En el marco de un amparo por mora ante la falta de respuesta de la Municipalidad de Córdoba en una solicitud de información pública, el fiscal general resaltó que “La Fundación actora se vio obligada a acudir a la justicia para lograr la actuación de parte de la Administración.”
El pasado 2 de mayo obtuvimos un importante pronunciamiento judicial en materia de derecho de acceso a la información pública, en el contexto del amparo por mora presentado ante el incumplimiento de cuatro pedidos de información presentados en diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba. Antes de adentrarnos en el pronunciamiento recordamos algunas cuestiones básicas de la temática:
¿A qué se considera información pública?
Es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien la Administración Pública en sus diferentes niveles y de aquellos sujetos que hayan recibido fondos públicos.
¿Qué implica el derecho de acceso a la información pública?
Comprende la posibilidad de cualquier persona de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información pública. Este derecho se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. Es importante mencionar que este derecho tiene una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes se encuentran en posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante el conocimiento preciso del contenido de los derechos humanos y de sus formas y medios de ejercicio que se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute.
¿Entonces cualquier persona puede solicitar información pública?
Sí, la Ley 27275 de Derecho al Acceso a la Información Pública establece que “Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública”. En Córdoba existe un importante precedente del Tribunal Superior de Justicia que además establece que “el derecho humano de acceso a la información pública ha de analizarse desde una óptica amplia y holística.” y que “este derecho corresponde a toda persona sin que deba acreditarse algún interés o situación jurídica especial, receptándose una legitimación amplia que comprende tanto la actuación en sede administrativa como en sede judicial”. La forma de acceder a ella es a través de un pedido de información pública.
¿Y qué es un pedido de información pública?
Es aquella petición que se realiza de manera escrita o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, de toda aquella información generada, administrada o en posesión de los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipios y Autónomos, Partidos Políticos locales y cualquier organismo que ejerza gasto público.
El único requisito que se impone es que la solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee. Se puede realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, solo basta indicar la identidad de la persona solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto, a los fines de enviarle la información o anunciarle que está disponible.
Toda solicitud de información pública debe ser satisfecha en un plazo determinado: en el caso de organismos nacionales es de 15 días hábiles, mientras que en la Provincia y en la Municipalidad de Córdoba es de 10 días. En todos los casos la Administración puede solicitar prórrogas, debiendo justificarlo.
¿Pero qué pasa en la práctica?
Nuestra experiencia ante la solicitud de información pública en los diferentes niveles y áreas estatales es muy dispar. Mientras que a nivel nacional, y gracias a los mecanismos previstos por la Ley 27275, los pedidos de información suelen ser respondidos en tiempo y forma, a nivel provincial y municipal, en la mayoría de los casos, no obtenemos respuesta en el plazo estipulado. Esta falta de respuesta nos obliga a judicializar los pedidos de información a través de la interposición de amparos por mora.
Ante esta situación, admitida la demanda se corre traslado a la Administración para que presente un informe explicando por qué se encuentra en mora, es decir, por qué no brindó la información solicitada. En la mayoría de los casos, frente a este traslado la Administración produce la información que le había sido requerida, se la notifica al peticionante, y luego lo informa en el expediente, solicitando que la causa judicial devenga abstracta, porque la información ya fue entregada. En este tipo de casos, el tribunal suele resolver en ese sentido, declarando abstracta la causa e imponiendo las “costas por su orden”. Esto quiere decir que la Administración no debe correr con ningún tipo de gasto cuando los pedidos de información se judicializan, incluso cuando es su actitud la que obliga a las peticionantes a iniciar un proceso de amparo.
Un cambio de criterio en el dictamen fiscal
Por medio del Dictamen N°344 emitido el 2 de mayo en la causa ”Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables C/ Municipalidad de Córdoba – Amparo Ley 8803”, Expte. N° 10221471, el Ministerio Público Fiscal se pronunció sentando un importante criterio en materia de amparos por mora y derecho acceso a la información pública. En este juicio, la Municipalidad de Córdoba presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara, por estar en desacuerdo con lo que se resolvió en materia de costas.
El fiscal entendió que “a criterio de este Ministerio Público, hay un vencedor y un vencido por la propia fuerza de los hechos, y en relación directa con el objeto perseguido por la presentante; porque como quiera que sea, la Administración cumplió con el dictado del acto administrativo, pero fuera del término que la ley contempla y con motivo de un proceso judicial. Y por ende, su situación se equipara a la del vencido.”
En este sentido, afirmó que “La Fundación actora se vio obligada a acudir a la justicia para lograr la actuación de parte de la Administración. No parece justo ni razonable que el reclamante deba afrontar los gastos y honorarios por él devengados con motivo de la tramitación de una causa cuyo origen es una conducta omisiva por parte de la Administración y el ejercicio de un derecho constitucional. Es por ello que la sustracción de materia judiciable producida en autos, no implica de ningún modo el desplazamiento del principio objetivo de la derrota como criterio de imposición de las costas”.
Celebramos la decisión del Fiscal General, ya que sienta un importante precedente en materia de derecho de acceso a la información pública. Es así que el ejercicio de un derecho constitucional no puede aparejar que quien solicita cargue con las costas de un proceso que no hubiese existido si la administración hubiese respondido en el plazo legal. Es importante mencionar que este no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática de la Administración que limita al acceso a la información quienes tengan los medios económicos y jurídicos para exigir la respuesta de los pedidos de información ante la justicia.
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Noelia Salvia
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Mayca Balaguer, maycabalaguer@fundeps.org
*Fuente imagen: Argentina.gob.ar
Organizaciones de la sociedad civil pedimos políticas públicas libres de interferencia de la industria tabacalera
Desde las organizaciones de la sociedad civil, a través de la firma de una declaración, solicitamos la no intervención de la industria tabacalera en el diseño y ejecución de políticas de salud pública -entre ellas el avance con la prohibición completa de promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco-y la ratificación del CMCT, entendiendo que dicho tratado otorga a los Estados herramientas claves en la lucha contra el tabaquismo.
Existe un conflicto fundamental e inconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la salud pública; por cuanto aquélla elabora y promociona productos cuyas consecuencias nocivas han sido ampliamente demostradas por la evidencia científica.
Desde hace más de 80 años la industria viene desplegando sus estrategias para interferir en el establecimiento y la aplicación de políticas de control del tabaco. Estas tácticas, que buscan promover el consumo de tabaco, están teniendo como público objetivo a poblaciones cada vez más jóvenes, y las regulaciones existentes devienen muchas veces ineficaces para hacerles frente.
Todo ello se da en un marco en el que se busca incorporar al mercado los nuevos productos de tabaco y nicotina, con el fin de posicionarlos como parte de la solución de una epidemia que la misma industria genera y que se cobra la vida de casi 8 millones de personas alrededor del mundo. Así, estos productos vienen a posicionarse como una estrategia más que busca socavar las políticas alcanzadas en materia de control de tabaco.
Asimismo, Argentina es uno de los pocos países del mundo que aún no ratificó el primer tratado de salud pública sobre control del tabaco, una herramienta clave a la hora de garantizar la transparencia y la no intervención de la industria tabacalera en la políticas de salud. Pero, ¿por qué es importante la ratificación del Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) para garantizar la no interferencia de la industria?
El CMCT es el primer tratado de salud pública mundial, que vino a dar una respuesta global a la epidemia del tabaquismo. El tratado prevé diversas estrategias destinadas a reducir la oferta, la demanda y los daños causados por los productos de tabaco, que incluyen la prohibición completa del marketing de tabaco, el aumento de los impuestos a este, entre otras medidas. Pero además establece expresamente la protección de las políticas públicas y de control del tabaco contra los intereses comerciales y otros creados por la industria tabacalera.
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
Estrategias digitales de la industria tabacalera: cómo nos está convenciendo de comprar sus nuevos productos
LOS NUEVOS PRODUCTOS EN LAS REDES SOCIALES
Cuando de tabacaleras se trata, la renovación y la reinvención nunca faltan para maximizar sus ganancias, vender nuevos productos y captar cada vez más consumidores, principalmente a las niñeces y a jóvenes. Frente a esto, es fundamental poder identificar las principales plataformas de difusión de estos productos y los mensajes publicitarios engañosos y falsos.
A partir de un relevamiento que realizamos en las redes sociales – gran plataforma de difusión de los nuevos productos de tabaco y nicotina–, identificamos distintas técnicas y estrategias para convencer a les consumidores que los nuevos productos son atractivos y hasta saludables.
En primer lugar, las tabacaleras intentan vender sus nuevos productos, como el cigarrillo electrónico, como algo innovador, diferente y hasta mejor que el cigarrillo tradicional. Mediante el uso de hashtags como #Vapearsalvavidas y #Vapearnoesfumar, la industria del tabaco busca “lavar” su tradicional imagen de industria no saludable. De esta forma, el vapeador se presenta como no tóxico ni nocivo para la salud, siendo que la Organización Mundial de la Salud y diversos estudios, han demostrado que esto está lejos de ser así.
PUBLICACIÓN POSICIONANDO AL VAPEADOR COMO DE DAÑO REDUCIDO
PUBLICACIÓN RELACIONADOS A ALIMENTOS PARA IDENTIFICAR LOS SABORES
Por otro lado, las tabacaleras aprovechan la imagen de personas famosas y de influencers para promocionar sus productos y aumentar el nivel de sus ventas. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Asociar el uso del cigarrillo electrónico con el éxito y con estilos de vida hegemónicos, para convencernos de que si compramos estos productos, nosotres también podemos acceder a una vida llena de ocio y lujos.
PUBLICACIÓN CON IMÁGENES DE FAMOSES
Otras estrategias para fortalecer su presencia publicitaria en las redes sociales, consiste en el uso de memes y el lanzamiento de promos y sorteos. Mediante estas herramientas, las tabacaleras realizan campañas de marketing divertidas y atractivas para les usuaries de redes sociales, utilizando un lenguaje familiar, visual y llamativo para la venta de sus productos.
PUBLICACIONES DE PROMOS Y SORTEOS
Es urgente que este tipo de estrategias, campañas y publicidad engañosa sean desenmascaradas, para no crear ni difundir el consumo de productos elaborados con tabaco y nicotina, que son nocivos para la salud, y que ponen en riesgo particularmentea las juventudes y niñeces.
LOS NUEVOS PRODUCTOS EN MEDIOS GRÁFICOS Y TV
Aunque sin dudas la principal vía de difusión de estos nuevos productos son las redes sociales, la TV y los medios gráficos nos escapan de las garras. Los siguientes gráficos, obtenidos a partir de nuestro relevamiento, dan cuenta de su presencia en estas plataformas.
Porcentaje de las connotaciones en las noticias que se encuentran en la cobertura de los medios de televisión
Porcentaje de las connotaciones en las noticias encontradas en la cobertura de los medios gráficos.
Distribución de noticias en medios gráficos según las provincias donde se publicaron
Cobertura mediática entre 2019 – 2022 encontrada con las palabras clave seleccionadas, según provincia. El promedio nacional está representado por la línea horizontal naranja (promedio nacional= 11).
Evolución en el tiempo de la cobertura mediática gráfica encontrada con las palabras clave seleccionadas, según se trate de medios de ámbito nacional o provincial.
Evolución en el tiempo de la cobertura mediática televisiva encontrada con las palabras clave seleccionadas.
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Sofía Armando
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
Este contenido cuenta con el apoyo financiero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) en nombre de STOP, una iniciativa de monitoreo de la industria tabacalera a nivel global. El contenido es completamente independiente desde el punto de vista editorial.
Túnel Internacional de Agua Negra: Beneficios y preocupaciones en torno a una obra estratégica en la integración entre Argentina y Chile
El presente informe tiene como objetivo llevar adelante un abordaje integral y en profundidad sobre el proyecto del Túnel Internacional de Agua Negra (TIAN) entre Argentina y Chile, incluyendo sus dimensiones técnicas, estratégicas, políticas, económicas, sociales y ambientales.
La interferencia de la industria en la regulación de productos de tabaco y nicotina
A pesar de que existe evidencia sobre lo nocivo que es el tabaco, aún falta mucho trabajo en lo que respecta a su regulación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sabe que el tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen, y cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa de este. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo y alrededor de 1,2 millones son consecuencia de la exposición de personas no fumadoras al humo ajeno.
Una de las causas de estas estadísticas, es que en las tabacaleras utilizan diversas acciones de interferencia. ¿Qué significa esto? Que usan una amplia gama de tácticas y estrategias (directas o indirectas) que interfieren en el establecimiento y la aplicación de políticas de control del tabaco. Muchas veces son claras y fáciles de identificar, pero en la mayoría de los casos, no. Es por eso que en esta nota, te contamos cuáles son algunas de las estrategias de interferencia que se pueden observar en nuestro país para que no te la creas…
¿Cómo interfiere la industria en nuestro país?
Siguiendo los criterios del Índice Regional de Interferencia, (una encuesta global que contó con el apoyo de STOP y en la que participaron más de 20 ONGs de latinoamérica), y revisando bases de datos públicas nacionales, se pudieron listar las siguientes estrategias de interferencia por parte de la industria tabacalera:
A través del análisis de las bases de datos de los registros de audiencias, se puede observar que la representación de las dos principales tabacaleras que operan en Argentina (British American Tobacco y Philip Morris International) se duplicó en los últimos años (2004 a la fecha); y solo desde 2017 a la fecha, se mantuvieron 34 reuniones formales entre representantes de la industria y funcionaries del gobierno nacional. Además, estas reuniones se realizaron cada vez de forma más frecuente: a partir de 2016, el tiempo entre reuniones se acortó: de reunirse cada 7 meses y medio; lobistas y funcionaries pasaron a reunirse cada 4 meses.
A nivel provincial no existen registros abiertos sobre las agendas de les funcionaries.
El 56% de las audiencias realizadas entre septiembre 2016 y marzo 2022 en despachos oficiales para tratar temas vinculados al tabaco, fueron motivadas por el reclamo a impuestos a la comercialización o subsidios a la producción.
En este sentido, en Argentina se han generado “alianzas para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco” y en este marco surge una entidad pública que presenta vínculos explícitos con las industrias tabacaleras: la Asociación Civil de Antipiratería. Esta asociación asumió la vocería de las empresas tabacaleras al plantear ante autoridades nacionales el “flagelo de la piratería” y la “evasión en el sector cigarrillos y la gravabilidad de nuevos productos”; permitiéndoles mantener interacciones que podemos clasificar como “innecesarias”.
¿Qué conclusiones podemos sacar?
Los datos recolectados exponen el poder que posee la industria tabacalera en nuestro país, y cómo pueden ejercer presión para que las políticas de control del tabaco demoren en llegar o sean ineficaces. Además, hay que sumar que todo esto se desarrolla en un contexto de presión para poder incorporar al mercado los nuevos productos de tabaco y nicotina.
Si bien la publicidad juega un rol crucial en la generación y en el mantenimiento del hábito de fumar, y se ha avanzado en su regulación, sólo tres provincias argentinas tienen prohibición total. Es necesario que podamos identificar claramente cómo la industria tabacalera interfiere, evitando que se avance en reglamentaciones sobre el tema.
Es fundamental, por ejemplo, que Argentina ratifique el Convenio Marco para el Control de Tabaco; ya que en el mismo se plantean estrategias integrales que permiten trabajar sobre políticas de salud que posibiliten reducir el consumo de tabaco y nicotina. Implementar las medidas del Convenio Marco y darles tiempo para producir resultados, es el enfoque más eficaz para abordar esta epidemia.
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Lourdes Aparicio
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
Este contenido cuenta con el apoyo financiero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias (La Unión) en nombre de STOP, una iniciativa de monitoreo de la industria tabacalera a nivel global. El contenido es completamente independiente desde el punto de vista editorial.
Adherimos al pronunciamiento contra la agresión hacia defensores ambientales en la UNC
El 15 de junio en la UNC, se desarrolló un evento en el cual se encontraban presentes representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución financiera multilateral que financia el proyecto de autovía de Punilla. En ese contexto, les defensores ambientales reclamaron a las autoridades del CAF la violación a los sistemas de salvaguardas ambientales, y la afectación al ambiente que el proyecto implica.
Ante esa intervención, el actual rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, quien representaba a la institución en la jornada, agravió públicamente a les defensores ambientales asociando su accionar al financiamiento de instituciones vinculadas al genocidio nazi, entre otros dichos.
Esto sin dudas constituye un acto de violencia e intimidación que afecta seriamente las garantías incorporadas al Acuerdo de Escazú. Es que el art. 9no del tratado protege a les defensores ambientales, garantizándoles un entorno seguro y propicio para el ejercicio de sus derechos de protesta, opinión y libertad de expresión. Además, obliga a las autoridades a adoptar medidas para prevenir y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
En repudio al accionar del rector Juri, adherimos al pronunciamiento realizado por les docentes e investigadores de la UNC, solicitando la retractación y pedido de disculpa hacia les defensores ambientales, y exigimos la adopción de medidas que resguarden sus derechos fundamentales.
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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org
*Fotografía extraída del sitio web del Museo de Antropología
Participamos en la Comisión de Ambiente y Educación de la Legislatura provincial
La reunión tuvo como objetivo presentar la Cumbre de Economía circular y debatir el proyecto de ley de adhesión provincial a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral. El proyecto pretende incorporar al marco de políticas ambientales locales, las herramientas y directrices para implementar la Educación Ambiental Integral.
La apertura de la reunión a personas y organizaciones que trabajan la temática ambiental en el plano local, forma parte de una buena práctica que viene implementando la Comisión para ciertas iniciativas, tales como la adhesión a la Ley Yolanda. Un espacio valioso en el cual quienes la integraron, pudieron brindar sus opiniones sobre la relevancia de la Educación Ambiental Integral y aportar sugerencias para el proyecto. Este fortalecimiento de instancias de democracia participativa sin dudas es acorde a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú.
En relación al proyecto, si bien se trata de una adhesión, constituye un punto de partida importante para diseñar estrategias que permitan modificar las bases culturales y éticas de los sistemas de producción, comercialización y consumo vigentes en la sociedad. La educación integral que plantea la ley, tiene la virtud de abordar contextos educacionales tanto formales como informales, medios de comunicación y políticas públicas de un modo transversal.
Si bien el proyecto prevé incorporar a la normativa provincial idéntico texto que el previsto en la ley nacional, mediante la adhesión, creemos que algunas instituciones deberían preverse de un modo expreso en la versión local. Desde Fundeps expusimos las razones por las cuales creemos que la ley debería prever los siguientes ítems:
Lineamientos básicos para la construcción de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI)
La EJEAI es el instrumento de planificación estratégica permanente y concertada, con alcance en ámbitos formales y no formales de educación, de tecnologías de la información y medios de comunicación, con base participativa, territorializada.
Se perfila como un instrumento fundamental y principal para desarrollar la Educación Ambiental Integral a nivel provincial. En este punto creemos que la ley debería expresamente mencionar los lineamientos básicos para su configuración, tales como: anclaje en las problemáticas y conflictos socioambientales de la Provincia, empoderamiento en ejercicio de derechos de acceso y ambientales, dispositivos de participación pública, entre otros.
Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional
Sostenemos que la ley debería incorporar expresamente la creación de la Coordinación Ejecutiva de la estrategia, determinando -al igual que la ley nacional- el modo de conformación del órgano, para llevar adelante la gestión y administración de la estrategia.
Consejo Consultivo local
Recomendamos que la ley local incorpore de modo expreso la creación de un Consejo Consultivo local conformado por actores diverses, encargades de brindar apoyo y retroalimentación a la Coordinación para la implementación y monitoreo de la Estrategia Jurisdiccional.
Más allá de que consideramos que las recomendaciones brindadas generarían un proyecto superador, reconocemos la importancia de la adhesión y celebramos la labor parlamentaria en ese camino, más cuando se instrumenta a partir de la participación de la sociedad civil.
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*Foto extraída del Diario Comercio y Justicia
Transparencia Activa: conversatorio sobre buenas prácticas y desafíos
El conversatorio se desarrolló bajo modalidad virtual y es la primera actividad que se realiza en el marco del Ciclo de Debates sobre Transparencia 2022, impulsado por el colectivo, con el objetivo de proponer conversaciones con funcionaries a cargo de las agendas de transparencia de distintas provincias y localidades del país. La propuesta apunta a generar un ambiente propicio al debate e intercambio de experiencias que contribuyan a fortalecer las prácticas de transparencia activa y pasiva de todos los poderes públicos y al ejercicio efectivo de estos derechos por parte de la ciudadanía.
En esta oportunidad, conversamos con Diego Seoane, Subdirector de Acceso a la Información Pública (AIP) en la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, con María Gracia Andía, Titular del órgano garante del Acceso a la Información Pública de y con Fernanda Araujo, Gerenta de Arquitectura de la Información, ambas de CABA.
La primera parte del encuentro estuvo dedicada al diseño institucional de cada jurisdicción y cómo dan cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa, es decir, en lo que de oficio deben publicar esos niveles de gobierno, dado que ambas tienen leyes que las obligan en ese sentido. En ese sentido, Diego Seoane comentó que en Mendoza, por la ley N° 9070 de 2018, se previó una única autoridad de aplicación que es la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. La misma rige para todos los poderes del Estado y tiene competencias sobre otras leyes como la de Ética Pública y Ficha Limpia. Dentro de esta Oficina, la Sub-Dirección de Acceso a la Información Pública, que está compuesta por dos personas, es autoridad de aplicación en todo lo relativo a AIP, es órgano de Alzada de solicitudes de información y tiene a su vez la función de controlar el cumplimiento de la transparencia activa de todos los sujetos obligados. El rol de la Sub-Dirección se complementa con el de “Funcionarios Garantes” en cada uno de los sujetos obligados, que son quienes tienen a cargo tanto la obligación de dar respuesta a las solicitudes de información como a la publicación activa de información que prevé la ley de Mendoza.
Desde las expositoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comentó que la ley N° 104 de 2016 estableció una estructura de dos niveles, compuesta por Órganos Garantes y Autoridades de Aplicación en cada uno de los poderes de la ciudad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Las funciones de estas autoridades se complementan, los Órganos Garantes tienen la función general de promover este derecho, generar informes, elaborar convenios, realizar auditorías de oficio y actuar en caso de denuncias por incumplimiento de la ley en el poder del que depende. Por su parte las Autoridades de Aplicación gestionan los pedidos de información pública, cumplen con las obligaciones de transparencia activa, orientan a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, capacitan a los sujetos obligados dentro del poder correspondiente, entre otras. A su vez cuentan con las figuras de Enlaces para el cumplimiento de la transparencia pasiva, y de Referentes Institucionales y Operativos, para las obligaciones de transparencia activa en cada sujeto obligado.
En un segundo momento, se consultó por una buena práctica de cada dependencia y los principales desafíos que advierten en el ejercicio de sus funciones. Desde Mendoza se destacó como buena práctica, el monitoreo sistemático que hicieron en el proceso de transparencia pasiva, es decir a las solicitudes de información que se hacían, que impactaron directamente en el mejoramiento del proceso de transparencia activa. Citó, por ejemplo, que de 130 pedidos que se hacían al Instituto de la Vivienda, bajaron a 30 una vez que se disponibilizó la información y se mejoró su sitio web. Resaltó asimismo, el hecho de tener un botón directo de transparencia en cada sujeto obligado y ubicar allí todo lo que la ley estipula. Manifestó que eso fue un gran avance porque en las primeras etapas, la información se consignaba pero estaba desordenada e incluso redundaba. Desde CABA presentaron el Portal de Transparencia que concentra las obligaciones de transparencia activa del gobierno de la ciudad y el Índice de Transparencia Activa que es una herramienta creada para dar seguimiento a las políticas de transparencia y acceso a la información en dicha jurisdicción. Asimismo compartieron algunas experiencias de transparencia focalizada, es decir, de interés específico para un determinado grupo o colectivo de personas, como una Guía que elaboraron con información sintetizada para Jefas de Familias Monoparentales.
En relación a los desafíos, desde Mendoza si bien afirman que el diseño institucional dado por la ley es acertado, consideran que con una mejor estructura organizacional podrían cumplir más eficientemente sus funciones. Luego, un desafío compartido por ambas jurisdicciones, si bien cada una cuenta con diseños y herramientas distintas, tuvo que ver con la constante mejora en la implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Así como a otras demandas de la ciudadanía. Se hizo hincapié también a la mejora en teŕminos de accesibilidad, lenguaje claro, acceso de personas con diferentes capacidades, entre otras.
Finalmente, y en coincidencia con la audiencia y las organizaciones de la sociedad civil organizadoras del evento, se ponderó la necesidad de avanzar de manera sostenida sobre la transparencia y el acceso a la información pública de todos los poderes del Estado, es decir de los Legislativos y Judiciales.
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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
¿Cuál es el avance de la Ley Yolanda en Córdoba a un año de su sanción?
En mayo del año 2021, la Legislatura provincial sancionó la Ley N° 10758 de adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 27592. Esta prevé la capacitación obligatoria en la temática ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático para todas las personas que desempeñen la función pública en todos sus niveles.
Si bien la normativa alcanza a los tres poderes del Estado, hasta la fecha solo ha trascendido el comienzo de las capacitaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por esta situación, y dada la importancia de generar este tipo de capacitaciones en quienes diseñan e implementan políticas públicas o resuelven conflictos ambientales, resulta fundamental el monitoreo de su implementación.
Por esto, solicitamos a los tres poderes del Estado, información pública sobre el grado y avance en la implementación de la ley. La solicitud de acceso a la información pública, se convierte en una importante herramienta, cuando los datos no están al alcance de la ciudadanía, siempre y cuando exista respuesta de las autoridades.
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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org
Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo
La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada. A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su PAI que fue suspendido meses después y todavía no se ha reactivado. En dicho proceso, el Banco puso a consideración de la sociedad civil y demás partes interesadas el perfil pretendido para su nueva política, en el que se destacan 22 brechas a mejorar en materia de acceso a la información.
El presente documento tiene como objeto analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente, el proceso de revisión iniciado y suspendido, y el perfil de política pretendido. Se identifican sus falencias y se las analiza con una mirada crítica a fin de realizar recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta garantice el derecho de acceso a la información.
Dictamen fiscal favorable en materia de acceso a la información pública
El pasado 2 de mayo obtuvimos un importante pronunciamiento judicial en materia de derecho de acceso a la información pública, en el contexto del amparo por mora presentado ante el incumplimiento de cuatro pedidos de información presentados en diferentes áreas de la Municipalidad de Córdoba. Antes de adentrarnos en el pronunciamiento recordamos algunas cuestiones básicas de la temática:
¿A qué se considera información pública?
Es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien la Administración Pública en sus diferentes niveles y de aquellos sujetos que hayan recibido fondos públicos.
¿Qué implica el derecho de acceso a la información pública?
Comprende la posibilidad de cualquier persona de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información pública. Este derecho se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio. Es importante mencionar que este derecho tiene una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos, especialmente por parte de quienes se encuentran en posiciones subordinadas o vulnerables, ya que es sólo mediante el conocimiento preciso del contenido de los derechos humanos y de sus formas y medios de ejercicio que se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute.
¿Entonces cualquier persona puede solicitar información pública?
Sí, la Ley 27275 de Derecho al Acceso a la Información Pública establece que “Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública”. En Córdoba existe un importante precedente del Tribunal Superior de Justicia que además establece que “el derecho humano de acceso a la información pública ha de analizarse desde una óptica amplia y holística.” y que “este derecho corresponde a toda persona sin que deba acreditarse algún interés o situación jurídica especial, receptándose una legitimación amplia que comprende tanto la actuación en sede administrativa como en sede judicial”. La forma de acceder a ella es a través de un pedido de información pública.
¿Y qué es un pedido de información pública?
Es aquella petición que se realiza de manera escrita o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, de toda aquella información generada, administrada o en posesión de los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipios y Autónomos, Partidos Políticos locales y cualquier organismo que ejerza gasto público.
El único requisito que se impone es que la solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee. Se puede realizar por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad, solo basta indicar la identidad de la persona solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto, a los fines de enviarle la información o anunciarle que está disponible.
Toda solicitud de información pública debe ser satisfecha en un plazo determinado: en el caso de organismos nacionales es de 15 días hábiles, mientras que en la Provincia y en la Municipalidad de Córdoba es de 10 días. En todos los casos la Administración puede solicitar prórrogas, debiendo justificarlo.
¿Pero qué pasa en la práctica?
Nuestra experiencia ante la solicitud de información pública en los diferentes niveles y áreas estatales es muy dispar. Mientras que a nivel nacional, y gracias a los mecanismos previstos por la Ley 27275, los pedidos de información suelen ser respondidos en tiempo y forma, a nivel provincial y municipal, en la mayoría de los casos, no obtenemos respuesta en el plazo estipulado. Esta falta de respuesta nos obliga a judicializar los pedidos de información a través de la interposición de amparos por mora.
Ante esta situación, admitida la demanda se corre traslado a la Administración para que presente un informe explicando por qué se encuentra en mora, es decir, por qué no brindó la información solicitada. En la mayoría de los casos, frente a este traslado la Administración produce la información que le había sido requerida, se la notifica al peticionante, y luego lo informa en el expediente, solicitando que la causa judicial devenga abstracta, porque la información ya fue entregada. En este tipo de casos, el tribunal suele resolver en ese sentido, declarando abstracta la causa e imponiendo las “costas por su orden”. Esto quiere decir que la Administración no debe correr con ningún tipo de gasto cuando los pedidos de información se judicializan, incluso cuando es su actitud la que obliga a las peticionantes a iniciar un proceso de amparo.
Un cambio de criterio en el dictamen fiscal
Por medio del Dictamen N°344 emitido el 2 de mayo en la causa ”Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables C/ Municipalidad de Córdoba – Amparo Ley 8803”, Expte. N° 10221471, el Ministerio Público Fiscal se pronunció sentando un importante criterio en materia de amparos por mora y derecho acceso a la información pública. En este juicio, la Municipalidad de Córdoba presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara, por estar en desacuerdo con lo que se resolvió en materia de costas.
El fiscal entendió que “a criterio de este Ministerio Público, hay un vencedor y un vencido por la propia fuerza de los hechos, y en relación directa con el objeto perseguido por la presentante; porque como quiera que sea, la Administración cumplió con el dictado del acto administrativo, pero fuera del término que la ley contempla y con motivo de un proceso judicial. Y por ende, su situación se equipara a la del vencido.”
En este sentido, afirmó que “La Fundación actora se vio obligada a acudir a la justicia para lograr la actuación de parte de la Administración. No parece justo ni razonable que el reclamante deba afrontar los gastos y honorarios por él devengados con motivo de la tramitación de una causa cuyo origen es una conducta omisiva por parte de la Administración y el ejercicio de un derecho constitucional. Es por ello que la sustracción de materia judiciable producida en autos, no implica de ningún modo el desplazamiento del principio objetivo de la derrota como criterio de imposición de las costas”.
Celebramos la decisión del Fiscal General, ya que sienta un importante precedente en materia de derecho de acceso a la información pública. Es así que el ejercicio de un derecho constitucional no puede aparejar que quien solicita cargue con las costas de un proceso que no hubiese existido si la administración hubiese respondido en el plazo legal. Es importante mencionar que este no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática de la Administración que limita al acceso a la información quienes tengan los medios económicos y jurídicos para exigir la respuesta de los pedidos de información ante la justicia.
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*Fuente imagen: Argentina.gob.ar
Solicitamos participar en el proyecto de acceso a la justicia del Poder Judicial
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar estrategias que permitan mejorar el acceso a la Justicia de grupos en condición de vulnerabilidad. Actualmente se encuentra en marcha una segunda edición del proyecto.
En esta etapa se trabajará el acceso a la justicia de poblaciones migrantes, de pueblos originarios, y de casos que afecten al ambiente. Según el sitio web del proyecto, este busca promover herramientas para facilitar el acceso a la justicia particularmente de las personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Se promueve como una política pública de base participativa y colectiva.
La elaboración de protocolos de acceso a la justicia en asuntos ambientales, constituye una iniciativa acorde a los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Escazú. En ediciones anteriores, se elaboraron protocolos, cartillas de derechos, entre otras herramientas destinadas al público en general y a personas operadoras de la justicia.
En este marco, solicitamos al Poder Judicial la apertura de dispositivos de participación significativa de la sociedad civil para brindar aportes y enriquecer el proceso de construcción de herramientas. Creemos que en el marco del Acuerdo de Escazú, la participación se perfila como un imperativo para cualquier política que pueda tener impacto en el goce de los derechos de acceso, entre ellos, el acceso a la justicia.
Este tipo de iniciativas resultan sumamente valiosas en un contexto donde las problemáticas y conflictos ambientales vinculados al acceso a la participación pública, a la información ambiental y a la justicia, son moneda corriente.
Autora
Ana Sol Olivera
Contacto
Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
*Fuente imagen: Justicia Córdoba
Una resolución judicial con enfoque en defensores ambientales
Tal y como trascendiera en los medios de comunicación, durante las primeras semanas de mayo un grupo autoconvocado de vecines se encontraba acampando en la localidad de Molinari como modo de protesta en contra de la construcción de la Autovía de Punilla. En favor de este grupo de personas, se presentó una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Control de la ciudad de Cosquín.
Recordemos que esta acción está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En resumidas cuentas, tiene como fin la protección de la libertad física de las personas ante cualquier amenaza cierta o efectiva privación de la libertad que sea ilegal (arrestos/ detenciones).
Tras analizar la situación, el Tribunal dio las razones por las cuales consideró que no se encontraban dados los requisitos para la procedencia del habeas corpus. Consideró, de acuerdo a la prueba colectada, que no se había llevado a cabo ningún arresto o detención ilegal, ni existía una amenaza cierta e inminente de privación de la libertad física.
No obstante, el Juzgado consideró otros derechos en juego como el de protesta, de peticionar ante las autoridades, de opinión, entre otros. Así, respecto al modo en que se produjo el desalojo de les vecines por parte de las fuerzas de seguridad -según sus dichos-, consideró que esto debía ser materia de investigación por parte de los órganos correspondientes (Fiscalía de Instrucción) remitiendo copia de las actuaciones.
Lo interesante y novedoso de la resolución es que, yendo más allá del objeto estricto de la acción de habeas corpus, el Tribunal valoró los dichos de les vecines en relación a lo sucedido y la naturaleza ambiental de la protesta. En ese enfoque, recomendó a las autoridades policiales y a la Fiscalía de Instrucción que se garantice un entorno seguro para el ejercicio de estos derechos -siempre y cuando no se afecten otros derechos-, citando y aplicando el artículo 9 del Acuerdo de Escazú sobre defensores ambientales.
Este tratado, recordemos, es el único instrumento internacional que garantiza a las personas defensoras ambientales estándares de protección específicos de sus derechos. Este marco de protección se debe a que Latinoamérica y Caribe es la región más peligrosa para personas defensoras del ambiente (227 muertes en 2020 según Global Witness Foundation).
Si bien el Acuerdo de Escazú lleva un año en vigor, la resolución del Juzgado de Control de Cosquín se trataría del primer precedente judicial en la región de Latinoamérica y Caribe en aplicar la disposición sobre defensores ambientales de Escazú para garantizar un entorno seguro, de acuerdo a lo registrado a la fecha. Aun ante la inexistencia de una normativa específica a nivel local, estas cláusulas resultan plenamente operativas y deben ser aplicadas por toda autoridad estatal. Sin dudas, el avance jurisprudencial constituye un fuerte impulso en el camino hacia la efectiva implementación de Escazú.
Ver resolución judicial del Juzgado de Control
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Contacto
Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
*Foto extraída de La Izquierda Diario