El discurso de apertura del periodo de sesiones legislativas del Congreso de la Nación por el presidente Alberto Fernández presentó numerosas iniciativas y enunciación de políticas que son alentadoras en cuanto al acceso y goce de los derechos humanos, pero también dejó en el tintero cuestiones preocupantes y contradictorias en cuanto a políticas ambientales, de salud, y de inclusión, entre otras.
Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.
Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:
- La creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino que en palabras del presidente “implica estar dispuesto a abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”. El mismo tendrá como misión ser el motor de políticas de Estado y políticas de la sociedad, y propone promover las profesiones estratégicas y los trabajos del futuro, atender la agenda urgente del cambio climático con adecuadas herramientas de financiamiento de la infraestructura verde, atraer la riqueza argentina que está en el exterior con fines productivos nacionales y afianzar instituciones republicanas más transparentes y socialmente eficaces.En este punto cabe decir que en relación a la la agenda ambiental, la idea de atender de modo urgente el fenómeno del cambio climático, resulta contradictoria con el resto del discurso, ya que el tinte extractivista de la política productiva que se advierte en él, excluye la posibilidad real de un abordaje serio a la problemática, respetuosa de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la materia.
Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.
- La creación de un Cuerpo Profesional de Servidores Públicos formados desde la academia, con arraigo a la carrera administrativa y para la transformación del Estado en la promoción de cambios de calidad en el sector público.La calidad institucional desde la carrera administrativa y con foco en la educación pública, podría significar un avance importante, y es momento de que el Estado tenga a disposición personas capacitadas que puedan aceitar los mecanismos vetustos y burocráticos que obstruyen la implementación de las políticas.
- La creación de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, también con énfasis en mejorar la implementación de medidas y acciones desde la administración estatal, para mejorar la efectividad de su tarea.Este tipo de iniciativas son bienvenidas, pero siempre que se implementen mecanismos para el monitoreo de su funcionamiento y participación desde la ciudadanía. Asimismo, es de suma importancia que el control sobre la calidad y efectividad de las políticas también se realice con acento en la transparencia y en la rendición de cuentas, especialmente en lo relativo a la inversión pública.
- Además, se destaca la iniciativa de reforma de Justicia Federal, en el marco del cual se creará un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina. El mismo se propone ser un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial.En este punto, es importante tener especial atención en los principios de la división de poderes en los procesos que vayan a iniciarse a partir de las iniciativas propuestas desde este órgano. Asimismo, es de fundamental importancia la colaboración de los tres poderes del Estado, para promover un real acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.
En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.
Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.
Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.
Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual
Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.
Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.
Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:
- Implementación de la Ley Micaela.
- Lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género 2020-2021.
- Ratificación del Convenio N ° 190 de la OIT sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.
Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.
Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.
Otra vez la deuda con el ambiente
En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.
Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.
En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.
Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.
También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc). Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.
De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.
Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.
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Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org
Un panorama sobre los proyectos nacionales en materia ambiental
Coordinados por el Círculo de Política Ambiental (C.A.B.A.), y en conjunto con otros especialistas, elaboramos la Agenda Ambiental Legislativa 2020, dando cuenta y analizando los principales proyectos de ley en materia ambiental que revisten estado parlamentario.
Capacitación en géneros: una demanda que crece a favor de nuestros derechos
Género en el trabajo: las brechas que habitamos y no vemos
El día jueves 12 de marzo capacitamos al personal del Registro de la Propiedad de Córdoba, sobre géneros y trabajo. La misma tuvo el objetivo de identificar las desigualdades de géneros que existen en el mercado de trabajo formal e informal, y en el remunerado como en el no remunerado, para comenzar a reflexionar sobre las posibles formas de combatirlas.
En una sala conformada mayoritariamente por mujeres, la presencia de unos pocos varones fue significativa y valiosa en el sentido de ser una prueba manifiesta del cambio cultural que se viene gestando en nuestra sociedad.
Con comentarios, aportes de datos y preguntas, las personas que participaron de la capacitación mostraron su asombro ante las inequidades de géneros que existen el los distintos ámbitos laborales y su interés en pensar nuevas estrategias y líneas de acción para ir avanzando en una equidad de géneros en estos espacios.
Objeción de conciencia: el caballo de Troya en las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo
El viernes 13 de marzo llevamos adelante una capacitación dirigida a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. El objetivo fue conocer sobre los usos y abusos de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, y fundamentalmente, en los servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
La objeción de conciencia es un instituto jurídico que permite exceptuarse de determinada obligación cuando ésta contraría las convicciones morales, éticas o religiosas de una persona. Sin embargo, muchas veces es utilizada de manera abusiva, y se convierte en un obstáculo a la hora de garantizar derechos fundamentales, como el acceso a la interrupción del embarazo en los casos en los que es legal.
En un escenario en que se avecina la discusión por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es importante conocer los fundamentos detrás de este tipo de instituciones, y las experiencias existentes hasta el momento en su práctica y regulación.
La formación como garantía de derechos humanos
Celebramos estas instancias de formación dirigida a agentes del Estado, acompañando y legitimando las disposiciones de la Ley Micaela.
Entendemos que la formación en géneros de estos actores es fundamental para garantizar los derechos de todas las personas, y traduce conquistas logradas tras años de luchas de los movimientos sociales, de mujeres y personas LGBTIQ+.
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Cecilia Bustos Moreschi, cecilia.bustos.moreschi@fundeps.org
¿Con qué se puede complementar el módulo del Paicor?
Trece productos tiene el módulo alimentario que se reparte a los beneficiarios del Paicor tras la suspensión de las viandas escolares debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus.
Harina, lentejas, leche en polvo, arvejas, puré de tomates, polenta, arroz, postre en polvo, cacao, azúcar y dos tipos de fideos es el contenido de la caja que cubre la cuota alimentaria para 15 días según estiman desde la Provincia.
Es una muestra similar a la que se entrega a los niños, niñas y adolescentes durante el receso invernal. Pero en este contexto de crisis, donde muchos de los padres de los 257.294 beneficiarios están impedidos de generar ingresos ¿para qué alcanza esta canasta seca? ¿Cómo se puede complementar?
“Este módulo alimentario debe ser entendido como una ayuda para las familias en una situación de emergencia, por ello es importante comprender que no es posible a partir de éste cubrir la totalidad de nutrientes que los niños y las niñas necesitan, pero sí es un complemento valioso que puede ser aprovechado si se aplican algunas estrategias”, explica Dolores Román, doctora en ciencias de la Salud.
Y aclara que “los alimentos frescos como las frutas, verduras, carnes y huevos difícilmente puedan ser provistos por este tipo de módulo” y que por eso deben agregarse a la dieta.
César Murúa, coordinador del proyecto que realiza Fundeps sobre la calidad nutricional de los programas alimentarios en varias provincias, comparte el diagnóstico sobre la necesidad de atender la emergencia como prioridad.
“Es destacable la celeridad con la que los directivos del Paicor han implementado el plan de entrega de alimentos durante la contingencia”, señala.
Módulos. Se entregaron aproximadamente 120 mil .(Pedro Castillo / Archivo)
Dimensión familiar
En este contexto la ayuda alimentaria del Paicor incluye otra dimensión: la familiar. “Es un gran aporte en términos alimentarios y económicos a las familias que tienen niños cubiertos por el programa, también tranquiliza a los padres en cuanto a este aspecto”, dice Murúa.
Para Román este es un punto clave también. “Hay que ver cómo se van a distribuir estos alimentos en el hogar. Un niño no consume 900 centímetros cúbicos de aceite en dos semanas. Entonces esto habla de que una parte de estos alimentos van a toda la familia”.
En medio de la cuarentena obligatoria, Román ve por otra parte un aspecto positivo: recuperar la comensalidad en el hogar.
“Dentro de todo lo negativo y todo lo tremendo que está pasando tenemos la oportunidad de compartir la mesa y reflexionar acerca de que los chicos vuelvan a comer en casa”, señala la docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Calidad nutricional
“Pensando en mejorar la calidad nutricional se podrían sumar algunos alimentos y evitar otros en futuras entregas, asumiendo que el listado de alimentos entregados respeta periodicidad quincenal y fue previsto para la primera etapa de la cuarentena”, señalan desde el equipo de nutrición de Fundeps que cuenta con el apoyo de Unicef.
Desde Fundeps sugieren que para complementar el módulo se agreguen: 10 frutas, entre seis y siete kilos de hortalizas (1 kilo de cebolla, zanahoria, calabaza y zapallitos, 2 kilos de papas y un atado de acelga), una docena de huevos y una o dos latas de caballa.
También recomiendan evitar alimentos como el aceite, el azúcar y el cacao el polvo.
Viandas. Se suspendieron.(Facundo Luque / Archivo)
Por su parte Román propone una serie de pautas que ayudan a mejorar el valor nutricional de los alimentos.
La Voz
Una cuarentena con derechos
La situación de público conocimiento de avance del COVID-19 ha hecho necesaria la adopción de medidas urgentes cuyo objetivo es la protección de la salud pública. Las medidas de aislamiento y de distanciamiento social están apoyadas por la evidencia científica que se comienza a recolectar sobre los brotes de contagio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud recomienda estas medidas y sus representantes han reconocido al gobierno argentino por sus decisiones que en forma temprana pueden limitar la curva de contagio de esta enfermedad. Como en otros temas de salud pública en los que hemos trabajado desde hace años, Fundeps apoya enfáticamente las políticas públicas basadas en evidencia científica y en línea con las recomendaciones de organismos especializados en la materia.
En este contexto de emergencia sanitaria, resulta fundamental tomar conciencia acerca de la importancia de respetar la cuarentena a los fines de resguardar la salud pública y garantizar el funcionamiento del sistema de salud argentino. El incumplimiento de las medidas de aislamiento, y el consecuente riesgo para la población que ello ocasiona, permite al Estado tomar medidas sancionatorias en contra de quienes la infrinjan. Ahora bien, también resulta importante señalar que, ante la puesta en marcha de un proceso sancionatorio en contra de una persona infractora al aislamiento, es necesario que las fuerzas de seguridad actuantes cumplan estrictamente el procedimiento legal previsto para tal caso, y respeten todos los derechos y las garantías constitucionales que, aun en este estado de emergencia, mantienen su plena vigencia.
Aquellas excepciones en las cuales una persona tiene permitido circular, sin dudas no deben de ser utilizadas por la ciudadanía como un pretexto para infringir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, ante un caso de circulación permitida (Por ejemplo: aprovisionamiento de alimentos), quien resulte interrogado por las fuerzas de seguridad, debe contar con la posibilidad de brindar información a dicho personal a los fines de dar a conocer los motivos de su circulación, es decir de ejercer su descargo. Una medida coercitiva por parte de la fuerza pública, sólo debe encontrar respaldo en la existencia de “motivos bastantes” (circunstancias objetivas advertidas por el funcionario policial al momento de efectuar el control) que permitan suponer que la persona se encuentra efectivamente infringiendo la cuarentena y que no se encuentra habilitado para circular (Por ej. profesionales de salud), pero permitiendo antes, valga la redundancia, efectuar su descargo.
Por el contrario, una detención que no tenga en cuenta los motivos dados por quien circula o siquiera brinde la posibilidad de darlos, no solo vulnerará aquellas garantías constitucionales que restringen la adopción de este tipo de medidas (existencia de motivos bastantes para proceder a la detención y derecho de defensa), sino que además tornará ilusorias las excepciones contempladas por el D.N.U. De tal modo, toda persona que circule por la vía pública, debería de ser detenida y recién luego de atravesar todo el procedimiento, podría brindar los motivos de su circulación al funcionario judicial competente. De ser así, esto podría ocasionar un desborde en los lugares destinados a alojar a los detenidos, con la consecuente sobrecarga del sistema judicial mínimo que se encuentra actualmente tratando tales casos.
Más allá de lo mencionado, en los casos en los que el personal de las fuerzas de seguridad detecte una infracción a la cuarentena y detenga la persona en cuestión, el procedimiento deberá respetar la dignidad de la persona sin incurrir en tratos degradantes, y utilizando la fuerza tan solo cuando sea necesario. Más aún, deberán cumplirse las reglas de procedimiento vigentes en cada jurisdicción, esto es, anoticiar inmediatamente al órgano judicial competente, procurando el efectivo derecho de asistencia legal y de defensa.
Finalmente, la aplicación de tareas de fiscalización, tampoco deben orientarse y direccionarse sistemáticamente al “control” de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad. La garantía de no discriminación no debe de soslayarse al momento de fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena, direccionando los controles solamente a un determinado sector poblacional, sino que su alcance debe ser general.
Desde la sociedad debemos evitar actuar subestimando la cantidad de casos existentes al día de hoy, que pueden parecer pocos o con números que no son lo suficientemente alarmantes: el comportamiento de la pandemia ya ha demostrado en otros países tener un crecimiento exponencial. Es por esto que es necesario pensar en los posibles contagios de mañana, y especialmente en los impactos en la salud de aquellas personas pertenecientes al grupo de riesgo y/o en situación de vulnerabilidad.
A partir de la aparición del COVID-19, se ha evidenciado la necesidad de revisar desde el Estado y desde toda la sociedad, el modo de vincularnos, tanto en lo individual y cotidiano como en lo global. Es necesario que colectivamente logremos aprovechar estas circunstancias para construir lazos, formas de relacionarnos que incluyan a la ciudadanía, respeto mutuo y para con nuestro entorno, como puntos de partida. La salud pública va a ser mejor protegida con una ciudadanía activa, responsable para el cumplimiento de sus obligaciones y capaz de ejercer sus derechos.
Para mayor información, se recomienda acudir a los canales oficiales de información haciendo click aquí
Firma: El equipo de Fundeps
El cuidado como premisa
Cuando hablamos de ecofeminismo, hablamos de cuidado. Si bien existen múltiples expresiones teóricas y prácticas del movimiento ecofeminista, todas confluyen en la necesidad de darle más valor al cuidado como premisa ética para la vida en sociedad.
Desde que la historia existe, la humanidad se ha parado como dueña y señora de la naturaleza y su entorno. El dominio como punto de partida para la existencia. Esta forma de relacionarnos con el mundo en que vivimos también se evidencia en los modos de vincularnos en sociedad.
Es así como las desigualdades sociales ponen de manifiesto las desproporciones de poder entre las personas, por su clase, su sexo, su género y su etnia, entre muchas otras.
El dominio y la conquista han sido las modalidades adoptadas, por sobre aquellas que fueron desplazadas por ser más débiles, complejas y, en general, vinculadas a lo femenino.
El cuidado ha sido relegado a las mujeres: el cuidado a niños y niñas, a las personas mayores, en las tareas del hogar, por ser “guardadoras” de la moral y el cariño en el seno de las familias.
Es a partir de la visibilización de la lucha ambiental de múltiples grupos de mujeres en el mundo que se resaltó la necesidad de que el cuidado comience a ser la forma de vincularnos con el ambiente. Y es ambiente y no es un medio, porque pensar desde el cuidado implica que dejemos de ver a la naturaleza como una herramienta y empecemos a comprendernos parte de ella.
En la ciudad de Córdoba, tenemos varios ejemplos de estos movimientos que han logrado mostrar la falta de cuidado que tenemos con el ambiente y con otras personas. El más claro es el de las madres de barrio Ituzaingó que pusieron en tapas de los diarios que el uso de agroquímicos puede enfermar a toda una población, y se enfrentaron con sus propios vecinos que no querían dejar de fumigar esos metros necesarios para que las personas no se intoxiquen.
Vincularnos de otro modo
Hablar de ecofeminismo es hablar de cuidado, pues este es un valor dejado de lado por femenino, pero fundamental para la supervivencia. En estos tiempos de catástrofes ambientales, de plagas y pandemias, la clave es repensar el modo de vincularnos en sociedad, con los animales y con nuestro entorno.
La competencia por las ganancias, la desidia por los resultados nocivos de los modelos extractivistas, el desinterés por el sufrimiento animal, la violación de los derechos de los trabajadores, el lobby político para que continúe la desregulación laboral y ambiental son algunos de los síntomas de la falta de empatía con la realidad social.
Si bien las teorías ecofeministas ahondan en las conceptualizaciones necesarias para el desarrollo completo de estas ideas, se pueden resumir en que el dominio y la conquista como principales valores generaron la explotación indiscriminada de la naturaleza y la reproducción interminable de las desigualdades estructurales de la sociedad.
En esta línea, el siguiente pensamiento es darnos cuenta de que tanto la naturaleza como las mujeres hemos sido objeto de dominación. Tanto en lo simbólico como en lo material, el dominio al ambiente, así como a las mujeres, ha sido con violencia explícita o disimulada, pero siempre sujeta a la apropiación y conquista.
No es casualidad que hayan sido las mujeres las principales activistas por el ambiente en el mundo. Las mujeres han sido las principales subyugadas del sistema patriarcal, pero también son las principales afectadas por la discriminación ambiental.
Por ejemplo, según el Gender and Climate Toolkit, publicación realizada con el apoyo del Parlamento Europeo, las mujeres son quienes menos huella de carbono aportan pero constituyen el 80% de los refugiados climáticos, que son los grupos de personas afectadas y desplazadas de sus centros de vida por catástrofes ambientales.
Discriminación
El Instituto Europeo para la Igualdad de Género asegura que más del 80% de los puestos de toma de decisión en materia de cambio climático están ocupados por hombres, y en las empresas que aportan a la emisión de gases de efecto invernadero, el 95% de los integrantes de juntas directivas y el 86% de los senior managers son hombres.
También son las mujeres las más expuestas a la contaminación, pues están encargadas del cuidado, y las que se encuentran más en contacto con el agua que contiene tóxicos y el aire impregnado de químicos. Y no es de sorprender que las más expuestas sean las que se encuentran en mayor vulnerabilidad económica.
Es necesario repensar la construcción de los vínculos humanos y con el ambiente, desde una perspectiva que incorpore la empatía y el cuidado como puntos fundamentales para el desarrollo social.
La perspectiva de género y de derechos humanos es una de las claves en la creación de políticas públicas que aborden la problemática ambiental, y tiene que ser valorada por sobre la ganancia y el lucro.
Debemos traer a la mesa los contenidos humanos que le dan sustento al desarrollo económico, y dejar de lado la promesa de crecimiento infinito.
Para adaptarnos a los tiempos que corren, hay que rescatar los viejos conceptos de justicia social, igualdad, cuidado y solidaridad, para reencontrarnos en un proceso de construcción colectiva que logre integrarnos con el ambiente como parte de este, y que incluya a los colectivos olvidados por la historia de la dominación.
VIRGINIA PEDRAZA
Directora estratégica de Fundeps
Fuente: La Voz
Estuvimos presentes en la Conferencia: ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina’
Los días 2 y 3 de marzo se realizó en el campus de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) la conferencia ‘Repensando el rol de las inversiones extranjeras y la Nueva Ruta de la Seda en América Latina y el Caribe’ organizada por el Transnational Institute (TNI) y la UNSAM.
Ambos días participaron exponentes no solo de Argentina, también se contó con la presencia de especialistas de Chile, Bolivia, Brasil, México y Perú. En el primer día de conferencia se abordaron cuestiones como el rol de las inversiones extranjeras directas (IED) para el desarrollo sustentable en el actual contexto de crisis climática; la IED en América Latina, incluida las inversiones chinas y lo sectores claves en los que se encuentran. Además, se discutieron las potenciales implicancias de la región en la Nueva Ruta de la Seda.
Como conclusiones principales del primer día, se puede mencionar la necesidad de China de recursos primarios extractivos, principal motivo de su relacionamiento con América Latina y el Caribe. El traslado de la Inversión Extranjera Directas (IED) de impactos ambientales a los países de la región. Por último, la continua violación de la inversiones chinas al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas.
Por otro lado, en el segundo día se produjo un mayor intercambio de opiniones entre los exponentes y el público presente respetando los temas pactados en el Programa, como la IED China en la región, específicamente las características, impactos y desafíos a los que se enfrentan los países de América Latina, haciendo hincapié en Argentina, Brasil, México, Bolivia y Chile. Por último, los temas que generaron mayor intercambio de opiniones fueron la relación IED-modelos de desarrollo sustentables y, por otro lado, cuál es el tipo de IED que queremos, es decir si ésta puede contribuir al desarrollo nacional teniendo en consideración la sustentabilidad ecológica.
Respecto al segundo día, las cuestiones que tuvieron gran fuerza fueron las relativas a qué patrón sigue China en los distintos países de la región. Así, surgieron cuestiones como la creciente demanda de Litio por parte de China, su asociación con empresas de otros Estados para obtener su tecnología (transferencia tecnológica), la expansión de proyectos bioceánicos, los proyectos de represas hidroeléctricas y el aumento de conflictos ecoterritoriales, por mencionar algunos.
En nuestras región, en las últimas décadas las inversiones chinas han crecido de manera exponencial, superando a las inversiones de los organismos multilaterales tradicionales (como el Banco Mundial y BID). Con estas inversiones, viene aparejada la falta de controles, los impactos ambientales y sociales y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no se puede pasar por alto la relación asimétrica que existe entre la región y el país asiático reproduciendo los clásicos patrones desiguales de relacionamiento que han caracterizado a América Latina y el Caribe, antes con Estados Unidos y Europa, ahora con la República Popular de China.
En consecuencia, es importante generar una mayor articulación entre sociedad civil, academia, comunidades afectadas y todas aquellas partes interesadas para exigir una forma de relacionamiento más igualitaria y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales, ausentes hasta el momento. Es en este marco que se encuadra nuestra participación en la conferencia y el interés de Fundeps por fortalecer los vínculos con instituciones académicas tanto nacionales como internacionales que aborden la cuestión d elas inversiones chinas y su impacto sobre el ambiente y los derechos humanos.
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Participamos en las consultas del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID
En enero, el BID dio inicio al proceso de consulta pública sobre un nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), el cual incluyó, hasta el momento, consultas de carácter presencial y virtual en las ciudades de Bruselas (Bélgica), Ciudad de Panamá (Panamá), Kingston (Jamaica), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y Washington DC (Estados Unidos). Además, se contempla la recepción de una primera ronda de comentarios virtuales respecto al borrador hasta el próximo 20 de abril.
Desde Fundeps, participamos tanto de la consulta pública presencial llevada a cabo el 10 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires como en la consulta realizada el 13 de marzo en la ciudad de Washington DC. A su vez, planeamos enviar comentarios por escrito en relación al borrador difundido por el Banco en el marco de un trabajo conjunto que venimos realizando con un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región.
En términos generales, el borrador del MPAS plantea dos secciones diferenciadas: una Declaración de Política que básicamente establece los roles y responsabilidades que le corresponderán al BID en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y requisitos socioambientales del nuevo Marco; y una segunda sección que incluye el detalle de las Normas de Desempeño Ambiental y Social con las que deben cumplir los prestatarios. El borrador plantea la inclusión de diez Normas: 1. Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; 2. Trabajo y condiciones laborales; 3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la contaminación; 4. Salud y seguridad de la comunidad; 5. Adquisición de tierras y reasentamiento; 6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales; 7. Pueblos indígenas; 8. Patrimonio cultural; 9. Igualdad de género; y 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de la información.
El BID ha planteado que el MPAS propuesto se basa en cinco principios rectores: la no dilución de las actuales políticas; la orientación a resultados (es decir, la implementación efectiva); la proporcionalidad de las responsabilidades y los requisitos establecidos respecto al nivel de riesgo del proyecto; la transparencia y la idea de “hacer el bien” más allá de “no hacer daño”.
Sin embargo, el análisis que hemos realizado junto al resto de las organizaciones involucradas en este proceso permite vislumbrar que, al menos tal como está planteado, el actual borrador dista mucho de cumplir de manera efectiva con cada uno de dichos principios rectores. En términos generales se puede apreciar una dilución de las políticas y la protección socioambiental en muchas de las Normas de Desempeño; no resulta claro qué tan efectiva va a resultar la implementación de dicho MPAS; en muchas secciones del borrador no queda plasmada la idea de proporcionalidad; y prácticamente no se pueden identificar secciones en el borrador que planteen el “hacer el bien” en el sentido que lo plantea el Banco: el de facilitar resultados más sustentables en los social y ambiental.
A su vez, todo el proceso de revisión que está llevando adelante el Banco dista mucho de ser transparente y de “ofrecer oportunidades significativas de participación para todas las partes interesadas” tal cual lo establece el BID. Justamente, como suele suceder con los procesos de consulta que lleva adelante el BID, este proceso ha contado con importantes falencias, sobre todo en el objetivo de lograr una participación efectiva de partes interesadas.
Hemos expresado debidamente todas estas críticas y problemas a los representantes del Banco en cada una de las consultas en las que participamos y las acompañamos de recomendaciones y sugerencias concretas que deberían tener en cuenta a la hora de la elaboración del siguiente borrador del Marco. Además, se harán llegar oportunamente dichas recomendaciones por escrito antes del vencimiento del plazo para enviar comentarios de manera virtual.
Habiendo finalizado las consultas públicas y una vez finalice el período de recepción de comentarios y sugerencias de manera virtual, el Banco deberá elaborar un nuevo borrador del Marco de Política Ambiental y Social para ser presentado al Directorio. Posteriormente, el nuevo Borrador será publicado para una nueva ronda de comentarios de carácter virtual por un período de 30 días, de acuerdo al Plan de consulta pública aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco. Una vez finalizado este período, el BID desarrollará la versión final del Marco que será entregado al Comité de Políticas y Evaluación del Directorio del BID para su evaluación final.
El BID es miembro del Grupo BID. Es fuente de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y, a diferencia del BID Invest que invierte en proyectos del sector privado, el BID se encarga de la inversión en el sector público.
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Gonzalo Roza, gonroza@fundeps.org
El aborto: un paso adelante en la igualdad de género
Así quedó plasmado el pasado 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, cuando muchas mujeres y hombres salieron a las calles para manifestarse y reivindicar la figura de la mujer, dar visibilidad a los diversos feminismos, romper estereotipos de género e impulsar el cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria.
“El acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo es una cuestión de igualdad, salud pública y derechos humanos”, afirma Mayca Irina Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales en Fundeps, una organización argentina que promueve los derechos de la mujer.
La labor de Fundeps es incidir en las políticas de los gobiernos latinoamericanos a través de la investigación, la comunicación y el litigio judicial, para promover la igualdad de género y proteger a las mujeres ante situaciones de vulnerabilidad que sufren cada día.
El caso de Argentina
Esta semana, Argentina se enfrenta a uno de los debates más importantes de su historia reciente: el presidente Alberto Fernández presentará un proyecto de ley para legalizar el aborto que tendrá que debatirse primero en el Congreso y, más tarde, en el Senado.
Si la propuesta se aprueba, Argentina se convertiría en el quinto país de América Latina en reconocer el aborto libre (sin condicionantes), después de Uruguay, Cuba, Guyana y Guyana Francesa.
La religión católica tiene un peso muy importante en el país, por eso las leyes argentinas sobre el aborto son muy restrictivas sobre su aplicación.
Sin embargo, el derecho al aborto libre es una demanda reivindicada desde hace años por diferentes sectores de la sociedad argentina, representados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
“El Estado [argentino] no puede seguir obstaculizando la práctica del aborto”, afirma Balaguer, quien asegura que sigue siendo difícil acceder al aborto incluso en los casos en los que es legal. Por ahora, la ley argentina solo permite abortar en caso de violación o si existe un riesgo de salud para la mujer.
Hacia una igualdad real
La jornada de huelga en Argentina se aplazó al lunes 9 de marzo para conseguir un mayor impacto en el mercado laboral y de los cuidados, una labor que suele recaer en las mujeres, que tradicionalmente se han hecho cargo del cuidado de los hijos y las personas mayores.
La manifestación multitudinaria en Buenos Aires reivindicaba el aborto como una cuestión de salud pública y justicia social, para combatir el alto número de embarazos adolescentes y abortos realizados de forma clandestina, que ponen en peligro la salud de las mujeres.
Pero por encima de todo, se trataba de poner en el centro del debate el “derecho de autonomía de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo”, explica Balaguer.
Para conseguirlo, el movimiento feminista destaca la necesidad de promover la educación sexual entre los jóvenes, facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y, sobre todo, garantizar el derecho al aborto.
Fuente: La Vanguardia
Análisis del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS
El presente documento de trabajo aborda uno de los nuevos bancos de desarrollo multilaterales: el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS. En él se desarrolla sus inicios, estructura, políticas y estrategias, los proyectos que tiene en marcha y el rol que posee China en el Banco.
Democracia, transparencia y gobiernos abiertos
Filósofos y politólogos a lo largo de la historia han dado a entender que no existe otra manera de organizar la vida en sociedad que sea más equitativa e inclusiva que la democracia. La democracia es sinónimo de transparencia, participación, igualdad y desarrollo. ¿Y en la práctica?
Los indicadores de desarrollo de Argentina y de la mayor parte de los países del sur global demuestran que los niveles de desigualdad son grandes y fueron creciendo con el paso de los años.
En un contexto de gobiernos democráticos consolidados, esta forma de gobierno no fue capaz de cumplir con sus promesas y la exclusión constante de la ciudadanía, devino en la imposibilidad de avanzar hacia mejores niveles de desarrollo.
La idea del desarrollo como algo más que el crecimiento económico fue incorporando otros parámetros para medir el avance de una nación. La salud, la educación y las instituciones gubernamentales son algunos de ellos. Y hacia 2008, la necesidad de fortalecer estas últimas, devino en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
La OGP reúne a más de 70 naciones con el objeto de promover la implementación de políticas de transparencia, participación y colaboración. Los Estados parte se adhieren y mantienen su estatus de “miembro” mediante la creación de planes de acción que duran dos años. Cada uno se compone de un set de compromisos o metas que el gobierno está dispuesto a cumplir en plazo estipulado. La adherencia a OGP y el cumplimiento de los planes tienen, al día de hoy, un carácter voluntario. Finalizado cada plan, los países son evaluados y obtienen recomendaciones de cara a la elaboración del siguiente plan.
La hermana mayor de OGP es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Eiti). Creada en 2003, Eiti se propone fomentar el aumento en los niveles de transparencia en los estados, con el propósito de combatir y reducir la corrupción en la actividad extractiva. De manera similar a OGP, la adhesión a este espacio es voluntaria.
Ambas iniciativas proponen un modelo de creación de políticas y toma de decisión en el que el gobierno debe compartir la mesa con la sociedad civil. Los planes de acción tanto de OGP como de Eiti deben ser delineados en conjunto, entre los estados y la ciudadanía. Esto es una condición necesaria para la permanencia del país en las iniciativas. De esta forma, OGP y Eiti vienen a proponer un modelo de democracia en el que la transparencia y la participación ciudadana son un requisito imprescindible.
¿Y Argentina?
Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde la adhesión de Argentina a estos espacio?
El carácter voluntario de la participación y del cumplimiento de los compromisos les quita fuerza a los beneficios e impactos que estos puedan tener. Cada meta incluida en los planes, si bien creada en conjunción con la sociedad civil, depende exclusivamente de aquellos ministerios y espacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que quieran participar.
Argentina en OGP adquirió un prestigio que ha llevado a que en este 2020, nuestro país ocupe la presidencia de la Alianza. No obstante, los resultados de las evaluaciones de los últimos tres planes de acción revelaron que, casi en su totalidad, los compromisos asumidos desde 2013 no fueron los suficientemente transformadores. Esto significa que muy pocas metas asumidas tienen un verdadero potencial para convertir al gobierno argentino en un gobierno abierto.
Una multiplicidad de portales de datos abiertos no significa que las instituciones sean más transparentes. Y Argentina ha orientado casi todos sus esfuerzos a la creación de estos sitios como su estrategia para abrir el gobierno.
La persistente incapacidad de la ciudadanía para comprender la información que se publica es lo que llevó a que tanto OGP como Eiti se hayan estancado.
Ambas iniciativas demuestran que se avanzó mucho hacia la transparencia de la información, pero eso no ha decantado en una mayor participación ciudadana, reducción de la corrupción o mejoras en los indicadores de desarrollo. El informe anual de 2019 de OGP evidencia que los compromisos asumidos por los países miembros se orientan sólo a la cuestión de la transparencia. Poco se hizo para ampliar los espacios de participación y colaboración.
Para la mayor parte de los países miembros, la participación en Eitiy OGP ha servido como una máscara que les permite adquirir prestigio internacional y mayores posibilidades de recibir ayuda para el desarrollo. Nada más.
El movimiento hacia la apertura gubernamental no hizo más que poner a disposición de los ciudadanos una catarata de datos casi imposible de procesar. La brecha tecnológica y la alfabetización digital son cuentas pendientes. En la medida en que no se transformen en prioridades para los gobiernos, la apertura nunca va a ser suficiente.
Si bien OGP y Eiti vinieron a proponer una remodelación de los estándares democráticos, poco fue lo que lograron. La inclusión de grupos vulnerables aún no es evidente, y desde los círculos académicos se discute si este tipo de iniciativas son modelos pensados desde el “norte global”, que buscan ser trasplantados a todo el mundo sin dimensionar los contextos particulares de cada nación. Esto se evidencia en estados donde los niveles de desigualdad, exclusión y analfabetismo son altos.
AGUSTINA PALENCIA (Investigadora asociada a Fundeps) para diario La Voz
Fuente: La Voz
Avances y preocupaciones sobre el discurso del presidente
Dentro de los muchos anuncios, aquellas políticas relativas al fortalecimiento de la calidad institucional son las que mayor expectativa generan. La recurrente referencia al diálogo, al consenso y a la pluralidad son signos de voluntad hacia una democracia sana y duradera. También, estas propuestas muestran un claro interés en seguir desarrollando herramientas que mejoren la participación ciudadana, lo que ha sido y sigue siendo una deuda en el Estado argentino.
Entre los anuncios más importantes en materia institucional, se pueden destacar:
Por otra parte, es de destacar la voluntad política de apostar a la transparencia de las instituciones estatales, sin olvidar los avances que han sido logrados en los últimos años con relación al desarrollo de herramientas de gobierno abierto y de acceso a la información pública.
En lo que a salud pública respecta, más allá de la destacable referencia a vacunas, es preocupante la falta de mención al abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles: no se mencionaron medidas relativas a consumo de tabaco, exposición al humo de tabaco ajeno, consumo de alcohol, alimentación inadecuada, actividad física insuficiente.
Siguiendo la misma línea, y específicamente sobre el Plan Argentina Contra el Hambre, se advierte un abordaje parcial de la problemática que no incluye la perspectiva de alimentación adecuada y de calidad, lo que resulta preocupante dados los altos índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en nuestro país, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
En materia de integración global, se observa una agenda inclusiva, para avanzar en la asociación con países desarrollados, emergentes y en desarrollo. El presidente destacó tanto el diálogo con potencias de América y Europa como asociaciones estratégicas integrales con China y Rusia.
Resulta muy importante mejorar la asociación estratégica integral con China, pero es fundamental asegurar que tal relación no profundice las relaciones crecientemente asimétricas entre los dos países, y que no redunde en esquemas económicos de reprimarización de la economía argentina.
Políticas con perspectiva de géneros y diversidad sexual
Uno de los puntos más destacados del discurso fue el anuncio que en los próximos días el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de legalización del aborto. El presidente expresó su preocupación por las consecuencias que tiene el estado actual de la legislación, que empuja a las mujeres a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Si bien aún no se conocen detalles del proyecto, el tratamiento de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo viene de la lucha incansable del movimiento de mujeres que reclaman este derecho desde hace años, y esperan que se trate de un proyecto fiel a los puntos que contempla aquel que fuera presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito el año pasado.
Asimismo, Fernández anunció que enviará otro proyecto de ley para garantizar la atención y el cuidado integral de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en la primera infancia, al que se refirió como el programa de los primeros 1000 días.
Además, hizo tres anuncios relativos a la erradicación de la violencia de género:
Sin dudas, este tipo de iniciativas dan fe del interés de este gobierno por erradicar las violencias contra las mujeres, lo que es impostergable. Sin embargo, llama la atención que se hayan omitido mencionar los derechos que aún faltan reconocer a otros colectivos e identidades, como el cupo laboral para las personas trans. Al hablar de aborto, solo se enunció a las mujeres, pasando por alto que hay otras personas gestantes que también pueden cursar embarazos no deseados. Es imprescindible atender a los factores que reproducen las desigualdades estructurales de estos colectivos.
Por eso es relevante remarcar la necesidad de diseñar e implementar políticas públicas y su correspondiente presupuesto con perspectiva de géneros, que contemplen la igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto se puede concretar a través de medidas que acompañen las trayectorias laborales y profesionales de personas LGBTIQ+, como por ejemplo, la implementación del cupo laboral trans.
Otra vez la deuda con el ambiente
En líneas generales, la perspectiva “ambiental” adoptada en el discurso de apertura de sesiones, se puede caracterizar como una visión extractivista, que contempla a los bienes ambientales tan solo como recursos para el desarrollo económico y social. Esto puede percibirse en aquellos tramos del discurso en los cuales se anunciaron, por ejemplo, iniciativas vinculadas con la promoción de proyectos e inversiones en materia de hidrocarburos y minería. A más, estas fueron calificadas por el presidente como la “palanca para el desarrollo productivo” del país.
Tal línea discursiva, resulta desalentadora en el contexto ambiental actual, el cual se encuentra teñido de tragedias socio-ambientales a causa del cambio climático, que afectan diferenciadamente a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin perjuicio de que se mencionan algunas pequeñas líneas de abordaje al cambio climático, tal idea resulta contradictoria con el posicionamiento extractivista que el presidente sostuvo a lo largo de todo el discurso, e incluso contradice los esfuerzos a nivel local y mundial tendientes a disminuir la promoción de aquellas industrias generadoras de gases de efecto invernadero (principal causa del cambio climático), como así también en diversificar las fuentes de energía.
En el ámbito local, recientemente Argentina sancionó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en contra del cambio climático, plasmando las directrices a seguir en torno al fenómeno. Uno de los objetivos de la ley (art.2, ley 27.520), consiste en establecer asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país.
Asimismo, entre las medidas de mitigación que la ley prevé, se menciona la utilización progresiva de energías renovables, con la consecuente reducción gradual de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la ley de política ambiental nacional n° 25.675, mediante el llamado “principio preventivo”, procura prevenir, antes que nada, los daños al ambiente.
Todo esto, debe de ser enmarcado también en el Acuerdo de París, Protocolo de Kyoto y Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Ellos tienen entre sus objetivos principales, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero.
También es preciso señalar que la República Argentina, posee una matriz energética cuyo 81.6 por ciento, proviene de combustibles fósiles, observándose sólo un ínfimo porcentaje en relación a otros tipos de energía (nuclear, hidráulica, eólica,etc). Ello resulta de importancia debido a que, si la matriz energética no es diversificada, necesariamente requerirá de mayor producción y refinación de hidrocarburos. Así, la tendencia al autoabastecimiento, sin dudas implica un crecimiento en la explotación de dicha fuente energética, repercutiendo negativamente en el cumplimiento de los objetivos relacionados a los Gases de Efecto Invernadero.
De tal modo, una política basada en perspectivas extractivistas, como aquella anunciada por el presidente, tiene serias implicancias. En primer lugar, desoye los principios que orientan al desarrollo sustentable, para emprender un “desarrollo” que no contempla la variable ambiental. En segundo lugar, incumple aquellos objetivos previstos en el ordenamiento jurídico, que imponen obligaciones en torno a la mitigación de los efectos del cambio climático. En tercer lugar, ignora la circunstancia de que cualquier afectación ambiental tiene serias repercusiones en aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, estropeando sin dudas la justicia social de un modo directo.
Es por esto, que una política ambiental, en particular que contemple los efectos del cambio climático, debe de buscar el desarrollo de fuentes de energía renovables, contemplar verdaderas acciones de adaptación y mitigación, promoviendo el desarrollo con justicia y equidad ambiental, social e intergeneracional.
Contacto
Virginia Pedraza, vir.pedraza@fundeps.org
El hambre no es una sensación, dicen en las escuelas periféricas
Los docentes admiten que en 2019 la necesidad aumentó y que en muchos casos no se alcanzó a cubrir la demanda. En la zonas más vulnerables de la ciudad, más del 90% de los alumnos recibe este beneficio.
El Paicor nació hace más de tres décadas como un salvavidas que tenía fecha de caducidad, pero que terminó transformándose en una necesidad y en un derecho de quienes no pueden cruzar el umbral de la pobreza.
Son miles los que pertenecen a una generación que nunca almorzó en familia y que desconoce cómo compartir una comida. Muchos son hijos de padres que crecieron gracias al Paicor. Esta parece ser la evidencia de que el hambre existe en la Argentina.
Los maestros que trabajan en el cordón más olvidado de la ciudad de Córdoba advierten desde hace años que un número creciente de niños y adolescentes come por última vez en el día cuando toma la merienda del Paicor. Son aquellos que se ubican en el entramado más lábil de la sociedad, en el que las chances de consumir productos nutritivos son escasas.
Para el director de un Ipem, que pidió el anonimato, el Paicor es una contención significativa para los estudiantes que viven en un entorno familiar que los apoya. Sin embargo, para la población ultravulnerable –opinó– ni siquiera este dispositivo vital la sostiene en la escuela. “La droga juega su papel también entre la alimentación y en lo educativo. Hay pibes que por la droga pasan de largo”, sintetizó.
En algunas zonas críticas, el 90 por ciento de los alumnos come en la escuela. Y quienes no figuran en el padrón también lo hacen, aunque esté prohibido y aunque las normas indiquen que la comida que sobra debe desecharse.
“No está permitido, pero se reparte entre quienes quieren y deben comer para seguir adelante. Aun fuera de las reglas”, admitió un profesor. Mientras, una maestra contó que les dan “de contrabando” las varillas de pan, y otra, que cuando hay potajes o guisos multiplican las porciones como los peces bíblicos.
“La comida que queda debe tirarse a la basura por cuestiones de sanidad. Hay chicos que la piden para su casa. Habría que repensar esta medida: es un crimen tirar los alimentos cuando es evidente que hay gente que los necesita”, se lamentó otra docente.
Termómetro social
En épocas de crisis, el programa alimentario es un termómetro social. El año pasado, los alumnos que habitualmente no almorzaban porque no les gustaban los alimentos comenzaron a quedarse y los que no estaban en el padrón también intentaban ingresar al comedor.
“Antes preguntaban qué comida había y según eso entraban. Ahora comen, no eligen”, confirmó una directora.
Casi una decena de docentes consultados coincidieron en que el Paicor es fundamental, pero no lo es todo. Plantearon, incluso, que en casos de pobreza extrema debería implementarse un refuerzo alimenticio a la noche.
“Llegan a la mañana sin cenar y se descomponen. Una vecina de enfrente del colegio les prepara viandas dos veces por semana y hacen cola. Están muy necesitados”, contó el directivo de otra secundaria, ubicada en “zona roja” de la ciudad. “No diría que vienen exclusivamente por la comida. Vienen porque la ven como la única institución que los alberga y pueden imaginar un proyecto de vida”, aseguró.
Falta de raciones
En este laberinto de urgencias vitales, también en 2019 recrudecieron los reclamos por trabas burocráticas que demoran la autorización a los beneficiarios.
Según relataron en varias escuelas, alumnos inscriptos a fines de 2018 finalizaron el año pasado en estado “pendiente”, sin acceso al comedor.
Además, algunas instituciones no recibían las cantidades de raciones correspondientes a los empadronados.
“Tenemos 386 estudiantes autorizados y el tope de raciones que se enviaron en 2019 fue de 266”, contó una directora. Otras autoridades confirmaron el dato con sus propios ejemplos.
En una secundaria de zona residencial, el padrón sumó el equivalente a un curso completo el año pasado. Fue la primera vez en 10 años.
“Nos faltó comida porque los chicos excluidos del padrón también querían comer y no alcanzaba. Esto produjo quejas. Fue el signo más visible de la crisis”, explicaron desde el Ipem.
En una escuela primaria alejada del Centro, unos 50 niños se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad: sólo comen lo que ofrece el Paicor.
“Tuvimos un caso de un niño que se dormía en el turno tarde y la docente se dio cuenta de que era por falta de comida. Nos contaba la mamá que no compraba más azúcar porque los chicos tenían tanto hambre que se la comían a cucharadas y empezó a comprar edulcorante, porque eso no les gustaba”, relató, con tristeza, una maestra.
Análisis provincial: La situación social, el marco
El programa está a cargo de la Secretaría General.
“La realidad socioeconómica del país no es ajena a la provincia y se ve reflejada en mayor asistencia a los comedores escolares”, señalaran desde la Provincia. “El Paicor tiene como objetivo la contención alimentaria de la población educativa en situación de vulnerabilidad, la inclusión y la permanencia en el sistema educativo”, agregaron.
Estabilidad en una política
Fundeps, con el apoyo de Unicef Argentina, comenzó hace unos meses a trabajar en un estudio para comparar la implementación de los programas alimentarios escolares en cuatro provincias: La Rioja, Jujuy, Catamarca y Córdoba. La investigación ya completó su primera etapa, que consiste en estudiar el marco normativo en cada jurisdicción de esta política pública. Resta el análisis de los aspectos nutricionales y económicos, que se encuentra el desarrollo.
Para César Murúa, coordinador del proyecto y miembro de Fundeps, la primera etapa de la investigación arrojó un dato positivo: “Córdoba es la provincia que mayor grado de institucionalidad tiene en este tipo de programas, lo que significa una gran estabilidad tanto en la calidad como en la frecuencia en la prestación a pesar de los cambios en las administraciones y de las crisis económicas”, señaló.
Murúa señaló que el problema de “la pobreza no se resuelve sólo con el Paicor”. “En todo caso habría que explorar opciones de articulación del Paicor con otros programas de asistencia, como merenderos y comedores barriales, que reciben apoyo del Estado”, dijo.
Sobre la cristalización de este tipo de asistencia, Murúa señaló que “es evidente que si un programa de este tipo se mantiene en el tiempo, hay un problema que persiste”. Nos obstante, aclaró que el Paicor y la escuela cumplen también un “rol de integración social”.
“En todo caso se podrían explorar otros aspectos de integración y que a la vez promuevan una alimentación saludable, como que los estudiantes participen del cuidado de huertas comunitarias que provean a sus propios comedores escolares”, señaló.
El incremento de los beneficiarios del Paicor marca también el cambio de rol de la escuela tradicional. “No hay dudas de que ante el hambre hay que darles de comer a los niños; es un derecho básico. En un segundo nivel de análisis vemos cómo la escuela amplía sus funciones y deja de ser un ámbito sólo de aprendizaje para convertirse también en un centro de salud, en el lugar donde se come y se hacen tantas otras cosas, y eso también implica un nuevo problema”, indicó, a su vez, Martín Maldonado, investigador de Conicet.
“El dispositivo pedagógico que es la escuela es del siglo XIX y tenemos alumnos del siglo XXI. En algunos casos sus problemas son el uso de la tecnología, pero en los contextos vulnerables son la pobreza, la violencia y el hambre, y eso modifica la idea de aprendizaje tradicional”, señaló.
Nutrición
Por su parte, la magíster en Salud Pública Daniela Moyano señaló que en los programas alimentarios escolares suele haber “una baja frecuencia de oferta de algunos alimentos saludables, como frutas y verduras”. La conclusión surgió de un estudio sobre los comedores municipales.
Fuente: La Voz