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Avances y cuestionamientos en el Proyecto Centro Ambiental Villa Carlos Paz

Avanzan los procesos administrativos y se espera que en mayo de 2017 comiencen las obras para la construcción del Centro Ambiental Villa Carlos Paz con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos-AR-L1151 (GIRSU) del BID financia obras para la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la recuperación de áreas degradadas debido a la mala disposición de dichos residuos. El costo total del programa es de US$150 millones y contiene dos subprogramas: por un lado, GIRSU en parques nacionales y municipios colindantes y, por otro lado GIRSU en otros municipios turísticos.

Dentro del segundo grupo se encuentra el Centro Ambiental Villa Carlos Paz. El centro fue diseñado para recibir los residuos sólidos urbanos de cinco municipios vecinos que acordaron con la administración municipal de Carlos Paz su tratamiento conjunto. El proyecto fue elaborado por la firma TecnoMak S.A. contratada por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación.

TecnoMak S.A. estudió tres alternativas de posibles localizaciones del nuevo centro de tratamiento de RSU. Finalmente se optó por su localización en el inmueble del actual basurero a cielo abierto lindero a la Reserva Natural Militar La Calera.

El proyecto tiene tres grupos de obras:

Obras Grupo 1: Relleno Sanitario para la disposición de los RSU generados en las localidades del Municipio de Villa Carlos Paz y comunas del área de influencia del proyecto; con una vida útil de 20 años y un ingreso diario promedio 163 Tn/día.

Obras Grupo 2: Planta de Separación y Tratamiento y Obras conexas de apoyo logístico y administrativo.

Obras Grupo 3: Cierre y Clausura del Basural a Cielo Abierto existente en la actualidad.

El 7 de abril del 2016 se realizó la audiencia pública ambiental en la que participaron las autoridades y once personas inscriptas a la misma.

El intendente Esteban Avilés explicó:

«Estamos trabajando en un proyecto regional que nos va a dar una solución definitiva al basural a cielo abierto (…), con esta audiencia pública estaría cerrada la situación administrativa para luego pasar a la instancia de decretos que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente de la provincia, y el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Gustavo Santos»

Sobre los plazos expuso que «creemos que vamos a ser bastante rápidos comparados con otros proyectos aprobados a nivel nacional«, aunque no descartó que sea antes de fin de año.

Varias objeciones fueron expuestas por María Luz Cammisa (secretaria de la Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación), relacionadas a la relevancia de la audiencia en tanto «llega con una obra que está licitada y que ha sido hasta pre-adjudicada»; con lo cual «estamos aquí de algún modo para convalidar lo que ya se decidió por nosotros». También se insistió en la limitación jurisdiccional, puesto que los terrenos afectados están fuera del ejido de Carlos Paz:

«Es para nosotros un tema prioritario que planteé al gobernador Juan Schiaretti porque no podemos avanzar en una planificación con las instituciones intermedias de la ciudad al estar siempre condicionados a que la provincia resuelva esta situación administrativa. Yo veo que es un gobernador que tiene este tipo de prioridad; De la Sota realmente no tuvo interés para nada», declaró el Intendente para luego ser refrendado por sus colaboradores: Es un tema de fondo para los carlospacenses; pero eso no determina la continuidad del proyecto.»

Más controvertida fue la mención de Cammisa respecto al plazo estipulado por la Comisión Técnica para el uso del módulo:

«…deberá tener como máximo seis años, y que después del mismo periodo, se deberá utilizar un sitio fuera de la cuenca del San Roque (…) para concretar la integración a un Programa de Gestión Integral de Residuos en el área metropolitana de Córdoba (CORMECOR)» (…) Ignoramos si el propio municipio tendrá una solución para sus residuos más allá de los seis años. Es decir que el centro ambiental proyectado anteriormente durará menos años que el tiempo insumido en planificarlo.»

Quienes respondieron a esto fueron la arquitecta Liliana Bina y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Mencionaron al respecto que la Comisión Técnica Interdisciplinaria sugirió dicho plazo en vistas al proyecto CORMECOR, del que participaría la ciudad si se concreta. Sin embargo,»esta planta seguiría funcionando exactamente igual, pero en vez de tirar en el enterramiento sanitario el sobrante, lo haríamos en una planchada de transferencia a Córdoba». Mientras, Villa Carlos Paz como las comunas integrantes habrán enterrado para esa fecha unas 475 mil toneladas de basura.

Por otra parte, Pedrone indicó «decir que los municipios y comunas que tienen firmados convenios intermunicipales con nosotros y que no van a poder tirar más la basura es absolutamente falso (…) El proyecto se ha pensado desde el primer minuto con la participación de las ocho comunas y municipios que colindan con Villa Carlos Paz y que siempre han tratado el tema de la basura en forma conjunta.», señaló en un marco de participación en el que estuvieron presentes los jefes comunales Andrea Jordán (Cuesta Blanca), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y representantes de Icho Cruz y Cabalango.

Otros planteos estuvieron relacionados con el ordenamiento territorial del bosque nativo:

«…no se menciona en el estudio del impacto ambiental, los impactos negativos de la reserva. Es un predio lindero a un área protegida, y un proyecto que pretende ser autorizado por vía de excepciones previstas en la Ley de Bosques (…) El propio dictamen de la Comisión Técnica advierte respecto de la localización del proyecto que sería desaconsejable concentrar en esta área más instalaciones de tipo potencialmente impactantes contra el ambiente, ya que se encuentra en las proximidades del área natural (…) y en áreas con drenaje al lago San Roque.»

Este punto también fue planteado por el ambientalista Juan Carlos Paesani, que por cuestiones de salud no estuvo presente pero hizo leer su exposición: «¿Se entenderá que ese embalse da de beber a casi dos millones de personas de la ciudad de Córdoba? Deploramos que sigan inobservando elementales principios».

Más confrontativo fue el discurso del presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, quien retrucó las observaciones al señalar que:

«…aparte de decir hay que hacer; nuestro gobierno ha hablado con todo el mundo (…) Más allá de las cuestiones técnicas, con la deuda material y ambiental que tiene la ciudad y por el esfuerzo que han hecho todas las instituciones públicas y privadas para resolver el problema; por nuestro futuro, les pido que aprueben el proyecto.»

Sugiriendo además, que «la chicana» proviene de un integrante que comparte su mismo espacio político, Norma Morandini, «a quien hablé personalmente para plantearle la situación; pero nunca vino a Carlos Paz, y ella era legisladora por Córdoba.»

En agosto se realizó la licitación pública nacional y en noviembre se abrieron las ofertas de la licitación pública internacional. Las obras iniciarían en el mes de mayo de 2017. El actual vertedero va a ser reemplazado por un relleno sanitario que albergará una planta de separación de residuos y otra de reciclaje. 222 millones serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y se estima que los trabajos demandarán alrededor de ocho meses y que, para mediados del 2018, se pondría en funcionamiento esta nueva planta.

Desde FUNDEPS seguimos estos procesos para asegurar que respeten los derechos humanos y el ambiente. La localización del Centro Ambiental Villa Carlos Paz al lado de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y a metros del lago San Roque en terrenos que pueden presentar mayor propensión de filtración o percolado hacia las napas de agua, resulta cuestionable. En este contexto de posibles impactos ambientales y sociales, el gobierno municipal y el provincial deben asegurar los mayores niveles de transparencia y acceso a la información. Monitorearemos el cumplimiento con la normativa provincial y nacional sobre estos temas así como el cumplimiento de las políticas operativas correspondientes del BID.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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La obra de gasoductos troncales en Córdoba tiene financiamiento chino

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Acompañamiento a comunidades indígenas en Rurrenabaque, Bolivia

Parte del equipo del área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS viajó los primeros días de diciembre a la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia. Se realizaron reuniones y recorridos por la zona donde se desarrollan proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la zona.

El municipio de Rurrenabaque (ubicado en el Departamento de Beni, en Bolivia) constituye un importante centro turístico y zona de producción agrícola a pequeña escala, cuya población, por la necesidad de exportar sus productos, se ha visto obligada a generar presión sobre los bosques naturales. Rurrenabaque es colindante con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, donde habitan diversas comunidades indígenas.

Esta región se caracteriza  por su abundante riqueza y diversidad cultural y biológica que ha llevado a establecer reservas y parques nacionales, pero que también es considerado por muchos actores como una oportunidad económica sin explotar. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan promovido una serie de obras de infraestructura (principalmente la construcción de importantes carreteras) en las inmediaciones de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, lo que representa un riesgo de impactos ambientales y sociales negativos tanto para la biodiversidad y los ecosistemas como para las comunidades indígenas involucradas. Entre estos proyectos, se encuentra el financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo consiste en el mejoramiento de la carretera Santa Bárbara-Rurrenabaque.

Por otra parte, el proyecto financiado por el Banco Mundial consiste en la carretera Ixiamas – San Buenaventura se encuentra dentro del área de influencia del Corredor Norte y hace parte de la Ruta Alternativa para llegar a Cobija desde el norte de La Paz.

La carretera Ixiamas–San Buenaventura dentro del contexto regional del megaproyecto vial Corredor Norte representa una de las obras más grandes en la región Noroeste de Bolivia. El Corredor Norte es un proyecto carretero de 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija. Su área de influencia que se extiende sobre 234,000 km², aproximadamente el 26% del territorio de Bolivia, abarcando 3 departamentos y 39 jurisdicciones municipales.

Los impactos y amenazas ambientales y sociales para las comunidades que habitan la zona son cada vez más graves. La situación es compleja y estas carreteras coexisten con otros proyectos (financiados principalmente por fondos chinos) que representan aún mayores problemas y desafíos para las comunidades indígenas. Desde FUNDEPS, estaremos colaborando para evaluar opciones de reclamar ante mecanismos de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Se buscará que estos proyectos no impacten negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades.

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Convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo del MICI

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. Las candidaturas pueden realizarse hasta el próximo 30 de noviembre de 2016.

El pasado 3 de noviembre, y tras un período de consultas que se extendió a lo largo de los últimos meses, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) abrió la convocatoria de nominaciones para conformar el Grupo Consultivo Externo (GCE) del Mecanismo. La finalidad del GCE consiste en apoyar el compromiso del MICI en torno al cumplimiento de su mandato de rendición de cuentas de manera creíble, eficaz y transparente.

El MICI distribuyó la Nota Conceptual del GCE a principios de junio de 2016 a una amplia gama de grupos interesados, incluyendo representantes de la sociedad civil, funcionarios de gobierno y expertos de la sociedad civil.  Desde Fundeps contribuimos en este proceso enviando comentarios y participando en una serie de consultas en relación a la Nota Conceptual. Si bien reconocimos y dimos la bienvenida esta iniciativa surgida, en parte, como respuesta a las sugerencias provistas en la publicación «Glass Half Full. The state of accountability in development finance«; también expresamos una serie de recomendaciones y sugerencias en relación a la membresía, la composición y los objetivos y funciones del GCE (para ver los comentarios completos sobre la Nota Conceptual del GCE enviados al MICI, acceder aquí)

Recientemente, el MICI difundió el Informe sobre el Proceso de Consulta para el GCE, el cual contiene toda la retroalimentación recibida y las respuestas del MICI. A su vez, esta retroalimentación se incorporó en los Procedimientos Operativos del GCE, que contienen información acerca de la composición de la membresía, la responsabilidad de los miembros y el proceso de selección de los mismos, incluyendo los criterios de selección.

Aquellos candidatos interesados en presentar su candidatura para el GCE, deberán presentar la siguiente información:

  • Curriculum Vitae.
  • Una expresión de Interés de una cuartilla expresando la razón por la que desean servir en el GCE y cómo su experiencia sumará valor al grupo.

La solicitud debe ser enviada a más tardar el 30 de noviembre a John Garrison del MICI al siguiente correo electrónico: jgarrison@iadb.org.  Los nombres y los perfiles de los seleccionados como miembros del GCE serán publicados a mediados de diciembre.

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Inversiones chinas en Argentina: los acueductos en Entre Ríos

Dentro de la larga lista de inversiones chinas en Argentina, el caso de los acueductos en la provincia de Entre Ríos ha sido uno de los más controvertidos. Irregularidades en el proceso de licitación, aprobación y ejecución del proyecto han despertado el recelo y los reclamos de varios sectores de la sociedad civil.

En un contexto internacional cambiante, en el que los actores de habitual importancia han ido mutando, Argentina se ha encontrado con dificultades para el acceso a fuentes tradicionales de financiamiento. A lo largo de los últimos años, especialmente desde la gestión Kirchner, el escenario de las inversiones extranjeras en Argentina ha estado signado por la preponderancia de la República Popular China. Varios de los grandes proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo tienen por detrás el respaldo de empresas del país asiático.

Hay dos proyectos que se han trabajado entre la Nación y la provincia de Entre Ríos desde hace algunos años y tuvieron que ver con la posibilidad de construir dos acueductos para riego en el norte entrerriano. Para la construcción de estos, el gobierno de la provincia y la “China State Construction Engineering Corporation” (CSCEC) suscribieron una carta compromiso para el aprovisionamiento de agua dulce, incorporando 200.000 hectáreas de riego.

A mediados de junio de 2013 la CSCEC expresó su interés en invertir en obras de infraestructura en la provincia de Entre Ríos. Durante un encuentro con representantes de la empresa, desarrollado en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, el gobernador Sergio Urribarri “propuso tres líneas básicas de acción: obras de riego, enlace metropolitano Paraná-Santa Fe y desarrollo portuario”. Según el gobernador, el desarrollo de las obras estaría ligado en gran medida a aumentar la capacidad productiva de la provincia.

El Acuerdo con China para la construcción de los dos acueductos se firmó el 18 de julio de 2014. En el marco de los acuerdos estratégicos para obras de infraestructura, firmados en la Casa Rosada entre Xi Jinping y Cristina Fernadez de Kirchner, encuentro en el que participó Urribarri.

Los acueductos tendrán una longitud total de 546 kilómetros entre ramal principal y ramales secundarios. Son dos obras, la primera en la cuenca del Arroyo Mandisoví en el departamento Federación para implementar un sistema colectivo de riego, a partir del río Uruguay, para la producción arrocera, citrícola y fruti–hortícola. El segundo en el departamento La Paz para realizar un acueducto del Norte entrerriano, con el aporte de aguas del río Paraná y dotar a un área marginal del acceso al agua para riego.

Los costos de las obras totalizan un monto cercano a los USD 98.000.000, según los datos presentados por el “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” en sus informes de factibilidad de los cuales la provincia debería aportar el 20%. Sin embargo, el presupuesto de la CSCEC fue de USD 430.387.552 adjudicada sin licitación no concurso de precios. El financiamiento provendría del banco ICBC, con un crédito de USD 366 millones a 15 años (con un período de gracia de 5) con una tasa libor más 4,5%. Asimismo, el contrato de crédito prevé como legislación aplicable la misma que la de Inglaterra.

El proyecto provocó rechazos en algunos sectores, como las organizaciones nucleadas dentro de la Multisectorial en Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, que impulsaron la nulidad de la ley que, entre otros puntos, habilitó el otorgamiento directo, sin licitación pública, de la obra a una empresa de capitales chinos, como así también un endeudamiento que supera los 430 millones de dólares. La Fundación M’biguá y Justicia Ambiental también alertaron sobre la falta de transparencia e información sobre el proyecto.

El caso de los acueductos es el primero en llegar a la justicia. Como se expuso más arriba la Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de la ley N° 10.352 que autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse con la institución financiera de China. Esta acción se basa en que esta ley no ha cumplimentado los requisitos formales que la constitución provincial insta para su aprobación, por ejemplo: no se realizó Evaluación de Impacto Ambiental, no existe ningún dictamen de las comisiones de Hacienda y Economía, ni de la fiscalía de Estado, entre otras irregularidades. La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.

Entre los puntos principales de la demanda completa se encuentran:

– Ineficacia de la Ley 10.352 por irregularidades en su tramitación.

– Inobservancia del Principio de Razonabilidad.

Autorización al Gobernador a convenir y mantener en secreto el contrato celebrado con el Banco Chino.

– Autorización al Gobernador a contratar con el Banco Chino ICBC un préstamo en el que Entre Ríos acepta regirse por la legislación inglesa.

– Violación del deber constitucional de publicidad de los actos de gobierno.

– Privación de información como derecho humano.

– Se omitió la realización previa y precautoria de Estudios de impacto Ambientales y sus procesos evaluatorios con las debidas Audiencias Públicas y el dictado de los Actos Administrativos previos a la autorización de contratación de la obra y a la autorización de la celebración de acuerdos de inversión y/o endeudamiento.

– Violación de la Ley de Contabilidad Pública. (Arrogándose así el P.E. inconstitucionalmente facultades propias del Poder Legislativo).

– Violación de la Ley de Obras Públicas.

– Se ignoraron las garantías constitucionales contenidas en la Sección II – Régimen Económico, del Trabajo y Desarrollo sustentable de la Constitución Provincial.

De acuerdo a medios locales: “Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones”.

De acuerdo con Jorge Daneri miembro de la Fundación M’biguá, se está conformando un paquete de potenciales mega inversiones en la región que además de los acueductos se incluiría un proyecto de represa hidroeléctrica entre las provincias de Corrientes y Santa Fe, en el límite norte de Entre Ríos. De acuerdo con el Dr. Daneri, el mecanismo es el mismo en todos los proyectos: inexistencia de debate parlamentario de los proyectos, menos aún en las provincias involucradas, por lo tanto, enmudecimiento del federalismo de concertación social y consultas ciudadanas.

Desde FUNDEPS hemos estado trabajando en el seguimiento del caso de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba, que también cuentan con financiamiento chino. Parte del proceso de aprobación y ejecución de este proyecto, puede identificarse con lo sucedido en Entre Ríos. La falta de transparencia en ciertas cuestiones como la presentación y publicación del estudio de impacto ambiental, hacen sonar una alarma en lo que respecta a los estándares ambientales y de DD.HH.

Asimismo, consideramos de especial relevancia resaltar que la importancia recientemente adquirida por la República Popular China en materia de inversiones en proyectos de infraestructura, se traduce en una necesidad para que la sociedad civil monitoree los procesos de diseño, aprobación y ejecución de estos proyectos. Las irregularidades más arriba mencionadas son consecuencia de políticas que aún carecen de transparencia y que no se enmarcan en un paradigma de rendición de cuentas.

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Un Acuerdo Chino

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Comenzó la obra de gasoductos troncales en Córdoba

Durante el mes de agosto comenzaron las obras para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, en algunos de los ramales. El proyecto ha sido resultado de largas negociaciones y aún quedan interrogantes por resolver: ¿Cuáles serán los impactos ambientales?, ¿Cuáles han sido los términos de negociación con los bancos y empresas chinas?

El pasado 15 de agosto comenzó la obra destinada a la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. La constructora brasileña Odebrecht es la encargada de realizar los trabajos en dos tramos: el anillo del Gran Córdoba y el de la Ruta 2.

El proyecto incluye financiamiento chino para otros ramales y estas dos obras que involucran unos 855 millones de pesos. El ministro de Inversión y Financiamiento, Ricardo Sosa, quien hace un mes regresó de China, aseguró:

Están construyendo los obradores para comenzar con los trabajos en los sistemas del Gran Córdoba y el de la ruta 2, en Noetinger. En el mes de agosto, la construcción de esos dos tramos estará en marcha. Tienen un plazo de ejecución de 18 meses, por lo cual para diciembre de 2017 deberían estar terminados.

Durante su viaje el ministro encabezó varias rondas de negocios en las que se expusieron varios proyectos – energéticos y de saneamiento – para la adquisición de mayores financiamientos. Es el funcionario provincial más involucrado en la negociación entre las empresas constructoras y los bancos chinos que financiarán la megaobra. La misma tiene un presupuesto global de 8.700 millones de pesos para los 10 sistemas de gasoductos que se construirán en toda la provincia. Particularmente, para el tramo adjudicado a la empresa brasileña, se aprobó la emisión de títulos públicos para el financiamiento de la obra; de acuerdo con el decreto del poder ejecutivo n° 759, del 21 de junio de 2016.

Fuente: La Voz del Interior (Consultado el 29/09/2016)

Odebrecht es la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos, como sí ocurre con las otras empresas contratistas.

En las últimas semanas, la empresa brasileña aportó cinco millones de dólares por su cuenta (unos 75 millones de pesos) y otros 200 millones de pesos que le prestó la empresa Puente Hermanos, una de las principales operadoras de la Bolsa de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS se ha estado trabajando en el monitoreo de este proyecto y para ello ya se han presentado solicitudes de información a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Esto, con la finalidad de relevar información importante respecto al detalle de los acuerdos establecidos con los bancos chinos y otras entidades extranjeras y sobre los posibles impactos sociales y ambientales que esta megaobra podría acarrear.

Si bien estas solicitudes de información fueron presentadas hace más de cinco meses, aún no se ha recibido respuesta alguna por parte de las dependencias correspondientes y por esa razón quedan varios interrogantes para responder respecto de esta gigante obra de infraestructura en la cual se ha embarcado la provincia de Córdoba. De la misma forma, tampoco se ha esclarecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados. Desde el gobierno no se ha informado el verdadero impacto de la construcción de los gasoductos con respecto a la mejora y alcance en la provisión del servicio de gas.

Más información:

– La Voz del Interior: “Los gasoductos en Córdoba se repartirán en tres grupos” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Gasoductos: ofrecen más fondos en China para iniciar las obras” (Consultado el 29/09/2016)

– La Voz del Interior: “Larga Odebrecht, con caños Techint” (Consultado el 29/09/2016)

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Gonzalo Roza, Área de Gobernabilidad Global

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Oportunidad perdida con la aprobación del nuevo Marco de Salvaguardas del BM

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) aprobó, después de un proceso de revisión de más de cuatro años, un nuevo Marco de Salvaguardas Ambientales y Sociales. A pesar de que incluye algunos avances positivos, el nuevo Marco representa un preocupante retroceso para las protecciones ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo.

A pesar de haberse llevado a cabo un proceso de consultas sin precedentes que ha involucrado a miles de actores – gobiernos, sociedad civil y sector privado, la revisión de salvaguardas del Banco Mundial ha perdido la oportunidad de posicionar a la institución como líder mundial en el campo del desarrollo. Si bien el nuevo marco de salvaguardas incluye la cobertura de áreas prometedoras, carece de la fortaleza y claridad que necesitan aquellas personas afectadas negativamente por el desarrollo.

Por décadas las salvaguardas del Banco Mundial han sido el estándar que ha servido como ejemplo en materia de financiamiento para el desarrollo. El Banco fue la primera institución en adoptar una política de salvaguardas obligatoria para prevenir y/o mitigar daños sociales y al medioambiente. Esta política ha servido como modelo para la posterior implementación de marcos similares en otras instituciones.

El Nuevo Marco Ambiental y Social representa un cambio fundamental en la forma en que el Banco se ha acercado a las garantías de derechos humanos por más de treinta años. La utilización de un lenguaje vago debilita los mecanismos existentes para la transparencia y la supervisión. Además, permite a los intermediarios financieros de terceros asumir la responsabilidad de la gestión del riesgo social y ambiental, dando lugar a preocupaciones en torno a los procesos mediante los cuales las comunidades podrán pedir la reparación de daños.

El nuevo Marco abarca los derechos humanos de una forma meramente aspiracional, en lugar de hacerlo de una manera obligatoria. En vez de armonizar su política con los estándares globales, el Banco Mundial aún se rehúsa a reconocer la responsabilidad y la rendición de cuentas bajo la normativa internacional. La nueva política carece de coherencia al evitar la referencia a las leyes mundiales de derechos humanos y el resultado es la fragmentación derivada de la mala articulación o definición de estándares y directrices.

La Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, de la que formamos parte,  se expresó criticando la oportunidad perdida por el Banco para adoptar protecciones sólidas para los derechos humanos de las comunidades afectadas por los proyectos del Banco, y se comprometió a hacer que el Banco rinda cuentas por los resultados de la nueva política. Desde la Coalición se le dio la bienvenida a algunas mejoras del nuevo borrador, incluidas disposiciones relativas a la no discriminación, y se criticó el cambio en el marco general por protecciones más débiles para las comunidades afectadas por los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

El Nuevo Marco amplía el alcance de las salvaguardias en nuevas áreas que fueron ignoradas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la discriminación, la participación de los interesados y los grupos desfavorecidos y vulnerables  como los niñxs, las personas con discapacidad, las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, y los que se identifican como LGBT. Pero lo hace con muchas falencias. Dentro de las áreas en las que se ha evitado profundizar se encuentra el cambio climático, bosques y hábitats naturales. Las salvaguardas existentes en estas temáticas se han visto aglomeradas en un solo estándar que falla al considerar y/o proteger los valores medioambientales.

Si bien persisten serias preocupaciones acerca del texto de este documento, el Banco Mundial tiene la capacidad de mejorarlo en su aplicación. Los ambiciosos objetivos originales del proceso de revisión deben guiar el período de aplicación proporcionando un acceso inclusivo a los beneficios del desarrollo y la búsqueda de la participación de las comunidades que puedan verse afectados. Desde FUNDEPS esperamos que se siga vigilando el progreso del Banco Mundial hacia estas metas.

Más información:

– Directorio del Banco Mundial aprueba nuevo Marco Ambiental y Social

– World Bank’s Updated Safeguards a Missed Opportunity to Raise the Bar for Development Policy

– NGO response to the World Bank’s proposed Environmental and Social Framework: Proposed World Bank standards represent dangerous set-back to key environmental and social protections

– NGOs: World Bank’s New ‘Safeguards’ Weaken Protections

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Banca para el desarrollo: Nuevos frentes para la participación ciudadana

El pasado, 8 de junio se realizó el Taller de Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil, en México. Fue organizado por FUNDAR y el Centro de Colaboración Cívica (CCC). FUNDEPS participó como integrante del Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) junto a más de 90 representantes de organizaciones civiles de varios estados de México.

Los conflictos socioambientales relacionados a las industrias extractivas y a la construcción de megaproyectos de infraestructura son una realidad creciente en toda América Latina. Su emergencia se explica, sobre todo, por la vigencia de marcos regulatorios débiles, la baja capacidad de supervisión estatal y mecanismos de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes. Frente a este escenario, que se repite -con diferentes matices- a nivel nacional en cada uno de nuestros países; los IAMs se presentan como una alternativa más dentro de las estrategias de defensa. Por esta razón, GREFI y otras coaliciones de la sociedad civil están apostando por acercar a estos nuevos actores con movimientos sociales y organizaciones indígenas.

El taller que se realizó en la Ciudad de México tuvo como objetivos:

  • Permitir que las OSC mexicanas conocieran el trabajo de los IAMs, los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan, así como sus políticas y sus ventajas y desventajas;
  • Permitir que los IAMs conocieran a representantes de OSCs en México, en especial a organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones que pueden ser potencialmente afectadas por proyectos financiados por las instituciones a las que los IAMs pertenecen; y
  • Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSCs, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas relacionados con el trabajo de la sociedad civil; de las áreas de oportunidad y obstáculos existentes para activar los IAMs; así como de temas de rendición de cuentas más amplios relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en México.

Es evidente que estas nuevas herramientas pueden llegar a ser muy valiosas, pero es claro que todavía hay mucho por mejorar respecto a los IAMs y su funcionamiento. FUNDAR resaltó durante su exposición que muchas veces, los intereses de las instituciones financieras colisionan con los estándares de protección de los Derechos Humanos, especialmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por su parte, Rosa Marina Flores Cruz, de la Asamblea de los Pueblos del Itsmo de Tehuentepec remarcó, desde su experiencia, acerca de las limitaciones normativas que debilitan a este tipo de mecanismos y a pesar de que a diferencia de otras instancias nacionales, hacen esfuerzos considerables por acercarse a la sociedad civil, todavía no se puede ver una postura consolidada sobre la ruta que los IAMs deben seguir a fin de que puedan cumplir su papel a cabalidad.

El panorama de financiamiento es complejo en la región y los estados suelen estar interesados en obtener financiamiento rápido para construir grandes proyectos –con grandes réditos políticos- por lo que es necesario seguir involucrados para evitar que los intereses por incrementar el capital hagan retroceder el terreno ganado. El debilitamiento de las salvaguardas socioambientales del Banco Mundial representa un mensaje negativo en ese sentido, frente al crecimiento del financiamiento de los bancos chinos que carecen de este tipo de normativa.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: Página oficial del GREFI

Contacto:

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Organizaciones de la sociedad civil reclaman transparencia en la revisión de salvaguardas del Banco Mundial

En el marco de la actual revisión de la política de salvaguardas del Banco Mundial, FUNDEPS y otras 68 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, enviaron al banco una carta reclamando una mayor transparencia en la divulgación del borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social.

Transcurridos cuatro años desde el inicio del proceso de revisión, el Banco Mundial no ha dejado claro en qué momento se hará público el borrador de su nueva política de salvaguardas. Esto impide que la sociedad civil pueda observar el borrador final antes de la deliberación final del Directorio para su aprobación, a pesar que en los últimos años muchos de estos actores aportaron sus percepciones y recomendaciones al procedimiento.

El pasado jueves 26 de mayo, en una carta enviada al Directorio Ejecutivo del Banco, 69 organizaciones – incluyendo a FUNDEPS – demandaron que el borrador final del Nuevo Marco Ambiental y Social sea divulgado públicamente de manera previa a la deliberación de su aprobación por parte del Directorio. Lo cual resultaría consistente con la Política de Acceso a la Información del Banco. La carta enfatiza que la nueva política de salvaguardas tendrá una enorme implicancia en  el nivel de protección de los derechos humanos y la integridad medioambiental en todos los proyectos de desarrollo financiados por la Institución. Muchas de las cuestiones que se debaten en esta revisión son centrales en la agenda de desarrollo global actual, incluyendo el derecho a la tierra, la protección de los bosques y los hábitats naturales, el cambio climático, y la no discriminación e inclusión.

Esperamos recibir una respuesta satisfactoria de la Institución, ya que la divulgación del borrador de manera previa a su consideración por el Directorio dotaría de mayor transparencia a un proceso que fue fuertemente criticado desde sus inicios por parte de la sociedad civil. Para acceder a la carta enviada al Banco (en inglés) acceder aquí.

Más información:

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Pedido a las IFI’s para que aseguren una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones

A la vista de la rápida reducción de los espacios de participación de la sociedad civil y los crecientes ataques a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, FUNDEPS junto con otras organizaciones de la sociedad civil, firma una declaración sobre la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales para asegurar la participación y rendición de cuentas significativas y eficaces dentro de sus inversiones, y para fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, reunión y asociación.

A continuación, parte de la declaración:

En los últimos años, diversas instituciones financieras internacionales, (IFI’s) como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo e inversión, han acentuado cada vez más la importancia de la participación, la gobernanza efectiva y la rendición de cuentas para el desarrollo. Como ha sido señalado tanto por especialistas en derechos humanos como en desarrollo, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, reunión y asociación es indispensable para un desarrollo participativo, sostenible y responsable. (1)

En muchos de los países donde invierten las IFI’s, estos derechos se ven vulnerados por actos que incluyen desde la violenta represión de protestas y la criminalización de expresiones, hasta la aprehensión y detención arbitraria de defensores de derechos humanos, así como restricciones a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) (2) . En 2014, Global Witness identificó 116 asesinatos de defensores del derecho a la tierra, al territorio y derechos ambientales en 17 países, lo cual representa un promedio de más de dos casos por semana (3). Este clima de violencia, intimidación y reducción de los espacios para la sociedad civil hace que sea prácticamente imposible una participación pública genuina en el desarrollo. También agrava considerablemente el riesgo de que las actividades financiadas por las IFI contribuyan a violaciones de derechos humanos o exacerben estos abusos (4). 

En todas sus actividades, las IFI´s deben hacer todo lo posible dentro de sus atribuciones para contribuir a generar un entorno que propicie la participación pública y donde las personas tengan los medios necesarios para definir sus propias agendas de desarrollo y exigir que sus gobiernos, donantes, empresas y otros actores rindan cuentas. Las IFI deberían además asegurar que sus actividades no impliquen ni propicien violaciones de derechos humanos, lo cual incluye adoptar todas las medidas que permitan identificar y abordar riesgos para los derechos humanos en todas sus acciones. 

Los actores que suscriben esta carta instamos a todas las IFI´s a garantizar que las actividades que financian respeten los derechos humanos y que haya espacios a través de los cuales las personas puedan participar en el desarrollo de los proyectos de las IFI y exigir que estas rindan cuentas, sin poner en riesgo su seguridad. Alentamos a las IFI a contribuir activamente al cumplimiento efectivo de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, así como otros derechos humanos relacionados, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en todas sus actividades.

Asimismo, exhortamos a los gobiernos que son accionistas de instituciones financieras internacionales a que apoyen activamente estas reformas en cada una de las IFI de las cuales son miembros.

Instamos a las instituciones financieras internacionales a realizar las siguientes acciones:

1. Como parte de los compromisos a nivel de países y a nivel de proyectos, analizar de manera sistemática el contexto en el cual se manifiestan las libertades de expresión, reunión y asociación, y el efectivo ejercicio de otros derechos humanos que son cruciales para el desarrollo, así como las implicaciones para la eficacia del desarrollo y los resultados conseguidos por los proyectos. Incorporar este análisis a las estrategias de desarrollo y el diseño de proyectos en los países, entre otras cosas, identificando las acciones y medidas que serán adoptadas por la IFI y el cliente para abordar cualquier tipo de riesgos.

2. Formular e institucionalizar métodos creativos para posibilitar que las personas, incluidos grupos que sufren marginación y discriminación, puedan participar y expresarse libremente en proyectos de desarrollo financiados por las IFI que puedan afectarlas o que deberían beneficiarlas, sin riesgo de soportar represalias.

3. Analizar y adoptar medidas en forma sistemática para mitigar los riesgos vinculados con proyectos que puedan afectar las libertades de expresión, reunión y asociación, y otros derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

4. Adoptar políticas para asegurar que las inversiones en tecnología de la información y las comunicaciones no se utilicen para limitar la libertad de expresión ni violar obligaciones internacionales relativas a los derechos a la privacidad.

5. Desde las primeras etapas de la definición de un proyecto, y hasta después de concluida su ejecución, adoptar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de cualquier tipo de amenazas, ataques o represalias contra miembros de la comunidad, trabajadores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil por participar en el desarrollo del proyecto, criticar o repudiar un proyecto o manifestarse de otro modo contra un proyecto (o ser percibido como detractor de este). Tales medidas deberían incluir: incorporar cláusulas para evitar represalias en contratos de préstamo y crear un sistema de respuesta urgente para actuar ante amenazas contra quienes critican proyectos.

6. Destacar sistemáticamente la importancia de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación para un desarrollo participativo, sostenible y con rendición de cuentas, en los diálogos con todos los niveles de gobierno y en las publicaciones relevantes de las IFI. En el supuesto de propuestas que pudieran implicar retrocesos para la protección de estos derechos, subrayar a los gobiernos el impacto adverso que tales propuestas podrían tener para la efectividad del desarrollo y las actividades de la IFI en el país.

7. Con respecto a mecanismos de cumplimiento/rendición de cuentas: crear medidas para proteger el derecho de las personas a una reparación de daño, incluido el derecho a acudir libremente a los procesos de los mecanismos de rendición de cuentas de las IFI y participar activamente en estos; asegurar que las comunidades que probablemente resulten afectadas por un proyecto sepan que pueden acudir a los mecanismos de rendición de cuentas y quejas, y no teman por su seguridad; asignar a los mecanismos de rendición de cuentas las herramientas y las potestades necesarias para abordar situaciones en las cuales los reclamantes sufran represalias luego de haber participado o intentado utilizar un proceso de dichos mecanismos; y tomar previsiones para que las investigaciones sobre cumplimiento también examinen cualquier tipo de represalias tomadas contra quienes se oponen al proyecto y/o participan en el proceso del mecanismo.

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(1) Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance, and Development: An empirical perspective”, en World Bank Institute, Development Outreach, octubre de 2006, http://siteresources.worldbank.org/EXTSITETOOLS/Resources/KaufmannDevtOu…, págs. 15- 20; Hans-Otto Sano, “Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly, vol. 22.3 (2000), págs. 734-52.

(2) Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en el mundo 2015/2016”, 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/; Civicus, “Civil Society Watch Report”, junio de 2015, http://www.civicus.org/index.php/en/media-centre-129/news-and-resources-127/2245-new-civicus-report-civil-society-rights-violated-in-96-countries.

(3) Global Witness, “How Many More? 2014’s Deadly Environment: the killing and intimidation of environmental and land activists, with a spotlight on Honduras”, abril de 2015. 

(4) Human Rights Watch, “Bajo su propia responsabilidad: Represalias contra detractores de proyectos del Banco Mundial”, 22 de junio de 2015, https://www.hrw.org/report/2015/06/22/your-own-risk/reprisals-against-cr… Oxfam International, “The Suffering of Others: The human cost of the International Finance Corporation’s lending through financial intermediaries”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-suffering-of-others-international-finance-corporation-020415-en.pdf.

Más información:

Declaración: “Responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de asegurar una participación y rendición de cuentas genuina y efectiva en sus inversiones, y de promover un entorno propicio para las libertades de expresión, reunión y asociación” 

Si desea suscribir la declaración, acceda aquí: bit.ly/1V50PEH

Contacto: 

Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org

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Nuevo Informe de Actividades 2015

Tenemos el agrado de presentarles nuestro nuevo Informe de Actividades 2015, un resumen de nuestras agendas de trabajo y logros del año que pasó. 

Durante el año 2015, desde FUNDEPS hemos crecido tanto interna como externamente. Nuestros voluntarios se duplicaron y las agendas de trabajo se diversificaron.

Estamos muy contentos de compartirles este nuevo formato de informe anual. El objetivo fue darle dinamismo y simplicidad a la presentación de nuestros variados trabajos, a la vez que hacer uso de la herramienta digital como modo de desarrollo sustentable.

Estamos expectantes del desenvolvimeinto de este 2016, con la idea de seguir creciendo e incidiendo en políticas públicas.

Para acceder al informe haz click aquí: informe2015.fundeps.org; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

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El Factor China

¿Qué información está disponible sobre las inversiones chinas en América Latina y el Caribe y cómo afectan estar inversiones a la gobernanza de los recursos naturales en Perú, Colombia, Argentina y México?

El Grupo Regional de Financiamiento e Infraestructura (GREFI) analizó los cambios que se están produciendo en el flujo de inversiones chinas en la región y sus impactos en la gobernanza de los recursos naturales, en un evento en el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI de este año.

A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre China y América Latina se han intensificado enormemente. Se estima que el intercambio de comercial ha crecido de 12 mil a 169 mil millones de dólares entre los años 2000 al 2014 y el año 2015. En este sentido, Pekín anunció la creación de un fondo de inversión de 10 mil millones de dórales para la cooperación bilateral con Latinoamérica para proyectos de tecnología, energía, minería e infraestructura. Su estrategia de crecimiento en América Latina es bastante clara.

Frente a sus inmensas necesidades de materias primas, llega a competir con otras instituciones financieras que por su larga historia y por el trabajo realizado a partir de grandes movimientos de la sociedad civil de la región, han ido generando mecanismos de acceso a la información y políticas para la protección socioambiental. Estos procesos han sido largos y siguen su curso. Nuevos desafíos como la armonización del derecho a la consulta previa y el cambio climático con las estrategias de crecimiento económico para nuestros países, ha hecho que se sigan exigiendo cambios y mejoras.

Con la llegada de China y una alta canalización de recursos en la región, acompañados de una estrategia clara en cuanto su modelo de crecimiento en la región que necesita de materias primas a un ritmo constante, GREFI trae a la discusión algunas preguntas que creemos fundamentales para nuestros países ¿Qué sucede cuando un actor de estas características llega a nuestros países? ¿Cómo se puede acceder a la información sobre las inversiones procedentes de China en la región? ¿Cómo impactan estas inversiones?

Los conflictos socioambientales relacionados a inversiones extractivas y de infraestructura son una realidad reciente debido a marcos regulatorios débiles, baja capacidad de supervisión de los mismos, conflictos entre diferentes niveles de gobierno e mecanismo de consulta ciudadana inadecuados o inexistentes, entre muchos otros factores. Sumado a esto es importante considerar el poco conocimiento que todavía se tiene sobre las compañías chinas, y sobre todo de los marcos regulatorios nacionales con los que trabajan.

La falta de transparencia, el poco acceso a información relevante sobre financiamiento chino y acuerdos bilaterales firmados, es otro asunto sobre el que todos debemos demandar cambios, antes que nuestra capacidad de exigencia se haga más pequeña en comparación con la creciente influencia de china en las políticas de desarrollo en América Latina.

Sobre GREFI

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)está integrado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de la región de América Latina y el Caribe (ALC): Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina.

Fuente: www.grefi.info

 

Contacto:

Juan Carballo – Director Ejecutivo

juanmcarballo@fundeps.org

Gonzalo Roza – Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org