El pasado, 8 de junio se realizó el Taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, en México. Fue organizado por FUNDAR y el Centro de Colaboración Cívica (CCC). FUNDEPS participó como integrante del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) junto a más de 90 representantes de organizaciones civiles de varios estados de México.

Los conflictos socioambientales relacionados a las industrias extractivas y a la construcción de megaproyectos de infraestructura son una realidad creciente en toda América Latina. Su emergencia se explica, sobre todo, por la vigencia de marcos regulatorios débiles, la baja capacidad de supervisión estatal y mecanismos de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes. Frente a este escenario, que se repite -con diferentes matices- a nivel nacional en cada uno de nuestros países; los IAMs se presentan como una alternativa más dentro de las estrategias de defensa. Por esta razón, GREFI y otras coaliciones de la sociedad civil están apostando por acercar a estos nuevos actores con movimientos sociales y organizaciones indígenas.

El taller que se realizó en la Ciudad de México tuvo como objetivos:

  • Permitir que las OSC mexicanas conocieran el trabajo de los IAMs, los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan, así como sus políticas y sus ventajas y desventajas;
  • Permitir que los IAMs conocieran a representantes de OSCs en México, en especial a organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas por proyectos financiados por las instituciones a las que los IAMs pertenecen; y
  • Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSCs, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas relacionados con el trabajo de la sociedad civil; de las áreas de oportunidad y obstáculos existentes para activar los IAMs; así como de temas de rendición de cuentas más amplios relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en México.

Es evidente que estas nuevas herramientas pueden llegar a ser muy valiosas, pero es claro que todavía hay mucho por mejorar respecto a los IAMs y su funcionamiento. FUNDAR resaltó durante su exposición que muchas veces, los intereses de las instituciones financieras colisionan con los estándares de protección de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por su parte, Rosa Marina Flores Cruz, de la Asamblea de los Pueblos del Itsmo de Tehuentepec remarcó, desde su experiencia, acerca de las limitaciones normativas que debilitan a este tipo de mecanismos y a pesar de que a diferencia de otras instancias nacionales, hacen esfuerzos considerables por acercarse a la sociedad civil, todavía no se puede ver una postura consolidada sobre la ruta que los IAMs deben seguir a fin de que puedan cumplir su papel a cabalidad.

El panorama de financiamiento es complejo en la región y los estados suelen estar interesados en obtener financiamiento rápido para construir grandes proyectos –con grandes réditos políticos- por lo que es necesario seguir involucrados para evitar que los intereses por incrementar el capital hagan retroceder el terreno ganado. El debilitamiento de las salvaguardas socioambientales del Banco Mundial representa un mensaje negativo en ese sentido, frente al crecimiento del financiamiento de los bancos chinos que carecen de este tipo de normativa.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: Página oficial del GREFI

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 10 de julio participamos en la consulta del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Junto con FIC Argentina, presentamos un documento con recomendaciones en alimentación saludable y la necesidad de regular las prácticas comerciales, que promueven una alimentación no nutritiva y que constituye un factor de incidencia para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENTs). Más información: Consulta del Relator sobre derecho a la alimentación: ENTs y derechos humanos.

El pasado 21 de Junio de 2016, en el caso “Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986” la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a darle entidad de derecho humano al derecho de acceso a la información pública. Ésta ha sido una cuestión ausente en el último Proyecto de Ley de Acceso a la Información ya aprobado en Diputados y pendiente de tratamiento en Senadores.

En el caso en cuestión, el Sr. Carlos Manuel Garrido promovió una acción de amparo contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el fin de que se la condene a entregarle determinada información relacionada con el nombramiento de Carlos Mechetti en dicho organismo. También respecto de los cargos y funciones que el Michetti desempeñó y el estado de un sumario administrativo que se le inició en el año 2010 por presunto contrabando (Garrido, Carlos Manuel c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986).

A instancias de resolver, la Corte se basó en antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su propio antecedente “Cipecc” (Fallos: 337:256). Así, en relación a las personas que pueden ejercer este derecho la Corte sentenció que:

al tratarse de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud” (y que) una interpretación armónica de las disposiciones nacionales en materia de datos personales y de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones de la Ley 25.326 -de Protección de Datos Personales- en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública…

Finalmente la Corte excluyó la posibilidad de que la información solicitada quede alcanzada por las excepciones contenidas en el Decreto Nacional  1172/2003 –única legislación vigente al día de la fecha- al establecer que:

…La información solicitada por el demandante no se relaciona con datos sensibles (…) sino que atañe exclusivamente a circunstancias vinculadas a la carrera administrativa de un funcionario, que son de innegable interés público en tanto permiten conocer aspectos relevantes sobre las personas que tienen a su cargo la gestión de los asuntos del Estado, y facilita a quien requiere la información ejercer el control sobre la regularidad de los actos mediante los cuales se integran los cuadros de la administración…

En esta oportunidad celebramos la coherencia de la Corte en su análisis del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, instamos a los Senadores Nacionales a que revisen los puntos del proyecto de ley que se apartan de los estándares reconocidos tanto en el Sistema Interamericano, como a nivel nacional, por nuestra Corte Suprema de Justicia. Ratificamos la necesidad hacer converger el acceso a la información pública con el concepto de ‘derecho humano’. Sólo así la tan deseada Ley de Acceso a la Información Pública supondrá un verdadero avance en el desarrollo de una Argentina más democrática y garantista de los derechos humanos.

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Carolina Juaneda – carojuaneda@fundeps.org  

FUNDEPS, como miembro del proyecto de investigación “Rotulado facultativo y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados de Argentina”, participó del acto de entrega de diplomas de las becas Salud Investiga 2016 “Dr. Abraam Sonis”; que se realizó en el aula magna de la Academia Nacional de Medicina, el pasado viernes 24 de junio.

Desde FUNDEPS, junto a FIC Argentina y la Universidad Católica de Santa Fe, estamos desarrollando un proyecto de investigación en el marco del programa de becas “Dr. Abraam Sonis”, financiado por el Ministerio de Salud de la Nación. La investigación se enfoca en el etiquetado y técnicas de marketing dirigidas a niños en envases de alimentos procesados en Argentina.

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema de salud pública de gran magnitud y, cada vez más, se incrementa su prevalencia tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salus (OMS) ha determinado que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Este desequilibrio se produce con frecuencia ya que en el mundo actual ha aumentado la ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, a la vez que ha disminuido considerablemente el nivel de actividad física. Los niños y niñas prefieren los alimentos hipercalóricos y esta preferencia se vincula fuertemente con las estrategias de marketing y publicidad desarrolladas por la industria alimenticia.

En este sentido, la investigación analizará el uso de rotulado y técnicas de marketing dirigidas a niños/ñas en los envases de alimentos procesados seleccionados, a fin de promover una política que regule los envases de los alimentos y proteja la salud de los más chicos. A nuestra fundación le corresponde uno de los componentes de este proyecto: la descripción y el análisis del marco normativo que regula el envase de los alimentos, destacando posibles caminos de regulación desde una perspectiva de salud pública.

Desde nuestra fundación agradecemos este espacio del Ministerio de Salud de la Nación. Además, estamos contentos de ser parte de esta iniciativa en colaboración con un grupo multidisciplinario. Obtener datos a nivel local que permitan evidenciar las estrategias de marketing y publicidad a las que están expuestos los niños y niñas en Argentina es un paso fundamental para poder impulsar mejores políticas públicas y proyectar un marco regulatorio más protectorio del derecho a la salud.

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 Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

Los días 22, 23 y 24 de junio, en Washington D.C., estuvimos presentes en el «8vo Taller de Derecho y Control del Tabaco para Latinoamérica», con representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector gubernamental y la academia.

Representantes del equipo de FUNDEPS participaron del «8vo Taller de Derecho y Control del Tabaco para Latinoamérica», organizado por Campaing for Tobacco-Free Kids (CTFK) y The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. En este encuentro, se discutió sobre los avances y retrocesos que ha tenido Latinoamérica, en el control de la publicidad, la promoción y el patrocinio de productos de tabaco. El taller contó con la presencia de varios referentes de las Américas en control de tabaco.

Desde hace más de dos años, venimos interiorizándonos de la agenda de control de tabaco a nivel local y regional. Además de incorporarnos a la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR), también nos presentamos como amicus curiae en dos causas referidas a control de tabaco, en Buenos Aires y en Colombia. Por último, el 31 de mayo, día mundial sin tabaco, junto al municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz, se realizó la segunda edición de la campaña de concientización «Carlos Paz Libre de Humo«.

Según informes y datos estadísticos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), el consumo de tabaco mata a casi seis millones de personas al año y, si continúan las tendencias actuales, matará a más de ocho millones de personas en todo el mundo para el año 2030. Otro de los datos alarmantes, es que la mayoría de los fumadores comienza a fumar antes de los 18 años, y casi uno de cada cuatro comienza antes de los 10 años. Por ello, desde Fundeps, trabajamos para promover políticas públicas que aseguren la protección del derecho humano a la salud, que eviten que su accionar siga afectando el sistema de salud pública y el bienestar de millones de personas.

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Juan Miguel Litvachkes – Área de Derechos Humanos

juanlitvachkes@fundeps.org

El pasado lunes 20 de junio, en Washington D.C., la Relatoría Especial para el Derecho a la Salud de Naciones Unidas, realizó una consulta abierta a las organizaciones no gubernamentales sobre la versión borrador del informe que prepara la Relatoría.

La Relatoría Especial para el Derecho a la Salud de Naciones Unidas esta preparando un informe que da cuenta de la importante relación que existe entre el derecho a la salud y los objetivos de desarrollo sostenible. En este marco, organizó una reunión para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir al desarrollo de este informe.

En la reunión circuló el borrador del documento en donde se describe cómo los derechos humanos, y en especial el derecho a la salud, pueden contribuir como una herramienta para el cumplimiento y la implementación de los objetivos de desarrollo sostentable adoptados por Naciones Unidas en Septiembre de 2015.

Desde FUNDEPS participamos en nuestro rol de organización experta en temas relacionados a la salud. Trabajamos en el desarrollo de políticas enfocadas en enfermedades crónicas no transmisibles, colaboramos con distintas organizaciones civiles en investigaciones relacionadas a la regulación de la temática en Latinoamérica, y desarrollamos investigaciones para la Organización Mundial de la Salud, entre otras actividades. Por este motivo, celebramos este proceso de consulta, ya que es un buen mecanismo para que diferentes organizaciones de la sociedad civil pueden dar cuenta de las realidades que se viven en cada uno de los lugares y aportar ideas para mejorar el informe final que presente la Relatoría.

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Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

En la última Asamblea Mundial de Salud, se comenzó a incluir a la Convención Marco de Salud Global (CMSG) como una posibilidad para consagrar el derecho humano a la salud y dar herramientas para su efectivo cumplimiento.

La Asamblea Mundial de la Salud se reunió por 69° vez en Ginebra en Mayo del corriente año. El punto 13.2 de su agenda trata sobre la Salud en la Agenda para el Desarrollo Sustentable. En el marco de este punto, el Comité de la CMSG realizó comunicaciones formales, junto con otras organizaciones para promover que se discuta esta convención en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Así, se hizo énfasis en la importancia de una Convención Marco como instrumento para orientar, catalizar y establecer estándares, procesos y mecanismos para la gobernanza de la salud. Se busca entonces que se favorezca el control a nivel global, nacional o de comunidades de base, así como también la equidad en la cooperación internacional para el financiamiento y la regulación, dentro del sector de salud, pero también comprendiendo esferas que influyen en este aspecto.

Se argumenta además que la CMSG daría herramientas para asegurar los Objetivos del Desarrollo Sustentable en lo que a la salud respectan, ya que además de consolidar estándares, aseguraría la prominencia de la salud en la agenda global. En consecuencia, se insta al Director General a conformar un grupo de trabajo con representación de la sociedad civil, para examinar el potencial y establecer posibles parámetros de una Convención Marco.

El proyecto de la CMSG no sólo fue puesto en agenda de la OMS, sino que también ha tomado más relevancia en la agenda de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales. Asimismo, algunos gobiernos, por medio de sus respectivos ministerios de salud, se han mostrado interés en la posibilidad de incluir en sus agendas este borrador de la Convención. Entre ellos, las delegaciones de Nigeria, Suecia y Etiopía. En Latinoamérica, el Ministerio de Salud de Costa Rica también manifestó su interés en realizar un seguimiento del proceso.

Por otro lado, FUNDEPS fue seleccionada para integrar el Consejo Asesor de la Iniciativa por la CMSG, siendo la única institución de América Latina. Por ello, continuará receptando sugerencias y coordinando los esfuerzos para alcanzar una convención realizados desde América Latina.

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Carolina Tamagnini, Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

El pasado 14 de junio, FUNDEPS participó de la audiencia pública complementaria que organizó la Secretaría de Ambiente, con la intención de salvar la fallida audiencia anterior y receptar las opiniones públicas sobre el proyecto urbanístico “Distrito Las Artes”. A continuación, les presentamos un resumen del encuentro que contó con más de 200 personas argumentando posturas a favor y en contra del proyecto.

En abril del corriente año, hubo una audiencia por el mismo tema, pero como su llamamiento no permitió la adecuada participación de vecinos y vecinas de la zona, la Secretaría de Ambiente resolvió una nueva convocatoria, en la cual FUNDEPS participó, junto con otros 210 oradores. El objeto de la misma fue discutir el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico “Distrito Las Artes”, un emprendimiento inmobiliario a cargo de Corporación América Inmobiliaria S.R.L. Tal estudio fue realizado por “Ingeniería Laboral y Ambiental S.A.” y los profesionales que estuvieron a cargo de su elaboración, fueron quienes asistieron a la Audiencia Pública para exponer los principales impactos del proyecto sobre el entorno circundante, y sobre la ciudad en su totalidad. También asistieron representantes de la desarrollista.

La audiencia comenzó a las 10:00 a.m., tal y como estaba prevista. El primer orador fue un arquitecto de Corporación América S.A., quien presentó el proyecto inmobiliario y sus impactos ambientales, sociales, estructurales y financieros. A las 10:37 a.m. comenzaron a hacer uso de la palabra, siguiendo el orden de inscripción, las 211 personas que debidamente se apuntaron para hacerse escuchar, en un tema que tanto interés despertó en los habitantes de Córdoba. Claro que de 211 personas surgieron de las más variadas opiniones; desde FUNDEPS les mostramos un panorama de los argumentos a favor y argumentos en contra del proyecto.

Entre los argumentos expuestos a favor del desarrollo inmobiliario en el predio del Ex Batallón 141, los más trascendentales y que más compartieron los adherentes, encontramos los siguientes:

1) El predio del Ex Batallón hoy funciona como un basural a cielo abierto, en el corazón de la Ciudad de Córdoba. Carreros, empresas y vecinos lo utilizan como depósito de residuos.

2) Las zonas colindantes al predio son conocidas por ser  zonas de elevada inseguridad. Transitar por allí nunca es la primera opción.

3) En una realidad castigada por el desempleo y la falta de inversión en obras públicas, un emprendimiento inmobiliario que generaría más de mil puestos de trabajo temporarios e inversiones que superan los mil millones de dólares, se presenta como una idea atractiva ante los ojos de muchos ciudadanos.

4) Muchos alegaron que sin duda alguna, le daría categoría a la zona sur de la ciudad, puesto que lo que hoy funciona como basural, pasaría a albergar departamentos de alta categoría, hoteles, comercios, etc.

5) El proyecto implica una oportunidad para Córdoba, para atraer futuras inversiones multimillonarias del sector empresarial.

6) La idea de que representaría un beneficio  colectivo y que ayudaría a la inclusión social, también estuvo presente en muchos oradores.

Entre los argumentos expuestos en contra del desarrollo inmobiliario en el predio del Ex Batallón 141, los más trascendentales fueron los siguientes:

1) En el predio del Ex Batallón se cometieron delitos de Lesa Humanidad, durante la última dictadura. Para muchos ciudadanos, construir un mega emprendimiento inmobiliario en ese lote es una burla al pasado, que no es salvado ni con la construcción de una “plaza de las armas”, en honor y memoria a los hechos, tal y como planea hacer Corporación América Inmobiliaria S.R.L.

2) El predio cuenta con 23 hectáreas de parque, lo que equivale a 24 manzanas. Si el proyecto es aprobado ello implicaría: pavimentar gran parte del lote, para la construcción de calles, ciclovías, edificios residenciales, hoteles, comercios, un hospital, un supermercado, un centro cultural, una iglesia.

3) En aspectos específicamente jurídicos, se cuestionó el mecanismo de los convenios urbanísticos, mecanismo que permitió en el caso que nos ocupa, el cambio de destino del uso del suelo, que en el año 2007 fue declarado como “reserva verde”, con carácter de intocable.

4)  Se hizo hincapié en la escasa, o prácticamente nula, planificación y ordenamiento del territorio por parte del Municipio y la Provincia.

5) Fue constante la preocupación de los vecinos por la saturación de los servicios más básicos de la Ciudad de Córdoba: agua, electricidad y cloacas. Cada uno de esos servicios merece una consideración especial:

– En cuanto al Agua, es importante destacar el discurso de una vecina de Barrio Los Incas: allí los vecinos carecen, lisa y llanamente, de agua potable. Justo al frente de un mega emprendimiento inmobiliario, existen vecinos que aún no cuentan con las respectivas conexiones, y deben acudir a métodos clandestinos. Claro que alegó que teme por su futuro y el de su barrio si el proyecto es aprobado.

– En cuanto a la electricidad, la zona sur de la provincia es conocida por ser uno de los sectores que más cortes energéticos sufre.  Los vecinos temen que su situación empeore si el proyecto tiene el visto bueno.

– Respecto a las cloacas, absolutamente toda la ciudad de Córdoba está afectada por problemas cloacales. Por un lado, por los constantes desbordes cloacales que inundan las calles de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande no puede tratar adecuadamente los líquidos cloacales de la ciudad, contaminando el Barrio de Chacras de la Merced. Si el megaproyecto es aprobado, implicaría la instalación de 6 mil nuevas conexiones, que harían aún más inviable un servicio que ya hoy es en extremo defectuoso.

6) Conectado con el punto anterior, se dejó también patentado el incumplimiento de las obligaciones que la desarrollista tenía a su cargo. El más importante de ellos: la construcción de una planta de tratamiento de residuos cloacales para la zona sureste de la provincia, el cuál debería de haberse comenzado a construir dentro de los 60 días de aprobado el convenio urbanístico, en el año 2013. Hoy, en el año 2016, ni si quiera han presentado los planos de dicha planta.

7) Reiteradas veces se puso de manifiesto el déficit de espacios verdes de la provincia de Córdoba. La deforestación, la falta de protección de espacios verdes, la destrucción del último pulmón de la Ciudad, la protección de las especies de flora y fauna, el efecto de permeabilidad de aguas de lluvia, la importancia de los árboles para la absorción de dióxido de carbono, fueron algunos de los argumentos utilizados en pos de la conservación del predio.

8) Se remarcaron algunas cuestiones que pueden parecer “tramposas” o de “mala fe”: entre ellas, el proyecto prevé un 53% de espacios públicos. Sin embargo, “espacios públicos”, no equivale a decir “espacios verdes”, tal y como la desarrollista pretende que se crea. Espacios públicos incluyen calles, calzadas, ciclovías, Los espacios verdes, propiamente dichos, sólo constituyen el 15% del proyecto.  De los 118 mil m2 públicos: 49 mil m2 se destinaran a calles; 33,500 m2 a espacios privados de acceso público, y sólo 35.600 m2 a parques. Asimismo, en varios casos se plantearon dudas respecto del efectivo carácter público de esos espacios.

9) La preocupación por el tránsito en la zona no fue menor. Si el emprendimiento fue pensado para que allí habiten de manera permanente 14 mil personas, no se puede obviar que cada uno de ellos tendrá un vehículo. A ello hay que sumarle los vehículos transitorios, de vecinos que irán al supermercado o al centro cultural. La situación es alarmante si se piensa que la zona sur, por Plaza España, cuenta con un tránsito muy complicado.

Desde FUNDEPS nos oponemos al proyecto urbanístico de la Corporación América y por ello dejamos constancia por escrito en el marco de la audiencia pública. Desde una perspectiva legal, nos preocupa que se pueda avanzar con un régimen de excepción como el del convenio urbanístico sin las debidas garantías de que las obligaciones incumplidas se tornen realidad. Del mismo modo, creemos que los argumentos vinculados al estado de abandono, inseguridad y deterioro de la zona no pueden plantearse como favorables al emprendimiento en tanto esa situación implica una violación de las obligaciones del propio municipio. Finalmente, creemos que una opción de un verdadero espacio verde y público, contiguo y en continuidad con el Parque Sarmiento sería el mejor destino para este predio.

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Documento presentado por FUNDEPS

Noticia anterior: «Discusiones sobre el impacto del proyecto inmobiliario en el ex batallón 141»

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Agustina Asís – Área de Derechos Humanos

agustinaasis@fundeps.org

El encuentro en la oficina central de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) convocó a representantes del gobierno, la sociedad civil y el sector privado a discutir sobre los aportes al plan regional para la prevención de la obesidad infantil.

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) organizó el 17 de mayo pasado una mesa redonda que congregó a representantes de los gobiernos, de asociaciones del sector privado, de organizaciones no gubernamentales y del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo fue para evaluar cómo cada uno de estos sectores está implementando el Plan de acción para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, aprobado por los estados miembros de la OPS en 2014.

El plan de acción insta a establecer políticas fiscales y medidas regulatorias para hacer que las opciones saludables sean más fáciles de elegir para las personas. Estas medidas incluyen impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos altos en energía y pobres en nutrientes, regulación para proteger a los niños del impacto de la publicidad y el mercadeo de los productos poco saludables, y el establecimiento de etiquetado frontal que permita una fácil y rápida identificación de los productos poco saludables.

Representantes de los Ministerios de Salud de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México presentaron los progresos de sus países en la implementación del Plan de acción de la OPS y describieron algunos de los desafíos que han tenido que superar o que aún enfrentan al implementar etiquetados frontales de advertencia (Ecuador y Chile), regulaciones para alimentos y bebidas en las escuelas (Brasil), la regulación de publicidad dirigida a la infancia (Chile) y el establecimiento de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad calórica (México).

Por su parte, los representantes de las organizaciones no gubernamentales presentes señalaron que la industria de alimentos y bebidas se ha manifestado y ha actuado en contra del etiquetado frontal de alimentos y bebidas establecido en Ecuador, contra el etiquetado frontal que entrará en vigor en Chile, contra el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, todas medidas recomendadas en el plan de acción y reconocidas por la propia OPS. Declararon que el mayor obstáculo al cumplimiento de los compromisos establecidos han sido las empresas que, incluso, han intentado combatir estas medidas ante la Organización Mundial de Comercio argumentando que son barreras al comercio queriendo establecer los derechos comerciales por encima del derecho humano a la salud de la población.

Las organizaciones civiles solicitaron a la OPS y a los gobiernos de la región que las regulaciones y políticas recomendadas en el plan de acción para prevenir y combatir la obesidad infantil y adolescente fueran elaboradas libres de conflicto de interés, garantizando que en su diseño no intervenga la industria de alimentos y bebidas, teniendo como único objetivo la protección de la salud pública.

Estas organizaciones reiteraron su apoyo a la OPS y al plan de acción solicitando que los gobiernos establezcan un reporte público sobre sus avances en el cumplimiento de los diversos objetivos establecidos en este Plan, que se conecta directamente con las obligaciones derivadas del derecho humano a la salud y del derecho humano a la alimentación.

Por parte de las organizaciones no gubernamentales asistieron representantes de la Fundación Argentina para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Frente Por un Chile Saludable, el Consejo de Brasil sobre la Seguridad Alimentaria (CONSEA) y El Poder del Consumidor de México.

Por parte de la industria participaron representantes de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB),  la Asociación Brasileña de Industrias de Alimentación (ABIA), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) y la asociación Chile Alimentos.

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Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Como integrantes de la Alianza Libre de Humo Argentina (ALIAR), desde FUNDEPS expresamos firmemente nuestra oposición al anteproyecto para la habilitación de bares para fumadores en la Ciudad de Córdoba, presentado por el Concejal Javier Lafuente (UCR), ya que significará un retroceso en la protección del derecho a la salud.

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Javier Lafuente presentó un proyecto de ordenanza para crear bares exclusivos para fumadores en la ciudad de Córdoba. El proyecto apunta a derogar las ordenanzas N° 11.039, que prohíbe fumar en bares, restaurantes y en lugares cerrados de acceso público, y la N° 11.040, que sanciona a los propietarios de esos locales y a los fumadores.Además, establece que tendrán ingreso exclusivo y no permite la presencia de menores de 18 años. Por otro lado, incorpora alícuotas extras para esos bares de fumadores y crea un fondo para la atención primaria de la salud, constituido con esa nueva tasa. Según el autor, no se fomenta el uso del tabaco, sino que se actúa contra la discriminación a los fumadores.

Sin embargo, Juan Martín Carballo, Director Ejecutivo de FUNDEPS, asegura:

El anteproyecto impulsado por el Concejal Lafuente sería inviable legalmente en tanto contraría preceptos ya regulados por la normativa nacional y provincial en materia de control de tabaco, al mismo tiempo que viola el principio de no regresividad consagrado por los pactos de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional en 1994.

El principio de no regresividad, prohíbe a los Estados tomar medidas que retrocedan en derechos humanos cuando ya se logró un estándar superior de protección. En este caso, de aprobarse la propuesta se estaría confirmando un menor nivel de protección del derecho a la salud.

Además, Juan Miguel Litvachkes, Coordinador Nacional de ALIAR, explica que

La exposición al humo de tabaco tiene efectos nocivos para la salud, no existe exposición al humo de tabaco que sea inocua  y las distintas leyes que han sido aprobadas en el ámbito nacional y local han significado un avance en el control de tabaco, logrando desnaturalizar su consumo y proteger a la población de la exposición al humo segunda mano. Los ambientes libres de humo no sólo han sido reconocidos mundialmente como la única forma efectiva de proteger la salud de las consecuencias generadas por la exposición al humo de cigarrillo, sino que también son eficaces para garantizar el derecho de los trabajadores a desempeñarse en un ambiente saludable. La imposición de bares para fumadores violará derechos fundamentales de trabajadores que han sido reconocidos y protegidos por la Provincia hace muchos años.

Córdoba es una provincia pionera en control de tabaco ya que desde el año 1990, a través de la Ley N°7827 (complementada por la Ley 9.113 en el año 2005) viene implementando medidas a favor de los ambientes libres de humo.  A principios del año 2012, ocho meses después de la sanción de la Ley Nacional de Control de Tabaco (Ley 26.687), Córdoba se adhirió a ésta, a través de la Ley 10.026. La Ley 26.687 y su reglamentación, definen como una de las excepciones a la prohibición de fumar en espacios cerrados a los clubes fumadores, los cuales se encuentran regulados por la reglamentación de la ley nacional, con requisitos específicos para su funcionamiento; los bares propuestos por el concejal no se adaptan a la regulación de clubes para fumadores, por lo cual, su implementación sería ilegal e inconstitucional por contrariar leyes superiores.

Nuestra fundación integra ALIAR desde el año 2013 y hemos participado en diversas campañas promoviendo los ambientes libres de humo, instando la sanción de leyes de aumento de impuestos y prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio y presentando amici curiae  en tribunales domésticos e internacionales en el tema.

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Juan Miguel Litvachkes – Área de Derechos Humanos

juanlitvachkes@fundeps.org

Juan Miguel Litvachkes

El pasado 9 de junio, FUNDEPS junto con la organización Las Omas del Barrio Chacras de la Merced nos reunimos en la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba, con el subdirector Daniel Bardagi y el titular de la planta Gualberto Pozo Arce a los fines de hacer algunas preguntas respecto al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande.

Desde febrero 2016, el eje de ambiente del Área de Derechos Humanos y el Área de Fortalecimiento Democrático de FUNDEPS, vienen trabajando en conjunto con Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el Barrio Chacras de la Merced de la Provincia de Córdoba, en particular con la organización de mujeres Las Omas. El proyecto busca promover el desarrollo e implementación de estrategias vinculadas a la incidencia y monitoreo de políticas públicas en la comunidad Chacra de la Merced, con el fin de apoyar el trabajo de la organización de mujeres Las Omas en el fortalecimiento de los derechos sociales y ambientales vulnerados producto del mal funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

En este marco, FUNDEPS pidió una reunión con la Dirección de Redes y Obras Sanitarias de la Municipalidad de Córdoba. La reunión fue enriquecedora para ambas partes. Desde la Dirección de Redes pudieron explicarnos cómo funciona la planta actualmente, la cantidad y calidad del líquido que trata días de semana y fin de semanas, fondos con los que cuenta la Municipalidad para hacer obras de mantenimiento, problemáticas que identifican ellos que pueden contribuir al mal funcionamiento, entre otras.

Por otro lado, expresamos nuestra preocupación con respecto a los efectos nocivos que está generando la planta en su situación actual, al ambiente en general y a la comunidad de la Chacra en particular ya que sus derechos sociales, económicos y ambientales están siendo vulnerados constantemente.

Asimismo, nos explicaron que la construcción de una nueva planta de tratamiento va a duplicar la cantidad del tratamiento de fluidos y sus implicancias para la ciudad. Sin embargo, cuando pedimos información acerca de posibles políticas de remediación ambiental en la zona con la construcción de la nueva planta, no obtuvimos respuesta.

Es importante destacar que en el marco de este proyecto, se hicieron cuatro pedidos de información a diferentes reparticiones públicas de la Municipalidad entre los que se realizó uno a la Estación Depuradora de Líquidos Residuales que depende de la dirección de Redes, donde hicimos los siguientes pedidos de información para que se informe sobre: a) el estado de funcionamiento actual de la planta EDAR Bajo Grande; b) si existen obras de reparación de las fallas y problemas en el correcto funcionamiento de la planta; c) si hay planes de remediación ambiental en el Barrio Chacras de la Merced; d)  ¿qué obras se están implementando en la planta de tratamiento de líquidos cloacales? ; e) qué medidas de mitigación del impacto ambiental se diseñaron e implementaron luego de ser declarada una zona de emergencia sanitaria; f) qué controles se ejecutan en la Planta detallando los días y horarios en los que se implementan y g) qué días y franjas horarias funciona la planta, detalle los procesos y sus afectaciones directas sobre el ambiente y la población cercana, y qué métodos de tratamiento utiliza.

Desde FUNDEPS seguiremos trabajando con la organización Las Omas en el monitoreo del proceso de licitación e implementación de la obra de la nueva planta, y visibilizando las problemáticas en términos de ambiente y salud la actual Planta de tratamiento de líquidos cloacales EDAR.

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Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democratico y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org