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Noticias

Organizaciones exigen al gobierno información sobre la situación de los DESC

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil presentaron a comienzos de mes de mayo un petitorio al Estado argentino, con el fin de que se realicen los informes pendientes sobre el estado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Argentina adhirió al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también denominado Protocolo de San Salvador (PSS), que entró en vigor en 1999.

El PSS dispone en su artículo 19 que los estados partes se comprometen a presentar informes periódicos respecto medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el respeto de los derechos consagrados en el Protocolo. Sin embargo, Argentina adeuda el informe correspondiente al año 2014 relativo a derechos en materia de seguridad social, educación y salud. Adeuda también el informe que debería haberse presentado a mediados de 2016 referente a derechos laborales y libertades sindicales, alimentación adecuada, medio ambiente y culturales.

La importancia de estos informes radica en que son herramientas indispensables para monitorear y diagnosticar el nivel de cumplimiento de estos derechos. Asegurar la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas en este ámbito permite conocer el estado actual y evaluar el avance en el cumplimiento progresivo de estos derechos, otro compromiso internacional asumido por el Estado Argentino. Además, desarrollar esos informes permite a los Estados diseñar y elaborar políticas públicas que respondan a situaciones de desigualdad, inequidad y vulneración de derechos.

Por esto la importancia que el Estado Argentino presente los informes correspondientes, cumplimentando así con el compromiso asumido en pos de garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Más información

  • Solicitud de remisión de informes al Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador

Autora

Débora Fernández

Contacto

Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

2 de junio de 2017
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La Legislatura de Córdoba otorgó a Fundeps un bene La Legislatura de Córdoba otorgó a Fundeps un beneplácito por el Tercer encuentro Redes de compromiso y cuidados: “Acceso a la salud sexual integral. Debates urgentes”. El encuentro se realizó el pasado 20 de junio y reunió a más de cien profesionales de toda la provincia.

La mención (aprobada por unanimidad) fue iniciativa de la Legisladora Karen Acuña, en coautoría con las legisladoras Silvina Jurich, Ariela Szpanin, Doris Mansilla y Julieta Rinaldi. La misma expresa: “iniciativas con estas características, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, resultan fundamentales para fortalecer la protección y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, al tiempo que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria".

Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo y fortalece sin dudas los vínculos y el camino conjunto en pos del acceso a derechos en nuestra provincia.
Este viernes 31 de julio realizamos un nuevo encue Este viernes 31 de julio realizamos un nuevo encuentro de formación en derechos sexuales y (no) reproductivos. 

En articulación con el Consultorio de Salud Integral y con el aval de la DAJA, compartimos la jornada de capacitación con profesionales del Hospital Vicente Agüero de Jesús María.

Más de 15 profesionales de diversas disciplinas se dieron cita, para conocer diferentes aspectos de la práctica de AMEU y fortalecer su trabajo diario, en pos del acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Como en cada instancia, celebramos el compromiso de cada participante y agradecemos especialmente a la Dra. Kenia Torres y al Director del Hospital, Dr. Javier Díaz, por la predisposición para recibirnos.
La información como herramienta ya está disponible La información como herramienta ya está disponible en Aprender con Fundeps.

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✊ Una victoria para quienes defienden el ambiente en América Latina y el Caribe: la Corte confirmó que proteger a las personas defensoras del ambiente no es opcional. Es una obligación legal.

⚖️ Para explicar qué exige esa protección, la Corte se apoyó en el Acuerdo de Escazú. Resultado: la gran mayoría de Estados de América Latina y el Caribe no pueden ignorar los estándares de Escazú, incluso si aún no han ratificado el tratado.

🔎 La implicación es clara: los países de la región deben fortalecer el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de quienes defienden el ambiente. 

📝 La Opinión abre nuevas rutas para frenar la criminalización de personas defensoras, responder a las restricciones al espacio cívico y defender la participación pública en países como Costa Rica, Guatemala y Perú. Compartimos el análisis de  @manizalmigrante del @ciel_org

📣 La discusión ya no es si los países de América Latina y el Caribe deben proteger a quienes defienden el ambiente. Eso ya está claro. Ahora hay que usar la Opinión: en tribunales, reformas, debates públicos y procesos de movilización para exigir mejores garantías y mayor protección.

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