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Denuncias por prácticas escolares contrarias a la ESI

A raíz de diversas situaciones ocurridas en colegios públicos y privados de Córdoba contrarias a las normas y estándares de derecho que rigen en materia de educación, presentamos denuncias ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y ante el Ministerio de Educación solicitando su intervención.

En el marco del 25 de marzo, “Día del Niño por Nacer”, varios colegios públicos y privados de Córdoba realizaron actividades y jornadas de celebración, incurriendo en una flagrante violación de los derechos de los/as niños, niñas y adolescentes. 

Entre ellos, el Instituto Privado “Virgen Niña” de la ciudad de Justiniano Posse, realizó y luego difundió un video por Whatsapp, en el que se puede observar a niños y niñas del Nivel Primario cantando una canción. En el video se pueden ver también imágenes con dibujos y actividades que se realizaron en el colegio en dicha jornada. 

No se puede contrariar la legislación vigente

Dicha canción contraría los contenidos que propone la ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, sancionada en el año 2006, que establece el derecho de todos los educandos a recibir educación sexual integral en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos (art. 1). Esta ley, y sus leyes complementarias, como la Ley N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.234 Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, están plenamente vigentes en todas las instituciones educativas de todos los niveles que integran el sistema educativo de la provincia de Córdoba. En la Ley Provincial de Educación (9870), se refuerza la adhesión a la normativa nacional, tanto en contenidos y saberes como en valores. A nivel provincial, además, el Ministerio de Educación se pronunció el año pasado a través del Memorándum N° 8/2018, recordando que la ley de ESI se encuentra en plena vigencia. Lo mismo dijo en la Resolución N° 433, el 29 de abril de este año, a través del cual ratificó la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento de las pautas establecidas en el Memorándum mencionado.

Además de la regulación local, este derecho tiene sustento en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Lo que propone la canción del video de la Institución se aleja considerablemente del piso común obligatorio que establecen los parámetros de los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, y de toda noción biológica de la reproducción humana, otorgándole subjetividad al embrión o feto y presentando un conflicto en la situación de embarazo entre la madre y “el niño”, lo que resulta extremadamente preocupante y estigmatizante. 

Se debe respetar el ideario institucional, pero sin violar derechos

La ley de Educación Sexual Integral dispone que los contenidos de enseñanza deben ser armónicos con los “idearios” de cada comunidad educativa. Por lo tanto, las escuelas religiosas pueden definir sus programas y adaptar “los lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a (…) las convicciones de sus miembros” (artículo 5º). Esto significa que las escuelas religiosas tienen el derecho de compartir con sus alumnos cuál es la opinión del dogma o credo que rige a la institución. Pero de ningún modo se puede dejar al alumnado sin la información mínima que establece el currículum oficial de la ley, ni mucho menos brindar información errónea, falsa y tendenciosa.  

Es urgente hablar de ESI

Mejorar la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país es imprescindible, teniendo en cuenta las altas tasas de embarazo adolescentes y de abuso sexual infantil. Anualmente, cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres, situación que requiere una mirada especial, no sólo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual.

Una práctica sistemática

No se pueden dejar de mencionar otras situaciones ocurridas en colegios de la provincia, como los tres establecimientos educativos secundarios de La Carlota (Instituto Mercenario, IPET N° 100 y EPET N° 255) que se movilizaron para realizar una serie de actos encuadrados en lo que denominan “Semana por la vida”, que incluyeron recorrer la ciudad con volantes y afiches “en defensa del niño por nacer. 

Algo similar ocurrió en Jesús María en la escuela primaria del Colegio del Huerto, en donde docentes y autoridades solicitaron a los y las estudiantes que concurrieran al colegio con el pañuelo celeste para la jornada del 25 de marzo. 

A estas se le suman situaciones de público conocimiento en donde alumnos y alumnas recibieron  amonestaciones u otro tipo de sanciones por llevar el pañuelo verde al colegio o por expresar su postura a favor con respecto a la legalización, o las de aquellos/as docentes que sufren hostigamientos, amenazas o desplazamientos por la utilización del lenguaje inclusivo. 

Por todos estos motivos, con la adhesión de más 30 organizaciones, solicitamos al Ministerio de Educación y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que arbitre los medios necesarios para disuadir este tipo de prácticas y que habilite mecanismos para la capacitación a autoridades, docentes y no docentes de todas las instituciones educativas en materia de Educación Sexual Integral, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la ley. 

Adhieren a la denuncia

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba, Asociación Pensamiento Penal (APP) – Capítulo Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Córdoba de Todxs, Activando Derechos Córdoba, SeAP – Servicio a la Acción Popular, Red PAR (Red de periodistas por una comunicación no sexista), Asociación Civil Somos Diversidad Club Social, Cultural y Deportivo, FES (Federación de Estudiantes, Secundarios), Equipo de Investigación «La educación sexual integral en la trama institucional y política de Córdoba», Área de educación, CIFFyH/UNC, Equipo de Educación Sexual Integral – Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC), Programa de Feminismos, Sexualidades y Derechos de la FCS, Fundación ECoS (Espacio Córdoba Salud), Consultorio de Salud Integral, Flor de Luna, Jardín maternal DEODORO, Socorro Rosa Córdoba, Las Juanas Socorristas, Ni Una Menos Córdoba, MuMaLa Córdoba, Mala Junta – Vamos, La Mella – Feminista y popular, Mala Junta – Nueva Mayoría, La Jauretche, Las Alicias, Mujeres Socialistas, Juventud Socialista Córdoba, Partido del Trabajo y del Pueblo. CEPA. JCR, SOMOS. MAREA. BARRIOS DE PIE, Escuela de formación feminista Viviana Avendaño Del Frente Popular Darío Santillán, María Saleme, Martín Fresneda – Legislador Provincial.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

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¡Empoderémonos! Hagamos posible la lactancia materna

En todo el mundo, del 1 al 7 de agosto se realizan actividades de difusión, promoción y apoyo a la lactancia materna. ¿Cuál es el rol y compromiso de los actores implicados?

En el mes de agosto del año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, varios Estados y organizaciones de la sociedad civil firmaron la Declaración de Innocenti con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna.  

El lema de este año es: “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!” y fue lanzado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA). Con esta consigna se intenta interpelar a los Estados, sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar soluciones que conduzcan a la igualdad de género y a mejorar las tasas de lactancia materna.

La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de la existencia de licencias por maternidad remuneradas de un mínimo de dieciocho semanas y de licencias por paternidad pagas en pos de lograr igualdad en el cuidado de hijas e hijos. Asimismo expresa que deben fomentarse políticas de lactancia en los entornos laborales (descansos para amamantar, espacios seguros, privados e higiénicos y servicios de guardería).

En la misma línea sostenemos que el fomento y el apoyo a la lactancia materna no pueden ser realizables sin pensar en políticas públicas frente a la crisis del cuidado. La división sexual del trabajo sigue siendo rígida y afecta principalmente a las mujeres. Frente a ello son necesarias acciones que entiendan al cuidado como responsabilidades públicas.

Así, la educación pública, los servicios de cuidados infantiles, adultos mayores y de cualquier persona que requiera cuidados especiales de otra y las licencias por maternidad y paternidad igualitarias, deben ser parte de las agendas públicas. Asimismo, el sector privado no queda fuera de estas acciones. Las empresas privadas son responsables de cumplir con las normativas laborales y convenios colectivos de trabajo que fomenten y aseguren  políticas de cuidado y lactancia igualitarias, inclusivas y sin estereotipos de género (asegurar la presencia de lactarios en los lugares de trabajo o respetar las licencias).

El cuerpo de las mujeres, históricamente, ha sido un campo de regulaciones. Aquí juegan discursos disputando el saber hegemónico. Entendemos que es responsabilidad de los Estados promover políticas públicas que permitan escenarios sociales donde las mujeres y personas que cuidan de niñas y niños, decidan libremente sobre la lactancia, con información útil y clara, sin estereotipos y mandatos culturales patriarcales.

Autora

Ivana Sanchez

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Nuevo convenio internacional sobre violencia y acoso en el trabajo

La OIT es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reúne a gobiernos, empleadores/as y trabajadores/as de 187 Estados miembros, para establecer normas internacionales del trabajo. En el marco de su 108° reunión en la ciudad de Ginebra en el mes de junio de este año, se aprobó un convenio (con 439 votos a favor, 7 en contra, 30 abstenciones) y su respectiva recomendación (con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que materializan proposiciones relativas al tema.

La temática toma especial relevancia en nuestro país ya que, según informa esta entidad: “Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra han señalado las tasas más elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo,(…), basado en el estudio mundial más vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo”.

La particularidad de este Convenio es que, en su contenido, presenta un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género que se plasma en normas que implican un avance socio-cultural trascendental en pos de la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables (art.6), desproporcionadamente afectados al impedir su acceso al mercado, la permanencia o el progreso profesional.

Este Convenio tendría proyección en el ámbito laboral formal e informal, público y privado, con independencia de su situación contractual. A través de sus normas define y distingue “violencia y acoso” (art. 1 a) de “violencia y acoso por razón de género” (art. 1 b), dejando abierta la posibilidad a los países ratificantes de contemplarlos en sus legislaciones nacionales como conceptos únicos o separados; y entiende que pueden constituir «una violación o abuso de los derechos humanos, una amenaza a la igualdad de oportunidades y contrarios al trabajo decente”. 

El texto prevé que los países miembros deben establecer mecanismos de registro, control y seguimiento de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, la seguridad y salud en dicho ámbito deben considerarlos como riesgos psicosociales en su gestión. También establece las obligaciones de adopción y aplicación de políticas del lugar de trabajo relativas a la violencia y el acoso, información y capacitación sobre el tema, e incluso contempla sanciones a victimarios e indemnizaciones para las víctimas por los daños y/o enfermedades psicosociales, físicos o de cualquier otro tipo que sean consecuencias de tales actos. De manera novedosa y positiva, a través de está propuesta normativa se contempla la violencia doméstica dentro del ámbito laboral y determina una obligación de mitigar su impacto e incluso de evaluarlo como un riesgo en el lugar de trabajo.

Sin embargo, pese al progreso que representa, el texto estandariza las formas de violencia y acoso, y los grupos afectados. Principalmente al establecer y dejar sin definir el concepto de “grupos vulnerables”; sin contemplar la diversidad de las víctimas, de violencia y acoso, dificultando una verdadera solución al conflicto.

El Convenio está abierto y a la espera de ratificaciones por parte de los países miembros y será un instrumento internacional jurídicamente vinculante una vez ratificado por nuestro país, con jerarquía supralegal o constitucional, luego de la aprobación del Poder Legislativo Nacional. 

Es una oportunidad para asumir un compromiso genuino con la igualdad de derechos, a partir de acciones positivas que permitan una regulación y reforma de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, una vez que sea efectivamente traducido en políticas públicas concretas y no meros compromisos vacíos (purplewashing).

Un futuro del trabajo mejor para las mujeres y los grupos vulnerables sólo puede alcanzarse poniendo fin a la discriminación y superando los estereotipos arraigados en relación con las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado laboral. Este futuro será posible no sólo con la protección de las mujeres y los grupos vulnerables frente a la violencia, sino con acciones que simultáneamente se dirijan a lograr la igualdad en el trabajo, el acceso a prestaciones sociales y servicios de cuidado igualitarios, y la participación y representación de las mujeres en las estructuras internas como sindicatos y organizaciones gremiales. 

Autora

Luz Baretta

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Presentamos el informe sobre género y publicidad en Rosario

El pasado jueves 27 de junio, presentamos nuestro informe sobre género y publicidad en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario, invitadas por integrantes del cuerpo directivo y docente de la carrera de publicidad.

Tras años de investigación en temas de comunicación y género junto a Comunicación para la Igualdad, hemos arribado a resultados que ponen en evidencia el terreno desigual al que se enfrentan las mujeres y las disidencias en el ámbito publicitario. Por este motivo, entendemos la importancia de difundir esta información a fin de generar un impacto positivo en términos de igualdad de género dentro de la industria publicitaria.

Fue así como el pasado jueves 27 de junio, la Universidad Abierta Interamericana de Rosario (UAI) nos abrió sus puertas para la presentación del informe “Sector publicitario y género”. La invitación vino de la mano de la Directora de la Carrera de Publicidad, María Virginia Beduino y una de sus más comprometidas docentes en la temática, Mariángeles Camusso quién, además, coordina el Observatorio Publicitario sobre Sexismo de la Universidad.

A lo largo de las más de dos horas que duró la presentación, se expusieron conclusiones que habilitaron el debate e intervención de las y los participantes. Junto a la institución, la propuesta fue generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el futuro ámbito de inserción laboral del estudiantado, debatir en torno a las trayectorias actuales de los espacios educativos, así como también conocer las experiencias de quienes ya se encuentran trabajando.

Durante el diálogo se compartieron diferentes puntos de vista y vivencias de quienes conforman la industria publicitaria y sus sectores vinculados: estudiantes, trabajadoras y trabajadores, docentes, representantes de agencias de publicidad y del ámbito académico.

En la presentación, se hizo énfasis en la necesidad de conocer y de abordar el machismo y la desigualdad de géneros dentro de la industria publicitaria, puesto que escasean investigaciones sobre esta temática, en especial, con la mirada puesta hacia el interior del país.

En estos espacios, donde prima la invisibilización y, por ende, la reproducción de violencias y estereotipos de géneros, se conoció el sexismo y las brechas de género en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos y  áreas masculinizadas.

Identificamos que las mujeres son mayoría (58%) entre quienes se egresan de las carreras de publicidad. Luego, al ingresar a las agencias de publicidad, notamos que entre las personas que allí trabajan existe una relativa paridad: 49,5% de presencia femenina y un 50,5% de varones.

Sin embargo, la desigualdad se percibe en la segregación vertical y horizontal, puesto que los varones ocupan la mayoría de los puestos de jerarquía y las áreas mejor remuneradas y simbólicamente más relevantes. Los hombres constituyen el 83,5% de los cargos de propiedad y gerenciales en las agencias de publicidad, el 68% de las cámaras empresariales y el 92% de quienes dirigen las áreas creativas. Incluso en áreas como la de Cuentas donde la presencia femenina es del 67%, en la mayoría de los casos es dirigida por varones (72,5%).

El área con mayor presencia femenina tanto entre sus trabajadoras como en sus direcciones es la de Administración o Finanzas, más ordenada en cuanto a horarios aunque menos valorada en cuanto a salarios y a posibilidades de promoción.

En el ámbito educativo, no hay materias obligatorias sobre género y en las agencias sólo el 15% ha realizado capacitaciones en la temática.

Frente a estas conclusiones, remarcamos la importancia de generar espacios de debate en instituciones educativas vinculadas a la formación de profesionales de la publicidad, ya que permiten plantear inquietudes, desnaturalizar la desigualdad y pensar acciones para la transformación de estos espacios. La apertura institucional de la UAI y el compromiso de sus docentes en el abordaje de las desigualdades y violencias de género existentes en la industria publicitaria es un notable avance hacia su prevención y erradicación desde el punto cero. Invitamos a que todos los actores implicados en la industria publicitaria avancen camino a la erradicación de las violencias de género hacia su interior.

Autoras

Mila Francovich

Cecilia Bustos Moreschi

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

 

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Convocatoria a becas para publicistas de provincias

Desde Fundeps y Comunicación para la Igualdad abrimos convocatoria para otorgar becas a publicistas de provincias del interior del país, a fin de promover su asistencia al Foro Nacional: Políticas de Género en Periodismo y Publicidad. El mismo se realizará el 12 y 13 de septiembre del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.

La beca tiene un cupo limitado y consistirá en alojamiento y transporte al Seminario. 

Las personas que podrán aplicar son aquellas que se dediquen a la publicidad y/o a la comunicación institucional con perspectiva feminista, o con interés en temas de género, de diferentes provincias y ciudades del país que no sean Córdoba, Rosario, CABA y Mendoza. En la selección se priorizará a mujeres y trans publicistas o profesionales del área.

Fecha límite y requisitos:

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org hasta el 22 de julio inclusive con:

  • Curriculum vitae
  • Un breve relato explicando por qué creen que les sería útil participar del encuentro, y cómo podrían replicar los insumos y experiencias allí generados en sus ámbitos de trabajo. 

Los resultados se comunicarán la primera semana de agosto. 

Consultas:

cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Participamos de la consulta de ONU Mujeres por Beijing + 25

En miras al 25° aniversario de la Plataforma de Beijing, ONU Mujeres impulsa a nivel internacional que los Estados revisen los avances y desafíos en torno a los derechos humanos de las mujeres. Para esto, se convocó a una reunión con organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con el Instituto Nacional de Mujeres (INAM).

La Declaración y Plataforma de Beijing es un programa elaborado en 1995 con gran participación de la sociedad civil, para dar herramientas a los Estados, el sector privado y al tercer sector, para promover la igualdad de género. Cada cinco años, se realiza un proceso de revisión, a nivel general y a nivel de los Estados, para finalmente hacer recomendaciones que permitan continuar avanzando en el cumplimiento de las medidas establecidas en dicha plataforma.

Los exámenes nacionales contribuyen al examen y la evaluación mundiales que ONU Mujeres preparará y presentará durante el 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CWS 64), y que tendrá lugar en marzo de 2020 en Nueva York. Los reportes están compuestos no sólo por la información provista por el Estado, sino también por los aportes de sociedad civil. En este contexto, el INAM, organismo encargado de coordinar las políticas de género en Argentina, convocó de manera abierta a organizaciones sociales, al movimiento de mujeres y a sindicatos.

Teniendo en cuenta que la Plataforma de Beijing ha sido un documento clave para la política internacional, se ha revisado a la luz de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030. En este sentido, se identificaron cuatro ejes en los que confluyen Beijing + 25 y la Agenda 2030:

  • Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
  • Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales
  • Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos
  • Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género

Respecto al desarrollo inclusivo, el desafío que encontramos tiene que ver con las dificultades que enfrentan mujeres y diversidades en su acceso al trabajo y, dentro de él, están los límites a sus posibilidades de ascenso. Esto se vincula con la falta de políticas de igualdad de oportunidades a nivel de políticas públicas y al interior de estas empresas, según las investigaciones realizadas en empresas de medios y agencias de publicidad. En concreto, el eje crítico es el de maternidad y cuidados, debido a la falta de políticas de conciliación en lo referido a licencias parentales, extensión del tiempo de licencia, licencias para cuidados (por enfermedad, discapacidad de familiares, por cuidado de mayores), formas flexibles de trabajo (home office) o de los problemas en torno a las guarderías. En el caso de que se implementen este tipo de acciones, las mismas responden a demandas particulares, por lo que no están institucionalizadas ni sistematizadas.

En cuanto a erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos, nos preocupa en particular que los organismos públicos destinados a velar por las situaciones de violencia mediática y simbólica – aplicando la Ley 26.485 y 26.522- , presentan irregularidades, aún cuando hay compromisos asumidos por el gobierno y recursos provenientes de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra las violencias de género. Esto se percibe en especial en las vías abiertas a la sociedad, por ejemplo, las bocas de denuncia.

En nuestra experiencia, el Observatorio de Medios del INAM y el ENACOM tienen un escaso o nulo nivel de respuesta frente a las denuncias, mientras que la Defensoría del Público, con mayor actividad en este sentido, continúa acéfala desde 2015.

Como entendemos que la erradicación de las violencias de género implica su visibilización y la transformación de los patrones socioculturales naturalizados y reproducidos en las prácticas cotidianas, realizamos recomendaciones para la inclusión de sensibilización, capacitación y formación en perspectiva de género dentro los medios y agencias de publicidad, partiendo desde los ámbitos de formación profesional universitaria o terciaria.

Finalmente, sobre el punto de instituciones con perspectiva de género consideramos que la sanción de la Ley Micaela es una buena manera de incorporarla en órganos del Estado. Sin embargo, hay que insistir en la adhesión por parte de las provincias y de las instituciones estatales.

Asimismo, reconocemos a las escuelas públicas y privadas como instituciones avaladas por el Estado para impartir educación formal. Como tales, deben acatar la legislación sobre implementación de la ESI y ser responsables -y por lo tanto, susceptibles a ser sancionadas- en los casos donde se lleven adelante acciones que obstaculicen el derecho a recibir o dar educación sexual.

Dentro de la consulta también se mencionaron en todos los ejes temas referidos a la importancia de incluir los derechos de la diversidad sexual, en particular de las personas trans, a la inclusión laboral, a la formación profesional y a la representación y participación política. En miras a celebrar los 25 años desde lo ocurrido en Beijing, el aniversario nos encuentra al movimiento feminista en plena lucha por continuar ampliando los derechos de las mujeres, personas trans y disidencias.

Más información

Procesos de revisión por país para Beijing + 25:

Antecedentes de Beijing + 25

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Autora

Carolina Tamagnini

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María Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Se reunió el Consejo Consultivo del INAM

Participamos de la reunión anual del Consejo Consultivo Ad Honorem del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

El 10 de junio el INAM convocó en Buenos Aires a las organizaciones de sociedad civil que formamos parte del Consejo Consultivo. En dicha reunión se informó sobre la ejecución presupuestaria del organismo, así como también sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019.

Asimismo, se comentaron avances en la medición de la implementación del Plan, así como de la construcción del presupuesto nacional desde la perspectiva de las políticas de género, incluyendo no sólo el presupuesto del Instituto sino de todas las demás carteras de gobierno. Finalmente, se discutieron formas de interacción entre las organizaciones representantes de cada provincia y los organismos de la mujer y consejeras federales correspondientes a cada jurisdicción.

Valoramos que se mantengan estas instancias de participación para la sociedad civil y esperamos que el INAM siga fortaleciendo la institucionalidad del Consejo Consultivo, como un espacio comprometido con los derechos de las mujeres. Los aportes de las organizaciones que están en el campo son fundamentales en la elaboración, implementación y evaluación de políticas de género y que sirvan para mantener viva la razón de ser del INAM: asegurarle a las mujeres una vida plena, libre de violencias y digna de ser vivida.

Más info:

Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

Presentamos reporte anual ante el INAM y manifestamos preocupación por su inactividad

Autora

Carolina Tamagnini

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Otra vez sopa machista en los medios

Como parte de nuestro trabajo de monitoreo de políticas públicas reguladoras de los medios de comunicación, identificamos situaciones de violencia mediática y simbólica y realizamos las denuncias correspondientes. En esta ocasión, se trató de las emisiones de dos programas de televisión: por un lado,“Los ángeles de la mañana” de Canal 13 y, por el otro, “Animales sueltos” de América TV.

¿Qué pasó en “Los ángeles de la mañana”?

En el programa emitido el 14 de mayo de “Los ángeles de la mañana” (un magazine que conduce Ángel De Brito) le realizaron un “cambio de look” a Cinthia Fernández, que consistía en un corte de pelo. Durante el mismo, Cinthia manifestó repetidas veces que no quería que se lo corten, pero cedió ante las insistentes presiones de sus colegas. En esta situación, mencionó que no quería que se lo corten mucho, y que quería ver hasta dónde se lo cortaban, estableciendo los límites para la intervención. Sus manifestaciones fueron reducidas con comentarios como “no es elegante lo que tenés”, “no seas tonta, el pelo crece”, “vos no tenés que verlo”, “te trajeron acá para estar mejor”.

Durante el corte de pelo se la vio a Cinthia nerviosa, asustada, presionada e incómoda con la situación. El conductor y las panelistas estuvieron todo el tiempo comentando sobre su aspecto de manera denigrante y sin dejarla intervenir. “Tengo ganas de llorar, se los digo en serio”, “la estoy pasando mal”, manifestó, sobre el final.

Nos preocupa que la televisión exponga una situación tan violenta, sobre todo el ejercicio de actos sobre el cuerpo de la mujer sin su consentimiento. Es claro que ella consintió acceder al cambio de look, pero éste no se llevó adelante bajo sus términos, sino que fue sistemáticamente presionada y todos sus comentarios y expresiones de deseo fueron minimizados.

¿Qué pasó en “Animales sueltos”?

El 16 de mayo, en el programa transmitido por América, se incurrió otra vez en violencia mediática y simbólica. Hacia el final del programa, Alejandro Fantino le preguntó a la panelista Romina Manguel: “pero pará, así viniste?”, refiriéndose a su vestimenta. El conductor, haciendo caso omiso de la incomodidad de la periodista, continuó diciendo: “Enfocame a Manguel”, pidiéndole que muestre su ropa y que desfile.

La reacción de Manguel fue una risa nerviosa y pedir que se detenga. El conductor continuó, insistiendo a las cámaras que la enfoquen e insinuando que así podría encontrar pareja.

Toda esta intervención, si bien breve y solo al final del programa, fue sumamente violenta para Romina y resulta estereotipante para las mujeres. Esto fue acompañado por la complicidad y risas del resto del panel conformado por varones, que nada hicieron para frenar estos momentos de incómoda cosificación de la única panelista mujer del programa.

¿Por qué hablamos de violencia mediática y qué leyes amparan nuestras denuncias?

Ambos contenidos mediáticos son humillantes y discriminatorios, y constituyen casos de violencia mediática y simbólica. Recordemos que la Ley de Protección Integral a las Mujeres 26.485 define a la violencia mediática como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”. En este sentido, según los artículos 70 y 71 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 todos los medios de comunicación quedan obligados a cumplir la 26.485 además de:

“evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

¿Ante qué organismos denunciamos y para qué?

Atento a este marco normativo, como también a la gran responsabilidad -particularmente en la sociedad argentina- de los medios de comunicación en construir sentido y formar opinión, hemos denunciado estas situaciones frente a la Defensoría del Público, el Observatorio de radio y televisión del INADI y el Observatorio de la violencia simbólica y mediática del INAM. Esperamos que estos organismos tomen las acciones necesarias al respecto y nos comprometemos a seguir velando por la efectiva ejecución de las políticas públicas existentes, así como promover las que aún se requiere crear para luchar contra este y todos los tipos de violencia de género.

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Autora

Mariana Barrios Glanzmann

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Será ley: por 8° vez se presenta el proyecto de IVE al Congreso

Hoy, 28 de mayo, Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres,  la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones feministas, sociales y políticas, presenta por octava vez el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo.

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se proclamó hace 32 años en Costa Rica, durante la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre salud de la mujer. Esta fecha tiene como propósito reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones ni dilaciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de toda su vida.

En este marco, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentará por octava vez consecutiva ante el Congreso de la Nación, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ya en 2018, el proyecto de ley logró la media sanción en la Cámara de Diputados siendo rechazado en el Senado. Desde 1921, el Código Penal establece en el artículo 86 inc 1 y 2, que el aborto es legal si el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la persona o si es producto de una violación. Sin embargo, siempre existieron dificultades para  la implementación de las políticas públicas que garantizan el pleno acceso al aborto legal.

En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó el fallo F.A.L s/medida autosatisfactiva, en donde indicó al Estado que terminara con la práctica de judicializar, entorpecer y/o demorar el acceso a abortos legales. Asimismo, exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a implementar normas del más alto nivel y mediante protocolos hospitalarios, poder capacitar en buenas prácticas y remover todas las barreras que limitan el acceso a los servicios de salud. En este sentido, en 2015 el Ministerio de Salud de Nación publicó  el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, que significó un gran avance para el acceso al aborto de mujeres y personas con capacidad de gestar.

Aun así, quienes requieren acceder a un aborto no punible siguen enfrentándose a constantes obstáculos, como la violencia institucional que ejercen sobre ellas profesionales de la salud, siendo objetores de conciencia y no realizando las derivaciones correspondientes. Estas acciones y prácticas, naturalizadas en el sistema de salud, impiden el acceso a abortos seguros incluso en casos en los que son amparados por la ley. Particularmente en nuestra provincia, el acceso a este tipo de abortos ha sido obstaculizado desde el 2012 por el amparo interpuesto por Portal de Belén. Aún después de la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia en esta causa, no ha cambiado la situación que impide la aplicación de la Guía provincial para la atención de abortos no punibles.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud afirma que la penalización del aborto y las medidas restrictivas, no sólo afectan el ejercicio de un derecho humano sino, generan un problema serio de salud pública porque deja vulnerables y empuja a prácticas clandestinas e inseguras que constituye una de las principales causas de mortalidad materna. El derecho al aborto es un asunto de salud pública que impacta en las vidas de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. La salud sexual y (no) reproductiva son derechos humanos, es decir, son para todos y todas sin discriminación alguna.

Por eso, este martes las calles se volverán a llenar de pañuelos, con intervenciones y concentraciones en todas las ciudades del país y diversas partes del mundo. En Córdoba, el pañuelazo federal será en el Museo de Antropología a las 16hs y habrá bandas invitadas. En un grito colectivo por el aborto legal, seguro y gratuito, la ola verde, vuelve a las calles y al Congreso, para poder decidir sobre nuestros cuerpos y vidas.

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar

Aborto legal para no morir.

¡QueSeaLey!

Autora

Laura Villanueva

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Denunciamos a TN por violencia mediática y simbólica

En el marco de nuestro trabajo de monitoreo de políticas públicas reguladoras de los medios de comunicación, identificamos y denunciamos dos situaciones de violencia mediática y simbólica que se expusieron en dos programas del canal Todo Noticias la semana pasada.

La primera situación se dio el 2 de mayo, cuando en un informe emitido se expone una noticia sobre una mujer (ex policía), llamada Johana, que robaba autos utilizando un drone. La segunda se presenta al día siguiente en el noticiero del medio día también, en una noticia sobre una ex empleada de la Municipalidad de La Plata que fue despedida de su trabajo y considera que el despido fue injustificado.

Más allá de las historias puntuales que se exponen en cada una de las noticias, encontramos en común un abordaje violento ya que se ilustra las noticias con fotos de las mujeres en ropa interior o traje de baño, exponiendo una hipersexualización de las protagonistas a través de la exhibición de sus cuerpos. Esta representación resulta estereotipante y desvía el foco de atención de lo que se está informando en la noticia, que tiene que ver con la comisión de un delito en el primer caso, y un reclamo laboral en el otro. Ilustrar ambas situaciones con esas imágenes deslegitima a las mujeres de estas historias y les infringe violencia mediática y simbólica a ellas y también a otras mujeres que pudieran encontrarse en igual situación.

Es por ello que desde Fundeps procedimos con las correspondientes denuncias, las cuales fueron radicadas en la Defensoría del Público, el Observatorio de Radio y Televisión del INADI y en el Instituto Nacional de las Mujeres. En un contexto de transformación social, motorizado fundamentalmente por la lucha del movimiento feminista, resulta inadmisible tolerar expresiones que contienen estereotipos de género discriminatorios, que alimentan la perpetuación de una cultura machista que violenta permanentemente la libertad y el cuerpo de las mujeres. Entendiendo el rol que tienen los medios de comunicación en la reproducción de la violencia simbólica es que, además de ejecutar las correspondientes denuncias, vemos con urgencia la necesidad de crear espacios de formación y capacitación de los/as trabajadores/as de los medios masivos de comunicación en lo que respecta a perspectiva de género, considerando que es la única manera de garantizar la producción y el abordaje de contenidos respetuosos, que aporten a la construcción de una sociedad más igualitaria.

Autora

Lucía Calabria Aragón

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Denunciamos a Eduardo Feinmann por sus dichos homo-odiantes sobre Facundo Nazareno Saxe

En virtud de las expresiones homo-odiantes de Eduardo Feinmann sobre la persona, vida y trabajo de un investigador del CONICET, desde el Equipo de Género y Diversidad Sexual de Fundeps decidimos denunciar este caso ante la Defensoría del Público y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El jueves 11 de abril, durante la emisión de su programa de televisión en el canal de aire de alcance nacional A24, el periodista Eduardo Feinmann expuso de manera violenta una ponencia de Facundo Nazareno Saxe, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tomando como referencia la ponencia ‘Memoria queer e historieta anal: cuando el cómic nos abre el culo (y nos gusta)’, Eduardo Feinmann manifestó “Me impresiona. Una vergüenza. ¿Estos son los investigadores que después se quejan?, “Creen algo que se llame ‘ñoquicet”. El tono despectivo que utilizó el periodista para denigrar el trabajo del investigador en torno a la perspectiva queer y el respeto a la diversidad, así como su orientación sexual, evidenció en sí mismo el marcado cariz homo-odiante que reprodujo a través de un medio masivo de comunicación.

No sólo presentó de una manera violenta la ponencia del investigador Saxe, sino que además lo expuso, compartiendo sus datos personales y redes sociales, lo cual permitió que algunas personas pudieran acceder y reproducir una serie de mensajes llenos de odio y amenazas hacia su persona por su forma de ser y pensar.

Este hallazgo realizado por el conductor y periodista tampoco fue casual, ya que lo llevó adelante en un contexto en el que los recortes realizados por parte del Gobierno Nacional al CONICET y la crisis que estaba atravesando la ciencia en nuestro país eran noticia. De esta forma hizo un uso político homo-odiante, tomando la imagen de Facundo Nazareno Saxe y sus investigaciones para criticar al CONICET y de esta forma justificar la reducción de presupuesto y falta de políticas respecto del mismo.

Realizar y utilizar este tipo de mensajes homo-odiantes, no sólo es violencia y discriminación, sino que además en un contexto en el que hay una gran reacción contra todos los avances de derechos conquistados como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, es sumamente perjudicial por el odio que genera y avala.

Es importante recordar que, según el informe de la Federación Argentina LGBT, tan sólo en 2017 hubo 103 agresiones, asesinatos o hechos de violencia física motivados por un acto de discriminación por orientación sexual, expresión o identidad de género. Sumado a esto, debemos considerar que la población Trans de la República Argentina cuenta con una expectativa de vida promedio de unos 32 años y que todavía ni siquiera contamos con leyes de cupo laboral trans (excepto en la provincia de Buenos Aires) para poder garantizar mínimamente derechos básicos que les han sido históricamente negados.

Por todo ello consideramos que éste fue un claro caso de violencia mediática y simbólica de acuerdo con las definiciones la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su Artículo 70 establece que “la programación de los servicios previstos en la ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual… o que menoscaben la dignidad humana…”

Entendemos que los medios de comunicación tienen una responsabilidad innegable en la construcción de ciudadanía, ya que no sólo son formadores de opinión, sino que además avalan y legitiman prácticas de la sociedad.

La violencia simbólica expresada a través de los medios de comunicación promueve su reproducción y fundamenta otras formas de violencias de géneros, por lo que repudiamos los dichos de Feinmann, insistimos en la necesidad de capacitar a periodistas en perspectiva de géneros y en el tratamiento de este caso por parte de los organismos competentes.

Autora 

Valentina Montero

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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La Comisión Interamericana presenta su informe anual 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó a fines del mes pasado su Informe Anual 2018, en donde reporta el trabajo realizado durante todo el año. Este informe constituye el principal instrumento de rendición de cuentas de la CIDH, así como de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región y de seguimiento de sus recomendaciones.

El Capítulo IV consiste en un panorama descriptivo sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros, con un especial énfasis en los derechos y temas priorizados por la CIDH, así como en ejes transversales de Institucionalidad Democrática, Institucionalidad en Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y Seguridad Ciudadana; y Derecho al Medio Ambiente.

Junto a Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) presentamos en diciembre del año pasado un informe sombra sobre estos ejes en las materias que trabajamos.

En el informe para Argentina, la Comisión tomó los asuntos reportados en el informe sombra. En las consideraciones generales, prestó particular atención a la preocupación mostrada respecto el proyecto de ley sobre procesos colectivos; la situación del derecho de protesta; las movilizaciones respecto del debate en cuanto acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, así como las posibles reformas que restringirían el alcance de la ley de educación sexual. También se hace referencia a los enfrentamientos entre autoridades públicas y comunidades indígenas; la situación económica y financiera en general y su eventual impacto en los derechos humanos, y en particular. Consideraciones especiales se hicieron sobre la situación de pobreza que afecta a la niñez; el nombramiento de un defensor/a de la niñez que sigue pendiente; las expulsiones de personas migrantes; y las condiciones de detención que prevalecen en las comisarías de policía.

A su vez, en cuanto a temas relacionados con institucionalidad en derechos humanos, la CIDH destacó nuestra preocupación por la falta de nominación de una persona titular en la Defensoría del Pueblo de la Nación, cargo que sigue vacante desde el año 2009. Asimismo, recogió nuestra preocupación sobre la situación económica y financiera del país y sus efectos en las instituciones al respecto de la asignación de recursos y al funcionamiento de las diversas entidades del Estado encargadas de la protección de los derechos humanos.

Sobre el acceso a la justicia, la Comisión tomó nota de la preocupación que expresamos respecto del Proyecto de Ley de Procesos Colectivos, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, en caso de prosperar, podría limitar seriamente el uso y efectividad de las acciones colectivas, al restringir la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a las empresas en defensa de derechos colectivos.

En lo referido a la situación de los derechos de las mujeres, la CIDH saludó la aprobación del protocolo para la investigación y litigio de femicidios en Argentina, celebró la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Nº 27.452 “Ley Brisa” que otorga reparaciones económicas a hijos e hijas de víctimas de femicidio en Argentina y saludó la aprobación de la “Ley Micaela”, que tiene como objetivo capacitar a funcionarios y funcionarias en violencia de género.

Sin embargo, la Comisión manifestó que “ha continuado dando seguimiento a los diversos obstáculos que siguen enfrentando las mujeres, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la movilización y el debate legislativo para el ejercicio de los mismos.” Además, señaló que “ante el resurgimiento de la discusión sobre la reforma de la Ley de Educación Sexual (Ley Nº 6.150), han surgido igualmente propuestas para revisarla y reformarla, algunas de las cuales tendrían como objetivo limitar sus alcances y suprimir las menciones dedicadas a diversidad de género y diversidad sexual, temas que son de seguimiento de la Comisión en miras a asegurar que las revisiones se realicen en línea con los estándares interamericanos en la materia.”

Con respecto al derecho al medio ambiente, la Comisión manifestó que el Estado la informó sobre un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha desarrollado diversos canales de comunicación en el marco de la Ley  nacional No. 25.831 a fin de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental. También indicó que “se está desarrollando la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, política pública que orienta las bases para la construcción de programas intersectorial en la temática promover la acción de las personas, grupos y sociedad en su conjunto para el cuidado ambiental en su integralidad. También indicó que se ha conformado un Gabinete Nacional de Cambio climático, que está trabajando actualmente en la articulación de medidas de mitigación y adaptación sobre la implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas del país. Por último también existe la generación de indicadores para la gestión de reservas de biósfera y de iniciativas privadas de conservación de la biodiversidad.”

No obstante, la CIDH se alertó por el uso de agroquímicos, que es uno de los asuntos más preocupantes para el país, en particular por los efectos nocivos en los pulmones y la piel; así como el aumento de afecciones como la depresión, convulsiones, trastornos inmunitarios y endocrinos. Inclusive le llamó la atención el aumento del número de personas con cáncer en el pueblo cordobés de Monte Maíz en las épocas de fumigación.

Por su parte, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión presentó su propio informe, poniendo de relieve los principales datos recopilados como motivos de preocupación, respecto a la situación de los DESCA considerados en su generalidad en todos los países de la región. Allí, la Relatoría menciona nuevamente las situaciones reportadas en el informe sombra relacionadas al derecho al medio ambiente y al derecho a la salud, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.

Celebramos las conclusiones elaboradas por la CIDH y la Relatoría sobre DESCA y que se haya hecho eco de los reportes enviados desde la sociedad civil. Esperamos que el Estado tenga se apropie de estas recomendaciones y las incorpore en su diseño de políticas públicas para mejorar la situación de derechos humanos en nuestro país.