A lo largo de este informe trataremos, en primer lugar, una serie de datos de la situación actual de Argentina en relación con la producción de litio que la ubican en un papel central, dentro del concierto mundial. Luego focalizaremos en el sistema de gobernanza minera, enunciando las leyes que lo configuran, sus principales elementos y aquellos puntos que ameritan mayor análisis. Con posterioridad, abordaremos, desde algunos indicadores sugeridos por el Estándar, los dos proyectos que se encuentran en etapa de producción de litio en Argentina: el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto y Sales de Jujuy en el salar de Olaroz-Cauchari. En particular, lo relativo a la publicidad o no de sus contratos, como eslabón fundamental en materia de publicidad y transparencia en el desarrollo de estos proyectos.
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Los pasados 3 y 4 de marzo, participamos del taller sobre Beneficiarios Finales de Empresas del sector extractivo y energético de Argentina, llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento fue organizado por Opening Extractives (programa co-implementado por EITI y Open Ownership) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El taller tuvo entre sus objetivos concientizar sobre la importancia de la información pública de las personas beneficiarias finales, y al mismo tiempo, brindar recursos y materiales para acrecentar las investigaciones, proyectos y análisis dentro de este campo.
En este sentido, la capacitación estuvo dividida en tres módulos: en primer lugar, se presentó contenido e información sobre beneficiarios finales, desde lo teórico hasta lo legal y también práctico, tanto a nivel nacional como internacional. Quienes disertaron en este primer módulo fueron: Andrés Knobel de la Red para Justicia Fiscal; María Eugenia Marano, especialista en derecho societario; Pamela Morales, subsecretaria de Desarrollo Minero del Gobierno de la Nación; Gonzalo Fernández de la Secretaría de Desarrollo Minero de la Nación; y Lucía Cirimello de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
En segundo lugar, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos relacionados a la temática. De esta manera, Edgardo Livitnoff (Coordinador de Red Ruido) presentó avances del informe “Litio y transparencia en Argentina” que elaboramos en conjunto. Por su parte, Eugenia Rodríguez (Centro de Economía Política Argentina) compartió detalles sobre el trabajo de su organización: “Los ricos de Argentina”.
Finalmente, el tercer módulo, consistió en un taller práctico dictado por Mariel Fitz Patricks, en el que se proveyeron herramientas y recursos para el abordaje de beneficiarios finales. La periodista nos ayudó, principalmente, a acceder a información y cómo, de esta manera, enriquecer trabajos realizados y a realizar en la temática.
Esta instancia fue muy fructífera, en términos no sólo de conocimientos y aprendizajes, sino también en cuanto a la posibilidad de conocer a pares de otras organizaciones de la sociedad civil, con quienes se podría trabajar conjuntamente en un futuro cercano.
Más información:
Autora
Maitén de los Milagros Fuma
Contacto
María Victoria Sibilla, ninasibilla@fundeps.org
Más de veinte organizaciones de América Latina y Estados Unidos dirigieron una carta al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn. Piden que el Banco fortalezca su trabajo comprometiéndose con el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente y que se generen espacios para una mayor articulación con la sociedad civil.
Las organizaciones, miembros y aliadas de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, aludieron en la carta al compromiso asumido por Goldfajn en su discurso inaugural como presidente del Banco con «aprovechar todas las oportunidades de diálogo» y de colaboración con gobiernos, sector privado, la academia y la sociedad civil para resolver los problemas regionales.
Para robustecer la articulación con la sociedad civil, las organizaciones exhortaron al Banco a que abra un espacio de diálogo con la sociedad civil en sus Reuniones Anuales, no solo por tratarse de una buena práctica que implementan otros organismos multilaterales, sino porque es una oportunidad única para incluir a las comunidades afectadas por los proyectos.
Desde 2017, el grupo de organizaciones signatarias de la carta hace un trabajo de seguimiento y enriquecimiento de las políticas y proyectos del Banco que espera seguir realizando. Las organizaciones han contribuido al Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID, a las actualizaciones de la política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación y al proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.
Las organizaciones buscan que el BID asegure en sus prácticas y operaciones la promoción y el respeto de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos indígenas, y la protección de ecosistemas clave en la lucha contra el cambio climático.
Organizaciones firmantes:
- Accountability Counsel
- AMATE El Salvador
- Articulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)
- Asociación Ambiente y Sociedad
- Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
- Bank Information Center
- Center for International Environmental Law (CIEL)
- Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo
- Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)
- Conectas Direitos Humanos
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
- Ecoa – Ecologia e Ação
- Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
- Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista. (Argentina)
- Gender Action
- International Rivers
- International Accountability Project
- Mesa de Discapacidad y Derechos (Perú)
- Plataforma Internacional contra la Impunidad
- Protection International Mesoamérica
- Sociedad y Discapacidad – SODIS (Perú)
- Sustentarse (Chile)
- Wetlands International / Fundacion Humedales (Argentina)
Leé aquí la carta completa: Carta a Presidente BID
Más Información
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
*Nota publicada originalmente en la página de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Este mapa interactivo presenta 9 casos de proyectos que cuentan con la participación y el financiamiento de empresas chinas, a las cuales hacen seguimiento el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación en Perú, Argentina, Colombia y Brasil.
El objetivo es dar a conocer la información básica de los proyectos, la ubicación, la situación actual y los impactos socioambientales que han generado o que podrían generarse si es que se implementan.
Desde el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) realizamos del 2021, el taller : “El seguimiento a las relaciones entre China y América
Latina: intercambio de experiencias”. Este espacio reunió a diferentes organizaciones de sociedad civil (OSC), la academia, dirigentes indígenas y periodistas de la región que hacen seguimiento a la relación entre China y América Latina, o se han visto impactadas por las inversiones del país asiático.
El objetivo del espacio fue identificar cuestiones comunes y elementos claves de discusión, a partir del trabajo y la experiencia de seguimiento e incidencia que sirva para promover una mayor articulación entre los actores, identificar las diferencias, limitaciones y oportunidades de trabajo conjunto.
Tras participar en una serie de consultas públicas presenciales y virtuales, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región enviamos comentarios y sugerencias al BID en el marco de la revisión de la Política de Acceso a la Información del Banco.
El pasado 28 de diciembre de 2022 finalizó el plazo establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el envío de comentarios sobre el borrador de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI) de la institución. Así concluyó la Segunda Fase del Proceso de Consulta Pública aprobado por el Banco y que se extendió por 90 días.
En ese marco, junto con un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la región, enviamos un documento con comentarios y recomendaciones en relación al Borrador de Política elaborado por el Banco, el cual si bien incorpora algunos avances positivos no logra ser suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información de forma efectiva en relación al accionar por parte del Banco y sus clientes.
Entre las principales recomendaciones y sugerencias resaltadas en el documento destacan, las siguientes:
- Compromiso con el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El Banco debe establecer compromisos claros para garantizar el respeto del acceso a la información como derecho humano fundamental. El derecho a la información es también un derecho de acceso clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como son la consulta, participación e involucramiento de las personas y comunidades impactadas por proyectos en las decisiones que afectan o pueden tener impacto en sus formas de vida.
- Directrices de Implementación. Preocupa que algunos criterios y parámetros que harán efectiva la PAI se dejen para ser abordados en las Directrices de Implementación. De este modo, la eficacia y fuerza de la PAI dependerá mucho de las Directrices de Implementación que no requieren obligatoriedad de cumplimiento como sí lo requiere la misma PAI. A su vez, dichas Directrices deberían ser consultadas a través de un proceso participativo significativo con la sociedad civil.
- Ambigüedad de lenguaje. La PAI contiene mucho lenguaje ambiguo y compromisos vagos y difusos, lo que abre la puerta a diferentes interpretaciones, incluyendo incumplimientos y faltas graves. Asimismo, impide establecer exigencias claras para con los prestatarios y también las responsabilidades del propio Banco. La Política debe evitar la flexibilidad y ambigüedad de lenguaje para prevenir el uso de la discrecionalidad y el incumplimiento respecto de sus lineamientos.
- Especificación de qué información se va a publicar de manera proactiva, tiempos de divulgación, en qué formatos, canales y plazos. La PAI debe establecer claramente qué información va a publicar proactivamente, por qué canales o medios, en qué formatos y en qué plazos. A su vez, los plazos de respuesta a los pedidos de información son excesivos, reservándose el BID el derecho a extender estos plazos indefinidamente. El Banco debe definir plazos más abreviados y claros en cuanto a sus respuestas de pedidos de información, debiendo alinearse como mínimo con los estándares internacionales de aplicación actual.
- Información de propiedad del país o del cliente. Si bien se celebra la eliminación de la “Excepción información específica de países” preocupa que otros puntos de la política puedan terminar socavando el principio de máxima divulgación y la apertura que se pretende con tal eliminación.
- Excepciones. Las excepciones deben ser más precisas y se deben establecer criterios claros para su aplicación, así como la identificación de los documentos específicos o información a la que no se dará acceso en el marco de la excepción.
- Valoración de daño. Se celebra la inclusión de la valoración del daño para la aplicación de las excepciones. Sin embargo, se deben especificar criterios y escalas claras para delimitar su aplicación. Si no se hace un esfuerzo para definir estos criterios y procedimientos en el cuerpo de la Política (y se los deja para las Directrices de Implementación), existe el riesgo de que durante su aplicación termine primando la discrecionalidad en el uso de las excepciones por parte del Banco y prestatarios. Se recomienda incorporar el criterio de interés público en la valoración del daño, como contrapeso al daño, y hacer públicos los resultados de la valoración de daño en cada caso en específico.
- Datos abiertos, lenguaje simple, formatos accesibles y usabilidad de la información. La información que se divulga y se publica debe tener utilidad para quienes la solicitan, en especial para las comunidades afectadas por proyectos del BID, prestando atención a los grupos marginalizados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTIQ+, entre otros. El formato accesible, el lenguaje simple y la generación de datos abiertos están relacionados con la usabilidad de la información. Se recomienda al BID abordar el tema de formatos accesibles, lenguaje simple y datos abiertos de manera más detallada y de manera transversal en toda la PAI, teniendo en cuenta la importancia de este aspecto en especial para grupos marginalizados.
Cabe destacar que gran parte de las recomendaciones y sugerencias contenidas en el documento fueron previamente planteadas en el marco de las consultas públicas llevadas adelante por el BID, tanto de carácter virtual como presencial en Montevideo, Bogotá y Washington DC. Precisamente, desde Fundeps participamos en la consulta pública presencial en Montevideo, Uruguay el pasado 15 de noviembre de 2022.
Esperamos que los insumos vertidos por la sociedad civil sean considerados por el Banco y contribuyan a fortalecer el borrador de Política de Acceso a la Información propuesto por la institución, que dista mucho de incorporar los más altos estándares en la materia.
Para acceder al documento completo con comentarios y sugerencias enviados al BID acceda aquí
Más información
- Recomendaciones y comentarios de Sociedad Civil al Borrador de la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo. Diciembre 2022
- BID inició consulta pública para la nueva Política de Acceso a la Información – Fundeps
- Propuesta de nueva Política de Acceso a Información – BID
- Plan de Consulta– BID
Actualización de la Política de Acceso a la Información – BID
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra coordinando el proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los avances hasta el momento y los próximos pasos?
¿Qué son los Planes de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos?
Los Planes de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH), son políticas públicas transversales que tienen por objetivo abordar la obligación del Estado de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos humanos respecto de las consecuencias negativas de las actividades empresariales. A través de estos planes, los gobiernos buscan comprometerse para hacer efectivos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como otros estándares de empresas y derechos humanos y Conducta Empresarial Responsable (CER).
Los PNAEDH contribuyen a lograr una mayor coherencia y coordinación entre los distintos marcos regulatorios y políticas públicas con incidencia en la temática de empresas y derechos humanos, y coadyuvan en la detección de obstáculos y brechas. Esto permite establecer prioridades y compromisos de acción. Dado el carácter transversal y colaborativo, su elaboración requiere de la participación representativa, amplia y plural de múltiples actores: agencias del Estado, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas, organizaciones empresarias y de las personas trabajadoras, pueblos originarios y comunidades potencialmente afectadas, entre otros.
Primeros pasos
Argentina, en base a recomendaciones recibidas en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, asumió el compromiso de elaborar un Plan de Acción en materia de Empresas y Derechos Humanos, hecho que tuvo lugar de cara a su reelección al Consejo de Derechos Humanos el 14 de octubre de 2021. Para la coordinación y liderazgo del proceso de elaboración del Plan, se designó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (MRECIC).
En cuanto a las acciones realizadas, uno de los primeros pasos consistió en la elaboración de una Hoja de Ruta, que fue validada internamente por el MRECIC. Seguidamente, según informan fuentes oficiales, se efectuó un mapeo de grupos de interés y agencias con incidencia en la materia y se relevaron las iniciativas y políticas, en proceso de ejecución en el país, con alguna proximidad a la materia de empresas y derechos humanos y, Conducta Empresarial Responsable para identificar posibles alianzas dentro del Gobierno.
Áreas prioritarias del Plan de Acción y elaboración de la Línea Nacional de Base
La Dirección de Derechos Humanos encargó a la Defensoría del Pueblo de la Nación la elaboración de la Línea Nacional de Base (LNB) que servirá como insumo central para el diseño del Primer Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos de Argentina. La LNB es un estudio que permite evaluar el nivel de implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos dentro de un Estado. Es un diagnóstico previo para la elaboración del Plan y genera la información requerida para la posterior planificación por parte de quien formula la política pública.
El Plan de Acción Nacional en materia de Empresas y Derechos Humanos incluirá 11 ejes temáticos:
- Estándares laborales (trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, condiciones de salud y seguridad, libertad sindical);
- Igualdad de género (paridad salarial, acceso a puestos jerárquicos, acoso y violencia en el mundo del trabajo, tareas de cuidado, conciliación de la vida laboral y familiar, etc.);
- Diversidad y no discriminación;
- Ambiente (protección del ambiente, participación y acceso a la información pública ambiental, evaluación de impacto ambiental; cambio climático; transición energética);
- Empresas y políticas de Memoria, Verdad y Justicia;
- Derechos de personas consumidoras y usuarias;
- Gobierno corporativo (debida diligencia y remediación en empresas – compromisos políticos de empresas en temas de derecho humano y buen gobierno, políticas empresariales y estándares internacionales de empresas y derechos humanos, reporte de sostenibilidad, gestión de riesgos);
- Tecnología, datos personales y privacidad;
- Acceso a la información y participación pública en general;
- Promoción de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados (personas con discapacidad, personas migrantes, personas afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTIQ+, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, personas defensoras u otros) y,
- Gobernanza Pública (ética, integridad, transparencia, acceso a la información, anticorrupción, contratación pública, gestión de empresas públicas).
Un proceso participativo
El proceso de elaboración de la Línea Nacional de Base debe ser participativo y brindar la posibilidad de que las distintas partes relacionadas con el tema, así como aquellas personas que tengan interés, puedan colaborar. En este marco, a principios del mes de noviembre de 2022, en respuesta a una invitación recibida, enviamos insumos y recomendaciones sobre cinco de los ejes temáticos arriba mencionados: Ambiente, Derechos de personas consumidoras y usuarias, Gobierno corporativo: debida diligencia y remediación en empresas, Acceso a la información y participación pública en general, y Gobernanza Pública.
También participamos virtualmente del primer encuentro con sociedad civil y academia, organizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la elaboración de la Línea Nacional de Base para el Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Asimismo, en el mes de septiembre, estuvimos en la mesa de discusión multiactor, organizada por el proyecto CERALC en Buenos Aires, en la que se debatió sobre los retos, oportunidades y perspectivas para avanzar en la debida diligencia para una conducta empresarial responsable en Argentina. Cabe mencionar que, desde el inicio del desarrollo del PNAEDH, la Dirección cuenta con el apoyo y asesoría técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el marco del Proyecto CERALC.
Próximos pasos
Según el calendario de trabajo estimado por el gobierno nacional, el proceso de elaboración del Plan se divide en 4 etapas principales, cada una de ellas con actividades puntuales. La primera es la elaboración de la Línea Nacional de Base. Luego, como segunda instancia, el fortalecimiento de capacidades a actores clave. Como tercera etapa se estima la redacción y aprobación del PNAEDH, de enero a marzo de 2023. Por último, se espera la publicación del PNAEDH, aproximadamente en junio de 2023.
Fuente: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/recursos/plan-de-trabajo.pdf
La implementación de la agenda de derechos humanos y empresas representa una oportunidad a la que todos los actores están llamados a aportar. Es el momento de una discusión urgente, profunda y real que aumente las chances de que este debate global sea tomado en serio, y evaluado en la perspectiva de las políticas públicas para que un Plan de Acción Nacional, muy sobrio y voluntario, no sea su único destino.
Más información
- Plan Nacional de Empresas y DDHH | Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
- Plan-de-trabajo
- Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU)
- Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe – OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
- ¿Por qué Argentina aún no tiene un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos? – Fundeps
- Cuando el discurso se diluye: derechos humanos y empresas transnacionales – El Entramado
- Argentina: El gobierno presenta un Plan Nacional de Derechos Humanos y anuncia Plan de Acción sobre empresas y derechos humanos – Business & Human Rights Resource Centre
Autoras
Camila Victoria Bocco
Camila Busso
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
*Foto extraída de la página oficial de la Cancillería Argentina
El 20 de noviembre pasado, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró como nuevo presidente del organismo al candidato brasileño Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central de Brasil y actual director para el Hemisferio Occidental del FMI. Tras retirar la candidatura de Cecilia Todesca, el gobierno de Alberto Fernández apoyó al candidato impulsado por Brasil.
El pasado 26 de septiembre, siguiendo las recomendaciones del Directorio Ejecutivo, la Asamblea de Gobernadores del BID anunció el cese en las funciones ejecutivas de Mauricio Claver-Carone. Tras el anuncio, y a través de un comunicado oficial, se dió inicio al proceso de selección de la persona a cargo de la próxima presidencia de la institución.
La Asamblea de Gobernadores, máxima autoridad del BID, se encuentra compuesta por representantes de los 48 países miembros, cuyo poder de voto varía de acuerdo al capital que el país suscribe en la institución. De acuerdo con el comunicado de prensa del organismo, “para ser elegido, el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales”.
De esta manera, la persona candidata debe consagrarse con la mayoría del poder de voto de los países miembros para resultar electa. El poder de voto fluctúa de acuerdo con la cantidad de acciones que posee cada Estado. El mayor inversionista es Estados Unidos, que con el 30% del total de los fondos tiene un papel clave en la elección. Le siguen Argentina y Brasil, con el 11,3% cada uno. México aglutina casi el 7,3%, Japón el 5%, Canadá el 4%, Venezuela el 3,4% y Chile y Colombia el 3,1%. El resto se divide en pequeños porcentajes de diferentes países.
El nuevo presidente del Banco asumirá sus funciones por un período de cinco años con posibilidad de ser reelegido solo en una ocasión, y será el responsable de gestionar los asuntos diarios del Banco, así como también de administrar sus operaciones junto a la Oficina Presidencial. El presidente, además, formula propuestas sobre la política general del Banco y preside las reuniones del Directorio, pudiendo votar solo en caso de empate.
Las alianzas detrás de la elección
El nuevo presidente electo se consagró con el 80,8% de los votos, y fue propuesto por el gobierno de Jair Bolsonaro en vistas de un candidato que trajera consenso a la región luego de períodos turbulentos para el Banco, tras la destitución del ex presidente Mauricio Claver-Carone por violaciones al código de ética. De esta manera y gracias al apoyo de Estados Unidos, Canadá, y a último momento de Argentina, Ilan Goldfajn logró posicionarse como el nuevo presidente del BID.
Cabe destacar el apoyo tardío de Alberto Fernandez para respaldar la candidatura del brasileño; a pesar de su intención de posicionar a Cecilia Todesca Bocco como la primera mujer y la primera argentina en presidir el BID. No obstante, como resultado del cambio en su postura y al apoyo a Goldfajn, Argentina logró quedarse con tres cargos: la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura, y un nuevo Instituto de Género e Igualdad, que será parte de la nueva gestión del BID.
Con préstamos anuales que rondan los 14.000 millones de dólares, el BID es la mayor fuente de financiamiento de la región y el cambio de mando es fundamental para que la institución vuelva a posicionar su atención en América Latina tras dos años de una presidencia estadounidense.
Previo a la designación de Goldfajn, desde Fundeps y junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil de la región, presentamos una carta abierta donde instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que velen por un proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resultara designada cuente con:
- Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
- Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
- Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
- Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
- Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
- Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
- Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Resta por ver si Goldfajn, en el transcurso de su mandato, logra estar a la altura y cumplir al menos con parte de dichos requisitos. De todas formas, consideramos que se ha desaprovechado una oportunidad histórica para posicionar finalmente a una mujer en la presidencia del Banco, una cuenta pendiente de este tipo de instituciones multilaterales. Más allá de los avances por parte del BID en generar oportunidades laborales para las mujeres y su cantidad en puestos directivos, se estima que en los directorios ejecutivos 3 de 14 sillas están ocupadas por mujeres; en las direcciones ejecutivas suplentes, de 12 sillas, solo una se encuentra ocupada por una mujer. Lo que da pie al reclamo a este tipo de organismos para promover espacios concretos de participación para las mujeres y disidencias en los puestos más jerárquicos, que permitan romper con el techo de cristal.
Más información:
- Declaración sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo – BID
- Ilan Goldfajn fue elegido nuevo presidente del BID con el apoyo de la Argentina, que retiró la candidatura de Cecilia Todesca – La Nación
- Carta abierta al BID por elección de nueva presidencia – Fundeps
- BID: destituyeron al presidente y se abre la posibilidad para una mujer latinoamericana – Fundeps
- ¿Dónde están las mujeres en las Instituciones Financieras Internacionales? – El Entramado
Autoras:
Candela Jauregui
Clara Labat
Contacto
Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
Ante la apertura de un nuevo proceso de elección para la presidencia del grupo BID, organizaciones de la sociedad civil de la región y comunidades afectadas por proyectos, enviamos una carta abierta con recomendaciones sobre el perfil de quien presidirá el Banco.
En la carta instamos a quienes integran la Asamblea de Gobernadores del BID a que se aproveche esta oportunidad para que la persona que resulte seleccionada sea alguien con probidad, capaz de liderar las transformaciones que hoy requiere la institución y de hacer frente de manera efectiva a las urgencias y desafíos ambientales y sociales en América Latina y el Caribe.
Asimismo, consideramos que la descripción del puesto debe ser clara, el proceso de selección transparente y exhortamos al Banco a que la persona que resulta elegida cuente con:
- Conocimiento de la región y experiencia de trabajo con sus instituciones y comunidades.
- Compromiso con los derechos humanos, el desarrollo sostenible y con la labor de las personas defensoras.
- Experiencia y visión comprehensiva sobre la sustentabilidad y la protección del ambiente.
- Compromiso y apertura para incluir a la sociedad civil y comunidades afectadas por los proyectos.
- Que priorice la discusión para el desarrollo de un marco para la reparación a las comunidades afectadas.
- Que predique con el ejemplo y actúe de acuerdo a los más altos estándares éticos.
- Compromiso con acuerdos y tratados regionales e internacionales que abordan el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
La elección está prevista para el 20 de noviembre, con un poder de voto que varía según el número de acciones que posee cada país miembro. La persona que finalmente resulte designada a la presidencia del Grupo BID tiene la oportunidad de liderar un Banco más fuerte, responsable, efectivo y, sobre todo, más cercano a los pueblos de la región, marcando el camino hacia un verdadero desarrollo sostenible e inclusivo.
- Open Letter from Civil Society groups regarding the election process of the future president of the IDB Group.
Más información
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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció en agosto la apertura del proceso de consulta pública para recibir insumos sobre la propuesta de la nueva Política de Acceso a la Información (PAI). Dicho proceso tendrá una duración de 150 días y contemplará consultas asincrónicas e intercambios directos.
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales instituciones multilaterales que financia proyectos en gran parte de los países latinoamericanos. En el ámbito de trabajo del BID, la transparencia y la integridad resultan fundamentales. Es en esta esfera donde se promueven reformas que buscan mejorar la calidad de la normativa y de las instituciones, como también, ampliar el acceso a la información.
En este sentido, el BID anunció una nueva Propuesta de Política de Acceso a Información, que reemplazará la actual Política de Acceso a la Información del Banco, vigente desde el año 2011. Es en torno a este nuevo borrador, que se realiza la consulta pública, la cuál fue lanzada el 29 de agosto del corriente año y tendrá una duración de 150 días.
El objetivo de la consulta pública radica en la posibilidad de recibir, ya sea de forma escrita o verbal, opiniones e insumos de aquellas partes que quieran contribuir a enriquecer la calidad del documento y la comprensión de la organización sobre las perspectivas y percepciones de les diversos actores de la sociedad civil respecto al acceso a la información en las actividades del Banco en la región.
El período de tiempo estipulado por el procedimiento está dividido en tres fases. En un primer momento, en el mes de septiembre, se establecieron tres diálogos sincrónicos virtuales (en inglés, español y portugues), lo que le permitirá al Banco recoger pareceres e identificar nuevos referentes que puedan enriquecer la nueva PAI. A partir de octubre, inició la segunda parte del procedimiento, hablamos de la fase de consulta asincrónica, que estará disponible por un período de 90 días, en donde se buscará fortalecer la versión final del documento de la nueva PAI. También se realizarán reuniones presenciales en Costa Rica (25 de octubre), Uruguay (15 de Noviembre) y en un país del Caribe aún no definido (3 de noviembre). En principio, para participar de las instancias de consulta virtual será necesario el registro previo en la Plataforma Virtual para Procesos de Consultas Públicas y solicitar acceso a la consulta. Por último, con respecto a la tercera fase, la misma tiene estipulada una duración de 30 días durante todo el mes de marzo y busca informar a las personas participantes sobre el cierre del proceso de consulta y de los insumos recibidos y considerados, tanto los que fueron incluidos como los que no fueron incluidos en la versión final de la política aprobada por el Directorio Ejecutivo.
Dado que uno de nuestros principales pilares de trabajo se basa en la transparencia, hemos enviado una carta, junto a otras organizaciones de la sociedad civil regionales, detallando nuestras preocupaciones y recomendaciones para fortalecer y perfeccionar el proceso de consulta. Las mismas se encuentran estructuradas en siete grandes pilares, entre los cuales podemos mencionar: actualizar y organizar la información respecto del proceso de consulta en un solo lugar en la página web del BID para garantizar que todas las partes interesadas y comunidades afectadas se encuentren efectivamente informadas; incorporar un período público de 30 días para enviar comentarios y recomendaciones a un segundo borrador de la PAI; solicitar proactivamente la opinión de las partes interesadas para facilitar su participación en los procesos de consulta, de manera que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar forma al debate; eliminar las barreras que existen en el plan de consulta para garantizar una participación efectiva, barreras que giran en torno, sobretodo, a la plataforma electrónica, la cual es condición para poder participar de ésta instancia; confirmar y difundir con anticipación el calendario con las fechas y lugares de las consultas presenciales planificadas para la segunda fase; abrir una instancia de comentarios públicos para las directrices de implementación de la futura PAI; y, por último, reunirse con sociedad civil en la Reunión Anual del Grupo BID en Panamá 2023.
De esta forma, esperamos poder colaborar con la administración del BID para asegurar que el proceso de consulta sea realmente provechoso y participativo y que permita fortalecer y perfeccionar la nueva Política de Acceso de Información del Banco.
Para acceder al borrador de la nueva política que está siendo sometido a consulta pública ingrese aquí. Los comentarios y sugerencias al borrador pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: consultapai@iadb.org
Más información:
Autora
Valentina Rasso
Contacto
Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org
En el marco del actual proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información del BID, Fundeps, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista realizaron, el pasado 29 de septiembre, el webinar “Revisión de la Política de Acceso a la Información del BID. Una oportunidad para mejorar la transparencia del Banco”. En el evento se debatió sobre las falencias de la actual política en revisión, las dificultades en su implementación y las prioridades en torno al proceso de consulta pública en curso.
La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada. Data de 2010 y su entrada en vigencia tiene como fecha 2011. Hasta el momento no ha sido modificada, pese a que el contexto actual dista mucho en cuanto a los derechos adquiridos por las personas a partir de los avances normativos en materia de participación ciudadana y al acceso a la información y la Justicia. A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su Política de Acceso a la Información que fue suspendido meses después y, recientemente, se ha reactivado.
En este contexto resulta preciso subrayar que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, en tanto condición necesaria para que las personas, comunidades y organizaciones puedan informarse y participar activamente de los procesos de toma de decisiones, a la vez que es un pilar de la transparencia y rendición de cuentas.
Partiendo de lo anterior, el webinar se estructuró en 3 momentos principales: para comenzar, se presentó el informe “Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”, elaborado de forma conjunta por las 3 organizaciones arriba mencionadas, que tiene como objetivo analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente y las dificultades en su implementación, el proceso de revisión iniciado y el perfil de política pretendido. Asimismo, se identificaron sus falencias y recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta efectivamente garantice el derecho de acceso a la información. En segundo lugar, se enfatizó en el estado de situación actual del proceso de revisión de la PAI. Por último, desde la organización chilena Sustentarse comentaron experiencias y casos prácticos en Latinoamérica en los que es posible percibir las falencias que aún conserva el BID en materia de acceso a la información. El webinar finalizó con preguntas y reflexiones de las personas que expusieron y asistieron al evento.
Para ver el webinar grabado, accedé aquí
Más información
- Política de Acceso a la Información de 2011 – BID
- Participamos de la consulta pública sobre la revisión de la política de acceso a la información del BID – Fundeps
- Presentación conjunta sobre el perfil de la política de acceso a la información del BID – Fundeps
- El BID actualizará su política de acceso a la información en 2020 – Fundeps
- Plan de Consulta- BID
- Actualización de la Política de Acceso a la Información- BID
- Informe “Falencias en la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo”
Autora
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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org
El lunes 26 de septiembre, tras las recomendaciones del Directorio Ejecutivo del BID, la Asamblea de Gobernadores decretó el cese de las funciones de Claver-Carone como presidente del Banco tras la violación de varias normas éticas de la institución, lo que marcó la apertura de un período de 45 días para que los países propongan sus candidaturas. Durante este período, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como presidenta bajo la dirección del Directorio Ejecutivo.
Dos años atrás, en octubre de 2020, Donald Trump impulsó al cargo de presidencia del BID al estadounidense Mauricio Claver-Carone. El contexto era ventajoso para Washington en tanto se trataba de la primera presidencia americana desde la creación del organismo.
Cabe recordar, que si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia, existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC.
En términos de geopolítica, esta estrategia constituía al BID como un vehículo a través del cual Estados Unidos podría incrementar su influencia en la región latinoamericana y lograr un balance de poder institucional: podría discernir respecto la concesión y el destino de créditos por parte de la institución y disipar así la presencia de otras potencias sobre la región, tal como es el caso del gigante chino.
Los orígenes de la destitución de Claver-Carone
La decisión de la Asamblea de Gobernadores se remonta a una denuncia anónima por mala conducta que se presentó contra Claver-Carone. A partir de ésta, el directorio contrató a la firma legal Davis Polk para que investigara los hechos. A raíz de los resultados que arrojó la investigación se tomó la decisión de destituir al líder de la institución. Se acusa a Claver-Carone de haber mantenido una relación amorosa con una empleada y de haberla beneficiado económicamente, lo que supone la violación de varias normas éticas internas al organismo, en tanto el BID prohíbe las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. La denuncia se agravó por la negativa de Claver-Carone a cooperar plenamente con la investigación y por la creación de un clima de miedo a las represalias entre el personal del Banco.
De esta forma, el déficit de legitimidad que acompañó los orígenes de la presidencia de Claver-Carone, se fue combinando con un déficit de legitimación, y hoy llevan a una crisis de liderazgo.
En este contexto, ante la espera de las propuestas de candidatura para la presidencia del BID cabe preguntarse ¿Cuáles son las alternativas a nivel regional e institucional?
En términos de regionalismo, se trata de una excelente oportunidad para renovar el (deteriorado) diálogo intrarregional en América Latina y el Caribe y profundizar las prácticas de concertación. Para que la región pueda obtener una ventaja en las elecciones presidenciales del organismo internacional esta debería lograr consenso y convergencia a la hora de elegir candidates. De esta forma evitaría que se repita el escenario del 2020 donde el haber ofrecido varias candidaturas erosionó las posibilidades de ganar las elecciones.
En particular, Brasil podría aprovechar este escenario para renovar su rol de liderazgo regional, en tanto es uno de mayores accionistas del Banco junto con Argentina y Estados Unidos, contando en conjunto con casi el 53% del poder de voto. De todas formas, el país se encuentra actualmente inmerso en la campaña para las elecciones presidenciales, cuyo resultado puede llegar a influir en la postura que adopte respecto a la transición en el BID.
En términos institucionales, es una oportunidad para renovar las estratégias mediante las cuales la institución promueve su principal objetivo: alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe mejorando la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la participación en el BID debería incentivar la integración regional en América Latina y el Caribe y permitir el desenvolvimiento del Banco como un puente entre la región y el mundo. Aumentar el regionalismo y la participación de los países que integran la región fortalecería las vías de desarrollo y la inserción de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Además, permitiría que el BID sobresalga como un Banco, no pro estadounidense o pro chino, sino pro latinoamericano, permitiendo una convergencia entre la globalización y la regionalización a la hora de perseguir el desarrollo.
Finalmente, en términos de las cualidades que debería tener la persona designada para la presidencia del BID, esta es una gran oportunidad para que una mujer latinoamericana se encargue del liderazgo de la institución.
De hecho, el nombre de tres mujeres latinoamericanas comienza a resonar como potenciales candidatas. Entre ellas: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; y Alicia Bárcena, jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En este sentido, algunos aspectos son clave: 1) que la persona cuente con una formación y experiencia destacadas y una propuesta de modernización efectiva del Banco con un énfasis en las cuestiones sociales y ambientales; 2) que adopte un claro y expreso compromiso por el multilateralismo y la reivindicación de la legitimidad del cargo presidencial; y 3) que cumpla con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en el accionar de la Institución.
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Autora
Victoria Márquez
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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org