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El BID y el BID Invest revisan sus políticas ambientales y sociales

Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como su brazo privado, el BID Invest han abierto recientemente el proceso para la revisión de sus políticas de salvaguardias ambientales y sociales. Resulta importante que la sociedad civil latinoamericana y, sobre todo, las comunidades afectadas por proyectos financiados por estas instituciones participen activamente del proceso de consulta pública, ya sea enviando comentarios virtuales como participando de las consultas presenciales que se realizarán en diferentes ciudades de la región. Aquí, 5 puntos claves a tener en cuenta acerca de los procesos de revisión.

¿Por qué se da la revisión?

Tras la recomendación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del BID en su Evaluación de Salvaguardias Ambientales y Sociales, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó, el pasado 2 de Julio de 2019, el lanzamiento del proceso para “modernizar” sus políticas ambientales y sociales, las cuáles buscan garantizar que los impactos ambientales y sociales potencialmente negativos se evalúen, gestionen y mitiguen adecuadamente en las operaciones del BID. De acuerdo al propio BID: “existe la necesidad de actualizar e integrar un marco de políticas para la gestión del riesgo ambiental y social, por lo que busca desarrollar un Marco de Política Ambiental Social integrado, alineado con estándares internacionales y mejores prácticas”. De esta forma, el BID sigue los pasos dados recientemente por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, tales como el Banco Mundial.

Por otro lado, el BID Invest (anteriormente Corporación Interamericana de Inversiones -CII-), brazo privado del BID, inició el pasado mes de junio la actualización de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. De acuerdo al Banco, la finalidad de la revisión es establecer “un único marco de estándares que los clientes deben cumplir en  vez de usar múltiples estándares de terceros. El proceso de actualización incluye una revisión de  las tendencias y mejores prácticas actuales relacionadas con la sostenibilidad ambiental y social, incluidas las diseñadas por otras instituciones financieras internacionales (IFI) que operan en el sector privado”. En la práctica, siguiendo las recomendaciones de OVE, el BID Invest busca que los prestatarios se adhieran a las Normas de Desempeño de la CFI, que son ampliamente reconocidas y que ya aplican los prestatarios de BID Invest, y se eliminen las referencias a otras normas de terceros.

¿Qué incluye la revisión?

Para el caso del BID, la revisión incluye las cinco políticas independientes que conforman las salvaguardas ambientales y sociales:

Hasta el momento, el BID ha preparado un Perfil de Política sobre la Modernización  de las Políticas Ambientales y Sociales.

En el caso del BID Invest, la revisión es sólo de su:

Y se ha publicado un Borrador de la nueva Política, el cual se encuentra bajo consulta pública.

¿Cuándo se realizan las consultas?

Para el caso del BID, el pasado 2 de julio del 2019 el Directorio Ejecutivo aprobó el lanzamiento del proceso de modernización y posteriormente se publicó el Perfil de Política. El borrador del marco de políticas se espera presentar al Directorio Ejecutivo a fines de octubre de 2019 para que sea consultada públicamente. La etapa de preparación del proceso de modernización culminaría en el desarrollo del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) en septiembre de 2020. El MPAS se implementaría a partir de 2021.

En cuanto al BID Invest, se ha publicado un Plan de Consulta con la información básica acerca del proceso, que básicamente consiste en: 

1. Puesta a disposición del público del Borrador de Política.  

2. Consultas públicas digitales y presenciales abiertas por 120 días (a partir del 17 de junio de 2019).

3. Consultas en persona en:

  • Colombia (4 de septiembre), 
  • Argentina (4 de septiembre), 
  • Jamaica (6 de septiembre), 
  • Panamá (6 de septiembre) y 
  • Washington, D.C. (10 de septiembre) 

4. Sesión de consulta virtual en:

  • Español (12 de septiembre), 
  • Inglés (12 de septiembre), 
  • Portugués (13 de septiembre).

5. Puesta a disposición del público de los comentarios recibidos y atendidos.

Después de realizar la consulta pública, el BID Invest presentará al Directorio Ejecutivo el  borrador final de la Política para su aprobación final, tras lo cual se establecerá y ejecutará un plan para su implementación.   

¿Por qué resulta importante participar?

Por varios motivos, se hace necesario que la sociedad civil, los/as ciudadanos/as y, sobre todo, las comunidades indígenas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por las operaciones del BID o del BID Invest participen activamente en este proceso, aportando su experiencia y sus recomendaciones y sugerencias en relación a las salvaguardias ambientales y sociales de las instituciones. 

Primero, porque tanto el BID como el BID Invest resultan, en la actualidad y a pesar de la diversificación de actores financieros que operan en la región,  actores clave en materia de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe. De acuerdo al propio Banco: en 2018, con un monto histórico de US$17.000 millones de aprobaciones, el BID y el BID Invest se consolidaron como la principal fuente de financiamiento multilateral para América Latina y el Caribe. El BID aprobó un total de 96 proyectos de préstamos con garantía soberana por un financiamiento total de más de US$13.400 millones, y desembolsó más de US$9.900 millones. A su vez, el 2018 fue un año récord para BID Invest, con aprobaciones por US$4.000 millones, un 26% más en volumen y un 21% más en cantidad de transacciones que el año anterior. El BID Invest amplió su apoyo a los sectores como infraestructura y Fintech, sumándose a educación, turismo, agua y saneamiento, transporte y energía. En el caso de Argentina, El BID ha sido históricamente el principal socio multilateral para el desarrollo del país, con un promedio de aprobaciones anuales recientes de US$1.360 millones. La cartera activa actual con el sector público es de 54 operaciones por un monto aprobado de US$9.206,4 millones y un saldo por desembolsar de US$3.874,7 millones, de acuerdo a la información provista por el propio Banco.

Segundo, porque un sistema de salvaguardias ambientales y sociales robusto y efectivo resulta clave para evitar los impactos a nivel socio ambiental que, en muchos casos, traen aparejados los proyectos de infraestructura financiados por instituciones como el BID o el BID Invest. Cuando el diseño, la aplicación o la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales falla en este tipo de proyectos, los impactos y consecuencias sobre todo en las comunidades involucradas suelen ser complejos, y desgraciadamente en muchos casos, irreversibles. Casos como el de Camisea en Perú o el de Hidroituango en Colombia reflejan las amargas consecuencias de la mala, o incluso la falta de aplicación de las salvaguardias socio ambientales en proyectos financiados por el Grupo BID

Tercero, porque una participación activa, informada, responsable y coordinada por parte de los acores clave de la sociedad civil y las comunidades indígenas y afectadas de la región contribuiría al objetivo de evitar una posible (y latente) dilución del sistema de salvaguardas ambientales y sociales tanto del BID como del BID Invest. Las experiencias recientes de dilución de los marcos normativos ambientales y sociales tras procesos de revisión y “modernización” no solo en Instituciones afines como el Banco Mundial o  la Corporación Financiera Internacional (CFI), sino también en los propios sistemas normativos nacionales de los países de la región reflejan claramente una tendencia a la que el Grupo BID parece no querer escapar.

¿Cómo participar?

Los actores interesados en participar del proceso de revisión de las salvaguardas del BID o del BID Invest pueden hacerlo de diferentes formas y a través de múltiples canales:

  • Para la revisión del BID:

El Banco ofrece dos formas de participar en el proceso de consulta.

  • Consultas en la Web: las personas interesadas pueden enviar sus comentarios a través de la página web (https://www.iadb.org/es/mpas)  o enviando un correo electrónico a: bid-mpas@iadb.org .
  • Consultas presenciales en dos etapas:

Etapa de consulta inicial: antes de desarrollar el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales, el BID realizó dos talleres presenciales en Washington, DC (los días 8 y 12 de agosto) para analizar las lecciones aprendidas de la implementación de las políticas ambientales y sociales existentes.

Consultas en persona sobre el nuevo marco de política ambiental y social propuesto (no han sido divulgadas las fechas ni los lugares aún): el BID realizará reuniones consultivas en los países de América Latina y el Caribe, en la sede del BID en Washington, DC, y en otros países miembros.

Quienes quieran mantenerse actualizados acerca del proceso de revisión pueden registrarse en este enlace provisto por el Banco.

  • Para la revisión del BID Invest:

El BID Invest también ofrece instancias virtuales y presenciales para participar en el proceso de revisión de su Política de Sostenibilidad Ambiental y Social.

Se pueden enviar comentarios virtuales o escritos al correo electrónico SustainabilityPolicy@idbinvest.org o a través del correo postal destinado a: BID Invest: Política de sostenibilidad ambiental y social. 1350 New York Avenue, NW. Washington, D.C., 20577. USA.

Para participar en las consultas presenciales en algunos de los países indicados, es posible registrarse en el siguiente enlace provisto por el Banco.

En Argentina: La consulta presencial en Argentina sobre la propuesta de Política de Sostenibilidad Ambiental y Social del BID Invest se realizará el próximo Miércoles 4 de Septiembre de 09:00 am a 11:00 am en la sede del BID en Argentina, situada en Calle Esmeralda 130, piso 11, Buenos Aires.

Además: quienes estén interesados en conocer más acerca de cómo participar de manera efectiva de las consultas, pueden registrarse para participar en el webinario “Revisión de salvaguardias BID Invest, ¿Cómo participar de forma efectiva?” organizado por DAR, Ambiente y Sociedad y el Bank Information Center (BIC) ingresando a este enlace.

Fundeps, junto a un grupo de organizaciones de la región, está coordinando acciones para promover una participación amplia, inclusiva y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas y comunidades afectadas tanto en el proceso de revisión del BID como del BID Invest; y para procurar robustecer y evitar un debilitamiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Si le interesa involucrarse en este proceso, puede contactarse con gon.roza@fundeps.org. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Próximamente: Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto

Desde el mes de junio, se vienen llevando adelante distintas instancias de co-creación entre sociedad civil y gobierno en miras a la elaboración del Cuarto Plan de Gobierno Abierto de Argentina. Éste será publicado a comienzos de septiembre y aún hay instancias de participación virtual para quienes tengan interés en realizar aportes.

Argentina ya lleva implementados tres planes de Gobierno Abierto, elaborados en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). En 2020 deberá implementarse el Cuarto Plan, por lo que desde la Mesa Nacional de Gobierno Abierto -compuesta por representantes de gobierno y de sociedad civil- se receptaron propuestas para la elaboración de los nuevos compromisos. 

Para trabajar en profundidad la elaboración de dichos compromisos, se desarrollaron 14 mesas de diversas temáticas tales como: Industrias Extractivas, Asuntos Indígenas, Transparencia Presupuestaria, Obra Pública, Trata de Personas, Agua y Saneamiento, Acceso a la Justicia, Género y otras. Desde Fundeps, estuvimos participando en la mesa de Gobiernos Subnacionales y en la mesa convocada por el INAM que abordó la federalización de la Ley Micaela. 

Asimismo, estuvimos presentes en la redacción ambos compromisos, que van a someterse a consulta pública durante el mes de Agosto. Para participar de la consulta pública, tiene que ingresarse al siguiente enlace.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Con los Gasoductos Troncales concluidos: ¿saldo positivo o negativo?

En enero de 2019, y tras más de 10 años desde que el proyecto comenzó a plantearse, el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por finalizadas las obras de los gasoductos troncales. A pesar de los evidentes beneficios de la obra, cabe preguntarse acerca del verdadero saldo que deja la experiencia de este proyecto, sobre todo respecto a transparencia y rendición de cuentas en materia de políticas públicas.

A inicios de 2019, con la habilitación del último ramal de alimentación y la planta reguladora de presión en Tala Cañada (Pocho), el Gobierno de la provincia de Córdoba dio por concluido el controvertido proyecto para la construcción de la red de gasoductos troncales. De acuerdo al gobierno, la red de gas alcanzó así a casi el 98% de los cordobeses; aunque cabe aclarar que la gran mayoría de las industrias y vecinos beneficiados aún no cuentan con acceso efectivo al servicio, ya que aún resta resolver el problema de la conexión a las redes domiciliarias e internas.

Con la obra finalizada, el eje se movió entonces a la necesidad de conectar las redes troncales con las redes domiciliarias, para que las familias y empresas puedan acceder efectivamente al beneficio. La empresa Ecogas y los municipios son los responsables de acercar la red de gas a los domicilios particulares, para lo cuál recibirán apoyo económico por parte de la provincia. Mientras el Banco de Córdoba puso a disposición una línea de crédito -Dale Gas!- a tasa de intereses cero y con devolución a 48 meses para la instalación domiciliaria de gas; el Gobierno provincial lanzó un plan de financiamiento para que las empresas puedan conectarse a la red. Este plan llamado «Conectar Gas Industria» contiene tres líneas de créditos para que accedan los comercios, pymes, parques industriales, estaciones de GNC y establecimientos turísticos.

Una obra controvertida

Esta obra, según datos que maneja el Gobierno provincial, beneficia a 973.490 cordobeses de 228 localidades. Algunas poblaciones recibirán por primera vez el gas natural y, en otras localidades, el servicio reforzará al existente. Sin embargo, a pesar de los evidentes beneficios de la obra, el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba ha sido eje de diversas controversias y ha estado bajo la mirada atenta de la opinión pública desde sus mismos inicios. Así, por ejemplo, en cuanto al financiamiento de la obra, nunca se aclararon oficialmente los motivos de la caída del financiamiento tanto del BNDES en un primer momento, como de los bancos chinos más adelante; y generó controversia la decisión del gobierno provincial de avanzar con la obra recurriendo al endeudameinto público.

De igual modo, la falta de acceso a la información para el control del avance del proyecto ha sido una constante a lo largo de todo el proceso de ejecución. Adicionalmente, el proyecto ha sido objeto de investigación por presuntos hechos de corrupción en la licitación de los tramos a construir, llegando a estar mencionado incluso en la causa Lava Jato en Brasil a partir de la participación de la empresa Odebrecht en las obras. 

Así, por ejemplo, en febrero del 2018 los legisladores de la oposición al Gobierno provincial, Juan Pablo Quinteros, Aurelio García Elorrio y Liliana Montero, realizaron una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en relación al posible pago de coimas por la obra de los gasoductos troncales. Esto se desprende a partir del secuestro del listado de coimas pagadas a diferentes gobiernos del continente perteneciente al banquero brasileño  Alberto Youssef, donde nombra por lo menos cuatro veces la obra en cuestión. Esta lista sirvió como herramienta a los investigadores brasileños de la causa Lava Jato para probar la existencia de un club de la obra pública conformada por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa y otras constructoras. Según los denunciantes, se habría pagado una coima de 36 millones de dólares. También, sostienen que el cobro de la misma se realizó mediante la sesión de un proyecto inmobiliario en Puerto Madero (Buenos Aires) a una empresa del grupo de Horacio Miró, exfuncionario de la administración de José Manuel de la Sota. Esta acusación fue desmentida por los empresarios involucrados.

A mediados del 2018, la posibilidad de que Argentina llegue a un acuerdo con Brasil para que los jueces argentinos puedan acceder a la información presente en la investigación del Lava Jato generó una gran expectativa en Córdoba. Las causas por presunto delitos de corrupción en la obra pública en nuestro país tendría la posibilidad de avanzar mediante la utilización de esta información. Este acuerdo generó expectativa dado la denuncia por el supuesto pago de coimas por 36 millones de dólares a la empresa del grupo de Horacio Miró. En este sentido, las administraciones del exgobernador de la Sota y del actual, Juan Schiaretti, negaron todo tipo de acusación. Esta denuncia se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía 1 del fuero Anticorrupción la cual se basa en los datos brindados por Brasil. 

 Ahora bien, el escándalo provocado por la irrupción de la causa de los cuadernos  en agosto del 2018 golpeó a varias de las empresas involucradas en la construcción de los gasoductos troncales. Desde el Gobierno provincial aclararon que todas las licitaciones se llevaron a cabo de forma transparente. Entre las empresas involucradas y que tienen obras en marcha en la provincia de Córdoba se encuentra Electroingeniería, aliada con la  empresa china Petroleum Pipeline Boreau para la construcción del 30% de los gasoductos troncales. Además, se encuentra el Grupo Albanesi que a través de Generación Mediterránea S.A. es propietaria de la central termoeléctrica Modesto Maranzana ubicada en Río Cuarto. También, la empresa Iecsa (ahora Sacde) a cargo de los tramos de los gasoductos en el interior provincial en sociedad con la empresa china Communications Construction Company (CCC). Por último, las empresas BTU y Esuco también han llevado a cabo obras de gasoductos en Córdoba.

¿Saldo positivo o negativo?

En definitiva, tras más de una década de marchas y contramarchas, los gasoductos troncales son finalmente una realidad. La que ha sido la obra de infraestructura más grande de Córdoba en los últimos tiempos nos deja, sin dudas, un saldo positivo en relación a los potenciales beneficios de la obra. Permitirá acceder al gas natural no sólo a miles de ciudadanos y cientos de localidades cordobesas; sino también a numerosas industrias, pymes y negocios del interior de la Provincia que podrán potenciar su actividad y productividad a partir del acceso a la red de gas. Sin embargo, si analizamos el proyecto desde el punto de vista de la transparencia y rendición de cuentas que necesariamente debe rodear a cualquier obra que cuente con fondos de carácter público para su realización; el saldo resulta indudablemente negativo. 

En ese sentido, continuaremos monitoreando el avance de las siguientes etapas de la obra. Procurando también obtener más información acerca de los detalles de su realización, los verdaderos motivos de la caída del financiamiento de los bancos chinos y la participación de Odebrecht en el proyecto y su vinculación con la causa Lava Jato, para lo cuál estamos preparando solicitudes de información que serán remitidas a la administración provincial.

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Autores

Mariano Camoletto

Gonzalo Roza

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Consejo Nacional de la Mujer e INAM: lo que pudo ser, lo que fue y ¿cómo continuará?

Se cumplen 27 años de la creación del Consejo Nacional de la Mujer, que desde 2017 funciona bajo el nombre de Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Nació el 7 de agosto de 1992 con el objetivo de concretar el compromiso asumido en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En el año electoral en que nos encontramos y a pocos días de las PASO, es una buena oportunidad para preguntarnos qué tan efectivo ha sido este organismo los últimos años y qué desafíos tendrá la próxima administración en materia de políticas públicas de género.   

La propuesta del Consejo Nacional de la Mujer, primer organismo jerarquizado en el país y segundo en la región (el de Brasil fue pionero y tomado como modelo), fue diseñada por un conjunto de mujeres militantes e intelectuales feministas, entre ellas la socióloga Virginia Fraganillo quien fue su primera presidenta. Con una titular elegida por el propio movimiento de mujeres, el panorama para el naciente organismo parecía ser prometedor dado el compromiso de sus autoridades con la causa feminista. 

Bajo la gestión de Fraganillo, el Consejo tuvo sus primeros cuatro años de vida marcados por avances muy positivos como la inclusión de la cuestión de género en la currícula escolar y políticas de salud sexual y reproductiva. Podemos resaltar entre sus acciones, la primera encuesta sobre aborto, la cual, en el marco de la convención constituyente del 94, abrió socialmente el debate. Sin embargo y a pesar de su destacable mandato,  Fraganillo renunció al cargo.  

Desde entonces, los siguientes gobiernos fueron debilitando la institucionalidad del Consejo, que al principio dependía directamente del poder ejecutivo, y sus presidentas evidenciaron serias limitaciones en cuanto al efectivo accionar por los derechos de las mujeres. Pasaron por este puesto personalidades poco conocidas en el movimiento feminista tales como Lucila “Pimpi” Colombo, Lidia Mondelo o Mariana Gras Buscetto, entre otras. 

Al asumir el gobierno actual, se designó a Fabiana Tuñez como la cabeza del flamante Consejo. En un primer momento, para una importante parte del feminismo, parecía una buena noticia dada la trayectoria militante de Tuñez en la causa de las mujeres como fundadora de la ONG “La Casa del Encuentro” y su definición pública como feminista. No obstante, después de estos cuatros años, el balance no es del todo positivo.

En medio de su gestión, en el año 2017, el Consejo atravesó una transformación: Por decreto presidencial se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y adquirió el rango de secretaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. 

Estas mutaciones no pudieron encubrir un problema que ha permanecido desde aquel entonces, y es el de carácter presupuestario. Los reducidos fondos que actualmente reciben el INAM y los programas de género son ajenos a la expectativa inflacionaria por lo que, día tras día, el presupuesto real designado para combatir las violencias de género y promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad, se ve reducido significativamente.

Específicamente, el presupuesto asignado al INAM para 2019 fue de $234.394.881 (¡$11,36 por mujer!). Pero además, y según un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior. Además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005%.” 

Un segundo problema refiere al alcance de las políticas del organismo. Por un lado, hay que reconocerle al INAM medidas sumamente relevantes como el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la formación del Consejo Consultivo Ad Honorem en el que articula con organizaciones de la sociedad civil para monitorear en todo el país la aplicación de la ley 26485 contra la violencia hacia las mujeres, relevamientos e informes que brindan datos a la desigualdad y sirven de sustento a las vigentes y futuras políticas públicas, entre otras más. Una de las medidas más destacable es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, aunque, si bien todavía le restan algunos meses, gran parte del Plan no se ha ejecutado (nuevamente, poco puede hacerse sin un presupuesto que lo acompañe). 

Por otro lado, considerando que los problemas de género son estructurales, es menester enfrentarlos con políticas troncales y es en este sentido que tanto Tuñez como sus predecesoras han fallado.

Por mencionar un ejemplo, para superar la división sexual del trabajo necesitamos seguir modelos como el del Sistema Integral de Cuidados que posee Uruguay, o por lo menos ampliar el tiempo de licencias por paternidad que en Argentina es sólo de dos días.

Nos preguntamos entonces, ¿qué le espera al INAM en diciembre?, pase lo que pase ¿será distinto esta vez?

Sin importar los resultados electorales, consideramos necesario fortalecer al INAM, no sólo en su institucionalidad sino a nivel presupuestario para que, con todo el esfuerzo que implica combatir las múltiples violencias que afectan a las mujeres, podamos construir una sociedad más justa e igualitaria.

Autora

Mariana Barrios

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Invitamos al Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad

El evento se realizará los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en el aula 300 de la Facultad de Ciencias Sociales (Sede Constitución) de la Universidad de Buenos Aires.

Transformar estructuras laborales para transformar contenidos

Tras años de investigación sobre las industrias de la publicidad y del periodismo, desde Fundeps, la Asociación Civil Comunicación Para la Igualdad y con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll, consideramos relevante compartir los resultados obtenidos entre los actores implicados.

Nuestras investigaciones evidencian que la desigualdad de género dentro de las empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad y sindicatos afines se traduce, entre otras cuestiones, en la cooptación de puestos y posiciones simbólica y económicamente más relevantes en manos de varones. A su vez, las instituciones de formación profesional tienen una oferta académica limitada en temas de género.

Esto adquiere particular relevancia debido al rol clave de estas industrias en la formación de opinión y de mandatos culturales.

En este punto, se torna necesario observar y debatir sobre las prácticas laborales y conductas dentro de estos espacios, entendiéndolos como estructuras organizativas. El fin es propiciar la construcción de espacios de trabajo inclusivos, democráticos, donde participen diversas identidades de género en la producción de contenidos libres de sexismo y en los puestos de toma de decisión.

El objetivo del evento es generar una instancia sensibilización y construcción de capacidades, de encuentro y articulación, pero también de discusión sobre políticas de género en ambas industrias, convocando a empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad, instituciones educativas, sindicatos y asociaciones empresariales, a trabajadores/as del sector, organizaciones de la sociedad civil y al Estado.

El Foro está dirigido a estos sectores mencionados y a quienes busquen transformar la comunicación y los espacios laborales vinculados desde una perspectiva de géneros.

Agendas y panales

Participarán integrantes del sector de Córdoba y Buenos Aires y más de 20 comunicadores/as, publicistas y periodistas del país, con el propósito de incorporar una mirada federal sobre políticas de género en periodismo y publicidad y para poder generar líneas de acción e incidencia en todo el país.

El día 12 de septiembre se realizará la apertura del Foro a cargo de las instituciones que lo organizan y en la que Luciana Peker realizará una charla magistral: “La marea feminista en la publicidad y el periodismo”.

El viernes 13, entre las 9 y las 18 horas, se realizarán paneles-talleres en los que se abordarán algunos de los ejes críticos identificados en ambas industrias: Políticas de cuidado; Derechos Laborales y Sindicalización; Periodismo y Género; Publicidad y Género.

VER PROGRAMA COMPLETO

La participación en el Foro es gratuita pero la admisión debe completarse este formulario de inscripción.

Más información a info@fundeps.org

Circular I Foro Nacional de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad

 

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Denuncias por prácticas escolares contrarias a la ESI

A raíz de diversas situaciones ocurridas en colegios públicos y privados de Córdoba contrarias a las normas y estándares de derecho que rigen en materia de educación, presentamos denuncias ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y ante el Ministerio de Educación solicitando su intervención.

En el marco del 25 de marzo, “Día del Niño por Nacer”, varios colegios públicos y privados de Córdoba realizaron actividades y jornadas de celebración, incurriendo en una flagrante violación de los derechos de los/as niños, niñas y adolescentes. 

Entre ellos, el Instituto Privado “Virgen Niña” de la ciudad de Justiniano Posse, realizó y luego difundió un video por Whatsapp, en el que se puede observar a niños y niñas del Nivel Primario cantando una canción. En el video se pueden ver también imágenes con dibujos y actividades que se realizaron en el colegio en dicha jornada. 

No se puede contrariar la legislación vigente

Dicha canción contraría los contenidos que propone la ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, sancionada en el año 2006, que establece el derecho de todos los educandos a recibir educación sexual integral en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos (art. 1). Esta ley, y sus leyes complementarias, como la Ley N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley 27.234 Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, están plenamente vigentes en todas las instituciones educativas de todos los niveles que integran el sistema educativo de la provincia de Córdoba. En la Ley Provincial de Educación (9870), se refuerza la adhesión a la normativa nacional, tanto en contenidos y saberes como en valores. A nivel provincial, además, el Ministerio de Educación se pronunció el año pasado a través del Memorándum N° 8/2018, recordando que la ley de ESI se encuentra en plena vigencia. Lo mismo dijo en la Resolución N° 433, el 29 de abril de este año, a través del cual ratificó la vigencia y obligatoriedad de cumplimiento de las pautas establecidas en el Memorándum mencionado.

Además de la regulación local, este derecho tiene sustento en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Lo que propone la canción del video de la Institución se aleja considerablemente del piso común obligatorio que establecen los parámetros de los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, y de toda noción biológica de la reproducción humana, otorgándole subjetividad al embrión o feto y presentando un conflicto en la situación de embarazo entre la madre y “el niño”, lo que resulta extremadamente preocupante y estigmatizante. 

Se debe respetar el ideario institucional, pero sin violar derechos

La ley de Educación Sexual Integral dispone que los contenidos de enseñanza deben ser armónicos con los “idearios” de cada comunidad educativa. Por lo tanto, las escuelas religiosas pueden definir sus programas y adaptar “los lineamientos a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a (…) las convicciones de sus miembros” (artículo 5º). Esto significa que las escuelas religiosas tienen el derecho de compartir con sus alumnos cuál es la opinión del dogma o credo que rige a la institución. Pero de ningún modo se puede dejar al alumnado sin la información mínima que establece el currículum oficial de la ley, ni mucho menos brindar información errónea, falsa y tendenciosa.  

Es urgente hablar de ESI

Mejorar la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país es imprescindible, teniendo en cuenta las altas tasas de embarazo adolescentes y de abuso sexual infantil. Anualmente, cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres, situación que requiere una mirada especial, no sólo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual.

Una práctica sistemática

No se pueden dejar de mencionar otras situaciones ocurridas en colegios de la provincia, como los tres establecimientos educativos secundarios de La Carlota (Instituto Mercenario, IPET N° 100 y EPET N° 255) que se movilizaron para realizar una serie de actos encuadrados en lo que denominan “Semana por la vida”, que incluyeron recorrer la ciudad con volantes y afiches “en defensa del niño por nacer. 

Algo similar ocurrió en Jesús María en la escuela primaria del Colegio del Huerto, en donde docentes y autoridades solicitaron a los y las estudiantes que concurrieran al colegio con el pañuelo celeste para la jornada del 25 de marzo. 

A estas se le suman situaciones de público conocimiento en donde alumnos y alumnas recibieron  amonestaciones u otro tipo de sanciones por llevar el pañuelo verde al colegio o por expresar su postura a favor con respecto a la legalización, o las de aquellos/as docentes que sufren hostigamientos, amenazas o desplazamientos por la utilización del lenguaje inclusivo. 

Por todos estos motivos, con la adhesión de más 30 organizaciones, solicitamos al Ministerio de Educación y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que arbitre los medios necesarios para disuadir este tipo de prácticas y que habilite mecanismos para la capacitación a autoridades, docentes y no docentes de todas las instituciones educativas en materia de Educación Sexual Integral, de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la ley. 

Adhieren a la denuncia

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba, Asociación Pensamiento Penal (APP) – Capítulo Córdoba, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Córdoba de Todxs, Activando Derechos Córdoba, SeAP – Servicio a la Acción Popular, Red PAR (Red de periodistas por una comunicación no sexista), Asociación Civil Somos Diversidad Club Social, Cultural y Deportivo, FES (Federación de Estudiantes, Secundarios), Equipo de Investigación «La educación sexual integral en la trama institucional y política de Córdoba», Área de educación, CIFFyH/UNC, Equipo de Educación Sexual Integral – Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (UNC), Programa de Feminismos, Sexualidades y Derechos de la FCS, Fundación ECoS (Espacio Córdoba Salud), Consultorio de Salud Integral, Flor de Luna, Jardín maternal DEODORO, Socorro Rosa Córdoba, Las Juanas Socorristas, Ni Una Menos Córdoba, MuMaLa Córdoba, Mala Junta – Vamos, La Mella – Feminista y popular, Mala Junta – Nueva Mayoría, La Jauretche, Las Alicias, Mujeres Socialistas, Juventud Socialista Córdoba, Partido del Trabajo y del Pueblo. CEPA. JCR, SOMOS. MAREA. BARRIOS DE PIE, Escuela de formación feminista Viviana Avendaño Del Frente Popular Darío Santillán, María Saleme, Martín Fresneda – Legislador Provincial.

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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org

Lucha en Foco: Concurso de Fotografía

En el marco de nuestro 10° aniversario, lanzamos “Lucha en Foco”,  un concurso que integra la pasión por la fotografía y la defensa de los derechos humanos.  Podés participar desde el 12 de agosto hasta el 8 de septiembre.

La pequeñas y grandes luchas cotidianas son la base de la defensa de los derechos humanos. Creemos que ponerlas en foco es un camino para conquistar derechos colectivos.

En Fundeps cumplimos 10 años trabajando por una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. En este contexto, presentamos el concurso “Lucha en Foco”, que tendrá como cierre una Muestra de Fotografía de las imágenes más destacadas.

Nos acompañan como auspiciantes y jurados la Escuela Diseño y Comunicación Audiovisual La Metro y el medio digital La Tinta. También contamos con el apoyo de Serra Objetos y Pigmalión Fine Print.

Categorías de participación

A) Categoría Réflex Digital

  • Para personas profesionales o aficionadas a la fotografía.
  • Plataforma de participación: e-mail. 
  • Las fotografías para esta categoría deberán ser tomadas con cámara Réflex.

B) Categoría 3.0 

  • Para personas que se consideren principiantes en la fotografía.
  • Plataforma de participación: Instagram.
  • Se alienta a que las fotos sean tomadas con celular.

Temáticas del concurso

  • Sin igualdad no hay derechos humanos
    La discriminación genera violencia y limita libertades. Garantizar el acceso a oportunidades, aceptar la pluralidad de pensamientos y respetar la diversidad de elecciones, construyen una sociedad más justa y equitativa.
  • Mis derechos no tienen precio
    Los derechos de muchos grupos o comunidades son afectados por las estrategias de grupos de poder, gobiernos o empresas que imponen sus intereses e influyen en la toma de decisiones.

Premios y ganadores

A) Categoría Réflex Digital

1er PREMIO

    • $10.000 (diez mil pesos argentinos) en efectivo.
    • Una beca del 100% para curso de especialización (a elección) en La Metro.
    • Publicación de la imagen en una fotogalería de La Tinta y El Entramado de Fundeps.
    • Exposición de la obra en una Muestra de Fotografía (con fecha y lugar a confirmar) con todos los costos de impresión en Pigmalión Fine Print, transporte, montaje y desmontaje cubiertos.
    • Una correa para cámara de fotos de Serra Objetos.

2do PREMIO

    • $5.000 (cinco mil pesos argentinos) en efectivo.
    • Una beca del 100% para curso de especialización (a elección) en La Metro.
    • Publicación de la imagen en una fotogalería de La Tinta y El Entramado de Fundeps.
    • Exposición de la obra en una Muestra de Fotografía (con fecha y lugar a confirmar) con todos los costos de impresión en Pigmalión Fine Print, transporte, montaje y desmontaje cubiertos.
    • Una correa para cámara de fotos de Serra Objetos.

3er PREMIO

    • Una beca del 100% para curso de especialización (a elección) en La Metro.
    • Publicación de la imagen en una fotogalería de La Tinta y El Entramado de Fundeps.
    • Exposición de la obra en una Muestra de Fotografía (con fecha y lugar a confirmar) con todos los costos de impresión en Pigmalión Fine Print, transporte, montaje y desmontaje cubiertos.
    • Una correa para cámara de fotos de Serra Objetos.

Plazos para participar

Podés enviar tus imágenes desde el 12 de agosto hasta el 8 de septiembre. A continuación, conocé cómo participar:

Bases y condiciones | ¡Quiero inscribirme!

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¡Empoderémonos! Hagamos posible la lactancia materna

En todo el mundo, del 1 al 7 de agosto se realizan actividades de difusión, promoción y apoyo a la lactancia materna. ¿Cuál es el rol y compromiso de los actores implicados?

En el mes de agosto del año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, varios Estados y organizaciones de la sociedad civil firmaron la Declaración de Innocenti con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna.  

El lema de este año es: “Empoderémonos ¡Hagamos posible la lactancia materna!” y fue lanzado por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA). Con esta consigna se intenta interpelar a los Estados, sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar soluciones que conduzcan a la igualdad de género y a mejorar las tasas de lactancia materna.

La Organización Mundial de la Salud destaca la necesidad de la existencia de licencias por maternidad remuneradas de un mínimo de dieciocho semanas y de licencias por paternidad pagas en pos de lograr igualdad en el cuidado de hijas e hijos. Asimismo expresa que deben fomentarse políticas de lactancia en los entornos laborales (descansos para amamantar, espacios seguros, privados e higiénicos y servicios de guardería).

En la misma línea sostenemos que el fomento y el apoyo a la lactancia materna no pueden ser realizables sin pensar en políticas públicas frente a la crisis del cuidado. La división sexual del trabajo sigue siendo rígida y afecta principalmente a las mujeres. Frente a ello son necesarias acciones que entiendan al cuidado como responsabilidades públicas.

Así, la educación pública, los servicios de cuidados infantiles, adultos mayores y de cualquier persona que requiera cuidados especiales de otra y las licencias por maternidad y paternidad igualitarias, deben ser parte de las agendas públicas. Asimismo, el sector privado no queda fuera de estas acciones. Las empresas privadas son responsables de cumplir con las normativas laborales y convenios colectivos de trabajo que fomenten y aseguren  políticas de cuidado y lactancia igualitarias, inclusivas y sin estereotipos de género (asegurar la presencia de lactarios en los lugares de trabajo o respetar las licencias).

El cuerpo de las mujeres, históricamente, ha sido un campo de regulaciones. Aquí juegan discursos disputando el saber hegemónico. Entendemos que es responsabilidad de los Estados promover políticas públicas que permitan escenarios sociales donde las mujeres y personas que cuidan de niñas y niños, decidan libremente sobre la lactancia, con información útil y clara, sin estereotipos y mandatos culturales patriarcales.

Autora

Ivana Sanchez

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos: Comentarios de Fundeps y el nuevo Borrador revisado

En la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos, diferentes actores presentaron sus comentarios y propuestas sobre el borrador ‘zero’ del instrumento internacional jurídicamente vinculante. Fundeps realizó recomendaciones y cuestionamientos sobre determinados ejes del borrador, relevantes para garantizar el cumplimiento de los DD.HH. por parte de las empresas transnacionales. A partir de los comentarios realizados, el 17 de julio el Grupo de Trabajo Intergubernamental presentó el nuevo Borrador Revisado.

En el año 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió dos resoluciones, una de las cuales ordenó establecer un grupo de trabajo intergubernamental encargado de elaborar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. La segunda resolución, del mismo año, solicitó al grupo de trabajo de la ONU la elaboración de un informe que contenga los beneficios y limitaciones de los instrumentos jurídicamente vinculantes. 

A partir de allí, comenzaron las sesiones del grupo de trabajo. La primera se realizó en el año 2016 y la segunda en el 2017, donde Ecuador presentó el documento ‘Elementos para el Proyecto de Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos’. En estas sesiones, el grupo de trabajo intergubernamental se focalizó en mejorar el contenido, alcance, naturaleza y forma del potencial instrumento internacional para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.

En la tercera sesión, en el año 2018, el grupo de trabajo publicó el ‘Borrador Zero’ del Tratado Vinculante; se discutieron los elementos para elaborar un borrador de un instrumento jurídicamente vinculante teniendo en cuenta los debates realizados en las dos primeras sesiones. 

El año pasado, en la cuarta sesión se realizaron convocatorias de comentarios y propuestas sobre el proyecto del tratado vinculante. Las presentaciones fueron realizadas por algunos Estados como Chile, Colombia y Filipinas, organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo y otras partes interesadas como organizaciones de sociedad civil, entre ellas Fundeps. El documento sobre el borrador ‘zero’, presentado por la fundación, se encuentra dividido en comentarios generales y específicos. 

Los comentarios generales realizados por Fundeps abarcan diferentes aspectos que no han sido tenidos en cuenta en el documento y que son sumamente relevantes para garantizar que las empresas transnacionales garanticen y respeten los derechos humanos.  Entre los comentarios se destaca la ausencia en el Tratado de las actividades comerciales que son apoyadas por los Estados, la elevada relevancia otorgada al remedio de daños y derechos de las víctimas que, si bien es sumamente positivo, aún son más necesarias a priori medidas de prevención para evitar que las empresas vulneren los derechos humanos. Con prevención no habría necesidad de remediar ningún daño ocasionado ya que éstos no existirían de encontrarse bien regulados.

Por otro lado, el borrador del Tratado únicamente establece un componente vinculante para los Estados, pero no se les otorga responsabilidad a las empresas. Por lo tanto, no solo no las convierte en sujetos obligados, la cual era la idea inicial, sino que responderán antes las leyes que los Estados implementen en esta materia. Además, se encuentra ausente la creación de un tribunal u otra institución que posea la capacidad para juzgar y penalizar el accionar de las empresas transnacionales. 

Por último, en los comentarios generales de Fundeps se resalta la ausencia en el borrador de los apartados de ‘obligaciones de las empresas’, ‘obligaciones de los Estados’ y las obligaciones de las organizaciones internacionales, elementos fundamentales para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos frente a la actividad de las empresas.

Los comentarios específicos se realizaron de acuerdo con los apartados del borrador. Según el preámbulo, se recomienda incluir la relación con otros convenios internacionales y reconocer la ‘Captura Corporativa’ como cuestión mundial que atenta los DD.HH. Además, se cuestiona la ausencia de los principios guía sobre empresas y derechos humanos como antecedente inmediato del tratado, así como la falta de reconocimiento sobre la situación de peligro de defensores/as de DD.HH. En cuanto a la finalidad del Tratado se recomienda que el propósito del documento debiera ser la garantía de los DD.HH. e incorporar como objetivo del tratado la resolución de los desequilibrios de poder entre las corporaciones y las comunidades afectadas. 

Por último, en la Prevención, se debería incorporar el componente de ‘Género’ y de conflicto de interés a todas las medidas de debida diligencia. Además, estas medidas deben garantizar la transparencia en las interacciones de las empresas transnacionales con las autoridades estatales, y la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a través de mecanismos de protección específicos y reforzados.

Nuevo Borrador: ¿avances?

El Grupo Intergubernamental de Trabajo, encargado de la redacción del documento, ha realizado avances en su desarrollo. En consecuencia,  el 17 de julio pasado presentaron el Borrador Revisado del tratado vinculante  para regular las actividades de las  empresas transnacionales y otras empresas comerciales en cuanto a  los DD.HH. Esta versión se realizó de acuerdo a las recomendaciones y comentarios propuestos por los distintos actores convocados en la cuarta sesión del año pasado. Este borrador se discutirá en la quinta sesión, la cual se llevará cabo  entre el 14 y el 18 de octubre de este año. 

A simple vista, el nuevo borrador del tratado vinculante ha modificado la formulación, que, en palabras de Hood y Hughes-Jennett resulta más bien ambiguo. Así, en el Artículo 3 del borrador se ha ampliado su aplicación a “todas las actividades comerciales”, es decir ya no se limitará a aquellas de índole transnacional. Sin embargo, la definición que se desarrolla en el  Artículo 1 sobre las actividades comerciales deja fuera del alcance del tratado a aquellas que son puramente de carácter nacional. Un avance positivo en el proyecto ha sido la eliminación del requisito de que la actividad comercial debía limitarse a todas aquellas que se realizaban “con fines de lucro”.

Por otro lado, en el nuevo Artículo 6 del borrador del tratado se incorpora una nueva disposición donde los Estados tendrán  responsabilidad por no evitar daños que la parte con la que posee una relación contractual haya causado a terceros, independientemente de dónde se produzca el daño (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

Desde la óptica de la debida diligencia, se ha observado una mejora en el borrador, ya que  los Estados no solo se encuentran obligados a regular a las empresas comerciales en el interior de su  territorio donde se encuentran obligadas a respetar y prevenir las violaciones a los DD.HH.; ahora en el proyecto se aclara que se debe introducir la legislación para hacer obligatoria la debida diligencia  de DD.HH. y, además se debe obligar a las empresas a que adquieran las medidas apropiadas para evitar las violaciones o abusos de los DD.HH. Representa un gran avance ya que significa una convergencia con los Principios Rectores de la ONU (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

En cuanto a las responsabilidad legal-penal, en el Borrador Revisado se ha eliminado la disposición sobre jurisdicción universal y en su lugar se ha incorporado una nueva disposición que establece la jurisdicción de nacionalidad territorial, activa y pasiva. Por lo que los Estados se encontrarán inhabilitados para ejercer jurisdicción en aquellas conductas que no constituyan un delito penal, de acuerdo con el derecho internacional en situaciones en las que no existe un vínculo jurisdiccional convencional con el delito (Hood & Hughes-Jennett, 2019).

En consecuencia, habrá que esperar y observar las decisiones que se produzcan en la quinta sesión sobre el Borrador Revisado. Si bien se observa la incorporación de algunas recomendaciones y una cercanía a los Principios Rectores sobre empresas y DD.HH. Aún resta acortar distancias entre el Borrador Revisado y los Principios Rectores; ya que éstos han sido el puntapié inicial representando un avance fundamental en los criterios normativos sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de las empresas transnacionales. Todavía existen cuestiones que no se encuentran definidas claramente en el borrador revisado lo cual genera que las empresas transnacionales continúen sin estar completamente obligadas a respetar y garantizar los Derechos Humanos.

Más información:

Autora

Sofía Brocanelli

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Insistimos a la Municipalidad el cumplimiento del Plan de Mitigación de Bajo Grande

Ante los hechos de público conocimiento relacionados con el informe de la Dirección de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba en torno al mal funcionamiento de la planta de Edar Bajo Grande, insistimos en el reclamo presentado en mayo de este año, por Fundeps junto a Las Omas y vecinas de los barrios Chacras de la Merced, Villa La Merced, Ciudad Mi Esperanza y Parque 9 de Julio en contra el intendente Ramón Mestre, solicitando en esta oportunidad una audiencia a los fines de buscar alternativas de solución a la problemática.

En mayo del corriente año, presentamos conjuntamente con vecinos de diferentes barrios inmersos en la problemática de Chacras de la Merced, un reclamo administrativo. En este exigíamos a la Intendencia de la Municipalidad de Córdoba el acabado cumplimiento del Plan de Mitigación elaborado por el propio municipio para atemperar y subsanar los problemas que aquejan a dicha zona de nuestra ciudad debido a la degradación ambiental principalmente proveniente de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Bajo Grande (en adelante Edar).

Debido a la falta de respuestas por parte de la Intendencia, y ante los hechos de público conocimiento en torno a un informe de la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia que nuevamente pone en evidencia el mal funcionamiento de la planta Edar, y la consecuente contaminación ambiental que ello ocasiona, es que insistimos en aquél reclamo. A su vez, considerando el próximo cambio de gobierno y la urgencia que requiere el abordaje de la problemática, solicitamos a la Intendencia una audiencia a los fines de acercar perspectivas, evidencias y alternativas de abordaje de la problemática tendientes a lograr el respeto de los derechos humanos fundamentales que en la actualidad se ven afectados.

Asimismo, en el reclamo bajo insistencia dimos cuenta nuevamente de la gravosa situación que afecta a Chacras de la Merced, relacionados principalmente con afecciones en la salud de las comunidades y condiciones socio-ambientales que dificultan el desarrollo de su plan de vida. Situación que resulta reconocida por la propia Municipalidad de Córdoba al menos desde el año 2014 cuando declaró por primera vez la emergencia ambiental y sanitaria de la planta EDAR y de las zonas ubicadas aguas abajo, estatus que se mantiene hasta nuestros días. De igual modo, reiteramos el pedido de hacer pública la información en torno a las tareas realizadas por la Municipalidad en relación al Plan de Mitigación, la cual no ha sido brindada ante las reiteradas solicitudes de acceso a la información pública presentadas por Fundeps.

El sistemático y continuo agravamiento de las condiciones de vida de la población de Chacras de la Merced vinculadas a la degradación ambiental ocasionada por la Edar, y la inacción del Municipio, quien, con su omisión, consolida día a día la afectación de derechos humanos, es que nuevamente reclamamos una solución definitiva a la problemática de quienes padecen el olvido y la discriminación ambiental en la ciudad de Córdoba.

Por otra parte, y en relación a la problemática, presentamos una solicitud de acceso a la información pública ante la Dirección de Policía Ambiental a los fines de requerir el Informe realizado por dicha dependencia en el cual se da cuenta del mal funcionamiento de Edar. Dicho informe fue presentado a la Municipalidad de Córdoba según trascendiera, pero no fue publicitado, aún ante la relevancia y el interés público que reviste en tanto se analizan las muestras colectadas por Policía Ambiental de los líquidos que ingresan y son vertidos sin tratamiento alguno al Río Suquía y que, según trascendiera evidencian el grave daño ambiental ocasionado por Edar.

Más información

Contacto

Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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Ante la duda, la naturaleza

Luego de un largo camino judicial, un grupo de vecinos de la localidad de Gualeguaychu (Entre Ríos) logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara a favor de su reclamo en un importante precedente que reconoció y aplicó novedosos principios de derecho ambiental.

Tal derrotero judicial comenzó a partir de una acción de amparo ambiental interpuesta por un grupo de vecinos de Gualeguaychu en contra de un emprendimiento inmobiliario situado a la vera del homónimo Río, reclamando el cese de las obras y la recomposición ambiental. En primera instancia la acción fue acogida, aunque con posterioridad el Superior Tribunal de Justicia Entre Ríos (en adelante STJER) dejó sin efecto la sentencia. Ante este último pronunciamiento, los amparistas presentaron un recurso extraordinario federal, el cual, si bien fue rechazado por el STJER, fue admitido por la Corte Suprema de Justicia (en adelante «La Corte»), revocando en su resolución aquello resuelto por el alto tribunal provincial.

Si bien el máximo tribunal argentino sólo dejó sin efecto la sentencia de su par entrerriano remitiendo las actuaciones al tribunal de origen, las consideraciones para arribar a tal decisión reafirmaron ciertas reglas y principios existentes en el derecho ambiental (procesales y sustanciales), a la vez que cristalizaron novedosos principios jurídicos en la materia. En efecto, la Corte nuevamente remarcó el carácter sistémico integral de las cuencas hídricas y la importancia de la protección de los humedales (afectados en el caso) como partes integrantes e interdependientes del sistema hídrico, citando como instrumento normativo al convenio de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).

Asimismo, la Corte valoró la aplicación del principio precautorio, y además, introdujo la novedosa aplicación de los principios in dubio pro natura e in dubio pro aqua.

En cuanto al principio in dubio pro natura este establece (en palabras de la Corte) que: «En caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos».

En relación al principio in dubio pro aqua, sostuvo que: «En caso de incerteza, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos».

En resumidas cuentas, la Corte revocó la decisión del STJER puesto que esta afectaba de modo directo el acceso a la justicia ambiental (Art. 32 de la ley 25.675) y los principios in dubio pro natura y pro aqua, en los términos definidos. Sin dudas, el reconocimiento jurisprudencial del máximo órgano judicial significa la incorporación de ambas directrices al derecho ambiental argentino. Bienvenidos sean.

Más información

Autor

Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

 

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Nuevo convenio internacional sobre violencia y acoso en el trabajo

La OIT es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reúne a gobiernos, empleadores/as y trabajadores/as de 187 Estados miembros, para establecer normas internacionales del trabajo. En el marco de su 108° reunión en la ciudad de Ginebra en el mes de junio de este año, se aprobó un convenio (con 439 votos a favor, 7 en contra, 30 abstenciones) y su respectiva recomendación (con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que materializan proposiciones relativas al tema.

La temática toma especial relevancia en nuestro país ya que, según informa esta entidad: “Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra han señalado las tasas más elevadas de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo,(…), basado en el estudio mundial más vasto que se haya realizado hasta ahora sobre la violencia en el trabajo”.

La particularidad de este Convenio es que, en su contenido, presenta un enfoque inclusivo, integrado y con perspectiva de género que se plasma en normas que implican un avance socio-cultural trascendental en pos de la protección de las mujeres y otros grupos vulnerables (art.6), desproporcionadamente afectados al impedir su acceso al mercado, la permanencia o el progreso profesional.

Este Convenio tendría proyección en el ámbito laboral formal e informal, público y privado, con independencia de su situación contractual. A través de sus normas define y distingue “violencia y acoso” (art. 1 a) de “violencia y acoso por razón de género” (art. 1 b), dejando abierta la posibilidad a los países ratificantes de contemplarlos en sus legislaciones nacionales como conceptos únicos o separados; y entiende que pueden constituir «una violación o abuso de los derechos humanos, una amenaza a la igualdad de oportunidades y contrarios al trabajo decente”. 

El texto prevé que los países miembros deben establecer mecanismos de registro, control y seguimiento de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que organismos nacionales responsables de la inspección del trabajo, la seguridad y salud en dicho ámbito deben considerarlos como riesgos psicosociales en su gestión. También establece las obligaciones de adopción y aplicación de políticas del lugar de trabajo relativas a la violencia y el acoso, información y capacitación sobre el tema, e incluso contempla sanciones a victimarios e indemnizaciones para las víctimas por los daños y/o enfermedades psicosociales, físicos o de cualquier otro tipo que sean consecuencias de tales actos. De manera novedosa y positiva, a través de está propuesta normativa se contempla la violencia doméstica dentro del ámbito laboral y determina una obligación de mitigar su impacto e incluso de evaluarlo como un riesgo en el lugar de trabajo.

Sin embargo, pese al progreso que representa, el texto estandariza las formas de violencia y acoso, y los grupos afectados. Principalmente al establecer y dejar sin definir el concepto de “grupos vulnerables”; sin contemplar la diversidad de las víctimas, de violencia y acoso, dificultando una verdadera solución al conflicto.

El Convenio está abierto y a la espera de ratificaciones por parte de los países miembros y será un instrumento internacional jurídicamente vinculante una vez ratificado por nuestro país, con jerarquía supralegal o constitucional, luego de la aprobación del Poder Legislativo Nacional. 

Es una oportunidad para asumir un compromiso genuino con la igualdad de derechos, a partir de acciones positivas que permitan una regulación y reforma de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo, una vez que sea efectivamente traducido en políticas públicas concretas y no meros compromisos vacíos (purplewashing).

Un futuro del trabajo mejor para las mujeres y los grupos vulnerables sólo puede alcanzarse poniendo fin a la discriminación y superando los estereotipos arraigados en relación con las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado laboral. Este futuro será posible no sólo con la protección de las mujeres y los grupos vulnerables frente a la violencia, sino con acciones que simultáneamente se dirijan a lograr la igualdad en el trabajo, el acceso a prestaciones sociales y servicios de cuidado igualitarios, y la participación y representación de las mujeres en las estructuras internas como sindicatos y organizaciones gremiales. 

Autora

Luz Baretta

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org