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Audiencias Públicas de la Defensoría del Público: «Los medios y la información en la pandemia»

Durante el año 2021, frente a un contexto de pandemia, participamos de las primeras Audiencias Públicas de la Defensoría del Público en modalidad virtual, a través de una plataforma de videoconferencias y, a comienzos de este año, se publicaron los informes resultantes del proceso.  

 La comunicación durante la pandemia

Las Audiencias Públicas de la Defensoría del Público se realizan todos los años desde el 2013, a excepción del período 2019-2020, cumpliendo el mandato de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evaluar el funcionamiento del organismo a través de la participación ciudadana. 

El tema que regía las conversaciones de la última Audiencia fue “Los medios y la información en la pandemia”. Los encuentros que se propiciaron fueron de suma importancia ya que se trató de un tema que ha afectado de manera transversal no solo al país sino también al mundo. Abordar a la comunicación desde un enfoque de derechos y de género, implica concebir a toda la ciudadanía como sujeto de derecho y compromete al Estado a garantizar su participación e incidencia en decisiones políticas. Esto se torna urgente en un contexto en el que la información es un derecho humano fundamental para la supervivencia, por lo que esta Audiencia permitió que la Defensoría del Público se interiorizara en las necesidades y reclamos de los distintos actores de la sociedad respecto a este tema y todos los que nos tocan como ciudadanía comunicacional.

Los ejes temáticos que se debatieron fueron: derecho a la comunicación y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; acceso a los servicios de comunicación audiovisual en la cobertura de la pandemia; información y desinformación en los medios audiovisuales sobre la pandemia de Covid-19;  consideraciones específicas en la cobertura audiovisual de la pandemia sobre los sectores históricamente marginados;  Estado y las políticas públicas de comunicación vinculadas al funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en pandemia; situación de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, regulación y organización del trabajo; propuestas, sugerencias y solicitudes destinadas a la Defensoría del Público en relación a los medios audiovisuales en pandemia.

Nuestra intervención

Organizada por regiones, la primera audiencia virtual fue la de la Región Centro que integra las provincias de Córdoba, Santa Fé y Entre Ríos, desdoblada en dos jornadas por la gran convocatoria. Mediante la participación de Mayca Balaguer, coordinadora de las áreas de Asuntos Legales y de Géneros y Diversidad Sexual,  participamos de esta Audiencia Pública aportando desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

En referencia a los aspectos que consideramos positivos y negativos en las coberturas mediáticas de la pandemia, resaltamos que los medios de comunicación sirvieron y tuvieron un rol fundamental como canal de transmisión de la información relativa al Covid-19 y a las medidas sanitarias. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación frente a algunos casos de fake news, desinformación e incluso de malos ejemplos. 

Asimismo, en  cuanto a la violencia de género mediática y simbólica, manifestamos que durante la pandemia observamos que en muchos casos los medios de comunicación reforzaron estereotipos de género, fundamentalmente a través de una  fuerte estigmatización hacia los cuerpos gordos, motivada por los cambios de hábitos en la alimentación y el sedentarismo provocados por el aislamiento. Lejos de promover hábitos saludables de una forma respetuosa con la diversidad corporal, notamos que muchos medios cayeron en discursos gordofóbicos y estereotipantes.

En cuanto al rol del Estado, destacamos la necesidad de desarrollar estrategias de visibilización de medios alternativos, autogestivos, comunitarios, de diferentes puntos del país, que se dedican a informar desde los territorios. Creemos que el aporte de estos medios de comunicación es clave para la recuperación de las voces y miradas de sectores no hegemónicos desde una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, especialmente de aquellos que estén constituidos por mujeres y disidencias, por personas con discapacidad, racializadas, gordxs, etc. En este punto, una distribución más equitativa de la pauta oficial puede ser un factor clave para el sostenimiento de estos medios, que por las consecuencias socioeconómicas derivadas del aislamiento social, pueden dejar de existir alimentando a la monopolización de la información en manos de medios hegemónicos.

La importancia de la participación ciudadana en las políticas de comunicación 

La Defensoría del Público tiene como objetivo principal promover y garantizar  los derechos de las audiencias en pos de una comunicación democrática en todo el país. Para lograrlo, lleva adelante audiencias públicas que buscan que la ciudadanía participe activamente y se involucre en la toma de decisiones para que estas sean tomadas de manera transparente y, al fin de cuentas, se genere una sociedad más informada y participativa que tenga acceso a su derecho a la comunicación. 

En estas audiencias públicas  funcionan como un mecanismo para que el Estado realice un diagnóstico actualizado acerca del funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual recuperando diferentes puntos de vista, opiniones, experiencias y estudios brindados desde la ciudadanía. Esto permite informar, diseñar e implementar políticas públicas orientadas al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las audiencias.

Por eso, celebramos este espacio de participación ciudadana del cual participamos, ya que es fundamental para garantizar un acceso igualitario a la información y para ampliar la diversidad de voces en el proceso de toma de decisiones del gobierno. Esto promueve la construcción de políticas públicas informadas, inclusivas, más democráticas, justas y equitativas que incorporen un enfoque de derechos. 

Autora

Irene Aguirre

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org

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FORTALECIENDO OTRA(S) ECONOMÍA(S): Guía para organizaciones autogestivas

Lanzamos una guía que ofrece pasos y herramientas para que organizaciones y emprendimientos autogestivos puedan revisar sus procesos de gestión interna e implementar buenas prácticas con miras a alcanzar su sostenibilidad económica, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida.

La Economía Feminista, junto a la Economía Ecológica, Popular, Social y Solidaria (las llamadas Otras economías) nos permiten dar cuenta de la insostenibilidad de las lógicas de desigualdad y saqueo que caracterizan al modelo capitalista y heterocispatriarcal dominante. También, nos brinda herramientas para identificar, visibilizar y fortalecer aquellas que apuestan a la sostenibilidad de la vida.

A partir de este posicionamiento es que durante el año 2021, junto con la Incubadora Feminista Latinoamericana y con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur, realizamos un trabajo de fortalecimiento organizacional y económico dirigido a 7 organizaciones y emprendimientos autogestivos de las Otras economías de la provincia de Córdoba. 

La meta era coadyuvar al fortalecimiento de diversas experiencias autogestivas de nuestra provincia a través del diseño, implementación y evaluación colectiva de estrategias y herramientas para la sostenibilidad económica. Y así potenciar los procesos y actividades productivas y reproductivas que llevan adelante y que apuntan, en un sentido más amplio, a la sostenibilidad de la vida.

En las distintas etapas de ese proceso de fortalecimiento empleamos herramientas para el diagnóstico, la planificación y gestión de recursos (dinero, bienes, servicios, tiempo, contactos y redes, etc.) que pudieron adaptarse a las necesidades y formas de organización, y ser de utilidad para la evaluación y mejora de los procesos de gestión de organizaciones autogestivas. A lo largo de esta experiencia, no sólo pusimos a prueba las estrategias y herramientas propuestas sino también pudimos identificar intereses y necesidades que requieren de atención. 

Desde este lugar se reafirma nuestro compromiso con la transformación de situaciones de desigualdad a través del fortalecimiento de las diversas experiencias autogestivas compuestas mayoritariamente por feminidades y disidencias y que forman parte de las Otras Economías, en este caso, brindando recursos para tal fin.

Elaboramos esta guía con herramientas dirigidas a espacios autogestivos de las Otras Economías, para que puedan reveer sus formas de organización y procesos de gestión interna con el fin de alcanzar su sostenibilidad económica desde la mirada de una Economía Feminista que apuesta a la sostenibilidad de la vida. Este material se plantea como un segundo fascículo de recursos que venimos realizando desde el año 2020 con el fin de fortalecer prácticas y reflexiones en torno a las Otras economías. 

La guía es una propuesta, una hipótesis de trabajo, no una imposición ni una estructura rígida. Son herramientas puestas a disposición para que cada espacio las discuta, transforme y adapte a sus propias necesidades. 

Se pensó en un proceso integral y secuenciado, aunque no necesariamente lineal. Esto permite que cada organización elija por dónde comenzar y qué pasos seguir, para avanzar en lo que considere pertinente o más ajustado a sus necesidades. 

Esperamos que les sirva.

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FORTALECIENDO OTRA(S) ECONOMÍA(S): Guía para organizaciones autogestivas

Lanzamos una guía que ofrece pasos y herramientas para que organizaciones y emprendimientos autogestivos puedan revisar sus procesos de gestión interna e implementar buenas prácticas con miras a alcanzar su sostenibilidad económica, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida.

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Garantizar derechos no es delito: organizaciones apoyan el pedido de sobreseimiento a Miranda Ruiz

La médica residente del hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal (Salta), Miranda Ruiz, se encuentra imputada en una causa penal iniciada en su contra en septiembre de 2021, tras haber intervenido en la realización de una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

La práctica había sido solicitada por una paciente mayor de edad, en pleno ejercicio de su autonomía. Al llegar al centro de salud fue atendida por un equipo interdisciplinario, quienes constataron que su situación se encuadraba en el supuesto de “causal salud” contemplado en el art. 4 de la Ley 27.610. Este supuesto contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. El procedimiento indicado para la práctica fue medicamentoso, autoadministrado, y produjo efectos mientras la profesional se encontraba trabajando en otro centro de salud.

Los procedimientos que se realizaron en este caso están dentro de la ley, se configuraron de conformidad con los protocolos oficiales y cada paso fue registrado en la historia clínica. La médica que hoy atraviesa un proceso penal por un delito no cometió, es parte de un equipo interdisciplinario que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.

Los hechos deben ser analizados conforme el marco legal vigente en materia de acceso a la ILE, con el debido resguardo a las garantías constitucionales contenidas en las normas locales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Actuar de conformidad con la Ley 27.610 no constituye un delito y por eso corresponde dictar de inmediato el sobreseimiento de Miranda.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación frente a este caso y apoyan el pedido de sobreseimiento de la defensa. La persecución penal a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la IVE y la ILE es alarmante, y tiene un impacto directo en la implementación de una política pública que prevé el acceso a un derecho humano fundamental.

#SobreseimientoAMirandaYA

Amnistía Internacional Argentina
Mujeres x mujeres
Fundeps
CELS
ELA

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¿Qué implica para la Argentina el ingreso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura?

Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

El 30 de marzo de 2021, se oficializó la membresía de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). El AIIB comenzó oficialmente su actividad en octubre de 2014. Se trata de un nuevo banco de desarrollo multilateral impulsado principalmente por China con foco en inversiones en infraestructura, orientadas especialmente a países emergentes. Su origen asiático no limita su accionar a una única región ya que el Banco  cuenta con un gran número de países miembros en otros continentes y con proyectos financiados en América del Sur, África y Europa.

El modelo propuesto por China tiene  características distintivas. El rasgo dominante es que las inversiones se focalizan en infraestructura, conectividad e industrialización, marcando una diferencia importante con entidades de financiamiento al desarrollo occidentales que, en los últimos tiempos, han orientado sus préstamos principalmente a reformas institucionales, proyectos de salud, educación o lucha contra la pobreza, entre otras. 

De este modo, postula una alternativa interesante para el financiamiento de una infraestructura que resulta en gran medida deficitaria en América Latina y, particularmente, en Argentina. Para nuestro país, el AIIB representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos y abre una oportunidad para contribuir a resolver sus históricos déficits en materia de infraestructura y conectividad. Por su parte, con aún escueta participación de América Latina, el Banco Asiático se consolida como opción viable para la región a la luz de las metas de desarrollo. A la fecha, se reportan cinco miembros latinoamericanos efectivos: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. 

Desde sus orígenes, el AIIB se presentó como una opción diferente a las históricas instituciones multilaterales de desarrollo occidentales como el Banco Mundial, el BID o la Corporación Financiera Internacional (CFI). Sin embargo, el AIIB ha implementado un marco normativo y operativo muy similar al de aquellas instituciones, incluyendo políticas de acceso a la información, de rendición de cuentas y de regulación ambiental y social para autorizar los desembolsos. A su vez, contempla la cooperación y el cofinanciamiento con otros bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, adhiriendo a sus marcos regulatorios.   

A pesar de ello, desde su entrada en operaciones el Banco ha recibido críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas que han cuestionado su accionar en diferentes proyectos de desarrollo e incluso ciertas debilidades en su marco normativo. 

En este sentido, las implicancias que pueda tener el ingreso al BAII para la Argentina dependen en gran medida del tipo de vinculación que el país establezca con la institución y la forma en que logre aprovechar los potenciales recursos de financiamiento para infraestructura que pueda aportar el Banco. De igual modo, se debe evitar repetir los problemas en materia de participación pública, acceso a la información e impactos socioambientales que históricamente han estado asociados a los proyectos de desarrollo financiados por la banca multilateral.

Ante el desconocimiento general que existe en el país acerca de esta institución, resulta importante analizar en profundidad en qué consiste el Banco, cómo funciona y cuáles pueden ser las verdaderas implicancias de la membresía argentina. Para contribuir a ese objetivo, desde Fundeps  presentamos un informe que analiza parte de estos interrogantes.

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Argentina en el AIIB

Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

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El primer viaje al exterior de Alberto Fernández en 2022, con rumbo a Beijing

El presidente argentino irá a Beijing el 4 de febrero para participar de la apertura de los Juegos Olímpicos y luego mantendrá encuentros con Xi Jinping. La expectativa es cerrar acuerdos firmes de inversión. Se espera que el ingreso a la Iniciativa de La Franja y la Ruta sea un punto sobresaliente de la visita.

Si no hay contramarchas por razones sanitarias, el 4 de febrero Alberto Fernández participará de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Además de los Juegos de Invierno, el viaje a Beijing coincide con la celebración de los 50 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y el gigante asiático. El viaje presidencial tendrá escalas en las ciudades de Moscú, Beijing y Bridgetown. 

La integración de la Argentina como un eslabón estratégico en el Cono Sur: la Iniciativa de la Franja y la Ruta

En la parada china, la mira está puesta en que la Argentina se incorpore a la denominada  Iniciativa de La Franja y la Ruta (IFR, también conocida como la “Nueva Ruta de la seda”). El canciller Santiago Cafiero ratificó la intención argentina de adherir oficialmente a la Iniciativa. Es la primera vez que desde Cancillería hay un pronunciamiento explícito sobre el tema, aunque fue anticipado por el embajador Vaca Narvaja.

La IFR es la marca con la que se conoce a la política exterior china de promover la inversión en infraestructura en el resto del mundo, principalmente en las zonas emergentes y en vías de desarrollo. Si bien se trata de una política presente desde principios de siglo, el concepto de la Franja y la Ruta empieza a surgir en 2013 cuando Xi Jinping asumió la presidencia de China y le brindó a esta práctica un mayor contenido programático y estratégico. A grandes rasgos, la Nueva Ruta de la Seda se trata de dos grandes rutas comerciales: una Franja (como vía de comunicación terrestre) y una Ruta (como vía marítima). En esa línea, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha buscado mejorar la conectividad comercial en torno a China y, en el terreno geopolítico, elevar el perfil del país en el hemisferio sur.

En total, 139 países, provenientes de África, Asia, Europa y minoritariamente de América Latina y el Caribe se han adherido a la IFR. La invitación a los países latinoamericanos para incorporarse se formalizó en el Foro China-CELAC, en enero de 2018. Al momento, 19 países del subcontinente han adherido a la Iniciativa, restando las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina). De este modo, Argentina sería la primera en incorporarse. Por su parte, Panamá fue el primer país que se incorporó al proyecto chino.

Ahora bien, cabe destacar que no es un requisito excluyente adherirse a la Franja y la Ruta para recibir inversión china en materia de infraestructura. De hecho, según el relevamiento de Red ALC-China, entre 2018 y 2020, Argentina fue el mayor receptor de inversiones chinas en infraestructura de toda la región.

Desde el año 2009, China ha venido desarrollando aceleradamente la cooperación financiera con Argentina en materia de construcción de infraestructura, por lo cual ser parte de la IFR podría brindar mayor impulso a los 16 proyectos existentes y, posiblemente, sumaría otros. Sin embargo, para que la IFR resulte beneficiosa, será esencial que las contrapartes acuerden proyectos favorables para ambos países, que no consistan exclusivamente en el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de insumos procedentes de China y se basen en el desarrollo de inversiones y transferencia tecnológica, la asociación con compañías locales, el empleo de mano de obra e insumos argentinos y la realización de evaluaciones del impacto ambiental, (entre otros).

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Avances en cooperación nuclear y financiamiento de infraestructura con China

El Gobierno envió un documento a Beijing con 17 proyectos de infraestructura que propuso para ser financiados con capital chino. Se esperan avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China.

En el documento titulado «Nuevo Plan Quinquenal Integrado a proponer» figuran los 17 proyectos que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Gustavo Béliz,  y el canciller Santiago Cafiero enviaron para evaluar los potenciales de sustento económico por parte de China. El documento se presentó ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), que es el órgano planificador del gobierno de Xi Jinping.

El Nuevo Plan Quinquenal Integrado contempla las siguientes obras:

1-Central nuclear IV

2-Represas del Sur Kirchner y Cepernic

3-Obras sistema de gasoductos

4-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea San Martín

5-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea Roca

6-Rehabilitación línea de ferrocarriles Belgrano Cargas

7-Plan modernización redes ferroviarias

8-Buenos Aires Pasajeros material rodante

9-Plantas de tratamiento de agua potable y acueductos

10-Parque fotovoltáico Cauchari 4 y 5 Ampliación

11-Puentes: Chaco/Corrientes- Santa Fe/Paraná

12-Corredores viales y mejoramientos

13-Programas de conectividad y fibra óptica

14-Obras de transmisión y distribución eléctrica

15-Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas

16-Programas de vivienda y hábitat

17-Parque eólico Cerro Arauco 

Además, en el documento girado desde Buenos Aires aparece el ítem 18 bajo el rubro “otros a definir/propuesta china”. 

El primer punto de los proyectos de inversión es la construcción de la central nuclear IV y merece una mención especial ya que  lleva más de 10 años en carpeta. Este proyecto de instalación de reactores nucleares con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Fernandez. Probablemente, uno de los motivos que ralentice las negociaciones se vincule con que, al utilizarse el uranio enriquecido como combustible, se dejaría afuera la tecnología canadiense que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares y esto implicaría la importación de una tecnología que ataría su funcionamiento al país asiático. De igual modo, la central sería «llave en mano». Al respecto, desde el Gobierno Nacional se resaltó el importante rol que la energía nuclear juega en la materialización de las metas de reducción de emisiones que la Argentina sostiene en los foros internacionales y se enfatizó en la importancia de maximizar la participación de la industria local y de una adecuada transferencia tecnológica.

También se cuestiona el costo de financiamiento: solo la central nuclear tendría un costo estimado entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Para avanzar en las negociaciones se encuentran la NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A) y la CENEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

Por el contrario, sobre las líneas ferroviarias norpatagónicas existen más consensos y diálogos concretos. 

En relación a los proyectos de aprovechamiento de la energía eólica se contempla la inversión en el Parque Eólico «Cerro Arauco» de La Rioja. De igual modo, se mencionan acuerdos para la construcción del Polo Energético en Zarate (gas). 

Por último, en la minuta de proyectos se nombra  la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras y la remodelación de los puentes Chaco-Corrientes y Santa Fe – Paraná. Igualmente, en el listado aparecen rubros ambiguos como los «Programas de conectividad y fibra óptica» que según fuentes del gobierno nacional aludirian al desarrollo de la tecnología 5G (o de quinta generación) en telefonía celular. También se mencionan «obras de transmisión y distribución eléctrica» que no tienen detalle alguno.

Como observación final, cabe señalar  que al menos 9 de estos proyectos  (construcción de central nuclear IV, Parque Voltaico Cauchari, Buenos Aires Pasajeros Material Rodante, Parque eólico Cerro Arauco, Rehabilitación sistema de Ferrocarriles líneas San Martín, Roca y Belgrano Cargas, Represas Kirchner y Cepernic,Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas) ya fueron incluidos previamente en el “Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)», aunque en muchos casos no han habido avances concretos durante los últimos 5 años

Avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China

Argentina cuenta con una larga tradición en energía nuclear, con más de 70 años de experiencia en el rubro. En la actualidad, la energía nuclear representa el 7,5% de la matriz energética argentina y el gobierno de Alberto Fernández manifiesta intenciones de aumentar este porcentaje sobre la base de cooperación con China.

Con el objetivo de profundizar las relaciones en materia de tecnología nuclear, el embajador de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, dio un discurso en la celebración del “Día de CNNC” (Corporación Nuclear Nacional de China) y mantuvo una reunión con el gerente general de la State Power Investment Corporation (SPIC), uno de los cinco grupos energéticos de China y la generadora de energía solar más grande del mundo, con quien acordó la firma de un memorándum de entendimiento (MoU) que prevé la cooperación estratégica entre SPIC y la empresa rionegrina INVAP.

Al respecto, la representación diplomática en China, explicó que el objetivo al que se apunta con estas asociaciones en materia nuclear es que el país “pueda seguir diversificando sus oportunidades con el gigante asiático, más allá de la exportación de productos primarios”, con el horizonte de tener “una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología  y capacidades hacia las empresas del país. El memorándum se firmaría durante la visita presidencial anunciada para el mes de febrero.

Los proyectos que estarían en el memorándum. En relación al memorándum de entendimiento con SPIC, Vaca Narvaja detalló que ese acuerdo formalizará una serie de iniciativas conjuntas con la empresa argentina INVAP, entre ellos un proyecto de soluciones tecnológicas en el rubro de la medicina nuclear, sector en el que Argentina tiene desarrollos valorados a nivel mundial. La cooperación con INVAP se sumará a otros trabajos en conjunto con empresas argentinas del sector energético, como NUCLEARIS, radicada en Villa Martelli, dedicada a la fabricación de componentes mecánicos para la industria nuclear, que se encuentra encarando proyectos en China y  CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) y la mendocina IMPSA que están en conversaciones para el mantenimiento de centrales de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium) en suelo chino, una tecnología en la que la Argentina se ha especializado. 

Consideraciones finales

Puede concluirse, entonces, que la relación entre la Argentina y la República Popular China se intensifica en paralelo al rol cada vez más relevante del país asiático en la economía internacional.

En este sentido, la propuesta del Nuevo Plan Quinquenal se trata de una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de acuerdos económicos y comerciales internacionales previstos para la post pandemia. Para Argentina, estos acuerdos representan una oportunidad de desarrollo, sin embargo se debe tener especial cautela en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial y la tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina. Inexorablemente, el monitoreo sobre los proyectos resulta una pieza fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Tampoco se debe perder de vista la opacidad y la poca transparencia: resulta necesario hacer expresa referencia a las cuestiones de transparencia y acceso a la información de la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz pero no así sus detalles ni las especificaciones en cuanto a su implementación.

 

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Ley de Etiquetado: exigimos una reglamentación transparente

En conjunto con Sanar, el jueves 20 de enero enviamos una carta a la Ministra de Salud de Nación (Dra. Carla Vizzotti), a la secretaría de Acceso a la Salud (Dra Sandra Tirado) y a la Directora del Instituto Nacional de Alimentos (Lic. Monica Lopez). Solicitamos que la reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, sancionada el pasado 26 de octubre, sea reglamentada en términos de transparencia, libre de conflictos de interés y con la participación de la sociedad civil.

Mientras el proyecto de ley se trataba en las distintas cámaras del Congreso de la Nación, se hicieron visibles los intentos por parte de la industria alimentaria para disminuir la rigurosidad de la misma. Sin éxito, ahora que es momento de su reglamentación, tememos por la posible interferencia de la industria con pedidos dirigidos a entorpecer y a dilatar el proceso. Por ejemplo, el corrimiento de los plazos de la aplicación de la ley y el intento de evitar el correcto etiquetado en ciertas formas de presentación de productos bebibles y comestibles.

De dar lugar a estas posibles interferencias, se podrían debilitar otras regulaciones que integran a la normativa; especialmente las que están destinadas a proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como son los niños, niñas, adolescentes, y las familias de escasos ingresos.

Es debido a esto, que desde las distintas organizaciones de la sociedad civil realizamos diferentes acciones que demuestran nuestro interés en participar en los procesos relacionados a la reglamentación de la ley; ya que al no tener ningún tipo de conflicto de interés, podemos garantizar que la misma se reglamente de forma transparente y de acuerdo a los derechos adquiridos al momento de sancionarse.

El cuidado de la salud de la población argentina todavía no está seguro, y necesitamos que desde los entes ministeriales y competentes se garanticen procesos que respeten que la reglamentación de ley va a estar basada en la evidencia científica existente sobre el tema, de forma clara y transparente.

Autora
Lourdes Aparicio

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Explosiones en la Reserva Natural de Defensa La Calera: un breve análisis

La Brigada de Explosivos de la Policía de la provincia de Córdoba realizará durante todo el mes de enero la detonación de ocho toneladas de explosivos en la Reserva Natural de la Defensa La Calera. Según trascendió, las explosiones fueron ordenadas por un tribunal federal en el marco de una causa judicial.

La reserva de La Calera es una Reserva Natural de Defensa. Esta categoría de área protegida no está exclusivamente destinada a la conservación como, por ejemplo, los parques nacionales. Sin embargo, por su alto valor para la conservación de la biodiversidad, se busca la preservación y protección de sus características naturales. Se trata de predios que pertenecen al Ejército Argentino, utilizados para fines de defensa, pero que por su importancia ecosistémica, patrimonio cultural o natural, ingresan en un régimen de protección. 

Estas áreas son administradas por un Comité Local Mixto, conformado por representantes de la Administración de Parques Nacionales y de las Fuerzas Armadas. En estos territorios se cumplen dos funciones. Por un lado, aquellas asociadas a las tareas militares, y por otro, las vinculadas a la conservación de la biodiversidad. Las actividades militares tienen prioridad sobre estas últimas, de acuerdo al marco normativo que regula estas áreas. Es importante aclarar que si bien estas áreas pertenecen al Estado Nacional para el desarrollo de sus funciones, no se encuentran exentas del cumplimiento de la normativa ambiental tanto de presupuestos mínimos nacional como provincial. Recordemos que las facultades de regulación, autorización y fiscalización en materia ambiental dentro del territorio provincial, pertenecen a la provincia, aun en aquellos sitios que sean de utilidad nacional, siempre y cuando las funciones de estos establecimientos no se vean afectadas por el ejercicio de aquellas facultades. 

Ahora bien, la Ley General del Ambiente N° 25.675 exige que toda actividad que pueda degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población, deberá someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. 

Por su parte, la Ley Provincial 10.208, dispone la obligatoriedad de este procedimiento para aquellas actividades que se encuentren comprendidas en su ANEXO I, entre las que se encuentra toda actividad a ejecutarse dentro de una porción territorial comprendida en el régimen de la Ley de Áreas Naturales Provinciales o de normas nacionales similares o equivalentes, o áreas con bienes de valor arqueológico o histórico cultural (como sucede en la Reserva de La Calera). 

A partir de este análisis, es posible advertir que toda actividad que se realice en la Reserva de Defensa La Calera, deberá someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental ante la autoridad provincial, siempre y cuando esto no interfiera con las funciones militares que allí se realizan. 

La detonación de 8 toneladas de explosivos por parte de la Policía de la Provincia, sin dudas no forma parte de la función militar propia de las Fuerzas Armadas. 

Ante este panorama, es posible concluir que las explosiones deberían haberse sometido al procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental previo a su realización, y obtener la correspondiente autorización por parte de la autoridad local. Pues se trata de una actividad sujeta obligatoriamente a este procedimiento por la normativa provincial, el cual no interferiría con la función militar, ya que la detonación no obedece a una actividad de las Fuerzas Armadas, sino que responde a la actividad de la fuerza policial provincial. 

Cabe destacar que las comunidades que habitan en la zona, no tuvieron oportunidad de acceder a la información sobre las detonaciones, ni brindar su opinión al respecto, tal y como lo garantiza el Acuerdo De Escazú y las leyes locales. 

Lo más llamativo del caso es que la propia Administración de Parques Nacionales, que interviene en la gestión de la Reserva, parece no haber efectuado reparo alguno en las detonaciones y sus posibles impactos negativos, como así tampoco las autoridades provinciales -Secretaría de Ambiente, Policía Ambiental-. También es posible interrogarse sobre el origen judicial de la medida y la obligatoriedad de analizar los posibles impactos de su accionar. Al respecto cabe recordar que la normativa ambiental es obligatoria para toda autoridad del Estado y es el deber de estas preservar el ambiente, como así también aplicar las normas de presupuestos mínimos ambientales.  

En resumen, la Reserva de Calera posee funciones ecosistémicas fundamentales. Su flora regula los aportes pluviales, garantiza la recarga del río Suquía, impide el impacto de las lluvias en barrios periféricos, constituye un corredor verde entre el Parque Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Pampa de Achala, además de custodiar patrimonio arqueológico y un gran cúmulo de especies de flora y fauna (325 especies nativas, 7 amenazadas). No evaluar el potencial impacto ambiental de las detonaciones, no solo viola la normativa ambiental local, sino que pone en riesgo a las comunidades que habitan las cercanías y, sobre todo, afecta seriamente los servicios ambientales que la Reserva brinda.  

Por la importancia de este tipo de áreas, es prioritario que el Estado garantice la aplicación de la normativa vigente en materia ambiental. Además,  esta categoría de áreas protegidas debe  institucionalizarse mediante la sanción de una ley que delinee con exactitud el régimen aplicable y las restricciones en su utilización, para el logro eficiente de los objetivos de conservación, tal y como lo pretenden numerosos proyectos de ley con actual estado parlamentario en el Congreso de la Nación. 

 

Links de interés:

Convenio Marco de Cooperación

Protocolo de creación de la Reserva de Defensa La Calera

Contacto

Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org