La idea de avanzar en un instrumento internacional que responda a los desafíos de regulación que genera el accionar de empresas internacionales toma un nuevo impulso en el año 2013, a partir de la iniciativa de un grupo de países de las regiones de América Latina, Asia y África. A partir de la identificación de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones transnacionales, se decidió generar un espacio que permitiese el debate acerca de la creación de un instrumento que fuera jurídicamente vinculante. La declaración realizada en ese momento resaltó que:
El creciente número de casos de abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales nos recuerda la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas transnacionales y para proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otras empresas.
Hasta el momento, el marco legal que regula el accionar de las empresas internacionales se resume en instrumentos y mecanismos no vinculantes: entre ellos se destacan los Principios Rectores de NU sobre Empresas y DDHH, las directrices de OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre empresas y DDHH. Dichos instrumentos cuentan con poderes limitados para llevar a cabo el control del cumplimiento de las empresas con los Principios y sólo proporcionan una respuesta parcial a las cuestiones urgentes relacionadas con los abusos a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Estos principios y mecanismos no responden adecuadamente a los desafíos de regulación de actores como las empresas internacionales. Además, no logran asegurar el acceso a la justicia frente acciones de empresas transnacionales que impactan en derechos humanos ni a garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas.
La resolución 26/9, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de junio de 2014 creó el Grupo de Trabajo que tiene el mandato de “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Un instrumento internacional jurídicamente vinculante, adoptado dentro del sistema de Naciones Unidas, dejaría en claro las obligaciones de las empresas transnacionales, tanto en el ámbito de los derechos humanos como frente a los Estados. Asimismo, permitiría establecer reparaciones justas para las víctimas, en casos en los que sea claramente imposible procesar, de manera efectiva, a las empresas con la legislación doméstica.
En los años posteriores a la conformación del grupo intergubernamental (2015 y 2016) se llevaron a cabo reuniones para seguir avanzando en las negociaciones del tratado. En este 2017 se celebra la tercera sesión del grupo buscando delinear un posible texto del instrumento jurídicamente vinculante.
Durante el desarrollo de las dos primeras sesiones tanto las organizaciones de la sociedad civil como los Estados participantes destacaron que:
- – Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos no abordaban el núcleo del debate sobre la máxima protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia y reparación.
- – Todo instrumento vinculante debía establecer con claridad la obligación de las empresas transnacionales de respetar las normas en materia de medio ambiente, salud y trabajo y el derecho internacional humanitario.
- – Se pidió que se incorporara en el instrumento la perspectiva de género, pues las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales podrían acentuar las desigualdades previas y tener consecuencias negativas relativas al género.
- – Se observó que el proceso del grupo de trabajo guardaba relación con la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- – Las instituciones financieras internacionales también podrían incluirse en el ámbito del instrumento, lo que sería compatible con el derecho internacional.
- – Se discutió sobre el tamaño de las empresas a las que debería aplicarse el tratado, tomándose en cuenta las actividades de todas las empresas, pero centrándose en las transnacionales.
- – Las ONG coincidieron en reconocer el principio de jerarquía de los derechos humanos sobre otros ámbitos del derecho internacional, en particular las normas sobre comercio y protección de inversión.
Para la sesión de 2017 la sociedad civil ha buscado lograr un mayor compromiso en el camino hacia la creación del tratado. Numerosas organizaciones y movimientos sociales impulsan la generación de este instrumento para finalmente lograr mejores niveles de rendición de cuentas por parte de las empresas transnacionales. Grupos como Stop Corporate Impunity y Treaty Movement han estado involucrados en tratar de incorporar la visión de las organizaciones de la sociedad civil en el texto del tratado. Asimismo, el grupo G77 + China, en su Declaración Ministerial de 2017, recalcaron la importancia y aceptación respecto de la generación de un tratado vinculante; y urgió a los Estados miembros para que participen de la tercera sesión que desarrollaría en Ginebra.
En contraposición, la International Business Community ha destacado que los elementos para incluir en el tratado que propuso el Grupo Intergubernamental, significan un ‘retroceso respecto de los compromisos asumidos a partir de los Principios Rectores’. En este sentido, se destacó que el enfoque casi exclusivo en las empresas transnacionales no tiene en cuenta las graves violaciones a DDHH ocasionadas a partir del accionar de empresas nacionales. De igual forma, recalca que la creación de un instrumento jurídicamente vinculante quita la potestad de los Estados, e incluso los subestima, a la hora de hacer cumplir la normativa vigente. En adición, se acentúa la necesidad de fortalecer las instituciones estatales antes que embarcarse en la creación de un instrumento de estas características.
Desde la generación del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el debate se ha centrado en la necesidad de definir el enfoque del tratado. La sociedad civil ha destacado la urgente necesidad de involucrar a las empresas transnacionales, mientras que la comunidad corporativa y los estados de Unión Europea más los Estados Unidos, han rechazado esta perspectiva.
El rol de Argentina frente a la discusión
La posición de Argentina respecto de este tema no ha sido del todo clara. Durante la gestión de Cristina Fernández, la decisión fue abstenerse en la votación para tratar la creación del instrumento vinculante. Ahora bien, bajo la gestión de Mauricio Macri, no hubo oficialización de una postura. Sin embargo, luego de la presentación de un pedido de acceso a la información al Ministerio de RREE y Culto, se recibió una respuesta que evidenció que la República Argentina comparte el interés creciente de la comunidad internacional en vincular la responsabilidad de las empresas con el respeto a los derechos humanos. De igual forma, mantiene un activo compromiso con las iniciativas dirigidas a elevar los estándares en esta materia.
En este sentido, cabe mencionar que pareciese que Argentina se inclina de manera positiva ante esta iniciativa. Asimismo, se puede resaltar que a mediados de este año se presentó una primera versión de un Plan de Acción Nacional para la aplicación de los Principios Rectores sobre DDHH y Empresas.
Durante los días restantes de la tercera sesión, seguirá el debate en torno a la generación de un instrumento vinculante y desde FUNDEPS esperamos que el resultado redunde en un avance sustantivo respecto de las obligaciones de las empresas para con el respeto y la garantía de los DDHH. Asimismo, esperamos que Argentina asuma una posición de apoyo a esta iniciativa y que en ese proceso permita la participación de organizaciones de la sociedad civil y en particular de comunidades que hayan sido impactas por el acciones de empresas transnacionales.
Autora
Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org
Contacto
Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org
La provincia de Córdoba tiene un nuevo portal de estadísticas y censos
Durante el mes de noviembre, desde la Dirección de Gobierno Abierto de la provincia de Córdoba invitó a testear el portal de estadística, a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la mesa provincial para el seguimiento de la meta de OGP. Posteriormente, se hizo el lanzamiento oficial de la nueva plataforma. Esto efectivamente evidencia la nueva impronta que se está adoptando de parte de la Secretaría General de la Gobernación. El hecho de hacer partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, demuestra que el gobierno provincial ha comenzado a construir una comunidad de datos activa.
El portal ahora disponible cuenta con la información de la antigua página de la Dirección de Estadísticas y Censos. La nueva interfaz, no obstante, resulta mucho más amigable para el usuario y cuenta con nuevas secciones. Se trata de un avance en materia de gobierno abierto de parte de la Provincia. El nuevo portal cuenta con una sección de ‘Datos Abiertos’, una de ‘Visualizaciones’ y una de ‘Publicaciones’.
Al navegar por la página se podrá encontrar con información detallada socioeconómica de la Provincia y de cada departamento y municipio. En la sección ‘Conocé Córdoba’ se puede acceder a la mayor cantidad de información estadística social. En la sección de ‘Datos Abiertos’ hay más de 600 datasets y varios de ellos están en formatos abiertos y reutilizables.
La innovación se encuentra en las secciones de ‘Visualizaciones’ y ‘Publicaciones’. Si bien la mayoría de los portales de datos no incluyen este tipo de secciones, éstas con fundamentales a la hora de acerca los datos a la ciudadanía. Usualmente, los datos en formatos abiertos resultan dificultosos de leer y comprender. Para ello, las visualizaciones organizan la información y la presentan de una manera dinámica y fluida. Particularmente, estas visualizaciones que contiene el nuevo portal son interactivas y el usuario puede modificar y filtrar la información de tal forma que se pueden armar visualizaciones personalizadas.
Un paso más adelante es la sección de ‘Publicaciones’. Se trata de un espacio en el que se explican algunos datasets. Este tipo de recurso acerca aún más la información al ciudadano y permite ya una comprensión total de los datos.
Consideramos positiva la iniciativa para modernizar la plataforma y reconocemos como fundamentales los recursos que se incorporaron y que en definitiva permiten un mejor acceso a la información pública de parte de la ciudadanía. De igual manera, celebramos que se haya tratado de un proceso inclusivo en el que se hizo partícipe a las organizaciones de la sociedad civil.
Contacto
agustinapalencia@fundeps.org
La ONU insta a que los bancos aborden los ataques a quienes defienden los derechos humanos
«A través de su financiamiento y apoyo técnico, una compleja gama de instituciones públicas y privadas continúan implicadas en ataques contra defensores«, cita el informe del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los/as defensores/as de los derechos humanos, Michel Forst.
Según Forst, «hay una profunda crisis vinculada a la imposición de modelos de desarrollo que parecen favorecer los beneficios a corto plazo y la mercantilización sobre las necesidades y aspiraciones de las poblaciones locales«. El informe encontró que en muchos casos, las violaciones de los derechos y el conflicto se derivan de la exclusión de las comunidades potencialmente afectadas de las decisiones sobre sus tierras y recursos naturales.»Solo al garantizar el derecho de dichas comunidades a otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado, como se prevé en los acuerdos internacionales, se pueden evitar estos orígenes del conflicto«.
El análisis del Relator Especial se hace eco de algunas de las tendencias y desafíos críticos destacados en un escritopresentado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en respuesta a la convocatoria del Relator Especial para el informe. Estos incluyen el creciente papel del sector privado en el desarrollo, la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de los bancos de desarrollo, el creciente uso de intermediarios financieros y la mala ejecución de los procesos de consulta y consentimiento.
El informe del Relator Especial destaca la «urgencia» para que los bancos de desarrollo y otros inversionistas utilicen la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar posibles riesgos para los defensores e identificar medidas de mitigación antes de tomar decisiones de inversión. Teniendo en cuenta los compromisos de los Estados en materia de desarrollo sostenible, el Relator subrayó que «ahora es el momento de ‘predicar con el ejemplo’ y garantizar que nadie pueda ser asesinado o amenazado por el mero hecho de defender los derechos humanos».
El informe recomienda varias políticas y prácticas concretas que los bancos de desarrollo y otros inversores deberían adoptar para salvaguardar a los defensores:
Los hallazgos del Relator Especial se hacen eco de muchas de las prioridades y recomendaciones de la campaña Defensores/as en el Desarrollo liderada por la Coalición junto con grupos de la sociedad civil de todo el mundo. La campaña está trabajando para garantizar que las actividades de desarrollo respeten los derechos humanos, que los financiadores del desarrollo promuevan un entorno propicio para la participación pública, y que los/as defensores/as puedan defender sus derechos y responsabilizar a los actores del desarrollo sin temor.
Fuente: Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
Fuente de imágen: Accountability Counsel
Defensoría del Pueblo: eligen titular sin participación de la ciudadanía
Ante la ausencia de respuestas, se llevó el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ambos organismos instaron al Estado argentino a que designara prontamente a la persona encargada de la Defensoría del Pueblo. Cabe destacar que se trata de una institución clave para la defensa de los derechos humanos.
Conforme a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre las medidas mencionadas, se encuentran aquellas tendientes a efectivizar el establecimiento y regular funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
La persona designada tiene básicamente dos funciones: 1) Defensa y protección de los derechos de las personas ante actos u omisiones de la administración pública; y 2) Control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Sin embargo, esta definición puede tornarse limitada ya que no contempla su dimensión más procedimental y humana: la idea y aspiración de crear una entidad capaz de ser receptiva a las necesidades de la población. La Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental no sólo en la protección de derechos humanos y control del ejercicio de las funciones públicas, sino también como institución clave en la comunicación directa entre el Estado y los individuos.
Durante el mes de agosto de 2017, 55 organizaciones de la sociedad civil nuevamente exhortaron a que se finalice con esta situación y se designe Defensor/a del Pueblo. El reclamo además incluyo una propuesta para la designación que contempló tanto requisitos legales y constitucionales, como sugerencias para el proceso de selección. Se solicitó que se adopten las medidas necesarias para que la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo inicie de inmediato el procedimiento de designación, que asegure 1) la transparencia y participación ciudadana en el proceso y 2) la idoneidad de los candidatos.
El proceso de selección de la persona encargada de la Defensoría del Pueblo debe seguir criterios rigurosos que garanticen la idoneidad moral e idoneidad técnica. La idoneidad moral en este caso no solo hace referencia a la ausencia de faltas disciplinarias o de conductas contrarias a la ética pública; sino que remite a la necesidad de probar un verdadero compromiso con los DD.HH. La idoneidad técnica en cambio, tiene que ver esencialmente con el conocimiento acerca de las problemáticas de DD.HH. y los medios para remediarlas.
Otro punto a resaltar dentro de cómo debiera llevarse a cabo la designación, tiene que ver con la independencia de criterio. La CN en su artículo 86 remarca el carácter autónomo de la figura y la independencia de criterio. Esto hace referencia a la no partidización de la figura y a la ausencia de lazos económicos o de interés que puedan interferir con las actividades de la persona titular de la defensoría.
Estos criterios de selección deben ir acompañados de un procedimiento transparente y participativo regido por la publicidad y apertura en todas las etapas del proceso. La presentación hecha por la sociedad civil detalló la propuesta para la implementación de un proceso de selección que debía incluir: 1) Propuesta de los candidatos, 2) Publicación de antecedentes, 3) Observaciones impugnaciones y preguntas, 4) Respuestas por escrito de los candidatos, 5) Audiencia pública ante la comisión bicameral, 6) Observaciones, 7) Decisión de la comisión bicameral.
Esté órgano desde el 2009 carece de una conducción real y desde ese entonces está funcionando bajo mandatos interinos porque el Congreso aún no acordó la designación de un director. Desde el 2015, se encuentra a cargo de esta dependencia el subsecretario general Juan José Böckel, un hombre que responde al anterior interventor de ese organismo, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim. Actualmente, la Defensoría del Pueblo se ha visto inmersa en casos de corrupción luego que anónimamente se denunciaran irregularidades en el organismo.
Según trascendió, el miércoles 8 de noviembre la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo firmaría la propuesta de terna de candidatas/os a Defensor/a, con miras a que las Cámaras lo designen antes de fin de año. Esto se ha hecho sin convocar a la sociedad civil y si se llegara a concretar este acuerdo sin participación de la ciudadanía en la conformación de la terna afectarán el adecuado funcionamiento institucional de la Defensoría, una vez que su nuevo/a titular sea designado/a.
La importancia de la designación radica en que es uno de los organismos encargados del control horizontal del Estado (denominado Accountability Horizontal). Se trata del control que ejercen las mismas instituciones sobre los actos y/u omisiones que emanan del Estado. En este sentido, es fundamental que los mecanismos que garantizan la rendición de cuentas a nivel horizontal funcionen correctamente. Nos sumamos al reclamo de la sociedad civil para la pronta designación de una persona encargada de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Más información
– Carta pública Carta Pública a candidatos/as a Defensor/a del Pueblo de la Nación
– Sin participación ciudadana, el/la Defensor/a no será para el Pueblo
– 55 organizaciones piden al Congreso por la designación en la Defensoría del Pueblo
– Aportes para la regulación del proceso de designación de un titular en la Defensoría del Pueblo de la Nación
Contacto
agustinapalencia@fundeps.org
Rotulado de los alimentos, claims y estrategias de marketing en envases de alimentos – Noviembre 2017
FUNDEPS participó de una investigación junto a la Federación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) y la Universidad Católica de Santa Fe en el cual se analizó el rotulado de los alimentos, claims y estrategias de marketing en diversos productos de nuestro país.
Boletín informativo – Noviembre 2017
Denuncia por actividades ambientales ilegales en Alta Gracia
El pasado jueves 19 de octubre, realizamos una presentación ante la Dirección de Policía Ambiental denunciando supuestas actividades ilegales desarrolladas en el Country Club Potrerillo de Larreta ubicado en la ciudad de Alta Gracia. Aparentemente, durante las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre se han realizado en el sector de la hostería del country, acciones de lesión geomorfológica de gran envergadura en el cauce del Arroyo “Los Paredones”; consistentes en dragado, profundización y ampliación del embalse con la finalidad de aumentar la explotación del agua del arroyo por parte del Country.
Las mismas significan una clara violación a la ley de política ambiental provincial, ya que para llevar a cabo este tipo de obras es necesario cumplimentar previamente el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previsto en el Anexo I inciso 31 de la ley 10.208, el cual incluye la realización de audiencias públicas en forma previa al otorgamiento de la correspondiente licencia ambiental, procedimiento que no se ha cumplimentado en este caso.
Cabe recordar que desde el año 2012 el Country Club Potrerillo de Larreta se encuentra involucrado en un proceso judicial contra la provincia de Córdoba, por el cercamiento de casi 4 km del mismo arroyo restringiendo el libre tránsito a terceros y el aprovechamiento del mismo por parte de toda la comunidad, alegando principalmente razones de seguridad. En dicha instancia, junto con el colectivo «Todos por Nuestros Arroyos» presentamos un Amicus Curiae invocando el carácter de bien público del arroyo y la ilegitimidad de los alambrados, encontrándose la causa próxima a dictar sentencia.
Sin perjuicio de ello, las acciones ilícitas continúan y se enmarcan en una problemática de larga data en Alta Gracia que involucra intereses particulares en desmedro de derechos fundamentales de todos los habitantes. El cercamiento de ríos, arroyos y lagos de dominio provincial por parte de propietarios/as de los fundos colindantes con los mismos, constituye un claro acto ilegítimo que viola entre otros el derecho al libre tránsito, el uso, goce y aprovechamiento de aguas dominio público y el constitucionalmente reconocido derecho humano de acceso al agua.
Desde FUNDEPS realizamos esta presentación esperando contribuir a una adecuada protección del ambiente como bien colectivo y de garantizar el respeto de los derechos de incidencia colectiva por encima de los derechos individuales.
Más información
Presentación para proteger el ambiente frente a intereses individuales en Alta Gracia | FUNDEPS
Autora
Noelia Salvia
Contacto
María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org
El recorte de recursos para la lucha contra la violencia de género
A comienzos de este año, se puso en evidencia el recorte para el presupuesto destinado a erradicar la violencia de género en nuestro país, lo que luego fue aclarado por las autoridades del Consejo Nacional de las Mujeres (actual Instituto Nacional de las Mujeres –INAM), recomponiéndose tal “error”. Este movimiento despertó una alerta a las organizaciones por la grave ausencia de transparencia y claridad sobre el manejo de los fondos públicos que irían destinados al Consejo.
En este marco vale destacar que nuestro país ha firmado y ratificado una serie de acuerdos y tratadosinternacionales relativos a los derechos humanos para la igualdad de género (Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), que obligan al Estado a desarrollar políticas públicas con el máximo de recursos requeridos, principalmente técnicos y económicos, para garantizar el ejercicio de derechos por mujeres en igualdad de condiciones que los varones.
Pasando por alto estos compromisos, en septiembre del presente año se presentó el presupuesto para el 2018, a partir del cual, diversas organizaciones de la sociedad civil (ELA, ACIJ, CAREF, FEIM, MEI y Fundación Siglo 21) alertaron nuevamente sobre una reducción presupuestaria destinada al INAM, principal ente de aplicación de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral hacia las Mujeres, y la falta de claridad y desagregación del presupuesto dirigidos a otros programas para erradicar las violencias hacia las mujeres. La diferencia es de un 17% menos que el presente año, teniendo en cuenta únicamente las previsiones oficiales de inflación para el próximo año.
La brecha presupuestaria es más significativa si se tiene en cuenta que la creación del INAM se estableció con el fin de darle mayor autonomía económica y jerarquía institucional al organismo regidor de políticas de igualdad de género.
El pronóstico presupuestario para el próximo año resulta alarmante, especialmente si consideramos que en nuestro país las mujeres reciben un salario inferior de hasta un 27% menos que sus pares varones por el mismo trabajo realizado y son las más propensas a trabajar en condiciones precarizadas, que las cifras de femicidios ascienden a uno cada 18 horas, que la violencia simbólica y mediática se reproduce a través de los medios de comunicación por la crisis de las instituciones creadas para su monitoreo y erradicación.
Remarcamos que el recorte de presupuesto y la ausencia de un panorama claro sobre los recursos que serán asignados a las políticas públicas destinadas a la promoción de la igualdad de género en diversos ámbitos, hacen peligrar todas las medidas y acciones positivas que se vienen desarrollando en este sentido y dan marcha atrás con los compromisos nacionales e internacionales asumidos.
Añadimos que la falta de desagregación y especificación presupuestaria hacia políticas de género demuestran serias dificultades al momento de atender a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en asuntos relativos a los recursos asignados, y que además impiden su seguimiento y monitoreo a fin de garantizar su cumplimiento. En este sentido es cuestionable el accionar del Estado, puesto que, si se ha comprometido a luchar contra la violencia de género, las medidas y el abordaje del presupuesto para tal fin no deberían reproducir las desigualdades y violencias hacia las mujeres.
La invisibilización y falta de claridad sobre las partidas presupuestarias destinadas a gran parte de los programas más importantes para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la violencia machista (salvo algunas excepciones como el Programa de Educación Sexual Integral y Las Víctimas contra las Violencias entre otros), crean un espacio gris que permitirían al Estado moldear y alterar los fondos públicos a favor de intereses y necesidades contingentes que podrían afectar la pervivencia y efectividad de las políticas públicas para garantizar la igualdad de género.
Por eso y una vez más, adherimos al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil contra la reducción presupuestaria y a favor de la transparencia y especificación respecto a los fondos del Estado asignados a políticas públicas orientadas a erradicar las violencias que recaen de manera insistente e incesante sobre tantas de mujeres.
Contacto
Cecilia Bustos Moreschi – cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
32° Encuentro Nacional de Mujeres: un movimiento que resiste
Más de 50.000 mujeres se congregaron un año más para compartir experiencias, actualizar debates, expresar sentimientos y definir políticas que atiendan sus necesidades, apostando al trabajo colectivo para avanzar en la lucha. Las mujeres se acercaron desde distintos puntos del país, pero vale resaltar la presencia de mujeres originarias de El Impenetrable Chaqueño, quienes aportaron la diferencia en su primera participación en un ENM.
El encuentro estuvo marcado por una gran variedad de talleres, entre ellos mujeres y feminismos, derechos sexuales y reproductivos, femicidios, pueblos originarios, entre otros. Dos temáticas nuevas se agregaron este año: “Mujeres y Cultura de la Violación”, el cual desarrollo el rol de los medios en la construcción de la víctima y el victimario, la violencia institucional, el consentimiento sexual, afectivo y relacional, entre otros ejes. También se sumó “Activismo Gordx”, taller que trató sobre el modelo médico hegemónico, estigmatización cultural de los cuerpos gordos y nuevas formas de politización. Paralelamente, las mujeres pudieron disfrutar de numerosas actividades culturales, siendo la plaza 25 de Mayo epicentro de charlas, artesanías, música y mates “encuentreros”.
El domingo pasadas las 18h se realizó la multitudinaria marcha que recorrió más de 35 cuadras de camino al Parque de la Democracia, contando con la presencia de mujeres pertenecientes a distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicales, organizaciones civiles, comunidades originarias, etc. La marcha culminó con una gran peña al ritmo de buena música, baile y comidas varias.
No podemos dejar de mencionar las lamentables agresiones que en la siesta del lunes sufrieron varias mujeres que asistieron al ENM, por parte de un grupo de personas que, al grito “que se vayan todas”, les tiraron piedras, las persiguieron en motos, les pegaron con palos, y las amenazaron, acorralaron e intimidaron violentamente. Una vez más, la intolerancia y la violencia tuvieron parte en el ENM. Repudiamos este episodio de este sector anti derechos, que lejos de respetar la libertad de expresión y la democracia, mancharon nuevamente un ENM. También vale destaca que, a diferencia de los previos ENM, las fuerzas de seguridad no reprimieron y actuaron con respeto a los derechos de las asistentes, resguardando toda la seguridad del encuentro.
Celebramos estos 32 años de lucha que no claudica y nos encontraremos una vez más el próximo año en Puerto Madryn, Chubut, sede del 33° ENM.
Fotogalería en El Entramado
Fuentes
Incidentes en la marcha de repudio al encuentro de mujeres | TN24
Violenta manifestación de resistencianos contra las mujeres del Encuentro | El Diario de la Región
Autora
Mariana Cabanillas
Contacto
Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org
Avanzando hacia tratado vinculante de empresas transnacionales y derechos humanos
La idea de avanzar en un instrumento internacional que responda a los desafíos de regulación que genera el accionar de empresas internacionales toma un nuevo impulso en el año 2013, a partir de la iniciativa de un grupo de países de las regiones de América Latina, Asia y África. A partir de la identificación de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones transnacionales, se decidió generar un espacio que permitiese el debate acerca de la creación de un instrumento que fuera jurídicamente vinculante. La declaración realizada en ese momento resaltó que:
El creciente número de casos de abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales nos recuerda la necesidad de avanzar hacia un marco jurídicamente vinculante para regular el trabajo de las empresas transnacionales y para proporcionar protección, justicia y reparaciones adecuadas a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, relacionados con las actividades de ciertas empresas transnacionales y otras empresas.
Hasta el momento, el marco legal que regula el accionar de las empresas internacionales se resume en instrumentos y mecanismos no vinculantes: entre ellos se destacan los Principios Rectores de NU sobre Empresas y DDHH, las directrices de OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre empresas y DDHH. Dichos instrumentos cuentan con poderes limitados para llevar a cabo el control del cumplimiento de las empresas con los Principios y sólo proporcionan una respuesta parcial a las cuestiones urgentes relacionadas con los abusos a los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Estos principios y mecanismos no responden adecuadamente a los desafíos de regulación de actores como las empresas internacionales. Además, no logran asegurar el acceso a la justicia frente acciones de empresas transnacionales que impactan en derechos humanos ni a garantizar reparaciones adecuadas para las víctimas.
La resolución 26/9, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de junio de 2014 creó el Grupo de Trabajo que tiene el mandato de “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Un instrumento internacional jurídicamente vinculante, adoptado dentro del sistema de Naciones Unidas, dejaría en claro las obligaciones de las empresas transnacionales, tanto en el ámbito de los derechos humanos como frente a los Estados. Asimismo, permitiría establecer reparaciones justas para las víctimas, en casos en los que sea claramente imposible procesar, de manera efectiva, a las empresas con la legislación doméstica.
En los años posteriores a la conformación del grupo intergubernamental (2015 y 2016) se llevaron a cabo reuniones para seguir avanzando en las negociaciones del tratado. En este 2017 se celebra la tercera sesión del grupo buscando delinear un posible texto del instrumento jurídicamente vinculante.
Durante el desarrollo de las dos primeras sesiones tanto las organizaciones de la sociedad civil como los Estados participantes destacaron que:
Para la sesión de 2017 la sociedad civil ha buscado lograr un mayor compromiso en el camino hacia la creación del tratado. Numerosas organizaciones y movimientos sociales impulsan la generación de este instrumento para finalmente lograr mejores niveles de rendición de cuentas por parte de las empresas transnacionales. Grupos como Stop Corporate Impunity y Treaty Movement han estado involucrados en tratar de incorporar la visión de las organizaciones de la sociedad civil en el texto del tratado. Asimismo, el grupo G77 + China, en su Declaración Ministerial de 2017, recalcaron la importancia y aceptación respecto de la generación de un tratado vinculante; y urgió a los Estados miembros para que participen de la tercera sesión que desarrollaría en Ginebra.
En contraposición, la International Business Community ha destacado que los elementos para incluir en el tratado que propuso el Grupo Intergubernamental, significan un ‘retroceso respecto de los compromisos asumidos a partir de los Principios Rectores’. En este sentido, se destacó que el enfoque casi exclusivo en las empresas transnacionales no tiene en cuenta las graves violaciones a DDHH ocasionadas a partir del accionar de empresas nacionales. De igual forma, recalca que la creación de un instrumento jurídicamente vinculante quita la potestad de los Estados, e incluso los subestima, a la hora de hacer cumplir la normativa vigente. En adición, se acentúa la necesidad de fortalecer las instituciones estatales antes que embarcarse en la creación de un instrumento de estas características.
Desde la generación del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el debate se ha centrado en la necesidad de definir el enfoque del tratado. La sociedad civil ha destacado la urgente necesidad de involucrar a las empresas transnacionales, mientras que la comunidad corporativa y los estados de Unión Europea más los Estados Unidos, han rechazado esta perspectiva.
El rol de Argentina frente a la discusión
La posición de Argentina respecto de este tema no ha sido del todo clara. Durante la gestión de Cristina Fernández, la decisión fue abstenerse en la votación para tratar la creación del instrumento vinculante. Ahora bien, bajo la gestión de Mauricio Macri, no hubo oficialización de una postura. Sin embargo, luego de la presentación de un pedido de acceso a la información al Ministerio de RREE y Culto, se recibió una respuesta que evidenció que la República Argentina comparte el interés creciente de la comunidad internacional en vincular la responsabilidad de las empresas con el respeto a los derechos humanos. De igual forma, mantiene un activo compromiso con las iniciativas dirigidas a elevar los estándares en esta materia.
En este sentido, cabe mencionar que pareciese que Argentina se inclina de manera positiva ante esta iniciativa. Asimismo, se puede resaltar que a mediados de este año se presentó una primera versión de un Plan de Acción Nacional para la aplicación de los Principios Rectores sobre DDHH y Empresas.
Durante los días restantes de la tercera sesión, seguirá el debate en torno a la generación de un instrumento vinculante y desde FUNDEPS esperamos que el resultado redunde en un avance sustantivo respecto de las obligaciones de las empresas para con el respeto y la garantía de los DDHH. Asimismo, esperamos que Argentina asuma una posición de apoyo a esta iniciativa y que en ese proceso permita la participación de organizaciones de la sociedad civil y en particular de comunidades que hayan sido impactas por el acciones de empresas transnacionales.
Autora
Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org
Contacto
Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org
Exigen nuevos etiquetados por el alto contenido de azúcar en alimentos
En el marco del Día de la Alimentación, que se celebró el lunes último, la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) enfatizó sobre la necesidad de avanzar con una regulación del etiquetado de alimentos que garantice el acceso a información clara y precisa para todos los consumidores. La información nutricional en los envases permite conocer cuán saludables o no son los alimentos y así favorece la selección de aquellos con mejor calidad nutricional.
Sin embargo, la normativa vigente que regula esta información en nuestro país no es efectiva para promover la elección de alimentos saludables. Uno de los puntos más complejos es que no obliga a las empresas a declarar el contenido de azúcar de cada producto ni establece topes máximos en su contenido, señalaron desde FIC Argentina.
El azúcar es un nutriente crítico que, consumido en exceso, promueve el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
FIC Argentina realizó un análisis sobre 301 envases de cereales, galletitas dulces y postres que reflejó que en el 70% (210) de estos productos el azúcar es el ingrediente de mayor proporción de la lista de ingredientes.
Estos productos fueron analizados previamente en otra investigación, realizada por FIC Argentina, FUNDEPS y la Universidad Católica de Santa Fe, que buscó conocer las técnicas de marketing utilizadas en los envases. En este sentido, se conoció que los mensajes de nutrición («Fuente de vitaminas y minerales» o «50% de calcio diario recomendado») y los personajes animados o famosos, son los recursos más utilizados por las empresas alimenticias.
DESINFORMADOS
«Actualmente los consumidores no saben la cantidad de azúcar que contiene un alimento y, en paralelo, reciben información engañosa y confusa que las empresas incorporan para que sus productos sean identificados como saludables aunque no lo sean. Es decir, tanto el derecho a la información como a una alimentación adecuada se ven vulnerados», señaló Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina. Y agregó: «Es necesario promover un sistema de advertencias nutricionales, como el implementado en Chile, que alerta a los consumidores sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos y, a su vez, les garantiza su derecho a obtener información clara y veraz sobre lo que están consumiendo».
La evidencia indica que el sistema de advertencias nutricionales es el más efectivo para generar decisiones informadas en los consumidores ya que, a diferencia de otros sistemas, no requiere una interpretación compleja de la información y permite identificar rápidamente cuáles son los productos menos saludables.
Este sistema incorpora un sello en el envase que muestra si hay exceso de contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas y, de esta manera, contribuye a disminuir el consumo de los productos procesados con baja calidad nutricional. «De una forma muy sencilla, este sistema permite que los consumidores identifiquen los productos que presentan exceso en algún nutriente crítico y una de sus ventajas es que no requiere un conocimiento previo sobre información nutricional para su comprensión. Argentina debe avanzar con un sistema de advertencias nutricionales que esté focalizado especialmente en la población más vulnerable ya que son los más afectados por la obesidad y el sobrepeso», concluyó Lorena Allemandi.
Fuente: La Prensa
Encuentro Global de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
Del 7 al 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Reunión 2017 de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios de la que formamos parte, y que trabaja para asegurar que todas las instituciones que financian el desarrollo respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.
La agenda del encuentro se centró en fortalecer las relaciones de los miembros y aliados de la Coalición, examinar con detenimiento el actual modelo de desarrollo, identificar las estrategias y modos de colaboración que permitan enfrentarlo con éxito, y establecer prioridades e iniciativas clave para los próximos dos años. Esto, tras un 2016 donde el trabajo de la Coalición y de sus miembros fue muy activo (ver Informe de Impacto 2016 de la Coalición).
Durante el transcurso de tres días, más de 60 participantes de diversas regiones del mundo participaron en debates, actividades y discusiones estratégicas en torno a una serie de cuestiones clave. Entre ellas, se buscó compartir experiencias, desafíos, lecciones aprendidas, y necesidades futuras en torno a las alianzas de participación comunitaria; se procuró establecer prioridades para la acción colectiva y para fortalecer las conexiones, colaboraciones y campañas de la Coalición, y se avanzó en la elaboración de un Plan de Acción Colectivo.
En ese marco, se eligieron algunos objetivos de incidencia global como fortalecer el trabajo en género y financiamiento para el desarrollo o monitorear el financiamiento chino a proyectos de desarrollo. Asimismo, se establecieron focos institucionales específicos como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Más información
– Informe de Impacto 2016 de la Coalición
– Página web de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
Contacto
Juan Carballo / Director Ejecutivo de FUNDEPS
juanmcarballo@fundeps.org
Salud y derecho: pasantía en el O’Neill Institute de la Universidad de Georgetown
FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, anuncia renovación del programa de pasantías.
Instituciones convocantes
– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center
– Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba
– FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables
Requisitos para la presentación
– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
– Haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.
– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.
– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.
Mecanismo de selección
– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 28 de octubre de 2017.
– Un Comité de Selección de la UNC elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 31 de octubre de 2017 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.
– El 1 de noviembre de 2017 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for National, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.
– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de noviembre y diciembre, en actividades de capacitación sobre el derecho humano a la salud, en el área de derechos humanos de FUNDEPS.
Documentación a presentar
– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O´Neill
– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas
– Copia escaneada del certificado analítico (no versión electrónica)
* Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.
Criterios de selección
– Promedio.
– Interés en área de derecho a la salud o derechos humanos.
– Experiencia de investigación académica.
– Experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil.
– Nivel de inglés.
Financiamiento
– La contraprestación otorgada por el Instituto O’Neill durante los meses de la pasantía rentada (enero, febrero y marzo) permite cubrir alojamiento y gastos de manutención durante esos meses así como los pasajes desde Córdoba a Washington, DC.
– FUNDEPS pone a disposición un crédito de honor para quiénes necesiten apoyo para hacer frente al gasto anticipado del pago del pasaje aéreo, en condiciones a determinar.
Para aplicación mandar un mail a info@fundeps.org
Charla informativa: Miércoles 18 de octubre de 2017 en el Aula 27 de la Facultad de Derecho de la UNC, a las 17.30h
Teléfono de contacto: 03572-15666871 (Agustina Mozzoni)
Más información sobre el Instituto O´Neill.