,

La sociedad civil presenta recomendaciones al G20 en la Cumbre del Civil-20

Participamos en la Cumbre del C20, que se realizó los días 6 y 7 de Agosto en la ciudad de Buenos Aires y donde se presentó el comunicado final del C20, con recomendaciones para los líderes de los países del G20.

El Civil 20 (C20) es uno de los siete Engagement Groups o Grupos de Afinidad del Grupo de los 20 (G20) y constituye un ámbito en el que la sociedad civil de distintas partes del mundo puede contribuir a las discusiones y debates que se dan en el marco del G20, buscando incidir en las decisiones adoptadas por dicho foro. En los últimos años el C20 adoptó como modalidad de trabajo, la división en diferentes grupos de trabajo específicos, desde los cuales se abordan distintas temáticas en profundidad y se elaboran documentos de alto nivel que luego son presentados ante el G20. El resultado final de todo el trabajo del C20 se refleja en un comunicado final, el cuál es entregado al G20, cuya Cumbre de Líderes tendrá lugar el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires.

Fundeps es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructura del C20, por lo que hemos participado activamente en la coordinación de las discusiones y debates del grupo, tanto a nivel virtual como presencial; y en la elaboración del policy  paper del grupo, que se incorporó al documento de recomendaciones final del C20. A su vez, el 6 y 7 de Agosto pasados participamos de la Cumbre del C20 en la ciudad de Buenos Aires, donde se presentó el documento con recomendaciones de políticas de los grupos de trabajo, el cuál fue además entregado al Presidente Mauricio Macri durante su participación en la apertura del evento.

El documento resume las recomendaciones para los líderes de los países del G20 de cada uno de los 8 Grupos de Trabajo del C20: 1) Anticorrupción 2) Arquitectura del Sistema Financiero Internacional 3) Educación, Empleo e Inclusión 4) Medioambiente, Clima y Energía 5) Género 6) Inversión e Infraestructura 7) Local2Global 8) Salud Global.

En el caso del grupo de trabajo que coordinamos (Inversión e Infraestructura), el Policy Paper recoge los principales planteos y recomendaciones de los dos sub-grupos temáticos en los que se dividió el trabajo: Financiamiento de Infraestructura y Conducta Empresarial Responsable. En particular, plantea una serie de 12 recomendaciones, entre las que destacan:

  • Promover las herramientas transparentes e imparciales necesarias para evaluar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para un determinado proyecto.
  • Adoptar y promover un conjunto de criterios para la infraestructura sustentable y de calidad que permita asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Las decisiones sobre los proyectos deben ser guiadas por estrategias y prioridades de desarrollo nacional, y adoptadas a través de procesos participativos para identificar, mitigar y manejar los impactos ambientales y sociales de los proyectos.
  • Las guías sobre disposiciones contractuales para las Asociaciones Público-Privadas (APPs) deben tener en cuenta consideraciones de política pública y no deben favorecer los intereses de los inversores privados por sobre las autoridades contratantes.
  • Promover mejoras radicales en la trasparencia y rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura, ya sean con fondos públicos o privados.
  • Implementar y complementar los estándares que establecen la conducta empresarial responsable;
  • Asegurar una participación significativa en las decisiones sobre inversiones, garantizando el acceso a la información y la participación de las comunidades en los proyectos, desde su diseño, de acuerdo a sus propios tiempos y prioridades, defendiendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado; y protegiendo a los defensores de derechos humanos y a los informantes.
  • Garantizar el acceso a la remediación efectiva para comunidades impactadas por las actividades empresariales, fortaleciendo mecanismos judiciales y no judiciales y acorde a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las directrices OCDE para empresas multinacionales.

Tras dos días de debates y exposiciones por parte de representantes del C20 y otros grupos de afinidad, la Cumbre del C20 cerró haciéndo eco del compromiso del propio presidente Mauricio Macri, quién manifestó que la presidencia argentina del C20 pondría a la gente en el centro de sus políticas. Sin embargo, tal como expresa el comunicado final del C20, “los discursos no resultan suficientes, se requiere compromiso genuino a través de la acción”.

La Cumbre de líderes del G-20 se realizará a fines de Noviembre en Bueno Aires y hasta entonces, será responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil que participaron de este proceso llevar éstas recomendaciones y reclamos no sólo al resto de la sociedad civil interesada; sino también a los comunidades afectadas y a los representantes gubernamentales y líderes políticos no sólo de los países que conforman el G20, sino de todo el mundo. En ese sentido, durante los próximos cuatro meses continuaremos coordinando el grupo de Inversión e Infraestructura, buscando llevar las recomendaciones reflejadas en el policy paper del grupo a la mayor cantidad de actores posibles.

Más información:

Policy Pack: Recomendaciones del C20 al G20 de 2018

Documento del sub-grupo sobre Financiamiento de Infraestructura

Documento del sub-grupo sobre Conducta Empresarial Responsable

Página oficial del G-20

Página Oficial del C20

El C20 entregó sus recomendaciones a Mauricio Macri – G20 – 06/10/2018

La sociedad civil se reunió en el C20 – FUNDEPS – 17/04/2018

Contacto:

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

, ,

La CLAS presentó un reporte ante la CIDH sobre DD.HH. y empresas

El reporte elaborado por la Coalición Latinoamericana Saludable (CLAS) fue presentado en el marco de una consulta pública que abrió la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de elaborar un informe temático sobre estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos.

El creciente número de casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por empresas ha impulsado el tratamiento de la problemática por parte de la comunidad internacional desde hace ya algunos años. En este contexto y en el marco del sistema interamericano, la CIDH se planteó recopilar información de diferentes actores/as interesados/as a los fines de elaborar un informe que considere la realidad regional, y que analice y sistematice las obligaciones y estándares interamericanos, para finalmente hacer recomendaciones en la materia.

El informe presentado por CLAS, una red que agrupa a alrededor de 300 organizaciones de Latinoamérica de la que FUNDEPS es parte, se enfoca específicamente en analizar la vinculación existente entre empresas y enfermedades crónicas no transmisibles (ENTs).

Así, en primer lugar, el informe proporciona información sobre el impacto de  dichas enfermedades en la región, con especial mención a la afectación de grupos vulnerables. En segundo lugar, se analiza el poder de influencia de empresas en el proceso de formulación de normas y políticas públicas, como obstáculo a la hora de adoptar, ejecutar y avanzar en políticas de salud para prevenir y reducir el impacto de las enfermedades crónicas no transmisibles. Al respecto, se citan como ejemplos los casos de la industria tabacalera, la industria de alimentos y la de bebidas alcohólicas.

El documento también advierte que la normativa vigente y planes de acción sancionados por los gobiernos se enfocan en la prevención de los factores de riesgo de dichas enfermedades, sin incluir una perspectiva más general sobre derechos humanos y empresas. Observa que sólo algunos países han avanzado levemente en este sentido, pese a que la evidencia internacional demuestra que las medidas más efectivas para disminuir el consumo de productos no saludables, son aquellas que controlan el accionar de las empresas que fabrican y promueven estos productos; especialmente en lo relacionado con las estrategias de marketing y promoción.

Más allá de los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para avanzar con legislaciones para la prevención de ENTs, la intervención de las empresas en el diseño e implementación de políticas públicas, como así también el lobby de la industria, constituyen un gran obstáculo para la efectiva aplicación de normas que prevengan a la población de las consecuencias en la salud del consumo de productos no saludables.

Actualmente, a nivel internacional existen instrumentos y mecanismos no vinculantes que tienen por objeto proteger los DDHH del accionar irresponsable de las empresas. Entre ellos se pueden mencionar: los Principios Rectores de Naciones Unidas (NU) sobre Empresas y DDHH, las directrices de la OCDE y el Grupo de Trabajo de NU sobre Empresas y DDHH. De igual manera, el trabajo de la CIDH se ha orientado a la búsqueda de la prevalencia de los derechos fundamentales frente al poder de las corporaciones; y es por ello, que este informe temático toma un carácter fundamental. En este marco, asimismo, en los últimos tres años, por iniciativa de algunos Estados, se ha comenzado a debatir la posibilidad de contar con un tratado internacional que efectivamente fuerce a las empresas a cumplir y garantizar el respeto de los DDHH. Consideramos que un instrumento con estas características reforzaría la normativa ya existente, a la vez que pondría fin a los abusos perpetrados.

Más información

Contacto

Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org

, ,

Preocupación e incertidumbre ante el avance de las obras del Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Las obras del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz muestran un avance del 90% y estiman que en 30 días ya estará en funcionamiento. Mientras, continúa la preocupación de los vecinos y vecinas de Malagueño que solicitan medidas concretas para que se efectivicen la recolección diferenciada de residuos así como las campañas de concientización.

El proyecto «Centro Ambiental de Villa Carlos Paz» se está desarrollando en un predio municipal ubicado en cercanía de la Ruta Nacional 20, que lo vincula con la ciudad de Córdoba, donde hoy está funcionando el actual basural a cielo abierto. Procesará la basura de más de 100.00 habitantes de la región que incluye a Villa Carlos Paz y localidades aledañas (Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj, Cuesta Blanca, Tala Huasi, Cabalango y Malagueño).

En Centro Ambiental está integrado por tres obras: un relleno sanitario para la disposición de los residuos sólidos urbanos, una planta de separación y tratamiento de lixiviados (liquido residual tóxico de la basura) y el cierre del basural a cielo abierto existente desde hace mas 50 años.

Las obras con una inversión total de 188.403.896 pesos, están siendo financiadas a través del Programa de Gestión Ambiental de Municipios Turísticos, que ejecuta el Ministerio de Turismo de la Nación con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y del Estado Nacional.

La construcción del Centro Ambiental inició a mediados del año 2017 y según expresó Horacio Pedrone, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental de la Municipalidad de Carlos Paz: «Pensamos que para el segundo semestre de este año, ya tendremos en funcionamiento el nuevo Centro Ambiental de tratamiento de los residuos sólidos urbanos».

Mientras las obras avanzan rápidamente y las autoridades de Carlos Paz anuncian que a fines de agosto se dará inicio a la recolección diferenciada de residuos en la ciudad, a cargo de la empresa Cotreco, en Malagueño reina la incertidumbre y la preocupación.

Al respecto,  se manifiesta que si bien la Municipalidad de Carlos Paz ha anunciado campañas de comunicación y concientización a la comunidad sobre cómo proceder a la hora de separar y recolectar la basura, aún no se observan medidas concretas. Las autoridades de Malagueño por su parte nada dicen al respecto, y teniendo en cuenta que el Centro Ambiental se inaugurará prontamente, los vecinos y vecinas de Villa San Nicolás (Malagueño) temen que el lugar se convierta en un nuevo basural.

El proyecto prevé que una vez finalizada la construcción del Centro Ambiental comenzarían las tareas de cierre definitivo del actual basural a cielo abierto solucionando una problemática que lleva 58 años. Hasta hace poco, incluso continuaban los focos de incendio en el mismo, afectando el humo y los gases tóxicos que emanan del basural al barrio San Nicolás y demás barrios cercanos a la autopista.

Además, durante los últimos meses de diciembre y enero, el basural estuvo ardiendo por más de 80 días, y por ello vecinos autoconvocados organizaron protestas pidiendo que se declare la emergencia ambiental a raíz de la toxicidad que genera el humo de la basura en combustión.

En definitiva, el daño ambiental afecta el aire que respiran los vecinos y vecinas, y debido a las lluvias – que aumentan durante el verano y épocas de turismo -, las cenizas terminan en el dique San Roque que abastece de agua al 70% de la ciudad de Córdoba.

Desde FUNDEPS seguimos este proceso y acompañamos a la comunidad de Villa San Nicolás para que se asegure el respeto de sus derechos a un ambiente sano, a la salud y el acceso a la información y participación ciudadana. Asimismo, y como venimos manifestando desde hace un tiempo, consideramos cuestionable la localización del Centro Ambiental al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua.

Mas información

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/6/14/en-agosto-comenzaria-la-recoleccion-diferenciada-de-residuos-52986.html

http://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/sociedad/2018/5/15/asi-es-el-centro-ambiental-donde-se-procesara-la-basura-de-punilla-51764.html

https://lmdiario.com.ar/noticia/43262/malagueno-denuncian-problemas-respiratorios-por-los-incendios-del-basural

Contacto

María Pérez Alsina – mariaperezalsina@fundeps.org

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

,

BID Invest llama a consulta pública por una nueva Política de Acceso a la Información Pública

El brazo privado del BID inició el proceso de consulta pública de su Política de Acceso a la Información, el cuál se extenderá por 120 días y contempla consultas virtuales y presenciales. Esta política resulta clave para poder acceder a información acerca de los proyectos financiados por la Institución, que está ampliando sustancialmente su cartera de proyectos en Argentina y Latinoamérica.

BID Invest (previamente denominada Corporación Interamericana de Inversiones) es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encarga de financiar y asesorar empresas y proyectos sostenibles del sector privado que provengan y se desarrollen en los países de América Latina y el Caribe. Cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.

Actualmente, BID Invest se encuentra actualizando una de sus políticas operativas. Para ello, se ha preparado un borrador de la nueva Política de Acceso a la Información, que reemplazará a su actual Política de Disponibilidad de Información (vigente desde el 2005) en el 2019. Es en torno a dicho borrador (que se encuentra disponible en la página web de BID Invest) que se realizará la consulta pública, abierta a toda la sociedad civil internacional. El borrador se abrió a consulta el pasado 23 de mayo y recibirá comentarios por un plazo de 120 días.

A su vez, la consulta incluirá diálogos virtuales y presenciales. La consulta virtual estará disponible a través de la página web de BID Invest, y las consultas presenciales se llevarán a cabo mediante reuniones  (cuyas fechas están aún por confirmar) en diversos países de América Latina y el Caribe, además de en Washington D.C., donde el organismo tiene su sede.

Desde FUNDEPS participaremos de este proceso de consulta pública, revisando el borrador y enviando  comentarios al Banco, para así asegurar que esta nueva política se enmarque en un verdadero compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus actividades y permita fortalecer su gobernanza y responsabilidad.

Más información

Autora

Agustina Palencia

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

,

El MICI busca fortalecer su marco institucional

Durante el mes de abril, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó nuevas directrices para la mejora en su Fase de Consulta. Se trató de un proceso participativo que involucró a diferentes organizaciones de la sociedad civil en la revisión del primer borrador.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es la entidad encargada de receptar quejas respecto de cualquier proyecto financiado por el Grupo BID. En este sentido, cualquier agrupación de dos o más personas que se viese afectada por un proyecto financiado por estas instituciones, puede acudir al mecanismo en busca de una solución. Cabe destacar que las quejas remitidas deben versar sobre el incumplimiento de las políticas operativas del banco y no sobre otras normas nacionales y/o internacionales.

A los fines de llevar a cabo su tarea, el MICI dispone de dos funciones o fases: (a) Verificación de la Observancia y (b) Consulta. Quien presenta la queja puede elegir utilizar una de las funciones o ambas. La Verificación de la Observancia es llevada adelante por el MICI exclusivamente y se trata de una investigación respecto de la violación de alguna de las políticas operativas del banco. La Consulta, involucra tanto a quienes presentan la queja como a la parte que ha tomado el préstamo. Esta última función se trata de un proceso similar a una mediación y su objetivo es lograr el consenso entre las partes involucradas para llegar una solución.

Sobre esta segunda fase, el MICI elaboró un documento para uso interno que pretende mejorar el proceso de queja para quienes deciden utilizar esta función del mecanismo. A este respecto, cabe mencionar que esta función debe atender específicamente a las necesidades de las partes involucradas y al contexto de la queja. En estas nuevas directrices se puso especial atención a las comunidades afectadas que presentan la queja, como así también a los riesgos y peligros en los que se pueden ver envueltas. Esto cobra una especial importancia siendo que los últimos años han dejado en claro que los defensores y defensoras de DDHH viven en una situación de constante peligro.

En este sentido, la presentación de una queja ante el MICI puede tornarse en algo que puede poner en riesgo la vida y/o seguridad de quienes acuden al mecanismo. Las nuevas directrices tratan de abordar este tema sosteniendo que el MICI debe actuar frente a las situaciones de imbalances de poder, y al mismo tiempo lograr que el proceso de mediación sea adecuado a las necesidades de las partes. Dentro de esta lógica, las directrices proponen abordar la fase de consulta atendiendo a seis (6) principios importantísimos: (a) el Co-Diseño de los procesos, (b) la Acción sin Daño, (c) la Buena Fe, (d) la Voluntariedad, (e) la Sostenibilidad y (f) la Atención a las Simetrías.

De lo último se sigue que el afán de delinear estas reglas tiene como objetivo mejorar de manera considerable el proceso de queja, al mismo tiempo que robustece la política general del MICI. Consideramos que este es un paso fundamental en la adopción de mejores estándares que garanticen la rendición de cuentas de las instituciones financieras y el acceso a un remedio efectivo por parte de las comunidades afectadas. De igual forma, aplaudimos que la adopción de estas directrices se haya hecho en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Eso dejó en claro que el MICI está dispuesto a recibir el feedback de aquellos que se posicionan como usuarios del mecanismo y que han sido capaces de vislumbrar las falencias que los procesos pueden llegar a tener.

Más información

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

,

La sociedad civil se reunió en el C20

Estuvimos participando de la reunión del C20, grupo de afinidad de sociedad civil para el proceso de G20. En la misma, coordinamos las discusiones del grupo de trabajo de inversión e infraestructura, y participamos de reuniones con autoridades.

Con motivo de la presidencia Argentina del G20 -foro que nuclea a los gobiernos de las 20 economías más grandes del mundo-, se llevó adelante en Buenos Aires el 4 y 5 de Abril la reunión del grupo de sociedad civil, denominado C20. El mismo se organiza en 8 grupos de trabajo que abordan las siguientes agendas: anticorrupción; arquitectura del sistema financiero internacional; educación, empleo e inclusión; medioambiente, clima y energía; género; local global; salud global; e inversión e infraestructura.

Dentro del grupo de trabajo de inversión e infraestructura, la discusión se orientó a elaborar recomendaciones para los gobiernos del G20, especialmente para el gobierno argentino por estar liderando el foro durante 2018. Así, se debatieron temas concernientes a las inversiones responsables, con un foco en el impacto de la actividad empresarial en los derechos humanos, y diferentes aristas relativas a los proyectos de infraestructura -financiera, ambiental, rendición de cuentas, participación, entre otras-. Dichos debates comenzaron en marzo, mediante el foro online del grupo de trabajo, y continuarán por la misma vía para la elaboración de las conclusiones como grupo.

Asimismo, durante el segundo día, participamos de una reunión con Matías Mondino, Director de Infraestructura del Ministerio de Hacienda y representante frente al grupo de infraestructura del G20. Durante la reunión, además de conocer sobre la agenda del gobierno para su presidencia del G20 en materia de inversiones, se expresaron las preocupaciones de las organizaciones presentes al respecto las inversiones en infraestructura y las asociaciones público privadas.

El resultado de las discusiones desarrolladas durante los dos días, será plasmado en un documento de trabajo que se presentará en la cumbre del C20 a realizarse el 6 y 7 de agosto en Buenos Aires. Se espera que las recomendaciones hechas por la sociedad civil sean tomadas por los gobiernos y plasmadas dentro de los compromisos del G20. El proceso de C20 tiene como finalidad promover políticas económicas y financieras que estén atentas a los deberes de los Estados en materia de derechos humanos, incluyendo también en su agenda a la transparencia y la rendición de cuentas.

Más información

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

,

Curso virtual defensa del territorio: Herramientas del marco de derecho internacional y de la normativa de las IFIS

El curso virtual se desarrollará durante todos los miércoles de mayo; es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

Durante los últimos años los actores que financian proyectos extractivos y de infraestructura en la región de América Latina y el Caribe (ALC) se han diversificado, resultando en un entramado financiero más complejo. En este sentido, buena parte de los proyectos presentes en la región son co-financiados por distintos actores. En muchos casos un porcentaje del financiamiento total de los proyectos puede provenir de instituciones financieras privadas, la banca de desarrollo, bancos regionales o estatales.

En ALC, además de la banca tradicional (Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) la presencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) han tenido una presencia importante. Sin embargo, durante la pasada década la banca china ha cobrado relevancia, durante 2016 los dos principales bancos de desarrollo de este país tuvieron montos récord hacia la región como tercer año consecutivo. Estas instituciones financieras internacionales (IFIs) tienen sus propios marcos ambientales, sociales y de acceso a la información, por lo que, al momento de delinear una estrategia de defensa del territorio, resulta útil incorporar estas herramientas. Lo anterior complementario a los marcos normativos de derecho internacional y nacional que deben prevalecer. El curso virtual pretende profundizar en estos temas.

 

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los conocimientos de las y los participantes relativos a las herramientas para la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Comprender los principales marcos normativos del derecho internacional relacionados con la defensa del territorio

Comprender los marcos normativos ambientales, sociales y de acceso a la información de las principales IFIs presentes en la región.

Propiciar un espacio que favorezca el intercambio de experiencias y estrategias para la defensa del territorio frente al avance de proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

Miércoles de mayo: 2, 9, 16, 23 y 30

9 a 10.30: Guatemala

10 a 11.30:  Colombia / México / Perú

11 a 12.30:  Bolivia

12 a 13.30:  Argentina / Brasil

El curso es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

INSCRIPCIONES AQUÍ

Mayores informes: cursogrefi@fundar.org.mx

,

Presentamos comentarios al borrador del tratado de empresas y derechos humanos

El pasado 28 de febrero, presentamos ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) un reporte con comentarios al borrador de ‘Elementos’ para el tratado vinculante de empresas y derechos humanos.

En el 2017, durante la tercera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental para el Tratado Vinculante de Empresas y Derechos Humanos, se presentó un borrador de elementos a ser incluidos en el instrumento jurídicamente vinculante. Dicho documento tenía como objetivo reflejar los aportes realizados por los Estados y otras partes relevantes en el marco de las primeras dos sesiones. Éstas, estuvieron dedicadas al desarrollo de deliberaciones constructivas sobre el contenido, alcance, naturaleza y forma del futuro instrumento internacional. Una vez finalizada la tercera sesión, se convocó a que tanto los Estados como otras partes interesadas, presentasen comentarios sobre el borrador anteriormente mencionado.

Convencidos que este proceso debe seguir adelante para concretar el acuerdo jurídicamente vinculante, se presentó un informe con comentarios y propuestas para el texto del tratado. Dentro de los puntos más importantes resaltados, se pidió que se tomara como referencia el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, ya que es un ejemplo acerca de cómo la normativa internacional puede lidiar con los impactos de las empresas transnacionales en los DD.HH. Asimismo, tomando de referencia el mismo instrumento, se destacó la necesidad de reafirmar ciertos principios: (1) la protección del espacio de toma de decisiones públicas, (2) el principio de progresividad en el cumplimiento de los DD.HH y (3) el principio precautorio ambiental. Estos puntos enumerados, se tornan de vital importancia, en el sentido que refieren a la protección de los DD.HH previo a la generación de cualquier daño.

Con referencia a los actores involucrados, se pidió que se incluya en el texto a los Bancos Multilaterales de Desarrollo. Ésto, teniendo en consideración que este tipo de instituciones, tradicionalmente se han visto eximidas del cumplimiento de la normativa internacional, alegando que sus cartas constitutivas no las fuerzan a considerar obligaciones de DD.HH al momento de llevar adelante sus actividades.

En relación a las obligaciones de los Estados, se el informe presentado por FUNDEPS destacó:

  1. La necesidad de asegurar transparencia en las interacciones con las empresas transnacionales con representantes de los Estado.
  2. El establecimiento de mecanismos para impedir situaciones de conflicto de interés.
  3. La necesidad de protección de defensores y defensoras de DD.HH.
  4. La inclusión de evaluaciones de impacto en derechos humanos, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.  

Consideramos de especial relevancia que este proceso avance conforme al mandato otorgado al Grupo Intergubernamental. Un instrumento jurídicamente vinculante en esta materia es necesario para poder garantizar de manera efectiva y completa el respeto por los DD.HH. En un escenario de globalización y transnacionalización de las actividades financieras y comerciales, la legislación nacional no alcanza para hacer cumplir la responsabilidad de proteger para con los DD.HH. En este sentido, las empresas multinacionales deben rendir cuentas sobre sus actividades y operaciones; y para ello, es necesario contar con un instrumento de este calibre.

Más información

Autora

Agustina Palencia

Contacto

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

,

Oportunidad rentada: Encargada/o de Programa y Comunicación

La Coalición por los Derechos Humanos en Desarrollo está realizando una convocatoria para cubrir el puesto de Encargada/o de Programa y Comunicación, bajo la supervisión de FUNDEPS. Esta posición es de tiempo completo y tendrá como responsabilidad prestar apoyo a la coordinación y a las actividades de incidencia de la Coalición, a la vez que deberá coordinar la comunicación institucional de la Coalición.

Para este puesto, buscamos a una persona de Comunicación, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Abogacía o carreras afines que tenga experiencia en el ámbito de los derechos humanos y en comunicación institucional. La persona deberá tener excelente dominio oral y escrito del inglés ya que las comunicaciones con la Coalición se realizan en dicho idioma.

El puesto tendrá un contrato con FUNDEPS y la Coalición por un año de duración, comenzando en abril del corriente año, y con posibilidades de renovarse luego, con honorarios fijados por la Coalición.

Quienes apliquen, deben enviar la siguiente documentación EN INGLÉS:

  • Carta de presentación
  • Curriculum Vitae
  • Muestra breve de alguna pieza escrita.

La documentación debe enviarse a info@fundeps.org con el asunto “Program and Communications Associate”. Serán desestimadas aplicaciones en español.

Para leer la convocatoria completa, haz click aquí.

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

,

BID Invest revisará en 2018 su política de acceso a la información

En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.

El brazo de inversión del sector privado del  Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.

La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.

Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.

A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.

Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere.  Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.

Más información:

Why Development Institutions Should Recognize the Right to Know Day?

Autora:

Agustina Palencia

Contacto:

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

,

¿Qué nos deja el 2017 en relación a los gasoductos troncales?

El año 2017 comenzó con importantes y promisorias novedades para el  proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba, más conocido por los cordobeses como el “proyecto de gasoductos troncales”. Los primeros días de enero el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el Presidente Mauricio Macri estuvieron presentes en la inauguración de una Planta Reductora de Presión en La Calera, obra a cargo de  la empresa brasilera Odebrecht en el marco de los sistemas que le fueron adjudicados tras la licitación pública lanzada en 2015. La planta reductora constituyó el primer tramo inaugurado del Sistema de Anillo Córdoba-Gran Córdoba, conformado por 52 kilómetros de gasoductos de refuerzo, y que beneficiará a 300 mil habitantes tanto de Córdoba y La Calera como de Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Malagueño y Malvinas Argentinas, de acuerdo a la información oficial.

La presencia de Macri en la inauguración de la obra representó un gesto de apoyo político para el gobierno de Schiaretti. Sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos y críticas que recibió el gobierno de la provincia por el involucramiento en este proyecto de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de corrupción en Brasil y otros países de América Latina, incluso en Argentina. A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno de Schiaretti siempre defendió la participación de la empresa recurriendo al debatible argumento de que los hechos de corrupción en los que está involucrada ocurrieron entre los años 2004 y 2013, mientras que la licitación en Córdoba se realizó recién en 2015.

Sin embargo, a los pocos días el proyecto sufre un importante revés: Schiaretti anuncia que, por demoras en la obtención de los créditos de bancos chinos, se volverían a licitar 4 tramos de gasoductos para evitar seguir posponiendo el inicio de las obras en dichos tramos, pero en este caso con financiamiento propio de la Provincia. Recordemos que de los 10 sistemas troncales que fueron definidos en el año 2015, 4 fueron adjudicados a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) conformadas por empresas argentinas y chinas y financiados por bancos chinos (ICBC y Bank of China); y los 6 restantes fueron adjudicados a Odebrecht (en un primer momento se dijo que la empresa brasilera presentaría financiamiento propio para el inicio de la obra, pero finalmente esto no fue así, haciendo que la provincia tenga que recurrir al endeudamiento para iniciar las obras).

Así, a las críticas por la vinculación con Odebrecht en la obra se les sumarán  cuestionamientos por las demoras en el financiamiento chino; la falta de explicaciones pertinentes en relación a los motivos del caída del financiamiento; la necesidad de re licitar la obra y la decisión del gobierno provincial de salir nuevamente al mercado a endeudarse  para financiar la obra e incluso por el incremento sustancial en el costo de la obra, que pasó de un presupuesto de 8.600 millones de pesos en 2015 a 12.480 millones de pesos a inicios de 2017 (un incremento de 45% en casi dos años).

Tras un nuevo llamado a licitación en febrero, en el mes de marzo las obras de los 4 sistemas antes mencionados fueron re adjudicadas a las mismas UTEs que habían ganado en la primera licitación. A su vez, el gobierno emitió una nueva partida de títulos públicos por 460 millones de dólares para financiar el inicio de obras en los 4 tramos re licitados del proyecto, teniendo como agente financiero al Banco de Córdoba (Bancor).

A pesar de que en ese mismo mes de marzo se anunciaron avances en las negociaciones con los bancos chinos para terminar de concretar los créditos comprometidos para la obra, sorpresivamente el 21 de abril el gobernador Schiaretti anunció la caída definitiva del financiamiento chino y la firma de un decreto que dejaba sin efecto la adjudicación de las obras de los 4 sistemas troncales correspondientes. Si bien el propio Schiaretti culpó a los bancos chinos por la caída del financiamiento aduciendo que los mismos  plantearon condiciones “leoninas, inaceptables para Córdoba y el gobierno nacional”, lo cierto es que el gobierno nunca dejó en claro los verdaderos motivos y razones que llevaron a la caída del financiamiento chino.

De esta forma, el gobierno de Córdoba decidió lanzar una nueva licitación por 437 millones de dólares para la construcción de los 4 sistemas de gasoductos, que ahora en la nueva convocatoria pasarían a ser 8 sistemas (además de los 6 sistemas restantes ya adjudicados a Odebrecht) y cuyo financiamiento provendría de la misma provincia. En este caso, la adjudicación de los nuevos sistemas recayó sobre empresas nacionales.

 

A inicios de mayo, y a pesar de las críticas de la oposición, la legislatura provincial aprueba un proyecto de ley que habilita los nuevos cambios en el proyecto de gasoductos: se dan por terminadas las negociaciones con la banca china para financiar 4 de los sistemas troncales, y se aprueba que ahora sea el propio Estado provincial quien deberá obtener la totalidad de los fondos para concluir la obra (ratificando de esta manera la autorización otorgada por la ley 10.339 que habilitó operaciones de toma de crédito público por para llevar adelante las obras). Justamente a los pocos días, el gobierno oficializa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una nueva toma de deuda por 450 millones de dólares para financiar la obra. Hacia fines de junio, el propio Schiaretti anunciaría a través de su cuenta en Twitter que la provincia había conseguido la totalidad del financiamiento para la obra a través de la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales.

En definitiva, este proyecto estratégico para Córdoba que iba a contar en sus inicios con financiamiento provisto o gestionado por actores internacionales (en un primer momento mediante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil -BNDES-; luego mediante  bancos chinos y financiamiento propio provisto por la empresa Odebrecht) paso a depender exclusivamente, para su concreción, de recursos propios de la provincia u obtenidos vía endeudamiento a través de la emisión de títulos públicos.

La segunda mitad del año estaría signada principalmente por los avances de la obra (de acuerdo al gobierno hacia fines de año se había concluido un 14% de la obra y se planificaba que la obra concluya a mediados de 2019), pero también por los constantes y recurrentes cuestionamientos de sectores de la oposición y de la sociedad civil en relación al proyecto. En especial luego de que Córdoba haya sido mencionada en el marco de la causa Lava Jato como uno de los destinos donde la constructura Odebrecht pagó coimas en la Argentina.

A pesar de que desde el gobierno nacional de Mauricio Macri se inició una campaña para revisar e investigar el posible involucramiento de Odebrecht en el pago de coimas en numerosos proyectos de obra pública en la Argentina (lo que incluso llevó al gobierno nacional a suspender a la empresa para realizar obras a nivel nacional), el proyecto de gasoductos en Córdoba quedó extrañamente excluido de dicha revisión y nunca se brindaron las explicaciones pertinentes para justificar dicha exclusión. Incluso la empresa sigue operando en la provincia a pesar de su suspensión a nivel nacional (su principal obra es justamente la de gasoductos en Córdoba) y de los requerimientos desde la oposición de que se haga lo mismo a nivel provincial. Ante la falta de respuestas a nivel nacional, algunos legisladores opositores viajaron a Brasil en Octubre de este año para solicitar a los fiscales de la causa Lava Jato que investiguen la vinculación de la empresa brasileña en el pago de sobornos en el marco de la licitación realizada en 2008 para la obra de gasoductos troncales.

De esta forma, entre marchas y contramarchas, el balance del 2017 en relación al proyecto de gasoductos troncales arroja pocas luces y muchas sombras  y suspicacias en relación a la transparencia y ejecución del proyecto. No solo por la nunca del todo esclarecida caída del financiamiento chino a inicios del año sino también, y sobre todo, por la forma en que se ha manejado desde el gobierno provincial el involucramiento de la constructora Odebrecht en la obra y las numerosas causas de corrupción que la salpican en toda Latinoamérica e incluso en la propia Argentina. Si bien el gobierno de Schiaretti ha desligado a la empresa de cualquier tipo de vinculación con la posible entrega de coimas y hechos de corrupción en las licitaciones de la obra (incluso contando con el apoyo del propio gobierno nacional de Macri que ha iniciado una especie de “cruzada” en contra de la empresa brasileña por su accionar en el país durante el gobierno kirchnerista), lo cierto es que el año que acaba deja muchos interrogantes y aspectos no esclarecidos en torno al proyecto.

Sin dudas, el 2017 ha dejado una enorme deuda pendiente en cuanto a transparencia y rendición de cuentas en relación a este estratégico y emblemático proyecto para Córdoba. Desde FUNDEPS, esperamos que esta deuda sea saldada en 2018.

Más información

– Documento de Trabajo: Transparencia en el proyecto de gasificación de localidades del interior de la provincia de Córdoba por Melanie Mackenzie – Diciembre 2017. FUNDEPS.

– Notas y publicaciones de FUNDEPS en relación a los gasoductos troncales.

– Gasoductos troncales en Córdoba: una obra que avanza a la sombra de la corrupción por Agustina Palencia – 26 de diciembre de 2017. El Entramado. FUNDEPS.

Fuente de imagen

La Voz del Interior

Autores

Macarena Lourdes Mustafa / Voluntaria del Área de Gobernabilidad Global

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

Contacto

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

,

Reglamentación de APP en Argentina: riesgos y oportunidades

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

Fuente de imagen

Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

Contacto

Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org