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Argentina avanza hacia un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra coordinando el  proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los avances hasta el momento y los próximos pasos?

¿Qué son los Planes de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos?

Los Planes de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH), son políticas públicas transversales que tienen por objetivo abordar la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto de las consecuencias negativas de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos buscan comprometerse para hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como otros estándares de empresas y derechos humanos y Conducta Empresarial Responsable (CER). 

Los PNAEDH contribuyen a lograr una mayor coherencia y coordinación entre los distintos marcos regulatorios y políticas públicas con incidencia en la temática de empresas y derechos humanos, y coadyuvan en la detección de obstáculos y brechas. Esto permite establecer prioridades y compromisos de acción. Dado el carácter transversal y colaborativo, su elaboración requiere de la participación representativa, amplia y plural de múltiples actores: agencias del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas, organizaciones empresarias y de las personas trabajadoras, pueblos originarios y comunidades potencialmente afectadas, entre otros.

Primeros pasos 

Argentina, en base a recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, asumió el compromiso de elaborar un Plan de Acción en materia de Empresas y Derechos Humanos, hecho que tuvo lugar de cara a su reelección al Consejo de Derechos Humanos el 14 de octubre de 2021. Para la coordinación y liderazgo del proceso de elaboración del Plan, se designó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (MRECIC). 

En cuanto a las acciones realizadas, uno de los primeros pasos consistió en la elaboración de una Hoja de Ruta, que fue validada internamente por el MRECIC. Seguidamente, según informan fuentes oficiales, se efectuó un mapeo de grupos de interés y agencias con incidencia en la materia y se relevaron las iniciativas y políticas, en proceso de ejecución en el país, con alguna proximidad a la materia de empresas y derechos humanos y, Conducta Empresarial Responsable  para identificar posibles alianzas dentro del Gobierno. 

Áreas prioritarias del Plan de Acción y elaboración de la Línea Nacional de Base

La Dirección de Derechos Humanos encargó a la Defensoría del Pueblo de la Nación la elaboración de la Línea Nacional de Base (LNB) que servirá como insumo central para el diseño del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. La LNB es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos dentro de un Estado. Es un diagnóstico previo para la elaboración del Plan y genera la información requerida para la posterior planificación por parte de quien formula la política pública.

El Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos incluirá 11 ejes temáticos:

  1. Estándares laborales (trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, condiciones de salud y seguridad, libertad sindical);
  2. Igualdad de género (paridad salarial, acceso a puestos jerárquicos, acoso y violencia en el mundo del trabajo, tareas de cuidado, conciliación de la vida laboral y familiar, etc.);
  3. Diversidad y no discriminación;
  4. Ambiente (protección del ambiente, participación y acceso a la información pública ambiental, evaluación de impacto ambiental; cambio climático; transición energética);
  5. Empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia;
  6. Derechos de personas consumidoras y usuarias;
  7. Gobierno corporativo (debida diligencia y remediación en empresas – compromisos políticos de empresas en temas de derecho humano y buen gobierno, políticas empresariales y estándares internacionales de empresas y derechos humanos, reporte de sostenibilidad, gestión de riesgos);
  8. Tecnología, datos personales y privacidad;
  9. Acceso a la información y participación pública en general;
  10. Promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados (personas con discapacidad, personas migrantes, personas afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTIQ+, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas defensoras u otros) y,
  11. Gobernanza Pública (ética, integridad, transparencia, acceso a la información, anticorrupción, contratación pública, gestión de empresas públicas).

Un proceso participativo

El proceso de elaboración de la Línea Nacional de Base debe ser participativo y brindar la posibilidad de que las distintas partes relacionadas con el tema, así como aquellas personas que tengan interés, puedan colaborar. En este marco, a principios del mes de noviembre de 2022, en respuesta a una invitación recibida, enviamos insumos y recomendaciones sobre cinco de los ejes temáticos arriba mencionados: Ambiente, Derechos de personas consumidoras y usuarias, Gobierno corporativo: debida diligencia y remediación en empresas, Acceso a la información y participación pública en general, y Gobernanza Pública.  

También participamos virtualmente del primer encuentro con sociedad civil y academia, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la elaboración de la Línea Nacional de Base para el Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, en el mes de septiembre, estuvimos en la mesa de discusión multiactor, organizada por el proyecto CERALC en Buenos Aires, en la que se debatió sobre los retos, oportunidades y perspectivas para avanzar en la debida diligencia para una conducta empresarial responsable en Argentina. Cabe mencionar que, desde el inicio del desarrollo del PNAEDH, la Dirección cuenta con el apoyo y asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el marco del Proyecto CERALC.

Próximos pasos

Según el calendario de trabajo estimado por el gobierno nacional, el proceso de elaboración del Plan se divide en 4 etapas principales, cada una de ellas con actividades puntuales. La primera es la elaboración de la Línea Nacional de Base. Luego, como segunda instancia, el fortalecimiento de capacidades a actores clave. Como tercera etapa se estima la redacción y aprobación del PNAEDH, de enero a marzo de 2023. Por último, se espera la publicación del PNAEDH, aproximadamente en junio de 2023. 

Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/recursos/plan-de-trabajo.pdf 

La implementación de la agenda de derechos humanos y empresas representa una oportunidad a la que todos los actores están llamados a aportar. Es el momento de una discusión urgente, profunda y real que aumente las chances de que este debate global sea tomado en serio, y evaluado en la perspectiva de las políticas públicas para que un Plan de Acción Nacional, muy sobrio y voluntario, no sea su único destino.

 

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Autoras

Camila Victoria Bocco

Camila Busso

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org 

 

*Foto extraída de la página oficial de la Cancillería Argentina

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El brasileño Ilan Goldfajn es el nuevo presidente del BID

El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.

El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.

La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.

De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.

El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.

Las alianzas detrás de la elección

El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.

Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID. 

Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense. 

Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal. 

 

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Autoras:

Candela Jauregui

Clara Labat

 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Carta abierta al BID por elección de nueva presidencia

Ante la apertura de un nuevo proceso de elección para la presidencia del grupo BID, organizaciones de la sociedad civil de la región y comunidades afectadas por proyectos,  enviamos una carta abierta con recomendaciones sobre el perfil de quien presidirá el Banco.

En la carta instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que se aproveche esta oportunidad para que la persona que resulte seleccionada sea alguien con probidad, capaz de liderar las transformaciones que hoy requiere la institución y de hacer frente de manera efectiva  a las urgencias y desafíos ambientales y sociales en América Latina y el Caribe.

Asimismo, consideramos que la descripción del puesto debe ser clara, el proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resulta elegida cuente con: 

  • Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
  • Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
  • Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
  • Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
  • Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
  • Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
  • Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La elección está prevista para el 20 de noviembre, con un poder de voto que varía según el número de acciones que posee cada país miembro. La persona que finalmente resulte designada a la presidencia del Grupo BID tiene la oportunidad de liderar un Banco más fuerte, responsable, efectivo y, sobre todo, más cercano a los pueblos de la región, marcando el camino hacia un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo. 

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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BID inició consulta pública para la nueva Política de Acceso a la Información

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en agosto la apertura del proceso de consulta pública para recibir insumos sobre la propuesta de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI). Dicho proceso tendrá una duración de 150 días y contemplará consultas asincrónicas e intercambios directos.

El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales instituciones multilaterales que financia proyectos en gran parte de los países latinoamericanos. En el ámbito de trabajo del BID, la transparencia y la integridad resultan fundamentales. Es en esta esfera donde se promueven reformas que buscan mejorar la calidad de la normativa y de las instituciones, como también, ampliar el acceso a la información.

En este sentido, el BID anunció una nueva Propuesta de Política de Acceso a Información, que reemplazará la actual Política de Acceso a la Información del Banco, vigente desde el año 2011. Es en torno a este nuevo borrador, que se realiza la consulta pública, la cuál fue lanzada el 29 de agosto del corriente año y tendrá una duración de 150 días. 

El objetivo de la consulta pública radica en la posibilidad de recibir, ya sea de forma escrita o verbal, opiniones e insumos de aquellas partes que quieran contribuir a enriquecer la calidad del documento y la comprensión de la organización sobre las perspectivas y percepciones de les diversos actores de la sociedad civil respecto al acceso a la  información en las actividades del Banco en la región.

El período de tiempo estipulado por el procedimiento está dividido en tres fases. En un primer momento, en el mes de septiembre, se establecieron tres diálogos sincrónicos virtuales (en inglés, español y portugues), lo que le permitirá al Banco recoger pareceres e identificar nuevos referentes que puedan enriquecer la nueva PAI. A partir de octubre, inició la segunda parte del procedimiento, hablamos de la fase de consulta asincrónica, que estará disponible por un período de 90 días, en donde se buscará fortalecer la versión final del documento de la nueva PAI. También se realizarán reuniones presenciales en Costa Rica (25 de octubre), Uruguay (15 de Noviembre) y en un país del Caribe aún no definido (3 de noviembre). En principio, para participar de las instancias de consulta virtual será necesario el registro previo en la Plataforma Virtual para Procesos de Consultas Públicas y solicitar acceso a la consulta. Por último, con respecto a la tercera fase, la misma tiene estipulada una duración de 30 días durante todo el mes de marzo y busca informar a las personas participantes sobre el cierre del proceso de consulta y de los insumos recibidos y considerados, tanto los que fueron incluidos como los que no fueron incluidos en la versión final de la política aprobada por el Directorio Ejecutivo.

Dado que uno de nuestros principales pilares de trabajo se basa en la transparencia, hemos enviado una carta, junto a otras  organizaciones de la sociedad civil regionales, detallando nuestras preocupaciones y recomendaciones para fortalecer y perfeccionar el proceso de consulta. Las mismas se encuentran estructuradas en siete grandes pilares, entre los cuales podemos mencionar: actualizar y organizar la información respecto del proceso de consulta en un solo lugar en la página web del BID para garantizar que todas las partes interesadas y comunidades afectadas se encuentren efectivamente informadas; incorporar un período público de 30 días para enviar comentarios y recomendaciones a un segundo borrador de la PAI; solicitar proactivamente la opinión de las partes interesadas para facilitar su participación en los procesos de consulta, de manera que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar forma al debate; eliminar las barreras que existen en el plan de consulta para garantizar una participación efectiva, barreras que giran en torno, sobretodo, a la plataforma electrónica, la cual es condición para poder participar de ésta instancia; confirmar y difundir con anticipación el calendario con las fechas y lugares de las consultas presenciales planificadas para la segunda fase; abrir una instancia de comentarios públicos para las directrices de implementación de la futura PAI; y, por último, reunirse con sociedad civil en la Reunión Anual del Grupo BID en Panamá 2023.

De esta forma, esperamos poder colaborar con la administración del BID para asegurar que el proceso de consulta sea realmente provechoso y participativo y que permita fortalecer y perfeccionar la nueva Política de Acceso de Información del Banco.

Para acceder al borrador de la nueva política que está siendo sometido a consulta pública ingrese aquí. Los comentarios y sugerencias al borrador pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: consultapai@iadb.org 

 

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Autora

Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Participamos en webinar sobre la Política de Acceso a la Información del BID

En el marco del actual proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del BID, Fundeps, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista realizaron, el pasado 29 de septiembre, el webinar “Revisión de la Política de Acceso a la Información del BID. Una oportunidad para mejorar la transparencia del Banco”. En el evento se debatió sobre las falencias de la actual política en revisión, las dificultades en su implementación y las prioridades en torno al proceso de consulta pública en curso.

La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada. Data de 2010 y su entrada en vigencia tiene como fecha 2011. Hasta el momento no ha sido modificada, pese a que el contexto actual dista mucho en cuanto a los derechos adquiridos por las personas a partir de los avances normativos en materia de  participación ciudadana y al acceso a la información y la Justicia. A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su Política de Acceso a la Información que fue suspendido meses después y, recientemente, se ha reactivado. 

En este contexto resulta preciso subrayar que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, en tanto condición necesaria para que las personas, comunidades y organizaciones puedan informarse y participar activamente de los procesos de toma de decisiones, a la vez que es un pilar de la transparencia y rendición de cuentas. 

Partiendo de lo anterior, el webinar se estructuró en 3 momentos principales: para comenzar,  se presentó el informe “Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”, elaborado de forma conjunta por las 3 organizaciones arriba mencionadas, que tiene como objetivo analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente y las dificultades en su implementación, el proceso de revisión iniciado y el perfil de política pretendido. Asimismo, se identificaron sus falencias y recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta efectivamente garantice el derecho de acceso a la información. En segundo lugar, se enfatizó en el estado de situación actual del proceso de revisión de la PAI. Por último, desde la organización chilena Sustentarse comentaron experiencias y casos prácticos en Latinoamérica en los que es posible percibir las falencias que aún conserva el BID en materia de acceso a la información. El webinar finalizó con preguntas y reflexiones de las personas que expusieron y asistieron al evento.

Para ver el webinar grabado, accedé aquí

 

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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BID: destituyeron al presidente y se abre la posibilidad para una mujer latinoamericana

El lunes 26 de septiembre, tras las recomendaciones del Directorio Ejecutivo del BID, la Asamblea de Gobernadores decretó el cese de las funciones de Claver-Carone como presidente del Banco tras la violación de varias normas éticas de la institución, lo que marcó la apertura de un período de 45 días para que los países propongan sus candidaturas. Durante este período, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como presidenta bajo la dirección del Directorio Ejecutivo.

Dos años atrás, en octubre de 2020, Donald Trump impulsó al cargo de presidencia del BID al estadounidense Mauricio Claver-Carone. El contexto era ventajoso para Washington en tanto se trataba de la primera presidencia americana desde la creación del organismo.

Cabe recordar, que si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC.

En términos de geopolítica, esta estrategia constituía al BID como un vehículo a través del cual Estados Unidos podría incrementar su influencia en la región latinoamericana y lograr un balance de poder institucional: podría discernir respecto la concesión y el destino de créditos por parte de la institución y disipar así la presencia de otras potencias sobre la región, tal como es el caso del gigante chino.

Los orígenes de la destitución de Claver-Carone

La decisión de la Asamblea de Gobernadores se remonta a una denuncia anónima por mala conducta que se presentó contra Claver-Carone. A partir de ésta, el directorio  contrató a la firma legal Davis Polk para que investigara los hechos. A raíz de los resultados que arrojó la investigación se tomó la decisión de destituir al líder de la institución. Se acusa a Claver-Carone de haber mantenido una relación amorosa con una empleada y de haberla beneficiado económicamente, lo que supone la violación de varias normas éticas internas al organismo, en tanto el BID prohíbe las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. La denuncia se agravó por la negativa de Claver-Carone a cooperar plenamente con la investigación y por la creación de un clima de miedo a las represalias entre el personal del Banco.  

De esta forma, el déficit de legitimidad que acompañó los orígenes de la presidencia de Claver-Carone, se fue combinando con un déficit de legitimación, y hoy llevan a una crisis de liderazgo. 

En este contexto, ante la espera de las propuestas de candidatura para la presidencia del BID cabe preguntarse ¿Cuáles son las alternativas a nivel regional e institucional? 

En términos de regionalismo, se trata de una excelente oportunidad para renovar el (deteriorado) diálogo intrarregional en América Latina y el Caribe y profundizar las prácticas de concertación. Para que la región pueda obtener una ventaja en las elecciones presidenciales del organismo internacional esta debería lograr consenso y convergencia a la hora de elegir candidates. De esta forma evitaría que se repita el escenario del 2020 donde el haber ofrecido varias candidaturas erosionó las posibilidades de ganar las elecciones.   

En particular, Brasil podría aprovechar este escenario para renovar su rol de liderazgo regional, en tanto  es uno de mayores accionistas del Banco junto con Argentina y Estados Unidos, contando en conjunto con casi el 53% del poder de voto. De todas formas, el país se encuentra actualmente inmerso en la campaña para las elecciones presidenciales, cuyo resultado puede llegar a influir en la postura que adopte respecto a la transición en el BID.

En términos institucionales, es una oportunidad para renovar las estratégias mediante las cuales la institución promueve su principal objetivo: alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe mejorando la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la participación en el BID debería incentivar la integración regional en América Latina y el Caribe y permitir el desenvolvimiento del Banco como un puente entre la región y el mundo. Aumentar el regionalismo y la participación de los países que integran la región fortalecería las vías de desarrollo y la inserción de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Además, permitiría que el BID sobresalga como un Banco, no pro estadounidense o pro chino, sino pro latinoamericano, permitiendo una convergencia entre la globalización y la regionalización a la hora de perseguir el desarrollo.

Finalmente, en términos de las cualidades que debería tener la persona designada para la presidencia del BID, esta es una gran oportunidad para que una mujer latinoamericana se encargue del liderazgo de la institución. 

De hecho, el nombre de tres mujeres latinoamericanas comienza a resonar como potenciales candidatas. Entre ellas: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; y  Alicia Bárcena, jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En este sentido, algunos aspectos son clave: 1) que la persona cuente con una formación y experiencia destacadas y una propuesta de modernización efectiva del Banco con un énfasis en las cuestiones sociales y ambientales; 2) que adopte  un claro y expreso compromiso por el multilateralismo y la reivindicación de la legitimidad del cargo presidencial; y 3) que cumpla con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en el accionar de la Institución. 

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Autora

Victoria Márquez

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

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¿Argentina cada vez más cerca del BRICS?

Tras recibir el respaldo por parte de los cancilleres chino e indio, Argentina se encuentra cada vez más cerca de concretar la membresía al grupo de los BRICS – integrado por Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. Para Argentina podría representar una oportunidad teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra nuestro país en términos de restricción externa y déficit de financiamiento. Sin embargo, cabe también cuestionarse qué otras implicancias podría traer aparejada dicha unión.

El pasado 8 de julio Argentina dió un paso más hacia su acercamiento como miembro pleno del grupo BRICS; el hecho tuvo lugar luego de que el canciller chino Wang Yi confirmara el respaldo de China a Argentina para unirse al bloque.  El encuentro entre los representantes de ambos países tuvo lugar en Bali, Indonesia, en donde se desarrolló la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. En la misma, el canciller Santiago Cafiero mostró su interés en acercarse a los BRICS, destacando la necesidad de profundizar el multilateralismo para acelerar la concreción de acuerdos que resulten beneficiosos tanto para la región, como para nuestro país. Actualmente la presidencia rotativa del grupo se encuentra a cargo de China, por lo que su apoyo y compromiso a aquellos países que pretenden integrarse al bloque resulta fundamental. Más recientemente, en su visita a la Argentina, el ministro de relaciones exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, ratificó su apoyo en el avance de Argentina hacia el bloque. Para Argentina la incorporación a un grupo de tales magnitudes representa una oportunidad muy tentadora en vistas a la búsqueda de nuevos socios comerciales. Pero, ¿qué son los BRICS, y que implicaría para Argentina la incorporación al mismo?

El término hace referencia al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con sede en Brasilia, desde hace dieciocho años éstos países abogan por el desarrollo común, consolidándose como un relevante espacio multilateral y estratégico que representa a aproximadamente la mitad de la población del planeta y casi una cuarta parte de la economía global. Con un rol destacado en el escenario mundial, buscan promover una nueva arquitectura financiera, económica y comercial a través de diferentes instrumentos como, por ejemplo, los bancos de inversión internacional, dentro de los cuales podemos destacar  el Nuevo Banco de Desarrollo (BDN) y el Acuerdo de Reservas de Contingencias (ARC). 

Como una alternativa a las condicionalidades que imponen las instituciones de Bretton Woods, el Nuevo Banco de Desarrollo ofrece mejores condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura clave basados en los principios de no injerencia. En este sentido, los países del BRICS reflejan la creciente influencia de las economías emergentes a nivel mundial, proponiéndose como un espacio cada vez más influyente y alternativo a las fuerzas de occidente. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que cada alternativa y forma de financiamiento tiene sus propias ventajas y complicaciones. Mientras que las tradicionales propuestas de occidente tienen mayores restricciones, también se las caracterizan por ser relativamente más transparentes y por contar con marcos normativos y de rendición de cuentas relativamente más robustos. Por el contrario, nuevas alternativas pueden representar buenas fuentes de financiamiento con menos restricciones pero con una gran falta de transparencia y rendición de cuentas. Como consecuencia, no se deberían concebir las opciones como excluyentes, sino más bien como complementarias. 

Argentina ve la posibilidad de integrarse a los BRICS como una oportunidad para fomentar el desarrollo y el bienestar, además de funcionar como un canal para el creciente multilateralismo y la reconfiguración del orden mundial. Al tratarse de una plataforma de cooperación sur-sur compuesta de economías emergentes, podría suponer para nuestro país un espacio más equitativo para la cooperación con mayores márgenes de autonomía. 

También resulta importante destacar el rol que ocupan los principales socios comerciales de Argentina: China y Brasil. Durante los últimos veinte años China ha ganado presencia económica en la región, mostrándose cada vez más interesado en la concreción de nuevas asociaciones estratégicas con países tales como Brasil, Perú o Venezuela. Si bien no es la primera vez que nuestro país inclina su mirada hacia nuevas alternativas, es indispensable considerar las consecuencias que podrían desencadenarse de dicha asociación. Las mismas podrían ser de tipo económico, ya que se incentivaría una reprimarización de la economía argentina, o bien, de índole geopolítica, al generar mayores tensiones con socios occidentales como los Estados Unidos. Por su parte, el bloque se encuentra dispuesto a trabajar para abrir un camino hacia una comunidad internacional caracterizada por el diálogo, por lo que se mantendría lejano al rupturismo sistémico. 

En términos de comercio exterior, los BRICS nuclean un 30% de las exportaciones argentinas, y proveen un 45% de nuestras importaciones, por lo que de concretarse la incorporación supondría la posibilidad de conseguir financiamiento y asistencia para proyectos clave. Por otro lado, también se podría incentivar la transferencia de conocimientos en tecnología e innovación lo que garantizaría una cooperación compartida que garantice  inclusión y visiones similares.

De esta forma, se puede plantear que  formar parte de los BRICS podría representar una gran oportunidad para la Argentina de estrechar lazos con uno de los bloques que viene ganando relevancia a nivel internacional y que, además, reúne a dos de las potencias más grandes del mundo y con quienes se mantiene un vínculo de carácter estratégico. Sin embargo, no se deben pasar por alto las posibles implicaciones de dicha asociación, así como la consideración de que el proceso de adhesión de Argentina al BRICS debe contar con la aprobación de todos sus Estados miembros, por lo que puede dar lugar a un procedimiento lento y extenso. En definitiva, ¿Podrá Argentina consolidar su ingreso a uno de los grupos de mayor peso económico y geopolítico? Y en ese caso, ¿qué le deparará al país formar parte de dicho bloque?

 

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Autoras

Camila Busso

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

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Gasoductos troncales: ¿Qué sucederá con la población más vulnerable?

El programa Integral de Infraestructura Gasífera – o el programa de Gasoductos Troncales – impulsado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, llegó a su fin en el año 2019 con la culminación de las obras. Hacia 2022 las obras continúan a nivel municipal, y el programa ya ha comenzado su etapa de conexión a la red de gas natural. Sin embargo, aún quedan las dudas respecto a cómo podrá tener acceso al servicio la ciudadanía, en especial quienes se ubican en los sectores en situación de vulnerabilidad.

El acceso a la información pública y la transparencia se constituyen como un derecho humano fundamental. Las personas tienen derecho a conocer lo que será planeado para sus comunidades y con base en ello, tomar las decisiones informadas y pertinentes acerca de los procesos de desarrollo que afectarán sus vidas. 

En el campo de las políticas públicas, proveer y garantizar el acceso a la información pública es la piedra angular de la buena gobernanza. La transparencia es vital para permitir que las personas y las comunidades exijan rendición de cuentas a sus instituciones, y se fomente la confianza en los gobiernos y la reducción de la corrupción. Asegurar este derecho tiene como resultado la generación de oportunidades para que la ciudadanía aprenda, crezca y tome mejores decisiones para sí y quienes les rodean. 

La referencia a esto es relevante cuando se analizan políticas y programas públicos que tienen por objeto la contribución al desarrollo a gran escala. Tal es el caso del programa Integral de Infraestructura Gasífera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta serie de obras de infraestructura comenzó a ejecutarse en el año 2015 y concluyó en 2019, con el propósito de “potenciar el abastecimiento con gas natural a viviendas, comercios e industrias”. De acuerdo con el Gobierno, se invirtieron 890 millones de dólares para desplegar 2.801 kilómetros de cañerías que darán la posibilidad de conectarse a la red de gas natural a 972.430 habitantes de la provincia sin servicio. Sin embargo, la planificación comenzó con mucha anterioridad al año de implementación y bajo un escepticismo sostenido en la falta de información y transparencia alrededor de su financiamiento, sus potenciales impactos ambientales y sociales, la cantidad de beneficiarios totales, entre otros. 

Posterior a la finalización del proyecto en 2019, aún existían dudas respecto a cómo sería el proceso de conexión para las localidades y de qué manera la ciudadanía tendría acceso efectivo al servicio. De igual manera, también quedaban obras de infraestructura por concluir a nivel municipal.  Hacia julio de 2021, el Gobierno declaró que 75 localidades ya contaban con acceso a gas natural luego del programa de gasoductos troncales. Se hizo mención a la cantidad de habitantes que se beneficiarán , sin reparar en información respecto de su ubicación y otros datos que demuestren si las brechas de desigualdad en el acceso se han comenzado a cerrar o podrán cerrarse como producto de esta obra. Esto es de vital importancia siendo que el gobierno también expuso acerca de la red de créditos Bancor para viviendas y negocios, que facilitarían la conexión y la obtención del servicio. Quedaba por saber de qué manera se apoyará a aquellos grupos marginalizados y en situación de vulnerabilidad a quienes se les dificultará acceder a este beneficio, y que por lo tanto no llegarán -o podrán hacerlo en un futuro lejano- a contar con gas natural. 

Hacia 2022 las dudas respecto del alcance de este proyecto para la población cordobesa aún no se disipan. De acuerdo con los portales de noticias cordobeses, la conexión de empresas y negocios a la red de gas natural avanza a un paso mucho más rápido que la conexión de viviendas. Esta discrepancia se suscita más que nada porque la conexión a la red es costosa e implica la toma de decisiones a nivel familiar. Aún cuando se han proporcionado las condiciones para facilitar el acceso -mediante créditos, y el ahora sí confirmado apoyo del gobierno provincial para familias vulnerables-, no todas las personas están en igualdad de condiciones para rápidamente decidir sumarse a la red. En muchos casos la conexión también requiere la adaptación estructural de las casas y la compra de electrodomésticos. 

Sobre esto último es que el acceso a la información y la transparencia juegan un rol fundamental. En primer lugar, porque de haberse publicado y socializado el proyecto de manera correcta con las poblaciones de las localidades afectadas, las familias podrían haber decidido planificar con antelación la conexión a la red. En segundo lugar, se evidencia el rol que cumplen los funcionarios gubernamentales a la hora de informar y publicar la documentación referente a un proyecto de este calibre. Esto quedaba en manos del nivel municipal y de sus intendentes, y en muchos casos su accionar para informar a la población fue deficiente -sobre todo considerando que también se han necesitado obras a nivel municipal para garantizar la conexión-. 

La práctica de la publicación de información como la publicación de documentos no significa ni redunda en una ciudadanía informada. A las iniciativas de datos abiertos y transparencia activa se suman las acciones destinadas a informar a la población, como por ejemplo las consultas públicas. Estos espacios funcionan -o deberían funcionar- como oportunidades para socializar información sobre proyectos y políticas públicas, obtener una devolución de la ciudadanía y trabajar en un proceso de co-creación. Durante los comienzos de la obra de gasoductos troncales, una buena parte de los desafíos identificados tuvo que ver con la falta de consultas públicas -exigidas por ley- y la desinformación general de las personas acerca de los posibles impactos y beneficios del proyecto. 

Hacia 2022 no se cuenta con información certera sobre las obras llevadas adelante en las localidades y las consultas públicas que se hayan realizado con vecines. La existencia de estas instancias juegan un rol crucial para la toma de decisiones de la ciudadanía . Especialmente en estos casos cuando es un deber informar sobre el proyecto, advertir de los impactos, aclarar los beneficios y clarificar las alternativas con que las familias contarían para acceder al servicio de gas de red. 

En este sentido, aún cuando la obra de Gasoductos Troncales supone un gran avance para la Provincia de Córdoba, y la posibilidad para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al gas natural, todavía relucen los graves problemas respecto del acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Un proyecto de esta envergadura debiera haber contado desde un principio con información clara y concisa para la población, canales de comunicación con la ciudadanía, procesos de adjudicación de obra mucho más transparentes, etc. El proceso aún no ha finalizado, y existe la oportunidad para que el gobierno provincial haga un esfuerzo para transparentar lo que queda por hacer.  

 

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Autora

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Foto extraída de losprimeros.tv

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Proyectos financiados por el BID durante la pandemia en Latinoamérica ¿riesgos y beneficios para quién?

El día 16 de junio participamos del WEBINAR en el que se presentó el documento: “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quien?”, creado en colaboración con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Fundeps.   

Es de amplio conocimiento que los Bancos Multilaterales de desarrollo tienen  un rol fundamental en la respuesta y recuperación al COVID – 19, esto es debido a su capacidad de rápida movilización de financiamiento para apoyar y ayudar a los países a responder a los impactos que ha generado esta situación imprevista. Dentro de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumple un rol clave en este sentido, ya que, en 2020, aprobó 7.9 mil millones y, a junio de 2021, llevaba aprobados 597.6 mil millones de dólares.

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos relacionados con temáticas de salud, como de menor riesgo de daño ambiental y social, por lo que la aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho de que muchos de los proyectos fueron aprobados con una modalidad de desembolso rápido o fast track, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social.

Sin embargo, los hallazgos del informe presentado demuestran que la implementación de este tipo de proyectos de salud y otros en el contexto de la pandemia, tienen un riesgo significativo de daño, especialmente, cuando los grupos más susceptibles de contraer COVID-19, quedan excluidos del acceso a los beneficios del proyecto. El contexto de crisis preocupa por la tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a flexibilizar los parámetros ambientales y sociales en pos de respuestas rápidas.

El documento presenta seis recomendaciones resultantes del análisis de la situación latinoamericana post-pandemia. Estas enfatizan la importancia de tener en consideración a los grupos marginados, como aquellos más susceptibles de ser afectados y relegados en una situación de crisis, y destacan la necesidad de transparencia y evaluación de riesgos para evitar que se perpetúen las medidas extraordinarias que restringen el espacio público.

Dentro de este marco, el webinar tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre los principales hallazgos en relación a los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales de las inversiones del BID,  aprobadas durante la pandemia por COVID-19.

Desde Fundeps impulsamos la aplicación de los marcos normativos socioambientales, los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la información en los proyectos vinculados al financiamiento para el desarrollo, incluso (y más aún), cuando los mismos se dan en un contexto extraordinario de pandemia.

 

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Autoras

  • Lourdes Alvarez Romagnoli
  • Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

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Túnel Internacional de Agua Negra: Beneficios y preocupaciones en torno a una obra estratégica en la integración entre Argentina y Chile

El presente informe tiene como objetivo llevar adelante un abordaje integral y en profundidad sobre el proyecto del Túnel Internacional de Agua Negra (TIAN) entre Argentina y Chile, incluyendo sus dimensiones técnicas, estratégicas, políticas, económicas, sociales y ambientales.

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Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo

La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada.  A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su PAI que fue suspendido meses después y todavía no se ha reactivado. En dicho proceso, el Banco puso a consideración de la sociedad civil y demás partes interesadas el perfil pretendido para su nueva política, en el que se destacan 22 brechas a mejorar en materia de acceso a la información.

El presente documento tiene como objeto analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente, el proceso de revisión iniciado y suspendido, y el perfil de política pretendido. Se identifican sus falencias y se las analiza con una mirada crítica a fin de realizar recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta garantice el derecho de acceso a la información.

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¿Qué implica para la Argentina el ingreso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura?

Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

El 30 de marzo de 2021, se oficializó la membresía de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). El AIIB comenzó oficialmente su actividad en octubre de 2014. Se trata de un nuevo banco de desarrollo multilateral impulsado principalmente por China con foco en inversiones en infraestructura, orientadas especialmente a países emergentes. Su origen asiático no limita su accionar a una única región ya que el Banco  cuenta con un gran número de países miembros en otros continentes y con proyectos financiados en América del Sur, África y Europa.

El modelo propuesto por China tiene  características distintivas. El rasgo dominante es que las inversiones se focalizan en infraestructura, conectividad e industrialización, marcando una diferencia importante con entidades de financiamiento al desarrollo occidentales que, en los últimos tiempos, han orientado sus préstamos principalmente a reformas institucionales, proyectos de salud, educación o lucha contra la pobreza, entre otras. 

De este modo, postula una alternativa interesante para el financiamiento de una infraestructura que resulta en gran medida deficitaria en América Latina y, particularmente, en Argentina. Para nuestro país, el AIIB representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos y abre una oportunidad para contribuir a resolver sus históricos déficits en materia de infraestructura y conectividad. Por su parte, con aún escueta participación de América Latina, el Banco Asiático se consolida como opción viable para la región a la luz de las metas de desarrollo. A la fecha, se reportan cinco miembros latinoamericanos efectivos: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. 

Desde sus orígenes, el AIIB se presentó como una opción diferente a las históricas instituciones multilaterales de desarrollo occidentales como el Banco Mundial, el BID o la Corporación Financiera Internacional (CFI). Sin embargo, el AIIB ha implementado un marco normativo y operativo muy similar al de aquellas instituciones, incluyendo políticas de acceso a la información, de rendición de cuentas y de regulación ambiental y social para autorizar los desembolsos. A su vez, contempla la cooperación y el cofinanciamiento con otros bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, adhiriendo a sus marcos regulatorios.   

A pesar de ello, desde su entrada en operaciones el Banco ha recibido críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas que han cuestionado su accionar en diferentes proyectos de desarrollo e incluso ciertas debilidades en su marco normativo. 

En este sentido, las implicancias que pueda tener el ingreso al BAII para la Argentina dependen en gran medida del tipo de vinculación que el país establezca con la institución y la forma en que logre aprovechar los potenciales recursos de financiamiento para infraestructura que pueda aportar el Banco. De igual modo, se debe evitar repetir los problemas en materia de participación pública, acceso a la información e impactos socioambientales que históricamente han estado asociados a los proyectos de desarrollo financiados por la banca multilateral.

Ante el desconocimiento general que existe en el país acerca de esta institución, resulta importante analizar en profundidad en qué consiste el Banco, cómo funciona y cuáles pueden ser las verdaderas implicancias de la membresía argentina. Para contribuir a ese objetivo, desde Fundeps  presentamos un informe que analiza parte de estos interrogantes.

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¿Los hermanos sean unidos? Perfilamiento de la relación Sino-Argentina en el gobierno de Alberto Fernández – Fundeps
El rol del AIIB en la Nueva Ruta de la Seda Verde – Fundeps

Autora

Camila Victoria Bocco

Contacto

Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org