Colgar información pública en Internet es necesario, pero no suficiente. La Provincia debe acelerar su desarrollo de Gobierno Abierto para favorecer una gestión más confiable. En próximos días podría haber novedades.
Si mañana el ciudadano cordobés ‘Juan Pérez’ decide buscar por Internet cuál es el estado de la licitación de los tramos de gasoductos que faltan construir, chequear la declaración jurada de los funcionarios participantes, conocer si en el historial profesional de esos funcionarios hay cruces con las empresas oferentes o informarse sobre quiénes serán los agentes financiadores… y, posiblemente, Pérez sufra alguna frustración. Nada de esa información hoy está disponible en un portal oficial de la Provincia de Córdoba.
Así como no se informa sobre políticas proyectadas, tampoco hay información relevante sobre lo ya actuado: por ejemplo, sobre cuál fue el destino del financiamiento chino fallido que debía llegar para la misma obra.
Si todo esto es tarea de gobierno, muchos se preguntarán ¿por qué debería colgarse en Internet? Por dos razones fundamentales: los paradigmas de gobernanza han cambiado radicalmente en todo el mundo; adicionalmente, las políticas públicas son cada vez más un tema de la ciudadanía y no sólo de los funcionarios y los políticos.
Desde el 2012, Argentina está adherida a la movida mundial –nacida en el seno de la ONU a iniciativa de EE.UU. y Brasil– llamada «Alianza para el Gobierno Abierto» (AGA). El AGA, que ya tiene 75 países miembros, busca mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos.
Este año, la Dirección de Gobierno Abierto de la Provincia de Córdoba se comprometió a sumar una meta provincial al Plan de Acción Nacional de Argentina ante AGA, durante los años 2017 a 2019. Vale decir: Córdoba ya está formalmente en la jugada. El tema es indagar cuánta decisión efectiva hay de empezar a mover el balón.
De qué hablamos. La transparencia es el primer paso, pero no lo es todo. “El Gobierno Abierto va más allá del mero acceso a la información de la publicación de los datos. Se trata de abrir las puertas del Estado y lograr una relación interactiva con el ciudadano, esperando recibir feedback e inclusive lograr la participación ciudadana en la toma decisiones de política pública que nos afectan directamente”, explica Agustina Palencia, coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
“Nuestra experiencia respecto del gobierno provincial tiene dos frentes –describe Palencia–, por un lado, hemos hecho innumerables pedidos de acceso a información que nunca tuvieron respuesta; por otro, iniciamos este año un contacto con la Dirección que tiene a su cargo Gobierno Abierto”.
En efecto, en el mes de abril, el Gobierno convocó a organizaciones de la sociedad civil para participar en dos mesas de diálogo. Allí se planteó la posibilidad de crear un portal de Gobierno Abierto que iniciará con la información de la Secretaría General de la Gobernación y cuyos primeros avances se conocerían en los próximos días.
“El gobierno advirtió que no podía comprometerse a más porque es necesario un proceso previo de sensibilización en todos los ministerios sobre lo que implica abrir datos”, explicó Palencia. La dinámica viene lenta considerando que la provincia tiene Ley de Acceso a la Información desde 1999 y en 2015 se planteó un proyecto de reforma y actualización.
De un grupo de 10 provincias con sólida presencia digital, Córdoba es una de las tres (las otras son Catamarca y Entre Ríos) que tiene Portal de Transparencia (transparencia.cba.gov.ar) pero no un Portal de Datos Abiertos. Y eso marca toda la diferencia, porque la cultura de Gobierno Abierto no se refiere a dar la posibilidad de “mirar datos”, sino de permitir “participar en la construcción de políticas públicas”. Va más allá del e-government o de los sitios públicos para gestión de trámites.
“El Gobierno Abierto es una respuesta a una coyuntura en la que hay un descontento ciudadano, porque promueve que el Estado deje de ser visto como una caja negra en la que no se sabe qué pasa, y que el ciudadano pueda ser parte de los procesos, del monitoreo y de la toma de decisiones sobre cuestiones que los afectan. Si esta cultura avanza va a cambiar la forma de ver y hacer política”, arriesga Palencia.
Según un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para que efectivamente haya Gobierno Abierto, la información generada debe estar disponible como un todo (no fragmentada) y libre de copyright; no debe haber discriminación en términos de esfuerzo, personas o grupos para utilizar, reutilizar y redistribuir la información; los datos deben estar en formatos que permitan su integración a otros datos para facilitar su uso interactivo y, además, deben estar permanentemente actualizados.
A estos criterios básicos de ‘open data’ se agregan otros dos fundamentales: la obligación de los administradores estatales de rendir cuentas sobre las decisiones que toman, y la responsabilidad ciudadana de participar en las decisiones públicas que terminan impactando en su vida.
Qué se hizo bien. Aun cuando Córdoba no ha madurado su modelo de Gobierno Abierto, desarrolló experiencias de transparencia que se deben destacar como pasos previos relevantes. Ellas son:
* Ciudadano Digital (cidi.cba.gov.ar): plataforma que simplifica la relación entre la administración y los ciudadanos. Permite solicitar turnos para trámites, detalla requisitos para realizarlos y pone a disposición del ciudadano la información que el Estado tiene sobre él.
* Transparencia.cba.gov.ar: site que ofrece información sobre ejecución presupuestaria y sueldos de la administración pública.
* Compraspublicas.cba.gov.ar: tiene información referente a subastas electrónicas, el historial de las mismas, montos que fueron asignados y pliegos de contrataciones, entre otros elementos. No ofrece información de rendición de cuentas y lo usa sólo el 45% de las dependencias.
Norma Lezcano
Fuente: Perfil
Sin Gobierno Abierto, difícil combatir la corrupción
Colgar información pública en Internet es necesario, pero no suficiente. La Provincia debe acelerar su desarrollo de Gobierno Abierto para favorecer una gestión más confiable. En próximos días podría haber novedades.
Si mañana el ciudadano cordobés ‘Juan Pérez’ decide buscar por Internet cuál es el estado de la licitación de los tramos de gasoductos que faltan construir, chequear la declaración jurada de los funcionarios participantes, conocer si en el historial profesional de esos funcionarios hay cruces con las empresas oferentes o informarse sobre quiénes serán los agentes financiadores… y, posiblemente, Pérez sufra alguna frustración. Nada de esa información hoy está disponible en un portal oficial de la Provincia de Córdoba.
Así como no se informa sobre políticas proyectadas, tampoco hay información relevante sobre lo ya actuado: por ejemplo, sobre cuál fue el destino del financiamiento chino fallido que debía llegar para la misma obra.
Si todo esto es tarea de gobierno, muchos se preguntarán ¿por qué debería colgarse en Internet? Por dos razones fundamentales: los paradigmas de gobernanza han cambiado radicalmente en todo el mundo; adicionalmente, las políticas públicas son cada vez más un tema de la ciudadanía y no sólo de los funcionarios y los políticos.
Desde el 2012, Argentina está adherida a la movida mundial –nacida en el seno de la ONU a iniciativa de EE.UU. y Brasil– llamada «Alianza para el Gobierno Abierto» (AGA). El AGA, que ya tiene 75 países miembros, busca mejorar el desempeño y la calidad de los gobiernos.
Este año, la Dirección de Gobierno Abierto de la Provincia de Córdoba se comprometió a sumar una meta provincial al Plan de Acción Nacional de Argentina ante AGA, durante los años 2017 a 2019. Vale decir: Córdoba ya está formalmente en la jugada. El tema es indagar cuánta decisión efectiva hay de empezar a mover el balón.
De qué hablamos. La transparencia es el primer paso, pero no lo es todo. “El Gobierno Abierto va más allá del mero acceso a la información de la publicación de los datos. Se trata de abrir las puertas del Estado y lograr una relación interactiva con el ciudadano, esperando recibir feedback e inclusive lograr la participación ciudadana en la toma decisiones de política pública que nos afectan directamente”, explica Agustina Palencia, coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
“Nuestra experiencia respecto del gobierno provincial tiene dos frentes –describe Palencia–, por un lado, hemos hecho innumerables pedidos de acceso a información que nunca tuvieron respuesta; por otro, iniciamos este año un contacto con la Dirección que tiene a su cargo Gobierno Abierto”.
En efecto, en el mes de abril, el Gobierno convocó a organizaciones de la sociedad civil para participar en dos mesas de diálogo. Allí se planteó la posibilidad de crear un portal de Gobierno Abierto que iniciará con la información de la Secretaría General de la Gobernación y cuyos primeros avances se conocerían en los próximos días.
“El gobierno advirtió que no podía comprometerse a más porque es necesario un proceso previo de sensibilización en todos los ministerios sobre lo que implica abrir datos”, explicó Palencia. La dinámica viene lenta considerando que la provincia tiene Ley de Acceso a la Información desde 1999 y en 2015 se planteó un proyecto de reforma y actualización.
De un grupo de 10 provincias con sólida presencia digital, Córdoba es una de las tres (las otras son Catamarca y Entre Ríos) que tiene Portal de Transparencia (transparencia.cba.gov.ar) pero no un Portal de Datos Abiertos. Y eso marca toda la diferencia, porque la cultura de Gobierno Abierto no se refiere a dar la posibilidad de “mirar datos”, sino de permitir “participar en la construcción de políticas públicas”. Va más allá del e-government o de los sitios públicos para gestión de trámites.
“El Gobierno Abierto es una respuesta a una coyuntura en la que hay un descontento ciudadano, porque promueve que el Estado deje de ser visto como una caja negra en la que no se sabe qué pasa, y que el ciudadano pueda ser parte de los procesos, del monitoreo y de la toma de decisiones sobre cuestiones que los afectan. Si esta cultura avanza va a cambiar la forma de ver y hacer política”, arriesga Palencia.
Según un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), para que efectivamente haya Gobierno Abierto, la información generada debe estar disponible como un todo (no fragmentada) y libre de copyright; no debe haber discriminación en términos de esfuerzo, personas o grupos para utilizar, reutilizar y redistribuir la información; los datos deben estar en formatos que permitan su integración a otros datos para facilitar su uso interactivo y, además, deben estar permanentemente actualizados.
A estos criterios básicos de ‘open data’ se agregan otros dos fundamentales: la obligación de los administradores estatales de rendir cuentas sobre las decisiones que toman, y la responsabilidad ciudadana de participar en las decisiones públicas que terminan impactando en su vida.
Qué se hizo bien. Aun cuando Córdoba no ha madurado su modelo de Gobierno Abierto, desarrolló experiencias de transparencia que se deben destacar como pasos previos relevantes. Ellas son:
* Ciudadano Digital (cidi.cba.gov.ar): plataforma que simplifica la relación entre la administración y los ciudadanos. Permite solicitar turnos para trámites, detalla requisitos para realizarlos y pone a disposición del ciudadano la información que el Estado tiene sobre él.
* Transparencia.cba.gov.ar: site que ofrece información sobre ejecución presupuestaria y sueldos de la administración pública.
* Compraspublicas.cba.gov.ar: tiene información referente a subastas electrónicas, el historial de las mismas, montos que fueron asignados y pliegos de contrataciones, entre otros elementos. No ofrece información de rendición de cuentas y lo usa sólo el 45% de las dependencias.
Norma Lezcano
Fuente: Perfil
Producción y Acceso a la Información. Claves para el acceso a Derechos Sociales – Septiembre 2017
Esta publicación busca acercar a activistas en DESCA un diagnóstico sobre las principales falencias en materia de producción y acceso a la información relevante para la implementación de los DESCA, algunos casos testigo que evidencian la importancia del empleo de estas herramientas en la incidencia por la exigibilidad de estos derechos, estándares vigentes en la materia y niveles de desagregación solicitados por órganos de tratados universales y regionales.
Boletín informativo – Septiembre 2017
Amicus curiae a presentado ante la Corte Constitucional de Colombia en el proceso de tutela de la Ciénaga Grande de Santa Marta – Septiembre 2017
Los fundamentos del amicus buscan acreditar las vulneraciones a derechos fundamentales, la degradación ambiental y la inacción de las autoridades competentes. Consideramos que el caso requiere una respuesta estructural, en donde participen y dialoguen las diferentes entidades con competencia sobre la región, garantizando siempre la participación de las comunidades. Creemos que este es un caso para ideal para llevar adelante un modelo de justicia dialógica en Colombia, para buscar una solución estructural al problema, para llevar adelante audiencias públicas donde todas las partes involucradas tengan la posibilidad de ser escuchadas y que se lleve adelante un control activo por parte del Estado.
Informe sombra sobre DESC presentado ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales junto a ACIJ – Septiembre 2017
Exponemos ante el Comité datos alternativos a los brindados por el estado argentino a finales de 2016 en producción y calidad de los datos sobre DESC; acceso a la justicia en DESC; derecho a la educación; derecho a la educación inclusiva; derecho a la salud; derecho a la igualdad de género; derechos de defensores y defensoras ambientales.
Amicus curiae en el proceso de tutela de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia)
Realizamos una presentación ante la Corte Constitucional de Colombia para acercar al tribunal argumentos jurídicos acerca de la obligación del estado de la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta Ciénaga es un sistema deltaico de humedales ubicado al norte de Colombia y es considerado uno de los ecosistemas más productivos del Caribe por sus importantes características hidrológicas y ecológicas. A pesar de su estatus de protección, la Ciénaga y los pescadores que la habitan, han sufrido durante años la disminución significativa del agua dulce que nutre la ecorregión y la manipulación inadecuada de los suelos y las cuencas de agua. El deterioro de la Ciénaga se debe a una crisis estructural que no ha sido debidamente atendida por las diferentes entidades con competencia en la zona.
Frente a las vulneraciones a derechos fundamentales, la degradación ambiental y la inacción de las autoridades competentes, el 10 de noviembre de 2016 dos habitantes de los pueblos palafíticos que habitan en la Ciénaga interpusieron una acción de tutela en coordinación con Dejusticia. La acción fue incoada en contra veintiséis entidades públicas del orden nacional y local colombiano, y también contra empresas privadas. La acción de tutela se concentra en tres problemáticas. La primera de ellas consiste en el aprovechamiento excesivo de las fuentes de agua y de los terrenos de la ciénaga por parte de la agroindustria y la omisión en el deber de control por parte de las autoridades. Se han construido diques, secado terrenos, desviado ríos, pero la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. La segunda, aborda la falta de un adecuado mantenimiento y dragado de los ríos y caños que nutren de agua dulce a la ciénaga. Si bien se han firmado millonarios contratos para llevar a cabo estas actividades son pocos los resultados visibles. Finalmente, la tutela hace una advertencia sobre los proyectos de infraestructura que se planean construir sobre la ecorregión.
El 25 de noviembre de 2016 se admitió la tutela, el juez de primera instancia negó la acción alegando su improcedencia. Se consideró que, pese a que era evidente el gran deterioro de la Ciénaga, tal situación había sido atendida a través de una acción popular promovida con anterioridad por otra ciudadana. Esta decisión se impugnó y el fallo fue confirmado en segunda instancia el 16 de febrero de 2017 por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En abril de este año el caso llega a la Corte Constitucional de Colombia. En esta instancia presentamos un amicus curiae (expresión en latín que alude a amigo de la corte o amigo del tribunal). Esta última es una presentación que realiza un tercero ajeno al litigio, donde se ofrecen voluntariamente argumentos jurídicos y/o técnicos para colaborar con el tribunal antes de la sentencia.
Consideramos que el caso requiere una respuesta estructural, en donde participen y dialoguen las diferentes entidades con competencia sobre la región, garantizando siempre la participación de las comunidades. Creemos que este es un caso para ideal para llevar adelante un modelo de justicia dialógica en Colombia, para buscar una solución estructural al problema, para llevar adelante audiencias públicas donde todas las partes involucradas tengan la posibilidad de ser escuchadas y que se lleve adelante un control activo por parte del Estado. Similares planteamientos hemos hecho en casos en los que venimos trabajando como en la situación de contaminación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de EDAR Bajo Grande o en el conflicto por el funcionamiento de la planta de Porta.
Los humedales constituyen un importante sitio de alimentación, refugio y reproducción para una gran variedad de especies silvestres, por lo que reviste especial importancia su protección y conservación. Además, existen numerosos tratados internacionales que exigen políticas activas de protección del ambiente y de las comunidades que allí viven. La Corte Constitucional tiene la oportunidad de marcar lineamientos claros respecto de la protección al derecho humano a un ambiente sano para un sitio de una importancia ambiental clave, así como respecto de poblaciones vulnerables. En este sentido es necesario que desde la Corte y desde la sociedad civil se haga un seguimiento juicioso y permanente a las órdenes que se impartan en la sentencia para verificar que la situación de las comunidades afectadas.
Apoyamos y promovemos las iniciativas de participación de todos los actores en los procesos estructurales de modificación de políticas públicas.
Crédito de imágen
Dejusticia
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Corte Constitucional tiene última palabra para salvar Ciénaga Grande de Santa Marta | Dejusticia
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Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org
Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org
Nutrición: Estudio argentino demuestra que las galletitas dulces y postres tienen un bajo valor nutritivo
El 87% de los cereales de desayuno, los postres y las galletitas dulces contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas. Así lo reflejó un análisis sobre 301 productos de estas categorías (209 galletitas dulces, 50 postres y 42 cereales de desayuno) realizado por FIC Argentina, en colaboración con FUNDEPS y la Universidad Católica de Santa Fe.
El estudio fue realizado entre mayo de 2016 y mayo de 2017 con el objetivo de analizar la calidad nutricional de los productos seleccionados y, en paralelo, detectar las técnicas de marketing dirigidas a niños y niñas en los envases de estos productos.En este sentido, la investigación reflejó que 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes de nutrición tales como “Fuente de vitaminas y minerales” o “50% de calcio diario recomendado”.
“Estas frases son incorporadas por la industria de alimentos en el envase para que los consumidores identifiquen a los productos como saludables. Sin embargo, y tal como se observó en el estudio, esa información muchas veces no refleja la calidad nutricional de los productos”, indicó un comunicado de FIC Argentina.
A su vez, la investigación reflejó que 3 de cada 10 de estos productos altos en sodio, grasas o azúcar presentan personajes en sus envases, tanto aquellos creados por la marca como personajes de deportistas y celebridades. También se detectó, en menor medida, la presencia de otras técnicas de marketing como la entrega de regalos, los envases coleccionables, los juegos y los mensajes de salud (“huesos fuertes”, “más energía”, etc.).
Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina expresó que: “Necesitamos una política que regule de manera efectiva la información que se incluye en los envases de alimentos. Esta política debería contener, por un lado, una regulación del uso de los mensajes nutricionales en los envases de modo que sólo estén presentes en aquellos alimentos que tengan una buena calidad nutricional, especialmente cuando son consumidos por los más chicos. Por otro lado, la medida debería contemplar una restricción al uso de técnicas de marketing dirigidas a niños y niñas. Asimismo, es clave incluir la declaración del contenido de azúcar en los productos que hoy no es obligatoria y contar con un etiquetado que informe de modo simple y claro la calidad nutricional de los productos y no confunda al consumidor”.
Según se detalló en el estudio, las técnicas de marketing implementadas en los envases, así como la publicidad por otros medios (TV o internet, por ejemplo), influyen en las preferencias de consumo de los niños, niñas y adolescentes e impactan en el desarrollo de la obesidad infantil.
En Argentina, el sobrepeso y la obesidad en adolescentes de 13 a 15 años aumentó del 24,5% al 28,6% del 2007 al 2012 según la última Encuesta Mundial de Salud Escolar. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2004-2005) indicó que 10,4% de los niños de 6 meses a 6 años tienen obesidad infantil.
Tomemos precaución ante el consumo de galletitas, sobre todo en los niños, quienes son los principales consumidores de este alimento de manera cotidiana. Si bien, es difícil distinguir cuáles son las más saludables, la primera recomendación es disminuir el consumo en general de galletitas, dulces y snacks, prefiriendo alimentos más naturales como frutas, postres elaborados con ellas, bizcochuelos y galletitas caseras con productos integrales, frutos secos, semillas, avena, cereales sin azúcar agregada, entre otros.
Lic. Romina Krauss}
Fuente: Misiones Online
Una de cal y una de arena en la causa contra Porta Hnos.
El lunes 7 de agosto asistimos a la audiencia pública convocada por el Juzgado Federal N° 3 a cargo del Dr. Hugo Vaca Narvaja en el amparo que promovieron vecinos y vecinas de Barrio San Antonio e Inaudi contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la empresa Porta Hnos. Tuvieron la oportunidad de hablar accionantes, el Ministerio Público de la Defensa en representación de los intereses de niños/as y la Fiscalía de Estado.
El amparo que involucra a más de 25 vecinos y vecinas as del barrio San Antonio y otras personas de la Asamblea Ciudadana “VECINOS UNIDOS EN DEFENSA DE UN AMBIENTE SANO – VUDAS” fue interpuesto en contra del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos) solicitando la clausura y cierre definitivo de la planta de bioetanol de Porta Hnos S.A. Fundamentan su pretensión exponiendo que la empresa no cuenta con la habilitación legal para elaborar biocombustible (bioetanol) la cual debió ser otorgada por dicha secretaría y por no haber concluido, previo a su entrada en funcionamiento, el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. En forma subsidiaria, amparistas solicitan el cese de la contaminación ambiental que la actividad produce y que afecta en forma irreparable el ambiente y la salud de vecinos y vecinas.
Es inexplicable la ausencia por parte del Estado en sus diferentes niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, tanto en el momento de planificación urbana, de asegurar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y en la audiencia pública para escuchar a las partes y expresar su posición. Pero más inexplicable es que no fue la primera vez. A fines de abril del 2015 el grupo vecinal llegó a encadenarse en la sede de la Municipalidad de Córdoba para conseguir una audiencia con el intendente Ramón Mestre. Se vieron forzados a actos extremos para que se cumpliera su derecho a ser oídos y acudir a las autoridades. Una vez más un Estado ausente.
Pero no todo ha sido lamentable. Tuvimos la posibilidad de acompañar a vecinos/as en esta audiencia inédita para Córdoba. En un primer momento, se convocó a una audiencia de conciliación prevista por la ley del fuero federal con la característica de que iba a ser pública. Luego, el juez cambió el carácter de la audiencia a una de tipo informativa imitando el proceder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza” sobre contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo. Habiéndose dispuesto incluso un mecanismo para la participación de terceras personas, desde FUNDEPS nos inscribimos para hacer uso de la palabra. Finalmente, entre gallos y medianoche el juez volvió a cambiar el carácter de la audiencia a una de conciliación por lo que sólo pudimos participar como público.
Destacamos la necesidad de garantizar el derecho a la información, a la participación y al diálogo entre las partes involucradas con las autoridades con competencia en materia de planificación urbana, ordenamiento territorial ambiental, control de actividades antrópicas, fijación y fiscalización de estándares y normas. Asimismo, resaltamos la importancia de tener en cuenta la peligrosidad de este tipo de industrias a la luz del principio precautorio y de prevención que rige en materia ambiental (art. 4 LGA), en virtud de estar localizada en un barrio residencial.
En la audiencia, en la que el juez tuvo amplias facultades para dirigirla, vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de contar el antes y el después que implicó la instalación y ampliación de la empresa Porta Hnos y las consecuencias que trajo aparejada en su salud y calidad de vida. Luego se les dio la palabra por quince minutos a los abogados, al Ministerio Público de la Defensa y a la Fiscalía. Consideramos que esta instancia fue muy valiosa ya que fortalece la transparencia, la participación ciudadana y la difusión pública de este conflicto socio-ambiental antecedente para Córdoba como la posibilidad dada por el Tribunal a los vecinos/as.
Creemos que es importante remarcar en estos casos el rol de los jueces a los fines de garantizar derechos fundamentales de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. Este es un caso ideal para llevar adelante un modelo de justicia dialógica, para buscar una solución estructural al conflicto, a través de. El tribunal tiene la oportunidad de marcar lineamientos judiciales claros que tiendan a respecto de la protección de derechos fundamentales como el derecho humano a un ambiente sano, a la salud y a la vida de los vecinos y vecinas de Barrio San Antonio e Inaudi. Confiamos en que esta instancia permita que el reclamo de vecinos y vecinas sean efectivamente escuchado y que el Estado, en sus diferentes niveles, reconozca, investigue y resuelva una situación socio-ambiental compleja.
Más información
– Consideraciones jurídicas para analizar el caso Porta
Victoria Gerbaldo, victoriagerbaldo@fundeps.org
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Juan Carballo, juanmcarballo@fundeps.org
Rosario nos recibió en el Tercer Encuentro sobre Mujeres y Ecología
Los movimientos sociales que enfrentan las problemáticas ambientales y de la desigualdad de género se deben una histórica vinculación para promover soluciones que sean integrales y desde una perspectiva que genere espacios de debate por la igualdad y el cuidado.
Tanto el ambientalismo como el feminismo han encausado sus luchas en contra de formas y lógicas de dominio que han generado profundas grietas en la sociedad y el mundo. Ambos espacios comparten la necesidad de generar formas saludables de cuidado colectivo, y su activismo ha sido siempre con mayoría femenina.
El Taller Ecologista de Rosario ha realizado la propuesta de adentrarnos en miradas poco difundidas, como la del ecofeminismo, para poder seguir avanzando en la búsqueda de mejores alternativas para lograr una mejor relación entre las comunidades, y la sociedad y el ambiente.
En este contexto, participamos del Encuentro “Mujeres y Ecología. Tejiendo redes para repensar el presente y construir el futuro” que permitió generar vínculos entre organizaciones que trabajamos con problemáticas ambientales desde una perspectiva de derechos humanos, con especial foco en la desigualdad entre géneros. De esta manera, y tejiendo redes entre organizaciones, empezamos un camino para que nuestras acciones no sean aisladas, y que cada experiencia pueda nutrir las actividades que realicemos, y así potenciarnos y organizarnos para generar mayor y mejor impacto.
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Virginia Pedraza – vir.pedraza@fundeps.org
El marketing del engaño
Las estrategias de marketing publicitario tienen como propósito destacar las virtudes de un producto o un servicio. Lo habitual –y hasta lo aceptado implícitamente- es que tales estrategias exacerben notoriamente esas cualidades con la intención de que sean cada vez más los consumidores que accedan a tal producto o servicio.
Los excesos habituales en que se suele incurrir en esta tarea han obligado a que el Estado, a través de distintos mecanismos, controle los contenidos publicitarios a los fines de evitar los engaños malintencionados y sancionar a las empresas que cometan transgresiones de esa índole.
Las infracciones son más graves, por cierto, cuando se emiten mensajes distorsionados sobre presuntas cualidades de productos relacionados con la salud de las personas. Aquellos que se venden como saludables y en realidad no lo son tanto. Detectar este desfasaje entre el mensaje publicitario y la realidad demanda estudios que no siempre se realizan, por lo que el engaño se extiende un tiempo prolongado perjudicando a millones de incautos.
La reflexión viene a cuento de la publicación de un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Universidad Católica de Santa Fe, que reveló que el 87 por ciento de los cereales para desayuno, postres y galletitas dulces, cuyos consumidores habituales son niños, contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas, lo que indica baja calidad nutricional.
Las etiquetas de una parte de los 301 productos analizados aluden a bondades nutricionales que, en realidad, no tienen, pero que inducen al consumidor a elegirlo.
La investigación reflejó que 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes tales como «Fuente de vitaminas y minerales» o «50 por ciento de calcio diario recomendado», pero tales enunciados solo son parcialmente ciertos o directamente falsedades.
El marketing del engaño se completa con la utilización de la imagen de deportistas o celebridades relacionadas con un cuerpo sano. El estudio indica que el 30 por ciento de estos productos altos en sodio, grasas o azúcar “utilizan personajes en sus envases, tanto aquellos creados por la marca como los que incluyen deportistas y celebridades”.
Los especialistas consideran que muchos de los productos que “se venden” como saludables para el desayuno de los niños en realidad son una especie de golosinas, pues poseen abundante azúcar y productos refinados que se esconden detrás del marketing publicitario.
El informe tiene la virtud de revelar estos engaños y alertar a la población, pero también pone al descubierto la carencia de una legislación que regule más eficazmente el contenido de los mensajes en los envases y en las publicidades que se difunden en los medios de comunicación, evitando que empresas vinculadas con la elaboración de productos alimenticios continúen embaucando a los consumidores.
Fuente: El Encasti
Peligroso aumento del sobrepeso y la obesidad en adolescentes de 13 a 15 años
Dura realidad arrojó una investigación realizada por FIC Argentina sobre 300 alimentos, para evaluar la calidad nutricional y las técnicas de marketing utilizadas en los envases: casi no existe. La presencia de mensajes de nutrición y de personajes fueron los recursos más detectados en los envases. Se trata de técnicas que influyen en las preferencias alimentarias no sólo de adultos sino también de niños, niñas y adolescentes.
El 87% de los cereales de desayuno, los postres y las galletitas dulces contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas. Así lo reflejó un análisis sobre 301 productos de estas categorías (209 galletitas dulces, 50 postres y 42 cereales de desayuno) realizado por FIC Argentina, en colaboración con FUNDEPS y la Universidad Católica de Santa Fe.
El estudio fue realizado entre mayo de 2016 y mayo de 2017 con el objetivo de analizar la calidad nutricional de los productos seleccionados y, en paralelo, detectar las técnicas de marketing dirigidas a niños y niñas en los envases de estos productos. En este sentido, la investigación reflejó que 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes de nutrición tales como “Fuente de vitaminas y minerales” o “50% de calcio diario recomendado”. Estas frases son incorporadas por la industria de alimentos en el envase para que los consumidores identifiquen a los productos como saludables. Sin embargo, y tal como se observó en el estudio, esa información muchas veces no refleja la calidad nutricional de los productos.
A su vez, la investigación reflejó que 3 de cada 10 de estos productos altos en sodio, grasas o azúcar presentan personajes en sus envases, tanto aquellos creados por la marca como personajes de deportistas y celebridades. También se detectó, en menor medida, la presencia de otras técnicas de marketing como la entrega de regalos, los envases coleccionables, los juegos y los mensajes de salud (“huesos fuertes”, por ejemplo).
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Informe completo de FIC Argentina
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“Los resultados del estudio evidencian que la regulación de envases en Argentina no es efectiva para la protección del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de los consumidores. Por el contrario, la normativa vigente del etiquetado habilita a la industria de alimentos a incorporar información que confunde al consumidor y técnicas que buscan atraer a los chicos al consumo de productos no saludables”, declaró Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina.
Y agregó: “Necesitamos una política que regule de manera efectiva la información que se incluye en los envases de alimentos. Esta política debería contener, por un lado, una regulación del uso de los mensajes nutricionales en los envases de modo que sólo estén presentes en aquellos alimentos que tengan una buena calidad nutricional, especialmente cuando son consumidos por los más chicos. Por otro lado, la medida debería contemplar una restricción al uso de técnicas de marketing dirigidas a niños y niñas. Asimismo, es clave incluir la declaración del contenido de azúcar en los productos que hoy no es obligatoria y contar con un etiquetado que informe de modo simple y claro la calidad nutricional de los productos y no confunda al consumidor”.
Las técnicas de marketing implementadas en los envases, así como la publicidad por otros medios (TV o internet, por ejemplo), influyen en las preferencias de consumo de los niños, niñas y adolescentes e impactan en el desarrollo de la obesidad infantil. Son recursos muy atractivos para los niños y las niñas. Ellos son capaces de identificar y reconocer a los personajes, envases coleccionables y regalos pero aún no tienen la capacidad para identificar que se trata de técnicas que buscan atraerlos al consumo de alimentos de baja calidad nutricional que afectan su salud.
En Argentina, el sobrepeso y la obesidad en adolescentes de 13 a 15 años aumentó del 24,5% al 28,6% del 2007 al 2012 según la última Encuesta Mundial de Salud Escolar. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2004-2005) indicó que 10,4% de los niños de 6 meses a 6 años tienen obesidad infantil.
Fuente: Urgente 24
Engañados y malcomidos
Cereales, postres y galletitas dulces, cuyos consumidores habituales son niños, son menos saludable que lo que indican sus envases.
Un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) reveló que el 87 por ciento de los cereales para desayuno, postres y galletitas dulces, cuyos consumidores habituales son niños, contienen una cantidad excesiva de uno o más nutrientes críticos como sodio, azúcares libres o grasas, lo que indica baja calidad nutricional.
El estudio, realizado en colaboración con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Universidad Católica de Santa Fe, analizó la composición y calidad nutricional de 301 productos de consumo masivo, como así también las estrategias de marketing disimuladas en sus envases que llevan al consumidor a tomar decisiones que poco y nada tienen que ver con lo que cree que está comprando.
La investigación reflejó que 4 de cada 10 envases de cereales, postres y galletitas de baja calidad nutricional utilizan mensajes tales como «Fuente de vitaminas y minerales» o «50 por ciento de calcio diario recomendado». Estas frases, incorporadas por la industria de alimentos para que los consumidores identifiquen a los productos como saludables, muchas veces no reflejan su calidad nutricional, según relevó el estudio.
Tres de cada 10 de estos productos altos en sodio, grasas o azúcar utilizan personajes en sus envases, tanto aquellos creados por la marca como los que incluyen deportistas y celebridades.
“Lo que demuestra el estudio es lo que siempre sospechamos, pero que nunca se dice claramente: que las personas compramos cosas para los chicos pensando que son saludables y en realidad son golosinas encubiertas en un marketing fabuloso, cuyos envases marcan cosas que no tienen que ver con la realidad o que, en todo caso, están agregadas como aditivos, como ciertas vitaminas o nutrientes, pero en realidad son montañas de azúcar y productos refinados”, dijo a Página/12 la periodista Soledad Barruti, autora del best seller Malcomidos, en donde repasa los circuitos y engaños de la industria alimenticia.
En ese sentido, la directora del área de políticas de alimentación saludable de FIC Argentina, Lorena Allemandi, calificó de “poco efectiva” la regulación de los envases vigente en nuestro país, lo que no permite una protección adecuada al derecho a la salud, la alimentación saludable y, sobre todo, la información correcta y accesible para los consumidores.
«La normativa vigente del etiquetado habilita a la industria de alimentos a incorporar información que confunde al consumidor y técnicas que buscan atraer a los chicos al consumo de productos no saludables», advirtió Allemandi.
Para Barruti es de “suma urgencia” el tratamiento de una nueva ley de etiquetas, para liberar a los productos de los “engaños que condicionan los procesos de compra y que inducen, sobre todo a los niños, a consumos que no tienen nada que ver con el proceso alimentario, como cuando agregan personajitos, juguetes, mensajes manipuladores o marcas que utilizan pediatras en sus campañas”.
Sin embargo, para avanzar en esa dirección hace falta sortear el “enorme conflicto de interés”, con la poderosa industria de alimentos procesados a la cabeza, que según Barruti, “sobrepasa la capacidad de cualquier legislador bienintencionado que pretenda llevar un planteo de esta naturaleza”.
Fuente: Página 12