En el marco del proyecto “Fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil en el ejercicio del derecho a la información pública a través del Acuerdo de Escazú”, compartimos los debates y reflexiones sobre el efectivo cumplimiento de este derecho.
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En el marco de la Conferencia de la Juventud N° 16 sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que se realizará en Glasgow entre los días 28 a 31 de octubre, formulamos una declaración que se sumará a las de otras organizaciones de la sociedad civil argentina.
La Conferencia de la Juventud (COY) 16, se realizará días antes de la Conferencia anual sobre el cambio climático de la ONU (COP). En aquella conferencia, se concluirá un documento de política, que luego será presentado ante los líderes mundiales, representando la voz de las juventudes ante la COP.
Desde Fundeps elaboramos una declaración en la que resaltamos las problemáticas, demandas y necesidades que la Provincia de Córdoba presenta en asuntos ambientales, particularmente a partir de la elaboración e implementación de políticas desde un paradigma extractivista y no sostenible.
A partir de ello, formulamos una serie de demandas y exigencias destinadas a las personas responsables en la formulación, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la protección, mejoramiento y conservación del ambiente.
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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org
En la siguiente guía encontrarás preguntas y respuestas sobre acceso a la información publica ambiental e información útil para realizar solicitudes al Estado.
Destinado a organizaciones, asambleas, asociaciones y personas interesadas en general, los días viernes 15 y 29 de octubre a las 16h llevaremos a cabo dos encuentros virtuales, que tendrán como objetivo brindar herramientas teórico prácticas sobre el acceso a la información pública ambiental.
El primer taller, tendrá como expositora principal a Laura Foradori, abogada, investigadora, especialista en Educación Ambiental y docente universitaria. Estará centrado en la importancia del acceso a la información pública ambiental, su marco normativo y las obligaciones que tiene el Estado. Además, habrá un espacio de diálogo e intercambio de experiencias con las personas presentes.
El segundo taller, tendrá como expositora a Ana Di Pangracio, abogada, Consejera de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En la charla se abordará el Acuerdo de Escazú y las herramientas que este brinda para garantizar el derecho de acceso a la información pública como componente fundamental de una ciudadanía ambientalmente comprometida.
Durante todo el ciclo se llevarán a cabo actividades prácticas y se brindarán herramientas para realizar solicitudes de acceso a la información en asuntos ambientales, con el posterior acompañamiento de Fundeps.
La inscripción es libre y gratuita a través de este formulario y se puede participar del ciclo completo o de cada uno de los encuentros individualmente.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
El día 13 de septiembre, participamos en la Audiencia Pública Virtual realizada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia por la ampliación de Piedras Blancas.
El proyecto pretende la ampliación del centro de disposición final de residuos sólidos de “Piedras Blancas” ubicado en la cercanía de la localidad de Bouwer. Este se encuentra en funcionamiento desde el año 2010 y próximo a agotar su capacidad. Allí se depositan los residuos provenientes de 20 localidades, entre ellas, de la ciudad de Córdoba.
Desde Fundeps presentamos diversas observaciones en torno al proyecto. Advertimos la sospecha de un caso de discriminación ambiental, dado que la zona recibe numerosos impactos desde hace mucho tiempo, situación que no es valorada por el Estudio de Impacto Ambiental. La ciudadanía de las localidades de Bouwer y Santa Ana desde hace tiempo vienen reclamando y cuestionando la decisión de las autoridades de acumular impactos ambientales en el territorio. Cabe recalcar que el predio de Piedras Blancas se suma al proyectado Centro Ambiental de Cormecor, al Potrero del Estado, al Depósito de vehículos secuestrados, a la Planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, entre otros impactos, que permiten tener por configurada una “zona de sacrificio ambiental”.
Asimismo, la audiencia permitió resaltar la histórica deficiencia en la gestión integral de los residuos de la ciudad de Córdoba, lo que sin dudas repercute en el impacto y la necesidad de contar con mayores superficies para el enterramiento. Ello compromete las eventuales responsabilidades políticas en juego.
La ampliación del predio puede constituir una salida rápida y económica para la problemática de los residuos sólidos. Sin embargo, es necesario que se implementen políticas de gestión integral de residuos que reduzcan el impacto ambiental desde un enfoque circular e integral, que por sobre todo, no hipotequen el futuro de ciertas comunidades postergadas en pos del supuesto bienestar general.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Por iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación, este año se realizó el primer Foro Legislativo Ambiental. Una interesante iniciativa para el diseño de leyes ambientales que permitió una amplia participación ciudadana.
La primera experiencia en el diseño de leyes ambientales mediante la participación ciudadana culminó su etapa inicial. El Foro Legislativo Ambiental, consistió, en la utilización de una plataforma web que permitía a la ciudadanía y organizaciones de la Sociedad Civil efectuar sus aportes y comentarios sobre tres proyectos de ley.
En primera instancia, se realizaron diversos encuentros agrupados en 3 temáticas asociadas a cada uno de los proyectos de ley: agroecología, residuos electrónicos y áreas protegidas. Luego, en una segunda instancia, a través del portal de leyes abiertas (https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/) la ciudadanía podía acceder a los diferentes proyectos y generar sus aportes y comentarios sobre el texto del proyecto de ley.
Finalizada esta etapa de aportes, se elaboraron tres informes finales que muestran sintéticamente lo principal de los aportes y comentarios realizados. Resta ahora, aguardar los siguientes pasos hasta la concreción definitiva de los proyectos de ley para su posterior presentación al Congreso de la Nación.
El mecanismo puesto en marcha para el diseño normativo, resulta sumamente novedoso y acorde a los novísimos compromisos en asuntos ambientales que el país asumió a partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Sin dudas que si bien existen puntos a mejorar, tales como el acceso masivo a este tipo de procesos, constituye un puntapié inicial que ha de ser celebrado.
Acceso a la síntesis de los informes:
Sintesis Residuos electrónicos
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Durante los días 19 al 23 de julio, participamos en las reuniones convocadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia para la confección de los lineamientos generales a nivel provincial establecidos en la Ley N° 10.758 de adhesión a la Ley Yolanda.
Tal y como lo ordena el Art. 3 y 4 de la Ley Nacional N° 27.592, la Secretaría de Ambiente de la Provincia llevó a cabo una serie de reuniones en las que participamos diversas Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia. El objetivo lo constituyó la confección de los lineamientos generales en materia de contenidos a dictarse en las capacitaciones destinadas a las personas que ejercen la función pública en los tres poderes del Estado.
En las reuniones se trataron diversas temáticas asociadas al eje biodiversidad, al cambio climático, a la capacitación en leyes entre otras. El espacio permitió que cada organización diera su punto de vista acerca de los temas trascendentes y las modalidades a adoptarse.
El diseño de la ley y su cumplimiento por parte de las autoridades, permite y permitirá la capacitación de quienes ponen en marcha las políticas públicas en asuntos ambientales, a partir de contenidos consensuados a partir del dialogo. Sin dudas la participación ciudadana constituye un pilar fundamental para cualquier arquitectura institucional vinculada a la cuestión ambiental, que debe de verse reflejado de un modo real y acabado al momento de cristalizarse la práctica estatal, en este caso, las capacitaciones obligatorias.
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- La provincia de Córdoba adhirió a la Ley Yolanda
- Realizamos aportes para los lineamientos básicos de la Ley Yolanda
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Con la sanción de la Ley Nacional N° 27.592 -Ley Yolanda-, el Estado nacional estableció la capacitación obligatoria en asuntos ambientales para las personas que ejercen la función pública.
En el marco de la flamante normativa, la autoridad de aplicación (Ministerio de Ambiente de la Nación) convocó a organizaciones de la sociedad civil e instituciones científicas especializadas en la materia, a los fines de establecer los «Lineamientos Generales» destinados a las capacitaciones. Para tal fin, el Ministerio puso a disposición un documento base para efectuar los comentarios y un formulario web.
Desde Fundeps, luego de analizar el documento base, presentamos aportes vinculados a los llamados ejes epistemológicos que deben orientar las capacitaciones. Asimismo, realizamos comentarios en torno a las alternativas metodológicas de enseñanza-aprendizaje a adoptar.
Resta destacar que el documento propone ciertas temáticas «obligatorias» para todo el sector estatal y otras de carácter «optativo». No obstante la generalidad en la formulación de los contenidos conceptuales resulta genérica y presenta varios inconvenientes según la perspectiva que se adopte sobre la temática. Por ello, sugerimos ciertos contenidos mínimos centrales en los cuales se debe asentar el programa formativo en el marco de la Ley Yolanda.
La capacitación en asuntos ambientales resulta fundamental para el diseño institucional, la gesta de políticas públicas y la toma de decisiones judiciales, comprendiendo de tal modo las tres funciones que el Estado ejerce (legislativa, ejecutiva y judicial). Es necesario que los asuntos a abordar presenten un fuerte compromiso con la función estatal para garantizar la sostenibilidad de la vida y el goce de los derechos fundamentales.
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La Cámara de Diputados aprobó la Ley Yolanda
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
El 22 de abril entró en vigor el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe- “Acuerdo de Escazú”. Con motivo del Día Mundial del Ambiente presentamos un recursero de los derechos que garantiza Escazú.
El Acuerdo tiene como principal objetivo facilitar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental, siendo esto fundamental para fortalecer la democracia, el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente. Sus disposiciones incluyen la perspectiva de género, el gobierno abierto, y criterios de prioridad en su aplicación vinculada a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Finalmente incorpora un capítulo destinado específicamente a la protección de defensores/as de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Los principios, reglas y normas contenidos en el tratado, se suman al amplio y robusto abanico de leyes ambientales vigentes en la Argentina, reforzando los derechos y deberes que rigen en esta materia. La mayoría de estos pese a pese a encontrarse vigentes, son sistemáticamente incumplidos y lesionados por los poderes de las autoridades, particularmente en lo que refiere al acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia.
Desde Fundeps elaboramos un recursero sobre el Acuerdo De Escazú con información sobre su contenido, principios y derechos que garantiza. Asimismo, incorpora herramientas de información legal y para el acceso a la información ambiental.
Ante un escenario de constantes vulneraciones de derecho de acceso, es importante conocer y difundir los derechos que garantiza Escazú para lograr su efectivo respeto y aplicación.
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Juan Bautista Lopez, juanbautistalopez@fundeps.org
Este recursero tiene como fin dar a conocer el contenido, los derechos que garantiza y las obligaciones del Estado que rigen en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – llamado Acuerdo de Escazú. Además, incorpora en sus anexos herramientas y modelos para ejercer estos derechos ante las autoridades.
La Municipalidad de Córdoba sancionó en noviembre del año 2020 la ordenanza N° 13.103. Aun cuando no se trata de la adhesión a la llamada Ley Yolanda, esta implementa a nivel municipal la capacitación permanente y obligatoria en materia ambiental.
La ordenanza obliga a todas las personas que desempeñen la función pública municipal a capacitarse en asuntos ambientales. En particular la ordenanza plantea temáticas tales como la normativa vigente, con foco en el cambio climático, calentamiento global, el cuidado ambiental y equilibrio ecológico, la gestión de residuos sólidos urbanos, la economía circular, la biodiversidad y el uso responsable de los recursos en el ámbito laboral.
Si bien la normativa prevé un mecanismo de acceso a la información para la difusión del grado de cumplimiento mediante diversos indicadores, al día de la fecha este no ha sido instrumentado. No obstante se han dado a conocer diversos eventos a través del portal municipal en los que se llevaron a cabo las capacitaciones.
En este marco, solicitamos mediante la plataforma municipal de acceso a la información, diversos puntos sobre el proceso de implementación al día de la fecha. Las leyes y ordenanzas que garantizan el acceso a la información pública ambiental, permiten solicitar este tipo de información a los fines de procurar un monitoreo de las políticas públicas.
Lo cierto es que en numerosas ocasiones este tipo de solicitudes no suelen ser contestadas, impactando tal accionar en el ejercicio de estos derechos. El acceso a la información es un pilar para la defensa de los derechos colectivos y para una adecuada gestión ambiental participativa.
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Juan Bautista López, juanbautistalopez@fundeps.org
El pasado jueves 20 de mayo, acompañamos a Fair Argentina, Eco House, Asamblea por el Ambiente Córdoba, Foro ambiental y Jóvenes por el Clima Córdoba en una convocatoria para exigir el rechazo del proyecto de autovía de punilla. El reclamo se llevó a cabo en el marco del último día de audiencia pública del proyecto.
El resultado de las audiencias públicas realizadas vía web fue contundente. Un 90% de quienes participaron manifestaron su rechazo. Entre algunos de los fundamentos cabe resaltar aquel que señala que el trayecto del proyecto atraviesa 16 cursos de agua, afectando cuencas hídricas de las cuales depende el acceso al agua potable de las comunidades. Asimismo, se señaló que su traza implica la afectación de 172 hectáreas de bosque nativo -categoría roja-, impactando negativamente en sus funciones ecosistémicas y en la fauna que allí habita.
Además, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental fue realizado con llamativas deficiencias, afectando por ello el derecho a la participación pública, requisito fundamental para la concesión de cualquier autorización. Además, ante este panorama de rechazo por parte de las comunidades, el Estado nacional dictó el 3 de mayo el Decreto N° 295/2021 mediante el cual aprobó su aval al préstamo para la construcción de la autovía. Esto sin dudas resulta al menos problemático, teniendo en cuenta que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se encuentra en pleno proceso de desarrollo.
El proceso de EIA deberá de contemplar y examinar todas las observaciones. El rechazo a la autovía fue el hilo conductor de las exposiciones que se dieron en la audiencia pública, y deberá de ser evaluado al momento de emitir un acto administrativo. Pues sin licencia social no es posible conceder una licencia ambiental.
Foto: Tomás Medina
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