‘La luna de miel del gobierno abierto ya terminó’. Con esa frase, Nathaniel Heller, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés); dio apertura a las jornadas que tuvieron lugar en el Centro Cultural Kirchner y que buscaron llamar a la reflexión acerca de los avances en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Fundada en 2011 a partir de la iniciativa de los Estados Unidos y Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la OGP ha logrado nuclear a más de 70 naciones. Hasta ahora, la alianza se ha convertido en un repositorio de planes de acción y compromisos de los diversos países que la integran. Las metas propuestas por los Estados parte de esta iniciativa se han orientado a mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y colaboración.

Estos principios propuestos por la OGP, no son más que los pilares originarios de la democracia. El gobierno abierto es el ‘nuevo’ paradigma que busca reformular el papel del Estado respecto de la ciudadanía. Busca que las instituciones entablen una ‘conversación’ con las poblaciones, para hacerlas partícipes de los procesos de creación, ejecución y control de las políticas públicas.

Hasta el año 2017, la mayor parte de los compromisos de los planes de acción se correspondieron con acciones de liberación de datos y acceso a la información pública sin la necesidad de poner énfasis en muchas temáticas que pudieran considerarse como controvertidas (medio ambiente, salud, género, industrias extractivas, recursos naturales, financiamiento de partidos políticos, entre otros). No obstante, este Encuentro Regional tuvo como objeto poner en evidencia buenas prácticas respecto de la participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia aplicadas precisamente a estos ámbitos que últimamente han estado en el ojo de la tormenta de la política internacional. La frase inaugural de este evento (citada más arriba) tuvo por objetivo remarcar la necesidad de que la OGP de un paso más adelante y sea capaz de evidenciar de manera palpable cómo sus principios pueden mejorar efectivamente la vida de las personas.

Hasta ahora, los esfuerzos de los Estados de OGP han endulzado los oídos de quienes compartimos sus principios. Pero es necesario que existan acciones específicas orientadas moldear un nuevo tipo de Estado. El problema con la AGA ha sido que hasta ahora ha puesto demasiado énfasis en los Poderes Ejecutivos Nacionales (PEN) y poco en los demás poderes e incluso en los gobiernos subnacionales. La estructura de OGP hasta el año 2016 solo lograba amparar iniciativas del PEN.

Luego del lanzamiento del programa piloto para gobiernos subnacionales en 2016 y de la incorporación de un mayor número de compromisos de parte de los poderes legislativo y judicial en varios países; se puede decir que OGP está ampliando su espectro. Empero, aún queda bastante por hacer para lograr una verdadera institucionalización de esta nueva cultura de apertura. El segundo problema con la alianza, es que en la mayor parte de los países miembros, la entidad a nivel institucional encargada de llevar adelante la relación con OGP, no forma parte de la estructura orgánica nacional y carece de un presupuesto propio. Esta situación nos lleva a pensar en que OGP se trata de una iniciativa que hoy por hoy está supeditada a los vaivenes políticos y las prioridades de gestión. No se trata de una cultura que se plasme de manera transversal en la planificación de todas las políticas públicas de los Estados.

A lo largo de todo el evento se remarcó la urgencia de pasar de un paradigma de ‘gobierno abierto’ al de un ‘Estado abierto’ que expanda las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Esto, de manera vertical hacia los gobiernos subnacionales y locales; y de manera horizontal hacia los poderes legislativo y judicial. Asimismo, se destacó la necesidad de lograr de manera eficiente y eficaz el involucramiento de la sociedad civil en los procesos de co-creación y co-implementación. Tanto en los planes de acción nacional, como en las políticas públicas en general.

El paradigma de gobierno abierto pareciese implementarse a diferentes velocidades en todo el mundo, y al interior de cada Estado también. Argentina, es un caso testigo de esta situación. A lo largo y a lo ancho del país se pueden recopilar numerosas iniciativas de gobierno abierto; empero, esto se desarrolla de manera muy disímil. Mientras provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe han constituido agencias gubernamentales específicas para avanzar sobre políticas de gobierno abierto; provincias como Santa Cruz y Río Negro, no cuentan con este tipo de institucionalización del paradigma. Lo mismo ocurre a nivel municipal.

Esta situación dificulta la articulación entre los diferentes niveles gubernamentales, y por ende la aplicación de los principios de gobierno abierto resulta deficiente. Los gobiernos locales se han convertido en una pieza fundamental para la concreción efectiva de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. La cercanía de las administraciones locales con la ciudadanía es la clave que les otorga a estos gobiernos esta importancia para la implementación de esta cultura de apertura. El Encuentro Regional, remarcó este rol tan relevante y brindó el espacio para que se conociesen buenas prácticas ya implementadas en el nivel local.

Por otra parte, la participación de FUNDEPS estuvo signada a la presentación en un panel sobre proyectos de infraestructura y obra pública. El objetivo fue resaltar algunos casos de grandes proyectos de infraestructura en la Provincia de Córdoba, en los que no se aplicaron los estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación. Durante la exposición, trajimos a colación los casos de la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales (EDAR), la construcción de los gasoductos troncales y el desarrollo del Centro Ambiental Carlos Paz. El panel asimismo contó con la presencia de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), un representante del sector de compras públicas de Chile y una representante de la Iniciativa para la Transparencia en la Construcción (CoST). La sesión tuvo por objeto reflexionar sobre la importancia de definir mejores estándares de transparencia y participación ciudadana en este tipo de proyectos.

Este panel particularmente, fue uno de los tantos que buscaron evidenciar la necesidad de aplicar los estándares de gobierno abierto en temáticas específicas. Específicamente, en aquellas cuestiones que hoy por hoy resultan de especial sensibilidad para algunos Estados (cambio climático, recursos naturales, presupuesto, industrias extractivas, entre otros). La OGP nace para lograr una modificación en las instituciones, de tal forma que se pueda recobrar la confianza de los ciudadanos. Para ello, es fundamental que la ciudadanía pueda ver que su vida se modifica de manera positiva a partir de la aplicación de estos principios. A este respecto, se vuelve más que necesario que el paradigma de gobierno abierto pueda expandirse a todas las ramas y niveles de gobierno. Se trata de pasar de un gobierno abierto a un Estado abierto.

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