El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.
La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.
Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).
Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).
Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).
A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.
De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.
A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.
En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.
La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.
A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.
De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.
Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.
Más información
– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.
– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.
– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.
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La Voz del Interior
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Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global
Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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Presentaciones judiciales por contaminación en Chacra de la Merced
El pasado mes de diciembre presentamos formalmente un Amicus Curiae en los autos caratulados “Fundación Tercera Generación C/ Jolaga S.R.L. – Amparo Ambiental”, (Expte. 6229513) que tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial y 45° Nominación de esta ciudad, con el objeto de acercar al Tribunal consideraciones jurídicas acerca del daño ambiental que produce la actividad contaminante del establecimiento de curtiembre JOLAGA S.R.L. y la obligación que pesa sobre la misma de recomponer el daño ambiental causado al rio Suquía.
El amparo ambiental iniciado en febrero de 2017 tiene por objeto el cese de la actividad desarrollada por el establecimiento de curtiembre, y la recomposición del daño ambiental causado.
Todo ello fundado en que el arrojo ilegal de desechos y residuos químicos al cauce del río Suquía, en el camino Chacra de la Merced km 3 1/2, por parte del establecimiento de curtiembre JOLAGA S.R.L., cuyos dueños son Jorge Ricardo Gawuryn y Ariel Gawuryn, se ha producido en clara violación a la Ley General del Ambiente N° 25.675 y Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208, afectándose derechos de raigambre constitucional -derecho a un medio ambiente sano -art. 41 CN -, derecho a la salud, derecho a la vida -, no solo de la población del área afectada sino también de toda la comunidad de la provincia de Córdoba.
Asimismo, con motivo de la actividad ilegal y clandestina de la curtiembre, se inició una actuación penal de oficio, que culminó con su clausura y con la imputación de los dueños de la curtiembre JOLAGA SRL, Jorge Ricardo Gawuryn y Ariel Gawuryn, por el delito de contaminación ambiental dolosa continuada, en calidad de coautores, de acuerdo con lo que establecen los artículos 55° de la Ley de Residuos Peligrosos 24.051, y 45° y 55° del Código Penal.
De acuerdo con la investigación, el establecimiento operaba hace casi diez años a pesar de las reiteradas denuncias de los vecinos, arrojando sustancias contaminantes en una laguna a cielo abierto existente en el predio de la empresa, y luego los habrían arrojado a un terreno colindante, a través de una bomba de desagote. Todos esos predios desaguan, por simple gravedad, en el río Suquía.
Como fundación que promueve y fomenta la efectivización del derecho a un ambiente sano y equilibrado, consideramos que la contaminación y el daño ambiental causados por los titulares de la curtiembre, constituyen una clara vulneración a estos derechos que defendemos. Por tal motivo, solicitamos participación como querellante particular a los fines de instar el proceso y coadyuvar al Ministerio Público Fiscal en la investigación penal.
El barrio Chacra de la Merced está ubicado en el extremo este de la ciudad de Córdoba, a unos 150 metros de la avenida Circunvalación y a 200 metros del río Suquía. Más de dos décadas atrás formaba parte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba, hoy tiene múltiples focos de contaminación. El peor es la planta de residuos cloacales Edar Bajo Grande que hace años arroja líquidos cloacales al río Suquia con tratamiento deficiente e incluso sin tratamiento alguno.
También se encuentran otras industrias contaminantes, entre ellas curtiembres, como JOLAGA S.R.L., canteras, lagunas producto de la extracción de áridos convertidas en basurales a cielo abierto, entre otras.
Más información
– Investigan contaminación con un cancerígeno en cercanías del Suquía, La Voz del Interior
– Amicus curiae en causa “Fundación Tercera Generación C/ Jolaga S.R.L. – Amparo Ambiental”
– Querellante particular en causa “Actuaciones labradas tiraban contaminantes cerca del rio Suquía»
Contacto
María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org
Boletín informativo – Enero 2018
ONG plantearon reparos a cambios en la política de Gobierno Abierto
Un conjunto de organizaciones civiles especializadas en transparencia manifestaron su preocupación por la eliminación y el el traspaso de las funciones de la Dirección de Innovación Ciudadana, en el marco del recorte del gasto político.
Un conjunto de organizaciones y asociaciones civiles, que trabajan en cuestiones de transparencia y apertura de datos públicos, salió a manifestar su rechazo a la supuesta intención del gobierno bonaerense de eliminar la Dirección Provincial de Innovación Ciudadana, en el marco del recorte de cargos políticos.
A través de un comunicado, más de una decena de organizaciones, entre las que se cuentan Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación por la Libertad y la Justicia (ACIJ), expresaron su preocupación por la desaparición, según trascendió, de esa área, que tiene como objetivo impulsar políticas de apertura de datos públicos tanto en la administración bonaerense como en los municipios.
Las organizaciones destacaron, al inicio de la gestión de María Eugenia Vidal, la creación de Dirección de Datos Públicos y Gobierno Abierto dentro de la Dirección de Innovación Ciudadana como parte de las otras acciones de transparencia que, aunque “no son suficientes”, representan un avance.
Sin embargo, ahora ven con preocupación que para la Dirección Provincial de Innovación Ciudadana se programe un “traspaso de sus tareas y proyectos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. “Queremos alzar nuestra voz sobre la obligación del Estado Provincial de no retroceder en este tipo de políticas públicas”, enfatizaron.
“Nos preocupa en este sentido enterarnos que el Laboratorio de Innovación Pública de la Provincia cierre sus puertas, ya que cumplía un rol central en el desarrollo de estas iniciativas, siendo además uno de los pocos laboratorios de gobierno a nivel provincial en todo el país”, afirmaron.
Las ONG´s reclamaron que cualquier cambio en la política de Gobierno Abierto debe estar signado por algunos aspectos. El impulso fuerte de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento del equipo técnico necesario para la publicación de esa información, la capacitación constante, y mayor participación social en las decisiones políticas.
“Entendemos que el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la administración pública lejos de ser un gasto innecesario, es el mecanismo para generar eficiencia, ahorro, y ante todo, control de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía”, plantearon.
Las organizaciones remarcaron, por último, la necesidad de que las áreas que asuma el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, “redunde en mayores herramientas y eficiencia en la generación de políticas de datos abiertos y acceso a la información pública en la provincia”.
Firmaron el comunicado ACIJ, ADC, Cargografías – Andres Snitcofsky, Datos Concepción, Democracia en Red, Directorio Legislativo, Fundación Conocimiento Abierto, FUNDEPS, Fundación Huesped, Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, OpenDataCordoba y Poder Ciudadano.
Fuente: La Tecla Info
Una red da «más voz» a la sociedad en lucha contra la corrupción en Argentina
Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Organizaciones sociales argentinas tomaron por las riendas la lucha contra la corrupción y formaron una red para dar «más voz» a la sociedad ante un problema que la Justicia no siempre encara como quiere la ciudadanía, dijo a Efe Germán Emanuele, miembro de uno de los grupos de la red.
«Las organizaciones sociales son espacios que representan a la sociedad civil y en materia de lucha contra la corrupción representan a los damnificados», apuntó Emanuele, director del área de Transparencia y Corrupción de Poder Ciudadano, una fundación que defiende la anticorrupción y una mayor participación ciudadana.
Sin embargo, estas no tienen toda la voz que querrían al representar a sus colectivos y por ello decidieron aliarse en la llamada Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC), lanzada recientemente con el apoyo de otras ocho instituciones.
«No es lo mismo hacer un reclamo con una o dos organizaciones que con 20 o 30», razonó Emanuele.
Además de la fuerza que adquieren cuando suman sus voces, esta red les permitirá «formalizar» la relación entre ellas, establecer una agenda e intercambiar «herramientas y conocimientos» que hasta ahora compartían de manera esporádica.
Para Emanuele, la ROCC «alienta a la promoción de la transparencia» y servirá para enfrentarse a un desafío mayor que «descubrir hechos de corrupción» -ya difíciles de detectar-, que es enfrentarse a los «círculos de impunidad» en las esferas políticas, empresariales y «de poder».
Entre las irregularidades que combaten, están la corrupción en las obras públicas, los pedidos de sobornos en aduanas y la distribución irregular de las pautas publicitarias del Estado.
La unión entre organizaciones tiene sus resultados, como ha sido el caso de la denominada «tragedia de Once», un choque de tren en 2012 que acabó con la vida de 51 personas.
En esta causa ya se ha sentenciado a algunos responsables gracias a la presión de las organizaciones sociales compuestas mayoritariamente por las víctimas, apuntó Emanuele.
A su modo de ver, cuando la sociedad civil no presiona, los procesos judiciales y políticos tardan más.
Por otra parte, a esta red, cuya creación planificaban desde comienzos de 2017, no quieren convertirla en un único encuentro anual ni establecer un protocolo que aplicar a todos los casos por igual.
«En la medida en la que vayan saliendo casos concretos, ya trabajaremos de forma ordenada con la organización que tenga el caso para poder hacer presión», explicó Emanuele.
Las asociaciones aliadas son el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia y Acción Ciudadana Areco y las fundaciones Nuestra Mendoza, fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Transparencia Ciudadana y Salta Transparente.
El objetivo es que más organizaciones se sumen a esta iniciativa y con ese propósito buscarán más organismos interesados a comienzos de 2018.
Esta iniciativa surge en un momento lleno de altibajos en la percepción de la transparencia en Argentina, que se ha visto alterada recientemente por detenciones por presunta corrupción de exministros, empresarios e incluso un exvicepresidente.
Otra evidencia es que, según el último ránking realizado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Argentina está ubicada en el puesto 95 de una lista de 176 países. EFE
Fuente: W Radio
¿Qué nos deja el 2017 en relación a los gasoductos troncales?
El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.
La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.
Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).
Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).
A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.
De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.
A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.
En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.
La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.
A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.
Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.
Más información
– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.
– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.
– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.
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La Voz del Interior
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Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global
Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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Arroyo alambrado: el dominio público fue apelado por Potrerillo de Larreta
La sentencia de primera instancia de la jueza Graciela Cerini, que fijaba un plazo de 90 días para que la Provincia y el municipio determinasen “el uso público” del arroyo Los Paredones, fue recurrida por el country. El asesor Letrado municipal, Daniel Villar, confía en los fundamentos en pos del desalambre.
A fines de noviembre, Cerini había determinado “desestimar la demanda incoada por EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A. en contra de la PROVINCIA DE CÓRDOBA en cuanto pretende instalar alambrados sobre el Arroyo Los Paredones en el ingreso y egreso de su propiedad, debiendo demarcar el límite a lo largo de la línea de ribera”.
Con la reciente apelación, el country se asegura el arroyo alambrado durante todo el verano y algunos meses del otoño próximo.
“ES INNEGABLE, ESTO ES DE DOMINIO PÚBLICO”
Villar repasó históricamente que con la incorporación de la Municipalidad como tercero interviniente, junto a FUNDEPS y en base al trabajo realizado inicialmente por el colectivo Todos por Nuestros Arroyos, se logró que la causa pasara del fuero Civil al Contencioso Administrativo y que “quien tuviera que dirimir fuera un juez de Alta Gracia, que conociera el tema”, y no que “algún juez que venga a jugar al golf fuera el que tuviera que resolver el conflicto”.
El asesor Letrado confía en que los fundamentos esgrimidos inicialmente por la Provincia, en base al trabajo de los terceros intervinientes, serán suficientes para echar por tierra la apelación del barrio privado. Los 90 días dispuestos a fines de noviembre por la juez Cerini se suspenden con esta medida impuesta por Potrerillo, ya que la sentencia no quedó firme.
Ahora llega el turno de defender los fundamentos del fallo. “Es innegable, esto es de dominio público”, apuntó Villar, quien adelantó que el desafío que viene es convencer al Poder Judicial de que el desalambre del arroyo “será en beneficio para todos los vecinos” y que la Municipalidad es la responsable de su mantenimiento y resguardo.
Fuente: Diario Tortuga
Lanzamos la Red de Organizaciones contra la Corrupción
Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Nuestra Mendoza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Acción Ciudadana Areco, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y, la fundación Salta Transparente; conformamos la Red de Organizaciones Contra la Corrupción, con la finalidad de generar un impacto concreto en las políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación de la corrupción en todos los rincones del país.
Argentina se encuentra atravesando una crisis de corrupción sistémica y estructural, que continuará agudizándose en la medida en que no se lleven adelante políticas públicas y reformas institucionales profundas, destinadas a prevenir y disminuir este flagelo. Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil en general, y aquellas que trabajan en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción en particular, encuentran grandes dificultades para lograr una efectiva incidencia en esta temática; por esto se hace necesario plantear una nueva estrategia de abordaje sistémico para generar reformas sustanciales.
La R.O.C.C. fue concebida como un espacio dinámico que permitirá a todos sus integrantes generar mayor incidencia en las políticas públicas, promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, e incluso realizar acciones judiciales concretas de manera conjunta.
Entre los objetivos se encuentra la generación de espacios de discusión sobre distintas problemáticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción y mecanismos de intervención; el trabajo conjunto en la incidencia para la implementación de políticas públicas que tengan como finalidad generar sistemas de integridad en todos los niveles del Estado; y asesorar a otras organizaciones sociales en la implementación de herramientas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión pública.
Contacto
Agustina Palencia <agustinapalencia@fundeps.org>
Hacia un acuerdo regional sobre derechos humanos ambientales
En el año 2015 se dio inicio a la negociación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. A partir de ese momento, se fueron sucediendo reuniones del Comité de Negociación, en las cuales se discutieron, revisaron y aprobaron las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional. Dicho documento consta de un preámbulo y veinticinco artículos.
Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, con una significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios, con la reciente incorporación de Santa Lucia y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.
En la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se lograron consensuar los artículos de Acceso a la Información y a la Participación Pública (6to, 7mo y 8vo). Sin embargo, representantes de la sociedad no tardaron en mostrar su preocupación por el grave retroceso en la marcha de las negociaciones. Luego de este séptimo encuentro, la sociedad civil hizo las siguientes recomendaciones para poder garantizar la corrección del rumbo de las negociaciones:
Al respecto, en la inauguración de la octava reunión, Andrea Sanhueza representante electa del público, expresó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”.
Finalmente, ese fue uno de los principales resultados de la reunión, ya que los países acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional.
Ello significa que los países signatarios se obligaron a garantizar el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos a la libertad de opinión de expresión, de reunión, de asociación pacíficas, a circular libremente y al libre ejercicio de sus derechos.La situación de los defensores ambientales en América Latina ha ido empeorando conforme han ido pasando los años. Durante el 2016 más de 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida en el afán de reclamar por sus derechos vulnerados. El 60% de estos casos se registró en la región de América Latina. El hecho que durante las últimas negociaciones del Acuerdo Regional, se haya logrado incorporar un artículo que proteja a estas personas, es fundamental a la hora de avanzar hacia la efectiva garantía de los DDHH.
En el encuentro, se realizaron otros importantes avances sobre el texto final del instrumento regional. Entre ellos se convinieron los artículos sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, y sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación, y aprobaron además la mayoría de las obligaciones generales.
Además, se aprobó el objetivo principal del Acuerdo, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Con motivo de la reunión, expertos de la ONU realizaron un comunicado urgiendo a los gobiernos a que adopte un acuerdo firme sobre derechos ambientales. «Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron.
Al finalizar la octava reunión, los participantes reconocieron los significativos consensos y definiciones alcanzadas sobre el texto compilado por la Mesa Directiva en esta semana de negociaciones y acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal (11 al 25) durante la siguiente reunión, que se realizará en el primer trimestre de 2018 en San José, Costa Rica.
Más información
– Pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil
– Comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
– Mensaje de los representantes electos del público – Principio 10
Autoras
Noelia Salvia
Agustina Palencia
Contacto
María Perez Alsina <mariaperezalsina@fundeps.org>
Autoconvocados contra la fumigación
En el mapa cordobés, Canals está ubicado al sudeste, a 161 kilómetros de Villa María (por la ruta 4 hasta La Carlota y por la ruta 8 hacia Alejo Ledesma y Arias), sobre una llanura con lagunas que favorecen la ganadería y la agricultura como actividades principales. Sin embargo, sobre sus tierras prima esta segunda actividad acompañada por el uso de agroquímicos.
“La de Canals y sus 8.645 habitantes no es una situación aislada en los pueblos de Córdoba. A solo 64 kilómetros de distancia está Monte Maíz, donde un estudio realizado en 2014 por miembros de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) determinó que el cáncer era la principal causa de muerte”, recordó la periodista Consuelo Cabral para La Nueva Mañana.
Fue tras ese informe que los vecinos de Monte Maíz se organizaron y consiguieron la aprobación de una ordenanza que regula el espacio público procurando disminuir la exposición a los agrotóxicos por parte de la población, recordó la comunicadora.
Teniendo en cuenta ese antecedente, los habitantes de Canals se pusieron de pie para luchar por una ordenanza similar en su pueblo. Un grupo de médicos envió una carta a las autoridades municipales reclamando el cese de las fumigaciones, pero la respuesta del secretario de Gobierno fue que “Canals es un pueblo agrícola con glifosato y que no va a cambiar”.
El pasado 27 de noviembre, Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y miembro de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, estuvo presente en la asamblea que llevaron a cabo los vecinos de Canals y contó que la situación es complicada para los vecinos porque el actual y dos veces intendente, Carlos Peiretti, “no sólo tiene campos, sino que es uno de los que fumiga y contamina el pueblo con sus mosquitos y enormes depósitos de donde entran y salen miles de bidones de agrotóxicos”.
“Además, la actual presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Conte, también es una actora directa en el negocio de la agricultura con venenos”, comentó Avila Vázquez, para agregar a la lista de fumigadores a “Fernando Wingeter, el anterior intendente que duró ocho años en funciones, y Mencho Ferreyra, actual presidente del Club Atlético Libertad”.
La mayoría de los vecinos dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.
Presentes
Durante el Encuentro Socioambiental por la Salud y por la Vida, Avila Vázquez, el médico Adolfo Estrella (oriundo de Canals), el ingeniero agrónomo Claudio Demo (de la Universidad Nacional de Río Cuarto), el veterinario Marcelo Frías, de la estancia Las Dos Hermanas, y la abogada de Fundeps, María Pérez Alsina, hablaron hasta llegada la madrugada.
“El problema de esta comunidad es la salud de sus miembros, en años de gran prosperidad económica no dejan de aparecer nuevos casos de cáncer, que parece ser la principal causa de muerte, como ya lo manifestó el Registro Provincial de Tumores para todo este departamento en su informe del año 2014”, explicó Avila Vázquez a LNM.
La gran mayoría de los vecinos que tomaron la palabra dijeron que sus familiares y vecinos “padecen y mueren de cáncer y viven entre depósitos de agrotóxicos y máquinas aplicadoras mosquitos que circulan como hormigas gigantescas por todos los sectores del pueblo”.
El médico de la Red de Pueblos Fumigados contó que “los dramas familiares que se relataron conmovían a los presentes, niños enfermos gravemente, varones jóvenes con cánceres comunes en ancianos, cánceres de páncreas, mama, colon y pulmón por doquier”.
Fuentes:
Las relaciones China-Argentina bajo la administración Macri: ¿Cambiamos?
El presente documento de trabajo plantea un breve análisis de las relaciones actuales entre la República Popular China y la Argentina en un contexto tanto nacional como internacional; y teniendo en cuenta aspectos como la relación del gigante asiático con los gobiernos kirchneristas, el cambio de gobierno ocurrido en Argentina a finales de 2015, la realidad económica argentina y la elección del republicano Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.
Reglamentación de APP en Argentina: riesgos y oportunidades
Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.
En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.
En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.
Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.
Más información
– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS
– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad
– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN
Fuente de imagen
Banco Interamericano de Desarrollo
Autora
María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org
Contacto
Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org
TxNA: “Nada se habría logrado sin la acción social”
El colectivo Todos por Nuestros Arroyos (TxNA) emitió un comunicado celebrando “la resolución de la jueza Graciela Cerini por la cual desestimó la demanda iniciada por Potrerillo de Larreta contra la Provincia de Córdoba, demanda que le ha permitido al country alambrar al arroyo Los Paredones, impidiendo el acceso a los vecinos al espacio público”.
Tras el fallo de la jueza de Segunda Nominación de Alta Gracia, Graciela Cerini, quien emplazó a que en 90 días se retire el alambrado, en tanto que ordenó a que la Provincia y el Municipio “determinen el uso del espacio público, sin invadir terrenos privados”, desde el colectivo social Todos Por Nuestros Arroyos se mostraron “muy contentos” y celebraron la resolución”.
Desde la organización, a través de un comunicado, expresaron que “este fallo supone un hito en la historia de TXNA y de los vecinos de Alta Gracia”. Asimismo, “seguimos denunciando que existen otros casos de privados que se han sentido con el privilegio y el poder de adueñarse de lo que es de todos”, enfatizaron al tiempo que enumeraron los cursos de agua existentes cuyo acceso al público está resentido: el arroyo Caocamillín y el arroyo Estancia Vieja.
En la misma dirección, desde el colectivo insistieron en que “nada se habría logrado sin la acción social, sin la organización de los vecinos que presionaron al estado en todos sus niveles para tomar cartas en el asunto”.
Comunicado
Desde el colectivo social TXNA estamos muy contentos y celebramos la resolución de la jueza Graciela Cerini por la cual desestimó la demanda iniciada por Potrerillo de Larreta contra la Provincia de Córdoba, demanda que le ha permitido al country alambrar al arroyo Los Paredones, impidiendo el acceso a los vecinos al espacio público.
Este fallo supone un hito en la historia de TXNA y de los vecinos de Alta Gracia, aún así, entendemos que esto es sólo un paso más en nuestra lucha. Seguimos denunciando que existen otros casos de privados que se han sentido con el privilegio y el poder de adueñarse de lo que es de todos.
El arroyo Caocamillín, donde se encuentra emplazado el barrio Liniers, lleva años alambrado por el barrio privado La Hornilla. En su momento, año 2009, el proyecto de La Hornilla fue aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Alta Gracia mediante una ordenanza donde se indicaba que la Municipalidad aceptaba a manera de “donación” el arroyo, lo cual supone un absurdo jurídico en todo sentido ¿Dónde se ha visto que el Estado acepte que un privado le “done” espacio público?
Denunciamos asimismo que el arroyo Estancia Vieja se encuentra alambrado en distintos sectores de su cauce por varios privados. TXNA realizó un informe donde se detalla cada lugar con coordenadas de GPS y fotografías, informe que luego fue entregado a la Municipalidad de Alta Gracia. La respuesta que obtuvimos del gobierno de la ciudad fue, de nuevo, nula.
Agradecemos a la fundación Fundeps por participar como amicus curiae en la demanda entre Potrerillo y la Provincia y entendemos que nada se habría logrado sin la acción social, sin la organización de los vecinos que presionaron al estado en todos sus niveles para tomar cartas en el asunto.
La lucha continúa.
¡Queremos caminar libremente por los arroyos!
Colectivo Todos por Nuestros Arroyos
Fuente: Diario Tortuga