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Participamos en las consultas del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID

En el marco del proceso de revisión de las políticas ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, participamos en las consultas públicas realizadas en las ciudades de Buenos Aires y Washington DC. Junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, planteamos ciertas preocupaciones y recomendaciones en cuanto al proceso de revisión y de consulta, así como al contenido del borrador del Marco de Política Ambiental y Social propuesto.

En enero, el BID dio inicio al proceso de consulta pública sobre un nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), el cual incluyó, hasta el momento, consultas de carácter presencial y virtual en las ciudades de Bruselas (Bélgica), Ciudad de Panamá (Panamá), Kingston (Jamaica), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y Washington DC (Estados Unidos). Además, se  contempla la recepción de una primera ronda de comentarios virtuales respecto al borrador hasta el próximo 20 de abril.

Desde Fundeps, participamos tanto de la consulta pública presencial llevada a cabo el 10 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires como en la consulta realizada el 13 de marzo en la ciudad de Washington DC. A su vez, planeamos enviar comentarios por escrito en relación al borrador difundido por el Banco en el marco de un trabajo conjunto que venimos realizando con un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región.

En términos generales, el borrador del MPAS plantea dos secciones diferenciadas: una Declaración de Política que básicamente establece los roles y responsabilidades que le corresponderán al BID en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y requisitos socioambientales del nuevo Marco; y una segunda sección que incluye el detalle de las Normas de Desempeño Ambiental y Social con las que deben cumplir los prestatarios. El borrador plantea la inclusión de diez Normas: 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2. Trabajo y condiciones laborales; 3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación; 4. Salud y seguridad de la comunidad; 5. Adquisición de tierras y reasentamiento; 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; 7. Pueblos indígenas; 8. Patrimonio cultural; 9. Igualdad de género; y 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de la información. 

El BID ha planteado que el MPAS propuesto se basa en cinco principios rectores: la no dilución de las actuales políticas; la orientación a resultados (es decir, la implementación efectiva); la proporcionalidad de las responsabilidades y los requisitos establecidos respecto al nivel de riesgo del proyecto; la transparencia y la idea de “hacer el bien” más allá de “no hacer daño”.

Sin embargo, el análisis que hemos realizado junto al resto de las organizaciones involucradas en este proceso permite vislumbrar que, al menos tal como está planteado, el actual borrador dista mucho de cumplir de manera efectiva con cada uno de dichos principios rectores. En términos generales se puede apreciar una dilución de las políticas y la protección socioambiental en muchas de las Normas de Desempeño; no resulta claro qué tan efectiva va a resultar la implementación de dicho MPAS; en muchas secciones del borrador no queda plasmada la idea de proporcionalidad; y prácticamente no se pueden identificar secciones en el borrador que planteen el “hacer el bien” en el sentido que lo plantea el Banco: el de facilitar resultados más sustentables en los social y ambiental.

A su vez, todo el proceso de revisión que está llevando adelante el Banco dista mucho de ser transparente y de “ofrecer oportunidades significativas de participación para todas las partes interesadas” tal cual lo establece el BID. Justamente, como suele suceder con los procesos de consulta que lleva adelante el BID, este proceso ha contado con importantes falencias, sobre todo en el objetivo de lograr una participación efectiva de partes interesadas.

Hemos expresado debidamente todas estas críticas y problemas a los representantes del Banco en cada una de las consultas en las que participamos y las acompañamos de recomendaciones y sugerencias concretas que deberían tener en cuenta a la hora de la elaboración del siguiente borrador del Marco. Además, se harán llegar oportunamente dichas recomendaciones por escrito antes del vencimiento del plazo para enviar comentarios de manera virtual.

Habiendo finalizado las consultas públicas y una vez finalice el período de recepción de comentarios y sugerencias de manera virtual, el Banco deberá elaborar un nuevo borrador del Marco de  Política Ambiental y Social para ser presentado al Directorio. Posteriormente, el nuevo Borrador será publicado para una nueva ronda de comentarios de carácter virtual por un período de 30 días, de acuerdo al Plan de consulta pública aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco. Una vez finalizado este período, el BID desarrollará la versión final del Marco que será entregado al Comité de Políticas y Evaluación del Directorio del BID para su evaluación final. 

El BID es miembro del Grupo BID. Es fuente de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y, a diferencia del BID Invest que invierte en proyectos del sector privado, el BID se encarga de la inversión en el sector público.

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Gonzalo Roza, gonroza@fundeps.org

El aborto: un paso adelante en la igualdad de género

Una de las principales demandas del feminismo es que una mujer pueda decidir libremente y de manera voluntaria si quiere o no tener un hijo.

Por eso, los colectivos feministas incluyen la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y defienden que se trata de una cuestión de derechos humanos y salud pública.

Así quedó plasmado el pasado 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, cuando muchas mujeres y hombres salieron a las calles para manifestarse y reivindicar la figura de la mujer, dar visibilidad a los diversos feminismos, romper estereotipos de género e impulsar el cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria.

“El acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos”, afirma Mayca Irina Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales en Fundeps, una organización argentina que promueve los derechos de la mujer.

La labor de Fundeps es incidir en las políticas de los gobiernos latinoamericanos a través de la investigación, la comunicación y el litigio judicial, para promover la igualdad de género y proteger a las mujeres ante situaciones de vulnerabilidad que sufren cada día.

El caso de Argentina

Esta semana, Argentina se enfrenta a uno de los debates más importantes de su historia reciente: el presidente Alberto Fernández presentará un proyecto de ley para legalizar el aborto que tendrá que debatirse primero en el Congreso y, más tarde, en el Senado.

Si la propuesta se aprueba, Argentina se convertiría en el quinto país de América Latina en reconocer el aborto libre (sin condicionantes), después de Uruguay, Cuba, Guyana y Guyana Francesa.

La religión católica tiene un peso muy importante en el país, por eso las leyes argentinas sobre el aborto son muy restrictivas sobre su aplicación.

Sin embargo, el derecho al aborto libre es una demanda reivindicada desde hace años por diferentes sectores de la sociedad argentina, representados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.

 

“El Estado [argentino] no puede seguir obstaculizando la práctica del aborto”, afirma Balaguer, quien asegura que sigue siendo difícil acceder al aborto incluso en los casos en los que es legal. Por ahora, la ley argentina solo permite abortar en caso de violación o si existe un riesgo de salud para la mujer.

Hacia una igualdad real

La jornada de huelga en Argentina se aplazó al lunes 9 de marzo para conseguir un mayor impacto en el mercado laboral y de los cuidados, una labor que suele recaer en las mujeres, que tradicionalmente se han hecho cargo del cuidado de los hijos y las personas mayores.

La manifestación multitudinaria en Buenos Aires reivindicaba el aborto como una cuestión de salud pública y justicia social, para combatir el alto número de embarazos adolescentes y abortos realizados de forma clandestina, que ponen en peligro la salud de las mujeres.

Pero por encima de todo, se trataba de poner en el centro del debate el “derecho de autonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo”, explica Balaguer.

Para conseguirlo, el movimiento feminista destaca la necesidad de promover la educación sexual entre los jóvenes, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y, sobre todo, garantizar el derecho al aborto.

Fuente: La Vanguardia

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Análisis del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS

El presente documento de trabajo aborda uno de los nuevos bancos de desarrollo multilaterales: el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. En él se desarrolla sus inicios, estructura, políticas y estrategias, los proyectos que tiene en marcha y el rol que posee China en el Banco.

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Democracia, transparencia y gobiernos abiertos

Los compromisos que varios países asumen de manera voluntaria para abrir sus datos no alcanzan para controlar la corrupción si no se trabaja en la participación ciudadana.

Filósofos y politólogos a lo largo de la historia han dado a entender que no existe otra manera de organizar la vida en sociedad que sea más equitativa e inclusiva que la democracia. La democracia es sinónimo de transparencia, participación, igualdad y desarrollo. ¿Y en la práctica?

Los indicadores de desarrollo de Argentina y de la mayor parte de los países del sur global demuestran que los niveles de desigualdad son grandes y fueron creciendo con el paso de los años.

En un contexto de gobiernos democráticos consolidados, esta forma de gobierno no fue capaz de cumplir con sus promesas y la exclusión constante de la ciudadanía, devino en la imposibilidad de avanzar hacia mejores niveles de desarrollo.

La idea del desarrollo como algo más que el crecimiento económico fue incorporando otros parámetros para medir el avance de una nación. La salud, la educación y las instituciones gubernamentales son algunos de ellos. Y hacia 2008, la necesidad de fortalecer estas últimas, devino en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).

La OGP reúne a más de 70 naciones con el objeto de promover la implementación de políticas de transparencia, participación y colaboración. Los Estados parte se adhieren y mantienen su estatus de “miembro” mediante la creación de planes de acción que duran dos años. Cada uno se compone de un set de compromisos o metas que el gobierno está dispuesto a cumplir en plazo estipulado. La adherencia a OGP y el cumplimiento de los planes tienen, al día de hoy, un carácter voluntario. Finalizado cada plan, los países son evaluados y obtienen recomendaciones de cara a la elaboración del siguiente plan.

La hermana mayor de OGP es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Eiti). Creada en 2003, Eiti se propone fomentar el aumento en los niveles de transparencia en los estados, con el propósito de combatir y reducir la corrupción en la actividad extractiva. De manera similar a OGP, la adhesión a este espacio es voluntaria.

Ambas iniciativas proponen un modelo de creación de políticas y toma de decisión en el que el gobierno debe compartir la mesa con la sociedad civil. Los planes de acción tanto de OGP como de Eiti deben ser delineados en conjunto, entre los estados y la ciudadanía. Esto es una condición necesaria para la permanencia del país en las iniciativas. De esta forma, OGP y Eiti vienen a proponer un modelo de democracia en el que la transparencia y la participación ciudadana son un requisito imprescindible.

¿Y Argentina?

Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde la adhesión de Argentina a estos espacio?

El carácter voluntario de la participación y del cumplimiento de los compromisos les quita fuerza a los beneficios e impactos que estos puedan tener. Cada meta incluida en los planes, si bien creada en conjunción con la sociedad civil, depende exclusivamente de aquellos ministerios y espacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que quieran participar.

Argentina en OGP adquirió un prestigio que ha llevado a que en este 2020, nuestro país ocupe la presidencia de la Alianza. No obstante, los resultados de las evaluaciones de los últimos tres planes de acción revelaron que, casi en su totalidad, los compromisos asumidos desde 2013 no fueron los suficientemente transformadores. Esto significa que muy pocas metas asumidas tienen un verdadero potencial para convertir al gobierno argentino en un gobierno abierto.

Una multiplicidad de portales de datos abiertos no significa que las instituciones sean más transparentes. Y Argentina ha orientado casi todos sus esfuerzos a la creación de estos sitios como su estrategia para abrir el gobierno.

La persistente incapacidad de la ciudadanía para comprender la información que se publica es lo que llevó a que tanto OGP como Eiti se hayan estancado.

Ambas iniciativas demuestran que se avanzó mucho hacia la transparencia de la información, pero eso no ha decantado en una mayor participación ciudadana, reducción de la corrupción o mejoras en los indicadores de desarrollo. El informe anual de 2019 de OGP evidencia que los compromisos asumidos por los países miembros se orientan sólo a la cuestión de la transparencia. Poco se hizo para ampliar los espacios de participación y colaboración.

Para la mayor parte de los países miembros, la participación en Eitiy OGP ha servido como una máscara que les permite adquirir prestigio internacional y mayores posibilidades de recibir ayuda para el desarrollo. Nada más.

El movimiento hacia la apertura gubernamental no hizo más que poner a disposición de los ciudadanos una catarata de datos casi imposible de procesar. La brecha tecnológica y la alfabetización digital son cuentas pendientes. En la medida en que no se transformen en prioridades para los gobiernos, la apertura nunca va a ser suficiente.

Si bien OGP y Eiti vinieron a proponer una remodelación de los estándares democráticos, poco fue lo que lograron. La inclusión de grupos vulnerables aún no es evidente, y desde los círculos académicos se discute si este tipo de iniciativas son modelos pensados desde el “norte global”, que buscan ser trasplantados a todo el mundo sin dimensionar los contextos particulares de cada nación. Esto se evidencia en estados donde los niveles de desigualdad, exclusión y analfabetismo son altos.

AGUSTINA PALENCIA (Investigadora asociada a Fundeps) para diario La Voz

Fuente: La Voz

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Avances y preocupaciones sobre el discurso del presidente

El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.

Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.

Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:

  •  La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde,  atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del  cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.

    Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.

  • La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
  • La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
  • Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.

Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.

Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.

Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual

Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.

Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.

Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:

  • Implementación de la Ley Micaela.
  • Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
  • Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.

Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.

Otra vez la deuda con el ambiente

En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.

Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.

En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.

Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.

Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc).  Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.

De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.

Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

El hambre no es una sensación, dicen en las escuelas periféricas

Los docentes admiten que en 2019 la necesidad aumentó y que en muchos casos no se alcanzó a cubrir la demanda. En la zonas más vulnerables de la ciudad, más del 90% de los alumnos recibe este beneficio.

Es cierto que la deserción escolar no se frena con un plato de comida, pero el alimento se ha convertido, en los últimos 36 años, en un dispositivo fundamental para casi la mitad de los alumnos cordobeses de escuelas estatales. No hay dudas: el programa alimentario provincial los contiene y les da la chance de ubicarse en igualdad de condiciones (o al menos de acercarse) a quienes tienen una heladera llena en su casa.

El Paicor nació hace más de tres décadas como un salvavidas que tenía fecha de caducidad, pero que terminó transformándose en una necesidad y en un derecho de quienes no pueden cruzar el umbral de la pobreza.

Son miles los que pertenecen a una generación que nunca almorzó en familia y que desconoce cómo compartir una comida. Muchos son hijos de padres que crecieron gracias al Paicor. Esta parece ser la evidencia de que el hambre existe en la Argentina.

Los maestros que trabajan en el cordón más olvidado de la ciudad de Córdoba advierten desde hace años que un número creciente de niños y adolescentes come por última vez en el día cuando toma la merienda del Paicor. Son aquellos que se ubican en el entramado más lábil de la sociedad, en el que las chances de consumir productos nutritivos son escasas.

La Voz consultó a docentes y a directivos que conviven a diario con el alumnado que parte en desventaja sobre si creen que el Paicor es un agente de retención escolar y sobre cómo observan el déficit alimentario que se sufre casi en secreto en los hogares.

Para el director de un Ipem, que pidió el anonimato, el Paicor es una contención significativa para los estudiantes que viven en un entorno familiar que los apoya. Sin embargo, para la población ultravulnerable –opinó– ni siquiera este dispositivo vital la sostiene en la escuela. “La droga juega su papel también entre la alimentación y en lo educativo. Hay pibes que por la droga pasan de largo”, sintetizó.

En algunas zonas críticas, el 90 por ciento de los alumnos come en la escuela. Y quienes no figuran en el padrón también lo hacen, aunque esté prohibido y aunque las normas indiquen que la comida que sobra debe desecharse.

“No está permitido, pero se reparte entre quienes quieren y deben comer para seguir adelante. Aun fuera de las reglas”, admitió un profesor. Mientras, una maestra contó que les dan “de contrabando” las varillas de pan, y otra, que cuando hay potajes o guisos multiplican las porciones como los peces bíblicos.

“La comida que queda debe tirarse a la basura por cuestiones de sanidad. Hay chicos que la piden para su casa. Habría que repensar esta medida: es un crimen tirar los alimentos cuando es evidente que hay gente que los necesita”, se lamentó otra docente.

Termómetro social

En épocas de crisis, el programa alimentario es un termómetro social. El año pasado, los alumnos que habitualmente no almorzaban porque no les gustaban los alimentos comenzaron a quedarse y los que no estaban en el padrón también intentaban ingresar al comedor.

“Antes preguntaban qué comida había y según eso entraban. Ahora comen, no eligen”, confirmó una directora.

Casi una decena de docentes consultados coincidieron en que el Paicor es fundamental, pero no lo es todo. Plantearon, incluso, que en casos de pobreza extrema debería implementarse un refuerzo alimenticio a la noche.

“Llegan a la mañana sin cenar y se descomponen. Una vecina de enfrente del colegio les prepara viandas dos veces por semana y hacen cola. Están muy necesitados”, contó el directivo de otra secundaria, ubicada en “zona roja” de la ciudad. “No diría que vienen exclusivamente por la comida. Vienen porque la ven como la única institución que los alberga y pueden imaginar un proyecto de vida”, aseguró.

Falta de raciones

En este laberinto de urgencias vitales, también en 2019 recrudecieron los reclamos por trabas burocráticas que demoran la autorización a los beneficiarios.

Según relataron en varias escuelas, alumnos inscriptos a fines de 2018 finalizaron el año pasado en estado “pendiente”, sin acceso al comedor.

Además, algunas instituciones no recibían las cantidades de raciones correspondientes a los empadronados.

“Tenemos 386 estudiantes autorizados y el tope de raciones que se enviaron en 2019 fue de 266”, contó una directora. Otras autoridades confirmaron el dato con sus propios ejemplos.

En una secundaria de zona residencial, el padrón sumó el equivalente a un curso completo el año pasado. Fue la primera vez en 10 años.

“Nos faltó comida porque los chicos excluidos del padrón también querían comer y no alcanzaba. Esto produjo quejas. Fue el signo más visible de la crisis”, explicaron desde el Ipem.

En una escuela primaria alejada del Centro, unos 50 niños se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad: sólo comen lo que ofrece el Paicor.

“Tuvimos un caso de un niño que se dormía en el turno tarde y la docente se dio cuenta de que era por falta de comida. Nos contaba la mamá que no compraba más azúcar porque los chicos tenían tanto hambre que se la comían a cucharadas y empezó a comprar edulcorante, porque eso no les gustaba”, relató, con tristeza, una maestra.

Análisis provincial: La situación social, el marco

El programa está a cargo de la Secretaría General.

“La realidad socioeconómica del país no es ajena a la provincia y se ve reflejada en mayor asistencia a los comedores escolares”, señalaran desde la Provincia. “El Paicor tiene como objetivo la contención alimentaria de la población educativa en situación de vulnerabilidad, la inclusión y la permanencia en el sistema educativo”, agregaron.

Estabilidad en una política

Fundeps, con el apoyo de Unicef Argentina, comenzó hace unos meses a trabajar en un estudio para comparar la implementación de los programas alimentarios escolares en cuatro provincias: La Rioja, Jujuy, Catamarca y Córdoba. La investigación ya completó su primera etapa, que consiste en estudiar el marco normativo en cada jurisdicción de esta política pública. Resta el análisis de los aspectos nutricionales y económicos, que se encuentra el desarrollo.

Para César Murúa, coordinador del proyecto y miembro de Fundeps, la primera etapa de la investigación arrojó un dato positivo: “Córdoba es la provincia que mayor grado de institucionalidad tiene en este tipo de programas, lo que significa una gran estabilidad tanto en la calidad como en la frecuencia en la prestación a pesar de los cambios en las administraciones y de las crisis económicas”, señaló.

Murúa señaló que el problema de “la pobreza no se resuelve sólo con el Paicor”. “En todo caso habría que explorar opciones de articulación del Paicor con otros programas de asistencia, como merenderos y comedores barriales, que reciben apoyo del Estado”, dijo.

Sobre la cristalización de este tipo de asistencia, Murúa señaló que “es evidente que si un programa de este tipo se mantiene en el tiempo, hay un problema que persiste”. Nos obstante, aclaró que el Paicor y la escuela cumplen también un “rol de integración social”.

“En todo caso se podrían explorar otros aspectos de integración y que a la vez promuevan una alimentación saludable, como que los estudiantes participen del cuidado de huertas comunitarias que provean a sus propios comedores escolares”, señaló.

El incremento de los beneficiarios del Paicor marca también el cambio de rol de la escuela tradicional. “No hay dudas de que ante el hambre hay que darles de comer a los niños; es un derecho básico. En un segundo nivel de análisis vemos cómo la escuela amplía sus funciones y deja de ser un ámbito sólo de aprendizaje para convertirse también en un centro de salud, en el lugar donde se come y se hacen tantas otras cosas, y eso también implica un nuevo problema”, indicó, a su vez, Martín Maldonado, investigador de Conicet.

“El dispositivo pedagógico que es la escuela es del siglo XIX y tenemos alumnos del siglo XXI. En algunos casos sus problemas son el uso de la tecnología, pero en los contextos vulnerables son la pobreza, la violencia y el hambre, y eso modifica la idea de aprendizaje tradicional”, señaló.

Nutrición

Por su parte, la magíster en Salud Pública Daniela Moyano señaló que en los programas alimentarios escolares suele haber “una baja frecuencia de oferta de algunos alimentos saludables, como frutas y verduras”. La conclusión surgió de un estudio sobre los comedores municipales.

Fuente: La Voz

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La senda de la Sociedad Civil hacia el Acuerdo de Escazú

En conjunto con otras organizaciones de la Sociedad Civil de America Latina y el Caribe, elaboramos un documento de trabajo que plasma los aportes y las lecciones aprendidas en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.

Este documento se realizó en el marco del trabajo del Observatorio Regional de Inversiones, Transparencia y Derechos Humanos (compuesto por diversas organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe, muchas de ellas autoras de la presente publicación), como parte de un esfuerzo colectivo por dar a conocer desde nuestra experiencia los aportes y las lecciones aprendidas que ha dejado el proceso de negociación del Principio 10 para que estas puedan ser incorporadas dentro de los actuales procesos de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú.

De este modo, lo descrito en el presente documento responde a la consecución de una aspiración regional: el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ahora Acuerdo de Escazú, primer instrumento regional de derechos ambientales, que representa una oportunidad histórica para la materialización de la democracia ambiental y la consolidación de la ciudadanía, especialmente de aquellos grupos que han sido histórica y sistemáticamente discriminados, como los pueblos indígenas.

La publicación, presenta de forma resumida, los procesos internos en diversos países de Latinoamérica tendientes a la aprobación del Acuerdo, en particular, de Argentina, Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Perú.

Más información

La senda de la sociedad civil hacia el Acuerdo de Escazú en América Latina y El Caribe

Contacto

Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Gasoductos Troncales y la dificultad para acceder a información pública en la provincia

Con motivo de la finalización de la Obra de Gasoductos Troncales en la provincia de Córdoba, el año pasado realizamos 5 pedidos de información a dependencias provinciales. Al no obtener ninguna respuesta, presentamos un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Las dificultades que hemos encontrado para acceder a información sobre este proyecto han sido constantes desde el inicio del mismo.

Desde el año 2014, hemos realizado diversas solicitudes de información sobre este emblemático proyecto tanto al Gobierno Provincial, como al Gobierno Nacional. Con motivo de la finalización del proyecto, el año pasado entre Agosto y Octubre realizamos una serie de pedidos de información a tres dependencias de la Provincia de Córdoba involucradas directa o indirectamente en el proyecto, a saber: la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento -ACIF-, el actual Ministerio de Obras Públicas, ex Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y a la actual Secretaría de Ambiente, ex. Min. de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

A fines del 2019, al no haber obtenido respuesta de ninguna de las dependencias provinciales por los pedidos de información realizados y habiéndose finalizado el plazo de respuesta, decidimos realizar un pronto despacho a la Secretaría de Ambiente. 

Es importante aclarar que una vez que los organismos provinciales reciben una solicitud de información tienen 10 días para responder y solo puede prorrogarse por 10 días más siempre y cuando se informe dentro del plazo. Ante respuesta incompleta o falta de respuesta, como fue en este caso, se puede presentar un pronto despacho. Este recurso es el mismo pedido de información, pero se detalla la fecha y los detalles del pedido que se había realizado, sumado a un apercibimiento de iniciar acciones legales, es decir un amparo por mora. Cualquier dependencia provincial posee un plazo de 10 para responder el pronto despacho, con posibilidad de prorrogarlo 10 días más al igual que con las solicitudes de información. En nuestro caso, el pronto despacho fue realizado a mediados de diciembre del 2019, sin embargo la Secretaría de Ambiente nos respondió recién en febrero de 2020, es decir el plazo estaba más que vencido. 

Gracias al pronto despacho realizado, recibimos la respuesta del pedido de información realizado en agosto de 2019. En el pedido se solicitó información sobre el trazado definitivo del proyecto, localidad y cantidad de habitantes, comercios e industrias beneficiados por las obras y el estado de situación del proyecto. Acorde a la información brindada, la totalidad de los Sistemas Regionales se encuentran finalizados con recepción provisoria y/o definitiva de obra. 

Además, consultamos sobre las empresas y/o Unidades Transitoria de Empresas (UTEs) que participaron del proyecto como también cuáles eran los detalles y las características del plan de conexión de la unidades domiciliarias a los Sistemas Troncales  Respecto a esta última consulta, la dependencia provincial respondió que mediante Convenio protocolizado N° 024/2017 suscripto por la provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba y la Distribuidora de Gas del Centro S.A. fue aprobado el “Fondo para el Financiamiento de las Redes Domiciliarias de Gas Natural”. En ella se establecieron las pautas y exigencias que deben cumplir los municipios que adhieran para permitirle a los vecinos la posibilidad de obtener financiamiento para afrontar los costos de la conexión al gas natural en las redes domiciliarias. En línea con lo anterior, se consultó sobre el origen del financiamiento del Plan Provincial Conectar Gas Industria que posibilita la conexión al servicio de gas natural a Comercios, PyMES, Industrias, Parques Industriales, entre otros. Este Programa tiene una línea de financiamiento del Banco de Córdoba de $200.000.000, monto que es prestable hasta el 100% del valor de la obra de acuerdo con la clasificación del cliente. También, el Programa tiene financiamiento de $100.000.000 del Consejo Federal de Inversiones. 

La mayor parte de la información solicitada ya había sido solicitada previamente  en solicitudes de información que realizamos en años anteriores pero en los que no obtuvimos respuesta alguna. Información que hubiera sido óptima tenerla mucho tiempo antes. 

La falta de respuesta en las solicitudes de información como el incumplimiento de los plazos estipulados por la Ley Provincial  8803 de Acceso a la Información Pública (denominada Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) deja entrever, nuevamente, no solo la gran dificultad existente en la actualidad para poder acceder a información de carácter público en manos del gobierno de la Provincia, sino también lo desactualizada que se encuentra esta ley que data del año 1999. En consecuencia, el año pasado junto a organizaciones sociales solicitamos a través de un documento  la actualización de esta Ley provincial de acuerdo con los lineamientos de la Ley modelo Interamericana y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. 

El Acceso a la información pública es una derecho humano que fortalece la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública y la gobernabilidad democrática. Por ello, es necesario actualizar la Ley provincial en esta materia en pos de solucionar las falencias que posee incorporando los más altos estándares y garantizando mecanismos de control que supervisen su cumplimiento. 

Más información 

Autor/a

  • Gonzalo Roza 
  • Sofía Brocanelli

Contacto 

Publican los gastos de campaña de 2019 en Córdoba

Fundeps los reclamaba desde el año pasado. El informe anterior mostraba que proveedores de la Provincia habían aportado a la campaña 2015 de Schiaretti-Llaryora. La mayoría eran contratistas de obra pública.

Tras la difusión de un informe que revelaba que un tercio de las empresas aportantes a la campaña 2015 de Unión por Córdoba para la gobernación de Córdoba eran proveedoras del Estado provincial, el Fuero Electoral finalmente publicó el detalle de los gastos de campaña de los comicios de 2019, que reclamaba la fundación Fundeps.

Los listados de ingresos y egresos de todos los partidos se pueden encontrar en el sitio de la Justicia de Córdoba.

  • Fuero electoral, fuera de plazo

El domingo pasado, publicamos un estudio de Fundeps que mostraba que 55 empresas (de las 158 que aportaron para la campaña de la fórmula Juan Schiaretti-Martín Llaryora en 2015) eran proveedoras o contratistas de la Provincia al momento de entregar su aporte al PJ Córdoba. La ley 9.571 (Código Electoral) prohíbe ese tipo de donaciones por parte de “concesionarias de servicios u obra pública”.

Aun así, la presentación fue aprobada por el Tribunal Electoral de Córdoba. La mayoría de esas 55 firmas eran las grandes contratistas de la obra pública provincial. El informe mostraba, además, que entre 2014 (antes de las elecciones) y 2015, el año del aporte, la facturación de esas compañías aumentó un 109% de promedio. Pasó de 1.489.171.661 pesos a 3.121.499.828 pesos.
  • La ley es clara, los datos son públicos

Respecto de la rendición 2019, el fuero electoral presentó el detalle total de 2019 tras varios pedidos de Fundeps, que reclamaba su publicación desde el año pasado.

Fuente: La Voz

Campaña 2015: un tercio de empresas aportantes de UPC eran proveedoras de la Provincia

  • Son las que apoyaron la fórmula Schiaretti-Llaryora para la gobernación.
  • La mayoría eran contratistas de obra pública.
  • Fundeps mostró lo ocurrido en esos comicios, hace cuatro años.
  • Y pide a la Justicia que publique las rendiciones de los partidos de las elecciones 2019.
  • Los plazos ya están vencidos.

Pese a que aún no se conoce el detalle de los aportantes a cada partido en las elecciones del año pasado, un informe de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) reveló que un tercio de las empresas que aportaron a la campaña de Unión por Córdoba en 2015 eran proveedoras del Estado provincial, entre ellas varias contratistas de obras públicas.

En aquellas elecciones de 2015, que llevaron a la gobernación a la fórmula de Juan Schiaretti-Martín Llaryora, Unión por Córdoba recibió el aporte de 158 empresas, por 8.261.174 pesos. Un tercio de estas compañías –55, que donaron más de dos millones de pesos, unos 231 mil dólares en esa época– eran proveedoras del Estado. Y muchas aún lo son.

De todas maneras, el informe final de campaña de esa alianza fue aprobado por el Fuero Electoral provincial, el que, por otra parte, ya lleva varios meses de atraso para publicar la rendición de cuentas completa de los partidos políticos por la última campaña, la de mayo de 2019.

Así lo advierte un informe de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), que aún no recibió respuesta a sus pedidos de acceso a la información para acceder a las rendiciones completas, en las que se podría comprobar, o desestimar, si en los últimos comicios sucedió lo mismo que en 2015.

Al respecto, la ley 9.572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos) y la 9.571 (Código Electoral de Córdoba) señalan la prohibición de recibir aportes de “contratistas de servicios u obra pública”.

El martes pasado este medio realizó la consulta tanto al Tribunal Electoral provincial como al apoderado del Partido Justicialista cordobés, Domingo Carbonetti. En ambos casos se les envió el listado de las 55 empresas, con el ánimo de recibir alguna observación. Pero hasta ayer no hubo respuesta en ese sentido.

Desde el PJ cordobés se informó que «se actuó conforme a derecho», y que en la «resolución 642 (del 3 de noviembre de 2015) la Justicia electoral aprobó el informe final de campaña». Agregaron que «no hubo entonces ninguna observación por parte de las alianzas y partidos que fueron parte de ese proceso electoral».

Desde la Justicia electoral no hubo respuesta aún a ninguna de las consultas realizadas por este medio.

Cómo fue en 2015

La Voz confirmó los datos aportados por Fundeps: en el caso de la alianza encabezada por el PJ Córdoba, en 2015 recibió 960 mil pesos (casi 106 mil dólares de entonces) de 23 empresas contratistas de servicios u obra pública, en su mayoría empresas de construcción.

Entre los aportantes sobresalen los contratistas de obra pública de la Provincia. (Pedro Castillo / Archivo)

Entre los aportantes sobresalen los contratistas de obra pública de la Provincia. (Pedro Castillo / Archivo)

Además, hubo donaciones de otros 31 proveedores por 1.124.900 pesos.

Se trata, en suma, de 2.084.900 pesos –más de 231 mil dólares de aquel año– aportados por 55 empresas que eran proveedoras de la Provincia, entonces también bajo gestión del peronismo, esa vez con José Manuel de la Sota.

Esas compañías habían facturado en conjunto en 2014, antes de las elecciones, 1.489.171.661 pesos. Al año siguiente, en el que hicieron su aporte a la campaña, le vendieron a la Provincia por 3.121.499.828 pesos. Es decir, más del doble (109% más), en un año en el que la inflación rondó el 30%.

En el caso de Juntos por Córdoba (la alianza UCR-PRO-Frente Cívico y ARI), que llevaba en su fórmula a los candidatos Oscar Aguad-Héctor Baldassi, el informe de 2015 muestra un solo aporte de un proveedor del Estado, por 15 mil pesos. Es de una empresa que en ese momento era proveedora del Estado provincial.

Si bien es un caso entre 19 –cifra ínfima en comparación con UPC–, debe mencionarse. La apoderada de Juntos por Córdoba en 2015, la actual senadora Laura Rodríguez Machado, mostró los informes de Nosis que no arrojaban esa coincidencia en 2015, pero que sí aparece ahora en el Portal de Transparencia del Gobierno cordobés.

Cómo chequear

Los datos de los proveedores y los montos de las transacciones con la Provincia se pueden buscar en el Portal de Trasparencia del Gobierno de Córdoba, y muestran que casi todas las empresas aportantes también facturaban para el Estado provincial en 2014, y lo siguieron haciendo en 2016. Es decir, al menos un año antes y un año después de las elecciones.

Las listas de aportantes a los partidos pueden ser encontradas en el sitio del Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.

La polémica por este tipo de aportes no es nueva. Surge cada vez que se conocen estos reportes y, más allá de las interpretaciones de cada partido y/o gobierno, el espíritu de la norma es evitar el conflicto de intereses entre las empresas y las gestiones que deben contratarlas, en especial cuando las segundas recibieron aportes de las primeras para llegar al poder.

En 2015, las elecciones provinciales se realizaron el 5 de julio. Pero las rendiciones de campaña se conocieron en 2018. (Facundo Luque / archivo)

En 2015, las elecciones provinciales se realizaron el 5 de julio. Pero las rendiciones de campaña se conocieron en 2018. (Facundo Luque / archivo)

Qué dice la ley, y su interpretación

El Código Electoral de la Provincia de Córdoba (ley 9.571) establece en el artículo 203.3 la prohibición de que “empresas contratistas de obras y servicios públicos” realicen aportes de campaña. Lo mismo aclara la ley 9.572 (Régimen Jurídico de los Partidos Políticos).

La ley nacional 26.215 (Financiamiento de los Partidos Políticos) establece en su artículo 15 la prohibición de “contribuciones o donaciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires”.

Nótese que en esta última se agrega la palabra “proveedores”. Y aunque se trata de una ley de jurisdicción federal, la interpretación de ese punto ya fue tratada por la Cámara Nacional Electoral, al señalar que “las razones que fundan dicha prohibición se basan en la incidencia que puede tener la Administración Pública en el desenvolvimiento económico de las personas jurídicas que tengan una relación contractual con el Estado”.

Precisamente, en ese fallo (Alianza Frente Nuevo s/control de informe de campaña en elecciones generales, expediente 4001569/2005/CA2) se establece que “no corresponde efectuar una distinción entre concesionarias de servicios u obra pública y proveedores del Estado”, ya que “ambos conceptos refieren a tipos de contratos administrativos”, y lo que se procura es “salvaguardar la independencia, especialmente de los candidatos que resultaren electos, respecto de grupos económicos que hubieren colaborado en la financiación de su propaganda”.

Consultado por La Voz, un vocal del Tribunal Superior de Justicia dijo –aunque prefirió preservar su anonimato– que si bien el hecho puede ser “éticamente reprochable”, al haber sido aprobado el informe por el Tribunal Electoral sin ninguna observación de los otros partidos, la resolución ya está firme y no hay posibilidad de reclamo.

Además, el artículo 28 de la ley provincial 10.155 (Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Provincial) establece: “El Poder Ejecutivo Provincial organizará y reglamentará el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado. Toda persona o entidad que contrate suministros o trabajos con el Estado Provincial debe encontrarse debidamente inscripta, salvo las excepciones que establezca la reglamentación”.

En suma, es la propia legislación provincial la que determina que toda persona que contrate suministros o trabajos con el Estado provincial será considerada proveedor.

Fuente: La Voz

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Desmitificando el financiamiento político en Córdoba

El financiamiento político, del que poco se sabe y habla, es un elemento clave en el desarrollo de las democracias. Si bien en la esfera nacional ha estado en el tapete del debate público todo tipo de información vinculada a “aportantes truchos”, causas judiciales de corrupción vinculadas a aportes en negro, y otros. En Córdoba, ¿Qué sucede? ¿Cómo se financian las elecciones? ¿Quién controla?

¿De qué hablamos cuando hablamos de financiamiento político?

En general, cuando hablamos de financiamiento político podemos referir al financiamiento que reciben los partidos políticos de forma constante para su funcionamiento o el que se recibe específicamente en el período de elecciones. En ambos casos, está previsto un financiamiento de tipo público y otro de tipo privado. El público proviene del Estado a partir de un “Fondo Permanente para el financiamiento de partidos políticos o campañas electorales” respectivamente, y de la asignación de espacios publicitarios. Por su parte, el privado puede provenir de los afiliados, de otras personas físicas o jurídicas y de otro tipo de actividades que desarrolle el partido.

Dado que en 2019, y en lo que va de 2020 todavía no pudimos acceder a la información relativa al financiamiento de las campañas electorales de 2019, en el presente se analizan los datos de la campaña 2015 de las dos fuerzas políticas que ganaron las elecciones a nivel provincial y a nivel municipal.

A los fines del presente análisis utilizamos la siguiente información pública disponible:

  • Informe final de campaña de Unión por Córdoba del año 2015, tanto provincial como municipal.
  • Informe final de campaña de Juntos por Córdoba del año 2015, tanto provincial como municipal.
  • Empresas contratistas a nivel provincial de los años 2014, 2015 y 2016.
  • Empresas contratistas a nivel municipal del año 2016 (por falta de disponibilidad de datos de 2014 y 2015).

Del análisis efectuado surgen los siguientes datos:

CAMPAÑAS PROVINCIALES

Campaña provincial de Unión por Córdoba

Aportantes públicos: $5.578.886  | Aportes privados: $26.888.186


Aportantes privados

De personas físicas | $18.627.012
De personas jurídicas / empresas | $8.261.174

La cantidad total de empresas que aportaron a la campaña de Unión por Córdoba fueron 158. De esas, 55 eran proveedoras del Estado en 2015, es decir un 35% o dicho de otra forma 1 de cada 3 empresas que aportaron a la campaña de UPC eran previamente o comenzaron en 2015 a ser a su vez proveedoras del Estado.

En pesos ¿Cuánto significaron estos aportes? $2.084.900

Campaña provincial de Juntos por Córdoba

Aportantes públicos: $0 | Aportes privados: $4.209.110 | De otros órganos y distrito: $5.250.000


Aportantes privados

De personas físicas | $3.890.900
De personas jurídicas / empresas | $318.210

Aquí el total de empresas aportantes fueron 19, y de éstas sólo una era proveedora del Estado provincial, y aportó $15.000.

 

CAMPAÑAS MUNICIPALES

Campaña municipal de Unión por Córdoba

Aportes totales recibidos | $15.726.368

De otros órganos y distritos | $9.411.368
De personas físicas | $6.315.000
De personas jurídicas / empresas

Campaña municipal de Juntos por Córdoba

Aportes totales recibidos | $8.508.874,49

De personas físicas | $7.508.670
De personas jurídicas / empresas | $1.000.000


A nivel municipal no es posible efectuar un análisis análogo al provincial porque no contamos con los mismos datos para realizarlo.

En este sentido UPC declaró en su informe de campaña electoral municipal 2015 que ninguna empresa le aportó, y más allá de que no sea algo estemos analizando ahora, no detalló el listado de personas físicas aportantes, tal como exige la ley.

En paralelo, en el portal de datos de la municipalidad no existe la información relativa a proveedores del Estado municipal 2015, aunque la prohibición que existe en cuanto a empresas proveedoras del Estado, tal como veremos más adelante, aplica a que éstas lo sean a nivel nacional, provincial o municipal.

Por esto, sólo es posible dar a conocer que en 2015 a Juntos por Córdoba aportaron 19 empresas de las cuales 4 eran contratistas del Estado provincial, y sus aportes en conjunto fueron de $60.000.

Algunas consideraciones

La información relativa al financiamiento de las campañas electorales es pública.

Desde Fundeps intentamos en 2019 acceder a esta información desde el momento en que se estaba en período electoral. A los fines de poder realizar algún tipo de análisis es fundamental que primero todos estos datos estén disponibles. A nivel municipal cabe aclarar que ya están disponibles los informes de campaña 2019. A nivel provincial, todavía no están colgados los informes de campaña 2019 y tampoco hemos podido acceder a ellos a través de pedidos de información pública.

En julio de 2019 y en ejercicio de nuestro derecho ciudadano de controlar la gestión pública, solicitamos esta información tanto a los partidos como a la Justicia Electoral con solicitudes de acceso a la información. En primer lugar nos dirigimos a las 5 alianzas o partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las pasadas elecciones de mayo 2019. ¿Adivinen cuántas respuestas obtuvimos? Ninguna. Lo propio hicimos en la Justicia Electoral Provincial, y la “suerte” no fue muy distinta. La última respuesta judicial fue “esperen a que se publiquen los informes finales de campaña en la web”, ¿Y eso cuándo va a suceder? No sabemos.

El principio de publicidad de los actos de gobierno, y que rige especialmente en materia de financiamiento político, sirve en tanto se pueda someter a los mismos a un control efectivo, pues de lo contrario tal exigencia está vacía de contenido.

Y no se trata sólo de una cuestión de principios, veamos cómo está prevista en la ley esta cuestión.

Sumado a toda la normativa vinculada a la información pública y al derecho de acceder a ésta que tiene la ciudadanía, el propio Código Electoral establece en su artículo 234 que se denomina “Publicidad de los informes previo y final” que “el Juzgado Electoral ordena la inmediata publicación de los informes (…) en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en su sitio web”.

¿A qué informes se refiere?

Los partidos políticos deben presentar dos informes en el desarrollo de la campaña electoral. Uno previo, 15 días antes de que se lleven a cabo las elecciones con el detalle de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los mismos. Y otro final, dentro de los sesenta 60 días siguientes a las elecciones, con todos los ingresos y gastos efectuados por la campaña electoral, de forma documentada.

Acto seguido el Código Electoral vuelve a insistir en el artículo 236 con el acceso que cualquier ciudadana/o puede tener a éstos informes al decir que “cualquier ciudadano sin limitación alguna y sin necesidad de acreditar interés legítimo puede tener acceso a los informes obrantes en el Juzgado Electoral referidos a gastos de campañas electorales”.

Es decir, que el desde el informe previo debe estar publicado, más allá del acceso que, en teoría, cualquier ciudadana/o puede tener a ambos informes mientras estén en el Juzgado Electoral. De más está aclarar que por la campaña de 2019, nada de eso sucedió, ni los informes están publicado ni ha sido posible acceder a ellos en la propia Justicia Electoral.

Del aporte de empresas proveedoras del Estado

La cooptación del poder político y por tanto de las decisiones públicas a través del dinero de personas y empresas privadas es algo que se quiere evitar en todas las democracias. Y por eso está especialmente regulado el aporte privado en todas las legislación vinculadas al financiamiento político. No es que el mismo esté prohibido, está permitido, tanto el de personas como empresas, sólo que se establecen algunas limitaciones para evitar, entre otras cosas, una eventual “devolución de favores” con quienes ganen las elecciones y pasen a formar parte del gobierno.

En este sentido el Código Electoral Provincial establece una serie de prohibiciones en el financiamiento privado, que alcanzan por ejemplo a personas anónimas y a empresas contratistas de servicios u obras públicas nacionales, provinciales o municipales.

Si en general es discutible el aporte de empresas, mucho más lo es de empresas que ya tienen una vinculación económica con el Estado, como es el caso de las empresas contratistas o proveedoras de Estado.

Como se indicó más arriba, en la campaña provincial de 2015 UPC recibió $2.084.900 de aportes de empresas proveedoras del Estado y JPC $15.000.

¿Quién debe controlar? ¿A quiénes y qué sanciones se prevén?

Esta situación debe ser controlada por la Justicia Electoral de la provincia de Córdoba. Las sanciones que prevé el Código Electoral son bien abarcativas y alcanzan a los siguientes actores:

  • El Responsable de Campaña Electoral puede ser sancionado con inhabilitación de seis meses a diez años para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido en cargos públicos provinciales, municipales o comunales.
  • El partido político, que recibe financiamiento indebido, puede recibir sanciones que van desde multas, suspensión de la financiación estatal por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años de los fondos para financiamiento público de los partidos políticos previstos, a la suspensión de su personería jurídico-política hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de la reiteración de las conductas previstas en el artículo 239 de este Código, o cancelación de su personería jurídico-política cuando se reiteren las conductas previstas en el artículo 239 de esta Ley y se haya aplicado previamente la sanción de suspensión de la personería jurídica prevista en el inciso precedente.
  • La empresa aportante (o terceros que efectúen contribuciones o donaciones bajo modalidades prohibidas, como dice la ley) puede recibir una multa equivalente desde el doble hasta el décuplo de la contribución o donación efectuada o la contratación realizada.

En 2015 no se estableció ninguna sanción ¿Dejaremos que por las elecciones de 2019 suceda lo mismo?

 

Más información

El fuero electoral, fuera de plazo

  • Ya aprobó los informes y publicó esas resoluciones.
  • Pero no divulga los listados de aportantes y gastos de los partidos.
  • Desde julio de 2019, Fundeps intenta que se hagan públicos.

A principios de julio de 2019, Fundeps presentó un pedido de información dirigido a las cinco primeras fuerzas electorales que participaron de las elecciones provinciales del 12 de mayo de 2019. También lo hicieron ante el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, a cargo de Marta Elena Vidal.

Ninguno de esos pedidos fue respondido.

Vale aclarar que desde el momento mismo que los partidos presentan sus informes, tanto el previo (15 días antes de las elecciones) como el final (dentro de los 60 días siguientes a los comicios) estos deben estar a disposición de la ciudadanía en el Juzgado Electoral. Así está previsto en los artículos 234 y 236 del Código Electoral (ley 9.571).

Ante la consulta de la fundación el 27 de agosto, en el juzgado informaron que habían extraviado la presentación. Hubo que hacerla de nuevo. El 1 de octubre, ante la falta de respuesta, Fundeps presentó otro pedido. No hubo respuesta.

Marta Vidal, la titular del Juzgado Electoral de Córdoba. (La Voz / Archivo)

El 20 de diciembre de 2019, el fuero electoral publicó las resoluciones en las que aprueba las rendiciones de los partidos, pero sin los informes finales de ingresos y gastos.

El 6 de febrero se presentó un nuevo pedido y la respuesta fue entonces verbal: la fecha de publicación es incierta. La misma contestación que obtuvo La Voz ante la consulta en la barandilla del juzgado. Era, además, una de las preguntas de la consulta enviada por escrito por este medio, que tampoco fue respondida.

Según la ley 9.571 (Código Electoral de Córdoba), los partidos tienen 60 días para presentar a la Justicia electoral la rendición de los gastos de campaña: ingresos (aportes de personas físicas y jurídicas) y egresos (en qué gastaron ese dinero).

La Justicia tiene 120 días corridos desde entonces para realizar el informe final de campaña. Luego, los partidos tienen otros 10 días para hacer objeciones u observaciones, y después el tribunal dispone de 10 días más para resolver y publicar.

Pasaron mucho más que 10 días desde la aprobación de los informes, el 20 de diciembre pasado.

Claro que con la elección de 2015 pasaron más de tres años hasta que los ciudadanos pudieron acceder a ese listado (fue en julio de 2018).
Fuente: La Voz