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Preocupante situación de la Defensoría del Público

Hace tres meses que la Defensoría del Público se encuentra acéfala, circunstancia que deja al organismo imposibilitado para realizar plenamente las funciones asignadas en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta situación contraría las recomendaciones del Comité de la CEDAW y agrava la situación de vulnerabilidad de los derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, que nació junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es un organismo que promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática en los medios.

Como comunicamos anteriormente, esta dependencia del Estado se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre del pasado año cuando, ante el término del mandato de la Lic. Cynthia Ottaviano, la Comisión Bicameral del Congreso decidió no designar a un/a nuevo/a defensor/a ni renovar el mandato de la defensora saliente.Al día de la fecha, el organismo elevó una petición para que la abogada María José Guembe, Directora de Protección de Derechos de la Defensoría, sea la máxima autoridad en esta etapa transitoria. De igual manera y dado que el rol de Guembe no goza de todas las facultades, el organismo permanece acéfalo, y por lo tanto, carente de operatividad.

La institución de la Defensoría del Público es fundamental pues oficia de intermediaria entre los actores de comunicación y el público, en representación de los intereses y derechos de las audiencias. De esta manera, la acefalía vulnera a la ciudadanía ya que sus derechos no pueden hacerse valer completamente sin el accionar pleno de este organismo. Esta situación que ya se ha prolongado por casi 3 meses, no obstante continúa trabajando, recibiendo y canalizando reclamos.

Denuncias realizadas desde FUNDEPS

Durante el 2016, desde FUNDEPS, hemos realizado varias denuncias al organismo, destacando las realizadas al canal televisivo TYC Sports y al programa “Majul 910” por Radio AM 910.

En diciembre del año pasado, recibimos una notificación telefónica sobre el estado del reclamo realizado por una publicidad institucional del canal televisivo TyC Sports, en el mes de septiembre. En dicha publicidad, se muestra una conversación entre una pareja heterosexual, en la que se reproducen estereotipos de la división sexual del trabajo, así como también de relaciones de poder dentro de las parejas. Ante este reclamo, la Defensoría reconoció y mencionó los estereotipos que reproducen los medios y resaltó lo positivo de las audiencias manifestando conformidad respecto a los mensajes construidos. Por esta denuncia, se realizó una comunicación al canal de televisión, que no fue respondida. Nosotrxs recibimos una respuesta formal escrita en la que se menciona que:

“En su informe sobre la pieza la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de esta Defensoría señaló que «recibe los comentarios expresados en la consulta como un indicio de la legítima disconformidad de las audiencias con la reiteración acrítica de representaciones estereotipantes que, además, no se corresponden con la diversidad social actual en materia de composiciones familiares y de asignación de roles al interior de las familias”

Por la grave situación que atraviesa el organismo, no fue posible tomar otras medidas. Además, en noviembre del pasado año hemos realizado una denuncia por el programa radial “Majul 910” en Radio La Red AM 910 en el que, bajo el lenguaje pretendidamente “humorístico”, se reproducen estereotipos y apologías a la violencia de género.

En este caso, la Defensoría también reconoció la legitimidad del reclamo e informó que la empresa RED CELESTE Y BLANCA SA, titular de LR5 Radio La Red AM 910 respondió a la denuncia:

«…los comentarios esgrimidos por el humorista Claudio Rico han sido realizados exclusivamente con animus iocandi y que el mismo nunca tuvo el objetivo de ofender a las mujeres ni llevar adelante un estereotipo de belleza que resulte ofensivo y opresivo para las mujeres. Mucho menos ha sido el objetivo de ‘ LA RED’ difundir un mensaje de violencia mediática como se señala en la presentación».

Por último, la Radio expresa: «En tal sentido (…) es que tomamos debida nota de la misma y procederemos a comunicar los términos de la misma a los conductores, participantes y productores del Programa “Majul 910”.

Al no poder tomar mayores medidas ni expedirse sobre la calidad de los contenidos emitidos, las denuncias realizadas a la Defensoría del Público han perdido fuerza y legitimidad, y quedan en manos de la voluntad de los medios denunciados.

En este contexto de gran incertidumbre, es importante recordar que el CEDAW, en sus observaciones finales a Argentina, recomendó “Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”. Frente a esto, la situación institucional de la Defensoría del Público, es aún más grave. Las recomendaciones internacionales se orientan a darle más competencias al organismo, que actualmente ve limitado su funcionamiento, limitación que se constituye como una situación regresiva que disminuye el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática, como de las audiencias en general.

La reproducción de estereotipos de géneros en los medios de comunicación son una forma de violencia mediática y simbólica, de acuerdo con las definiciones la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también están contemplados en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Individual. Los organismos como la Defensoría del Público son fundamentales para velar por la producción de contenidos y  programación en los medios que no fomenten la cultura de la discriminación y la violencia. Dada la gravedad del caso, expresamos nuevamente nuestra preocupación por la vulneración de los derechos de las audiencias y exigimos que la situación sea subsanada la brevedad.

Más información

– Observaciones de CEDAW para el Estado Argentino

– Riesgo de Continuidad Defensoria

– Nota de Opinión en Pagina 12: «Retroceso en políticas de género»

Contacto

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Emiilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

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Participamos de la segunda consulta regional de la CEPAL sobre derechos humanos y empresas

Durante la semana del 17 al 19 de enero, en la ciudad de Santiago de Chile, se llevó a cabo la Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la Implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El encuentro contó con la participación de gobiernos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año 2016 se realizó la primera consulta y se concluyó que era necesario avanzar en un relato regional sobre derechos humanos y empresas. En el 2017, el segundo encuentro se convocó con el fin de dar continuidad al esfuerzo de implementación de los Principios Rectores, sirviendo de plataforma de diálogo entre actores variados, que permita ilustrar el contenido de una agenda que oriente las políticas ligadas a la materia (tanto en el ámbito público como en el privado) hacia el disfrute progresivo de los derechos humanos en el contexto de las operaciones de las empresas.

Los Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos principios se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

Los resultados esperados de esta consulta se relacionaron con:

  1. – Reconocer los avances internacionales en materia de empresas y derechos humanos;
  2. – Reconocer desafíos pendientes y la realidad regional en el desarrollo e implementación de planes de acción nacional y políticas públicas sobre empresas y derechos humanos;
  3. – Compartir experiencias de distintas partes interesadas sobre su relación con los Principios Rectores y los planes de acción nacional;
  4. – Identificar oportunidades para mejorar la colaboración entre países y regiones, y continuar con el mecanismo de aprendizaje entre pares;
  5. – Evaluar el avance en la agenda regional sobre las empresas y derechos humanos.

Cabe resaltar, que previo al encuentro, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta a los fines de impulsar una mayor participación de la sociedad civil en esta consulta. A raíz de dicha petición, se incorporó un panel específico para las organizaciones al mismo tiempo que se priorizaron las intervenciones de este sector a lo largo de los tres días.

La consulta entonces, contó con la participación de gobiernos americanos (Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos), representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de empresas que están trabajando en la aplicación de los principios rectores. Cada uno de los gobiernos participantes, mostró los avances en el diseño e implementación de un plan nacional que aborde la aplicación de los principios. Por su parte, los representantes de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y percepciones acerca del trabajo que los gobiernos y empresas han venido realizando respecto de esta temática.

De la misma forma que en el caso de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), desde FUNDEPS consideramos de gran relevancia impulsar este tipo de iniciativas que buscan brindar mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector privado, pero sin dejar de lado la responsabilidad que le atañe a  los gobiernos nacionales. Particularmente en Argentina, y teniendo en cuenta el actual panorama de inversiones extranjeras, caracterizado por un creciente rol de las inversiones del sector privado (el caso de las inversiones de empresas chinas o la creciente cartera de proyectos de la Corporación Interamericana de Inversiones, por ejemplo) o por intermedio de Asociaciones Público-Privadas, creemos que es vital que tanto el gobierno nacional como aquellos de carácter local no pierdan de vista estos principios rectores en pos de garantizar el respeto de los DD.HH en el marco de las actividades empresariales. Asimismo, esperamos que el proceso de diseño de un plan nacional de derechos humanos y empresas, cuente con un espacio de aporte de la sociedad civil.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Un villano delicioso, alimentación e industria

Seductor, rico y placentero, el azúcar es un ingrediente omnipresente en la dieta argentina. Ante el alarmante crecimiento de la obesidad, bajar su consumo depende de una enredada dialéctica entre la industria, la ciencia, el gobierno y la sociedad civil cuya respuesta se hace esperar

Al sol del ímpetu creativo de los año 1990, el cine retrató la gesta histórica legal contra la Brown & Williamson Company en El Infiltrado, película protagonizada por Russell Crowe y Al Pacino. El argumento partía de la decisión de la empresa de añadir a los cigarrillos «cumarina», una sustancia moderadamente tóxica para el hígado y los riñones que incrementa la adicción del consumidor a los cigarrillos. Fuente de energía de fácil y rápida asimilación, disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa, extraído principalmente de la caña de azúcar y de la remolacha, seductora y omnipresente, la sacarosa es el más popular comodín de sabor y representa, además, el símbolo de la nueva cruzada por la salud pública. Tal como el secreto celosamente oculto de la cumarina, la composición química del azúcar, agregada en alimentos y bebidas, es el centro del debate actual sobre alimentación y enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y la obesidad en Argentina aumentó, entre 2005 y 2013, un 42,5%. Por si fuera poco, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar nacional de 2012, en un lapso de cinco años, en el grupo de adolescentes de 13 a 15 años, el sobrepeso aumentó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%. «La alimentación del lactante con alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de los principales factores que propician la obesidad infantil. (…) Deben evitarse alimentos complementarios ricos en grasas, azúcar y sal», cita la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil de la OMS en su página web.

La dieta

Las cifras reflejan que en la dieta argentina hay gran déficit de verduras y frutas, de acuerdo a la licenciada en Nutrición Pilar Llanos, quien forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN). En simultáneo, explica Llanos, hay excesiva presencia de productos que aportan alta densidad calórica, tales como harinas (sin fibras), galletitas dulces y saladas, masas pre-listas y pastas y panificados blancos. La presencia de carnes como aves, pescados y carnes rojas en muchas mesas, continúa Llano, «es sustituida por productos industrializados, prelistos, de fácil y rápido consumo y del agrado de los niños con la compañía de las calorías vacías que aportan las gaseosas». Argentina es el primer consumidor mundial de bebidas gaseosas con 137 litros per cápita por año, según Euromonitor 2014, líder mundial en investigación de mercado. «Está probado cómo la industria alimenticia está promoviendo el consumo amplio de bienes cuyo consumo regular a lo largo del tiempo genera impactos negativos en la salud -plantea Juan Carballo, abogado y director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), con sede en la ciudad de Córdoba-. En Argentina, en particular, la información en los envases de los alimentos es baja, nadie lee en detalle la etiqueta y las publicidades son simplemente persuasivas.»

Desacuerdos

Ante un problema evidente, la dialéctica de la discusión es compleja. La industria, la sociedad civil, el Estado y la comunidad científica –que a primera vista comparten la verdad de Perogrullo de que una dieta protagonizada por el azúcar, las grasas saturadas y el sodio es mala para la salud pública– no están tan de acuerdo sobre qué hacer al respecto. Las opciones son varias: gravar un impuestazo al azúcar como Inglaterra en 2016, hacer un acuerdo internacional como el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2003, garantizar la libre empresa, sancionar una estricta norma sobre el etiquetado de alimentos como la ley chilena 20.606, entre muchas otras. Durante la Mesa Redonda sobre la Implementación del Plan de Acción para la prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebrada en Washington en mayo de 2016, organizaciones civiles de toda América discutieron sobre barreras y oportunidades en el cuidado de la salud pública. En la reunión, Carballo planteó que había insuficiencia de normas voluntarias y autorregulación de parte de la industria sobre la publicidad y la comercialización de alimentos dirigidos a niños.

La investigación

La omnipresencia de los ingredientes azucarados en la dieta de los argentinos es una realidad rica, natural y placentera difícil de discutir. Son percepciones que atraviesan a todos los grupos sociales, edades y sexos. Su inocuidad, largamente descartada, es objeto de estudio de instituciones y asociaciones científicas encargadas de desempatar posturas sobre cuánto tiene que ver el azúcar en Enfermedades No Transmisibles (ENT) que causan morbimortalidad. Las cosas, a priori, no son tan claras. Documentos internos de la industria azucarera publicados en 2016 en la revista Jama Internal Medicine por Stanton Glantz, investigador en la Universidad de California en San Francisco, sugieren que durante cinco décadas abundanor los estudios que minimizaban el vínculo entre el azúcar y el corazón y difamaban a las grasas saturadas. La ciencia, condicionada por la industria, encubrió a un villano acusando a otro malhechor. «La industria opera a través del financiamiento a equipos de investigación reales, algunos confiables, pero también con ‘organizaciones fachada’ -agrega Carballo-, que tienen una cáscara institucional que es aparentemente respetable pero que sólo tienen financiamiento del sector de la industria alimenticia. Su objetivo es poner en duda conclusiones probadas o condicionar las políticas públicas».

El caso Coca-Cola

A pesar de que el tráfico de influencias develado en los documentos data de casi 50 años atrás, informes más recientes muestran que la industria continúa ejerciendo su influencia en la ciencia de la nutrición. El 4 de enero, la ONG The Praxis Project y el Centro para la Ciencia en el Interés Público, de Estados Unidos, demandaron judicialmente a Coca Cola por engañar al público derribando las investigaciones que vinculan las bebidas azucaradas con la obesidad, la diabetes tipo 2 y similares. «Coca Cola tiene una larga historia de apoyo y relacionamiento fructífero con organizaciones de investigación y sin fines de lucro en los países en donde está presente -afirma Francisco Do Pico, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola para Argentina-. Estas colaboraciones siempre se dan en un contexto transparente y en ningún caso tienen condicionantes tendientes a favorecer temas de interés propio de la Compañía». La compañía ofrece información actualizada en su sitio www.transparency.coca-colacompany.com sobre las sumas de dinero que destina a actividades de investigación. Sin embargo, dentro de su política de transparencia, aún no fueron difundidas, explícitamente, todas las instituciones académicas a las que Coca-Cola destina fondos.

Intereses cruzados

La alimentación, por caso, está íntimamente ligada a la producción de alimentos, de parte de la industria; y a la regulación de la comercialización de productos sanos en el mercado, de parte del Estado. En el medio de ambos actores están los hechos obtenidos a partir de investigaciones científicas. Pese a todo, las zonas grises aparecen por doquier. La periodista y autora del libro Malcomidos, Soledad Barruti, publicó el año pasado un artículo denunciando que la International Life Sciences Institute (ILSI) era en realidad una ONG financiada por corporaciones de la industria alimentaria que realizaba estudios de campo en escuelas públicas porteñas, con aval y fondos del programa estatal de la ciudad «Mi Escuela Saludable», para indagar los hábitos infantiles con relación a la comida. «Para mí es fundamental que empecemos a preguntar quién financió una investigación. ¿Quién patrocina a las sociedades de nutrición y pediatría de Argentina? ¿Por qué yo veo sellos de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) en los paquetes de sal si se supone que tenemos que consumir menos sal, que está fortificada con hierro? Me parece que basta con decir quién pagó el estudio y en qué paradigma de la nutrición está inserto».

El caso Cormillot

A pocas horas de difundir la nueva lista de Precios Cuidados, en agosto de 2016, el Gobierno nacional volvió sobre sus pasos y retiró del programa los cuatro productos marca «Cormillot» que ingresaron luego de que el doctor Alberto Cormillot asumiera como funcionario del Ministerio de Salud y asesorara en la elaboración de la política oficial de precios regulados. Los alimentos Dulcor con licencia Cormillot generaron un estado de sospecha sobre un posible conflicto de interés en el que el televisado profesional sería, al mismo tiempo, parte y contraparte. «No puede haber un funcionario que tenga vínculos directos con una empresa de alimentación que lleve su nombre -dice Barruti- o venda productos alimentarios, dietas o servicios alrededor de su nombre.»

El triunfo de la sacarosa

La carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos perteneciente al Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de UNLa (Universidad de Lanús) hizo en noviembre de 2016 una encuesta de preferencias de consumo de alimentos con azúcar en Argentina. El trabajo reveló que el 92% de los argentinos que incorpora alimentos dulces diariamente a su alimentación lo hace porque es rico y el 82% de ellos porque es placentero. «Es tema de Educación Alimentaria concientizar a las instituciones para que no incluyan alimentos como golosinas y snacks en la alimentación de los escolares», resume la licenciada Llanos, de la SAN-. Tal vez un primer paso sería tomar cartas en espacios en los que, como las escuelas, el Estado tiene un rol fuerte. Los quioscos escolares podrían ser la semilla de un perfil alimenticio distinto asociado al proceso educativo. Un lugar en el que el sector privado, sin ser mala palabra, pueda participar junto con la sociedad civil. La naturalidad de la presencia de la sacarosa en la dieta argentina, como triunfo del placer frente a la antítesis de la buena salud, hace que el consumo de bebidas y alimentos azucarados sea parte del statu quo del menú diario. Una idea prevalece: cada cual es responsable de sí mismo sin perjuicio del Estado, la sociedad civil y la ciencia -es decir, conceptos similares a los que deslizan las tabacaleras sobre los fumadores-. Éticas varias resultado de un proceso de purificación química cuyo éxito depende del porcentaje de sacarosa que contienen sus cristales.

La posición de la industria

Grupos de empresas representadas por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (Alaiab), reunidas en Washington D.C. en 2015, manifestaron su desacuerdo con «aquellos planteamientos que buscan encasillar al sector privado como un actor (…) incompatible con el desarrollo de propuestas en materia de política pública relacionada con la salud (…). Alaiab considera que los denominados ‘conflictos de interés’ no deben retrasar el diálogo proactivo». «Está claro que las cámaras y empresas de Copal -explica Daniel Funes de Rioja, presidente de la asociación- han bregado por la calidad de los alimentos que producimos. Nosotros y los ministerios de Salud y Agroindustria celebramos, recientemente, un acuerdo para promover hábitos de vida saludables y proveer de información adecuada a la sociedad a través de los etiquetados y la publicidad.» La reunión, a la que no fue invitada ninguna organización de la sociedad civil, fue un paso de coordinación entre el Estado y las empresas. En el plano legal y parlamentario, queda pendiente el debate de leyes profundas vinculadas al marketing y etiquetado, dos temas sensibles para la industria. Rumores de que podría debatirse en Argentina una ley que establezca el etiquetado frontal de los envases con grandes sellos negros fácilmente visibles que alertan sobre alimentos altos en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías (tal como lo hace la legislación chilena) despiertan críticas. «Creemos que esa es una ley absolutamente equivocada -agrega Funes de Rioja-, ya que no sólo tiene distorsiones desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista práctico. Nuestro país, a diferencia de Chile, es un exportador mundial de alimentos. Muchas veces se crean normas técnicas sin base científica-sanitaria que implican barreras comerciales.» Las empresas reunidas en Copal afirman hacer investigaciones para documentarse sobre los ingredientes y los efectos que pueden tener ciertos alimentos. «Todo esto se hace con suma solvencia científica -explica Fines de Rioja-. Lo hacen cámaras o empresas con entidades como la Sociedad Argentina de Nutrición, por ejemplo, y otras instituciones de tipo académicas con las que trabajamos.»

Fuente: La Voz Del Interior

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Rechazamos presiones a artistas y reclamamos una discusión abierta y técnica sobre nuestros bosques

En las últimas semanas se han repetido presiones para avanzar contra los pocos bosques nativos que quedan en la provincia de Córdoba. Defendemos la libertad de expresión política y artística y exigimos  una discusión participativa y técnica que asegure una adecuada protección de nuestros bosques.

A finales del 2016 y gracias a la movilización de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, se logró extender el tratamiento de un proyecto de ley de bosques que pretendía aprobarse sin una adecuada discusión. Ese proyecto habría significado un claro debilitamiento de la protección a bosques nativos en nuestra provincia.

Desde FUNDEPS, desarrollamos un documento con numerosas críticas legales y ambientales al proyecto de ley. Las críticas marcaban los claros debilitamientos de la protección ambiental de los bosques así como la existencia de un proceso poco transparente y no participativo. Ambos puntos violan la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos.

Algunas de esas críticas ya habían sido planteadas en un documento conjunto entre el Foro Ambiental, FUNDEPS y otras instituciones que se elevó al gobierno como respuesta a la postura de CARTEZ titulada “Producir conservando y conservar produciendo”. Ni CARTEZ ni legisladores que presentaron el proyecto respondieron a los cuestionamientos técnicos que se hicieron a esa postura.

En lugar de aprovechar la extensión del plazo de discusión para generar un espacio participativo o para responder a los cuestionamientos legales y técnicos que se hicieron al proyecto, desde el sector agropecuario se presiona para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley. Se acusa de fijar posiciones sin basamento científico cuando desde ese sector nunca pudieron responder los cuestionamientos que se hicieron llegar. Asimismo, se presiona especialmente a artistas como José Luis Serrano y Raly Barrionuevo quienes han visibilizado la movilización en contra del avance sobre los pocos bosques nativos que quedan en nuestra provincia. En un comunicado, CARTEZ criticó duramente a Doña Jovita y Raly Barrionuevo al acusarlos de “generar confusión” y de defender “ideologías extremas”. Como réplica, José Luis Serrano desafió a la entidad ruralista a contestar con “argumentos científicos” las dudas que le elevó el Foro Ambiental.

En esa línea y en un giro sorprendente, el periodista Andrés Carpio de Cadena 3 intima legalmente a José Luis Serrano por sus comentarios respecto de la descripción que hiciera el periodista de la marcha del 28 de diciembre. El periodista hizo una descripción fuertemente negativa de la marcha describiéndola en un número muy inferior al de las estimaciones de los organizadores. Asimismo, sugirió que quienes marchaban no sabían bien porqué lo hacían en la medida que ya había una decisión de posponer el tratamiento del proyecto de ley. Pareciera que en la postura del periodista, la defensa de los bosques nativos y la visibilización de un reclamo popular no son razones suficientes para manifestarse públicamente en forma pacífica.

En ese contexto, el artista José Luis Serrano personificando a su personaje “Doña Jovita” marca su sorpresa por la inexacta descripción de la manifestación en contra del proyecto de ley de bosques. Lo hace a través de su personaje, en una expresión artística y crítica de una descripción inadecuada de una movilización popular.

Defendemos el derecho a la libre expresión y a la manifestación artística con conexiones con derechos y reclamos sociales. Nos oponemos a las presiones en contra de manifestaciones públicas. Asimismo, rechazamos enfáticamente el uso de mecanismos legales para limitar los posicionamientos críticos de personajes públicos.

Contacto

Juan Carballo, Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

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Participamos del Open Government Partnership Summit en París

Estuvimos presentes en el evento de la Cumbre de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP Summit, en inglés) que tuvo lugar en París entre el 7 y el 9 de diciembre. A continuación, más información sobre qué es OGP y en qué consistió el 4° encuentro de esta alianza.

¿Qué es OGP?

Es una iniciativa conformada por más de 70 países para promover políticas de gobierno abierto. Esto implica que los gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta a la ciudadanía. Para formar parte, los Estados deben adherir a la Declaración de Gobierno Abierto, presentar un plan de acción aprobado con un proceso de consulta pública y comprometerse a realizar reportes periódicos. Esta iniciativa también es un espacio de articulación entre sociedad civil y gobiernos, tanto a nivel local como nacional.

¿En qué consistió la cumbre?

Luego de la ceremonia inaugural el día 7 de diciembre de 2016, durante los siguientes dos días se realizaron paneles, talleres y charlas relacionados a una gran variedad de temas relacionados a gobierno abierto. Estos podían variar entre temas como datos abiertos, participación ciudadana, uso de tecnologías de la comunicación e información (TICs), transparencia en licitaciones públicas, entre otros. Las distintas actividades también estaban atravesadas por agendas como el cambio climático o género.

En el evento participaron más de 4000 personas, entre ellos jefes y jefas de Estado, miles de representantes de la sociedad civil y personas del ámbito de las TICs. Este culminó con la Declaración de París.  Además de ser un espacio de aprendizaje sobre todo lo relacionado a gobierno abierto, la cumbre fue una oportunidad para crear sinergias entre los distintos actores de la sociedad civil, así como para crear instancias de colaboración con los gobiernos. En miras al logro de una sociedad más democrática, la Alianza brinda oportunidades para desarrollar promover e implementar reformas de gobierno abierto.

Los gobiernos subnacionales también son parte

En el proceso de promoción de gobiernos abiertos, también se incluyen a las ciudades y a las entidades federales. En relación a esto, estuvimos participando del Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno Abierto y del Encuentro Federal de Gobierno Abierto fue se llevó a cabo en Córdoba el 15 y 16 de diciembre. En esta última instancia, se trabajó en realizar propuestas para los compromisos a nivel nacional y provincial en miras a que Argentina debe presentar su tercer plan de acción en 2017 y se espera haya compromisos provinciales.

Más información

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.

Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.

TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.

El proyecto tiene tres grupos de obras:

Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.

Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.

Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.

El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.

El intendente Esteban Avilés explicó:

«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»

Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.

Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:

«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»

Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:

«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»

Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.

Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.

Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:

«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»

Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».

Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:

«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»

Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»

En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.

Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.

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Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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El programa “Majul 910” y sus chistes sobre el abuso sexual

En el programa “Majul 910” que se emite por Radio La Red, en el día martes 18 de octubre, un día antes de la marcha y paro realizados en toda Argentina tras el femicidio de Lucía Pérez, y bajo el lema #MiércolesNegro, un humorista realizó una cadena de chistes atravesados por un estereotipo de belleza que resultan ofensivos y opresivos para las mujeres.

Luego de comentarios del tipo “(…) mire Majul, mi mujer es tan fea que tuvo que hacer una representación de La Bella y la Bestia y de Bella hizo un tipo”, finalizó: «Mi mujer es tan fea que la agarraron unos violadores y, en la oscuridad, la vistieron«, ironizó mientras los periodistas festejaban el comentario, y la artística de la radio acompañaba con sonidos jocosos y reidores de fondo.

Este tratamiento de la información, infringe lo expresado en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que la programación debe evitar los contenidos que promuevan actos discriminatorios y violentos hacia las mujeres. Es menester recordar que según el Código Penal argentino, el acto de violentar sexualmente a una persona está tipificado en el artículo 119 y constituye un delito propiamente dicho.

Este tipo de contenidos difundidos en los medios de comunicación constituyen formas de maltrato y violencia simbólica, en las cuales se crean imaginarios y se reproducen mandatos culturales que son formas de opresión y dominación hacia las mujeres.

Por ello, hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

El chiste, pretendidamente inocente, satiriza un delito contra la integridad sexual basándose en el no cumplimiento de un mandato: la belleza. Es inaceptable la reproducción de estos dichos, en cualquier medio de comunicación, principalmente en este contexto social trágico hacia las mujeres, evidenciado por los gravísimos actos de violencia y femicidios visibilizados en los últimos años.

Seguimos pidiendo que los medios de comunicación se comprometan en la promoción y respeto de la igualdad, evitando contenidos que reproduzcan formas de violencia mediática hacia las mujeres, respetando en todo momento su integridad y sus derechos. Estos dichos son sumamente peligrosos y resulta inaceptable su mera existencia. La violencia hacia las mujeres es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, donde los medios de comunicación tienen una enorme tarea que realizar.

Por último, se advierte la preocupación por la falta de pronunciamiento formal por parte de la Defensoría del Público y del ENACOM, tras haber pasado más de dos meses de la realización de las denuncias correspondientes. Desde FUNDEPS continuamos con el seguimiento de los procesos abiertos, a fin de continuar con el monitoreo del funcionamiento de esos órganos.

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Emilia Pioletti – emiliapioletti@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Boletín informativo – Enero 2017

Envío Especial: Informe de Actividades 2016