En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.
El brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.
La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.
Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.
A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.
Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere. Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/Sin-titulo-1-1.png275400Comunicaciones Fundepshttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngComunicaciones Fundeps2018-01-27 20:06:562024-08-08 02:45:44BID Invest revisará en 2018 su política de acceso a la información
Poder Ciudadano, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Nuestra Mendoza, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Acción Ciudadana Areco, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y, la fundación Salta Transparente; conformamos la Red de Organizaciones Contra la Corrupción, con la finalidad de generar un impacto concreto en las políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación de la corrupción en todos los rincones del país.
Argentina se encuentra atravesando una crisis de corrupción sistémica y estructural, que continuará agudizándose en la medida en que no se lleven adelante políticas públicas y reformas institucionales profundas, destinadas a prevenir y disminuir este flagelo. Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil en general, y aquellas que trabajan en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción en particular, encuentran grandes dificultades para lograr una efectiva incidencia en esta temática; por esto se hace necesario plantear una nueva estrategia de abordaje sistémico para generar reformas sustanciales.
La R.O.C.C. fue concebida como un espacio dinámico que permitirá a todos sus integrantes generar mayor incidencia en las políticas públicas, promover la participación ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, e incluso realizar acciones judiciales concretas de manera conjunta.
Entre los objetivos se encuentra la generación de espacios de discusión sobre distintas problemáticas relacionadas con el fenómeno de la corrupción y mecanismos de intervención; el trabajo conjunto en la incidencia para la implementación de políticas públicas que tengan como finalidad generar sistemas de integridad en todos los niveles del Estado; y asesorar a otras organizaciones sociales en la implementación de herramientas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión pública.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/aliar_anuncio-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-12-21 00:16:072017-12-21 00:16:07Lanzamos la Red de Organizaciones contra la Corrupción
En el año 2015 se dio inicio a la negociación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. A partir de ese momento, se fueron sucediendo reuniones del Comité de Negociación, en las cuales se discutieron, revisaron y aprobaron las propuestas de texto de los países relativas al documento preliminar del acuerdo regional. Dicho documento consta de un preámbulo y veinticinco artículos.
Este proceso se inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago, mediante la cual dieron inicio a la negociación de un instrumento regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esto, con una significativa participación del público y el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica. La Declaración cuenta actualmente con 24 países signatarios, con la reciente incorporación de Santa Lucia y está abierta a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe.
En la Séptima Reunión del Comité, celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, se lograron consensuar los artículos de Acceso a la Información y a la Participación Pública (6to, 7mo y 8vo). Sin embargo, representantes de la sociedad no tardaron en mostrar su preocupación por el grave retroceso en la marcha de las negociaciones. Luego de este séptimo encuentro, la sociedad civil hizo las siguientes recomendaciones para poder garantizar la corrección del rumbo de las negociaciones:
1. La participación de las relatorías de la ONU y la CIDH relacionadas a estos derechos, puesto que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental podrían ser debilitados por los acuerdos a los que se vienen llegando en las negociaciones del Principio 10.
2. La evaluación por parte de los gobiernos y la CEPAL del grado de avance y regresividad del texto que hasta ahora se está negociado entre los países, ya que estándares logrados en el ámbito nacional en algunos países como a nivel regional vienen siendo reducidos.
3. Vincular el Acuerdo Regional del Principio 10 y la Agenda 2030, con el fin que exista integración y coordinación de ambas iniciativas. Por lo que es necesario que existan informes de cumplimiento de los ODS en nuestros países donde se incluya información relativa a las acciones para la mejor implementación del Principio 10.
4. No retroceder respecto del régimen de excepciones que se ha introducido al texto, que permite a los Estados más posibilidades de negar información a los ciudadanos, sino garantizar la difusión de la mayor cantidad de información ambiental, como las emisiones de contaminantes y los estudios de impacto ambiental. Además, reconocer la vigilancia y el monitoreo indígena, como una forma de participación legítima, indispensable medida de prevención para evitar el daño ambiental. Asimismo, reconocer la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona o grupo acceder a la justicia para proteger el medio ambiente.
5. Incluir en el texto, el deber de los estados de GARANTIZAR los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y no utilizar verbos como “facilitar, promover y alentar”, contraviniendo de esta manera a los estándares actuales de derechos humanos.
6. Un Acuerdo Regional sobre el Principio 10 que sea VINCULANTE, que incorpore con claridad el enfoque intercultural y de género a favor de poblaciones vulnerables, sobre todo pueblos indígenas, y defensores y defensoras de derechos humanos, como reconocimiento a la realidad de violencia que vienen afrontando en nuestros países de América Latina y el Caribe.
Al respecto, en la inauguración de la octava reunión, Andrea Sanhueza representante electa del público, expresó: “Hemos llegado a un punto de inflexión. Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”.
Finalmente, ese fue uno de los principales resultados de la reunión, ya que los países acordaron consagrar la protección de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el futuro acuerdo regional.
Ello significa que los países signatarios se obligaron a garantizar el reconocimiento, protección y promoción de sus derechos a la libertad de opinión de expresión, de reunión, de asociación pacíficas, a circular libremente y al libre ejercicio de sus derechos.La situación de los defensores ambientales en América Latina ha ido empeorando conforme han ido pasando los años. Durante el 2016 más de 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida en el afán de reclamar por sus derechos vulnerados. El 60% de estos casos se registró en la región de América Latina. El hecho que durante las últimas negociaciones del Acuerdo Regional, se haya logrado incorporar un artículo que proteja a estas personas, es fundamental a la hora de avanzar hacia la efectiva garantía de los DDHH.
En el encuentro, se realizaron otros importantes avances sobre el texto final del instrumento regional. Entre ellos se convinieron los artículos sobre acceso a la justicia en asuntos ambientales, y sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación, y aprobaron además la mayoría de las obligaciones generales.
Además, se aprobó el objetivo principal del Acuerdo, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.
Con motivo de la reunión, expertos de la ONU realizaron un comunicado urgiendo a los gobiernos a que adopte un acuerdo firme sobre derechos ambientales. «Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente», dijeron.
Al finalizar la octava reunión, los participantes reconocieron los significativos consensos y definiciones alcanzadas sobre el texto compilado por la Mesa Directiva en esta semana de negociaciones y acordaron continuar con la discusión de los artículos aún pendientes del documento legal (11 al 25) durante la siguiente reunión, que se realizará en el primer trimestre de 2018 en San José, Costa Rica.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/7-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-12-20 00:10:202024-06-30 16:29:32Hacia un acuerdo regional sobre derechos humanos ambientales
Actualmente, la región de América Latina ha asistido a un cambio rotundo en materia de grandes inversiones para el desarrollo. Tradicionalmente, las instituciones financieras internacionales (IFIs) ocuparon un rol fundamental a la hora de apoyar los proyectos de desarrollo en la región. El Grupo Banco Mundial y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron detrás de las grandes inversiones en el área de infraestructura.
Esta situación, se ha visto modificada ante el aumento de la presencia de la República Popular China como el principal inversor en esta materia. A este respecto, es necesario resaltar que esta situación ha traído aparejado una fuerte discusión en lo que refiere a estándares socio-ambientales. Las IFIs tradicionales cuentan con normativas que, si bien están lejos de funcionar de manera adecuada en la práctica, mínimamente buscan garantizar el cumplimiento de determinados estándares ambientales, sociales y en materia de derechos humanos en sus proyectos. En el caso delas instituciones chinas, por el contrario, la situación es más compleja, ya que en la mayoría de los casos dichas instituciones carecen de transparencia o de normativas claras y robustas en materia socio-ambiental.
La consecuencia de la convivencia de estos dos grupos de instituciones –las IFIs tradicionales y las chinas– ha dado un balance negativo y esto se ha evidenciado en el retroceso de las salvaguardas en organismos como el Banco Mundial. En este sentido, la estructura de financiamiento actual en América Latina ha visto descender sus estándares, generando situaciones graves de vulneración de derechos a la hora de poner en marcha grandes proyectos de infraestructura. Durante el año 2016, 200 defensores y defensoras ambientales perdieron su vida reivindicando sus derechos ante el avance de grandes proyectos petroleros y mineros. El 60% de esas muertes se dio en América Latina y el 40% pertenecía a pueblos originarios.
A partir de este marco, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, reunió a un grupo de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incidir en la mejora de los estándares socio-ambientales en megaproyectos de infraestructura. En la Cuarta Reunión Regional de Derechos Humanos, Transparencia e Inversiones, celebrada en Lima el 30 y 31 de agosto, las organizaciones reunidas se pronunciaron por la urgente necesidad de asegurar los derechos de defensores y defensoras ambientales. Asimismo, se destacaron los crecientes casos de corrupción en torno a los megaproyectos y la falta de acceso a la información pública.
La declaración luego de la reunión señaló que: “varios gobiernos vienen abordando el derecho de acceso a la información pública como un mero trámite administrativo, sin tomar en cuenta que es un derecho humano instrumental a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, que coadyuva a la adecuada y oportuna participación ciudadana y consulta previa libre e informada. En esa línea, preocupa que varias iniciativas internacionales sobre transparencia y acceso a la información no puedan seguir avanzando adecuadamente pues existe el riesgo de que se busque disminuir los estándares, como es el caso del Acuerdo Regional del Principio 10”. Los grandes proyectos de infraestructura entonces, hoy por hoy siguen siendo el escenario para la problematización de cuestiones como la transparencia y la rendición de cuentas.
Varios gobiernos de América Latina han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por su nombre en inglés) y por lo tanto se han comprometido a implementar políticas que fomenten la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esto implica necesariamente, que estos esfuerzos por ‘abrir el Estado’ deban expandirse a la rama medioambiental y de infraestructura. Actualmente esto es una deuda pendiente y de los 3000 compromisos asumidos ante OGP, sólo 54 pertenecen al ámbito de la infraestructura. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Uruguay son las naciones América Latina y el Caribe que han elaborado metas en relación a esta materia. Empero, los problemas persisten y la situación de los derechos humanos en torno a los megaproyectos ha ido empeorando. En adición, luego de la Cuarta Reunión de la Coalición Regional, se destacó que “es importante que los procesos para la elaboración de los Planes de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto de los países sean realmente participativos y con compromisos ambiciosos, medibles y relevantes”. Esto es especialmente importante a la hora de lograr el involucramiento y monitoreo de la sociedad en los procesos de obra pública (en todo el ciclo de los proyectos).
En Argentina esta realidad se replica. Actualmente se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura que se han visto envueltos en casos de corrupción y cuya información no fue compartida con la ciudadanía. Se puede mencionar entre ellos a: las represas hidroeléctricas en la Provincia de Santa Cruz y los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba.
La situación generalizada de los derechos humanos en torno a los megaproyectos de infraestructura es alarmante. Siguen siendo numerosos los casos en los que las comunidades cercanas se ven perjudicadas por este tipo de obras. Sumado a ello, la matanza de defensores y defensoras ambientales se ha agravado en los últimos dos años. En este contexto, desde FUNDEPS adherimos a la Declaración de Lima e instamos a los gobiernos latinoamericanos a avanzar hacia políticas más transparentes en esta temática.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/ds_2-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-12-05 00:02:472017-12-05 00:02:47Reclamo por mayores estándares de protección de DD.HH. en megaproyectos de infraestructura
Ante la ausencia de respuestas, se llevó el reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ambos organismos instaron al Estado argentino a que designara prontamente a la persona encargada de la Defensoría del Pueblo. Cabe destacar que se trata de una institución clave para la defensa de los derechos humanos.
Conforme a los principios del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre las medidas mencionadas, se encuentran aquellas tendientes a efectivizar el establecimiento y regular funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
La persona designada tiene básicamente dos funciones: 1) Defensa y protección de los derechos de las personas ante actos u omisiones de la administración pública; y 2) Control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Sin embargo, esta definición puede tornarse limitada ya que no contempla su dimensión más procedimental y humana: la idea y aspiración de crear una entidad capaz de ser receptiva a las necesidades de la población. La Defensoría del Pueblo cumple un rol fundamental no sólo en la protección de derechos humanos y control del ejercicio de las funciones públicas, sino también como institución clave en la comunicación directa entre el Estado y los individuos.
Durante el mes de agosto de 2017, 55 organizaciones de la sociedad civil nuevamente exhortaron a que se finalice con esta situación y se designe Defensor/a del Pueblo. El reclamo además incluyo una propuesta para la designación que contempló tanto requisitos legales y constitucionales, como sugerencias para el proceso de selección. Se solicitó que se adopten las medidas necesarias para que la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo inicie de inmediato el procedimiento de designación, que asegure 1) la transparencia y participación ciudadana en el proceso y 2) la idoneidad de los candidatos.
El proceso de selección de la persona encargada de la Defensoría del Pueblo debe seguir criterios rigurosos que garanticen la idoneidad moral e idoneidad técnica. La idoneidad moral en este caso no solo hace referencia a la ausencia de faltas disciplinarias o de conductas contrarias a la ética pública; sino que remite a la necesidad de probar un verdadero compromiso con los DD.HH. La idoneidad técnica en cambio, tiene que ver esencialmente con el conocimiento acerca de las problemáticas de DD.HH. y los medios para remediarlas.
Otro punto a resaltar dentro de cómo debiera llevarse a cabo la designación, tiene que ver con la independencia de criterio. La CN en su artículo 86 remarca el carácter autónomo de la figura y la independencia de criterio. Esto hace referencia a la no partidización de la figura y a la ausencia de lazos económicos o de interés que puedan interferir con las actividades de la persona titular de la defensoría.
Estos criterios de selección deben ir acompañados de un procedimiento transparente y participativo regido por la publicidad y apertura en todas las etapas del proceso. La presentación hecha por la sociedad civil detalló la propuesta para la implementación de un proceso de selección que debía incluir: 1) Propuesta de los candidatos, 2) Publicación de antecedentes, 3) Observaciones impugnaciones y preguntas, 4) Respuestas por escrito de los candidatos, 5) Audiencia pública ante la comisión bicameral, 6) Observaciones, 7) Decisión de la comisión bicameral.
Esté órgano desde el 2009 carece de una conducción real y desde ese entonces está funcionando bajo mandatos interinos porque el Congreso aún no acordó la designación de un director. Desde el 2015, se encuentra a cargo de esta dependencia el subsecretario general Juan José Böckel, un hombre que responde al anterior interventor de ese organismo, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim. Actualmente, la Defensoría del Pueblo se ha visto inmersa en casos de corrupción luego que anónimamente se denunciaran irregularidades en el organismo.
Según trascendió, el miércoles 8 de noviembre la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo firmaría la propuesta de terna de candidatas/os a Defensor/a, con miras a que las Cámaras lo designen antes de fin de año. Esto se ha hecho sin convocar a la sociedad civil y si se llegara a concretar este acuerdo sin participación de la ciudadanía en la conformación de la terna afectarán el adecuado funcionamiento institucional de la Defensoría, una vez que su nuevo/a titular sea designado/a.
La importancia de la designación radica en que es uno de los organismos encargados del control horizontal del Estado (denominado Accountability Horizontal). Se trata del control que ejercen las mismas instituciones sobre los actos y/u omisiones que emanan del Estado. En este sentido, es fundamental que los mecanismos que garantizan la rendición de cuentas a nivel horizontal funcionen correctamente. Nos sumamos al reclamo de la sociedad civil para la pronta designación de una persona encargada de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/ds_0-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-11-08 21:16:522017-11-08 21:16:52Defensoría del Pueblo: eligen titular sin participación de la ciudadanía
Esta publicación busca acercar a activistas en DESCA un diagnóstico sobre las principales falencias en materia de producción y acceso a la información relevante para la implementación de los DESCA, algunos casos testigo que evidencian la importancia del empleo de estas herramientas en la incidencia por la exigibilidad de estos derechos, estándares vigentes en la materia y niveles de desagregación solicitados por órganos de tratados universales y regionales.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2018/01/Produccion-y-Acceso-a-la-Informacion.-Claves-para-el-acceso-a-Derechos-Sociales-1.jpg831988Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-09-01 23:25:302024-06-30 19:15:05Producción y Acceso a la Información. Claves para el acceso a Derechos Sociales – Septiembre 2017
El documento destaca los aspectos más importantes relacionados al derecho de acceso a la información pública en los distintos distritos de Argentina (Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/09/Leyes-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica-en-Argentina-1.png404985Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-06-01 03:03:422024-06-30 19:15:05Leyes de Acceso a la Información Pública en Argentina – Junio 2017
Preocupados por la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa la comunidad de Chacras de la Merced, participamos en la audiencia pública con un informe técnico legal que da cuenta de las irregularidades del proyecto de instalación de una nueva cantera.
El pasado miércoles 12 de abril la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático convocó a audiencia pública a los fines de tratar el proyecto de instalación de “Cantera Colombo” en inmediaciones del Barrio Chacra de la Merced. El proyecto Cantera Colombo se ubicaría al Este de la localidad de Córdoba, fuera del ejido urbano de la ciudad, en el lugar conocido como Corazón de María, siendo el centro poblacional afectado por la obra la localidad de Chacra de la Merced. Se trata de una Cantera seca a cielo abierto, donde se efectuaría la extracción de áridos sin uso de explosivos, para luego trasladar el material a la planta clasificadora propiedad del titular denominada Canteras Ruiz, ubicada en Camino Chacra de La Merced, Km. 7.
Dentro las principales consideraciones que realizamos en el Informe referido al estudio de impacto ambiental “Cantera Colombo” cabe mencionar que no tuvo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad de Chacra de la Merced debido al impacto acumulado que afecta de manera progresiva y negativa en el derecho a la salud, a la vida y a un medio ambiente sano. Entre las causas principales que explican la transformación de lo que era el “Cinturón verde de la ciudad de Córdoba” encontramos a: la instalación de emprendimientos inmobiliarios, explotación de canteras, instalación y omisión en los controles sobre los establecimientos de curtiembres, mal funcionamiento y la sobresaturación de la planta depuradora de aguas residuales (EDAR Bajo Grande), lagunas generadas por las explotaciones de antiguas canteras. Asimismo dentro de las irregularidades que surgieron del análisis del estudio de impacto ambiental encontramos que:
-La integralidad del proyecto tendrá significativos y en su mayoría impactos negativos e irreversibles en el ambiente, en especial en la calidad del agua, suelo, aire, salud y calidad de vida.
-No cumple con el contenido mínimo detallado en el art. 19 de la ley 10.208 (línea de base en salud teniendo en cuenta que se emplazará a 300 mts de una escuela y a 150 mts del río Suquía, servicios públicos afectados como transporte público).
-Toma líneas de base desactualizadas (población afectada, censo 2008).
-No cita fuentes confiables.
-No detalla las medidas de recomposición y mitigación de los impactos.
Por todo ello, desde FUNDEPS recomendamos una profunda evaluación por parte de la Secretaría de Ambiente como órgano de contralor del presente proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, y disponiendo de los mecanismos necesarios a los efectos de cumplimentar con los parámetros legales y ambientales esperados a fin de proteger los derechos fundamentales de los vecinos de Chacra de la Merced.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/dsc_6838-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-04-19 22:39:552024-07-30 02:40:18Participamos de la audiencia pública por la instalación de Cantera Colombo en Chacras de la Merced
Fuimos parte de una de las audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada adelante los días 17, 18, 20, 21 y 22 de marzo del corriente en Washington.
En el marco las audiencias públicas, aquella que nos convoca se trata sobre “Derecho de acceso a la información relevante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Ésta fue solicitada a la CIDH por en conjunto con organizaciones de la región como Fundación Construir (Bolivia); Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur, Uruguay); Alianza Regional Por la Libre Expresión e Información (Uruguay); ARTICLE 19 (Brasil); Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo, Uruguay); Fundar – Centro de Análisis e Investigación (México); y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, Argentina).
La audiencia de la que fuimos parte, expuso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) la necesidad de consolidar estándares acerca de la producción y el acceso a información que permitan avanzar hacia la efectiva implementación y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Existen compromisos internacionales y regionales en este ámbito que muestran claras obligaciones respecto a la producción y el acceso a la información, de necesario cumplimiento para poder avanzar en la exigibilidad y ejercicio de estos derechos. Sin embargo, en los países de la región subsisten serias falencias en su cumplimiento.
Diversos organismos internacionales no han encontrado información necesaria para poder determinar si los DESCA se respetan en los países de la región. Específicamente, han notado deficiencias relativas a la recopilación y sistematización de información sobre el ejercicio de los derechos a la educación, al empleo, a la salud y a la seguridad social de mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas; afrodescendientes y trabajadores migratorios y sus familiares. En esta misma línea, es que han precisado que es una obligación estatal la de producir información a partir de la cual sea posible la validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las garantías cubiertas por cada derecho social.
Argentina y Córdoba no son la excepción en este aspecto. El caso de contaminación por la planta de EDAR Bajo Grande, que afecta a la comunidad Chacras de la Merced, es un ejemplo claro de las vulneraciones de derechos humanos agravadas por la deficiencia en acceso a la información. Desde el Estado no se proveen datos sobre los niveles de contaminación de aire y suelo, así como tampoco la información relevada sobre afectaciones a la salud a la gente del barrio, principalmente a mujeres, niños y niñas. De esta manera, se ponen trabas a la exigibilidad de los derechos de las personas afectadas.
Es por ello que resulta fundamental fortalecer la implementación de estándares en torno al alcance de las obligaciones estatales de producción, disponibilidad y acceso oportuno a información sobre DESCA. Esto último, además de ser esencial para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, permite robustecer las estrategias de exigibilidad de la sociedad civil, generando las condiciones para que muchas vulneraciones de derechos sean reparadas.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/audiencias_cidh-1.png330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-03-17 22:31:012017-03-17 22:31:01Participamos de la audiencia regional de la CIDH en pos del cumplimiento de los DESCA
El pasado 10 de febrero, hemos participado del proceso de consulta abierto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las organizaciones de la sociedad civil, en Washington, DC. Esto se lleva a cabo en el marco de la realización de su planificación estratégica para el período 2017-2020.
Durante la primera parte de la jornada, se destinó el espacio a las organizaciones presentes para que dieran su postura al respecto de los desafíos en temas de derechos humanos a tener en cuenta para los próximos años. Entre los temas mencionados están los derechos de los migrantes, de las mujeres, de las personas LGTBIQ, de las personas con discapacidad, los pueblos indígenas. En la segunda parte de la consulta, se revisaron por grupos de trabajo los objetivos que la Comisión redactó a modo de borrador.
Los desafíos que identificamos a futuro para los derechos humanos en la región están relacionados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que han sido ampliamente reconocidos como derechos humanos pero no abordados lo suficiente desde los organismos hemisféricos. Otro punto relevante en la agenda es el acceso a la información, fundamental para los sistemas democráticos, y declarado como un derecho humano relacionado a la libertad de expresión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la información es de suma importancia ya que impacta directamente en el ejercicio de los demás derechos humanos, incluyendo también los DESCA.
Por otro lado, destacamos la vinculación entre derechos humanos y empresas, por la creciente tendencia a la captura corporativa de los Estados alrededor del mundo. En este sentido, los Estados deben tomar mayor papel, evitando ceder ante los compromisos de autorregulación del sector privado y la injerencia de las empresas en sectores de políticas públicas sensibles. Para esto, se deben promover iniciativas para aumentar los niveles de rendición de cuentas del sector privado, sin olvidar la responsabilidad de los Estados. Por último, expresamos nuestra preocupación por la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, siendo América Latina una de las regiones más peligrosas para este grupo y propusimos instancias de participación fuera de las capitales nacionales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Los procesos de revisión de las actividades de este organismo, como el de planificación estratégica, son de gran relevancia para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la agenda de la sociedad civil en el continente.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/20170210_095214-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-03-10 21:27:292017-03-10 21:27:29Instancias de participación en la planificación estratégica de la CIDH
Ante la conflictiva situación que atraviesa la provincia de Córdoba respecto a la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, la Dirección Nacional de Bosques, considera imprescindible, previa la aprobación legal, disponer del mapa, informes técnicos, y asegurar una adecuada participación, a los fines de garantizar la observancia de las disposiciones de la ley 26.331.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Bosques, dio a conocer sus consideraciones en relación al proceso de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos que afronta la provincia de Córdoba, en respuesta a una petición realizada por el Foro Ambiental Córdoba, por medio de nota con fecha 27/01/2017.
– Expresó su preocupación por el incumplimiento por parte de la provincia de Córdoba de los plazos establecidos para la actualización. En ese sentido, recordó que ya había solicitado la entrega de avances referentes al proceso de actualización. En esas comunicaciones con la el Gobierno provincial comunicó los lineamientos y la visión a tener en cuenta para los procedimientos de ajuste y acreditación de la actualización de los OTBN (conforme notas remitidas con fecha 23/02/16 y 06/04/2016).
– Informó que, en agosto de 2016, la autoridad local de aplicación compartió de manera informal un primer proyecto de actualización. La Dirección Nacional detectó cambios significativos respecto el primer mapa de OTBN provincial, y destacó dos puntos: “un incremento en la superficie de bosque nativo declarado y un importante pasaje de bosques nativos de Categoría I (rojo) a Categoría II (amarillo)”.
– Verificó el intercambio de avances sobre la actualización y existencia de posturas antagónicas de diversos actores, conforme su participación en reuniones de la mesa interinstitucional de diálogo convocada por la Secretaría General de la Gob. de Córdoba, la Sec. De Ambiente y la Sec. de Agricultura. En esta instancia no hace referencia a ningún proceso para tratar de acercar las posiciones antagónicas.
– Observó, entre otras, que el proyecto de ley de OTBN no permite conocer las superficies de bosques nativos por categoría de conservación, lo que es imprescindible para su acreditación.
En síntesis, destacó, que a los fines de llevar a cabo el análisis para la acreditación del OTBN de la provincia de Córdoba, es necesario:
1. Disponer del proyecto de ley completo (el mismo no contiene el mapa con la localización de los bosques y sus categorías de conservación de la actualización del OTBN)
2. Disponer del documento técnico con la metodología utilizada para la valoración de los criterios de sustentabilidad ambiental y la superficie resultante.
3. Conocer el proceso participativo que acompañaría esta propuesta.
Hasta el momento, la discusión por la actualización del marco de protección de los bosques nativos en Córdoba no ha cumplido con la normativa nacional, no ha permitido una participación abierta, ha ocultado información y la ha compartido sólo con algunos sectores puntuales.
Desde FUNDEPS, exigimos que el proceso sea transparente, participativo, que cumplimente con los requisitos exigidos desde la Nación y que sea respetuoso de los presupuestos mínimos ambientales, a los fines de evitar la repetición de situaciones conflictivas en relación al ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba.
https://fundeps.org/wp-content/uploads/2017/06/582c45f31cff0_645x412-1.jpg330750Fundeps.orghttps://fundeps.org/wp-content/uploads/2024/11/logo-fundeps-15-aniversario-gr-300x120.pngFundeps.org2017-02-13 19:50:522024-06-30 16:29:34La Nación cuestiona la actualización de la normativa de bosques en Córdoba
Presentamos ante la Legislatura observaciones críticas al proyecto de ley de bosque nativo de la provincia de Córdoba, atento irregularidades en el proceso de participación y diversos puntos cuestionables en la redacción de su texto, lo que implicaría un retroceso en la protección de los bosques nativos.
En el año 2007 el Estado Nacional sancionó la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, como legislación base, con iguales condiciones de protección para todos los habitantes del país. Conforme al mandato constitucional, a las provincias les corresponde legislar ya sea igualando o maximizando la protección e incluir asuntos que hagan a las materias específicas o particulares de cada una de ellas. Asimismo establece la legislación nacional y su Decreto Reglamentario N° 91/2009, cada provincia debe realizar su Ordenamiento de Bosques Nativos y actualizarlo cada cinco años, a través de un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en su articulado y anexo.
La provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos N° 9814 el 5 de agosto de 2010, en un proceso en el que no se respetó la instancia participativa que garantizaba la ley nacional. Esa normativa establecía un plazo para la actualización de la misma que venció el pasado 5 de agosto de 2015.
En aparente cumplimiento a dicha normativa, a fines de septiembre de 2016, el gobierno provincial decidió abrir una “mesa de diálogo” a los fines de cumplimentar con la correspondiente actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba, buscando superar las irregularidades del proceso realizado cinco años atrás. Sin embargo, se advirtió la vulneración de las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso participativo sustentable. Estas deficiencias incumplen con las “Pautas metodológicas para las actualizaciones de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos” aprobadas por Resolución N 236 del COFEMA.
Recientemente, en el mes de diciembre de 2016 se presentó ante la Legislatura el proyecto de ley sobre ordenamiento territorial de bosques nativos. Esta propuesta no ha sido el resultado de un proceso participativo de acuerdo a la normativa ambiental de nuestro país.
Sintetizamos las principales observaciones críticas al proyecto de ley:
– No se garantiza la conservación del bosque nativo existente en la provincia de Córdoba acorde al mapa de la ley 9814.
– No se tienen en cuenta fundamentos técnicos y científicos.
– No se observan parámetros mínimos legales, lo que debilita los mecanismos de protección del bosque nativo.
– No se asegura un real y efectivo acceso al derecho a la participación ciudadana en el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
– La definición restrictiva de bosques nativos dada por el proyecto, excluye del objeto de protección a fachinales, arbustales y matorrales.
– Se permite la actividad minera, el desmonte químico y a través del uso de fuego, y el rolado, en categorías de alta conservación de bosques.
– No se incorpora la totalidad de las capas de infracciones en el mapa de OTBN.
– Se elimina la figura de las reservas forestales intangibles.
– Se disminuye el monto de las multas y se elimina la pena de arresto.
– No hay suficientes pautas de transparencia y acceso a la información pública en todas las solicitudes vinculadas a las categorías altas de conservación de bosques nativos de la Provincia, en formatos que posibiliten el monitoreo y la participación pública, en línea con el paradigma de gobierno abierto.
– Posibilita la restauración de bosques nativos dañados con especies exóticas que no garantizan el mantenimiento y regeneración de los bosques nativos.
Por estas razones instamos a generar un proceso abierto y participativo para la discusión sobre la actualización de la ley de bosques de la provincia de Córdoba y sugerimos adecuar el proyecto con la normativa ambiental de mayor jerarquía y asegurar mínimamente el mismo nivel de protección ambiental a nuestros bosques nativos.
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