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El desalojo en Molinari y las garantías del Acuerdo de Escazú

Les vecines que reclaman en contra del proyecto de la autovía de Punilla, según su testimonio, fueron desalojados de modo violento por el personal de la Policía de la Provincia del acampe que realizaban en las inmediaciones de Molinari.

Según expresaron, las fuerzas de seguridad llegaron al acampe en horas de la madrugada y les desalojaron de un modo ilegal, utilizando violencias y sin contar con una orden judicial. Allí, les vecines, defensores ambientales en los términos del art. 9 del Acuerdo de Escazú, protestaban de un modo pacífico. 

Este tipo de acciones que se oponen a la protesta pacífica por parte de las fuerzas de seguridad, atentan en contra de derechos fundamentales tales como el derecho de protesta, de asociación, de opinión y expresión, poniendo en riesgo la  integridad personal, protegidos por los instrumentos internacionales y por la Constitución Nacional. Además, constituyen una seria violación a las disposiciones especificas que incorpora el Acuerdo de Escazú. 

Recordemos que el Acuerdo es un tratado internacional que se encuentra en vigor en la República Argentina y cuyas disposiciones deben ser cumplidas y respetadas por todas las autoridades estatales, incluidas las fuerzas de seguridad y autoridades de los tres poderes estatales. 

El artículo 9 del tratado, obliga a estas autoridades a garantizar a les defensores ambientales un entorno seguro para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Por su parte las obliga a tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger y promover los derechos :

  • a la vida
  • a la integridad personal
  • a la libertad de reunión y asociación pacíficas
  • a circular libremente
  • a ejercer los derechos de acceso a la información, participación pública y a la justicia.

Asimismo, obliga a adoptar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar cualquier ataque, amenaza o intimidación. 

Estas medidas deben ser adoptadas por todas las autoridades, inclusive ante el accionar de las fuerzas de seguridad. En esa línea, se genera un deber específico y diferenciado en aquellas instituciones estatales que tienen como fin la protección de derechos fundamentales tales como las Defensorías del Pueblo, Defensoria de Niñes y Adolescentes, Senaf, Ministerio Público o dependencias judiciales. 

En ese marco, el sistema jurídico cuenta con algunos instrumentos para la protección específica de derechos. Así, el habeas corpus sirve para proteger a la persona de cualquier acto que amenace de modo inminente y serio la pérdida de su libertad física (sin que esto impida el accionar de las autoridades ante algún delito); o ante la efectiva privación de la libertad física, por ejemplo, ante casos de arrestos o detenciones arbitrarias e ilegales. 

Por otro lado, la acción de amparo permite proteger otros derechos constitucionales (huelga, protesta, libertad de reunión o asociación, etc) ante vulneraciones por parte del Estado o particulares. 

Por otro lado, existen procedimientos que pueden ser activados ante la violencia institucional tales como las denuncias por la comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad; denuncias ante la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, entre otras.

En este catálogo, se añaden las Comunicaciones ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Ante este órgano será posible (una vez que se encuentre conformado) presentar una comunicación ante la vulneración de algún derecho reconocido por Escazú, para que intervenga en el caso. 

Cuando estas herramientas son utilizadas, las autoridades deben prestar especial atención y dar respuestas acordes a los estándares que impone el Acuerdo de Escazú, más allá del deber de implementar acciones, políticas y reformas legislativas, que permitan garantizar el entorno seguro para les defensores ambientales de modo preventivo.

Desde Fundeps repudiamos cualquier tipo de violencia institucional como la que lamentablemente padecieron les vecines de Punilla -según su testimonio-. Estas prácticas deben ser prevenidas por las autoridades, garantizando su no repetición y un entorno seguro y pacífico para el ejercicio de derechos fundamentales en especial de quienes militan por la protección del ambiente. 

 

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

*Foto del diario La Nueva Mañana

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Nos presentamos como amigos del tribunal en la causa de Miranda Ruiz en Salta porque garantizar derechos no es delito

El Tribunal de Impugnación de Salta debe decidir sobre el sobreseimiento de Miranda Ruiz, la médica residente que se encuentra imputada por haber garantizado una interrupción del embarazo en el marco de la ley. Presentamos argumentos de derechos humanos para que sean tenidos en cuenta en el caso. 

Miranda Ruiz es una médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, que está imputada hace meses por cumplir con la Ley 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo. Su intervención se dio en el marco de la ley que autoriza la realización de esta práctica en casos en que esté en peligro la vida o la salud de la paciente. El procedimiento se realizó con la participación de un equipo interdisciplinario de salud y con la supervisión de las autoridades del Hospital, en cumplimiento estricto a lo indicado por el protocolo médico-administrativo establecido para esta práctica. 

A comienzos de febrero su defensa solicitó el sobreseimiento, el cual fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Distrito Judicial de Tartagal. Ese rechazo fue apelado y se encuentra pendiente resolución ante el Tribunal de Impugnación de Salta. 

En ese marco, como organización de la sociedad civil que trabaja por el acceso a los derechos humanos de las mujeres y diversidades, y fundamentalmente, por el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, presentamos una serie de argumentos para ser tenidos en cuenta por el Tribunal. 

Consideramos que la intervención de profesionales de la salud ante un requerimiento de Interrupción Voluntaria o Legal del Embarazo está regulado por la Ley 27610 y su correspondiente Protocolo, y que por lo tanto, actuar conforme a estos no es reprochable.  Además, expresamos nuestra preocupación frente a este caso, porque la criminalización de profesionales de la salud que brindan servicios de aborto profundiza el estigma sobre el aborto, perpetúa estereotipos de género, resiente la prestación del servicio y pone en peligro el acceso al derecho a la salud. En este sentido, creemos que les profesionales de la salud que garantizan abortos legales y seguros son defensores de derechos humanos que merecen especial protección y que debe garantizarseles un ambiente seguro de trabajo. Finalmente, consideramos que la acusación a Miranda se da en un contexto de judicialización de la Ley 27610 que deja en evidencia una actitud persecutoria y obstaculizadora del derecho al aborto. 

Solicitamos que el Tribunal de Impugnación salteño revise el caso a la luz de los principios que rigen en materia de derechos humanos y considerando el impacto que tiene esta causa en el acceso a un servicio de salud fundamental. En el marco de la presentación de este escrito, y del apoyo que venimos ofreciendo desde el primer momento en esta causa, este 12 de mayo acompañaremos las acciones a desarrollarse en Salta en apoyo a Miranda. 

Garantizar derechos no es delito. 

#SobreseimientoAMirandaYA

 

Imagen de portada: Jan Touzeau, El Tribuno

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

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¿Qué nos dejó el “Festival CORDOBA REPARA”?

El pasado domingo 24 de abril de 2022, en el marco del día de la Tierra, se llevó a cabo el Festival “Córdoba Repara” en la Isla Encantada del Parque Sarmiento y Fundeps fue parte a través de un stand con una propuesta interactiva y colaborativa con el público.

El evento organizado por la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Libre del Ambiente en conjunto con organizaciones ambientalistas de la ciudad, tuvo como objetivo generar conciencia sobre el cuidado del ambiente, la reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de residuos y objetos y el consumo de productos sostenibles hechos por emprendedores locales. Todo ello se manifestó a través de distintas actividades como espectáculos en vivo, espacios de diálogo, stands de organizaciones, puestos de comida vegana, vegetariana y agroecológica, recepción de reciclables, colecta de frazadas y abrigos para donar y un espacio dedicado exclusivamente al Club de Reparadores x Córdoba.

Nuestra propuesta consistió en construir de manera colectiva dos mapas, uno de la ciudad de Córdoba y otro de la provincia, donde las personas que circulaban señalaban qué problemáticas ambientales conocían ( o padecían). Del diálogo con cada una de las personas y de nuestros mapas surgieron problemáticas ambientales que se repiten por toda la ciudad y la provincia, y que además se reiteran a lo largo del tiempo. 

La comunidad que participó, en su mayoría vecines de distintos barrios y zonas de la ciudad, identificaron problemáticas muy similares, tales como la falta de recolección diferenciada de residuos, la existencia de basurales a cielo abierto por toda la ciudad y sobretodo en la zona de circunvalación, la falta o mal funcionamiento de cloacas y saneamiento en general, la contaminación del Río Suquía y de arroyos barriales, la contaminación producida por Porta Hermanos, la mal/carente planificación urbana, la existencia de barrios cordobeses sin agua potable, entre otras. Por su parte, quienes habitan las afueras de la ciudad u otras localidades tales como Mendiolaza, Villa Carlos Paz, Villa Allende, Río Ceballos, La Calera, Río Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, Juarez Celman, Punilla, Coronel Moldes, Bell Ville, entre otras, manifestaron que las principales problemáticas ambientales están relacionadas con los desmontes, fumigaciones con agroquímicos, explotación de canteras, la contaminación de los recursos hídricos, basurales a cielo abierto, incendios, inundaciones y los conflictos surgidos por las autovías de Punilla y Paravachasca.

A su vez, también surgió como preocupación la falta de participación ciudadana en los asuntos ambientales que se manifiesta en todas las problemáticas. También advirtieron las barreras existentes ya sea en el acceso a la información pública, el acceso a la justicia o en el proceso de toma de  decisiones. 

Pudimos observar y analizar que pese a la extensión y diversidad que tiene la ciudad y la provincia de Córdoba, las problemáticas ambientales son muy similares y se repiten en cada territorio, además, de que ninguna de ella es novedosa, todo lo contrario, se repiten y se van acentuando con el paso de los años. Por estos motivos, creemos que es necesario seguir trabajando para buscar alternativas a la forma de “desarrollo” que se viene llevando a cabo, a la vez que es imperioso y fundamental fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y que el Estado asuma un verdadero compromiso en ese sentido.

 

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Ananda Lavayen

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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org

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Red Global Cedaw: experiencias de construcción de informes sombras por organizaciones sociales feministas

El pasado martes 26 de abril participamos del tercer encuentro de la Red Global CEDAW donde compartimos experiencias sobre la elaboración de informes sombra.

Todos los Estados que firmaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) deben presentar informes periódicos ante su Comité para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con su firma y adhesión. Las organizaciones de la sociedad civil de cada país, según su experiencia y el trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, una suerte de informe alternativo y complementario a los presentados por los Estados parte para dar cuenta de la realidad de las mujeres que conocen de primera mano, a fin de que el Comité tenga las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales.

Atendiendo a la relevancia de la participación de las organizaciones en este proceso, fuimos convocadas a participar de las reuniones de la Red Global CEDAW, organizada por Gloria Ramírez, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. El objetivo de dicha Red es crear un espacio de convergencia, diálogo y discusión en torno a las experiencias de elaboración y participación en la conformación de informes CEDAW.

Desde nuestra experiencia presentamos y compartimos el proceso de elaboración  de tres informes para la CEDAW, todos en el marco de la sesión 65° de la Convención: Control del tabaco en Argentina: tareas pendientes para proteger la salud de las mujeres; Violencia de género y políticas públicas de comunicación y Acceso a los recursos naturales de las mujeres rurales en la región del Gran Chaco Argentino.

Escuchamos aportes tanto de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM como de organizaciones de la sociedad civil de Ecuador, Guatemala, Uruguay y Colombia. 

A lo largo del encuentro compartimos experiencias por países en cuanto a los desafíos de cada región, así como de la implementación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del país. Se exploró la posibilidad de convenios de colaboración con la Cátedra y ahondamos sobre los avances y retos en referencia a las violencias de géneros en cada país.

En este marco, junto a la Red Global y las organizaciones que la conforman, seguiremos trabajando para sostener la cooperación en el monitoreo de la implementación de los compromisos asumidos por los Estados parte de la CEDAW, la elaboración de informes sombra y la exploración y desarrollo de estrategias de incidencia para colaborar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y diversidades y disidencias sexo genéricas. 

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

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Cooperativismo y Organización laboral en la Universidad Provincial de Córdoba

Dimos inicio al curso de Cooperativismo y Organización Laboral en el marco de la Diplomatura Textil en la UPC (Universidad Provincial de Córdoba).

El pasado martes se llevó a cabo el primer encuentro del taller sobre “Coopertativismo y Organización Laboral” que busca habilitar debates en torno a las lógicas de las organizaciones laborales. Junto a la UPC se dictó el primer módulo donde a lo largo de la jornada se expusieron temas para re pensar la economía y reivindicar la identidad de las personas trabajadoras de la Economía Social y Solidaria, Popular y Feminista. 

La Diplomatura en «Procesos Colaborativos de Producción Textil» es una instancia de aprendizaje, comunicación y colaboración para todas las personas con interés en involucrarse en los saberes textiles desde una perspectiva crítica y cooperativa propuesta en coordinación con la Red de Productores Textiles de la Provincia de Córdoba.

Esta iniciativa de formación se propone orientar a las personas involucradas hacia un vínculo social y sustentable con la profesión y el oficio, brindándoles herramientas para su concreción y motivándoles a reflexionar acerca de sus prácticas.

Desde la experiencia de trabajo de las organizaciones, conversamos sobre las problemáticas que se presentan a la hora de sostener espacios de organización autogestiva, como así también, las estrategias usadas por las diferentes organizaciones para hacer frente a la crisis socio económica. 

A lo largo de las jornadas se trabajarán temas afines a la organización laboral tales como: herramientas administrativas y jurídicas, aspectos tributarios y más.

Las inscripciones siguen abiertas en el siguiente link: Inscripción a la Diplomatura en Procesos Colaborativos de Producción Textil

 

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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org 

 

*Foto del sitio web Fashion Network

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Los resultados concretos de la COP 1 del Acuerdo de Escazú

Durante los días 19 a 22 de abril, en la sede de la CEPAL, Santiago de Chile, se celebró la primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1). Allí se reunieron los Estados Parte a fin de diseñar y adoptar importantes reglas para la implementación de Escazú. 

La COP 1, contó con la participación de los Estados de latinoamérica y Caribe que hoy en día se encuentran obligados a su cumplimiento. Estos son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y la República de Argentina. 

Un punto destacable fue que la Conferencia no solo contó con la participación presencial de representantes del público, sino que las personas interesadas podían participar a través de internet o seguir su transmisión en vivo a través de YouTube. 

Durante la segunda jornada se trataron dos temas fundamentales en el camino hacia la implementación del tratado. En primer lugar, se discutió el proyecto de Reglas de Procedimiento de la Conferencia de las Partes. Además se debatió la modalidad para la participación significativa del público, según lo establecido por el artículo 15.4 del tratado.  

Aquí cabe destacar la incorporación de un mecanismo sencillo para seleccionar a representantes del público que podrán participar en la COP y que, conforme al proyecto provisorio, tendrían dos asientos habilitados en la mesa de la sala. Además, uno de les representantes, integrará la Mesa Directiva, órgano encargado de presidir las reuniones. 

En segundo lugar, se trataron las Reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (art. 18). Cabe destacar que de acuerdo al proyecto revisado (luego aprobado) el Comité constituye un órgano clave para el monitoreo en la implementación del Acuerdo de Escazú por parte de los Estados. 

Un punto clave en esta última reglamentación, es aquél que incorpora un mecanismo de Comunicación para el público ante cualquier incumplimiento por parte de los Estados. Esto constituye una herramienta fundamental pues permite exponer la violación del tratado, y tras un procedimiento interno, el Comité deberá adoptar las conclusiones y recomendaciones para la parte «denunciada», debiendo reportar luego el caso a la COP.

Finalmente, se trató un proyecto de decisión sobre las Defensoras y Defensores de los Derechos humanos en Asuntos Ambientales.  En torno a esta problemática que afecta seriamente a la región, la Conferencia proyectó un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores, para elaborar un plan de acción; y un foro para elaborar un informe final como insumo.

Si bien se atravesaron tensiones en torno al rol de la participación del público a partir de la postura de ciertos Estados, lo cierto es que las metas planteadas y las reglamentaciones aprobadas, cumplen con estándares adecuados e innovadores (aunque perfectibles) en relación a cualquier tratado hasta la fecha. Brinda herramientas de utilidad práctica cuya difusión y utilización debe ser promovida, aun cuando la participación de grupos de personas en situación de vulnerabilidad no haya sido realmente significativa. 

 

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

*Foto de Diario Perfil

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Firmá y exigí Chau Grasas Trans

El 12 de mayo termina la consulta pública donde se evalúa la propuesta
presentada por la sociedad civil para actualizar el Artículo 155 tris del Código
Alimentario Argentino, que regula la presencia de Grasas Trans en los
alimentos comercializados, y así reducir el contenido de las mismas y eliminar
los aceites parcialmente hidrogenados. Las organizaciones invitan a la
población a apoyar la propuesta.

Teniendo como objetivo proteger la salud de la población de todo el país, distintas organizaciones de la Sociedad Civil se agruparon para trabajar en una mejor regulación en materia de Grasas Trans. En este sentido, solicitan que se establezca un límite máximo del contenido de grasas trans de producción industrial del 2% respecto a las grasas totales en todos los productos, incluídos aquellos que son utilizados como ingredientes y/o materiales primas, y que se prohíba el uso de los aceites parcialmente hidrogenados.

Esta propuesta está actualmente, y hasta el 12 de mayo, en consulta pública y se espera que, a partir de la participación de la ciudadanía, sea aprobada por la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Se trata de una propuesta que pasó a Consulta Pública luego de las reuniones de la CONAL del 13 y 14 de marzo de este año. En este marco, desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN), la Fundación Interamericana del Corazón (FIC Arg.), la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) se invita a toda la comunidad a participar del proceso de Consulta Pública a través de la firma de una carta de apoyo a la propuesta. De esta manera, la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en esta instancia de discusión sobre una política de salud pública.

Estas grasas se encuentran en productos como galletitas, snacks, baños de repostería, entre otros productos ultraprocesados, así como también en productos de panadería. La evidencia científica establece que este tipo de grasas no son esenciales, no se requieren para ninguna función biológica en el organismo y no tienen ningún beneficio para la salud. Por lo tanto, los estándares internacionales recomiendan que su consumo se elimine de la dieta mundial.

La Consulta Pública se desarrolla hasta el 12/5 y toda la comunidad puede participar. Para hacerlo, solo hay que acceder a www.chaugrasastrans.org y firmar la carta.

 

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Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org

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Nos presentamos como amigos del tribunal en la causa de una médica que fue hostigada por redes sociales

Este lunes 25 de abril presentamos argumentos en el expediente que tramita en el Poder Judicial de la provincia de Salta tras una denuncia por violencia de género mediática y simbólica contra una médica del Hospital Materno Infantil.

Una médica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta fue hostigada a través de redes sociales y en medios de comunicación a partir de publicaciones y mensajes que la calificaron de “sicaria” y “asesina” por cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

A pesar de haberlo denunciado el 30 de marzo, no se adoptaron aún las medidas precautorias solicitadas en la demanda en contra de los agresores, que consistían en la baja de estas publicaciones. La vigencia de este tipo de mensajes negativos es preocupante, porque se usan para amedrentar, disuadir e intimidar no solo a la médica en cuestión, sino a todes les trabajadores de la salud que garantizan el acceso al aborto, lo que trae como consecuencia una afectación en una política pública sanitaria. 

Por eso, y considerando que se trata de un asunto de interés público y de trascendencia colectiva, presentamos un escrito con argumentos de hecho y de derecho para que sean considerados a la hora de resolver el caso de violencia mediática y simbólica que padece la médica en tanto profesional de la salud que garantiza el acceso a una práctica legal reconocida por la ley 27.610. 

Los hechos denunciados constituyen hechos de violencia mediática y simbólica conforme a las disposiciones de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (ley 26.485). Estos tipos de violencia se configuran cuando se presentan ideas fuertemente estereotipadas que refuerzan “valores”, conceptos o preconceptos negativos sobre el rol y la forma de actuar de las mujeres, en oposición a la de los varones. Los estereotipos son representaciones que asignan características y valores a cada género. Pueden ser generalizaciones, ideas simplificadas, distorsiones, descripciones parciales sobre las características de unas y otros. 

Consideramos que con mensajes como los denunciados se refuerzan estereotipos y se profundiza el estigma relacionado con el aborto, que asocia atributos o connotaciones negativas a todo lo vinculado con el tema. Esta estigmatización de los servicios de aborto pone en peligro la propia prestación de los servicios, ya que puede predisponer a que otres profesionales de la salud se abstengan de realizar estas prácticas por miedo a recibir el mismo tipo de amedrentamientos.  

Entendemos que quienes facilitan el ejercicio de derechos de las mujeres y personas gestantes a pesar de este estigma y del consecuente costo social deben ser consideradas como garantes de derechos. En el ámbito internacional, las personas que prestan servicios de aborto seguro son reconocidas como defensoras de derechos humanos al ser quienes garantizan el libre ejercicio que tienen las mujeres y personas gestantes de decidir sobre su cuerpo. Por lo tanto, es necesario erradicar cualquier conducta que alimente el estigma del que son víctimas. 

 

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Mayca Balaguer – maycabalaguer@fundeps.org

 

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Intercambiamos sobre aprendizajes en Justicia Ambiental

Convocadas por la Red de Empoderamiento Jurídico, numerosas ONG de Latinoamérica participamos de un encuentro en la ciudad de Santiago de Chile. 

Durante la primera semana de abril se llevó a cabo un evento que buscaba el intercambio de aprendizajes en asuntos de Acceso a la Justicia Ambiental. Junto con organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, participamos de jornadas que abordaron temáticas vinculadas al empoderamiento de las comunidades, el acceso a la información ambiental, a la participación pública y la justicia ambiental. 

Desde la experiencia de trabajo de las organizaciones, conversamos sobre las problemáticas que todo el continente atraviesa en los temas trabajados, como así también las diversas estrategias de abordaje e incidencia. Aun con las diferentes realidades observadas, se dejó entrever el patrón común que atraviesa a los Estados latinoamericanos en torno a las barreras de acceso a la información, participación pública y a la justicia ambiental; como así también las amenazas con las que deben enfrentarse les defensores ambientales. . 

En una de las jornadas participaron integrantes de la CEPAL y encargadas de la implementación del Acuerdo de Escazú. Compartieron su visión sobre el tratado y las posibles reglamentaciones de cara a la primera Conferencia de las Partes. 

A lo largo de las jornadas, se recogieron los diferentes aportes y experiencias para orientar el trabajo conjunto de quienes integran la Red de Empoderamiento Jurídico. Sin dudas, una experiencia significativa en pos de garantizar el acceso a la justicia ambiental en toda la región. 

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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org

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2021, otro año defendiendo los derechos humanos

Presentamos el Anuario 2021, una síntesis del trabajo que realizamos desde Fundeps en un año desafiante, con grandes luchas y logros en pos de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

Durante el 2021 investigamos, debatimos, propusimos, trabajamos, y participamos de victorias históricas para los derechos humanos. Actividades que se reflejan en esta nueva edición del anuario, que comienza con una recopilación de nuestras acciones en números y los principales hitos que alcanzamos.

Además, compartimos un resumen de las actividades realizadas en las agendas de nuestras 5 áreas: Ambiente, Democracia, Géneros y Diversidad Sexual, Gobernabilidad Global y Salud.

El 2021 también fue un año en el que impulsamos nuestro crecimiento institucional y participamos de diferentes actividades y encuentros para repensarnos. En este marco, presentamos nuestra misión y visión renovadas y los valores presentes en cada una de nuestras iniciativas.

Creemos que la acción colectiva es el camino para transformar la realidad. Por eso, queremos agradecerle a todo nuestro equipo, organizaciones amigas y donantes, y a quienes nos apoyan día a día para seguir defendiendo los derechos humanos.

VER ANUARIO 2021

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Desafíos en la implementación del aborto: se realizó el Encuentro de la Alianza Nacional de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres

El pasado 8 y 9 de abril se reunieron en Córdoba capital integrantes de la Alianza Nacional de Abogados y Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres provenientes de todo el país.

Más de 50 abogadas de distintos puntos del país se reunieron el fin de semana pasado para dialogar sobre los desafíos en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y diseñar estrategias legales para superarlos.

Dentro de los desafíos encontrados en el acceso a los derechos que reconoce la Ley 27.610, a más de un año de su sanción, se destacaron la falta de conocimiento sobre la ley en la comunidad, las barreras geográficas y económicas para el acceso, la falta de disponibilidad de centros de salud, la obstaculización por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga, la obstrucción derivada del abuso de la figura de la objeción de conciencia y la indebida judicialización del acceso al aborto. Se manifestó una especial preocupación por la criminalización a la médica Miranda Ruiz en la provincia de Salta, por lo cual se acordó articular estrategias para apoyar el pedido de su sobreseimiento.

El encuentro, motorizado por abogadas de organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza (Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Fundación MxM) permitió el intercambio de experiencias locales y el fortalecimiento de redes para la defensa de los derechos desde una perspectiva feminista.

La Alianza es un espacio intergeneracional y federal creado en 2011 y conformado por 300 profesionales del derecho de 20 provincias. Es una articulación que permite el intercambio entre quienes ejercen el Derecho desde diversos ámbitos y para una sociedad más equitativa e igualitaria.

Con las energías renovadas gracias al reencuentro, se consensuaron y articularon líneas de acción para seguir exigiendo la efectiva aplicación de la ley en todo el país y en red.

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¿Argentina está más cerca de decir #ChauGrasasTrans?

El pasado 14 y 15 de marzo, la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), llevó a cabo su reunión ordinaria N° 144. Allí, entre otros temas, trabajó en la mejora de la regulación de grasas trans a partir de las propuestas presentadas por la sociedad civil y el Ministerio de Salud.

La CONAL, en su primera reunión del 2022, volvió a poner nuevamente en agenda la actualización del art. 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA), referido al porcentaje máximo de grasas trans permitido en productos alimenticios. Para esto, se valió de dos propuestas: una que presentamos organizaciones de la sociedad civil en septiembre de 2021 y otra, por el Ministerio de Salud de la Nación, cuya presentación tuvo lugar este año. 

Ambas propuestas plantean:

  • Establecer un límite máximo del 2% de grasas trans de producción industrial sobre las grasas totales en TODOS los productos alimenticios. Incluyendo los utilizados como ingredientes y/o materias primas.
  • Prohibir el uso del aceite parcialmente hidrogenado (fuente principal de los ácidos grasos trans).

Es importante resaltar que estas propuestas están alineadas con los mejores estándares de protección de la salud pública, así como con las recomendaciones de los organismos internacionales expertos. 

 

Lo que se viene

De acuerdo al acta emitida tras la última reunión de la CONAL, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tiene el deber de elaborar el denominado “proyecto de resolución conjunta” (PRC). Este proyecto es un documento, donde tomando en cuenta tanto la propuesta de la sociedad civil como la del Ministerio, constará la efectiva propuesta de modificación del art. 155 tris. 

Luego de su elaboración, el PRC deberá ser enviado por un plazo de 20 días corridos a la totalidad de representantes de la CONAL y en caso de no recibir comentarios sustanciales, deberá girarse en simultáneo a CONASE -Consejo Asesor- y a Consulta Pública -etapa abierta a la comunidad-, por un plazo no mayor a 30 días corridos. 

Sin embargo, ni las declaraciones vertidas por integrantes de CONASE o las que pudiesen llegar a surgir en el marco de la consulta pública, son de carácter vinculante. Es decir que la CONAL no está obligada a seguir las posiciones que resulten de ambas instancias, pero sí serán un insumo importante a valorar por la Comisión a la hora de modificar el Código Alimentario. 

Posteriormente, tendrá lugar una nueva reunión de la CONAL y de resultar aprobada la propuesta de modificación, pasará a trámite administrativo para que se emita la resolución conjunta entre el Secretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Secretario del Ministerio de Salud, adquiriendo así su carácter y rigor de norma tras ser publicada en el Boletín Oficial.

 

¿Por qué es importante que la sociedad civil participe?

La participación será clave para impulsar el avance de la propuesta, así como para contrarrestar la posible interferencia de la industria alimentaria. En términos generales, las discusiones suscitadas en el ámbito de la CONAL, dado su esquema institucional y de funcionamiento, son a puertas cerradas y bastante alejadas de la participación ciudadana. Por eso, es trascendental que las organizaciones de la sociedad civil comencemos a tomar participación en este espacio, acercando la perspectiva de salud pública, de derechos humanos y, por sobre todo, de prevención de enfermedades no transmisibles. 

Argentina se encuentra atrasada en materia de políticas de grasas trans, por lo que es necesario redirigir nuevamente esfuerzos para asegurar el derecho a la salud de la ciudadanía.

¡Cada vez estamos más cerca de decir #ChauGrasasTrans!

 

Más imformación:

Presentamos una propuesta para eliminar las grasas trans en Argentina

Contacto:

Maga Merlo Vijarra, magamerlov@fundeps.org