El miércoles pasado las dos Cámaras del Congreso de la Nación llevaron adelante sus sesiones de manera remota por primera vez en la historia. En salones llenos de pantallas, con representantes presentes en el recinto – tomando la prudente distancia – y también a lo lejos, el Poder Legislativo argentino retomó su actividad luego de un mes y medio de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Derecho constitucional en el nuevo contexto virtual
Sin dudas, la crisis originada por el coronavirus exigió que las instituciones públicas se reformulen, no sólo para enfrentar a la pandemia, sino para continuar garantizando los derechos de la ciudadanía. Durante el mes de abril, la presidenta del Senado presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia planteando la necesidad de sesionar, sobre todo por aquellas cuestiones que no se pueden resolver por decretos de necesidad y urgencia, como son las de materia tributaria y penal. La pregunta concreta fue si era constitucionalmente posible que el Senado sesionara mediante medios digitales por encontrarse ante una situación de gravedad institucional generada por la pandemia del COVID-19, lo que se prevé como excepción a la sesiones presenciales en el artículo 30 del reglamento de la Cámara Alta. Si bien La Corte rechazó la acción porque consideró que era «improcedente» pronunciarse sobre el tema, ello no impidió que realizara algunas consideraciones adicionales al respecto.
En este sentido, en el voto mayoritario (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti votaron en un mismo sentido y Carlos Rosenkrantz rechazó in limine) fue que el tribunal manifestó que:
“llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota en lugar de la tradicional forma presencial orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la instrumentación de las condiciones para crear la ley […] la posibilidad de que el Senado sesione de manera remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa Cámara ejercer sus atribuciones” (Cons. N° 16).
Es decir, la Constitución no indica nada sobre “la modalidad física o remota de sus sesiones”.
Más adelante, la sentencia agrega que “… la continuidad de la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina”, correspondiéndole entonces al Senado “arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más alta razón de ser, que es la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de sus asuntos” (Cons. Nº 17). Finalmente, la Corte resuelve que “el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”.
¿Será suficiente para cerrar el camino a futuros planteos de inconstitucionalidad sobre el modo de sesionar? ¿Qué sucederá en el caso que se traten proyectos de ley conflictivos y que requieren amplio debate?
Las primeras sesiones
La sesión del miércoles tuvo como primer paso el de votar el protocolo que establece la nueva modalidad, con una vigencia de 60 días, prorrogables si se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Luego, se votó la validez de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente de la Nación para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. El debate se extendió durante cinco horas y media (se recomienda que las sesiones virtuales no duren más de 6 horas, para evitar problemas técnicos), con exposiciones de más de 20 oradores/as y sin mayores inconvenientes, salvo dos interrupciones técnicas breves.
Unas horas más tarde fue el turno de la Cámara de Diputados, que sesionó con 193 representantes de manera remota y 47 en el recinto. Primero se aprobó con mayoría especial el protocolo que establece el mecanismo de sesiones virtuales mientras dure el aislamiento social y obligatorio. Luego, se aprobó por unanimidad un proyecto de exención del pago de Impuesto a las Ganancias destinado a profesionales de la salud pública y privada, al personal de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, la actividad migratoria, la actividad aduanera y los bomberos, entre otras actividades esenciales. Finalmente, también por unanimidad, se aprobó un Programa de Protección al personal de salud ante la pandemia de COVID-19.
No obstante, tras el estreno del sistema telemático en ambas cámaras del Congreso, surgieron dudas en torno a si esta modalidad virtual resultaría viable para discutir proyectos de ley controversiales y más complejos en materia de consensos. En este sentido, representantes de la oposición expresaron que en la primera sesión sólo se le permitió a la décima parte de las y los legisladores realizar discursos, debiendo los demás permanecer en silencio. También se ha expresado cierto temor por que la modalidad remota pueda cercenar algunos derechos políticos de legisladores y legisladoras, e insisten en hallar la manera de retomar la dinámica presencial. Sin embargo, de parte del oficialismo señalan que no hay dudas que la tecnología debe comenzar a formar parte de la vida cotidiana del Congreso.
¿Qué es la democracia digital?
Se entiende que democracia digital o e-democracia es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. La revolución tecnológica lleva varios años presente en los temas que conciernen a la gestión pública y a la ciudadanía, y ha redundado en grandes beneficios para prácticas ciudadanas como la participación, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario entender que Internet tiene un rol fundamental en todos estos procesos, ya que permite el empoderamiento ciudadano y romper barreras que los sistemas tradicionales presentan, lo que genera posibilidades impresionantes y sin precedentes históricos .
En este sentido, es indudable que las sesiones virtuales de los Poderes Legislativos son una expresión de estas posibilidades inimaginables que nos da la tecnología. En muchos casos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las legislaturas ya venían teniendo mesas de trabajo, reuniones de comisiones y capacitaciones por este medio. Además, son varias las provincias cuyas Legislaturas vienen sesionando de esta manera (por ejemplo, Mendoza, La Rioja y Córdoba). A nivel regional, los primeros países en sesionar de forma virtual fueron Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay.
Sin embargo, estos mecanismos presentan una serie de dificultades que no se dan en la presencialidad, por ejemplo, a la hora de garantizar la estabilidad de las vías de comunicación (y que no haya desconexiones o problemas técnicos que puedan invalidar los procesos de debate y votación), de acreditar la identidad de quienes participan y de garantizar condiciones mínimas de seguridad informática y protección de datos personales e información sensible. Sin olvidar, además, que en muchos casos el uso de estas tecnologías requirió de capacitaciones previas y de alfabetización tecnológica.
A pesar de estos desafíos, sabemos que estos procesos han llegado para quedarse, y que continuarán implementándose más allá de la pandemia. Como el teletrabajo, la telemedicina y la educación virtual, el uso de las nuevas tecnologías en la administración pública es cada vez más frecuente, lo que requiere de un Estado ágil, moderno, eficiente e innovador, que además no pierda de vista la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
¿Qué sucede con la actividad estatal más allá del legislativo?
Entendemos que es imprescindible que el Estado promueva el pleno funcionamiento de todas las instituciones públicas, y no sólo para atender las soluciones específicas que este contexto demanda. La suspensión de la actividad administrativa por largos períodos puede entorpecer el acceso a derechos básicos, por lo que es clave que se retome la actividad cuanto antes, y por medios digitales si es necesario.
En el mismo sentido, el Poder Judicial, si bien en muchas jurisdicciones en donde hay mayor flexibilidad en las medidas de aislamiento ya retomó el trabajo de forma presencial, en aquellas con mayor densidad habitacional aún se encuentra con los plazos suspendidos y cursando una suerte de feria judicial extraordinaria. Sin embargo, se vienen garantizando servicios esenciales y de urgencias. Teletrabajo, recepción de escritos electrónicos, incorporación de firma digital, audiencias por videoconferencia y transmitidas por redes sociales, recepción de denuncias por sistemas de mensajería instantánea, habilitación de líneas telefónicas de atención permanente y mediaciones online son algunas de las iniciativas implementadas. Hay incluso algunos juzgados que ordenaron notificar las demandas por WhatsApp.
Más tecnología, pero para más derechos
Las sesiones virtuales del Congreso durante los próximos días seguramente serán el escenario de discusión de cuestiones que tienen que ver, justamente, con el uso de la tecnología. Ya sea para regular y limitar sus consecuencias negativas, con el reconocimiento de lo que se conoce como “derecho a la desconexión digital” ante las modalidades cada vez más expandidas de teletrabajo, o bien, para facilitar el acceso a ciertos derechos, como es el caso de las recetas médicas digitales, cuyo proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Salud y Acción social de la Cámara de Diputados y será discutido próximamente.
Si la tecnología llegó para quedarse y va a intensificarse su uso en las instituciones públicas, sobre todo el Congreso, se deben intensificar también políticas de disminución de la brecha digital. De este modo, se habilitará a que toda la ciudadanía pueda gozar de sus beneficios, al poder presenciar, por ejemplo, las sesiones legislativas. La tecnología no debe convertirse en un mecanismo más de exclusión social y privilegio de alguno/as.
Seguramente queda mucho por reflexionar a la hora de pensar los desafíos en relación con la ciudadanía y la democracia en entornos tecnológicos. Con su enorme complejidad, las nuevas tecnologías son siempre medios al servicio de los fines que cada persona y cada sociedad decidan seguir. Por eso, creemos que es necesario aprender a usar el mundo digital para la promoción de valores como la apertura, la tolerancia, la democracia, el debate y los derechos humanos.
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Contrataciones públicas en Argentina durante el estado de emergencia
Desde la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (ROCC) publicamos un documento que recopila la información sobre cómo son las contrataciones públicas a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta durante el estado de emergencia. Además, se proponen recomendaciones para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos.
Contrataciones públicas en estado de emergencia: ¿Cómo garantizar la transparencia y prevenir actos de corrupción?
La declaración de la emergencia sanitaria en relación a la COVID-19 implica enfrentar consecuencias tanto económicas como sociales, que impactan en la utilización de los recursos públicos que el Estado dispone para poder atender las necesidades que resultan urgentes. Por eso, es necesario poner especial énfasis en el sistema de contrataciones públicas en estado de emergencia para dar a conocer la trazabilidad de cómo se adquieren los bienes y servicios.
La publicación “Contrataciones públicas en Argentina durante el estado de emergencia” recopila la información normativa y sobre la disponibilidad de información en materia de compras y contrataciones, a nivel nacional y en algunas de las provincias, entre ellas Córdoba; también propone recomendaciones para que se lleven adelante procesos de contrataciones eficientes, transparentes y de prevención de la corrupción.
En general, los sistemas de compras y contrataciones presentan deficiencias aún durante períodos fuera de un contexto de emergencia, por lo que es en este tipo de situaciones donde más se puede propiciar la manipulación de información y el uso de presupuestos extraordinarios de forma discrecional. Cuando estos recursos no son destinados para sus fines originales, sino desviados o utilizados de modo indebido, se vulneran los derechos de la ciudadanía.
La Red de Organizaciones Contra la Corrupción a partir del relevamiento realizado, elabora una serie de recomendaciones (disponibles aquí) para las contrataciones públicas para todos los niveles de gobierno que se realicen en el marco de una emergencia.
Durante el contexto de una emergencia, un adecuado ejercicio del gasto público toma particular relevancia, ya que de lo contrario se obstaculiza e impide el acceso de las personas al ejercicio de sus derechos esenciales. Resulta primordial garantizar el funcionamiento de las instituciones y los sistemas de control de las administraciones financieras para asegurar el correcto uso de los fondos públicos. De esta manera, los sistemas de contrataciones públicas deben tender a satisfacer la mayor cantidad de derechos, ser eficientes en el gasto realizado y transparentes en todas sus etapas.
¿Cuál es la situación de Córdoba?
Córdoba declaró el 9 de marzo el estado de alerta, prevención y acción sanitaria ante la detección de casos de dengue, coronavirus, sarampión y cualquier otra edición de enfermedad de alto impacto sanitario y social que pueda causar brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a la provincia de Córdoba, y adhirió el 18 de marzo a la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el estado nacional mediante el decreto N° 260/2020 por el período de un año desde el 12 de marzo de 2020.
A los fines de la gestión de la crisis el gobierno de la provincia de Córdoba creó el “Fondo para la atención del estado de alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas” y a los fines del funcionamiento de este Fondo, Córdoba se remitió a las medidas que en los años 2015 y 2016 se dispusieron para atender a las masivas inundaciones que se produjeron en varias localidades de la provincia, momento en el cual se creó un “Fondo Permanente para Desastres”.
En materia de compras y contrataciones, Córdoba no dictó normas específicas que regulen los procedimientos que se lleven a cabo durante el período de emergencia. Por lo que se aplica la ley 10.155 que habilita en su artículo 10 la contratación directa en caso de “existencia de urgencia manifiesta y/o necesidad imperiosa en la contratación de un bien o servicio”, motivo por el cual la mayoría de las contrataciones efectuadas durante este período han sido bajo esta modalidad.
¿Cuales son nuestras recomendaciones?
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Nina Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
Cambio Climático y los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales en las Américas
Junto con 16 organizaciones de la sociedad civil, elaboramos este informe que aborda la problemática del Cambio Climático, sus efectos e impactos en los derechos humanos desde el contexto regional. Fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 173° periodo de sesiones.
Informe sobre Cambio Climático y los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales en las Américas
El informe, elaborado colaborativamente junto a 16 organizaciones de la sociedad civil, analiza la problemática existente en torno a los efectos del cambio climático. En particular, se examina el impacto que el fenómeno ocasiona en los derechos humanos de millones de personas en el mundo. Sus consecuencias atraviesan y vulneran el derecho a la vida, a la salud, al agua, al medio ambiente sano, repercutiendo, a su vez, en otros tantos debido a la interdependencia existente entre todos ellos.
Asimismo, se plasma el impacto diferenciado al cual están sujetos ciertos grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad, tales como quienes pertenecen a Pueblos Indígenas y tribales, niños, niñas y adolescentes, mujeres y miembros de comunidades rurales. Quienes conforman estos colectivos, por sus particulares circunstancias, padecen con mayor intensidad los efectos nocivos del cambio climático, por consecuencia, su situación de vulnerabilidad se agrava.
En este documento, examinamos también el alcance de las medidas necesarias para prevenir y enfrentar tales consecuencias. Para ello, resulta trascendental, que los Estados pongan en marcha medidas de mitigación y adaptación, como así también medidas que prevean la reparación de las pérdidas y daños ocasionadas. En este contexto, en el informe se analizan las obligaciones y responsabilidades que tienen tanto los actores estatales y no estatales, a los fines de lograr el acabado respeto de los derechos humanos.
Finalmente, el documento plasma algunas recomendaciones basadas en el sistema internacional de derechos humanos. El rol que ocupa cada actor en torno a la problemática reclama un accionar diferenciado. Los Estados, Empresas, Instituciones Financieras, y Organizaciones Internacionales, deben de poner en marcha acciones y medidas respetuosas de los derechos humanos en un contexto de emergencia climática.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Ni una Menos. Nos movemos en (las) redes
Esta consigna representa la lucha contra la consecuencia más extrema de la violencia machista: la muerte. Según datos oficiales, que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2018 fueron 255 las víctimas directas de femicidios. Estos informes se realizan sobre datos del año anterior y la metodología consiste en analizar estadísticamente las causas judiciales en las que se investiga la muerte violenta por razones de género. Según el informe de 2019 hubo 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en Argentina.
También se pueden encontrar datos actuales que son elaborados por diversos actores sociales. El observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven” informó que al 30 de abril de este año se habían producido 177 femicidios.
En el contexto de pandemia y teniendo en cuenta el escenario social frente a la medida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Observatorio de femicidios Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro decidió relevar y dar a conocer la cifra de mujeres asesinadas desde el 20 de marzo. Al día 28 de mayo, durante el ASPO se produjeron 57 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. Los datos revelan que 1 de cada 6 víctimas tenía denuncias previas, que el 71 % fue asesinada en el hogar y el 65 % de los agresores eran parejas o ex parejas de sus víctimas.
Por su parte la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación manifestó a la Agencia Télam, que durante el ASPO los llamados por consultas al 144 aumentaron en un 40 %.
Particularmente en Córdoba, el Poder Judicial informó que desde que se declaró el receso extraordinario, al 30 de abril, los Tribunales especializados en violencia familiar y de género dictaron 1803 órdenes de restricción de contacto entre agresor y víctima y 471 exclusiones del hogar a los agresores.
Ahora, ¿cómo leemos estos datos? La violencia machista encuentra su fuente en la desigualdad entre los géneros y su expresión más extrema en las cifras elevadas de denuncias por violencia y femicidios. Sumado a ello, el contexto de crisis social, profundizado por la pandemia y la herramienta del aislamiento social, recrudecen la condiciones de vulnerabilidad de las personas que viven en contextos de violencia en razón del género.
Las cifras, los reclamos y la vulnerabilidad son un llamado de alarma para poner en jaque las estrategias que desarrolla el Estado frente a la violencia machista. Hace unos días se dió a conocer que la Red de Atravesados por el Femicidio y el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación hicieron una presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) por el caso del femicidio de Florencia Albornoz. Lo que se plantea en el caso, según se informó, es la falta de protección y acceso a la justicia, por parte del Estado Argentino, en un contexto de violencia de género.
En este escenario y como logro de la presión ejercida por los movimientos feministas, Tucumán adhirió a la ley Micaela. Ahora rige, a nivel nacional y en todas las provincias la capacitación obligatoria y sensibilización sobre género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, de los tres poderes del Estado. La memoria de Micaela y de tantas otras demanda que esta ley no sea solo un casillero más a completar. La perspectiva de género en las políticas públicas, las normas y el acceso a la justicia debe obligar a visibilizar las desigualdades existentes y generar estrategias para hacer real y estructural la igualdad entre los géneros. Para ello es necesario que se destine el presupuesto necesario y la voluntad política de profundizar en los cambios estructurales.
Mientras los viejos mecanismos del patriarcado sigan funcionando, los movimientos feministas seguiremos levantando las banderas en las calles y en (las) redes.
Autora
Ivana Sánchez
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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
Análisis sobre el Segundo Plan de Acción Conjunta entre Argentina y China (2019-2023)
El siguiente documento, describe y analiza el Segundo Plan de Acción Conjunta acordado entre Argentina y China (2019-2023) en la cumbre de G20 del año 2018. Este Plan refuerza la asociación estratégica integral entre ambos Estados y detalla las acciones que se llevarán a cabo en diferentes áreas como la política, comercial, cultural, financiera, comunicaciones, entre otras.
Análisis normativo: ¿Cómo es la nueva regulación de tabaco en Córdoba?
En octubre del año 2019, en la provincia de Córdoba, se sancionó la Ley 10.661, modificatoria de la Ley 9.113 que establece el Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo en la provincia de Córdoba. Esta nueva legislación extiende el umbral de protección del derecho a la salud a partir de dos nodos temáticos. Por un lado, incorpora una prohibición completa de publicidad, promoción, patrocinio y exhibición de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se venden ese tipo de productos. Por otro lado, introduce los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco** calentado, y establece su prohibición de distribución y comercialización a menores de 18 años y la prohibición de consumo en lugares cerrados con acceso al público. La nueva legislación provincial amplía el umbral de protección del derecho a la salud, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, principalmente, con los estándares establecidos en el Convenio Marco del Control de Tabaco.
Hasta la sanción de la ley de tabaco N° 10.661, en la provincia de Córdoba rigieron por adhesión de la ley provincial Nº 10.026, las prohibiciones a la publicidad establecidas por la ley nacional 26.687. La ley nacional prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en forma directa o indirecta y a través de cualquier medio de difusión o comunicación; dejando a salvo los anuncios en puntos de venta, las publicaciones de empresas del sector y las comunicaciones directas, previo consentimiento y verificación de la mayoría de edad de los receptores.
Sin embargo, a través de la nueva normativa local, se avanza en un mayor estándar de protección del derecho a la salud al establecido en la norma nacional, prohibiendo de manera completa la publicidad, promoción y patrocinio e incluyendo a la exhibición del producto como parte de esa prohibición.
En suma, en este informe se efectúa un análisis de la Ley Provincial 10.661 en relación a los dos nodos temáticos introducidos, a partir de la delimitación del alcance de las nuevas prohibiciones en relación con lo dispuesto por la legislación nacional y los instrumentos internacionales en la materia (en especial, el Convenio Marco para el Control del Tabaco). A su vez, se reconocen algunos de los posibles desafíos en la aplicación de la ley local y se avizoran posibles avances orientados a profundizar la protección del derecho a la salud.
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Agustina Mozzoni, agustinamozzoni@fundeps.org
Análisis de la normativa sobre prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco en Córdoba
En octubre del año 2019, en la provincia de Córdoba, se sancionó la Ley 10.661, modificatoria de la Ley 9.113 que establece el Programa Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo en la provincia de Córdoba. Esta nueva legislación extiende el umbral de protección del derecho a la salud. Compartimos un análisis de esta última ley sancionada.
Estado de situación de los proyectos emblemáticos con financiamiento chino en Argentina
El creciente interés de China por financiar proyectos de infraestructura en la región ha conducido a Argentina a firmar una multiplicidad de acuerdos de cooperación con este país. Por tal motivo, hemos identificado una serie de proyectos con financiamiento chino los cuales creemos que son relevantes por su magnitud y por los impactos económicos, sociales y ambientales que pueden generar. Así, en el presente documento, se detalla el estado de situación, montos comprometidos y actores involucrados de los proyectos seleccionados considerados emblemáticos.
Hacia una democracia digital
Derecho constitucional en el nuevo contexto virtual
Sin dudas, la crisis originada por el coronavirus exigió que las instituciones públicas se reformulen, no sólo para enfrentar a la pandemia, sino para continuar garantizando los derechos de la ciudadanía. Durante el mes de abril, la presidenta del Senado presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia planteando la necesidad de sesionar, sobre todo por aquellas cuestiones que no se pueden resolver por decretos de necesidad y urgencia, como son las de materia tributaria y penal. La pregunta concreta fue si era constitucionalmente posible que el Senado sesionara mediante medios digitales por encontrarse ante una situación de gravedad institucional generada por la pandemia del COVID-19, lo que se prevé como excepción a la sesiones presenciales en el artículo 30 del reglamento de la Cámara Alta. Si bien La Corte rechazó la acción porque consideró que era «improcedente» pronunciarse sobre el tema, ello no impidió que realizara algunas consideraciones adicionales al respecto.
En este sentido, en el voto mayoritario (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti votaron en un mismo sentido y Carlos Rosenkrantz rechazó in limine) fue que el tribunal manifestó que:
Es decir, la Constitución no indica nada sobre “la modalidad física o remota de sus sesiones”.
Más adelante, la sentencia agrega que “… la continuidad de la tarea de legislar del Congreso de la Nación resulta absolutamente esencial para el normal desarrollo de la vida constitucional de la Argentina”, correspondiéndole entonces al Senado “arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más alta razón de ser, que es la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de sus asuntos” (Cons. Nº 17). Finalmente, la Corte resuelve que “el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción incoada”.
¿Será suficiente para cerrar el camino a futuros planteos de inconstitucionalidad sobre el modo de sesionar? ¿Qué sucederá en el caso que se traten proyectos de ley conflictivos y que requieren amplio debate?
Las primeras sesiones
La sesión del miércoles tuvo como primer paso el de votar el protocolo que establece la nueva modalidad, con una vigencia de 60 días, prorrogables si se extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Luego, se votó la validez de veinte Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente de la Nación para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. El debate se extendió durante cinco horas y media (se recomienda que las sesiones virtuales no duren más de 6 horas, para evitar problemas técnicos), con exposiciones de más de 20 oradores/as y sin mayores inconvenientes, salvo dos interrupciones técnicas breves.
Unas horas más tarde fue el turno de la Cámara de Diputados, que sesionó con 193 representantes de manera remota y 47 en el recinto. Primero se aprobó con mayoría especial el protocolo que establece el mecanismo de sesiones virtuales mientras dure el aislamiento social y obligatorio. Luego, se aprobó por unanimidad un proyecto de exención del pago de Impuesto a las Ganancias destinado a profesionales de la salud pública y privada, al personal de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, la actividad migratoria, la actividad aduanera y los bomberos, entre otras actividades esenciales. Finalmente, también por unanimidad, se aprobó un Programa de Protección al personal de salud ante la pandemia de COVID-19.
No obstante, tras el estreno del sistema telemático en ambas cámaras del Congreso, surgieron dudas en torno a si esta modalidad virtual resultaría viable para discutir proyectos de ley controversiales y más complejos en materia de consensos. En este sentido, representantes de la oposición expresaron que en la primera sesión sólo se le permitió a la décima parte de las y los legisladores realizar discursos, debiendo los demás permanecer en silencio. También se ha expresado cierto temor por que la modalidad remota pueda cercenar algunos derechos políticos de legisladores y legisladoras, e insisten en hallar la manera de retomar la dinámica presencial. Sin embargo, de parte del oficialismo señalan que no hay dudas que la tecnología debe comenzar a formar parte de la vida cotidiana del Congreso.
¿Qué es la democracia digital?
Se entiende que democracia digital o e-democracia es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que contribuyan en la consolidación del sistema democrático. La revolución tecnológica lleva varios años presente en los temas que conciernen a la gestión pública y a la ciudadanía, y ha redundado en grandes beneficios para prácticas ciudadanas como la participación, la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario entender que Internet tiene un rol fundamental en todos estos procesos, ya que permite el empoderamiento ciudadano y romper barreras que los sistemas tradicionales presentan, lo que genera posibilidades impresionantes y sin precedentes históricos .
En este sentido, es indudable que las sesiones virtuales de los Poderes Legislativos son una expresión de estas posibilidades inimaginables que nos da la tecnología. En muchos casos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, las legislaturas ya venían teniendo mesas de trabajo, reuniones de comisiones y capacitaciones por este medio. Además, son varias las provincias cuyas Legislaturas vienen sesionando de esta manera (por ejemplo, Mendoza, La Rioja y Córdoba). A nivel regional, los primeros países en sesionar de forma virtual fueron Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay.
Sin embargo, estos mecanismos presentan una serie de dificultades que no se dan en la presencialidad, por ejemplo, a la hora de garantizar la estabilidad de las vías de comunicación (y que no haya desconexiones o problemas técnicos que puedan invalidar los procesos de debate y votación), de acreditar la identidad de quienes participan y de garantizar condiciones mínimas de seguridad informática y protección de datos personales e información sensible. Sin olvidar, además, que en muchos casos el uso de estas tecnologías requirió de capacitaciones previas y de alfabetización tecnológica.
A pesar de estos desafíos, sabemos que estos procesos han llegado para quedarse, y que continuarán implementándose más allá de la pandemia. Como el teletrabajo, la telemedicina y la educación virtual, el uso de las nuevas tecnologías en la administración pública es cada vez más frecuente, lo que requiere de un Estado ágil, moderno, eficiente e innovador, que además no pierda de vista la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
¿Qué sucede con la actividad estatal más allá del legislativo?
Entendemos que es imprescindible que el Estado promueva el pleno funcionamiento de todas las instituciones públicas, y no sólo para atender las soluciones específicas que este contexto demanda. La suspensión de la actividad administrativa por largos períodos puede entorpecer el acceso a derechos básicos, por lo que es clave que se retome la actividad cuanto antes, y por medios digitales si es necesario.
En el mismo sentido, el Poder Judicial, si bien en muchas jurisdicciones en donde hay mayor flexibilidad en las medidas de aislamiento ya retomó el trabajo de forma presencial, en aquellas con mayor densidad habitacional aún se encuentra con los plazos suspendidos y cursando una suerte de feria judicial extraordinaria. Sin embargo, se vienen garantizando servicios esenciales y de urgencias. Teletrabajo, recepción de escritos electrónicos, incorporación de firma digital, audiencias por videoconferencia y transmitidas por redes sociales, recepción de denuncias por sistemas de mensajería instantánea, habilitación de líneas telefónicas de atención permanente y mediaciones online son algunas de las iniciativas implementadas. Hay incluso algunos juzgados que ordenaron notificar las demandas por WhatsApp.
Más tecnología, pero para más derechos
Las sesiones virtuales del Congreso durante los próximos días seguramente serán el escenario de discusión de cuestiones que tienen que ver, justamente, con el uso de la tecnología. Ya sea para regular y limitar sus consecuencias negativas, con el reconocimiento de lo que se conoce como “derecho a la desconexión digital” ante las modalidades cada vez más expandidas de teletrabajo, o bien, para facilitar el acceso a ciertos derechos, como es el caso de las recetas médicas digitales, cuyo proyecto ya cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Salud y Acción social de la Cámara de Diputados y será discutido próximamente.
Si la tecnología llegó para quedarse y va a intensificarse su uso en las instituciones públicas, sobre todo el Congreso, se deben intensificar también políticas de disminución de la brecha digital. De este modo, se habilitará a que toda la ciudadanía pueda gozar de sus beneficios, al poder presenciar, por ejemplo, las sesiones legislativas. La tecnología no debe convertirse en un mecanismo más de exclusión social y privilegio de alguno/as.
Seguramente queda mucho por reflexionar a la hora de pensar los desafíos en relación con la ciudadanía y la democracia en entornos tecnológicos. Con su enorme complejidad, las nuevas tecnologías son siempre medios al servicio de los fines que cada persona y cada sociedad decidan seguir. Por eso, creemos que es necesario aprender a usar el mundo digital para la promoción de valores como la apertura, la tolerancia, la democracia, el debate y los derechos humanos.
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El Banco Mundial, el BID y la CAF comprometen financiamiento para Argentina en el marco de la pandemia
El efecto de la pandemia en la economía mundial puede verse reflejado en la paralización del comercio internacional y las actividades económicas. Además, la situación de incertidumbre ha propiciado el endurecimiento de la financiación externa para los Estados, que en este momento resultan esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria para la cual se requieren fuertes inversiones en materiales y equipamiento médico específico.
Frente a este escenario, diversas Instituciones Financieras Internacionales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el Banco Europeo de Inversiones -BEI- o el Banco de Desarrollo de América Latina -CAF-, entre otros, han puesto a disposición de los países financiamiento de rápido desembolso para proyectos que permitan hacer frente a los efectos de la pandemia . El pasado 2 de abril, el Banco Mundial -BM- aprobó un préstamo de emergencia de 35 millones de dólares para la Argentina, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud mediante la compra de equipos e insumos médicos para minimizar el impacto del coronavirus en el país. Este financiamiento forma parte del fondo de 14 mil millones de dólares que el Banco Mundial creó para brindar asistencia a los países que deben enfrentar las consecuencias en sus sistemas sanitarios y económicos a causa del brote.
Fuente: Página 12
Además, el BM se comprometió a cooperar con la República Argentina en la implementación del Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la Enfermedad por COVID-19. El mismo tiene como propósito fortalecer la preparación y la respuesta contra la pandemia y la adecuación de los sistemas nacionales de salud pública del país. La ejecución del proyecto de emergencia será en dos etapas: la primera consiste en los esfuerzos de respuesta a la emergencia del COVID-19 que consta de dos subetapas: por un lado, la detección, confirmación, seguimiento de contacto, registro e informe de casos y por otro el fortalecimiento de los sistemas de salud. La segunda etapa, es la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.
Asimismo, el 7 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 1800 millones de dólares para el país para paliar las consecuencias económicas, sociales y sanitarias ante la crisis del COVID-19. Es el mayor monto desembolsado por el BID hacia la Argentina en los últimos 10 años. El apoyo brindado por el BID se vincula con la atención al sistema de salud, la transferencia a la red de protección social para los más vulnerables y la recuperación económica y del empleo, principalmente, de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
Fuente: Infobae
Los programas del área pública del Grupo BID vinculados a la Argentina con objetivo de atender la emergencia del COVID-19 y que serán aprobados este 2020 es de 1000 millones de dólares, mientras que los otros 600 millones de dólares corresponden a proyectos vigentes.
En un comunicado oficial, Presidencia explicó que el primero de los proyectos destinará 470 millones de dólares para un programa de salud pública con el fin de apoyar la respuesta frente al coronavirus, de la cual este año se desembolsaron 300 millones. El objetivo es asegurar el acceso al sistema de salud a 17 millones de personas. De igual modo, con la intención de apoyar el sector productivo y fomentar la creación de empleos se destinará 500 millones de dólares, para el cual 300 millones se desembolsaron este año. Se estima que el monto irá en auxilio de 30 mil micros, pequeñas y medianas empresas.
Ademas, se destinará 600 millones con la meta de atender a la población más vulnerada mediante un programa de protección social creado en conjunto con el BID. De ese total, 400 millones serán desembolsados este año con el propósito de transferir recursos y subsidios a los sectores vulnerables. El mismo apoyará alrededor de 3 millones de empresas.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha expresado que en el contexto actual cada Estado debe adoptar medidas económicas que respondan a la coyuntura de cada país, sin dejar de lado el sector productivo y las franjas sociales más vulnerables. Para contribuir en dichos espacios, la CAF ha desplegado un paquete de préstamos de emergencias para cada país de hasta 50.000 millones de dólares para atender los sistemas de salud pública; también desembolsos de emergencia de 2.500 millones de dólares por país destinamos a PYMES que involucran distintos aspectos de la cartera financiera. Además se han puesto a disposición recursos de cooperación no reembolsables para donación de insumos esenciales al sector de la salud.
El presidente de Argentina mantuvo conversaciones con el ejecutivo del CAF (Luis Carranza Ugarte) intercambiando preocupaciones e iniciativas para responder a la crisis. La institución se comprometió con el Gobierno argentino a llevar adelante la ejecución de proyectos de cooperación técnica por más de 4.000 millones de dólares dentro de los próximos cuatro años destinados a la reactivación económica y ayuda social en distintos niveles gubernamentales. Para el corriente año, se destinará financiamiento específico para fortalecer la emergencia en las provincias (40 millones de dólares), promover políticas sociales (30 millones de dólares), desarrollar inversiones en infraestructura entre los que se encuentran establecimientos educativos, reparación y construcción de rutas, y saneamiento (USD 900 millones de dólares).
De esta forma, se puede apreciar que las Instituciones Financieras han puesto a disposición del gobierno nacional fondos de rápido desembolso para poder hacer frente a los efectos de la pandemia de manera ejecutiva. Y la Argentina no es el único caso, ya que se han aprobado más de 130 proyectos en países de Latinoamérica, Europa, Asia y África por un monto total mayor a los 25 mil millones de dólares, de acuerdo a un mapeo de proyectos realizados por el Sistema de Alerta Temprana.
Sin dejar de reconocer la necesidad de los países de contar rápidamente con recursos para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, cabe destacar que la mayoría de estos proyectos están siendo preparados, discutidos y aprobados de manera acelerada, en pocas semanas, cuando por lo general son procesos que demoran varios meses ya que deben atravesar una serie de instancias y cumplir una serie de requisitos para su aprobación y puesta en marcha. Requisitos que no sólo contemplan cuestiones económico-financieras, sino también en materia de transparencia, participación pública, rendición de cuentas, debida diligencia y sustentabilidad social y ambiental de los proyectos. Por lo tanto, cabe cuestionar si tales requisitos están efectivamente siendo contemplados y aplicados en estos proyectos de rápido desembolso por parte de las Instituciones Financieras y gobiernos involucrados.
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Autores/as
Ailín Toso
Mariano Camoletto
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
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