Prácticamente sin tener en cuenta los comentarios y sugerencias de la sociedad civil, el BID aprobó la nueva política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Si bien incorpora algunos pocos aspectos positivos, implica un retroceso en el proceso de fortalecimiento del MICI iniciado en 2010.

El pasado 17 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó por consenso la nueva política del MICI, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación con el que cuenta el Banco y que tiene como objetivo responder a las inquietudes y quejas de individuos o comunidades afectadas por “algún daño sustancial, adverso y directo como consecuencia de un posible incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus políticas operativas en una operación financiada por la Institución” [1] y, a través de ello, mejorar los resultados sociales y ambientales de sus operaciones.

De acuerdo a lo establecido por el propio Banco, el objetivo de la reciente revisión de la política del MICI, iniciada en agosto de 2013 y finalizada recién a fines del 2014, consistía en “asegurar que el Mecanismo esté organizado y cuente con el personal para satisfacer las necesidades actuales y futuras, y que tenga la estructura, política y procesos apropiados para funcionar de manera efectiva”.[2]

Sin embargo, la aprobación de la nueva Política no ha hecho más que confirmar la fuerte preocupación de una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que veían en la revisión una clara y deliberada posibilidad de debilitamiento del Mecanismo, y un retroceso en el proceso de fortalecimiento del mismo, iniciado en 2010.

A su vez, a lo largo de todo el proceso de revisión que implementó el Banco se han podido apreciar una serie de irregularidades y falencias; en especial respecto a las consultas públicas y la incorporación de comentarios de la sociedad civil, que ponen en duda la legitimidad de todo el proceso.

El BID no solo ha hecho oídos sordos a los reclamos de un grupo de organizaciones por asegurar un proceso de consulta efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del Mecanismo, sino que, peor aún, pareciera que prácticamente no ha tenido en cuenta los comentarios y sugerencias realizados por la sociedad civil en relación al Borrador de la Política Revisada del MICI.

Un claro ejemplo de ello lo constituye el documento de Comentarios al Borrador de la Política Revisada que FUNDEPS, junto a un grupo de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo enviaron al Banco en Septiembre pasado, en el marco de la segunda fase de la consulta pública. De los más de 45 comentarios  sugiriendo mejoras para el Mecanismo realizados en dicho documento, solo han sido tenidos en cuenta 3 de ellos en la nueva Política, y solo parcialmente.

Además, resulta poco probable que se hayan tenido en cuenta las sugerencias del resto de los individuos y organizaciones de diversos países de la región y el mundo que enviaron sus comentarios en el marco de la consulta pública (un total de 43 documentos con comentarios escritos, de acuerdo al Banco) ya que el documento de la nueva Política es prácticamente igual al del Borrador proporcionado para la consulta, salvo por algunas escasas modificaciones. Si se analizan comparativamente ambos documentos se podrá apreciar que los textos son prácticamente idénticos, con escasas incorporaciones sustanciales; la gran mayoría de los cambios son sólo de redacción y los cambios de fondo no superan los 15 casos, muchos de los cuáles ni siquiera incorporan mejoras realmente sustanciales en aras de conformar un mecanismo más efectivo y eficiente.

A esto se suma el hecho de que muy pocas de las recomendaciones y sugerencias vertidas por la sociedad civil durante la primera fase de consultas públicas fueron efectivamente contempladas en el Borrador de la Política Revisada, tal como se puede apreciar de un análisis comparativo entre el documento Borrador y dichos comentarios, accesibles a través de la página web del Banco.

Frente a este escenario, cabe preguntarse cuál es la verdadera relevancia que el BID le da a las consultas públicas que lleva adelante: ¿El Banco realmente toma en cuenta los comentarios realizados por las numerosas organizaciones e individuos de la sociedad civil que invierten su tiempo, esfuerzo y recursos en aras de buscar mejorar el funcionamiento de la Institución?…¿o las mismas sólo constituyen un mero procedimiento que el Banco realiza únicamente como requisito necesario para legitimar sus acciones, sin tomar realmente en consideración lo planteado por la Sociedad Civil en dichos espacios?

Los cambios en la nueva política

La nueva Política propuesta por el Banco contempla una serie de importantes cambios en cuanto a la estructura y funcionamiento del Mecanismo, entre los que destacan:

Estructura: Se redefine la estructura del Mecanismo, lo que incluye:

  • A partir de ahora estará encabezado por un Director del MICI, quien reportará al Directorio Ejecutivo del Banco y será responsable de toda la oficina y el personal administrativo y operativo del MICI, incluyendo a los dos Coordinadores de Fase, que trabajarán bajo la supervisión del Director.
  • El Coordinador de la Fase de Consulta sustituye a la figura del Ombudsman de Proyectos.
  • El Panel de Verificación de la Observancia deja de ser permanente, y pasará a conformarse por el Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia (quien actuará como presidente del Panel) y dos expertos independientes contratados ad hoc para cada caso de una lista o Roster de expertos.
  • El Director del MICI será nombrado por el Directorio Ejecutivo mientras que los Coordinadores de Fase serán nombrados por el Director.
  • Se elimina la figura de Secretario Ejecutivo del MICI;

Funcionamiento: Se introducen diversas modificaciones, entre las que destacan:

  • Cambios en el Procesamiento de la Solicitud y los requisitos y contenidos requeridos.
  • Alcance: limita la cobertura a las operaciones financiadas por el Banco desde la aprobación por el Directorio (la política anterior cubría también las operaciones financiadas antes de su aprobación por el Directorio) y solo hasta los 24 meses (2 años) posteriores al último desembolso.
  • Se procura simplificar el proceso de Elegibilidad de las Solicitudes estableciendo una única elegibilidad conducida por el Director del MICI, en consulta con los Coordinadores de Fase.
  • Se elimina el requisito de secuencia para el caso en que el Solicitante desee ir directamente a la Fase de Verificación de la Observancia, pero se mantiene para el caso que se opte por ambas Fases.
  • Se establecen plazos para todas las etapas para reducir los tiempos de respuesta.

Vale destacar que la nueva política incorpora una serie de disposiciones que, si bien escasas, resultan positivas en relación a la anterior política, como por ejemplo:

  • Los cambios en la estructura del Mecanismo en procura de hacerlo más efectivo;
  • La unificación de los procesos de elegibilidad del proyecto en un único proceso conducido por el Director del MICI;
  • La posibilidad de realizar visitas sobre el terreno en el país donde se lleve a cabo el proyecto (durante la Fase de Elegibilidad);
  • La intención de hacer más estructurado y transparente el proceso de Registro de las Solicitudes;
  • La posibilidad de que los Solicitantes puedan optar ya sea por la Fase de Consulta, por la de Verificación de la Observancia, o por ambas, eliminando el requisito de secuencialidad cuando los Solicitantes quieran recurrir directamente a la Fase de  Verificación de la Observancia;
  • La conformación de un Roster de expertos de donde se seleccionarán los dos miembros ad hoc del Panel que acompañarán al Coordinador de la Fase de Verificación de la Observancia en cada caso particular.

De todas maneras, y más allá de estos escasos aspectos positivos, la nueva Política representa en términos generales, un fuerte debilitamiento del Mecanismo, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia, aspectos cruciales para lograr un instrumento efectivo y eficiente. Así, la nueva Política del MICI establece disposiciones que ponen en jaque la  independencia del Mecanismo además de crear una gran cantidad de obstáculos innecesarios para acceder al mismo y hacer mucho más complicada la presentación de una Solicitud por parte de los afectados. (Para ver en detalle algunas de las principales críticas y sugerencias realizadas por un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión del MICI, ver el siguiente Documento).

La nueva Política no solo significa un fuerte retroceso en el proceso de fortalecimiento del Mecanismo llevado a cabo a partir del reemplazo del antiguo e ineficiente MII (Mecanismo de Investigación Independiente) por el MICI; sino también en relación al resto de los mecanismos de rendición de cuentas existentes en otras Instituciones similares al BID. Mientras la mayoría de los mecanismos de dichas instituciones tienden a facilitar y promover el acceso a sus mecanismos; el BID está pretendiendo hacer lo opuesto estableciendo un mecanismo poco accesible, poco independiente y por tanto, muy poco confiable y efectivo.

De esta manera, el BID inicia el año 2015 dando un preocupante paso atrás en relación al MICI, un instrumento de gran relevancia para la protección del ambiente y los derechos humanos en los países donde el Banco actúa. Será responsabilidad de la sociedad civil procurar que, más allá del debilitamiento en la redición de cuentas del BID que plantea la nueva política, el Mecanismo funcione de la manera más efectiva y eficiente posible; y FUNDEPS seguirá trabajando en pos de ese objetivo.

Más Información:

Página web del MICI

Nueva Versión Aprobada del MICI – 17 de diciembre de 2014

Borrador de la Política Revisada del MICI – Junio de 2014 (sometido a consulta pública en la segunda fase)

Comentarios al Borrador de Política Revisada del MICI – Septiembre de 2014 (enviado al Banco por más de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la Segunda Fase de Consultas Públicas

Resumen de los Principales Cambios Propuestos para la Segunda Fase

Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 2010 (antigua política).

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
gon.roza@fundeps.org


[1] Ver sección del MICI en la página web del BID: http://www.iadb.org/es/mici/inicio,7736.html
[2] Documento “Revisión de la estructura y la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI): resumen de los cambios principales”. 30 de julio de 2014. BID. Pp. 1. Disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38964287

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Iniciativa de Acceso (TAI) se suman al proceso de elaboración del instrumento regional a través de contribuciones al Documento Preliminar en relación al Derecho de Acceso a la Participación Pública.

Durante la Cuarta Reunión de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe celebrada del 4 a 6 de noviembre de 2014 en Santiago de Chile, se aprobó el documento denominado “Decisión de Santiago”, en el cual se solicitó a la CEPAL preparar un borrador preliminar del instrumento regional y se invitó a los países signatarios y no signatarios y al público a que envíen contribuciones para la elaboración del documento preliminar.

En forma conjunta FUNDEPS, CEMDA y TAI se comprometieron a participar en este proceso de construcción regional y en estos días han enviado un documento en donde se reflejan los aportes relacionados al derecho de acceso a la participación pública. El trabajo en conjunto se organiza en diferentes ejes, específicamente referidos al derecho a la participación: Lineamientos, Tipos de actividades, Mecanismos e instrumentos para la participación del público, Facilitación de la participación del público, Acceso a la información, Consideración de las observaciones del público y fundamentos de la decisión adoptada y Consideración especial a grupos específicos o vulnerables.

Para la elaboración de este documento se ha trabajado teniendo en cuenta los “Contenidos de San José” los cuales reflejan los parámetros mínimos que deberían tenerse en cuenta al momento de elaborarse el convenio: la apertura e inclusión en la participación, la autonomía para organizarse y participar, el respeto a la diversidad cultural, la corresponsabilidad entre el gobierno y el público, la institucionalidad para garantizar la efectiva y transparente ejercicio de este derecho, instancias y mecanismos de participación.

Estos aportes cuentan con un modelo de propuesta de redacción para el documento y además se citan ejemplos de legislaciones de la región de América Latina y el Caribe a fin de que la CEPAL y los Estados signatarios cuenten con ejemplos concretos relativos a cada uno de los contenidos aportados a la hora de la elaboración del instrumento regional.

FUNDEPS espera que estos aportes contribuyan para la elaboración del Convenio Regional para América Latina y el Caribe a los fines de afianzar los derechos de acceso en materia ambiental.

Más información:

– Contribuciones en participación publica al Convenio Regional sobre Principios de Acceso

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En el marco de las modificaciones propuestas a las salvaguardas sociales y ambientales del Banco Mundial, un numeroso grupo de relatores de derechos humanos de la ONU realizó duras críticas a las mismas, solicitando a través de una carta dirigida al Presidente del Banco Mundial, que los derechos humanos sean debidamente considerados en las garantías exigidas por la institución financiera.

El pasado 16 de diciembre, 28 relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron de manera conjunta una carta al Presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim realizando severas críticas a las modificaciones propuestas por dicha institución. Estas modificaciones se encuentran en plena discusión y ha sido objeto del trabajo de FUNDEPS. De acuerdo a los relatores de derechos humanos las modificaciones propuestas “parecen moverse en la dirección opuesta al progreso” ya que reducirían las garantías de índole social y ambiental que esta entidad financiera requiere al momento de otorgar préstamos, especialmente en materia de derechos humanos. Según afirman, el documento “parece evitar cualquier referencia significativa a los derechos humanos”.

El relator sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip G. Alston, sostuvo que la principal razón de esta modificación parece ser un intento del Banco Mundial para competir con iniciativas de financiamiento alternativas (financiadas mayormente por China, Rusia e India) que no aplican estas salvaguardas mínimas. No obstante, Alston expresó que esta razón no es suficientemente válida como para reducir las garantías existentes, ya que el Banco Mundial por su carta fundacional se encuentra formalmente comprometido a la eliminación de la pobreza extrema y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en países en desarrollo, y la persecución de estos resultados no se conecta lógicamente con las modificaciones propuestas

Los redactores de la misiva plantean que la comunidad internacional ya ha aceptado que el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Es por eso que –coincidentemente con el derecho internacional – sostienen que el Banco Mundial debe considerar la relevancia de los derechos humanos en los objetivos de sus programas, como así también incorporarlos dentro de sus exigencias.

Por último, después de realizar una enumeración de fundadas críticas en un anexo a la carta enviada al Presidente de la institución, los redactores de la misma, recomiendan que el Banco Mundial debería financiar solo proyectos que satisfagan los requisitos establecidos, evitando apoyar aquellos que incumplan con las obligaciones sobre derechos humanos. En el proceso de análisis de cada proyecto deberían recurrir a información no sólo brindada por quien recibe el préstamo, sino que también sería el Banco quien debería realizar las investigaciones pertinentes, teniendo en consideración los grupos afectados o potencialmente afectados, como así también los grupos defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. En este contexto, remarcaron que muchos grupos vulnerables siguen sin protección en los proyectos del Banco Mundial, algo que fue objeto de protestas en las últimas reuniones anuales del Banco Mundial. De la misma manera, sostienen que las modificaciones propuestas deben utilizar un lenguaje más estricto que goce de claridad y precisión minimizando la discrecionalidad a la hora de otorgar financiamiento.

Desde FUNDEPS continuaremos participando en estas discusiones globales, intentando asegurar que el Banco Mundial establezca estándares respetuosos de derechos humanos en sus procesos operativos.

Más información:

Carta de Relatores de Derechos Humanos al Presidente del Banco Mundial – Salvaguardas – INGLÉS

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gon.roza@fundeps.org

El reciente caso de corrupción en Petrobras que sacude a Brasil ha salpicado el proyecto de los gasoductos troncales para la provincia de Córdoba que cuenta con financiamiento, aún no desembolsado, del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Este caso representa un ejemplo más de la necesidad de transparentar el accionar de esta institución, sobre todo en sus operaciones fuera de Brasil.

A comienzos de 2008, durante la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti, se decidió impulsar el Proyecto de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. En caso de concretarse, el mismo consiste en la construcción de 5 gasoductos troncales (Norte, Centro, Sur, Este y Ruta 2) con una extensión total de 1.667 kilómetros que atravesarán la provincia y llevarán gas natural a más de 80 localidades del interior provincial que actualmente carecen de acceso a dicho servicio. Para la realización del proyecto el gobierno provincial gestionó y obtuvo,  un financiamiento por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) de 257 millones de dólares.  En octubre de 2008 se llamó  a  licitación pública internacional de la obra, la cual fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE). La misma está conformada por la constructora brasilera Andrade Gutiérrez y las empresas argentinas BRITOS S.A y IECSA S.A.

A pesar de estos avances, se produjeron una serie de contratiempos de carácter político que responden a la mala relación existente entre el gobierno provincial y el nacional y que imposibilitaron la llegada del financiamiento. Así, el retraso en la firma del aval al financiamiento por parte del Ministerio de Economía nacional impidió, hasta el momento, la materialización del desembolso y  ha significado una vuelta a foja cero del proceso, corriendo el riesgo de vencer los plazos para su ejecución. El asunto se sigue agravando si tenemos en cuenta las malas relaciones reinantes entre las autoridades provinciales y miembros del gobierno nacional, que dificultan todo tipo de acercamiento para destrabar la situación imperante.

No obstante las pocas novedades que hubo en los últimos años respecto al avance del proyecto, el mismo ha tomado relevancia en las últimas semanas debido a su posible vinculación con casos de corrupción que tienen como protagonistas a empresas de Brasil. (Ver “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014). Más precisamente, con los casos de la petrolera brasileña Petrobras e importantes constructoras, todas acusadas de malversación de fondos, sobreprecios y sobornos, que ha sacudido al país vecino en el transcurso de los últimos meses.

En numerosos documentos secuestrados por la justicia brasilera, se han podido hallar diversas menciones acerca del financiamiento del BNDES para la realización de las obras en la Provincia de Córdoba y su contacto con la constructora Andrade Gutiérrez. Así mismo, esta última ha sido víctima de una demanda civil bajo la acusación de haber cobrado sobreprecios en contratos celebrados con la ya mencionada petrolera en los últimos años.

Si bien resulta discutible trazar una relación directa entre el financiamiento del programa de gasificación y las acusaciones de corrupción, lo cierto es que el accionar poco transparente del BNDES no contribuye a  clarificar la situación y a disipar dudas e inquietudes. Este representa un claro ejemplo de lo que hace tiempo FUNDEPS, junto a un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, vienen resaltando respecto al accionar de esta institución:  sus bajos estándares de transparencia, rendición de cuentas y escasa difusión de información acerca de la manera en que opera tanto dentro como fuera de Brasil.

Más información:
– “Gasoductos cordobeses, salpicados por caso de corrupción en Brasil”, La Voz del Interior – Diciembre de 2014
– “Implementación de una Política de Acceso a la Información para el BNDES”, FUNDEPS – Abril de 2014
– “Un año clave para la transparencia en el BNDES” , FUNDEPS – Enero de 2014

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Gonzalo Roza, Coordinador del Área de Gobernabilidad Global
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En el marco de las actividades por la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima, se discutirá cómo las finanzas internacionales y las salvaguardas socioambientales en los proyectos de infraestructura en América Latina impactan en la selva amazónica.

Este evento es coorganizado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación (Mexico), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables – FUNDEPS (Argentina), Asociación Ambiente y Sociedad – AAS (Colombia) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR (Perú) constituidos en el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

La discusión se inscribe en el marco de la Conferencia de la Partes del Convenio Marco de Cambio Climático en Lima.  Los ponentes abordarán el estado actual de la financiación de infraestructura en América Latina proveniente de bancos tradicionales como el Banco Mundial / Corporación Financiera Internacional y el flamante banco de los países BRICS. Se ha realizado un análisis comparativo de cuatro proyectos con financiamiento externo en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, evaluando los impactos en el bosque amazónico y los instrumentos (salvaguardas) para la gestión de los riesgos sociales y ambientales.

Como caso especial se tratará acerca del ejemplo negativo de Brasil y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES, por sus siglas en portugués). El BNDES, que también financia proyectos fuera de Brasil, ha sido acusado de falta de transparencia, de normas sociales y ambientales claramente definidas, y de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales.

Se teme que el recientemente creado banco de los países BRICS tampoco ponga énfasis suficiente en normas que protejan el medio ambiente y la sociedad en su proceso de aplicación. Esta realidad está afectando las políticas de los bancos tradicionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los países que buscan atraer más inversión también reaccionarán a los cambios en el financiamiento internacional disponible. Grandes proyectos de infraestructura que hacen caso omiso de las preocupaciones ambientales, como son los casos de CVIS (Perú), Pasto Mocoa (Colombia), Coca Codo Sinclair (Ecuador) y el TIPNIS (Bolivia), son prueba de ello.

Un panel de expertos sobre cambio climático, megaproyectos y gobernanza (transparencia, participación, gestión del riesgo) discutirán las principales ideas y los avances del análisis mencionado anteriormente. La sesión también dará al público la posibilidad de participar en el debate.

Preguntas clave:
1.      ¿Cómo pueden los bancos aplicar salvaguardas al financiamiento de proyectos en América Latina para prevenir conflictos sociales y desastres medioambientales?
2.      ¿Cuál es el papel de los nuevos bancos nacionales y regionales en la financiación de la infraestructura regional?
3.      ¿Cómo el debilitamiento de los estándares de financiamiento en la región afecta a los sistemas de los países? ¿Cómo pueden estos reaccionar frente a los nuevos desafíos?

 Más información:

Detalles de logística del evento

Panorama del financiamiento para infraestructura en Latinoamérica

Lineamiento para la discusión. Implementación de una Política de Acceso a la Información Pública en el BNDES

Casos paradigmáticos de inversión del BNDES en Sudamérica. Necesidad y oportunidad para mejorar políticas internas

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Nuestro país recibe y ha recibido en los últimos años diversos fondos por parte de instituciones financieras internacionales a los fines de gestionar los recursos forestales existentes en nuestro territorio. ¿Cómo se planean, ejecutan y deciden?

En este contexto, no es ocioso que la sociedad civil se pregunte cuáles son los principios y normas rectoras que se toman como punto de partida para aplicar estos fondos y si estos realmente se cumplen en la ejecución. Por ello desde FUNDEPS hemos decidido llevar a cabo un monitoreo de la gestión de dos fondos que ha recibido nuestro país y que se ajustan a estas caracterisitcas: el “AR Sustainable Natura l Resources Management”, otorgado por el Banco Mundial, y el “AR – L 1067: Forest Sustainability and Competitiveness Program” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos serán de aplicación en numerosas provincias argentinas y afectarán a gran parte del país, pero con una finalidad en común: beneficiar a la producción forestal con una mirada sustentable.

El manejo de nuestros recursos forestales ha sido históricamente marcado por el avance desmedido de la frontera agrícola, el desmonte constante de los bosques nativos, la violación de los derechos de las comunidades originarias y campesinas y la inexistencia de procesos transparentes y participativos de toma de decisión. Es por ello queenviamos numerosos pedidos solicitando información vinculada con estos dos proyectos y nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se encargan de llevar a cabo la ejecución de estos fondos.

Si bien será en nuestro informe final donde se encontrarán todas las conclusiones pertinentes, nos encontramos en la necesidad de adelantar que, tras haber vencido el plazo de ley para responder a los pedidos de información enviados a las provincias, sólo unos pocos han sido respondidos. De las respuestas que hemos recibido, en su mayoría no otorgan información relevante sobre la aplicación de los proyectos. Es sumamente complejo acceder a la información necesaria para poder evaluar los lugares en dónde se ejecutan los proyectos forestales y la desarticulación entre los organismos estatales es abrumadora.

Si bien hallamos mucha información sobre las normas que se aplican, los parámetros de evaluación y rendición de cuentas, los criterios técnicos y sobre los objetivos de los fondos, consideramos que su lectura es compleja, la información sobreabundante, lo que en la práctica la hace inaccesible y, en algunos casos, en otro idioma.

Más información:

Informacion_sistematizada_-_Proyectos_gestion_de_bosques – Banco Mundial – BID

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Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Además de participar en las discusiones y movilizaciones que se realizaron respecto a al proceso de revisión de salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial, FUNDEPS mantuvo reuniones con personal del BID y del MICI; y formó parte de un panel de discusión donde se presentó una publicación acerca del panorama actual del financiamiento para infraestructura en América Latina, elaborado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura.

En el transcurso de la semana pasada, FUNDEPS estuvo participando de las Reuniones Anuales 2014 del Banco Mundial y el FMI en la ciudad de Washington D.C. (Estados Unidos). Si bien la agenda predominante durante estas Reuniones Anuales fue el proceso de revisión y actualización de las Salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial, la visita a Washington sirvió también para trabajar en una serie de agendas adicionales en las que FUNDEPS está involucrado, tales como el proceso de revisión del MICI del BID; la presentación de una publicación sobre Financiamiento para Infraestructura en América Latina, realizada con el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura; e incluso tener una serie de reuniones estratégicas y de planificación con diversas organizaciones de la región y del mundo.

Sin dudas, la agenda prioritaria actualmente respecto al Banco Mundial es el futuro de las salvaguardias de la Institución, cuyo proceso de revisión tiende a un preocupante debilitamiento y dilución de los estándares ambientales y sociales a cumplir cuando el Banco financia un proyecto en uno de sus países miembros (Ver Comunicado “El Banco Mundial busca debilitar los estándares socio-ambientales en sus proyectos. Respuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil”). El borrador del nuevo régimen de salvaguardias recientemente publicado por el Banco confirma en gran medida esa tendencia y fue fuertemente criticado y rechazado por gran parte de la sociedad civil alrededor del mundo. Justamente, a principios de Octubre fue enviada al Banco una Declaración con la suscripción de más de 130 organizaciones alrededor del mundo, rechazando el borrador y destacando cuáles son los principales retrocesos que plantea. (Ver Declaración enviada al Banco).

A tal punto llegó la inconformidad de la sociedad civil respecto al proceso de revisión de las salvaguardias, que en el transcurso de la consulta pública planificada por el Banco para el pasado sábado 11 de octubre, la mayoría de los participantes, tras cuestionar tanto las reformas que plantea el Banco como el proceso de consulta en general, decidieron abandonar la sala (Ver Videos sobre la Consulta) y realizar una movilización fuera del Banco, que contó con una amplia participación de diversos actores descontentos no sólo con el proceso de revisión de las salvaguardias sino también con el modelo de gobernanza y financiamiento que plantea la Institución. (Para ver fotos de la movilización acceder Aquí)

En el transcurso de las Reuniones Anuales se confirmaron, también, los lugares en donde se desarrollarán las próximas consultas regionales para brindar comentarios acerca del proceso de revisión siendo Brasil, Paraguay, Perú y Bolivia los países latinoamericanos donde se estarán desarrollando las consultas presenciales en el transcurso del próximo mes.

En cuanto al proceso de revisión del MICI, FUNDEPS aprovechó su presencia en Washington para mantener reuniones presenciales con Victoria Márquez-Mees, Directora Ejecutiva del MICI; y con Flavia Milano, especialista de Sociedad Civil del BID. Más allá de obtener una actualización acerca del estado de la revisión del Mecanismo, las reuniones sirvieron para trasladar al Banco y al equipo del MICI la gran preocupación existente en relación al retroceso en materia de Accesibilidad, Independencia y Efectividad que representa el Borrador de Política Revisada que el Banco ha sometido a consulta. (Ver comunicado “Preocupa el potencial debilitamiento del MICI en el proceso de revisión que está llevando adelante el BID”)

A su vez, con Flavia Milano pudieron tocarse temas de la relación entre el BID y la Sociedad Civil, tales como la situación de los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSOCs); el estado de implementación de la Política de Acceso a la Información, la misma revisión del MICI e incluso las reformas institucionales que está planificando el Banco, como la reforma de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) con el objetivo de darle mayor relevancia al financiamiento de carácter privado (Ver comunicado “En una reunión en la que se excluyó a la sociedad civil, el BID realiza cambios en su estructura”); e incluso el probable inicio de una revisión de las salvaguardias sociales ambientales del Banco, siguiendo los pasos del Banco Mundial.

Finalmente, cabe destacar que en el marco del Policy Forum de la Sociedad Civil de las Reuniones Anuales del Banco Mundial/FMI, se realizó la presentación del documento “Panorama del Financiamiento para Infraestructura en América Latina”, elaborado por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), del cual FUNDEPS forma parte junto con otras tres organizaciones de la región: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú; Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia; y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, de México.

Más información

– Panorama del financiamiento para infraestructura en América Latina

Contacto:

Gonzalo Roza

Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

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Los cambios impulsados por el Banco plantean un debilitamiento deliberado del Mecanismo, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia, aspectos cruciales para lograr un instrumento efectivo y eficiente.

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es un mecanismo independiente dentro del entramado institucional del Banco Interamericano de Desarroll (BID) que tiene como objetivo responder a las inquietudes y quejas de individuos o comunidades afectadas por “algún daño sustancial, adverso y directo como consecuencia de un posible incumplimiento por parte del Banco de alguna de sus políticas operativas en una operación financiada por la Institución.[1] A su vez, a través de su accionar busca mejorar los resultados sociales y ambientales de las operaciones del Banco. De allí la importancia de este instrumento para la protección del ambiente y los derechos humanos en los países donde el Banco actúa; y lo preocupante que resultan los cambios que pretende introducir el Banco, que implicarían un evidente debilitamiento del Mecanismo y un claro retroceso en el proceso de fortalecimiento del mismo, iniciado en 2010.

Justamente, en el año 2010 el MICI reemplazó al fallido e ineficiente Mecanismo Independiente de Investigación (MII) en lo que representó una positiva apuesta del Banco por fortalecer y hacer más eficiente el Mecanismo. Sin embargo, en el año 2013 se inició una nueva revisión del mismo que derivó, tras una Primer Fase de Consulta Pública, en la elaboración de un Borrador de Política Revisada del MICI, recientemente publicado por el Banco. El documento fue sometido a una Segunda Fase de Consulta Pública recientemente finalizada, el 15 de septiembre pasado, donde el Banco estuvo recibiendo las opiniones y comentarios de la  sociedad civil respecto al mismo.

Es en ese marco en el cuál un conjunto de más de 20 organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del mundo[2] enviaron un documento de Comentarios al Borrador de la Política Revisada, expresando su gran preocupación por los cambios que está planteando el Banco. El documento, en cuya elaboración FUNDEPS ha participado activamente, resalta el fuerte retroceso que representa la propuesta del Banco, sobre todo en materia de Accesibilidad e Independencia del Mecanismo, y plantea una serie de críticas y recomendaciones entre las cuales destacan:

  • La Política Revisada no sólo representa un debilitamiento y retroceso en relación al Mecanismo aún vigente, sino también en relación al resto de los mecanismos de rendición de cuentas existentes en otras Instituciones similares al BID. Mientras la mayoría de los mecanismos de dichas instituciones tienden a facilitar y promover el acceso a sus mecanismos; el BID está pretendiendo hacer lo opuesto estableciendo un mecanismo poco accesible, poco independiente y por tanto, muy poco confiable y efectivo;
  • El Borrador de Política Revisada establece disposiciones que ponen en jaque la  independencia del Mecanismo además de crear una gran cantidad de obstáculos innecesarios para acceder al mismo y hacer mucho más complicada la presentación de una Solicitud por parte de los afectados;
  • Se han podido apreciar, a lo largo de todo el proceso de revisión que implementó el Banco, una serie de irregularidades y falencias en especial respecto a las Consultas Públicas y la incorporación de comentarios de la sociedad civil, que ponen en duda la legitimidad de todo el proceso; por lo que el Banco debe establecer un proceso participativo e inclusivo de implementación del nuevo mecanismo que permita paliar dichas irregularidades.

A su vez, el documento plantea una amplia y detallada serie de comentarios y sugerencias sobre el Borrador de Política Revisada en materia de Implementación; Accesibilidad; Independencia; Efectividad; Estructura, Manato y Proceso; y Terminología y Definiciones. (Ver el Documento completo)

FUNDEPS ha venido participando activamente en el proceso de revisión del MICI (ver comunicado “Organizaciones de la sociedad civil reclaman al BID un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del MICI”) procurando evitar el debilitamiento del Mecanismo, lo que redundaría evidentemente en menores posibilidades de remediación para aquellos afectados por proyectos financiados por el Banco. En ese sentido, y en el marco de su participación en el mes de octubre en las próximas Reuniones Anuales del Banco Mundial y el FMI en Washington DC, el equipo de Gobernabilidad Global de FUNDEPS realizará reuniones de incidencia sobre el Directorio Ejecutivo del Banco y el personal del MICI con el objetivo de expresar la fuerte preocupación de la sociedad civil en torno a la revisión del Mecanismo y evitar el debilitamiento del Mecanismo.

Más información:

Página web del MICI

Propuesta de Política Revisada

Resumen de los Principales Cambios Propuestos

Política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 2010 (actualmente en vigencia).

Archivos Adjuntos:

Comentarios_al_borrador_de_politica_revisada_del_MICI – BID_-_espanol.pdf

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org


[1] Ver sección del MICI en la página web del BID: http://www.iadb.org/es/mici/inicio,7736.html
[2] Accountability Counsel de EEUU – Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia – Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) de México – Center for International Environmental Law (CIEL) de EEUU – Comisión de Justicia y Paz de Colombia – Comunidades Unidas Macroproyecto Aeropuerto El Dorado de Colombia – Corporativa de Fundaciones AC de México – Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú – Ecoa de Brasil – EarthRights International de EEUU – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina – Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) de Chile – Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) de Argentina – Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. de México – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) de Argentina – Human Rights Clinic at the University of Texas at Austin, School of Law de EEUU – Human Rights Council de Etiopía – Jamaa Resource Initiatives de Kenia – Natural Justice de Sudáfrica – Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) de EEUU – Social Justice Connection de Canadá – Centre for Research on Multinational Organizations (SOMO) de Holanda – Yansa Foundation de EEUU.

En los últimos años China ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe una preocupación en organizaciones de la sociedad civil por los estándares ambientales y de derechos humanos.

La reciente gira latinoamericana del presidente de la República Popular China Xi Jinping por los países de Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela y los correspondientes acuerdos tanto bilaterales como multilaterales firmados por el mandatario, no hicieron más que reforzar una tendencia que se ha venido profundizando poco a poco en el transcurso de los últimos años: la creciente presencia de China en la región, traducida en un incremento sustancial en el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las visitas oficiales que, durante 2013, realizó el presidente chino a México y diferentes países centroamericanos y del Caribe, y las visitas oficiales del anterior primer ministro chino Wen Jiabao a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en 2012 que derivaron en la creación del Fondo de Cooperación China – América Latina, son ejemplos concretos de ello.

Si se analizan los principales acuerdos firmados durante esta gira presidencial, se podrá apreciar fácilmente que el sector de infraestructura es el destino preponderante de las inversiones chinas, sobre todo en materia de transporte y energía. Así, por ejemplo, los acuerdos firmados en Argentina implicarían la inversión de más de 4.800 millones de dólares para la recuperación de ferrocarriles (ex Belgrano Cargas), el financiamiento de represas hidroeléctricas, y diversos acuerdos en materia de energía nuclear, infraestructura, agricultura e industria naval, entre otros (listado de acuerdos suscriptos). En el caso de Venezuela los acuerdos involucraron financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura y un convenio con PDVSA para investigación de minerales, mientras que en Brasil, el mandatario chino asistió a la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en donde se estableció  la creación de un Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo de los BRICS (denominado Nuevo Banco de Desarrollo), que tiene como finalidad movilizar recursos para proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo; y se plantea como una “alternativa” al Banco Mundial y el FMI.

Si se observan los números totales, desde 2005 en adelante China ha dado créditos a la región superando los 100 billones de dólares, en un relación que muchos han definido como “mutuamente beneficiosa”, ya que por su parte China obtiene los recursos y materias primas que demanda su economía en pleno crecimiento (básicamente alimentos y recursos energéticos), mientras que los países latinoamericanos acceden a un importante y necesitada fuente de financiamiento externo.

Sin embargo, lo que no se está teniendo en cuenta en ese análisis y está siendo en gran medida soslayado por los diferentes actores tanto públicos como privados de los países latinoamericanos, son los riesgos en materia socioambiental y de Derechos Humanos que pueden traer aparejados los proyectos e iniciativas financiadas por esta vía. Los cuales, por lo general, cuentan con requisitos y estándares socioambientales más flexibles que los de las fuentes tradicionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el BID, por ejemplo. Los cuales, de por sí, continúan siendo fuertemente cuestionados desde la sociedad civil por su incapacidad de abordar efectivamente la protección del Medio Ambiente y los Derechos Humanos de las poblaciones involucradas.

A su vez, resulta muy difícil poder acceder a información certera y fidedigna acerca de las inversiones chinas (montos, condiciones, características del financiamiento, actores involucrados, etc.) tanto en la región en general como en Argentina en particular, ya que no existen actualmente una gran cantidad de actores (ya sea de la sociedad civil, como de la academia, del sector privado o incluso la esfera pública) que se dediquen a hacer un seguimiento y monitoreo pormenorizado de este tipo de financiamiento y, más importante aún, de sus impactos e implicancias en cada uno de los países.

En un escenario con estas características, donde por un lado el monto de las inversiones y créditos se incrementan exponencialmente y por el otro, la información es escasa y ambigua, algunos actores de la sociedad civil han comenzado a involucrarse en el tema procurando realizar actividades de investigación y seguimiento, e incluso elaborando herramientas que permitan una  mayor comprensión de las características y particularidades de las inversiones chinas en la región.

Recientemente, por caso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador presentó el “Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior”, una herramienta teórico-práctica destinada a servir como guía para las comunidades locales y difundir parámetros en relación a derechos y sostenibilidad frente a las inversiones y créditos chinos. El documento, elaborado por Paulina Garzón, representa un gran avance para las comunidades y demás sectores de la sociedad civil involucrados y contribuye sustancialmente para una mejor comprensión de una temática de creciente relevancia para nuestra región.

Por su parte, y teniendo en cuenta esta creciente necesidad, FUNDEPS ha iniciado recientemente un trabajo de monitoreo y seguimiento de esta agenda en el marco del trabajo de investigación e incidencia que lleva adelante sobre los diferentes actores regionales del financiamiento para el desarrollo.

Más información:

CDES – Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

La sociedad civil latinoamericana debe actuar de manera urgente frente al riesgo de debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial. Mayores precisiones en cuanto al debilitamiento de esos estándares y las respuestas desde organizaciones de la sociedad civil.

Un borrador filtrado de la propuesta del nuevo marco de políticas de salvaguardias para el Banco Mundial deja en evidencia lo que la sociedad civil venía temiendo desde el inicio mismo del proceso de revisión, en el año 2012: un evidente riesgo de debilitamiento de los estándares ambientales y sociales destinados a proteger a las personas y el medioambiente de los impactos negativos ocasionados por los proyectos financiados por el Banco.

Si bien el borrador presenta algunos avances secundarios, resulta evidente que el nuevo régimen de salvaguardias que se está proponiendo para la institución representa un claro retroceso en materia estándares socioambientales; y prácticamente echará por tierra toda una generación de logros y avances de la sociedad civil y de comunidades afectadas en pos del fortalecimiento de las mismas. A su vez, representa un peligroso precedente para otras Instituciones Financieras que actúan en la región, como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) o la CAF (Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo de América Latina), que suelen tomar al Banco Mundial como “modelo a seguir”.

Sin embargo, aún no es demasiado tarde para actuar, ya que los Directores Ejecutivos del Banco deben reunirse el próximo 30 de julio para decidir si el borrador avanza a la siguiente fase (segunda ronda de consultas) o debe ser devuelto a la Gerencia del Banco para ser modificado. Es por ello que resulta de imperiosa urgencia que la sociedad civil latinoamericana se contacte con los Directores Ejecutivos de la región que estarán reuniéndose el próximo 30 de julio a fin de expresarles su preocupación en relación al borrador de las nuevas salvaguardias y reclamarles que la misma sea enviada nuevamente a la Gerencia para su reforma.

A continuación los datos de contacto de los Directores Ejecutivos que representan a los países de la región:

  • Director de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: César Guido Forcieri (argentino) – Correo: cforcieri@worldbank.org
  • Director de México, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y España: Juan José Bravo Moisés (mexicano) – Correo: jbravomoises@worldbank.org
  • Director de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana y otros: Roberto Tan (filipino) – Correo: rtan1@worldbank.org. Suplente: Rogerio Studart (brasileño) – Correo: rstudart@worldbank.org

Algunas Organizaciones de la Sociedad Civil ya se han comunicado con Directores Ejecutivos y funcionarios del Banco Mundial para expresar su preocupación por estos posibles cambios. Así, en una comunicación enviada el pasado 24 de julio, se expresó la oposición al borrador. A modo de ejemplo, se marcaron puntos como «la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación».

FUNDEPS ha estado siguiendo el proceso de revisión de las salvaguardias del Banco, ha mantenido una serie de reuniones de incidencia en los últimos meses (ver aquí) y a pesar de haber intentado, infructuosamente, contactarse en reiteradas oportunidades con el Director Ejecutivo argentino César Guido Forcieri, volverá a intentar comunicarse con él para expresar la preocupación en torno al borrador de las nuevas políticas de salvaguardias y la necesidad de su reformulación.

Más información:

Carta de OSC al Directorio Ejecutivo y funcionarios del Banco Mundial – 24/07/2014

Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «El Paquetazo: El Banc/o Mundial Amenaza Con Debilitar Sus Salvaguardas y Abrir una Brecha Hacia la Flexibilización Mundial de Estándares Sociales y Ambientales»

Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «The World Bank Moves to Weaken its Protection for the Poor»

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

El Director de Derechos Humanos de Cancillería recibió a representantes de la sociedad civil para dialogar sobre la posición de Argentina en la próxima sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El Director General de Derechos Humanos de Cancillería, el Ministro Federico Villegas Beltrán, recibió el pasado lunes a un grupo de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre la actuación de Argentina en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante el mes de Junio el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibirá los informes realizados por el Comité Asesor de Derechos humanos y Empresas, y se debatirá la posibilidad de avanzar hacia un instrumento internacional que regle la responsabilidad de las empresas en materia de Derechos Humanos. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, FUNDEPS envió al Canciller Héctor Timerman una carta solicitando que en las próximas sesiones del Comité se respalde la elaboración de un tratado internacional sobre la materia.

Actualmente numerosas empresas comerciales están directa o indirectamente vinculadas a una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. Existe además una profunda preocupación por la forma en que se ven afectados los derechos de los sectores de trabajo más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas en situación de pobreza, campesinos y pueblos indígenas, niñas y niños, entre otros. Asimismo, se ha registrado un importante aumento de los ataques, persecuciones, intimidaciones y restricciones a las defensoras y defensores de los derechos humanos, tanto a miembros de organizaciones de la sociedad civil, como de sindicatos y representantes de los pueblos indígenas.

En el marco de las Naciones Unidas el vínculo entre empresas y Derechos Humanos se encuentra regulado por tres pilares fundamentales: el deber de protección de los estados frente a los abusos de Derechos Humanos cometidos por terceros, el deber de las empresas de respetarlos y su correlativa responsabilidad, y el acceso a de las víctimas a la justicia, para alcanzar una efectiva reparación. Sobre estos pilares se han desarrollado los Principios Rectores y otras normas como las directrices OCDE, y el marco de sostenibilidad y estándares de desempeño de la CFI.

Normas de este tipo aparecen no sólo en regulaciones autónomas sino también en leyes ambientales, de defensa del consumidor, de protección laboral y de lucha contra la corrupción. Sin embargo, los estudios muestran que aunque hay un gran número de normas que directa o indirectamente regulan el deber de debida diligencia empresarial, en la práctica no se ejecutan o se no se aplican plenamente.

La Treaty Alliance

Frente a este panorama existe un movimiento que reclama elevar el nivel de compromiso, evolucionando de los principios rectores del 2011 a un tratado vinculante sobre responsabilidad empresarial en Derechos Humanos. Un tratado que pueda garantizar la aplicación de las obligaciones sobre Derechos Humanos a las operaciones de las empresas, así como las obligaciones de monitoreo y regulación a las corporaciones, de proveer remedios efectivos a las personas afectadas por violaciones por parte de las empresas y de generar mecanismos internacionales de control e implementación.

La Treaty Alliance ha elaborado una declaración en este sentido, que ya ha sido firmada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas quienes acercaron la comunicación formal a la Cancillería de Argentina.

La visión de Cancillería

Durante la reunión, el Ministro Federico Villegas Beltrán se manifestó a favor de los beneficios que podría reportar un instrumento como el que se reclama. Argentina es pionera en esta materia y está produciendo jurisprudencia de avanzada al respecto con los últimos juicios sobre responsabilidad empresaria en crímenes de lesa humanidad, como es caso de la azucarera Ledesma o las automotrices Ford y Mercedes Benz. Sin embargo el ministro se mostró prudente y mencionó la importancia de establecer objetivos progresivos, que permitan alcanzar el consenso de los países donde se concentran los capitales de la mayoría de las grandes empresas. Con todo, la participación Argentina en el concejo trabajará para alcanzar el consenso necesario para avanzar elevar el nivel de compromiso de los estados con los Principios Rectores.

Desde FUNDEPS, se continuará trabajando para promover el establecimiento de marcos legales que hagan exigibles los derechos humanos no sólo a frente a los Estados sino también frente a instituciones como las empresas, cuyo poder e impacto ha ido creciendo en los últimos tiempos.

 

Más información:

Carta a Cancillería – Derechos Humanos y Empresas – 20 de mayo de 2014

Contacto:

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FUNDEPS estuvo presente en la reunión que discute el proyecto de política ambiental convocada por la Comisión Conjunta de la Legislatura de Córdoba. Documento de trabajo detallando observaciones y críticas centrales al proyecto de ley.

Los días 24 y 25 de abril pasados se llevó a cabo, en la ciudad de Lima (Perú), el taller regional “Tendencias de las inversiones de infraestructura en la región: Cambio Climático y Gobernanza”, cuyo objetivo consistió en conocer y debatir el impacto económico y socioambiental de las inversiones en infraestructura financiadas por la banca multilateral y los bancos nacionales de desarrollo en América Latina. El Evento fue organizado por AAyS (Asociación Ambiente y Sociedad) de Colombia; CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) de Ecuador; CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario) de Bolivia; DAR (Derecho Ambiente y Recursos Naturales) de Perú; IBASE (Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos) de Brasil; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación de México y FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) de Argentina.

El primer día del evento estuvo dedicado a la presentación de trabajos y publicaciones de diferentes organizaciones de la región que se han venido realizando en el transcurso de los últimos meses y que abordan desde diversas temáticas, el panorama actual existente en la región en materia de gobernanza y financiamiento en infraestructura; salvaguardias socioambientales y derechos humanos; y cambio climático. De esta manera, las presentaciones giraron en torno a megaproyectos de infraestructura en la Amazonía, el financiamiento de infraestructura por parte de la banca multilateral y los bancos de desarrollo nacionales, las inversiones chinas en la región, el financiamiento en Cambio Climático y los procesos de participación ciudadana en espacios como la UNASUR o el BNDES, entre otros temas. A su vez, se dedicó un espacio para la discusión en torno a la estrategia a adoptar por parte de la sociedad civil latinoamericana en relación a la próxima COP-20 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) a realizarse justamente en la ciudad de Lima en el mes de diciembre de este año.

De este modo quedó plasmado el complejo panorama que presenta el financiamiento en infraestructura en la región:

  • Multiplicidad de actores involucrados, ya sean bancos multilaterales internacionales como el Banco Mundial o regionales como el BID y la CAF; bancos de desarrollo nacionales como el BNDES de Brasil;
  • Foros o espacios más globales, como el G-20, los BRICS o la misma UNASUR, a través de su Consejo de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) encargado de implementar en la región la criticada Iniciativa IIRSA.
  • Creciente inversión china en la región
  • Mayor participación del sector privado de manera directa o a través de Asociaciones Público-Privadas.
  • Procesos de debilitamiento de salvaguardias ambientales por parte de las principales instituciones que brindan financiamiento
  • Falta de cumplimiento efectivo y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados al impulsar proyectos de desarrollo.

En el segundo día del evento la agenda se centró en una actividad en calidad de taller donde los participantes, provenientes de diversas organizaciones y redes de la sociedad civil de la mayor parte de los países de la región, se dedicaron a identificar prioridades de trabajo y a avanzar en la construcción de una agenda de estrategias y acciones articuladas a nivel regional que permitan encarar de manera efectiva un panorama tan complejo y preocupante como el mencionado.
El taller de Lima comprende un importante paso en búsqueda de una mayor articulación y coordinación entre las diversas organizaciones de la región que permita incidir de manera efectiva sobre procesos que resultan imposibles de encarar de manera individual. En ese sentido, se invita a todas aquellas organizaciones interesadas, a sumarse en este proceso de articulación y trabajo colectivo tendiente a promover un modelo de desarrollo más sustentable, participativo y respetuoso de los derechos humanos para nuestra región.

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org