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Adhesión a la Campaña de Lucha contra la Violencia Mediática de la Defensoría del Público de la Nación

Desde FUNDEPS reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por los derechos humanos de las mujeres con la adhesión al “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, propuesta de acción de la Defensoría del Público, que promueve la construcción de capacidades ciudadanas sobre comunicación con enfoque de género en los medios audiovisuales.

Desde FUNDEPS reafirmamos nuestro compromiso de trabajo por los derechos humanos de las mujeres con la adhesión al “Año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios audiovisuales”, propuesta de acción de la Defensoría del Público, que promueve la construcción de capacidades ciudadanas sobre comunicación con enfoque de género en los medios audiovisuales.

En el marco del compromiso asumido, el 26 de agosto participamos en la Mesa de Trabajo de la Región Centro, jornada en la que las organizaciones de la sociedad civil logramos elaborar propuestas para el desarrollo de buenas prácticas en los contenidos y productos audiovisuales, con enfoque de género y en respeto a los colectivos de la diversidad LGTBI. El desarrollo del evento tuvo dos mesas de diálogo y discusión, la primera relacionada con la necesidad de implementar prácticas que consideren a la problemática de la violencia y discriminación hacia las mujeres, teniendo como centro la revisión de los contenidos, desde las noticias que informan casos de violencia machista, hasta la emisión de propagandas que acentúan los estereotipos patriarcales. La segunda mesa se enfocó en la necesidad de observar las coberturas relacionadas con la diversidad sexual e identidad de género, generando recomendaciones para que su trato sea particularmente respetuoso y remarcando como indispensable la visibilización, la eliminación de la estigmatización y el respeto por la autodeterminación como derecho humano.

Nuestras propuestas tuvieron como principio rector la necesidad de mejorar la efectividad de los procesos de sanción establecidos por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, para aquellos medios que emitan contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes, como es establecido por los art. 70 y 71 de la mencionada ley. Asimismo, entendemos indispensable la formación, sensibilización y capacitación a los/as generadores/as de contenidos, como presupuesto primordial para la construcción de este nuevo enfoque para los productos audiovisuales en nuestro país.

Más información:

http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/organizaciones-feministas-y-lgbti-proponen-otra-comunicacion-0

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Análisis técnico jurídico a la nueva Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba – Ley Nº 10208

Con el objetivo de fomentar la discusión sobre políticas públicas ambientales y los marcos normativos que se dictan para su consecución, FUNDEPS publica un informe de carácter técnico jurídico sobre la nueva ley general de ambiente.

En este documento titulado «Análisis técnico jurídico de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 10208. Ampliando estándares de protección ambiental. Fortalezas y debilidades» discutimos avances, retrocesos y puntos pendientes del nuevo marco normativo. Si bien constituye un documento de revisión jurídica, pretende asimismo estar al alcance de toda persona e institución que revele interés en el conocimiento y en la práctica de la protección del ambiente, del resguardo de la salud colectiva, del acceso universal a derechos básicos de calidad, y de un desarrollo sostenible y equitativo.

En el documento nos propusimos poner de relieve los significativos avances en el derecho ambiental local, que han generado una nueva matriz de derechos que deberán ser ejercidos por la ciudadanía y las organizaciones que propendan a la defensa del ambiente y del medio social. Al mismo tiempo, se han incrementado y robustecido las obligaciones de las autoridades públicas responsables en la materia, las que deberán estar a la altura de los compromisos conferidos.

Especialmente comparando la versión aprobada con la propuesta inicial, creemos que ha habido una importante mejoría del rol de complementación con la legislación nacional de presupuestos mínimos. Es importante destacar que muchos de estos avances pueden ser reforzados o debilitados en el proceso de reglamentación de la ley. A su vez, la ley establece una serie de plazos en su proceso de implementación, que será importante exigir a los fines de que la misma no se convierta en letra muerta.

La legislación ambiental ha ido cobrando mayor importancia en los tiempos actuales, la ampliación y la colectivización de derechos en términos formales también se ha robustecido, pero sin dudas que la realidad social está distante de los pronósticos legales, y los conflictos e injusticias sociales que emergen a partir de problemáticas ambientales son renuentes y repetidos en el territorio local, por ello será imprescindible abogar por una real ejecución de la ley y contribuir para lograr una mayor justicia ambiental. Desde FUNDEPS, seguiremos monitoreando tanto el proceso de reglamentación de esta norma como su implementación.

Más información:

– Ley 10208 de Politica Ambiental de la Provincia de Córdoba

– Anexos – Ley 10208

– Documento de Trabajo – Análisis técnico jurídico de la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba

Contacto:

Agustín Filippi
agustinfilippi@fundeps.org

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China y su creciente rol en el financiamiento para el desarrollo en Latinoamérica

En los últimos años China ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Existe una preocupación en organizaciones de la sociedad civil por los estándares ambientales y de derechos humanos.

La reciente gira latinoamericana del presidente de la República Popular China Xi Jinping por los países de Brasil, Argentina, Cuba y Venezuela y los correspondientes acuerdos tanto bilaterales como multilaterales firmados por el mandatario, no hicieron más que reforzar una tendencia que se ha venido profundizando poco a poco en el transcurso de los últimos años: la creciente presencia de China en la región, traducida en un incremento sustancial en el monto de inversiones y financiamiento para el desarrollo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Las visitas oficiales que, durante 2013, realizó el presidente chino a México y diferentes países centroamericanos y del Caribe, y las visitas oficiales del anterior primer ministro chino Wen Jiabao a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en 2012 que derivaron en la creación del Fondo de Cooperación China – América Latina, son ejemplos concretos de ello.

Si se analizan los principales acuerdos firmados durante esta gira presidencial, se podrá apreciar fácilmente que el sector de infraestructura es el destino preponderante de las inversiones chinas, sobre todo en materia de transporte y energía. Así, por ejemplo, los acuerdos firmados en Argentina implicarían la inversión de más de 4.800 millones de dólares para la recuperación de ferrocarriles (ex Belgrano Cargas), el financiamiento de represas hidroeléctricas, y diversos acuerdos en materia de energía nuclear, infraestructura, agricultura e industria naval, entre otros (listado de acuerdos suscriptos). En el caso de Venezuela los acuerdos involucraron financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura y un convenio con PDVSA para investigación de minerales, mientras que en Brasil, el mandatario chino asistió a la VI Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en donde se estableció  la creación de un Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo de los BRICS (denominado Nuevo Banco de Desarrollo), que tiene como finalidad movilizar recursos para proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible en economías emergentes y en desarrollo; y se plantea como una “alternativa” al Banco Mundial y el FMI.

Si se observan los números totales, desde 2005 en adelante China ha dado créditos a la región superando los 100 billones de dólares, en un relación que muchos han definido como “mutuamente beneficiosa”, ya que por su parte China obtiene los recursos y materias primas que demanda su economía en pleno crecimiento (básicamente alimentos y recursos energéticos), mientras que los países latinoamericanos acceden a un importante y necesitada fuente de financiamiento externo.

Sin embargo, lo que no se está teniendo en cuenta en ese análisis y está siendo en gran medida soslayado por los diferentes actores tanto públicos como privados de los países latinoamericanos, son los riesgos en materia socioambiental y de Derechos Humanos que pueden traer aparejados los proyectos e iniciativas financiadas por esta vía. Los cuales, por lo general, cuentan con requisitos y estándares socioambientales más flexibles que los de las fuentes tradicionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el BID, por ejemplo. Los cuales, de por sí, continúan siendo fuertemente cuestionados desde la sociedad civil por su incapacidad de abordar efectivamente la protección del Medio Ambiente y los Derechos Humanos de las poblaciones involucradas.

A su vez, resulta muy difícil poder acceder a información certera y fidedigna acerca de las inversiones chinas (montos, condiciones, características del financiamiento, actores involucrados, etc.) tanto en la región en general como en Argentina en particular, ya que no existen actualmente una gran cantidad de actores (ya sea de la sociedad civil, como de la academia, del sector privado o incluso la esfera pública) que se dediquen a hacer un seguimiento y monitoreo pormenorizado de este tipo de financiamiento y, más importante aún, de sus impactos e implicancias en cada uno de los países.

En un escenario con estas características, donde por un lado el monto de las inversiones y créditos se incrementan exponencialmente y por el otro, la información es escasa y ambigua, algunos actores de la sociedad civil han comenzado a involucrarse en el tema procurando realizar actividades de investigación y seguimiento, e incluso elaborando herramientas que permitan una  mayor comprensión de las características y particularidades de las inversiones chinas en la región.

Recientemente, por caso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador presentó el “Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior”, una herramienta teórico-práctica destinada a servir como guía para las comunidades locales y difundir parámetros en relación a derechos y sostenibilidad frente a las inversiones y créditos chinos. El documento, elaborado por Paulina Garzón, representa un gran avance para las comunidades y demás sectores de la sociedad civil involucrados y contribuye sustancialmente para una mejor comprensión de una temática de creciente relevancia para nuestra región.

Por su parte, y teniendo en cuenta esta creciente necesidad, FUNDEPS ha iniciado recientemente un trabajo de monitoreo y seguimiento de esta agenda en el marco del trabajo de investigación e incidencia que lleva adelante sobre los diferentes actores regionales del financiamiento para el desarrollo.

Más información:

CDES – Manual legal sobre regulaciones ambientales y sociales chinas para los préstamos e inversión en el exterior

Contacto:

– Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

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Balance de la Jornada de Derecho y Violencia

Con una gran convocatoria, se realizó la Jornada sobre Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica. Este evento organizada por FUNDEPS en colaboración con la Universidad Siglo 21 significó un espacio para discutir sobre esta problemática y resaltar la necesidad de abordarla con una perspectiva de derechos humanos.

Desde el ejercicio del derecho, es indispensable pensar y repensar nuestras prácticas, intentando lograr una posición crítica para construir y, por otro lado, deconstruir desde una perspectiva de derechos humanos. La problemática de la violencia de género es una de las violaciones de derechos humanos más graves de nuestra época, y nuestros operadores jurídicos reciben muy poca formación y capacitación relacionada con ello, y el panorama se oscurece aún más si hablamos de sensibilización en perspectiva de género y la realidad de las mujeres y de los colectivos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex (LGTBI).

Es por ello que, desde FUNDEPS, junto con la Universidad Empresarial Siglo 21, organizamos la Jornada de Capacitación y Sensibilización «Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica», destinada a futuros y jóvenes operadores/as jurídicos/as, no sólo de la carrera de abogacía, sino intentando contemplar la necesaria interdisciplinariedad que la temática requiere. El evento se enmarcó en el compromiso asumido por nuestra fundación con la Campaña Únete del Secretariado de Naciones Unidas, que promueve la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, uniendo esfuerzos con el Área de Responsabilidad Social Universitaria y la Carrera de Abogacía de la Universidad Empresarial Siglo 21.

La jornada fue una tarde de encuentro, que contó con una mesa de tres expositores especializados en la problemática. En primera instancia, la Lic. Adriana Spila, Periodista y Directora del Periódico Ñu Porá, Ex presidenta de la Comisión de Género y DDHH del Consejo Provincial de la Mujer, Presidenta del Centro Acción de las Mujeres, Miembro del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, entre otros logros en su carrera de activismo feminista. Ella dio un recorrido sobre los conceptos principales sobre la perspectiva de género, destacando la importancia de la aplicación de los tratados de derechos humanos, en especial aquellos que tratan específicamente sobre derechos humanos de las mujeres, y realizando criticas específicas como la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la educación y formación de los profesionales y de los miembros/as del Poder Judicial, la indispensable aplicación de las normas desde esa perspectiva, y el tratamiento y discusión de figuras normativas que amparen mayores derechos.

Posteriormente, expuso la Dra. Natalia Milisenda, Doctoranda en Derecho y Cs. Sociales, quien forma parte del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UNC y el Programa de Ética y Filosofía Política de la UNC, es Investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la UNC, abogada de la organización Católicas por el Derecho a Decidir e Integrante de la Alianza Argentina de Abogados por los Derechos de las Mujeres. Su presentación  nos invitó a reflexionar sobre los conceptos de heteronormatividad y su relación directa con la perspectiva de género. Desde su experiencia de litigio en la causa del homicidio de Natalia «Pepa» Gaitán, nos pudo mostrar cómo la violencia hacia las mujeres y las personas LGTBI, se relaciona con las complejas construcciones socio-culturales que generan relaciones de poder jerárquicas que establecen una norma de comportamiento que permite la exclusión y el sometimiento, legitimando el ejercicio de la violencia.

Por último, el Dr. Gabriel Alejandro Martín, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Ex Jefe de Área de la Unidad de Constatación de la Dirección de Violencia Familiar y Ex Jefe de Área de Asistencia Jurídica Gratuita (Dirección de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, también nos enriqueció con su experiencia cotidiana en la práctica del derecho relacionada con esta problemática en particular. Hablando en carácter personal, el Dr. Martín nos destacó la urgencia del tratamiento de la violencia doméstica, particularmente la de género, y la necesidad de utilizar todas las herramientas de reconocimiento y acceso a los derechos que todos los operadores jurídicos tengamos a nuestro alcance. Nos puso en contacto directo con la práctica y nos invitó a seguir con una constante formación, destacando la necesidad del trabajo interdisciplinario, de la sensibilización y del compromiso.

La experiencia del debate y críticas realizada entre el público y los expertos fue sumamente enriquecedora, y demostró el compromiso e interés por parte de la audiencia. La mesa de expositores y de debate fue moderada por la Lic. Gabriela Socias, Maestranda en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Co-fundadora de Asociación Civil Remanyao, Integrante de la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva, de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes Rumbo a Cairo+20, y de Juventud con Voz.org.

Agradecemos la presencia de quienes avalaron y acompañaron el proceso de la realización de este evento, en particular al Consejo Provincial de la Mujer, y a las organizaciones amigas Derecho Entre Lineas y Global Shapers Hub Córdoba. Es necesario agradecer también a los amigos de la Campaña Lazo Blanco Argentina-Uruguay, que han acompañado a FUNDEPS desde el comienzo en la construcción de nuestra agenda en género y derechos de las mujeres. Finalmente, la Jornada fue especial gracias a la audiencia de más de 250 personas que asistieron, se interesaron, preguntaron y generaron un ambiente de debate, esencial para seguir construyendo nuestros derechos como sociedad.

Miércoles 3 de Septiembre: Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica

La Jornada de Sensibilización y Capacitación tendrá lugar en el auditorio de la sede centro de la Universidad Siglo 21, en Ituzaingó 484. Nuestro fin es aportar al desarrollo de perspectiva teórica y práctica a los futuros/as abogados/as sobre la grave problemática de la violencia de género y familiar.

Desde FUNDEPS, junto con la Universidad Siglo 21, en el marco de la Campaña Únete del Secretariado de Naciones Unidas, hemos organizado una Jornada de Sensibilización y Capacitación denominada «Derecho y Violencia: Perspectiva de Género y Práctica Jurídica», destinado a futuros/as y jóvenes operadores/as juridicos/as. Nuestro fin es aportar al desarrollo de perspectiva teórica y práctica a los futuros/as abogados/as sobre la grave problemática de la violencia de género y familiar, promoviendo el diálogo y la visión crítica de las normas y procesos que regulan la materia.

 

Pasantía para estudiantes de derecho de la UNC en el Instituto O´Neill de la Universidad de Georgetown

FUNDEPS, en colaboración con el O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta este programa de pasantías.

Instituciones convocantes:

– O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University Law Center
– Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba
– FUNDEPS – Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

Requisitos para la presentación:

– Estar inscripto como estudiante regular de la carrera de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
– Haber aprobado Derecho Constitucional y haber aprobado o estar cursando Derecho Internacional Público.
– Tener un promedio general, con aplazos, de 7 o más puntos.
– Tener un excelente manejo del idioma inglés escrito y oral.

Mecanismo de selección:

– Plazo límite para la presentación de las candidaturas: 10 de Septiembre de 2014.
– Un Comité de Selección de la UNC elegirá una lista de entre cinco y siete personas pre-seleccionadas, quienes serán convocadas a una entrevista a desarrollarse en inglés el día 15 de Septiembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la UNC, en lugar a confirmar.
– El 19 de Septiembre de 2014 el Comité de Selección de la UNC enviará un listado de entre tres y cinco personas al O’Neill Institute for National, cuyo equipo decidirá la persona seleccionada para realizar la pasantía.
– La persona seleccionada deberá participar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en actividades de capacitación sobre el derecho humano a la salud, en el área de derechos humanos de FUNDEPS.

Documentación a presentar:

– Carta de motivación en inglés justificando la aplicación al programa de pasantías del Instituto O’Neill
– Curriculum vitae detallado en inglés, en no más de 3 páginas
– Copia scanneada del certificado analítico (no versión electrónica)
Los materiales se deberán enviar en formato digital en un único archivo en formato Acrobat Reader (.pdf) a la dirección: info@fundeps.org, indicando en el asunto: Convocatoria O’Neill – “Nombre del candidato”.

Consultas:

Juan Carballo
juanmcarballo@fundeps.org

Charla informativa:

Lunes 1 de Septiembre de 2014, 18hs, Sala 3 de la Facultad de Derecho de la UNC.
Más información sobre el Instituto O’Neill: http://www.law.georgetown.edu/oneillinstitute

FUNDEPS participa del HackatONG organizado en la Universidad Nacional de Córdoba

En el marco de la Semana TIC Córdoba y el Segundo Foro Regional Program.AR, FUNDEPS propuso a programadores trabajar en una aplicación para reportar incumplimientos a la ley de control de tabaco, para fomentar una mejor protección del derecho a la salud.

El pasado sábado 06 de septiembre, el director ejecutivo de FUNDEPS,  Juan Martín Carballo y Juan Miguel Litvachkes integrante del área de derechos humanos de FUNDEPS asistieron al evento HackatONG organizado en el marco de la Semana TIC Córdoba y el Segundo Foro Regional Program.AR.

El HackatONG tenía como objetivo reunir a programadores y estudiantes de ciencias de la computación junto a Organizaciones No Gubernamentales que tengan un fin público para desarrollar aplicaciones de teléfonos inteligentes o páginas web para dar solución a un problema planteado por la organización participante.

En este contexto, el equipo de Derechos Humanos de FUNDEPS presentó el proyecto “Salud Sin Humo”,  una aplicación que servirá para efectuar denuncias a las violaciones de las leyes de ambientes libres de humo.

FUNDEPS quiere agradecer especialmente a los estudiantes de programación y ciencias de la computación que se sumaron al proyecto y trabajaron largas horas con seriedad y responsabilidad. Ellos son: Giuliana Viezaga, Emmanuel Santos, Juan Lorenzati, José Romami, Nicolás Angüino, Martín Reyes, Francisco Carranza y Lucía Pappaterra.

Para más información se puede seguir la crónica de la jornada en nuestro twitter: @fundeps

Más información:

Sitio web de la Semana Tic

Sitio web de Progam.ar

Facebook oficial de Semana Tic

Contacto:

Juan Martín Carballo
juanmcarballo@fundeps.org

Juan Miguel Litvachkes
juanlitvachkes@fundeps.org

FUNDEPS participa de encuentro global para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos en Colombia

Este Segundo Taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, realizado en Colombia, es coordinado por la organización Dejusticia y cuenta entre sus participantes con Yamile Najle, de FUNDEPS.

Dejusticia organiza el Segundo Taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Para llevarlo a cabo, se convocó y seleccionó a 15 Jóvenes profesionales del Sur Global involucrados en investigación, abogacía y activismo. Yamile E. Najle, coordinadora del área de Derechos Humanos de FUNDEPS ha sido elegida para participar de dicho taller, que se está llevando a cabo esta semana en Colombia.

Durante el Taller Global de Investigación-Acción de Dejusticia, se trabajará sobre las problemáticas de actualidad que enfrenta la Justicia Ambiental y los desafíos que el tema presenta para los defensores de derechos humanos. Los objetivos son entrenar a estos profesionales en diseñar, implementar y presentar su investigación orientada hacia la acción y comunicar sus resultados de forma eficaz.

La estructura del Taller incluirá presentaciones académicas, discusiones en grupo y aprendizaje vivencial, incluyendo visitas a lugares locales en donde se está abogando por la defensa de la justicia ambiental y los derechos humanos. El contenido incluirá métodos de investigación así como comunicación y escritura de los resultados de la investigación-acción en este campo. Entre los/as expertos/as internacionales se encuentran Boaventura de Sousa Santos y César Rodriguez Garavito, entre otros. Las organizaciones representadas a través de los/as participantes incluyen al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Centro para la Justicia Social de India, CONECTAS de Brasil y al Comisión de Derechos Humanos de Kenia, entre otros.

Desde FUNDEPS, creemos que la participación activa en este encuentro será muy enriquecedora ya que fortalecerá nuestra capacidad de investigación e incidencia con el objetivo de promover un desarrollo sustentable respetuoso de derechos humanos.

Más información:

– Presentación del 2do taller en sitio web de Dejusticia.

– Vídeo del primer taller global de investigación-acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos.

– Segundo Taller global de investigación acción para Defensores Jóvenes de Derechos_Humanos – Presentación cronograma y participantes.

Contacto:

Yamile Najle

yamilenajle@fundeps.org

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El Banco Mundial busca debilitar los estándares socio-ambientales en sus proyectos. Respuestas de Organizaciones de la Sociedad Civil

La sociedad civil latinoamericana debe actuar de manera urgente frente al riesgo de debilitamiento de las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial. Mayores precisiones en cuanto al debilitamiento de esos estándares y las respuestas desde organizaciones de la sociedad civil.

Un borrador filtrado de la propuesta del nuevo marco de políticas de salvaguardias para el Banco Mundial deja en evidencia lo que la sociedad civil venía temiendo desde el inicio mismo del proceso de revisión, en el año 2012: un evidente riesgo de debilitamiento de los estándares ambientales y sociales destinados a proteger a las personas y el medioambiente de los impactos negativos ocasionados por los proyectos financiados por el Banco.

Si bien el borrador presenta algunos avances secundarios, resulta evidente que el nuevo régimen de salvaguardias que se está proponiendo para la institución representa un claro retroceso en materia estándares socioambientales; y prácticamente echará por tierra toda una generación de logros y avances de la sociedad civil y de comunidades afectadas en pos del fortalecimiento de las mismas. A su vez, representa un peligroso precedente para otras Instituciones Financieras que actúan en la región, como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) o la CAF (Corporación Andina de Fomento/Banco de Desarrollo de América Latina), que suelen tomar al Banco Mundial como “modelo a seguir”.

Sin embargo, aún no es demasiado tarde para actuar, ya que los Directores Ejecutivos del Banco deben reunirse el próximo 30 de julio para decidir si el borrador avanza a la siguiente fase (segunda ronda de consultas) o debe ser devuelto a la Gerencia del Banco para ser modificado. Es por ello que resulta de imperiosa urgencia que la sociedad civil latinoamericana se contacte con los Directores Ejecutivos de la región que estarán reuniéndose el próximo 30 de julio a fin de expresarles su preocupación en relación al borrador de las nuevas salvaguardias y reclamarles que la misma sea enviada nuevamente a la Gerencia para su reforma.

A continuación los datos de contacto de los Directores Ejecutivos que representan a los países de la región:

  • Director de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay: César Guido Forcieri (argentino) – Correo: cforcieri@worldbank.org
  • Director de México, Costa Rica, El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela y España: Juan José Bravo Moisés (mexicano) – Correo: jbravomoises@worldbank.org
  • Director de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Republica Dominicana y otros: Roberto Tan (filipino) – Correo: rtan1@worldbank.org. Suplente: Rogerio Studart (brasileño) – Correo: rstudart@worldbank.org

Algunas Organizaciones de la Sociedad Civil ya se han comunicado con Directores Ejecutivos y funcionarios del Banco Mundial para expresar su preocupación por estos posibles cambios. Así, en una comunicación enviada el pasado 24 de julio, se expresó la oposición al borrador. A modo de ejemplo, se marcaron puntos como «la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación».

FUNDEPS ha estado siguiendo el proceso de revisión de las salvaguardias del Banco, ha mantenido una serie de reuniones de incidencia en los últimos meses (ver aquí) y a pesar de haber intentado, infructuosamente, contactarse en reiteradas oportunidades con el Director Ejecutivo argentino César Guido Forcieri, volverá a intentar comunicarse con él para expresar la preocupación en torno al borrador de las nuevas políticas de salvaguardias y la necesidad de su reformulación.

Más información:

– Carta de OSC al Directorio Ejecutivo y funcionarios del Banco Mundial – 24/07/2014

– Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «El Paquetazo: El Banc/o Mundial Amenaza Con Debilitar Sus Salvaguardas y Abrir una Brecha Hacia la Flexibilización Mundial de Estándares Sociales y Ambientales»

– Comunicado de Bank Information Center (BIC) – «The World Bank Moves to Weaken its Protection for the Poor»

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

FUNDEPS participa en Cartagena + 30 sobre refugiados

Con motivo del 30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, se inició este año en Latinoamérica, el proceso de “Cartagena +30”. FUNDEPS está contribuyendo en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena +30, que plasmará la postura del sector académico sobre la situación del refugio en la región.

En este proceso, se busca fortalecer el marco legal internacional de protección a refugiados. Entre los lineamientos propuestos desde el área de Derechos Humanos de FUNDEPS, se encuentra la necesidad de contemplar nuevas causales de refugio, como los problemas ambientales; la incorporación de la perspectiva de género en los documentos regionales; y la importancia de crear redes de trabajo entre el sector académico y la sociedad civil, para darle utilidad práctica a los conocimientos generados.

El “refugio” es una institución creada luego de la Segunda Guerra Mundial, a los fines de otorgar protección internacional para las personas, que por temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera de su país o no quieran acogerse en la protección del mismo. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, adoptadas en el marco de Naciones Unidas, legislan a nivel internacional la cuestión del refugio.

La Declaración de Cartagena, fue firmada por algunos países de América Latina en 1984, en el contexto de conflictos centroamericanos que generaron grandes flujos de migrantes forzados. Esta declaración, además de su importancia para la región latinoamericana, marca un cambio a nivel internacional por la ampliación de los motivos por los cuales una persona puede ser considerada refugiada, incluyendo así a los conflictos internos, la intervención extranjera, la violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que alteren gravemente el orden público. De este modo, se agregan causales para que una persona pueda ser receptora de protección internacional y ayuda humanitaria.

A 30 años de ese hito, el objetivo del proceso es elaborar documentos de discusión que esbocen el progreso, los desafíos y oportunidades de la región; organizar discusiones subregionales, a nivel gubernamental, la sociedad civil y la academia; establecer el apoyo político de los gobiernos americanos e identificar posibles socios entre las instituciones regionales y la sociedad civil. Además, se busca establecer un comité de especialistas que actúen como consultores del proceso conmemorativo e identificar grupos de apoyo, incluyendo donadores y otras fuentes de financiamientos. Todo esto, orientado a aportar datos para la redacción de un documento consolidado, que se presentará en un evento conmemorativo final a nivel ministerial. Este evento, culminará con la adopción de una nueva declaración y un plan de acción.

Cartagena +30 tiene sus antecedentes, que derivaron en la adopción de dos documentos, uno en 1994 y otro en 2004: la  Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas y la Declaración y Plan de Acción México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina, respectivamente.

FUNDEPS participa activamente en la redacción de la Declaración Académica de Cartagena + 30, junto con universidades, profesores y académicos de la región. Esta declaración, será presentada a fines de Octubre en la Universidad Católica de Santos, en Brasil. La Declaración Académica se enmarca entre los documentos que tienen que plasmar los desafíos y oportunidades regionales, así como aportar datos, que se destinarán luego a la cumbre ministerial.

Más información:

– ACNUR Cartagena +30

Contacto:

– Carolina Tamagnini

carotamagnini@fundeps.org

Organizaciones de la sociedad civil reclaman al BID un proceso de consulta pública efectivo y participativo para la segunda fase de revisión del MICI

Más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo reclaman al Banco que la segunda fase de revisión del MICI contemple un plazo de tiempo adecuado (no menor a 60 días) para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada; reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada; y una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo.

El pasado lunes 07 de julio de 2014, un conjunto de más de 20 organizaciones de diferentes países del mundo, entre ellas FUNDEPS, enviaron una carta destinada al Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y a los Directores Ejecutivos de la Institución. El motivo fue expresar la preocupación existente por parte de la sociedad civil en torno al futuro del mecanismo de queja del Banco: el MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación), el cual se encuentra actualmente en un proceso de revisión.

El MICI, que reemplazó en el año 2010 al fallido e ineficiente Mecanismo Independiente de Investigación (MII), es el mecanismo de rendición de cuentas para las operaciones financiados por el BID. Por lo tanto, busca responder las inquietudes de individuos o comunidades afectadas por proyectos financiados por el Banco y que deciden anteponer una queja ante Mecanismo; y a su vez, busca mejorar los resultados sociales y ambientales de las operaciones del Banco. De allí la importancia de este mecanismo dentro del entramado institucional del BID.

Si bien la creación del MICI fue bien recibida por la sociedad civil y constituyó un claro avance en materia de transparencia y rendición de cuentas del Banco, aún existen materias pendientes para que logre constituirse en un instrumento realmente efectivo para las comunidades afectadas. En ese sentido, el proceso de revisión del MICI que decidió llevar adelante el Banco a mediados de 2013 y que, tras una serie de demoras, iniciará en las próximas semanas su segunda fase de consultas públicas, resulta una oportunidad clave para fortalecer el Mecanismo y procurar una mayor efectividad en su funcionamiento.

Sin embargo, ha circulado la información de que el Banco está contemplando, para esta segunda fase, una consulta de apenas 30 días de plazo, limitando la recepción de comentarios a la vía electrónica únicamente y sin considerar la organización de reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región, que aseguren una participación informada y efectiva, lo cual resulta preocupante. Más aún si se tiene en cuenta la importancia de que participen del proceso de consulta quienes son los verdaderos destinatarios de este Mecanismo: afectados o potencialmente afectados por proyectos del Banco, muchos de las cuales carecen de acceso a Internet o a medios electrónicos.

En consecuencia, las organizaciones firmantes de la carta plantearon la necesidad de que la Administración y el Directorio Ejecutivo del Banco promuevan, para la segunda fase de la revisión, un proceso de consulta pública efectivo y participativo, que contemple:

  • Un plazo de tiempo suficiente, no menor a 60 días, para suministrar comentarios y sugerencias a la versión preliminar de la Política modificada;
  • Reuniones presenciales y/o videoconferencias en países de la región que aseguren una participación informada.
  • Una convocatoria amplia y descentralizada, que asegure la correcta participación de todas las comunidades e individuos que tienen interés en el Mecanismo, incluso comunidades e individuos que hayan recurrido al Mecanismo en el pasado.

FUNDEPS participará con sus aportes en esta segunda fase de consulta procurando el fortalecimiento del MICI y una mayor efectividad en su funcionamiento.

Más información:

– Carta de OSCs – Consideraciones en torno a la Segunda Fase de revisión del MICI

– Web oficial del proceso de revisión del MICI que está llevando a cabo el BID

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Avances positivos en la nueva Ley Ambiental de la Provincia aunque con un cierre poco transparente

En la noche del miércoles 11 de Junio se aprobó la ley de ambiente de la Provincia de Córdoba. Se hicieron mejorías respecto de la anterior versión pero el proyecto final sólo se conoció en la noche del martes.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó en la noche del miércoles 11 de Junio la ley 13428, denominada Ley de Política Ambiental Provincial. La discusión incluyó un proceso participativo y abierto en el que numerosas personas e instituciones hicieron llegar sus aportes a la discusión, entre ellas FUNDEPS, a través de un documento de trabajo con observaciones críticas al proyecto. Sin embargo, este proceso se vio debilitado por un cierre en el que proyecto final no se hizo público hasta luego de ser aprobado.

En términos generales, la versión aprobada de la ley tiene muchos avances sustantivos respecto a su anterior versión. Principalmente, se acerca más a los estándares de protección de la Ley General del Ambiente de la Nación, que constituye un piso mínimo de protección ambiental. Así, se mejora las posibilidades de complementación entre los diferentes niveles.

Sin embargo, el proceso abierto y participativo concluyó con una aprobación acelerada de la ley, cuya versión final sólo se hizo conocer en la noche del martes y es por esto que desde FUNDEPS reclamamos que exista un adecuado proceso, transparente y participativo, que implique no sólo escuchar otras opiniones, sino proveer adecuada información en todas las instancias del proceso de toma de decisión. En ese marco, solicitamos que se respete el derecho a la protesta de las personas que hicieron llegar el reclamo de mayor transparencia para la aprobación de esta ley. Condenamos la violencia en todas sus formas.

Algunos de los aspectos positivos de la nueva ley incluyen los siguientes:

  • Ordenamiento Ambiental del Territorio, proceso participativo, que debe ser convocado dentro de un plazo cierto desde la sanción de la ley y debe ser elevado a la Legislatura para su aprobación parlamentaria.
  • Estudio de impacto ambiental debe ser de carácter interdisciplinario y presentado en una sola y única vez, y se establecen los requisitos . Aquel que resulte rechazado no puede reiterarse.
  • Obligatoriedad de las audiencias públicas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, institutos de participación ciudadana y control estatal respectivamente, que están detalladamente regulados sus procedimientos.
  • Creación y ampliación del Fondo de protección ambiental, sostenimiento del Plan ambiental territorial y los planes estratégicos ambientales.
  • Elaboración de Planes quinquenales de salud y ambiente, a cargo de los Ministerios de Ambiente y de Salud, con la participación de organizaciones académicas y científicas.
  • Recomendación para promover en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la creación de Fiscalías ambientales a los efectos de practicar la investigación penal preparatoria en aquellos delitos en que se atente contra el medio ambiente.
  • Creación del Consejo de Desarrollo Sustentable, en el cual tendrán representación proporcional los municipios y comunas.
  • Facultad indelegable del Estado para el control y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.
  • Cambio de anexo (II a I) de los proyectos vinculados a la Industria química y desmontes de bosques protectores y permanentes, que deben tener obligatoriedad de EIA y audiencia pública.
  • Inclusión de grandes semilleras y feedlots entre las actividades que deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental.

Asimismo, los aspectos negativos son los siguientes:

  • No existe una guía de confección de Estudios de Impacto Ambiental en anexo.
  • No hay un régimen claro de sanciones y sistema de responsabilidad.
  • El régimen de convocatoria a la Consulta Popular Ambiental es discrecional de los órganos políticos, a pesar de que se establece la posibilidad de que la promueva la población del área potencialmente afectada.
  • No se estableció un deber de publicar un informe ambiental anual, equivalente a la obligación a nivel nacional.
  • Atribución facultativa de la Autoridad de Aplicación para la instrumentación de la evaluación de impacto en salud.
  • No hay lineamiento para asegurar una asignación presupuestaria adecuada para esta ley.

Desde FUNDEPS se continuará analizando esta nueva normativa y se trabajará para asegurar su implementación efectiva, que asegure el respeto de los derechos a un ambiente sano y a la salud.

Más información:

– Documento de – trabajo: «Contribuciones al debate del Proyecto de Ley de Política Ambiental Provincial de Córdoba».

Contacto: 

Agustín Filippi – Área de Derechos Humanos

info@fundeps.org