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¿Qué nos deja el 2017 en relación a los gasoductos troncales?

El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

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La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Lanzamos la Red de Organizaciones contra la Corrupción

Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Nuestra Mendoza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Acción Ciudadana Areco, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y, la fundación Salta Transparente; conformamos la Red de Organizaciones Contra la Corrupción, con la finalidad de generar un impacto concreto en las políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación de la corrupción en todos los rincones del país.

Argentina se encuentra atravesando una crisis de corrupción sistémica y estructural, que continuará agudizándose en la medida en que no se lleven adelante políticas públicas y reformas institucionales profundas, destinadas a prevenir y disminuir este flagelo. Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil en general, y aquellas que trabajan en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción en particular, encuentran grandes dificultades para lograr una efectiva incidencia en esta temática; por esto se hace necesario plantear una nueva estrategia de abordaje sistémico para generar reformas sustanciales.

La R.O.C.C. fue concebida como un espacio dinámico que permitirá a todos sus integrantes generar mayor incidencia en las políticas públicas, promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, e incluso realizar acciones judiciales concretas de manera conjunta.

Entre los objetivos se encuentra la generación de espacios de discusión sobre distintas problemáticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción y mecanismos de intervención; el trabajo conjunto en la incidencia para la implementación de políticas públicas que tengan como finalidad generar sistemas de integridad en todos los niveles del Estado; y asesorar a otras organizaciones sociales en la implementación de herramientas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión pública.

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Agustina Palencia <agustinapalencia@fundeps.org>

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Hacia un acuerdo regional sobre derechos humanos ambientales

En el año 2015 se dio inicio a la negociación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. A partir de ese momento, se fueron sucediendo reuniones del Comité de Negociación, en las cuales se discutieron, revisaron y aprobaron  las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional. Dicho documento consta de un preámbulo y veinticinco artículos.

Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, con una significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios, con la reciente incorporación de Santa Lucia y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.

En la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se lograron consensuar los artículos de Acceso a la Información y a la Participación Pública (6to, 7mo y 8vo). Sin embargo, representantes de la sociedad no tardaron en mostrar su preocupación por el grave retroceso en la marcha de las negociaciones. Luego de este séptimo encuentro, la sociedad civil hizo las siguientes recomendaciones para poder garantizar la corrección del rumbo de las negociaciones:

  1. 1. La participación de las relatorías de la ONU y la CIDH relacionadas a estos derechos, puesto que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental podrían ser debilitados por los acuerdos a los que se vienen llegando en las negociaciones del Principio 10.
  2. 2. La evaluación por parte de los gobiernos y la CEPAL del grado de avance y regresividad del texto que hasta ahora se está negociado entre los países, ya que estándares logrados en el ámbito nacional en algunos países como a nivel regional vienen siendo reducidos.
  3. 3. Vincular el Acuerdo Regional del Principio 10 y la Agenda 2030, con el fin que exista integración y coordinación de ambas iniciativas. Por lo que es necesario que existan informes de cumplimiento de los ODS en nuestros países donde se incluya información relativa a las acciones para la mejor implementación del Principio 10.
  4. 4. No retroceder respecto del régimen de excepciones que se ha introducido al texto, que permite a los Estados más posibilidades de negar información a los ciudadanos, sino garantizar la difusión de la mayor cantidad de información ambiental, como las emisiones de contaminantes y los estudios de impacto ambiental. Además, reconocer la vigilancia y el monitoreo indígena, como una forma de participación legítima, indispensable medida de prevención para evitar el daño ambiental. Asimismo, reconocer la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona o grupo acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.
  5. 5. Incluir en el texto, el deber de los estados de GARANTIZAR los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y no utilizar verbos como “facilitar, promover y alentar”, contraviniendo de esta manera a los estándares actuales de derechos humanos.
  6. 6. Un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 que sea VINCULANTE, que incorpore con claridad el enfoque intercultural y de género a favor de poblaciones vulnerables, sobre todo pueblos indígenas, y defensores y defensoras de derechos humanos, como reconocimiento a la realidad de violencia que vienen afrontando en nuestros países de América Latina y el Caribe.

Al respecto, en la inauguración de la octava reunión, Andrea Sanhueza representante electa del público, expresó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”.

Finalmente, ese fue uno de los principales resultados de la reunión, ya que los países acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional.

Ello significa que los países signatarios se obligaron a garantizar el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos a la libertad de opinión de expresión, de reunión, de asociación pacíficas, a circular libremente y al libre ejercicio de sus derechos.La situación de los defensores ambientales en América Latina ha ido empeorando conforme han ido pasando los años. Durante el 2016 más de 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida en el afán de reclamar por sus derechos vulnerados. El 60% de estos casos se registró en la región de América Latina. El hecho que durante las últimas negociaciones del Acuerdo Regional, se haya logrado incorporar un artículo que proteja a estas personas, es fundamental a la hora de avanzar hacia la efectiva garantía de los DDHH.

En el encuentro, se realizaron otros importantes avances sobre el texto final del instrumento regional. Entre ellos se convinieron los artículos sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, y sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación, y aprobaron además la mayoría de las obligaciones generales.

Además, se aprobó el objetivo principal del Acuerdo, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Con motivo de la reunión, expertos de la ONU realizaron un comunicado urgiendo a los gobiernos a que adopte un acuerdo firme sobre derechos ambientales. «Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron.

Al finalizar la octava reunión, los participantes reconocieron los significativos consensos y definiciones alcanzadas sobre el texto compilado por la Mesa Directiva en esta semana de negociaciones y acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal (11 al 25) durante la siguiente reunión, que se realizará en el primer trimestre de 2018 en San José, Costa Rica.

Más información

– Pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil

– Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

– Mensaje de los representantes electos del público – Principio 10

Autoras

Noelia Salvia

Agustina Palencia

Contacto

María Perez Alsina <mariaperezalsina@fundeps.org>

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Reglamentación de APP en Argentina: riesgos y oportunidades

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

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Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Reclamo por mayores estándares de protección de DD.HH. en megaproyectos de infraestructura

Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.

Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos  en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario,  la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.

La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.

A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.

La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.

Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).

En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.

La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.

Más Información

– Declaración de Lima

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

Contacto

Gonzalo Roza gon.roza@fundeps.org

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Comunicado de las OSC la selección de la persona responsable de la Defensoría del Pueblo

Las organizaciones abajo firmantes en el marco del cuestionado proceso de designación del Defensor/a del Pueblo de la Nación, y teniendo en cuenta los siguientes puntos:

    1. – Que la participación ciudadana es un derecho humano, y un instrumento para la adopción de mejores políticas públicas.- Que no se trata de elegir a un/a Defensor/a del Pueblo, sino de designar al mejor Defensor/a del Pueblo posible.
    2. – Que hace 8 (ocho) años las organizaciones de la sociedad civil venimos reclamando no sólo la selección de un Defensor, sino la adopción de un proceso participativo y transparente para tal fin.
    3. – Que la participación ciudadana no puede ser la víctima de un proceso apresurado de selección.

– Que la no existencia de un mecanismo explícito por el cual se establezca un proceso de participación ciudadana, no significa que la comisión bicameral no pueda adoptar un procedimiento para tal fin.

    1. – Que la expresa aceptación de los candidatos a la postulación, realizada por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo sin ningún tipo de participación ciudadana ni argumento alguno -más que el consenso político- resulta un antecedente insalvable de falta de idoneidad.
    2. – Que el procedimiento adoptado para la selección del/a Defensor/a del Pueblo desconoce los “Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales” (Principios de París), que representan las normas internacionales mínimas para el establecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), así como las Observaciones Generales del Subcomité de Acreditación.
    3. – Y finalmente que respecto al procedimiento de designación del Defensor/a del Pueblo, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) recomendó –en diversas oportunidades- “asegurar la formalización de un proceso de selección y designación claro, transparente, y participativo (…) que incluya dar amplia difusión de las vacantes; maximizar el número de posibles candidatos procedentes de una amplia gama de grupos sociales; promover una amplia consulta y o participación en el proceso de solicitud, selección y designación; evaluar candidatos en base a criterios predeterminados, objetivos y de dominio público; seleccionar a los miembros para que presten servicios con su propia capacidad individual y no en nombre de la organización a la que representen”.

 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Centro de Estudios Legales y Sociales

Fundación Directorio Legislativo

Fundación Poder Ciudadano

Aldeas Infantiles SOS

Asociación Civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad

Banco de Bosques

Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH)

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Democracia en Red

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Fundación Conocimiento Abierto

Fundación Ciudad

Fundación Huésped

Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)

Fundación Sur

Fundación Vía Libre

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

Laboratorio de Políticas Públicas

Salta Transparente

TECHO

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El acceso efectivo a medidas de reparación en el centro del debate del 6to Foro de Naciones Unidas

Como cada año, durante el mes de noviembre se lleva a cabo en Ginebra el Foro de Naciones Unidas Sobre Derechos Humanos y Empresas. Toda vez que tiene lugar este evento, se designa una temática en particular que será la protagonista. Este año, dicha temática tiene que ver con: ‘acceso a mecanismos de reparación’.

El paraguas que ampara esta reunión de alto nivel, está sujeto a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Estos Principios se constituyen como la herramienta existente en la actualidad para regular el accionar de las empresas nacionales y transnacionales respecto de los DDHH. Nacieron de la mano del académico John Ruggie y fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2011, por el Consejo de Derechos Humanos, a través de la resolución 17/4. Los objetivos del Consejo en ese momento fueron: identificar y clarificar los estándares de responsabilidad corporativa; y clarificar el rol de los estados. Para ello, las guías establecidas se dividieron en 3 pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación.

El mandato de estos principios guía es el de “reducir lo más posible  los impactos negativos de empresas sobre los derechos humanos en un lapso corto”. Asimismo, poseen características generales: (a) abarcan a todos los Estados. (b) abarcan a todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores y en todos los países. (c) identifican responsabilidades diferentes, pero complementarias entre Estados y empresas. (d) no crean nuevas obligaciones legales, elaboran en base a obligaciones y mejores prácticas existentes para Estados y empresas. (e) se basan en la idea de que no se puede compensar: los impactos positivos no compensan impactos negativos sobre los derechos humanos en otro lugar. (f) son una mezcla de enfoques reglamentarios y voluntarios.

El contexto que vio nacer a estos principios no es diferente al de la actualidad. El accionar de las empresas (aún luego de la adopción de los principios) y sus consecuencias, sigue evidenciando que los marcos normativos nacionales e internacionales no han cubierto el objetivo de proteger los DDHH. Durante el año 2016 hemos asistido a la matanza más grande de defensores y defensoras de DDHH. Alrededor del mundo, comunidades vulnerables han visto violentados sus derechos  (a la vivienda, a la salud, a la vida, a un medioambiente sano, entre otros) a causa del accionar de empresas y corporaciones.

Esta situación ha puesto de manifiesto que los principios rectores aún no han logrado convertirse en un marco efectivo de prevención respecto de las violaciones a los derechos humanos por el accionar corporativo. En este sentido, se comprende por qué en la sesión del Foro de este año 2017 ha puesto su atención en el acceso a la reparación. Este tercer pilar, hace referencia a la existencia de recursos efectivos para víctimas de violaciones de derechos humanos. A nivel estatal se espera que los Estados tomen medidas adecuadas para investigar, castigar y reparar. Por parte de las corporaciones, los principios incentivan la existencia de alertas tempranas que identifiquen impactos negativos y permitan resolver quejas antes que la situación escale a escenarios de mayor daño.

Siendo que actualmente los DD.HH. se encuentran a merced de la actividad empresarial, el rol de los Estados se vuelve fundamental. Específicamente en lo que refiere al fortalecimiento de los marcos normativos a nivel doméstico. Para esto, una parte esencial de las obligaciones de los Estados tiene que ver con: asegurar el acceso a mecanismos judiciales y no-judiciales; y reducir los obstáculos al acceso a la justicia. A este respecto, es necesario remarcar que los mecanismos no-judiciales juegan un rol complementario muy importante. Algunos de ellos incluyen: mecanismos Estatales, instituciones nacionales de derechos humanos, defensores del pueblo, oficinas de quejas, Puntos Nacionales de Contacto (OCDE), entre otros.

La aplicación de los principios rectores por parte de los Estados se ha dado mediante la forma de Planes Nacionales de Acción. Se espera que dichos planes se constituyan como instrumentos que:

  1. – Promuevan una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales con involucramiento directo en la temática de empresas y derechos humanos.
  2. – Promuevan la protección de los derechos humanos mediante la debida diligencia en las empresas.
  3. – Identifiquen las prioridades nacionales respecto de esta temática y las traduzcan en políticas públicas concretas
  4. – Garanticen un monitoreo y evaluación de la implementación del plan, de manera continua.
  5. – Se basen en una plataforma de diálogo continuo con todos los actores involucrados (gobierno, empresas y sociedad civil)
  6. – Posean un formato flexible a la cooperación, coordinación e intercambio internacional de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
  7. – Fortalezcan la normativa a nivel doméstico.
  1. El resultado del desarrollo de estos planes en todo el mundo deja mucho que desear. Aún quedan muchos Estados que no se han embarcado en este proceso y aquellos que lo han hecho, no han logrado que sus planes promuevan un marco lo suficientemente fuerte para respetar, proteger y/o remediar.

La situación de vulnerabilidad generalizada frente a esta problemática ha traído dudas respecto de la efectividad de los principios rectores, y paralelamente se ha desarrollado un proceso para crear un instrumento jurídicamente vinculante. Durante el Foro, se espera debatir acerca de los roles que ocuparían los principios y el tratado vinculante. A pesar que las opiniones estén divididas (entre aquellos que apoyan a una u otra iniciativa) es necesario aclarar que los principios y el tratado son complementarios. Un instrumento vinculante supone un paso más adelante respecto de las guías rectoras. Para lograr este avance es necesario que se proteja la autonomía del proceso de construcción del tratado ya que en definitiva, ésta iniciativa otorgaría un mayor empuje a los principios rectores, y daría mayor y mejor contenido a los planes de acción.

Más información

– Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos

– Discusiones en Argentina respecto de un tratado de empresas y derechos humanos

– Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas

Autora

Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org

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Encuentro Regional de Gobierno Abierto en busca de transparencia, rendición de cuentas y colaboración

‘La luna de miel del gobierno abierto ya terminó’. Con esa frase, Nathaniel Heller, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés); dio apertura a las jornadas que tuvieron lugar en el Centro Cultural Kirchner y que buscaron llamar a la reflexión acerca de los avances en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Fundada en 2011 a partir de la iniciativa de los Estados Unidos y Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OGP ha logrado nuclear a más de 70 naciones. Hasta ahora, la alianza se ha convertido en un repositorio de planes de acción y compromisos de los diversos países que la integran. Las metas propuestas por los Estados parte de esta iniciativa se han orientado a mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y colaboración.

Estos principios propuestos por la OGP, no son más que los pilares originarios de la democracia. El gobierno abierto es el ‘nuevo’ paradigma que busca reformular el papel del Estado respecto de la ciudadanía. Busca que las instituciones entablen una ‘conversación’ con las poblaciones, para hacerlas partícipes de los procesos de creación, ejecución y control de las políticas públicas.

Hasta el año 2017, la mayor parte de los compromisos de los planes de acción se correspondieron con acciones de liberación de datos y acceso a la información pública sin la necesidad de poner énfasis en muchas temáticas que pudieran considerarse como controvertidas (medio ambiente, salud, género, industrias extractivas, recursos naturales, financiamiento de partidos políticos, entre otros). No obstante, este Encuentro Regional tuvo como objeto poner en evidencia buenas prácticas respecto de la participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia aplicadas precisamente a estos ámbitos que últimamente han estado en el ojo de la tormenta de la política internacional. La frase inaugural de este evento (citada más arriba) tuvo por objetivo remarcar la necesidad de que la OGP de un paso más adelante y sea capaz de evidenciar de manera palpable cómo sus principios pueden mejorar efectivamente la vida de las personas.

Hasta ahora, los esfuerzos de los Estados de OGP han endulzado los oídos de quienes compartimos sus principios. Pero es necesario que existan acciones específicas orientadas moldear un nuevo tipo de Estado. El problema con la AGA ha sido que hasta ahora ha puesto demasiado énfasis en los Poderes Ejecutivos Nacionales (PEN) y poco en los demás poderes e incluso en los gobiernos subnacionales. La estructura de OGP hasta el año 2016 solo lograba amparar iniciativas del PEN.

Luego del lanzamiento del programa piloto para gobiernos subnacionales en 2016 y de la incorporación de un mayor número de compromisos de parte de los poderes legislativo y judicial en varios países; se puede decir que OGP está ampliando su espectro. Empero, aún queda bastante por hacer para lograr una verdadera institucionalización de esta nueva cultura de apertura. El segundo problema con la alianza, es que en la mayor parte de los países miembros, la entidad a nivel institucional encargada de llevar adelante la relación con OGP, no forma parte de la estructura orgánica nacional y carece de un presupuesto propio. Esta situación nos lleva a pensar en que OGP se trata de una iniciativa que hoy por hoy está supeditada a los vaivenes políticos y las prioridades de gestión. No se trata de una cultura que se plasme de manera transversal en la planificación de todas las políticas públicas de los Estados.

A lo largo de todo el evento se remarcó la urgencia de pasar de un paradigma de ‘gobierno abierto’ al de un ‘Estado abierto’ que expanda las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Esto, de manera vertical hacia los gobiernos subnacionales y locales; y de manera horizontal hacia los poderes legislativo y judicial. Asimismo, se destacó la necesidad de lograr de manera eficiente y eficaz el involucramiento de la sociedad civil en los procesos de co-creación y co-implementación. Tanto en los planes de acción nacional, como en las políticas públicas en general.

El paradigma de gobierno abierto pareciese implementarse a diferentes velocidades en todo el mundo, y al interior de cada Estado también. Argentina, es un caso testigo de esta situación. A lo largo y a lo ancho del país se pueden recopilar numerosas iniciativas de gobierno abierto; empero, esto se desarrolla de manera muy disímil. Mientras provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe han constituido agencias gubernamentales específicas para avanzar sobre políticas de gobierno abierto; provincias como Santa Cruz y Río Negro, no cuentan con este tipo de institucionalización del paradigma. Lo mismo ocurre a nivel municipal.

Esta situación dificulta la articulación entre los diferentes niveles gubernamentales, y por ende la aplicación de los principios de gobierno abierto resulta deficiente. Los gobiernos locales se han convertido en una pieza fundamental para la concreción efectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. La cercanía de las administraciones locales con la ciudadanía es la clave que les otorga a estos gobiernos esta importancia para la implementación de esta cultura de apertura. El Encuentro Regional, remarcó este rol tan relevante y brindó el espacio para que se conociesen buenas prácticas ya implementadas en el nivel local.

Por otra parte, la participación de FUNDEPS estuvo signada a la presentación en un panel sobre proyectos de infraestructura y obra pública. El objetivo fue resaltar algunos casos de grandes proyectos de infraestructura en la Provincia de Córdoba, en los que no se aplicaron los estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación. Durante la exposición, trajimos a colación los casos de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales (EDAR), la construcción de los gasoductos troncales y el desarrollo del Centro Ambiental Carlos Paz. El panel asimismo contó con la presencia de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), un representante del sector de compras públicas de Chile y una representante de la Iniciativa para la Transparencia en la Construcción (CoST). La sesión tuvo por objeto reflexionar sobre la importancia de definir mejores estándares de transparencia y participación ciudadana en este tipo de proyectos.

Este panel particularmente, fue uno de los tantos que buscaron evidenciar la necesidad de aplicar los estándares de gobierno abierto en temáticas específicas. Específicamente, en aquellas cuestiones que hoy por hoy resultan de especial sensibilidad para algunos Estados (cambio climático, recursos naturales, presupuesto, industrias extractivas, entre otros). La OGP nace para lograr una modificación en las instituciones, de tal forma que se pueda recobrar la confianza de los ciudadanos. Para ello, es fundamental que la ciudadanía pueda ver que su vida se modifica de manera positiva a partir de la aplicación de estos principios. A este respecto, se vuelve más que necesario que el paradigma de gobierno abierto pueda expandirse a todas las ramas y niveles de gobierno. Se trata de pasar de un gobierno abierto a un Estado abierto.

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agustinapalencia@fundeps.org

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El engaño oculto de la industria detrás del etiquetado de alimentos

En nuestro país, el sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema de salud pública de gran magnitud. Así lo corroboró la Encuesta Mundial de Salud Escolar que demostró que en Argentina el sobrepeso en adolescentes de 13 a 15 años aumentó del 24,5% al 28,6% entre 2007 y 2012. Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud señalaron una prevalencia de obesidad del 10,4% en niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad.

En este contexto, FUNDEPS participó de una investigación junto a la Federación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) y la Universidad Católica de Santa Fe en el cual se analizó el rotulado de los alimentos, claims y estrategias de marketing en diversos productos de nuestro país.

Examinados 301 productos, la investigación reflejó que el 87% de los cereales de desayuno, los postres y las galletitas dulces contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas. Asimismo, 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes de nutrición tales como «Fuente de vitaminas y minerales» o «50% de calcio diario recomendado».

Por otro lado, se determinó que la normativa actual vinculada al etiquetado de alimentos y técnicas de marketing en nuestro país resulta ineficaz para regular adecuadamente esta materia, lo que deja un margen importante para que las empresas aprovechen esos vacíos legales, confunda al consumidor y lo limiten en sus elecciones. De esta forma, el Estado incumple con su obligación de proteger el derecho humano a la salud, que exige evitar que el accionar de terceras personas afecte la posibilidad de que un grupo de personas pueda ejercer efectivamente su derecho a la salud.

Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la regulación existente y la implementación de mecanismos eficaces dirigidos a restringir estas prácticas de mercadotecnia engañosas y a elaborar un etiquetado nutricional que aporte la información necesaria para asegurar el derecho de los consumidores a información clara y veraz, contribuyendo a la elección de opciones más saludables. De esta forma, además, el Estado cumplirá adecuadamente con sus obligaciones en relación con los derechos humanos a la salud y a la alimentación adecuada.

Más información

– Descripción y análisis del marco normativo argentino y estándares internacionales

– Informe completo

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Slavenska Zec – slavenska.zec@fundeps.org

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Participamos del lanzamiento de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil

BUENOS AIRES. El viernes 24 de noviembre tiene lugar una jornada para la presentación de la Coalición Nacional para la Prevención de la Obesidad Infantil; lo que se busca a partir de esta iniciativa es disminuir los índices cada más altos de esta epidemia, a partir del trabajo mutuo y colaborativo.

En la actualidad, existen alrededor de 41 millones de niños y niñas menores de 5 años con sobrepeso u obesidad, de los cuales más del 80% vive en países en desarrollo. Los datos disponibles en la región de América Latina indican que, en términos generales, de 20% a 25% de los menores de 19 años de edad se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad. En Argentina, la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2012, arrojó como resultado que el sobrepeso entre los y las estudiantes era del 28,6% en 2012 siendo mayor entre varones (35,9% vs. 21,8% mujeres) y con mayor prevalencia a menor edad.

El evento contiene instancias para el diálogo intersectorial a los fines de debatir la situación de la problemática en Argentina, definir líneas de acción y próximos pasos. De la misma, participan representantes de organismos internacionales como OPS Argentina, representantes del sector gubernamental, y miembros del ámbito académico y de la sociedad civil.

Además, se presenta el primer documento consensuado de la Coalición, que versa sobre estándares de política para entornos escolares saludables en Argentina. El mismo se estuvo trabajando de manera coordinada entre los miembros y se pretende su conclusión definitiva, a partir de esta jornada.

Nuestra decisión de participar de esta red surge con la intención de abordar de manera más efectiva un importante problema de salud pública. Además, creemos que es necesario que estos espacios cuenten con datos locales a los fines de diseñar políticas adecuadas a las realidades locales en materia de alimentación saludable.

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Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

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Jornada de género y tecnología en Córdoba

Te invitamos a participar de la Jornada Género y Tecnología en Córdoba, el próximo 29 de noviembre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.

Fecha: 29 de noviembre

Hora: 9 a 16 hs

Lugar: FAMAF (UNC), Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria.

Ingresá tus datos en el formulario para asegurar tu participación. Se entregarán certificados de asistencia.

Programa

9.00 a 9.30: Bienvenida + Introducción al proyecto

9.30 a 10.30: Panel – Brecha digital, género y tecnología 

La brecha digital de género es la que se refiere usualmente a la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) por parte de niñas y mujeres. Según estudios de 2016 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), está brecha se viene agrandando a nivel global. Pero no se trata solo de inequidades en el acceso a las TICs – aunque hay 200 millones menos de mujeres conectadas que hombres

La brecha digital de género hoy también hace referencia a la desigualdad en la participación plena de las mujeres en la economía digital. Hay menos mujeres trabajando en industrias TIC, estudiando carreras de programación o ingeniería, o tomando decisiones sobre políticas públicas de ciencia y tecnología. Este panel buscará discutir las implicancias de esta problemática en la Argentina, donde la revolución digital ya está trastocando las políticas de empleo, participación y desarrollo de los ciudadanos.

Moderadora: WiDE: Tamar Colodenco, WIDE

Belén Bonello (Fundación Sadosky)

Lila Pagola, Universidad de Villa Maria

Celeste Torresi, Santex

Ministerio de Ciencia y Tecnología

10.30 A 11.00 Coffee

11 a 12: Panel – ¿Oportunidades laborales para mujeres en el mundo de la tecnología? 

Son muchos los desafíos que enfrentan las mujeres para la participación plena en el ecosistema digital, pero también son muchas las oportunidades. Este panel tiene como objetivo explorar y difundir oportunidades para que niñas y mujeres se inserten en el mundo de la tecnología. Distintas panelistas explorarán, desde su experiencia, distintos recorridos y recursos que resultan de utilidad para iniciar o afianzar un camino profesional en el mundo de la tecnología.

Moderadora: ADS: Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Ana Laura Almada, FLISOL Córdoba

Luciana Benotti, FAMAF

Carolina Antón, Espacio Abasto

María Helena Provenzal, Incutex

Consejo Provincial de las Mujeres

Ana Figueroa (Moblar)

12.30 a 13.30: Almuerzo

13.30 a 15:30: Taller

Propuestas (dependiendo la cantidad de asistentes inscritas se realizarán posiblemente los talleres en simultáneo)

Taller sobre herramientas de desarrollo profesional para mujeres. Con uno o dos facilitadores, se proponen actividades para ayudar a las participantes a pensar en sus objetivos de carrera y a desarrollar herramientas y recursos para alcanzar esas metas. En grupos pequeños pueden reflexionar sobre su trayectoria, sus intereses y sus fortalezas y debilidades a la hora de buscar trabajo. Además podemos hacer un breve ejercicio para mejorar los CVs, afilar las búsquedas, etc. La idea es que se lleven herramientas concretas y un buen panorama de qué habilidades se demandan en el mundo de la tecnología y que oportunidades de capacitación existen.

Reflexión sobre género y trabajo. Sería un espacio más teórico y menos práctico para charlar sobre los desafíos que tienen las mujeres en el laboral, se puede trabajar también con legislación local, derechos humanos y género, etc.

Taller “Feeling para incidir políticamente en agendas de género e internet”: Feeling es una Metodología para innovar centrada en los sentimientos y experiencias de las personas.

Coordinado por:

Daniela Pardo,Women in the Digital Ecosystem – WiDE

Melisa Gorondy Novak, Asuntos del Sur

Virginia Pedraza, FUNDEPS

15.30 a 16.00: Palabras finales | Construcción de un mural

Acerca de WiDE

Women in the Digital Ecosystem (WiDE) tiene como objetivo fomentar la igualdad de género en la industria de la tecnología con un enfoque en las carreras tecnológicas no tradicionales.

Necesitamos igualdad de género en todos los sectores del ecosistema digital, y eso incluye roles no técnicos tales como analistas de políticas públicas digitales, periodistas especializadas en tecnología, investigadoras en temas de Internet y TICs, especialistas en derecho informático y más.  Para cumplir con su misión, WiDE ofrece talleres de desarrollo de carrera para mujeres jóvenes que quieren explorar la amplia gama de trabajos no técnicos demandados por la economía digital así como las oportunidades disponibles para acceder a ellos. En esta primera etapa, WiDE está dirigido a mujeres que están estudiando o se han graduado recientemente de carreras sociales, humanísticas o afines como ciencias políticas, comunicación, economía, derecho, periodismo, sociología, letras, etc.

Acerca de Asuntos del Sur (ADS)

Asuntos del Sur es un centro de pensamiento independiente, sin fines de lucro que desde 2007, se dedica al análisis, debate y realización de propuestas de políticas públicas para América Latina. ADS tiene el objetivo central de constituirse en una plataforma de deliberaciones de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a nuestra región. Como resultado, ADS produce información rigurosa y de calidad que busca influenciar políticas regionales y nacionales.

​Acerca de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

FUNDEPS es una organización sin fines de lucro que trabaja en la incidencia en políticas públicas para que se respeten los derechos humanos, tanto a nivel local, nacional como internacional. Realiza actividades de investigación, construcción de capacidades, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general. Para esto trabaja junto a todos los grupos que intervienen en el proceso de desarrollo: diferentes niveles de gobierno, comunidades concretas, la ciudadanía en general y otros/as integrantes de la sociedad civil. El objetivo es impulsar un desarrollo sustentable inclusivo, participativo y guiado por derechos humanos.

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Somos parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres

En septiembre del presente año, luego de un año del llamado a convocatoria, se anunciaron las organizaciones que formarían parte del CCAH de la sociedad civil que tiene como principal función la de asesorar y recomendar cursos de acción para abordar la problemática de la violencia de género. Este Consejo, creado en virtud del artículo 9 de la ley de protección integral 26.485, está compuesto por dos organizaciones por provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un total de 48.

El 27 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de dicho Consejo, en la que además de presentarse las organizaciones, se informó sobre el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019) y sobre los planes del INAM en materia de diseño e implementación de políticas. Asimismo, se discutió sobre las funciones y el reglamento que debe dictarse el CCAH. Entre las funciones de las organizaciones, están las de participar de las reuniones anuales y monitorear la aplicación de la ley 26.485 en sus respectivas provincias, para luego presentar informes que sirvan de insumo al INAM para promover la aplicación de la ley a nivel federal.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el cambio que sufrió este organismo, que pasó de ser el Consejo Nacional de la Mujer, a ser el INAM. Las autoridades que expusieron, mencionaron que la decisión respecto de esta modificación atiende a la necesidad de darle mayor jerarquía a las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres al tener rango de Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social, a la vez que se le otorga mayor autonomía al organismo.

Por otro lado, se señaló que a futuro se planea establecer delegaciones provinciales, para territorializar las políticas del INAM y facilitar el acceso a los trámites en las distintas provincias argentinas. No obstante, no se hicieron referencias a cómo se va a transversalizar las políticas públicas en esta materia hacia las otras áreas del Estado, más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.

Celebramos la iniciativa del INAM para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley y por consolidar un espacio institucionalizado para que la sociedad civil participe de manera federal en materia de violencia de género. La construcción y monitoreo de las políticas públicas para una problemática tan extendida como la desigualdad de género requiere de la participación de la sociedad civil de toda Argentina, por lo que esperamos que se continúe avanzando en pos de la promoción de los derechos de las mujeres, también asegurando presupuesto y la infraestructura necesaria para que funcionen en todo el territorio nacional.

No podemos dejar de mencionar que debería reforzarse la participación de las organizaciones, además de la existencia del CCAH. Es necesaria la implementación de mecanismos para que puedan acceder a la participación otras organizaciones referentes de los derechos de las mujeres en todas las provincias, que no cumplen con los requisitos formales para pertenecer al CCAH, pero que por su experiencia y trayectoria deben considerarse a los fines del diseño e implementación de políticas públicas de género en nuestro país.

Más información

– Resolución creación del INAM y del CCAH

– Anexo de organizaciones integrantes del CCAH

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org