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La obra de gasoductos troncales en Córdoba tiene financiamiento chino

La mayor obra de infraestructura de la provincia de Córdoba tiene financiamiento chino. Dos bancos chinos: el ICBC y el Bank of China financiarán el 80% de los 8.400 millones de pesos de la obra de gasoductos troncales en la provincia.

El mapa de los diez sistemas de ductos troncales había sido repartido en tres grupos. El primero asignado a  la constructora brasilera Odebrecht. El segundo a la constructora China Communications Construction Company y a la constructora argentina Iecsa S.A. Y el tercero a la constructora China Petroleum Pipeline Bureau y a la empresa argentina Electroingeniería S.A.

Una de las formalidades que debía cumplir la provincia era contar con los avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento externo y, a la vez, garantizar esa deuda con fondos de la coparticipación federal.

Las obras comenzaron el 14 de agosto de este año a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. Esta fue la única empresa adjudicada que presentó financiamiento propio para la obra y no depende de préstamos de bancos chinos.

En el mes de octubre, la provincia colocó una deuda por 150 millones de dólares a 10 años de plazo.

Y ahora en diciembre se confirmaron las inversiones chinas. Los tramos de los gasoductos en el interior provincial que se financiarán con créditos de los dos bancos chinos fueron adjudicados a la unión transitoria de empresas (UTE) que conformaron la cordobesa Electroingeniería, la China Petroleum Pipeline Bureau y la porteña Iecsa, en sociedad con la asiática China Communications Construction Company (CCCC). A cargo de la negociación con los bancos chinos está el ministro de Inversión y Financiamiento Ricardo Sosa.

Desde FUNDEPS estamos monitoreando este proyecto, nos hemos reunido con funcionarios de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), y hemos presentado pedidos de información a ministerios provinciales y nacionales. Ya vencieron los plazos de la legislación que regula el acceso al conocimiento de los actos del Estado y se sigue sin recibir respuestas de las dependencias correspondientes.

Los interrogantes que genera una obra de esta magnitud son varios. No se han brindado detalles de los acuerdos establecidos con los bancos chinos, no se ha establecido la forma en que este proyecto tendrá llegada efectiva a cada uno de los municipios involucrados, y tampoco se conocen los informes de impacto ambiental. Desde FUNDEPS se buscará que estos proyectos de infraestructura no impacten negativamente en las condiciones de vida de las comunidades ni en el ambiente.

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Gonzalo Roza / Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Discriminación: las fallas de las “denuncias” virtuales ante el INADI

En el sitio Infobae, se publicó con una nota titulada “Roles invertidos: ¿la mujer se volvió más masculina en las relaciones?”, en la que se incurre repetidas veces en comentarios estereotipadores y discriminatorios, y se ejerce violencia simbólica hacia la mujer. A partir de esto, se hizo una consulta con INADI, que no tuvo resultado concreto.

La noticia en cuestión se desarrolla a partir de una entrevista realizada a una psicóloga, que si bien destaca los avances de las mujeres en el campo profesional, entiende que esos son espacios reservados a los varones, usurpados por las mujeres, ubicándolas en las tareas relacionadas al hogar y al cuidado. Esto queda en evidencia en sus dichos: «Según la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, la mujer de hoy está descolocando al hombre de su lugar. Le cuesta ubicarse en el rol correcto. ‘La mujer puede y debe tener actividades en todas las áreas, pero desde el rol de mujer. Si se ‘masculiniza’, pierde su capacidad intuitiva e intelectual’.»

Resulta preocupante que se continúe pensando que el campo laboral y profesional, así como las tareas de provisión de recursos económicos en el hogar, son exclusivamente masculinas, y a las mujeres «masculinizadas«, cuando forman parte de esos espacios o se apropian de dichas tareas.

Asimismo, se hacen repetidas referencias a la importancia de no perder las características típicamente «femeninas«, como la sensibilidad o la intuición. Asimismo, se realizan comentarios denigrantes, como la referencia  a las mujeres como electrodomésticos: “Es multiprocesadora, hace de todo, es múltiple”.

Este tipo de opiniones y comentarios reproducen los patrones socioculturales de conducta que estereotipan, discriminan y subordinan a las mujeres, exigiendo que se reserven a determinados espacios y cumplan ciertas características para ser consideradas como tales. Además, al ser una persona posicionada en un espacio de autoridad por sus calificaciones profesionales, se entiende que la psicóloga es referente en temas de género y por ende, sus dichos tienen más influencia en el/la lector/a.

Los actos descriptos tienen su raíz en condiciones sociales de desigualdad sufridas por las mujeres, arraigadas en la sociedad, con un fuerte contenido simbólico que refuerza tales condiciones.

Frases enunciadas por la entrevistada como «el rol de la mujer en la sociedad es ser mujer«, promueve la idea de que varones y mujeres tienen roles determinados sólo por el hecho de ser el uno o el otro. Además, es preocupante la falta de reflexión sobre las luchas de los movimientos de mujeres, que lograron luego de décadas de activismo una progresiva igualdad ante la ley entre varones y mujeres, visibilizando las barreras que ellas tienen para acceder a puestos de trabajo o participación en la vida profesional.

El proceso de denuncia

A partir de los hechos, se decidió realizar una presentación frente a INADI, ya que este es un hecho de discriminación hacia las mujeres, ocurrido en un medio digital. Utilizamos el proceso de consulta por discriminación, el más accesible en la página web del organismo. A partir de comunicaciones telefónicas, hicimos el seguimiento de nuestro reclamo, que fue derivado a la Plataforma por una Internet libre de discriminación. Posteriormente, fue presentado frente al medio productor del contenido discriminatorio, como una inquietud pero sin ninguna obligación, por lo que no se modificó la nota ni se la retiró del sitio web. Frente a esto, INADI no tomó cartas en el asunto y el caso quedó en mera consulta. El mecanismo virtual, entonces, prueba no ser efectivo, ya que los reclamos no adquieren carácter de denuncia.

A fin de que el INADI realice su efectivo pronunciamiento, los reclamos deben presentarse como denuncias, las cuales deben realizarse personalmente frente a una delegación del INADI. Cabe recordar, en este punto que el Estado argentino está obligado a llevar adelante medidas contra la discriminación hacia las mujeres, no sólo por la legislación local, sino también por los tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país y con jerarquía constitucional, como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belem do Pará.

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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Observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo

Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.

En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.

La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.

En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.

Recientemente, en el mes de diciembre de 2016 se presentó ante la Legislatura el proyecto de ley sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. Esta propuesta no ha sido el resultado de un proceso participativo de acuerdo a la normativa ambiental de nuestro país.

Desde FUNDEPS hemos elaborado un documento realizando “Comentarios al Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba”, al no adecuarse normativamente a los presupuestos mínimos de protección ambiental consagrados en nuestra Constitución Nacional y en las leyes ambientales que se refieren a esta materia, tanto en aspectos procedimentales como en aspectos substantivos.;

Sintetizamos las principales observaciones críticas al proyecto de ley:
– No se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia de Córdoba acorde al mapa de la ley 9814.
– No se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos.
– No se observan  parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo.
– No se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
– La definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto, excluye del objeto de protección a fachinales, arbustales y matorrales.
– Se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques.
– No se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa  de OTBN.
– Se elimina la figura de las reservas forestales intangibles.
– Se disminuye el monto de las multas y se elimina la pena de arresto.
– No hay suficientes pautas de transparencia y acceso a la información pública en todas las solicitudes vinculadas a las categorías altas de conservación de bosques nativos de la Provincia, en formatos que posibiliten el monitoreo y la participación pública, en línea con el paradigma de gobierno abierto.
– Posibilita la restauración de bosques nativos dañados con especies exóticas que no garantizan el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos.

Por estas razones instamos a generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y sugerimos adecuar el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía y asegurar mínimamente el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.

 

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Coordinadora de eje ambiental, Male Martínez, malemartinez@fundeps.org

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La provincia de Córdoba en retroceso: implementación del voto electrónico

El día miércoles 21 de diciembre, se aprobó en la legislatura de Córdoba un proyecto de ley presentado por el ejecutivo que busca la implementación del voto electrónico. Es importante remarcar los peligros que supone un sistema de estas características para nuestra democracia.

Durante el día 21 de diciembre, la legislatura cordobesa aprobó un controvertido proyecto de ley que aboga por una reforma el sistema de votación provincial. A pesar que a nivel nacional esta iniciativa pareciera estar descartada, el ejecutivo provincial presentó un proyecto que fue aprobado sin dificultades.

Mucho se ha debatido en las últimas semanas, y creemos muy importante sumarnos a las voces que expresan los peligros que supone un sistema de voto electrónico en. Hoy por hoy, este sistema está en retroceso en todo el mundo debido a las falencias que implica en materia de control. El proceso de votación es un elemento demasiado central a nuestra forma de vida como para basarlo en mecanismos no controlables.

El proyecto aprobado no especifica cuestiones técnicas acerca del sistema más allá de la implementación de la boleta única electrónica; y reconoce las limitaciones de este sistema al prohibir la utilización de dispositivos electrónicos en un radio de 300 metros a la fiscalización. Sumado a esto, expertos en el área informática han expresado reiteradamente los peligros y carencias del voto electrónico: nadie puede saber a ciencia cierta qué hace esa computadora, es inseguro, no garantiza el secreto del voto, es más caro, erosiona la confianza en el sistema electoral, limita el derecho a controlar las elecciones y limita la capacidad para ser fiscal (no cualquier ciudadano puede hacerlo).

Cabe destacar que en la provincia ya contamos con un sistema de boleta única en papel que se ha reconocido por ser una de las mejores alternativas para el sistema electoral; además, es usado en el mundo, en países como Corea del Sur, Japón, Alemania, Australia y Holanda entre muchos otros. Este sistema evita el robo de boletas y es transparente para el elector. El cambio a un sistema electrónico entonces, implica un claro retroceso.

En este contexto, preocupa la celeridad y la falta de discusión en el tratamiento de un tema de importancia clave, así como la ausencia de respuestas a las objeciones técnicas y legales que se han presentado a esta propuesta.

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Agustina Palencia, agustinapalencia@fundeps.org

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El Comité de la CEDAW de Naciones Unidas escuchó a las organizaciones de la sociedad civil

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un órgano de expertos independientes de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Todos los Estados partes deben presentar al Comité informes periódicos para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas con la firma de la CEDAW. Las organizaciones de cada país, según su experiencia y trabajo que realicen, pueden presentar un “informe sombra”, para dar cuenta de la realidad de las mujeres en el Estado, a fin de que el Comité tengas las herramientas necesarias para la elaboración de las recomendaciones finales que deba realizar.

Tras finalizar el proceso de revisión de Argentina, en su 65ª sesión el Comité de la CEDAW dictó sus “Observaciones Finales”, en las que se refleja el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil manifestado a través de los informes sombra presentados ante el Comité. FUNDEPS participó en tres informes, cuyos aportes fueron considerados a fin de lograr un avance en la efectiva garantía para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres argentinas.

Violencia mediática y simbólica

En conjunto con la Asociación Civil Comunicar Igualdad, desarrollamos un documento especial para el Comité con base en nuestro informe “Violencia de género y políticas públicas de comunicación”. En consideración de nuestras observaciones, el Comité de la CEDAW recomendó a nuestro país, en sus apartados 18 y 19, sobre “Estereotipos y prácticas nocivas”:

“A) Intensificar sus esfuerzos encaminados a disipar las actitudes sexistas y estereotipos de las autoridades públicas estatales en los tres poderes;

B) Adoptar una estrategia global dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura del machismo y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. Asegurar que esta estrategia también se ocupe de las formas intersectoriales de discriminación contra la mujer, definidas en la Recomendación general Nº 28 (2010) del Comité sobre «Obligaciones fundamentales de los Estados Partes en virtud del artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer «, Apartado 18;

C) Fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra los estereotipos discriminatorios a través de campañas de sensibilización como la campaña «#Ni Una Menos»; y

D) Enmendar la Ley Nº 26.522 (2009) relativa a los servicios de comunicación audiovisual, a fin de proporcionar al Defensor del Público la facultad de sancionar las violaciones de las disposiciones para regular los estereotipos de género y el sexismo en los medios de comunicación”

Salud de las mujeres: consumo de tabaco

Asimismo, nuestros equipos de trabajo participaron y apoyaron la elaboración del informe presentado por la Fundación Interamericana del Corazón, FEIM y otras organizaciones, sobre las políticas públicas sobre control de tabaco que actualmente permiten el desarrollo de estrategias de la industria dirigidas especialmente a mujeres. Con relación a lo solicitado en dicho “informe sombra”, el Comité manifestó su preocupación por el “alto consumo de tabaco entre las niñas en comparación con los niño”. En virtud de ello, recomendó a Argentina en su apartado 35:

“G) Ratificar el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, reducir el alto consumo de tabaco entre los adolescentes, en particular las niñas, y abordar las consecuencias para la salud”.

Mujeres rurales e indígenas

En relación al informe realizado por la Fundación Plurales, en coalición con Fundapaz, Redes Chaco y otras, sobre el acceso a los recursos naturales por las mujeres rurales y campesinas del Gran Chaco Americano, que fue avalado por FUNDEPS, el Comité tomó varios puntos de lo solicitado, y realizó varias recomendaciones a Argentina en sus apartados 38 a 41 sobre mujeres rurales e indígenas, de las que pueden destacarse:

“A) Diseñar programas específicos dirigidos a asegurar el desarrollo sostenible y luchar contra las situaciones de pobreza a que se enfrentan las mujeres rurales, mediante la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales (…)

C) Adopte políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia, la estigmatización y los ataques contra la mujer rural en el contexto de proyectos de desarrollo económico a gran escala; y

D) Asegurar que las mujeres de las zonas rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles del sector agrícola, incluidas las relativas a la reducción de los riesgos de desastre, la gestión después de los desastres y el cambio climático (…)

A) Adoptar medidas para reconocer formalmente la tenencia y la propiedad de las tierras de las mujeres indígenas y promover el diálogo a nivel comunitario para eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan los derechos de propiedad de las mujeres indígenas sobre la tierra;

C) Asegurar que las mujeres indígenas tengan acceso adecuado a agua potable y asequible para usos personales y domésticos, así como para el riego;

D) Examinar el actual manejo negligente de las denuncias sobre plaguicidas nocivos, fertilizantes y uso de productos agroquímicos presentados por las mujeres indígenas ante el Ministerio de Salud, y velar por que esos casos se resuelvan de manera oportuna y apropiada de conformidad con las recomendaciones generales del Comité. Recomendación Nº 34 (2015) sobre los derechos de la mujer rural; y

E) Establecer un mecanismo obligatorio y eficaz de consulta y distribución de beneficios para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas en relación con el uso de sus recursos naturales y tierras” (La traducción es nuestra). De las recomendaciones dictadas por el Comité, sólo queda esperar que el Estado argentino tome las medidas correspondientes para garantizar los derechos humanos de las mujeres y su efectivo cumplimiento, algo en lo que estaremos trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil.»

Aclaración: La traducción de los fragmentos de las «Observaciones Finales» es de autoría propia. 

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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org

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Acompañamiento a comunidades indígenas en Rurrenabaque, Bolivia

Parte del equipo del área de Gobernabilidad Global de FUNDEPS viajó los primeros días de diciembre a la ciudad de Rurrenabaque en Bolivia. Se realizaron reuniones y recorridos por la zona donde se desarrollan proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en la zona.

El municipio de Rurrenabaque (ubicado en el Departamento de Beni, en Bolivia) constituye un importante centro turístico y zona de producción agrícola a pequeña escala, cuya población, por la necesidad de exportar sus productos, se ha visto obligada a generar presión sobre los bosques naturales. Rurrenabaque es colindante con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, donde habitan diversas comunidades indígenas.

Esta región se caracteriza  por su abundante riqueza y diversidad cultural y biológica que ha llevado a establecer reservas y parques nacionales, pero que también es considerado por muchos actores como una oportunidad económica sin explotar. Esto ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan promovido una serie de obras de infraestructura (principalmente la construcción de importantes carreteras) en las inmediaciones de las áreas protegidas de Madidi y Pilón Lajas, lo que representa un riesgo de impactos ambientales y sociales negativos tanto para la biodiversidad y los ecosistemas como para las comunidades indígenas involucradas. Entre estos proyectos, se encuentra el financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo consiste en el mejoramiento de la carretera Santa Bárbara-Rurrenabaque.

Por otra parte, el proyecto financiado por el Banco Mundial consiste en la carretera Ixiamas – San Buenaventura se encuentra dentro del área de influencia del Corredor Norte y hace parte de la Ruta Alternativa para llegar a Cobija desde el norte de La Paz.

La carretera Ixiamas–San Buenaventura dentro del contexto regional del megaproyecto vial Corredor Norte representa una de las obras más grandes en la región Noroeste de Bolivia. El Corredor Norte es un proyecto carretero de 1664 km de longitud vinculando en sus puntos extremos a las ciudades de La Paz, Guayaramerin y Cobija. Su área de influencia que se extiende sobre 234,000 km², aproximadamente el 26% del territorio de Bolivia, abarcando 3 departamentos y 39 jurisdicciones municipales.

Los impactos y amenazas ambientales y sociales para las comunidades que habitan la zona son cada vez más graves. La situación es compleja y estas carreteras coexisten con otros proyectos (financiados principalmente por fondos chinos) que representan aún mayores problemas y desafíos para las comunidades indígenas. Desde FUNDEPS, estaremos colaborando para evaluar opciones de reclamar ante mecanismos de rendición de cuentas de instituciones financieras internacionales. Se buscará que estos proyectos no impacten negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las comunidades.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Bogotá: Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil

El pasado 5 de diciembre se realizó, en Bogotá, el Taller sobre Mecanismos de Rendición de Cuentas y Sociedad Civil. El taller fue organizado conjuntamente por los Mecanismos Independientes de Rendición de Cuentas (IAMs) del Banco Interamericano de Desarrollo (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación / MICI) y del Grupo del Banco Mundial (Panel de Inspección y la Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO), en colaboración con las organizaciones de sociedad civil (OSCs), Asociación Ambiente y Sociedad, y el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI).

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas se establecieron para atender las quejas de las personas afectadas por impactos ambientales y sociales de proyectos de desarrollo financiados por instituciones multilaterales. Dado que el trabajo de las OSC algunas veces consiste en apoyar a comunidades afectadas mediante esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y acompañamiento en recursos de acceso, los IAMs llevan a cabo labores de divulgación pública proactiva en colaboración con las OSC en toda Latinoamérica para dar a conocer sus servicios con las redes de sociedad civil y que ambas partes puedan ampliar sus perspectivas.

En este sentido, los tres objetivos principales del evento fueron:

– Permitir que las OSCs colombianas se familiaricen más con los IAMs  y los servicios de resolución de conflicto y observancia que proporcionan;

– Permitir que los IAMs amplíen su relación con las OSC en Colombia, en especial con las organizaciones locales y comunidades que se encuentran en poblaciones potencialmente afectadas por proyectos; y

– Brindar un espacio de diálogo entre los IAMs y las OSC, a fin de intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista en temas de rendición de cuentas relacionados con los proyectos de desarrollo de los sectores público y privado en Colombia.

El taller de un día incluyó presentaciones de los diferentes IAMs sobre sus servicios y ejemplos de su trabajo; presentaciones de las OSC sobre sus experiencias con la activación de los mecanismos, así como herramientas para acceder a información de proyectos; pequeños grupos de discusión relacionados con el acceso y el trabajo de las IAMs y una discusión más amplia sobre las tendencias de rendición de cuentas en Colombia.

Fuente: Asociación Ambiente y Sociedad

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Juan Carballo, <juanmcarballo@fundeps.org>

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Participación en la audiencia pública por la ampliación de la planta de Bajo Grande

El pasado miércoles 7 de diciembre el gobierno de la provincia de Córdoba convocó a una audiencia pública, con la finalidad de dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (EDAR) y la construcción de nuevos colectores principales. La participación de FUNDEPS incluyó la presentación de un informe técnico-legal que marcó ciertas inconsistencias identificadas al analizar el EIA y conociendo los antecedentes de fuertes impactos en la zona.

on solo tres personas inscriptas representando a FUNDEPS y al Foro Ambiental Córdoba, el pasado miércoles 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba que tuvo por objeto dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que este proceso tuvo poca difusión y fue llevado a cabo muy lejos del área de influencia más significativa y de mayor afectación del proyecto (Barrio Chacras de la Merced). Este hecho viola lo establecido en el Art. 63 de la ley provincial 10.208 de Política Ambiental que establece que estas instancias de participación se deben realizar en la zona de mayor vinculación con la decisión pública en cuestión.

La planta Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande fue construida a fines de la década del 60, a orilla del río Suquía, encontrándose  instalada en el km 2 ½ del camino llamado Chacras de la Merced, en el extremo este de la ciudad de Córdoba. Fue inaugurada en 1987, quedando bajo el dominio y control de la Municipalidad de Córdoba en el año 1990. A partir de finales de los años noventa, el funcionamiento de la planta de EDAR Bajo Grande fue desmejorando, logrando que al día de hoy, la misma posea una capacidad limitada el tratamiento de líquidos cloacales, lo cual genera un foco constante de contaminación.

La problemática de contaminación de dicha planta es de público conocimiento por la presentación de denuncias, demandas judiciales, noticias periodísticas e incluso reconocimientos formales por parte de los funcionarios de la provincia y de la municipalidad de Córdoba. A nivel técnico, peritajes realizados por la Universidad Nacional de Córdoba han determinado que el tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande tiene importantes fallas, tanto en el procesamiento como en el funcionamiento de los equipos que posee. Esto se traduce en altos índices de contaminación del río Suquía, que recibe directamente los efluentes generados por esas deficiencias en el tratamiento. Desde hace un tiempo, en conjunto con la organización Las Omas, venimos reclamando por información pública sobre indicadores de salud y ambiente que permitan valorar (y corregir) esta situación de contaminación. 

De lo anterior se entiende la necesidad de invertir en la actual planta y lograr que la situación sea capaz de revertirse. Empero, luego de la lectura y presentación del EIA se presentan ciertas inconsistencias que de no ser tenidas en cuenta, lejos de mejorar la actual situación de la planta, podrían agravar los ya existentes impactos ambientales negativos.

En nuestro escrito presentado durante la audiencia enfatizamos algunos puntos:

– Inconsistencias respecto de la capacidad de tratamiento de la planta.

– Inadecuado tratamiento de los riesgos ambientales, en una zona que ha sufrido históricamente las consecuencias de la contaminación del río.

– Omisión respecto del fortalecimiento de instancias de control en la ciudad para facilitar el trabajo de la planta de EDAR Bajo Grande.

– Ausencia de plan de monitoreo de la obra y de mitigación de los impactos.

Asimismo, durante la audiencia se pudieron oír frases como: “…Cerca de la planta de líquidos cloacales no hay poblaciones estables”, poniendo en duda el real compromiso de las autoridades gubernamentales para con los vecinos de Chacras de la Merced y las problemáticas en las cuales se ven inmersos a raíz del mal funcionamiento de la planta.

Desde FUNDEPS consideramos que es crucial la realización de una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, advirtiendo todas las consideraciones expuestas durante la audiencia. Asimismo, se debe disponer de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con losparámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad de Córdoba y en particular de los de barrio Chacras de las Merced.

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Agustina Palencia
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Participamos en la Reunión Global de Estrategia de la Red-DESC

Durante los días 15, 16, 27, 18 y 19 de noviembre se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, la reunión global de la red por los derechos económicos, sociales y culturales (Red-DESC). Este evento que reúne a más 280 ONG, movimientos sociales y activistas de más de 75 países, se propone consolidar un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos y todas.

Los derechos humanos proveen una fuente vital de legitimidad política, moral y legal para la persecución de justicia, autodeterminación y bienestar compartido. Este marco une a los miembros de la Red-DESC en más de 75 países, donde trabajan conjuntamente para asegurar la rendición de cuentas de gobiernos y actores privados, articular modelo alternativos para el desarrollo, impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres, defender los derechos relativos a la tierra y los recursos naturales, fortalecer el litigio y la implementación guiada por las comunidades afectadas, así como facilitar el acceso y el uso estratégico de la información para promover los DESC.

A lo largo de esta semana, los diferentes grupos de trabajo de la red debatirán acerca de los desafíos que el contexto global presenta para la garantía de los DESC. El creciente empobrecimiento de la ciudadanía, la captura corporativa del estado, la desigualdad creciente, la degradación de los ecosistemas y la represión a activistas de derechos humanos; son las caras de un sistema que aún tiene una deuda con los derechos humanos. El programa da cuenta de la variedad de acciones que lleva adelante la red en los muchos países en que trabaja.

El martes 15 de noviembre, la Red-DESC inauguró su Reunión Global de Estrategia junto a más de 150 participantes de más de 40 países. La jornada remarcó la gran responsabilidad de quienes integran la Red-DESC, a la luz de las condiciones globales comunes que ponen en seria amenaza la dignidad humana y el potencial de la acción colectiva en todo el mundo. Antes de definir los objetivos generales de la Red para los próximos cinco años, los participantes evaluaron el trabajo colectivo de los tres anteriores por medio de unos breves informes de los Grupos de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, Política Económica, Monitoreo, Litigio Estratégico y Mujeres y DESC, así como del Sistema de Solidaridad.

Desde FUNDEPS participamos de esta reunión buscando coordinar nuestras acciones y estrategias con las de la red global, conscientes de que sólo un esfuerzo coordinado y colectivo podrá hacer frente a los grandes desafíos de los derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales.

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Video de la sesión final de la Reunión:

Thanks to all GSM 2016 participants! from ESCR-Net on Vimeo.

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Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

Agustina Mozzoni – agustinamozzoni@fundeps.org

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Reunión con la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres

El 17 de noviembre realizamos una presentación ante Dubravka Šimonović, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, sobre las políticas públicas implementadas por el gobierno argentino en contra la violencia mediática y simbólica frente.

En la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo una reunión para que las organizaciones que trabajamos problemáticas relacionadas a los derechos de las mujeres aportemos datos e información sobre la situación de violencia contra las mujeres en Argentina. Desde FUNDEPS, junto con Comunicar Igualdad, presentamos los resultados de nuestro monitoreo de políticas públicas de comunicación y género, y realizamos una exposición sobre la situación de  incertidumbre que sufren las políticas para erradicar los estereotipos en los medios de comunicación.

En el marco de la visita oficial que realizó al país del 14 al 21 de este mes, la experta en violencia contra las mujeres visitó Argentina, comenzando su recorrido en Tucumán, lugar simbólico por el caso de “Belén”, presa por un aborto espontáneo y recientemente liberada. Durante su visita, se entrevistó con autoridades de organismos públicos, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

Al finalizar su visita, la relatora manifestó que “Las mujeres que han sido víctimas de violencia se enfrentan a la falta de una implementación sistemática, coherente y efectiva de estándares legales internacionales y federales en todo el país y esto resulta en diferencias significativas entre las provincias y en distintos niveles de protección para mujeres y niñas”. Además, si bien destacó el avance que representa el Plan de Acción Nacional para el período 2017-2019, expresó su preocupación por los femicidios, la falta de asistencia gratuita para casos de violencia, la no aplicación de los protocolos de aborto no punible en la mayoría de las provincias, entre otros asuntos.

Los relatores y las relatoras especiales trabajan de manera voluntaria, no son empleados de la ONU y no reciben remuneración por su tarea. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual, reportando al Consejo de Derechos Humanos sobre los resultados de sus investigaciones y monitoreos. En junio de 2017, Dubravka Šimonović presentará su informe sobre Argentina al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para continuar promoviendo y exigiendo políticas respetuosas de los derechos humanos de la mujer.

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– La Relatora Especial de la ONU insta a la Argentina a que aumente la protección de las mujeres en una “cultura machista”

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Carolina Tamagnini – carotamagnini@fundeps.org

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La Defensoría del Público en riesgo de continuidad

El pasado 4 de octubre se galardonó a la Defensoría del Público de Servicios de Comuncicación Audiovisual con el “Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva” otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, nada garantiza la continuidad de esta excelente institución y sus acciones efectivas.

Tras un largo andar, a partir del año 2009, entró en vigencia un nuevo marco normativo que protege a las mujeres de las violencias mediática y simbólica en los medios de comunicación. A ello, se sumaron las políticas públicas generadas desde la Defensoría del Público y la AFSCA, entre otros espacios, para combatir estas formas de desigualdad. Esto significó un claro avance en la función del Estado de garantizar los derechos, aunque aún era perfectible tanto en la norma como en la implementación.

Sin embargo, en diciembre del 2015, como una de las primeras medidas del gobierno nacional en gestión, se modificó mediante decretos del Poder Ejecutivo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y su autoridad de aplicación, pilares del marco normativo en comunicación y género.

Sumado a ello, este 14 de noviembre culmina el período de la Defensora Cynthia Ottaviano, cuyo mandato ha sido ejemplar. Sin escuchar el apoyo del Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias y del sinnúmero de organizaciones que lo han solicitado, la Comisión Bicameral ha anunciado que ella no continuará su mandato, pero tampoco ha revelado quien será su sucesor/a.

Esta situación sólo da muestra del riesgo que está corriendo la Defensoría del Público como institución. Aún más, las perspectivas que dan los 17 Principios para una Comunicación Convergente anunciados por el ENACOM con vistas a la redacción de un nuevo proyecto que regule las comunicaciones, y el «Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019», son poco esperanzadoras.

Es por ello, que desde FUNDEPS apoyamos y solicitamos firmemente, que continúe la Defensoría del Público como uno de los pilares que protege a las audiencias y sus derechos desde el Estado argentino.

Desde nuestro trabajo realizado en relación a la violencia de género y políticas públicas de comunicación, recordamos la necesidad de evitar medidas regresivas que disminuyan el nivel de protección de las mujeres contra la violencia simbólica y mediática.

A sabiendas del riesgo, continúan trabajando de modo ejemplar

En el programa “Ruta 840” que se emite por Radio Salta de 11 a 13 horas, el día Jueves 19 de octubre, un día después de la multitudinaria marcha por #NiUnaMenos los conductores llevaron adelante un diálogo con alto contenido misógino y homofóbico.

Durante el programa los conductores expresaron una postura discriminatoria y estigmatizante en la que abundaron conceptos negativos sobre las mujeres, haciendo hincapié en una catalogación del ser humano por cuestiones estrictas de elección sexual.

Dichos como ser “mujer -mujer” o “mujer cotidiana” refuerzan estereotipos de género que resultan estigmatizantes y reproductores de relaciones opresivas de poder. Promueven la construcción de lo que debe ser una “mujer buena”, que si protesta, se moviliza o se politiza, deja de ser “mujer-mujer”. Decir “maricas mala, resentidas”, además de ser un claro insulto a todo un colectivo, su mención excluye a las lesbianas de la categoría de mujer. A esto se suma el decir que “son agresivas naturalmente” dichos altamente ofensivos, homófobos y discriminatorios.

Todas las expresiones que han sido manifestadas son un claro ejemplo de actos de violencia mediática y simbólica, de conformidad con la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que también violan la Ley 23.592, que protege en contra de los Actos Discriminatorios.

Es por  ello, el equipo de FUNDEPS realizó las denuncias correspondientes ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y el ENACOM (Ex AFSCA), órganos de deben velar por los derechos de las audiencias.

A partir de dicha denuncia, la Defensoría del Público, en un plazo no mayor a dos semanas, hizo lugar a lo solicitado y tomó inmediata acción. En este marco, se reunieron con productores/as y los conductores del programa, quienes fueron informados de las faltas en las que incurrieron y posibles formas de reparación.

El director de la emisora se comprometió a difundir información sobre los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI, y acordó la posibilidad de emitir spots sobre estas temáticas, poniendo a disposición las inmediaciones de la radio para grabarlos.

Más información

Contacto

Emilia Pioletti, integrante del Eje Género.

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Participación en el Encuentro Regional de Entidades Subnacionales por el Gobierno Abierto

El pasado jueves 10 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro de entidades subnacionales enmarcado en la alianza para el gobierno abierto (Open Government Partnership). Organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, contó con la presencia de representantes de la OGP, autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil. 

En el marco del Programa Piloto Subnacional de la Open Government Partnership, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI México); organizaron una jornada que convoca tanto a autoridades gubernamentales de Argentina y otras naciones, como a miembros representantes de la sociedad civil.

El programa piloto permite a OGP impulsar innovaciones exitosas desarrolladas a nivel local. El motor de este proyecto es la creencia en que la cercanía que los gobiernos locales poseen para con la ciudadanía, será capaz de potenciar las iniciativas de gobierno abierto a niveles nacionales. En abril de 2016 se anunció la selección de 15 gobiernos locales para participar del programa, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. En los próximos dos años los gobiernos participantes trabajarán junto con organizaciones de la sociedad civil locales en el desarrollo de compromisos específicos de gobierno abierto.

A lo largo del día, diferentes expositores dieron a conocer experiencias, lecciones aprendidas y desafíos en el futuro de la implementación de políticas de gobierno abierto en espacios locales. Se trató de una jornada que permitió a los diferentes actores sociales adquirir nuevos conocimientos y debatir acerca del porvenir de las nuevas formas para construir una democracia más participativa y equitativa.

Contacto: 

Agustina Palencia – Coordinadora del Área de Fortalecimiento Democrático

agustinapalencia@fundeps.org