este porcentaje se torna más desfavorable en el caso de Córdoba: tan sólo el 12% de las mujeres ocupan estos puestos.

El panorama de los sindicatos refleja cifras igualmente preocupantes. En Córdoba, las dirigencias gremiales de sindicatos que abarcan a trabajadoras/es de medios están ocupadas por un 17,79%. Cifras preocupantes si consideramos que, en el año 2016, las mujeres egresadas de carreras periodísticas constituyeron el 69,04%, pero actualmente sólo conforman el 23,29% de las trabajadoras de los medios analizados en la ciudad de Córdoba.

En cuanto a personas trans, se pudo relevar que sólo una trabaja en medios, lo que evidencia los problemas estructurales que atraviesan a este colectivo y lo convierten uno de los más vulnerados, marginados y precarizados. Las personas trans son las más afectadas porque tienen mayores impedimentos estructurales que les dificulta obtener un trabajo digno y culminar con sus estudios. En algunos medios, hay políticas de inclusión de la diversidad para personas con discapacidad, pero no para personas trans.

Por su parte, los institutos de formación periodística evidenciaron sus falencias en cuanto a asignaturas específicas y obligatorias sobre género y de planes de estudios que contemplen la perspectiva de género como un eje transversal a todos los contenidos.

¿Por qué no hay más mujeres en los cargos jerárquicos de las empresas de medios ni en los sindicatos? ¿Qué barreras componen este techo de cristal que dificulta el acceso de mujeres a estos cargos?

Una de las falencias que se detectó dentro de las empresas de medios analizadas, es la carencia de perspectiva de género y de medidas tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades, así como su traducción en políticas institucionalizadas y sustentables que sean capaces de transformar las estructuras laborales. Esto lleva a invisibilizar y reproducir violencias, especialmente la violencia simbólica que es la que atraviesa silenciosa y latente las prácticas cotidianas dentro de las empresas de medios.

Estas violencias se hacen palpables en prácticas como la selección y promoción de personal. La falta de capacitación de las áreas de Recursos Humanos perpetúa violencias naturalizadas dificultando el ingreso, pero particularmente el ascenso de mujeres a puestos de jerarquía. En este marco, el lobby (realizado entre los mismos que ya ocupan cargos jerárquicos, la mayoría, varones) y la falta de criterios claros de promoción, son algunos de los factores que más pesan al momento de seleccionar personal para puestos de decisión.

Otra de las barreras que conforman este techo de cristal, es la división sexual del trabajo y su reproducción hacia el interior de las empresas de medios y sindicatos. Así, las mujeres ocupan cargos feminizados o se encargan de temas “blandos”, ligados a las tareas de asistencia y cuidado (y a la frivolidad) con las que se las ha asociado. Hablamos de mujeres secretarias personales, productoras, en Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, en las redacciones de áreas como salud, espectáculos y género, en Secretarías de Cultura, de Comunicación y de Género. Este tipo de tareas y temas son considerados de menor jerarquía respecto a aquellos en los que predominan los varones.

Esto dificulta que las mujeres accedan a otros que les permitan adquirir experiencia y ascender, incluso a aquellas que tienen una formación profesional superior a la de sus pares varones. De esta manera, el techo de cristal y la división sexual del trabajo imponen roles, estereotipos y prejuicios de género que son internalizados por las mujeres generando un círculo vicioso que afecta a su confianza, autoestima e iniciativa personal que desmotiva y reduce la posibilidad de hacer carrera dentro de estas empresas.

También es sabido que el trabajo en el hogar y la maternidad son los principales andamios que configuran este techo de cristal. Es esta división sexual del trabajo la que permite que los hombres se perpetúen en los espacios laborales, brindándoles más experiencia, oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional, pero también sobrecargándolos con las presiones laborales y económicas que esto implica.

Esto es posible porque las mujeres son las más importantes y grandes sostenedoras de un sistema y de un mercado laboral de matriz patriarcal que las obliga a relegar en un segundo plano su carrera profesional para dedicarse a otro trabajo no remunerado: el del hogar. Las  mujeres que son madres y en quienes recaen las tareas de cuidado, demandan mayor flexibilidad a través de licencias extendidas, prácticas como el flex time o home office y la reducción de horas que, en algunos casos, implica una reducción salarial e inseguridad laboral. El resultado: pocas mujeres se presentan a concursos en las empresas de medios o forman parte de listas en los sindicatos para acceder a cargos de mayor jerarquía, tienen menos posibilidades que los varones, y se quedan, en el mejor de los casos, en los mandos medios o en puestos desvalorizados, teniendo salarios inferiores a los de los varones.

Inequidad de género y posibilidades de transformación

Los datos obtenidos de esta investigación demuestran la persistencia de desigualdades estructurales de género que se reproducen dentro de las empresas de medios y de los sindicatos. Sin embargo, estos espacios revelaron, en su mayoría, un claro interés por revertir esta situación. Ahora el interrogante es ¿cómo lograr espacios laborales y de activismo gremial más igualitarios? ¿cómo transversalizar la perspectiva de género en empresas de medios, sindicatos e institutos de formación periodística?

Existen problemas estructurales que le compete al Estado contrarrestarlos. Sin embargo, es importante que haya una articulación y compromiso entre diferentes ámbitos. En primer lugar, es necesario que haya políticas públicas efectivas y con perspectiva de género que aborden y contrarresten las desigualdades estructurales de género.

En segundo lugar, se requieren políticas proactivas por parte de las empresas de medios de comunicación que impliquen la incorporación de perspectiva de género que se logren institucionalizar. Es decir, que se creen oficinas de género desde donde se implementen mecanismos para denunciar los casos de violencia de género, que visibilicen la problemática y le den un correspondiente tratamiento.

En tercer lugar, adquiere importancia la capacitación interna en temas de género, lo que involucra no sólo a sindicatos y empresas de medios, sino a las instituciones educativas dedicadas a la formación de profesionales de la comunicación. Estas instituciones tienen el rol de formar profesionales que luego construirán y comunicarán interpretaciones de realidades. Grandes avances se han visto en materia educativa respecto a la incorporación de la temática de género. Sin embargo, en el caso de Córdoba, si bien se está trabajando, queda pendiente la creación de planes de estudio con perspectiva de género y de materias obligatorias que traten la temática de forma puntual.

Por último, los sindicatos cordobeses deben potenciar su rol de voceros de trabajadoras/es de las empresas de medios, focalizándose en las presiones que deben realizar hacia estas empresas, en cuanto a la oferta de capacitaciones y protección de aquellas y aquellos a quienes representa, a fin de garantizar derechos e impulsar medidas superadoras a las ya existentes. Para que esto sea realidad, es necesario que estos espacios rompan también con sus propias estructuras internas machistas

En definitiva, la mayor presencia de mujeres y personas trans en las empresas de medios y en sindicatos, implica que también se implementen  políticas públicas que apunten a alcanzar una equidad de género, la representación y diversificación y democratización de voces , la igualdad de oportunidades, la transformación en las lógicas sexistasimplicadas en la selección de personal y en el mismo mercado laboral, y la (de)construcción de espacios laborales amigables e igualitarios que eliminen la reproducción de violencias de género y la división sexual del trabajo.

Bibliografía y links:

Para ver el video completo del Conversatorio sobre la igualdad de oportunidades en medios de comunicación: https://www.facebook.com/FUNDEPS/videos/1791850930878652/

Autora:

María Cecilia Bustos Moreschi

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Las organizaciones abajo firmantes repudiamos las declaraciones de ciertas instituciones de salud en relación a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El Hospital Privado Universitario de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola se oponen a los artículos de la ley que disponen su responsabilidad de garantizar la práctica y que prohíben la objeción de conciencia institucional. Adhirieron a estos comunicados tres clínicas privadas de la ciudad de San Francisco: el Sanatorio Argentino, la Clínica de Especialidades Enrique Carrá y la Clínica San Justo.

El proyecto de ley establece en su artículo 13 la responsabilidad de los establecimientos de salud de efectivizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin autorización judicial previa, sin requisitos que dificulten el acceso y debiendo garantizar a la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica disponible según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además dispone que la atención debe ser ágil e inmediata, respetando la privacidad durante todo el proceso.

Por otro lado, el artículo 15 regula la objeción de conciencia. Dispone que la única forma para que el/la profesional de la salud pueda eximirse de su obligación de garantizar el acceso a la práctica es a través de la manifestación previa, individual y escrita de su objeción de conciencia. Esta objeción debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe. No rige la objeción en el caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requiera atención médica inmediata. Luego, dispone que cada establecimiento debe llevar un registro de profesionales objetores, y prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

Además, dentro de las modificaciones al Código Penal, se prevé el agregado de un artículo que contempla el delito cometido por las autoridades de los establecimientos salud o profesionales de la salud que dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto cuando está legalmente autorizado. Se reprime esta conducta con prisión de tres meses a un año, y se agrava la pena si como resultado se genera perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.

Los establecimientos de salud se expresaron en contra de la ley en general y de estos artículos en particular, argumentando que quieren “elegir cómo curar y cuidar a los argentinos”, que tienen el deber de defender “los derechos del más débil de la sociedad” y que su trabajo requiere el “respeto a la libertad de conciencia institucional”.

Para empezar, recordamos que los establecimientos de salud, aún los privados, deben respetar y cumplir con reglas y estándares de atención para garantizar el derecho a la salud, en general, de todos sus pacientes, incluida la salud sexual y reproductiva. Esto implica que la actividad médica y el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud son regladas, no libres.

Por otro lado, la pretendida defensa o protección “del más débil” no podría darse en el marco de la negación de una práctica médica autorizada por la ley. Menos cuando el espíritu de la ley es el de remediar el problema de las muertes maternas evitables.

El proceso democrático de sanción de esta ley, aún incompleto, fue hasta ahora ejemplar. Durante dos meses diputados y diputadas escucharon las exposiciones de cientos de expertos y expertas en la materia. Muchas de las personas expositoras pertenecen a la comunidad médica, incluido el actual Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que recomendó la legalización. Igual que él, los ex Ministros de Salud Ginés González García y Daniel Gollán dieron sus argumentos apoyando la ley.  

Por último, remarcamos que la ley aprobada en la Cámara Baja contempla la objeción de conciencia individual. Por lo tanto, profesionales de salud que consideren que la práctica del aborto está en contra de sus creencias religiosas o morales, pueden negarse a hacerla siempre y cuando respeten las disposiciones de la ley. La posibilidad de objetar sólo puede tenerla un individuo con agencia moral, es decir, un individuo que puede realizar actos y darles un significado a los mismos. Una institución, como tal, no tiene agencia moral, y por lo tanto, consideramos acertada la prohibición de la objeción de conciencia institucional que propone la ley.

El hecho de que existan centros de salud que se nieguen a realizar esta práctica de manera absoluta, constituye un obstáculo para el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Con estas declaraciones de ejercicio de una pretendida conciencia basada en estatutos jurídicos, las autoridades de centros de salud, además de limitar el derechos, están ejerciendo una clara presión sobre la libertad de conciencia de su planta de profesionales

Las instituciones de salud deben asumir un compromiso con la salud sexual y reproductiva, en consonancia con el proyecto de ley -en caso de entrar en vigencia-, otras leyes relacionadas y vigentes, y las disposiciones que sobre esta materia contienen los tratados internacionales de derechos humanos en temas de salud.

Quien está a cargo de tutelar los derechos de toda la ciudadanía es el Estado, a través de su potestad legislativa, como en este caso, y de políticas públicas que hagan efectiva su aplicación. Las entidades de salud deben, en consecuencia, acompañar estas decisiones.

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba

Córdoba de Todos

Socorristas Córdoba Hilando

SEAP – Servicio a la Acción Popular

Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro

Alternativa por el Cambio Profesional

La Jauretche

MuMaLa – Mujeres de la Matria Latinoamericana Córdoba

Secretaría de Géneros – FUC

Católicas por el Derecho a Decidir

Federación de Estudiantes Secundarios

Corriente Política y Social La Colectiva

Programa Género y Sexualidades, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem)

Mujeres Evita

Mujeres Socialistas – Córdoba Capital y Provincia

Muchachas Peronistas

Patria Grande Córdoba

Fundación Mujeres en Igualdad

Mil Flores Frente de Mujeres

CTA Autónoma de Cordoba

ISlyMA CTA (Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente)

Isadora – Mujeres en Lucha

Izquierda Socialista + independientes

Consultorio Salud Integral

Fundación ECOS

Centro Socialista de Córdoba

Martín Fresneda – Legislador Provincial

Cecilia Merchán – Diputada Nacional del Parlasur

Casa de las Mujeres de Córdoba

Colectivo Ni Una Menos – Córdoba
La Bisagra – MPE
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) 
Alianza Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres
Mujeres X Mujeres (Tucumán)
Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral
Encuentro de Organizaciones (EO)
Insgenar
Red de Profesoras de Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA 

El debate parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación llegó a su fin durante la mañana del jueves, luego de una maratónica sesión, y arrojó como resultado la esperada media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.  Así fue, que a las 9.51, aparecieron registrados los números en la pantalla y tanto el recinto como las afueras del Congreso estallaron en gritos, aplausos, llanto y abrazos.

Después de 22 horas continuas de debate, con 129 votos positivos, 125 negativos y 1 abstención, lxs diputadxs presentes aprobaron el dictamen de consenso que se generó en el marco del plenario de las cuatro comisiones que se ocuparon del tratamiento del proyecto.

Durante casi dos meses, la Cámara albergó a más de 700 expositores dando un marco de gran amplitud de visiones y calidad institucional que enriqueció y dio herramientas para el debate legislativo. De esta manera, se llegó a un dictamen de consenso entre los 9 proyectos presentados, con un proyecto de ley basado en el presentado por la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

El Diputado Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General y quien presidió las Audiencias Públicas, abrió la Sesión con un contundente discurso sobre las razones por las cuáles el aborto debe ser legal: “Es un día histórico, por primera vez se va a tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto en este recinto. En primer lugar, gracias al movimiento de mujeres, de las mujeres de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que vienen trabajando hace muchos años en un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. (…) Los miles de abortos clandestinos que se hacen por año en Argentina son un problema que tenemos que resolver.  Durante las audiencias, tres ministros de salud de dos gobiernos distintos, coincidieron en que la legalización del aborto mejora la calidad de vida de las mujeres argentinas. Por lo tanto no hay ninguna duda de hacia dónde tiene que estar nuestro voto. De ninguna manera este proyecto es inconstitucional: este proyecto es absolutamente compatible con nuestra carta magna y los tratados internacionales. El dictamen que propone el rechazo propone mantener un problema de salud pública, cientos de miles de abortos clandestinos por año, al menos 43 muertes durante 2016.  Nadie legisla por la muerte, todos legislamos por la vida”.

El debate se dio en las vísperas del inicio del Mundial de Fútbol, con millones de personas depositando su atención en el evento deportivo del año. Sin embargo, esto no impidió que otrxs cientos de miles de personas centren su atención y energías sobre este proyecto.

Con un contexto político de ajuste económico y poco compromiso en materia de derechos humanos y políticas públicas de inclusión, es evidente que el feminismo es una lucha transversal que logró poner y mantener el tema en la agenda política del país.

 

La vigilia

Durante la jornada, las organizaciones de mujeres y activistas de todo el país se organizaron para ver y escuchar juntas el debate, expectantes y emocionadas con su propia semifinal del Mundial. Con tomas en las escuelas, intervenciones artísticas, homenajes a activistas históricas, pañuelazos, presentaciones musicales y mucho color verde, el movimiento feminista se encontró más hermanado que nunca.

En Buenos Aires, la vigilia fue frente al Congreso y asistieron cientos de miles de personas, locales y de todo el país. En Córdoba, el encuentro fue en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, que transmitió el debate mientras afuera se llevaron a cabo distintas intervenciones. Se estima que durante el día y la noche pasaron miles activistas. En Córdoba, los festejos se llevaron luego a la clásica esquina del Patio Olmos.

Cuando terminó la votación, la emoción desbordó: tanta lucha, tanta militancia, histórica, constante e intensificada en los últimos meses tuvo resultados en la aprobación del texto de la ley y la esperada media sanción. La emoción de hoy será la energía necesaria para continuar la lucha que sigue con la discusión del proyecto en el Senado.

 

Colegios tomados: el reclamo por la Educación Sexual Integral

La toma de los colegios da cuenta de otro reclamo que continúa vigente: el de la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y sus lineamientos. Pero lxs estudiantes también se pronunciaron a favor del aborto: en las encuestas que circularon durante los días previos a la media sanción quedó claro que en esta lucha lxs jóvenes son protagonistas, ya que el 80% de las personas consultadas con edades de entre 18 a 35 años se pronunció a favor del mismo.

Y en este sentido hay una primera conquista: el artículo 13 del proyecto de ley establece que el Estado debe asegurar la educación sexual integral, incluyendo la procreación responsable, en todos los niveles educativos y prestando especial atención al respeto por la diversidad e identidad cultural de los pueblos originarios.

 

El proyecto de ley de IVE

El documento aprobado retoma varios puntos del proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de los 9 proyectos presentados por otrxs legisladorxs, pero también incorpora algunas observaciones hechas por lxs diputadxs durante las distintas instancias de debate.

Recordamos que esta es la séptima vez que la Campaña Nacional presenta un proyecto de despenalización y legalización del aborto, desde que se conformó en el 2005. Sin embargo, ninguna de las veces anteriores había atravesado las comisiones y llegado a instancias de debate. Lo que sucedió en los últimos meses es, sin dudas, fruto de una lucha histórica que se vio decididamente profundizada en los últimos años.

El proyecto propone mantener las causales que el Código Penal reconoce actualmente  para la interrupción legal del embarazo (causal violación y causal salud), suma una causal para el caso en que se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto, y además agrega una afirmación explícita de que las mujeres y personas gestantes tienen “derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”.

Para las causales, también incorpora explícitamente cuestiones que había dispuesto la Corte Suprema en el fallo FAL: para la causal violación, la interrupción del embarazo podrá hacerse “con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente”. Para la causal salud, indica que corresponde “si estuviera en riesgo la vida o la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano”.

Además, el proyecto establece disposiciones para asegurar que la interrupción del embarazo se realice de manera consentida, rápida e informada, que no pueden imponerse dilaciones u obstáculos, que debe respetarse la privacidad y la intimidad, la obligación de lxs profesionales de la salud de garantizar la práctica de manera igualitaria en todo el país (con referencia a las mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud) la limitación y la regulación de la objeción de conciencia (prohibiendo explícitamente la institucional), y la remisión al Código Civil y Comercial para el caso de menores de edad.

También dispone la creación de un registro de estadísticas e indica que el sector público de salud y las obras sociales deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda.

El dictamen que había sido firmado el martes para ser tratado en la sesión sufrió mínimas modificaciones luego de su aprobación general en el recinto. En el momento de la votación artículo por artículo se hicieron algunas concesiones a los pedidos de algunxs diputadxs, por ejemplo, la inversión de los títulos y el agregado de cuestiones aclaratorias.  

 

El Código Penal

El primer título del proyecto contiene todas las disposiciones que modifican o agregan cuestiones en el Código Penal. Primero establece penas para terceros que causaren el aborto de la persona gestante más allá de la semana 14 sin el consentimiento de la mujer y sin que medien causales.

Luego incorpora un nuevo delito y dispone una pena para la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

Por último, dispone que la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince del proceso gestacional, sin que mediare alguna de las causales, será reprimida con prisión de tres meses a 1 año.

Sin embargo, no prevé ninguna pena para la tentativa, y le otorga al juez la facultad de disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a realizar la interrupción, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena. Si bien representa un avance que se contemplen las razones de la mujer, exigirá trabajar y estar atentas a lo que los jueces pudieran dictaminar y desde qué lugar y criterio lo hicieran.

 

Qué dijeron los/as diputados/as

La diputada Brenda Austin (UCR-PRO), una de las primeras firmantes del proyecto de la Campaña dijo en su intervención: “Cada dia, ahora mismo, mujeres de todas las edades y clases sociales en cada rincón de nuestro país, abortan: estudiantes, profesiones, desocupadas, empleadas domésticas, diputadas, esposas y parejas de diputados, sus hijas. Esto ocurre, negarlo es tan necio que duele. No discutimos acá nuestras opiniones, lo que estamos discutiendo es en qué condiciones lo hacen: aquellas que tienen recursos lo hacen en clínicas privadas y aquellas que no, en el medio de la desesperación y en condiciones horribles. El Código Penal actual, que fue pensado por hombres en un Congreso donde las mujeres no tenían ni siquiera derecho a votar, dijo que era un delito, pensando que con la amenaza de cárcel las mujeres íbamos a cambiar de opinión. La criminalización fracasó. No evita que las mujeres aborten y agrava el problema. Señores diputados, ¿realmente se han puesto en la piel y en los zapatos de las mujeres que toman esas decisiones? ¿Realmente se sienten ustedes acá sentados en sus bancas con el derecho a juzgarlas y obligarlas a tomar una u otra decisión? Hay dos opciones: una impone la libertad y otra obliga a las mujeres a actuar según las creencias de otro sector, minoritario, pero con mucho poder de lobby en nuestro país. Apretar el botón del NO, no salva las dos vidas, condena a las mujeres a la clandestinidad.”

Victoria Donda (Libres del Sur), otra de las firmantes e impulsoras del proyecto de la Campaña en la Cámara Baja expresó: “Los Derechos Humanos son progresivos, entonces, si esto es tan claro en los Tratados Internacionales que tienen rango constitucional, ¿por que es tan difícil sancionar una ley que le reconozca este derecho a la mujer? Acá no hablamos de aborto si o no. La clandestinidad mata: no están votando por las dos vidas, están penalizando a la mujer por ejercer la libertad”

La Diputada Araceli Ferreyra (PPV), afirmó: “El  aborto es el último delito con carga de género que queda de la época de las carretas. Claro que no hay cifras, si es clandestino. Necesitamos la legalidad para que haya cifras. El feminismo es esa idea radical de que las mujeres también somos personas y tenemos los mismos derechos. La penalización del aborto viola la mitad de los tratados internacionales que garantizan los derechos de la mujer Estamos peleando por los derechos de la mujer para que tenga soberanía en todos los aspectos de su vida, para que la maternidad sea una elección”

Por su parte, la diputada Lucila de Ponti, (PPV), aseveró: “Hoy venimos a cobrarnos una deuda. La de Ana Maria Acevedo, una piba de 19 años de Santa Fe, la de Belén, 3 años presa en Tucumán. La deuda con María Campos que murió hace poco en Santiago del Estero. La deuda con Malena. Con Cecilia, con Dora, con todas las pioneras de la Campaña a las que se le fue la vida para que hoy en este recinto estemos discutiendo este proyecto. La deuda de un Estado que eligió mirar para otro lado. La vida, todas las vidas, se defienden conquistando y ampliando derechos, no negando la realidad. Por eso el que se opone al aborto no está a favor de la vida, está a favor de la clandestinidad. Si llegamos acá, al recinto, es gracias al movimiento de mujeres que logró instalar este tema en la calle, en sus casas, en las escuelas, en las universidades. Las miles de mujeres que hoy están en las calles pidiendo al Estado que deje de estar ausente.

Nosotros no estamos haciendo historia, nosotros estamos de paso, son ellas las que están haciendo historia. El futuro ya llegó, el tiempo es ahora, que sea ley”

 

¿Ahora qué sigue?

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Ley IVE tiene media sanción. El próximo paso es el debate en el Senado. Si bien no se sabe aún una fecha precisa, según trascendidos, sería antes del receso invernal. La ley debe debatirse durante este año,de lo contrario la media sanción cae.

El pronóstico a principio de año, cuando se comenzó a debatir el tema, no era positivo. Se hablaba de una mayoría de Senadores en contra. Sin embargo, el desarrollo de las audiencias informativas junto con la gran movilización social que acompañó todo el debate sin dudas cambiarán las cosas. Los dos bloques mayoritarios del Senado, coincidieron en que el contexto es favorable para la sanción de la ley de despenalización y legalización del aborto. De hecho, circuló por las redes sociales un mensaje afirmando que la totalidad del bloque de Senadoras y Senadores del Frente Para la Victoria – PJ votará a favor, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente a través de los Colectivos de Mujeres.

La sanción de una ley de interrupción voluntaria del embarazo significa un avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, fundamentalmente de los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva y al reconocimiento de su libertad y autonomía. Pero también significa brindar un marco de legalidad no sólo a los cuerpos gestantes para poder decidir con seguridad y con garantías, sino a lxs profesionales de la salud para desenvolverse en sus actividades de manera segura, sin perder de vista su obligación de respetar y garantizar derechos.

Esta conquista del movimiento de mujeres con su marea verde es un hito histórico y no hay vuelta atrás. Es una cuestión de salud pública. Es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de deseo. De cuerpos libres. Con la vergüenza a otra parte: el derecho al aborto, ¡será ley!

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Emilia Pioletti

Fuente de imágenes

Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Córdoba

Las mujeres alzaron su voz en todo el país. En Córdoba, este 4 de junio, más de 60 mil mujeres llenaron las calles en una nueva movilización.

Como desde hace cuatro años, ayer se realizó la movilización más emblemática del movimiento de mujeres en nuestro país.
Este año el grito de Ni Una Menos se dio en el marco del debate sobre la legalización del aborto en Argentina y la consigna principal fue el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue la última movilización masiva antes del debate en la Cámara de Diputados, que tendrá lugar el próximo 13 de junio: el último gran pañuelazo.
Pero además de reclamar que no haya ni una menos por abortos clandestinos, las mujeres reforzaron el reclamo histórico de esta fecha: basta de femicidios y de violencia machista. Este mismo día la Corte Suprema de Justicia hizo público el informe del Registro Público de Femicidios de la Justicia Argentina, que establece que se relevaron 251 víctimas directas de femicidios en todo el país durante el año 2017. En lo que va del 2018, la provincia de Córdoba ya contabiliza 9 víctimas.
Otras tantas luchas estuvieron también presentes, luchas de otras latitudes: se reconoció la conquista reciente de Irlanda por el referéndum que abrió las puertas a la legalización del aborto, se recordó a la Concejala brasileña Marielle Franco, se celebraron las masivas movilizaciones en contra de la justicia española que absolvió a “la manada” y se homenajeó a la defensora ambiental hondureña, Berta Cáceres.
Dentro de los reclamos locales, se exigió mayor presupuesto para las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, mejores condiciones laborales para las trabajadoras de este sector, acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género y educación sexual laica, científica y con perspectiva de género.
Junto al reclamo por el aborto legal, se denunció la dilación de la justicia cordobesa al no expedirse en torno a la judicialización del protocolo provincial para el acceso al aborto no punible, que se encuentra suspendido parcialmente desde hace 6 años, obstaculizando profundamente el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
También se reclamó enfáticamente por los derechos del colectivo de la diversidad sexual, exclamando a viva voz: basta de machismo, misoginia y homolesbobitransodio.
Por último, las mujeres cordobesas, en clara desventaja debido a la brecha salarial, alzaron su voz en contra de los tarifazos y las reformas previsionales y laborales que profundizan esta desigualdad.

El revolucionario movimiento de mujeres volvió a llenar las calles y su grito fue rotundo: ¡Vivas, libres y con todos los derechos nos queremos!

Foto: Asamblea NiUnaMenos Córdoba

Autora

Mayca Balaguer

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

El pasado 9 de mayo se llevó a cabo la 14° Audiencia del Período N°168 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana.

El tema a tratar fue el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Argentina. La audiencia fue impulsada por iniciativa de la sociedad civil, y a pedido de las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Su objetivo fue presentar a la comisión información sobre los problemas que afectan a las mujeres en torno al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestro país.

En representación del Estado argentino hablaron Claudio Avruj (Secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural) y Gabriela Perrotta (Coordinadora técnica de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, del Ministerio de Salud).

La exposición de las referentes de las ONG’s se centró en presentar a la comisión el doble desafío que enfrenta nuestro Estado: el de implementar las causales para el acceso a la interrupción del embarazo ya previstas en nuestro marco jurídico y el de la legalización de la práctica de manera segura y gratuita.

Las expositoras resaltaron el papel central que tiene la Comisión en el abordaje de esta situación, pidiéndole que acompañe y oriente el debate en el Congreso, estableciendo y reforzando lo estándares de Derechos Humanos que rigen en la materia.

Sociedad civil: el cambio legislativo es imperativo

Edurne Cárdenas, del CELS, denunció el “uso espurio” del derecho internacional que hacen algunos de los expositores denominados “provida” al mencionar el artículo 4 de la Convención Americana. Y es que dicho artículo protege la vida “desde la concepción”, pero esta protección es progresiva e incremental, como ya lo había dejado claro la Corte Interamericana en el caso “Artavia Murillo y otros c/ Costa Rica. Por eso, no puede alegarse la protección absoluta del embrión, anulando otros derechos, en especial, los derechos de la mujer. Ya no se puede seguir discutiendo sobre este argumento.

Por su parte, Noelia Garone, de Amnistía Internacional, llevó a la Comisión el problema de las altas tasas de mortalidad materna y los numerosos obstáculos que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a los servicios de salud. Julia Roitman, del grupo de jóvenes de Amnistía, se centró en la situación de niñas y adolescentes, el embarazo adolescente no deseado y la deficiente aplicación de la ley de Educación Sexual Integral.

Por último, Zoe Verón, de ELA, resaltó que la obstaculización del derecho a decidir es un tipo de violencia contra las mujeres: “constituye un acto de violencia institucional”. Cerró su presentación resumiendo el pedido de las organizaciones afirmando que “el sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene hoy la oportunidad de fijar líneas concretas respecto al aborto legal”.

La respuesta de la delegación argentina

Llegado el turno de la delegación oficial, tomó la palabra el Secretario Claudio Avruj. En el momento de exponer acerca de las políticas que se están implementando en Argentina en materia de salud sexual y reproductiva, Avruj se centró en el debate parlamentario. Celebró la decisión presidencial de abrir las discusiones y el proceso informativo que se está dando en la Cámara de Diputados, en donde alrededor de 700 expertos están exponiendo sus posiciones, a favor y en contra, ilustrando al cuerpo legislativo desde distintas disciplinas. Resaltó que se trata de un tema delicado y difícil, y que hasta ahora la mayoría de las exposiciones resultan bien fundadas, respetables y valiosas.

Gabriela Perrotta, del Ministerio de Salud, hizo un repaso por las políticas públicas vigentes en materia de salud sexual y reproductiva. Destacó el uso de las guías desarrolladas por el Ministerio: la Guia para la atención integral para las mujeres que cursan un aborto, el Protocolo para la atención integral de víctimas de violencia sexual y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Señaló que la mayoría de las provincias que no cuentan con un protocolo utilizan el protocolo nacional, y que todas estas guías son el eje central de las capacitaciones que ofrece el organismo en todas las provincias. Además, afirmó que hay disponibilidad de anticonceptivos en todo el país, distribuidos de manera gratuita y mencionó los frustrados intentos del Ministerio de incorporar el misoprostol a la canasta de insumos básicos.

Integrantes de la Comisión remarcan la obligación del Estado de cumplir con los estándares internacionales

La primera comisionada en tomar la palabra fue la panameña Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez. Fue categórica respecto a los embarazos no deseados de niñas y adolescentes: “el embarazo no es precoz. Cuando decimos precoz le cargamos a la niña la precocidad. No es un embarazo no intencional. Es un embarazo forzado.”

Por su parte Luis Ernesto Vargas Silva, el Relator para la Argentina, no se mostró muy optimista. “No tengo mucha esperanza con la discusión legislativa. Confío más en órganos como la Corte, que tiene que tomar decisiones muchas veces contra lo que piensa la mayoría y contra lo que deciden los parlamentos. Pienso en la posibilidad de que la Corte vuelva a ocuparse del tema. Que el Estado cumpla cabalmente las responsabilidades que ya marcó la Corte en el fallo FAL”, sentenció.

Luego le llegó el turno a Flavia Piovesan, Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Piovesan interrogó a la delegación argentina y preguntó cómo hace el Estado para garantizar la igualdad en todo el territorio y cuál es la efectividad del protocolo nacional para exhortar la nacionalización de los estándares. También inquirió sobre la objeción de conciencia, ya que “hay una obligación del Estado de garantizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, y ahí tenemos estándares, sobre todo del Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y del Comité de DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU) que establecen que en nombre de la libertad religiosa no se pueden obstaculizar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva”. Por último, destacó la importancia de impulsar la discusión legislativa por la despenalización del aborto..

La comisionada Antonia Urrejola Noguera abordó el trabajo y el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir”, y reivindicó que no hay contraposición entre la vida y el aborto, porque se trata de mejorar la vida de las mujeres.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión insistió en discutir avances, y no retrocesos. En este sentido, señaló que la Comisión ya ha fijado estándares muy claros, y ha recalcado en cada comunicado dirigido a los Estados de la región “que todos los poderes tienen la obligación de revisar detalladamente sus legislaciones, sus prácticas y sus políticas públicas para que se elimine todo tipo de discriminación y obstáculo para el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y que esas medidas deben tener en cuenta la situación específica de desprotección de niñas y adolescentes y mujeres en situación de exclusión.”

Sobre la objeción de conciencia, destacó que “es interesante la discusión alrededor del tema. Argentina tiene que avanzar en ese sentido, progresivamente. Debemos preguntar si el tema de la objeción institucional de conciencia por parte de profesionales puede estar por encima de los derechos de las mujeres. No podemos oponer derechos en ese sentido. No se puede arbitrariamente a partir del juicio íntimo de un funcionario público dejar de atender los derechos que las personas tienen en sus estados. El ejercicio de los derechos no puede estar sometido a la conveniencia o a disposición de un juicio personal. Es un debate que vale la pena emprender y desarrollar con profundidad, porque eso significa dar un paso adelante para el reconocimiento de derechos que están más o menos consolidados en el orden jurídico del país a partir del fallo FAL pero que necesariamente deben expandirse.”

Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, fue contundente al dirigirse al Estado argentino. “No sé si han aclarado a los miembros del Congreso, que como oficiales del Estado, ellos deben cumplir los estándares de todos los instrumentos internacionales que el Estado ha ratificado, y al hacerlo ellos pueden usar su conciencia y todo eso para pensarlo, pero al final del día su decisión en relación a la legislación y el contenido de la ley debe incorporar esos estándares que el Estado ha ratificado y está obligado a seguir, porque es un contrato en el cual ha entrado el Estado”, señaló. “Los estándares son claros, las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir cómo utilizar sus cuerpos, y el Estado tiene que asegurar esos derechos de la mujer.”

Su cierre fue rotundo: “Por favor le pido al Estado que le recuerde a los miembros del Congreso antes de que entren al debate de esta ley que recuerden que están obligados legalmente a cumplir con los estándares de los instrumentos internacionales, y si tienen que deletrearlo HAGANLO.”

Luego de varias semanas de audiencias en el Congreso, que ya dieron lugar a más de 300 expositores y faltan aún otros tantos, es necesario saldar algunas cuestiones para poder avanzar en el debate: la prohibición del aborto no aparece en ninguna de las convenciones internacionales de derechos humanos ni de los órganos que las interpretan. Incluso hay numerosas observaciones y recomendaciones en donde los órganos que deben monitorear la vigencia de los tratados han establecido que los Estados deben despenalizar el aborto y asegurar el acceso. Ya lo dijo el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en su exposición, para luego pedir a sus colegas que “no hagan posverdad convencional”. También lo sostuvimos en nuestro posicionamiento institucional y hoy la Comisión Interamericana vuelve a reforzarlo.

Es muy valiosa la iniciativa que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil al llevar el tema ante la Comisión. También lo fueron las distintas intervenciones de cada uno de los comisionados. Ahora queda esperar que continúen las audiencias en el Congreso hasta el 31 de mayo, el dictamen y la votación en el recinto, que será el 13 de junio.

La delegación argentina aseguró que el Ministerio de Salud participará próximamente de las exposiciones y dijo que “lo que la Presidenta de la Comisión marcaba tan específicamente, es eso lo que estamos comprometidos a transmitir”.

Contacto

Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org 

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad presentamos un informe sobre el funcionamiento de las políticas públicas sobre género y comunicación, a partir de la asunción del actual gobierno nacional.

A principios de 2016, desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad se realizó un informe llamado: “Violencia hacia las mujeres y políticas públicas de comunicación” que da cuenta del estado de las políticas públicas sobre comunicación y género en Argentina y de los órganos estatales que, hasta fines de 2015, estaban encargados de implementarlas. Ese informe se fundó en una extensa investigación que recopiló datos mediante pedidos formales, formulados en el ejercicio del derecho al acceso a la información; denuncias ante los órganos correspondientes en casos de violencia mediática y simbólica y entrevistas a integrantes de esos órganos y de organizaciones de la sociedad civil.

En 2018, realizamos un informe sobre la aplicación de tales políticas a partir de la asunción del actual gobierno nacional. En el mismo se analizan los principales cambios evidenciados en los últimos dos años, con base en la información obtenida a través de nuevos pedidos de información formulados ante los organismos correspondientes durante el año 2017 y mediante la realización de entrevistas y búsqueda de información a través de los canales oficiales de cada dependencia.

Los órganos estudiados son: ENACOM, Defensoría del Público, INAM, INADI, Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual.

Las medidas y políticas públicas implementadas por dichos organismos tuvieron modificaciones. Si bien algunas que pueden ser consideradas avances, muchas otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias, principalmente de los sectores vulnerables; tanto desde una perspectiva de género como del derecho a la comunicación como derecho humano.

El análisis realizado pretende dar cuenta de las transformaciones del campo de la comunicación, específicamente en lo que refiere a temas de género, durante los últimos dos años y a partir del cambio de gestión gubernamental en diciembre del 2015. En sintonía con los cambios que sucedieron a las políticas públicas de comunicación a partir de ese entonces, las áreas específicas vinculadas a género también atravesaron transformaciones que, si bien aún no están por completo definidas, implican para varios de los organismos un freno a los programas que se llevaban adelante y, a dos años de iniciada la nueva gestión, no está claro aún cuál será el rumbo que tendrán a futuro las políticas públicas de comunicación y género que se desarrollaron en Argentina a partir del 2010.

Principales conclusiones

  • Si bien los decretos y resoluciones que han afectado a la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no operan directamente sobre las políticas de género, el accionar de varios de los organismos del Estado dedicados a la implementación de estas políticas ha sufrido modificaciones. Algunas de las mismas representan avances, pero otras otras debilitan los logros alcanzados en la protección de las audiencias.
  • La acefalía de la Defensoría del Público -uno de los organismos relevantes en la aplicación de políticas de comunicación y género, y con reconocimiento internacional- es uno de los aspectos negativos del paradigma que llamamos “de transición” en las políticas actuales de comunicación y género de Argentina. A pesar de esta acefalía, el organismo sigue operando exitosamente dentro de los márgenes permitidos.
  • También evaluamos negativamente la falta de acceso a la información por parte del ENACOM, lo que da cuenta de los obstáculos existentes a los fines del monitoreo del accionar de los órganos estatales por parte de la ciudadanía. Sin embargo, valoramos el accionar del mismo -evaluado a través de mecanismos indirectos- que se revela en un aumento de las resoluciones y en la consideración de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI como causales autónomas de violación de derechos.
  • Pareciera haber una transformación en las funciones de la Oficina de Monitoreo de Avisos de Oferta Sexual que estaría dejando de ejercer su capacidad sancionatoria y focalizando su accionar sólo en medios digitales y en la asistencia al Poder Judicial.
  • Fue disuelto informalmente el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión, un organismo tripartito con un destacado accionar durante los últimos 10 años; tampoco es posible acceder al acervo pedagógico generado por el mismo.
  • Fue creado el Observatorio de Violencia Simbólica y Mediática, en el ámbito del INAM, con competencia en todo tipo de soportes.
  • El INAM amplió su accionar en las políticas de comunicación a través del Plan Nacional de Acción contra las Violencias con políticas que aún no han sido rendidas en forma mensurable.
  • Los proyectos de leyes de comunicaciones convergentes de diferentes sectores políticos han incluido casi nulas consideraciones de género, aunque han tenido una relativa receptividad hacia las propuestas que se les han hecho llegar desde la sociedad civil.

Más información

Contacto

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Sandra Chaher – sandrachaher@comunicarigualdad.com.ar

Apoyamos y acompañamos el proceso que promueve la legalización del aborto. En esta nota presentamos nuestro documento de posicionamiento institucional y fundamento de las razones por las que entendemos que garantizar el acceso legal seguro y gratuito a la interrupción del embarazo, es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos.

Presentamos el documento institucional que fundamenta el posicionamiento de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables con relación a la necesidad de que el Estado legalice la interrupción del embarazo, y garantice su acceso seguro y gratuito, en el marco de la promoción y efectivo cumplimiento de políticas de salud sexual y reproductiva, garantizando la educación sexual integral, acceso a métodos de anticoncepción y a la interrupción del embarazo, como plena realización de los derechos involucrados.

El objeto de nuestra organización es el de aportar a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, buscando garantizar la vigencia de los derechos humanos (art. 2 de nuestro estatuto). Uno de nuestros principales ejes de trabajo es la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Entendemos que la interrupción legal del embarazo, como parte de los derechos sexuales y reproductivos, es una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de género. Asuntos que son de gran relevancia en nuestra misión y objetivo como organización.

Consideramos que necesario que en nuestro país se generen las condiciones de legalidad para que las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a prácticas médicas que garanticen la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita en el respeto de su voluntad en el sistema de salud.

Insistimos, además, en que el Estado garantice la implementación de la ley de Educación Sexual Integral y de políticas públicas dirigidas al acceso a la anticoncepción (como el Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable), como pilares fundamentales para la realización del derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas.

Una cuestión de salud

  • Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en Argentina.
  • Las muertes y complicaciones de salud vinculados a abortos afectan desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.

Una cuestión de derechos humanos e igualdad

  • A pesar de que la Corte Suprema decidió un caso estableciendo criterios para el acceso a aborto en ciertas circunstancias, la práctica es muy restrictiva y de nuevo afectando desproporcionadamente a mujeres en condiciones económicas más vulnerables.
  • En los últimos años, diversos comités de derechos humanos han realizado recomendaciones concretas a Argentina para que modifique su regulación del aborto.
  • En los países en que se ha legalizado el acceso a la interrupción del embarazo no hubo un incremento en el número de abortos. Al mismo tiempo, hubo drásticas reducciones en índices de mortalidad materna.
  • La interrupción del embarazo debe ser el último recurso en un plan integral de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos.

Más información: 

Posicionamiento institucional sobre la legalización del aborto bit.ly/posicionamientoinstitucional

Contacto:

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

El 23 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, fruto de la armonización de varios proyectos presentados en el Senado durante el 2016. El primero de ellos fue el presentado el 26 de febrero de ese año por la diputada peronista jujeña Liliana Fellner.

Si bien el proyecto final había sido aprobado en el Senado en octubre de 2016, no llegó a la Cámara de Diputados sino hasta poco antes de finalizar el período de sesiones de 2017.

En la extensa sesión del 22 de noviembre, la diputada Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur) solicitó que el proyecto fuera tratado “sobre tablas”. Así, en horas de la madrugada, con 165 votos a favor, 4 votos en contra, 2 abstenciones y 82 diputados ausentes, el proyecto se convirtió en ley.

Con el objetivo de garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos, la ley establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas «ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente».

De esta manera, la ley lleva la representación femenina en las listas electorales al 50 por ciento, garantizando el principio de participación equivalente de género. Esta decisión va en sintonía con la legislación local de algunas provincias, como Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y, más recientemente, Buenos Aires, que hace ya varios años que cuentan con leyes de participación equivalente de géneros.

La Ley de Cupo: el antecedente fundamental

Si bien contábamos con una ley de cupo desde 1991, año en que Argentina se convirtió en el primer país del mundo en garantizar la participación de las mujeres en los puestos electorales, dicha ley ya quedaba obsoleta.  La ley 24.012, que hace dos décadas fue considerada de avanzada, establecía un cupo mínimo del 30% que debía ser ocupado por mujeres. Sin embargo, en la práctica, la ley terminó mostrando sus limitaciones al convertir ese porcentaje en un techo, antes que en un cupo mínimo, haciendo que muchas veces las mujeres quedaran relegadas al tercer, sexto o noveno lugar en las listas.

Lamentablemente, como hemos dicho en otra oportunidad, en el vaivén de la interpretación de nuestra Constitución Nacional, y en particular el Art. 37, se siguen pasando por alto las disposiciones de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que goza de jerarquía constitucional y debe ser obligatoriamente tomada como norma vigente y complementaria de nuestra Carta Magna.

La CEDAW, en su Art. 4 Inc. 1, dispone: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

Las leyes de cupo femenino no son otra cosa que estas “medidas especiales de carácter temporal” establecidas en este cuerpo normativo, que deberán cesar cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

Ya en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se había planteado como meta regional cambiar la idea de porcentaje mínimo por la de paridad de género. En el Consenso de Quito surgido de la X Conferencia Regional de la Mujer los Estados reconocieron que la paridad es “uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

Las cuotas son medidas correctoras y, por lo tanto, temporarias; en cambio la paridad es un principio permanente que representa de mejor manera la igualdad en el ejercicio del poder. La paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres y transformar la idea misma de democracia.

No obstante, es necesario reconocer que las leyes de cupo o mecanismos de cuotas han logrado conquistas en el camino hacia la igualdad, favoreciendo nuevos temas en la agenda pública, especialmente en materia de igualdad de género y defensa de derechos.

Desde entonces nuestro Congreso ha sancionado numerosas leyes que promueven los derechos de las mujeres contra la discriminación y la desigualdad que sufren por motivos de género, como la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009), la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (que promueve el tratamiento igualitario y no estereotipado en los medios, evitando la discriminación por razón de género u orientación sexual, también del 2009), la Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida (2013) y la Ley 26.873 de Lactancia Materna – Promoción y Concientización Pública (2013), por mencionar algunas.

Fruto de la larga lucha de los distintos movimientos feministas y del trabajo de legisladoras de diferentes colores partidarios, la paridad representa un enorme avance en materia legislativa. Este avance, sin embargo, debe ir acompañado por políticas públicas con perspectiva de género que garanticen y profundicen la realización de estos derechos y que abonen a una real transformación de las relaciones patriarcales de poder.

La Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política es definitivamente una medida positiva que permitirá el efectivo goce de los derechos humanos de las mujeres y la real apertura del espacio legislativo a la agenda de los movimientos feministas como temáticas ineludibles para el fortalecimiento de la democracia.

Autoras

Rocío Aguirre

Mayca Balaguer

Más información

Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org

Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org