Luego de que el gobierno de Mauricio Macri utilizara como principal fuente de financiamiento para su gestión la adquisición de deuda con organismos multilaterales de crédito, primando la relación con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos es prudente preguntarnos: ¿Cuál ha sido el rol de China en ese escenario planteado? ¿Cómo se perfila la relación con el gigante asiático en el nuevo gobierno de Alberto Fernández?

Desde la consolidación de China como un actor de influencia en el sistema internacional y una de las principales potencias económicas, Argentina ha tenido una relación con altos y bajos pero en constante comunicación. La utilización de China como actor de contrapeso frente a la constante influencia de Estados Unidos no es una estrategia sólo utilizada por Argentina, sino también por la mayoría de los países de la región.

En este escenario geopolítico, China se presenta como un actor que no puede ser ignorado más allá de los esfuerzos de occidente. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri cambió levemente la tendencia que venía prevaleciendo durante el gobierno de Cristina Fernández el cual podría describirse como casi preferencial. 

Durante el gobierno de Macri las relaciones con China han pasado de tener un fuerte lazo a atravesar algunos altibajos, desde el comienzo de la gestión el mayor acercamiento a Estados Unidos tendió a un alejamiento con China. Esto se vio reflejado en la  reconsideración de acuerdos firmados previamente durante el gobierno anterior lo que implicó una puesta en pausa a varios proyectos. La idea rectora de la política exterior del entonces presidente Mauricio Macri era “la reinserción de Argentina en el mundo” que implicó otorgar un rol más relevante a la multilateralidad. Desde ahí, la diversas giras internacionales y la búsqueda de apoyo en el mundo produjo un alejamiento con el gigante Chino con quien se tenía un acuerdo de cooperación estratégica muy profundo. 

Ante el agotamiento del crédito internacional y la inevitabilidad del vínculo con China, a mediados de su gestión,  Macri retomó el diálogo interrumpido por dos años y continuó con la etapa de profundización de la cooperación estratégica planteada por el gobierno de Fernández de Kirchner, con la celebración de la Cumbre del G20 en Argentina y se firmaron nuevos acuerdos de cooperación modificados. Para finales de la gestión la relación ya se había retomado completamente, lo que se evidenció en la asistencia de Argentina a la principal iniciativa de China en América Latina de la Franja y La ruta y se suscriben 16 acuerdos de cooperación entre ambos países. Finalmente, en junio de 2017 Argentina se perfila como miembro potencial no regional al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura -AIIB- junto con otros Estados latinoamericanos, a fin de encontrar financiación a las grandes obras de infraestructura pública del país como las represas en la Patagonia. 

En este contexto recibe el gobierno el presidente Alberto Fernández quien además se encuentra atravesando  una situación excepcional de emergencia de salud pública ante la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que a meses de haber comenzado su gestión, Fernández debía decidir quién sería el embajador de Argentina en China, decisión que daría indicio acerca del curso de acción de la política exterior con el país asiático. La decisión de Fernández fue innovadora ya que designó como embajador argentino en China a Luis María Kreckler, un diplomático de carrera con trayectoria en embajadas como la de Brasil y Alemania y como asesor político de la embajada junto a Sabino Vaca Narvaja reconocido politólogo titular del Programa de Cooperación y Vinculación Sino-Argentino de la Universidad Nacional de Lanús y especialista académico sobre China.

De esta designación se observa que el gobierno de Fernández busca un balance en la relación con China, es decir, el mantenimiento de una asociación estratégica con el gigante asiático pero sin llegar a la plena dependencia. La designación de un diplomático de trayectoria como Kreckler puede implicar una prudencia a la hora de plantear una estrategia de política exterior que genere un contrapeso a nivel internacional de los intereses políticos que pueda presentar el politólogo Vaca Narvaja.

Por su parte, el presidente Fernández ha declarado que el rol de China en el orden global es ineludible y que durante su gestión se buscará profundizar la Asociación Estratégica Integral que podría ser extensible a la Iniciativa de La Franja y la Ruta. 

Por el momento, el incipiente gobierno de Alberto Fernández, que apenas ha atravesado los 100 días de gestión, ya tuvo que gestionar una crisis de emergencia nacional de salud por el COVID-19, y de emergencia económica ante la aún pendiente negociación con el FMI. En este contexto, todo lo que no califique como emergencia automáticamente queda desplazado de las prioridades del gobierno. Sin embargo, la relación con el gigante asiático se ha fortalecido con la donación de insumos médicos del gobierno Chino a Argentina en el marco de la cooperación binacional establecida ante la pandemia del COVID-19. 

Asimismo, cuando se trata de la República Popular de China, se reconoce que lo simbólico posee la misma relevancia que lo económico. Por lo que dato no menor ha sido el mensaje que contenían las cajas de insumos provenientes de China donde se encontraba la famosa cita del Martín Fierro escrita por José Hernández: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea«. Si bien puede esperarse matices en la relación con el gigante asiático, una cosa es segura, el gobierno de Alberto Fernández está decidido a fortalecer la relación bilateral, por lo que deberemos esperar para conocer a qué costo será. 

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Autora

Florencia Harmitton

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

El 31 de diciembre de 2019 se reportaron los  primeros caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, la caracterizó como pandemia, destacando además los alarmantes niveles de propagación y gravedad de dicho virus. Esta situación excepcional pone en tensión el derecho a la salud y su interrelación con otros derechos, al mismo tiempo que desafía a los Estados y sus sistemas de salud, especialmente para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios (Art 25). La salud, como derecho humano fundamental, se ve afectada por factores sociales, económicos, ambientales, entre otros; al mismo tiempo que se encuentra interrelacionada al ejercicio de otros derechos con los cuales está estrechamente vinculado y de los cuales depende.

Las medidas de aislamiento y de distanciamiento social están apoyadas por la evidencia científica que se comienza a recolectar sobre los brotes de contagio de la pandemia. Las mismas deben respetar los derechos humanos y proteger especialmente a las poblaciones marginadas y en situación de pobreza, que pueden verse desproporcionadamente afectadas. Sin embargo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud se hace más evidente en este contexto de urgencia, lo que debería interpelar a toda la sociedad y en particular a quienes están en puestos de toma de decisión, sobre la importancia de tener sistemas de salud más equitativos y los beneficios de trabajar activamente en proveer infraestructura para la prevención de enfermedades. 

Asimismo, todos y todas tenemos la responsabilidad de cumplir con las medidas sanitarias para protegernos y evitar de esa manera la propagación del virus, la saturación de los hospitales y centros de atención de salud. Disminuyendo el riesgo de contagio a otras personas, que pueden encontrarse o no dentro de los grupos de riesgos, estamos permitiendo que los sistemas de salud actuales puedan responder y brindar una atención adecuada e inmediata a quienes lo necesiten.

En este contexto, les compartimos un análisis profundo del derecho a la salud en tiempos de pandemia y las necesidades de proteger a los grupos más vulnerables.

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Autor/a

  • Ana Carla Barrera Vitali
  • Gaetano Vaggione

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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

El 31 de diciembre de 2019 se reportaron los  primeros caso de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. El 11 de marzo de 2020, el Director General de la OMS, la caracterizó como pandemia, destacando además los alarmantes niveles de propagación y gravedad de dicho virus. Esta situación excepcional pone en tensión el derecho a la salud y su interrelación con otros derechos, al mismo tiempo que desafía a los Estados y sus sistemas de salud, especialmente para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Mientras el mundo entero habla de la pandemia del COVID-19, en Argentina, principalmente en las provincias del centro y norte, también acecha otra enfermedad, el dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. En el último Boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, se informó que son más de 15 provincias las que han reportado casos positivos tanto importados como autóctonos. En Córdoba, el día 25 de marzo del corriente año, se registró el pico histórico de casos, según informó el diario La Voz del Interior, con 902 infectados y con 4 víctimas fatales por esta enfermedad.

Por Ananda María Lavayén para El Entramado

Hay que recordar que este problema sanitario había sido erradicado en 1960 y reapareció en 1998 en algunas provincias como Salta, Formosa, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones, hasta la explosión de casos en 2009. Aunque su despliegue es imposible de adjudicar a un solo factor, la expansión de la enfermedad guarda relación directa con la ampliación de la frontera agropecuaria y la consiguiente tala de monte, la supremacía de los monocultivos a base de transgénicos y la masiva aplicación de pesticidas y agroquímicos que eliminan a los depredadores naturales de los mosquitos, como son los peces y anfibios, que, naturalmente, controlan la evolución poblacional de los transmisores del dengue. Año tras año, puede verse cómo los mosquitos generan resistencia genética a los agroquímicos mientras que los depredadores no lo hacen.

Es indudable que el modelo productivo basado en el monocultivo de soja transgénica, la utilización de herbicidas, fungicidas e insecticidas posee su impacto en la tasa de reproducción y supervivencia del mosquito Aedes aegypti. Sumando a esto, la deforestación y la quema de bosques y montes ha fomentado la migración de los mosquitos hacia otras zonas donde han encontrado condiciones óptimas para su supervivencia.

Además, a este problema local, hay que sumarle otro fenómeno a nivel global como es el cambio climático. Este fenómeno ejerce una notable influencia en la propagación del mosquito, ya que la elevación de las temperaturas y el cambio en las condiciones de humedad propicia tanto la zona de distribución como el incremento del número de generaciones anuales de mosquito y, por ende, mejores condiciones para la expansión de la enfermedad.

La realidad muestra que el dengue ya es una dolencia que, cada año, dice presente tanto en los territorios más cálidos del país como también en las provincias de clima más duro como Neuquén o Chubut, en las que también han aparecido casos en el último tiempo.

Mientras que el mosquito avanza, el gobierno aumenta sus acciones, campañas y recomendaciones para prevenir la reproducción del mismo, entre ellas, evitar tener en las viviendas recipientes que contengan agua estancada, vestir ropa de color clara, colocar mosquiteros, usar repelentes y mayor frecuencia en las fumigaciones realizadas por parte de las reparticiones del Estado.

En ese sentido, la Cámara de Empresas Agroaéreas de Córdoba le propuso al gobernador Juan Schiaretti combatir el dengue con aplicaciones aéreas de insecticidas, según una noticia publicada el día 27 de marzo en el diario online Agrovoz. Esta medida, sin dudas, acentuaría el desequilibrio en el ecosistema, teniendo en cuenta que, con las fumigaciones (en este caso, masivas), no solo se exterminaría el mosquito, sino también otras especies. Además, no hay un estudio acabado que indique cómo afectarían a largo plazo dichos productos en las personas, animales, plantas y cursos de agua. Hay que tener en cuenta que quienes proponen y autorizan estas soluciones (Ministerio de Salud de la Nación, el Senasa, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias) son los mismos que avalan el uso de agroquímicos y los consideran inocuos.

Para concluir, podemos decir que todos estos esfuerzos y supuestas soluciones no son suficientes ni adecuadas si no se plantea un cambio en el sistema de producción y se continúa adelante con una práctica agrícola que hace uso abusivo de las fumigaciones, como así también de la tala de bosques y monte de forma indiscriminada, generando un grave desequilibrio en el ambiente que trae, entre otras consecuencias, el brote de enfermedades transmitidas por vectores.

Fuente: La Tinta

El 9 de abril se estableció, en nuestro país, el día de pago igualitario entre hombres y mujeres. Al día de hoy contamos con grandes brechas de género que están lejos de cerrarse.

Las mujeres cobran menos que sus pares varones. Eso es un hecho. Y aún más, las personas transgénero también cobran aún menos, o directamente se les excluye del mercado laboral. El pasado 16 de marzo, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación presentó el informe “Las brechas de género en la Argentina: Estado de situación y desafíos”. Allí, se evidencia que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres (calculada como la variación relativa entre la media de ingresos de los varones y el promedio de ingresos de las mujeres) es del 29%, y se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%

Entonces, podemos decir que no se cobra lo mismo por las mismas tareas. Pero también podemos preguntar: ¿Realizamos las mismas tareas varones y mujeres? Las tareas que principalmente realizan las mujeres dentro del hogar, y que corresponden al trabajo reproductivo, históricamente no se las ha considerado como tal y por lo tanto, no han sido remuneradas. La incorporación de las mujeres al mercado laboral, no ha generado una distribución más justa de las tareas domésticas y de cuidado hacia el interior de los hogares. Las mujeres aún son responsabilizadas de la mayoría de estas tareas y le dedican casi el doble de tiempo que los varones, incluso cuando trabajan fuera de sus casas. Situación que se profundiza si estudian o si participan de espacios de activismo y/o militancia. Es decir, ellas trabajan dobles y triples jornadas, pero cobran menos que sus pares varones. Y ahí aparece la desigualdad frente a nuestros ojos. 

Desde los feminismos y los movimientos de mujeres y de las diversidades y disidencias sexogenéricas se vienen pensando estas brechas hace mucho tiempo. La división sexual del trabajo, los techos y paredes de cristal son algunas herramientas de análisis que se han elaborado para entender esta realidad desigual. Para entenderla y transformarla. 

Actualmente, persiste la idea de que las mujeres poseen un instinto natural para cuidar. Los trabajos que implican cuidados y que en su mayoría son realizados por mujeres son los peores pagos. Los estereotipos de género están a la orden en las entrevistas laborales, concursos de cargos y decisiones de ascensos y responsabilidades. Los hombres no están obligados a conciliar su vida en el hogar con el trabajo fuera de él, las mujeres si. Las mujeres ven disminuida su posibilidad de capacitación, perfeccionamiento y ascenso laboral (fenómeno denominado “techo de cristal”) en los años que tienen a hijas e hijos a su cargo. Los varones no. La ley otorga a las mujeres licencias laborales más largas para cuidar a hijos e hijas. Pero lejos de ser un privilegio, esto último no sólo resulta en discriminación al momento de la contratación o de considerar a una mujer para un ascenso. También refuerza los estereotipos de mujer madre y de un padre solo como proveedor de una familia tipo, que no debe ocuparse del cuidado de niños y niñas bajo su responsabilidad.

Las mujeres no solo ganan menos, sino que se ven obligadas a gastar más. Existe lo que se conoce como el “tax pink”. El mercado ofrece productos dirigidos hacia las mujeres y que son ostensiblemente más costosos. Estos productos van desde un desodorante, una afeitadora hasta un medicamento, como el ibuprofeno “fem”. Sin embargo estos cumplen las mismas funciones que para los varones. No existe una diferencia fáctica que dé fundamento a un precio distinto. Solo se refuerzan estereotipos que oprimen y perjudican cultural y económicamente a las mujeres. Así también, la salud sexual y (no) reproductiva de mujeres cis, personas trans y cualquier cuerpo menstruante se ve afectada con la ausencia de políticas públicas que transformen en un derecho el acceso gratuito a elementos para la gestión menstrual. 

Particularmente, dentro de la coyuntura actual de la pandemia del Covid-19, puede considerarse un momento bisagra, de quiebre en la sociedad global. No solo en las formas de funcionamiento de la economía y la manera de ejecutar las diferentes relaciones interpersonales, sino que, a su vez, se corre el velo sobre las tareas múltiples de cuidado que realizan las mujeres. Estas son trabajo no remunerado. Gracias a este, es que el varón puede gozar de una gran riqueza de tiempo que le permite capacitarse, lograr mejores empleos y disponer de tiempo para el ocio. 

Todo esto refuerza la desigualdad que afecta doblemente a las mujeres. Primero, porque trabajan gratis para sus familias, dada la naturalización de este trabajo por exigencia de los estereotipos de género. Y segundo, se les sustrae el tiempo para acceder, al igual que los varones, a espacios de capacitación, ocio y autocuidado. 

En este misma línea, no olvidamos que la Organización Mundial de la Salud considera la violencia de género como una epidemia social. El Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos” de las Mujeres de la Matria Latinoamericana-MuMaLá  informó que desde el 12 de marzo, día que comenzaron las primeras medidas de aislamiento social, al 3 de abril se registraron 15 femicidios. 

Por último, celebramos la elaboración del informe sobre brechas por parte de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía y exhortamos al Estado y al sector privado a producir y poner en acción, en conjunto con la sociedad civil, políticas públicas tendientes a cerrar las brechas de géneros. Ello solo se puede lograr con la eliminación de estereotipos de géneros, inclusión en las mediciones a las personas LGBTIQ+, análisis de la economía con perspectiva de géneros, democratización de los cuidados y la participación de mujeres, géneros y sexos diversos y disidentes en la elaboración y toma de decisiones sobre esas políticas.

Autoras

  • Ivana Sanchez
  • Constanza Attwood

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Coordinados por el Círculo de Política Ambiental (C.A.B.A), y en conjunto con otros especialistas, elaboramos la Agenda Ambiental Legislativa 2020, dando cuenta y analizando los principales proyectos de ley en materia ambiental que revisten estado parlamentario.

La Agenda Ambiental Legislativa 2020 se trata de una iniciativa liderada por el Circulo de Políticas Ambientales, que se perfila como insumo fundamental para dar a conocer aquellos proyectos de ley que se encuentran vigentes y en vías de ser tratados en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Con la participación de diversos actores y especialistas, se analiza el contenido, alcance e importancia de aquellos proyectos en estado parlamentario, vinculados a cuestiones ambientales, energéticas y de salud pública.

El objetivo principal del informe, según María Eugenia Testa (directora del Circulo de P. Ambientales) se centra en la visibilización de aquellos proyectos presentados por diferentes legisladores, como así también en la promoción del debate parlamentario sobre cuestiones ambientales. Nuestro aporte consistió en examinar específicamente aquellos proyectos vinculados a la ratificación del llamado «Acuerdo de Escazú», señalando la importancia que implicaría su incorporación al ordenamiento normativo local, en particular por la circunstancia de dar un paso en la asunción de compromisos internacionales en la materia. Estos permitirían incorporar herramientas de exigencia y monitoreo respecto al cumplimiento de aquellas medidas tendientes al efectivo acceso a la justicia ambiental, participación ciudadana y acceso a la información ambiental.

Agradecemos la invitación, destacando la importancia que tiene la puesta en marcha de iniciativas colaborativas como la Agenda Ambiental Legislativa. Creemos que la incorporación de diferentes perspectivas en el proceso de análisis, enriquece el debate y promueve alternativas para el desarrollo de políticas públicas en materia ambiental. Asimismo, creemos que tal aporte a la sociedad permite visibilizar los proyectos existentes en el congreso, examinar su contenido, participar en el debate público, dar un seguimiento al proceso legislativo, entre otras virtudes que fortalecen los cimientos de un sistema democrático transparente y participativo.

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

Coordinados por el Círculo de Política Ambiental (C.A.B.A.), y en conjunto con otros especialistas, elaboramos la Agenda Ambiental Legislativa 2020, dando cuenta y analizando los principales proyectos de ley en materia ambiental que revisten estado parlamentario.

Durante el mes de marzo, llevamos adelante dos capacitaciones a importantes actores sociales: a profesionales de la salud y a la administración pública de la Provincia de Córdoba.

Género en el trabajo: las brechas que habitamos y no vemos

El día jueves 12 de marzo capacitamos al personal del Registro de la Propiedad de Córdoba, sobre géneros y trabajo. La misma tuvo el objetivo de identificar las desigualdades de géneros que existen en el mercado de trabajo formal e informal, y en el remunerado como en el no remunerado, para comenzar a reflexionar sobre las posibles formas de combatirlas. 

En una sala conformada mayoritariamente por mujeres, la presencia de unos pocos varones fue significativa y valiosa en el sentido de ser una prueba manifiesta del cambio cultural que se viene gestando en nuestra sociedad. 

Con comentarios, aportes de datos y preguntas, las personas que participaron de la capacitación mostraron su asombro ante las inequidades de géneros que existen el los distintos ámbitos laborales y su interés en pensar nuevas estrategias y líneas de acción para ir avanzando en una equidad de géneros en estos espacios. 

Objeción de conciencia: el caballo de Troya en las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El viernes 13 de marzo llevamos adelante una capacitación dirigida a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. El objetivo fue conocer sobre los usos y abusos de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, y fundamentalmente, en los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. 

La objeción de conciencia es un instituto jurídico que permite exceptuarse de determinada obligación cuando ésta contraría las convicciones morales, éticas o religiosas de una persona. Sin embargo, muchas veces es utilizada de manera abusiva, y se convierte en un obstáculo a la hora de garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la interrupción del embarazo en los casos en los que es legal. 

En un escenario en que se avecina la discusión por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es importante conocer los fundamentos detrás de este tipo de instituciones, y las experiencias existentes hasta el momento en su práctica y regulación. 

La formación como garantía de derechos humanos 

Celebramos estas instancias de formación dirigida a agentes del Estado, acompañando y legitimando las disposiciones de la Ley Micaela.

Entendemos que la formación en géneros de estos actores es fundamental para garantizar los derechos de todas las personas, y traduce conquistas logradas tras años de luchas de los movimientos sociales, de mujeres y personas LGBTIQ+.

Contacto

Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

 

Pautas, consejos y complementos para utilizar los 13 alimentos que entrega la Provincia.

Trece productos tiene el módulo alimentario que se reparte a los beneficiarios del Paicor tras la suspensión de las viandas escolares debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Harina, lentejas, leche en polvo, arvejas, puré de tomates, polenta, arroz, postre en polvo, cacao, azúcar y dos tipos de fideos es el contenido de la caja que cubre la cuota alimentaria para 15 días según estiman desde la Provincia.

Es una muestra similar a la que se entrega a los niños, niñas y adolescentes durante el receso invernal. Pero en este contexto de crisis, donde muchos de los padres de los 257.294 beneficiarios están impedidos de generar ingresos ¿para qué alcanza esta canasta seca? ¿Cómo se puede complementar?

“Este módulo alimentario debe ser entendido como una ayuda para las familias en una situación de emergencia, por ello es importante comprender que no es posible a partir de éste cubrir la totalidad de nutrientes que los niños y las niñas necesitan, pero sí es un complemento valioso que puede ser aprovechado si se aplican algunas estrategias”, explica Dolores Román, doctora en ciencias de la Salud.

Y aclara que “los alimentos frescos como las frutas, verduras, carnes y huevos difícilmente puedan ser provistos por este tipo de módulo” y que por eso deben agregarse a la dieta.

César Murúa, coordinador del proyecto que realiza Fundeps sobre la calidad nutricional de los programas alimentarios en varias provincias, comparte el diagnóstico sobre la necesidad de atender la emergencia como prioridad.

“Es destacable la celeridad con la que los directivos del Paicor han implementado el plan de entrega de alimentos durante la contingencia”, señala.

Módulos. Se entregaron aproximadamente 120 mil .(Pedro Castillo / Archivo)

Módulos. Se entregaron aproximadamente 120 mil .(Pedro Castillo / Archivo)

Dimensión familiar

En este contexto la ayuda alimentaria del Paicor incluye otra dimensión: la familiar. “Es un gran aporte en términos alimentarios y económicos a las familias que tienen niños cubiertos por el programa, también tranquiliza a los padres en cuanto a este aspecto”, dice Murúa.

Para Román este es un punto clave también. “Hay que ver cómo se van a distribuir estos alimentos en el hogar. Un niño no consume 900 centímetros cúbicos de aceite en dos semanas. Entonces esto habla de que una parte de estos alimentos van a toda la familia”.

En medio de la cuarentena obligatoria, Román ve por otra parte un aspecto positivo: recuperar la comensalidad en el hogar.

“Dentro de todo lo negativo y todo lo tremendo que está pasando tenemos la oportunidad de compartir la mesa y reflexionar acerca de que los chicos vuelvan a comer en casa”, señala la docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Calidad nutricional

“Pensando en mejorar la calidad nutricional se podrían sumar algunos alimentos y evitar otros en futuras entregas, asumiendo que el listado de alimentos entregados respeta periodicidad quincenal y fue previsto para la primera etapa de la cuarentena”, señalan desde el equipo de nutrición de Fundeps que cuenta con el apoyo de Unicef.

Desde Fundeps sugieren que para complementar el módulo se agreguen: 10 frutas, entre seis y siete kilos de hortalizas (1 kilo de cebolla, zanahoria, calabaza y zapallitos, 2 kilos de papas y un atado de acelga), una docena de huevos y una o dos latas de caballa.

También recomiendan evitar alimentos como el aceite, el azúcar y el cacao el polvo.

Viandas. Se suspendieron.(Facundo Luque / Archivo)

Viandas. Se suspendieron.(Facundo Luque / Archivo)

Por su parte Román propone una serie de pautas que ayudan a mejorar el valor nutricional de los alimentos.

  • Para la leche disolver 2 cucharadas soperas colmadas de leche en polvo (25 g) en un vaso de agua (utilizar siempre agua potable segura o previamente hervida).
  • Combinar legumbres y cereales (arroz y lentejas) mejora la calidad nutricional de la comida.
  • El hierro de las lentejas y otros productos de origen vegetal es mejor aprovechado por el organismo si se consume con alguna fuente de vitamina C como las frutas cítricas.
  • Las frutas y verduras de estación son más accesibles y de mejor calidad.
  • Consumir el aceite preferentemente crudo (dos cucharadas por día es suficiente) y evitar la preparación de frituras.
  • Incorporar huevos.
  • Pautas de higiene. Lavarse las manos tanto al preparar los alimentos como al consumirlos.

 

La Voz

El mundo está pasando por circunstancias extraordinarias. La necesidad de adoptar medidas urgentes como el aislamiento social han cambiado nuestra cotidianeidad y ponen en tensión la salud pública y la seguridad. Sin embargo, las políticas implementadas no pueden olvidarse de los derechos de la ciudadanía.

La situación de público conocimiento de avance del COVID-19 ha hecho necesaria la adopción de medidas urgentes cuyo objetivo es la protección de la salud pública. Las medidas de aislamiento y de distanciamiento social están apoyadas por la evidencia científica que se comienza a recolectar sobre los brotes de contagio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud recomienda estas medidas y sus representantes han reconocido al gobierno argentino por sus decisiones que en forma temprana pueden limitar la curva de contagio de esta enfermedad. Como en otros temas de salud pública en los que hemos trabajado desde hace años, Fundeps apoya enfáticamente las políticas públicas basadas en evidencia científica y en línea con las recomendaciones de organismos especializados en la materia.

En este contexto de emergencia sanitaria, resulta fundamental tomar conciencia acerca de la importancia de respetar la cuarentena a los fines de resguardar la salud pública y garantizar el funcionamiento del sistema de salud argentino. El incumplimiento de las medidas de aislamiento, y el consecuente riesgo para la población que ello ocasiona, permite al Estado tomar medidas sancionatorias en contra de quienes la infrinjan. Ahora bien, también resulta importante señalar que, ante la puesta en marcha de un proceso sancionatorio en contra de una persona infractora al aislamiento, es necesario que las fuerzas de seguridad actuantes cumplan estrictamente el procedimiento legal previsto para tal caso, y respeten todos los derechos y las garantías constitucionales que, aun en este estado de emergencia, mantienen su plena vigencia.

Aquellas excepciones en las cuales una persona tiene permitido circular, sin dudas no deben de ser utilizadas por la ciudadanía como un pretexto para infringir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, ante un caso de circulación permitida (Por ejemplo: aprovisionamiento de alimentos), quien resulte interrogado por las fuerzas de seguridad, debe contar con la posibilidad de brindar información a dicho personal a los fines de dar a conocer los motivos de su circulación, es decir de ejercer su descargo. Una medida coercitiva por parte de la fuerza pública, sólo debe encontrar respaldo en la existencia de “motivos bastantes” (circunstancias objetivas advertidas por el funcionario policial al momento de efectuar el control) que permitan suponer que la persona se encuentra efectivamente infringiendo la cuarentena y que no se encuentra habilitado para circular (Por ej. profesionales de salud), pero permitiendo antes, valga la redundancia, efectuar su descargo.

Por el contrario, una detención que no tenga en cuenta los motivos dados por quien circula o siquiera brinde la posibilidad de darlos, no solo vulnerará aquellas garantías constitucionales que restringen la adopción de este tipo de medidas (existencia de motivos bastantes para proceder a la detención y derecho de defensa), sino que además tornará ilusorias las excepciones contempladas por el D.N.U. De tal modo, toda persona que circule por la vía pública, debería de ser detenida y recién luego de atravesar todo el procedimiento, podría brindar los motivos de su circulación al funcionario judicial competente. De ser así, esto podría ocasionar un desborde en los lugares destinados a alojar a los detenidos, con la consecuente sobrecarga del sistema judicial mínimo que se encuentra actualmente tratando tales casos. 

Más allá de lo mencionado, en los casos en los que el personal de las fuerzas de seguridad detecte una infracción a la cuarentena y detenga la persona en cuestión, el procedimiento deberá respetar la dignidad de la persona sin incurrir en tratos degradantes, y utilizando la fuerza tan solo cuando sea necesario. Más aún, deberán cumplirse las reglas de procedimiento vigentes en cada jurisdicción, esto es, anoticiar inmediatamente al órgano judicial competente, procurando el efectivo derecho de asistencia legal y de defensa.

Finalmente, la aplicación de tareas de fiscalización, tampoco deben orientarse y direccionarse sistemáticamente al “control” de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad. La garantía de no discriminación no debe de soslayarse al momento de fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena, direccionando los controles solamente a un determinado sector poblacional, sino que su alcance debe ser general. 

La existencia de un estado de emergencia sanitaria, requiere de responsabilidad por parte de toda la ciudadanía en el cumplimiento de la medida de cuarentena. El incumplimiento a tal medida sin dudas reclama una sanción para garantizar la salud de toda la población argentina, pero no debe conducir a excesos, arbitrariedades y abusos de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad, procurando una cuarentena con plena vigencia de nuestros derechos.

Desde la sociedad debemos evitar actuar subestimando la cantidad de casos existentes al día de hoy, que pueden parecer pocos o con números que no son lo suficientemente alarmantes: el comportamiento de la pandemia ya ha demostrado en otros países tener un crecimiento exponencial. Es por esto que es necesario pensar en los posibles contagios de mañana, y especialmente en los impactos en la salud de aquellas personas pertenecientes al grupo de riesgo y/o en situación de vulnerabilidad.

A partir de la aparición del COVID-19, se ha evidenciado la necesidad de revisar desde el Estado y desde toda la sociedad, el modo de vincularnos, tanto en lo individual y cotidiano como en lo global. Es necesario que colectivamente logremos aprovechar estas circunstancias para construir lazos, formas de relacionarnos que incluyan a la ciudadanía, respeto mutuo y para con nuestro entorno, como puntos de partida.  La salud pública va a ser mejor protegida con una ciudadanía activa, responsable para el cumplimiento de sus obligaciones y capaz de ejercer sus derechos.

Para mayor información, se recomienda acudir a los canales oficiales de información haciendo click aquí

Firma: El equipo de Fundeps

Mujeres. Las más afectadas por la crisis climática del planeta.

Cuando hablamos de ecofeminismo, hablamos de cuidado. Si bien existen múltiples expresiones teóricas y prácticas del movimiento ecofeminista, todas confluyen en la necesidad de darle más valor al cuidado como premisa ética para la vida en sociedad.

Desde que la historia existe, la humanidad se ha parado como dueña y señora de la naturaleza y su entorno. El dominio como punto de partida para la existencia. Esta forma de relacionarnos con el mundo en que vivimos también se evidencia en los modos de vincularnos en sociedad.

Es así como las desigualdades sociales ponen de manifiesto las desproporciones de poder entre las personas, por su clase, su sexo, su género y su etnia, entre muchas otras.

El dominio y la conquista han sido las modalidades adoptadas, por sobre aquellas que fueron desplazadas por ser más débiles, complejas y, en general, vinculadas a lo femenino.

El cuidado ha sido relegado a las mujeres: el cuidado a niños y niñas, a las personas mayores, en las tareas del hogar, por ser “guardadoras” de la moral y el cariño en el seno de las familias.

Es a partir de la visibilización de la lucha ambiental de múltiples grupos de mujeres en el mundo que se resaltó la necesidad de que el cuidado comience a ser la forma de vincularnos con el ambiente. Y es ambiente y no es un medio, porque pensar desde el cuidado implica que dejemos de ver a la naturaleza como una herramienta y empecemos a comprendernos parte de ella.

En la ciudad de Córdoba, tenemos varios ejemplos de estos movimientos que han logrado mostrar la falta de cuidado que tenemos con el ambiente y con otras personas. El más claro es el de las madres de barrio Ituzaingó que pusieron en tapas de los diarios que el uso de agroquímicos puede enfermar a toda una población, y se enfrentaron con sus propios vecinos que no querían dejar de fumigar esos metros necesarios para que las personas no se intoxiquen.

Vincularnos de otro modo

Hablar de ecofeminismo es hablar de cuidado, pues este es un valor dejado de lado por femenino, pero fundamental para la supervivencia. En estos tiempos de catástrofes ambientales, de plagas y pandemias, la clave es repensar el modo de vincularnos en sociedad, con los animales y con nuestro entorno.

La competencia por las ganancias, la desidia por los resultados nocivos de los modelos extractivistas, el desinterés por el sufrimiento animal, la violación de los derechos de los trabajadores, el lobby político para que continúe la desregulación laboral y ambiental son algunos de los síntomas de la falta de empatía con la realidad social.

Si bien las teorías ecofeministas ahondan en las conceptualizaciones necesarias para el desarrollo completo de estas ideas, se pueden resumir en que el dominio y la conquista como principales valores generaron la explotación indiscriminada de la naturaleza y la reproducción interminable de las desigualdades estructurales de la sociedad.

En esta línea, el siguiente pensamiento es darnos cuenta de que tanto la naturaleza como las mujeres hemos sido objeto de dominación. Tanto en lo simbólico como en lo material, el dominio al ambiente, así como a las mujeres, ha sido con violencia explícita o disimulada, pero siempre sujeta a la apropiación y conquista.

No es casualidad que hayan sido las mujeres las principales activistas por el ambiente en el mundo. Las mujeres han sido las principales subyugadas del sistema patriarcal, pero también son las principales afectadas por la discriminación ambiental.

Por ejemplo, según el Gender and Climate Toolkit, publicación realizada con el apoyo del Parlamento Europeo, las mujeres son quienes menos huella de carbono aportan pero constituyen el 80% de los refugiados climáticos, que son los grupos de personas afectadas y desplazadas de sus centros de vida por catástrofes ambientales.

Discriminación

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género asegura que más del 80% de los puestos de toma de decisión en materia de cambio climático están ocupados por hombres, y en las empresas que aportan a la emisión de gases de efecto invernadero, el 95% de los integrantes de juntas directivas y el 86% de los senior managers son hombres.

También son las mujeres las más expuestas a la contaminación, pues están encargadas del cuidado, y las que se encuentran más en contacto con el agua que contiene tóxicos y el aire impregnado de químicos. Y no es de sorprender que las más expuestas sean las que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica.

Es necesario repensar la construcción de los vínculos humanos y con el ambiente, desde una perspectiva que incorpore la empatía y el cuidado como puntos fundamentales para el desarrollo social.

La perspectiva de género y de derechos humanos es una de las claves en la creación de políticas públicas que aborden la problemática ambiental, y tiene que ser valorada por sobre la ganancia y el lucro.

Debemos traer a la mesa los contenidos humanos que le dan sustento al desarrollo económico, y dejar de lado la promesa de crecimiento infinito.

Para adaptarnos a los tiempos que corren, hay que rescatar los viejos conceptos de justicia social, igualdad, cuidado y solidaridad, para reencontrarnos en un proceso de construcción colectiva que logre integrarnos con el ambiente como parte de este, y que incluya a los colectivos olvidados por la historia de la dominación.

VIRGINIA PEDRAZA

Directora estratégica de Fundeps

Fuente: La Voz

Los días 2 y 3 de marzo se llevó a cabo la conferencia sobre inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe en el campus de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires.

Los días 2 y 3 de marzo se realizó en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) la conferencia ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe’ organizada por el Transnational Institute (TNI) y la UNSAM. 

Ambos días participaron exponentes no solo de Argentina, también se contó con la presencia de especialistas de Chile, Bolivia, Brasil, México y Perú. En el primer día de conferencia se abordaron cuestiones como el rol de  las inversiones extranjeras directas (IED) para el desarrollo sustentable en el actual contexto de crisis climática; la IED en América Latina, incluida las inversiones chinas y lo sectores claves en los que se encuentran. Además, se discutieron las potenciales implicancias de la región en la Nueva Ruta de la Seda. 

Como conclusiones principales del primer día, se puede mencionar la necesidad de China de recursos primarios extractivos, principal motivo de su relacionamiento con América Latina y el Caribe. El traslado de la Inversión Extranjera Directas (IED) de impactos ambientales a los países de la región. Por último, la continua violación de la inversiones chinas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas

Por otro lado, en el segundo día se produjo un mayor  intercambio de opiniones entre los exponentes y el público presente respetando los temas pactados en el Programa, como la IED China en la región, específicamente  las características, impactos y desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina, haciendo hincapié en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile. Por último, los temas que generaron mayor intercambio de opiniones fueron la relación IED-modelos de desarrollo sustentables y, por otro lado, cuál es el tipo de IED que queremos, es decir si ésta puede contribuir al desarrollo nacional teniendo en consideración la sustentabilidad ecológica.

Respecto al segundo día, las cuestiones que tuvieron gran fuerza fueron las relativas a qué  patrón sigue China en los distintos países de la región. Así, surgieron cuestiones como la creciente demanda  de Litio por parte de China, su asociación con empresas de otros Estados para obtener su tecnología (transferencia tecnológica), la expansión de proyectos bioceánicos, los proyectos de represas hidroeléctricas y el aumento de conflictos ecoterritoriales, por mencionar algunos.

En nuestras región, en las últimas décadas las inversiones chinas han crecido de manera exponencial, superando a las inversiones de los organismos multilaterales tradicionales (como el Banco Mundial y BID). Con estas inversiones, viene aparejada la falta de controles, los impactos ambientales y sociales y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relación asimétrica que existe entre la región y el país asiático reproduciendo los clásicos patrones desiguales de relacionamiento que han caracterizado a América Latina y el Caribe, antes con Estados Unidos y Europa, ahora con la República Popular de China. 

En consecuencia, es importante generar una mayor articulación entre sociedad civil, academia, comunidades afectadas y todas aquellas partes interesadas para exigir una forma de relacionamiento más igualitaria y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, ausentes hasta el momento. Es en este marco que se encuadra nuestra participación en la conferencia y el interés de Fundeps por fortalecer los vínculos con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales que aborden la cuestión d elas inversiones chinas y su impacto sobre el ambiente y los derechos humanos.

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Autora

  • Sofía Brocanelli

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