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El lunes 26 de septiembre, tras las recomendaciones del Directorio Ejecutivo del BID, la Asamblea de Gobernadores decretó el cese de las funciones de Claver-Carone como presidente del Banco tras la violación de varias normas éticas de la institución, lo que marcó la apertura de un período de 45 días para que los países propongan sus candidaturas. Durante este período, la vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía Chacón, ejercerá como presidenta bajo la dirección del Directorio Ejecutivo.

Dos años atrás, en octubre de 2020, Donald Trump impulsó al cargo de presidencia del BID al estadounidense Mauricio Claver-Carone. El contexto era ventajoso para Washington en tanto se trataba de la primera presidencia americana desde la creación del organismo.

Cabe recordar, que si bien el Convenio Constitutivo del BID no establece ningún condicionante en relación a la nacionalidad de quien deba ocupar la presidencia,  existe una norma no escrita desde su misma creación por la cual el organismo debe ser dirigido por una persona de la región. Incluso fue una de las condiciones por las cuáles se terminó aceptando que la sede del Banco se encuentre en Washington DC.

En términos de geopolítica, esta estrategia constituía al BID como un vehículo a través del cual Estados Unidos podría incrementar su influencia en la región latinoamericana y lograr un balance de poder institucional: podría discernir respecto la concesión y el destino de créditos por parte de la institución y disipar así la presencia de otras potencias sobre la región, tal como es el caso del gigante chino.

Los orígenes de la destitución de Claver-Carone

La decisión de la Asamblea de Gobernadores se remonta a una denuncia anónima por mala conducta que se presentó contra Claver-Carone. A partir de ésta, el directorio  contrató a la firma legal Davis Polk para que investigara los hechos. A raíz de los resultados que arrojó la investigación se tomó la decisión de destituir al líder de la institución. Se acusa a Claver-Carone de haber mantenido una relación amorosa con una empleada y de haberla beneficiado económicamente, lo que supone la violación de varias normas éticas internas al organismo, en tanto el BID prohíbe las relaciones íntimas de personal superior con dependientes directos. La denuncia se agravó por la negativa de Claver-Carone a cooperar plenamente con la investigación y por la creación de un clima de miedo a las represalias entre el personal del Banco.  

De esta forma, el déficit de legitimidad que acompañó los orígenes de la presidencia de Claver-Carone, se fue combinando con un déficit de legitimación, y hoy llevan a una crisis de liderazgo. 

En este contexto, ante la espera de las propuestas de candidatura para la presidencia del BID cabe preguntarse ¿Cuáles son las alternativas a nivel regional e institucional? 

En términos de regionalismo, se trata de una excelente oportunidad para renovar el (deteriorado) diálogo intrarregional en América Latina y el Caribe y profundizar las prácticas de concertación. Para que la región pueda obtener una ventaja en las elecciones presidenciales del organismo internacional esta debería lograr consenso y convergencia a la hora de elegir candidates. De esta forma evitaría que se repita el escenario del 2020 donde el haber ofrecido varias candidaturas erosionó las posibilidades de ganar las elecciones.   

En particular, Brasil podría aprovechar este escenario para renovar su rol de liderazgo regional, en tanto  es uno de mayores accionistas del Banco junto con Argentina y Estados Unidos, contando en conjunto con casi el 53% del poder de voto. De todas formas, el país se encuentra actualmente inmerso en la campaña para las elecciones presidenciales, cuyo resultado puede llegar a influir en la postura que adopte respecto a la transición en el BID.

En términos institucionales, es una oportunidad para renovar las estratégias mediante las cuales la institución promueve su principal objetivo: alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe mejorando la calidad de vida, reduciendo la pobreza y la desigualdad. En este sentido, la participación en el BID debería incentivar la integración regional en América Latina y el Caribe y permitir el desenvolvimiento del Banco como un puente entre la región y el mundo. Aumentar el regionalismo y la participación de los países que integran la región fortalecería las vías de desarrollo y la inserción de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Además, permitiría que el BID sobresalga como un Banco, no pro estadounidense o pro chino, sino pro latinoamericano, permitiendo una convergencia entre la globalización y la regionalización a la hora de perseguir el desarrollo.

Finalmente, en términos de las cualidades que debería tener la persona designada para la presidencia del BID, esta es una gran oportunidad para que una mujer latinoamericana se encargue del liderazgo de la institución. 

De hecho, el nombre de tres mujeres latinoamericanas comienza a resonar como potenciales candidatas. Entre ellas: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica; y  Alicia Bárcena, jefa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En este sentido, algunos aspectos son clave: 1) que la persona cuente con una formación y experiencia destacadas y una propuesta de modernización efectiva del Banco con un énfasis en las cuestiones sociales y ambientales; 2) que adopte  un claro y expreso compromiso por el multilateralismo y la reivindicación de la legitimidad del cargo presidencial; y 3) que cumpla con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil en el accionar de la Institución. 

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Autora

Victoria Márquez

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

Tras recibir el respaldo por parte de los cancilleres chino e indio, Argentina se encuentra cada vez más cerca de concretar la membresía al grupo de los BRICS – integrado por Brasil, Rusia, India, China, y Sudáfrica. Para Argentina podría representar una oportunidad teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra nuestro país en términos de restricción externa y déficit de financiamiento. Sin embargo, cabe también cuestionarse qué otras implicancias podría traer aparejada dicha unión.

El pasado 8 de julio Argentina dió un paso más hacia su acercamiento como miembro pleno del grupo BRICS; el hecho tuvo lugar luego de que el canciller chino Wang Yi confirmara el respaldo de China a Argentina para unirse al bloque.  El encuentro entre los representantes de ambos países tuvo lugar en Bali, Indonesia, en donde se desarrolló la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. En la misma, el canciller Santiago Cafiero mostró su interés en acercarse a los BRICS, destacando la necesidad de profundizar el multilateralismo para acelerar la concreción de acuerdos que resulten beneficiosos tanto para la región, como para nuestro país. Actualmente la presidencia rotativa del grupo se encuentra a cargo de China, por lo que su apoyo y compromiso a aquellos países que pretenden integrarse al bloque resulta fundamental. Más recientemente, en su visita a la Argentina, el ministro de relaciones exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, ratificó su apoyo en el avance de Argentina hacia el bloque. Para Argentina la incorporación a un grupo de tales magnitudes representa una oportunidad muy tentadora en vistas a la búsqueda de nuevos socios comerciales. Pero, ¿qué son los BRICS, y que implicaría para Argentina la incorporación al mismo?

El término hace referencia al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Con sede en Brasilia, desde hace dieciocho años éstos países abogan por el desarrollo común, consolidándose como un relevante espacio multilateral y estratégico que representa a aproximadamente la mitad de la población del planeta y casi una cuarta parte de la economía global. Con un rol destacado en el escenario mundial, buscan promover una nueva arquitectura financiera, económica y comercial a través de diferentes instrumentos como, por ejemplo, los bancos de inversión internacional, dentro de los cuales podemos destacar  el Nuevo Banco de Desarrollo (BDN) y el Acuerdo de Reservas de Contingencias (ARC). 

Como una alternativa a las condicionalidades que imponen las instituciones de Bretton Woods, el Nuevo Banco de Desarrollo ofrece mejores condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura clave basados en los principios de no injerencia. En este sentido, los países del BRICS reflejan la creciente influencia de las economías emergentes a nivel mundial, proponiéndose como un espacio cada vez más influyente y alternativo a las fuerzas de occidente. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que cada alternativa y forma de financiamiento tiene sus propias ventajas y complicaciones. Mientras que las tradicionales propuestas de occidente tienen mayores restricciones, también se las caracterizan por ser relativamente más transparentes y por contar con marcos normativos y de rendición de cuentas relativamente más robustos. Por el contrario, nuevas alternativas pueden representar buenas fuentes de financiamiento con menos restricciones pero con una gran falta de transparencia y rendición de cuentas. Como consecuencia, no se deberían concebir las opciones como excluyentes, sino más bien como complementarias. 

Argentina ve la posibilidad de integrarse a los BRICS como una oportunidad para fomentar el desarrollo y el bienestar, además de funcionar como un canal para el creciente multilateralismo y la reconfiguración del orden mundial. Al tratarse de una plataforma de cooperación sur-sur compuesta de economías emergentes, podría suponer para nuestro país un espacio más equitativo para la cooperación con mayores márgenes de autonomía. 

También resulta importante destacar el rol que ocupan los principales socios comerciales de Argentina: China y Brasil. Durante los últimos veinte años China ha ganado presencia económica en la región, mostrándose cada vez más interesado en la concreción de nuevas asociaciones estratégicas con países tales como Brasil, Perú o Venezuela. Si bien no es la primera vez que nuestro país inclina su mirada hacia nuevas alternativas, es indispensable considerar las consecuencias que podrían desencadenarse de dicha asociación. Las mismas podrían ser de tipo económico, ya que se incentivaría una reprimarización de la economía argentina, o bien, de índole geopolítica, al generar mayores tensiones con socios occidentales como los Estados Unidos. Por su parte, el bloque se encuentra dispuesto a trabajar para abrir un camino hacia una comunidad internacional caracterizada por el diálogo, por lo que se mantendría lejano al rupturismo sistémico. 

En términos de comercio exterior, los BRICS nuclean un 30% de las exportaciones argentinas, y proveen un 45% de nuestras importaciones, por lo que de concretarse la incorporación supondría la posibilidad de conseguir financiamiento y asistencia para proyectos clave. Por otro lado, también se podría incentivar la transferencia de conocimientos en tecnología e innovación lo que garantizaría una cooperación compartida que garantice  inclusión y visiones similares.

De esta forma, se puede plantear que  formar parte de los BRICS podría representar una gran oportunidad para la Argentina de estrechar lazos con uno de los bloques que viene ganando relevancia a nivel internacional y que, además, reúne a dos de las potencias más grandes del mundo y con quienes se mantiene un vínculo de carácter estratégico. Sin embargo, no se deben pasar por alto las posibles implicaciones de dicha asociación, así como la consideración de que el proceso de adhesión de Argentina al BRICS debe contar con la aprobación de todos sus Estados miembros, por lo que puede dar lugar a un procedimiento lento y extenso. En definitiva, ¿Podrá Argentina consolidar su ingreso a uno de los grupos de mayor peso económico y geopolítico? Y en ese caso, ¿qué le deparará al país formar parte de dicho bloque?

 

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Autoras

Camila Busso

Candela Jauregui

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El programa Integral de Infraestructura Gasífera – o el programa de Gasoductos Troncales – impulsado por el gobierno de la Provincia de Córdoba, llegó a su fin en el año 2019 con la culminación de las obras. Hacia 2022 las obras continúan a nivel municipal, y el programa ya ha comenzado su etapa de conexión a la red de gas natural. Sin embargo, aún quedan las dudas respecto a cómo podrá tener acceso al servicio la ciudadanía, en especial quienes se ubican en los sectores en situación de vulnerabilidad.

El acceso a la información pública y la transparencia se constituyen como un derecho humano fundamental. Las personas tienen derecho a conocer lo que será planeado para sus comunidades y con base en ello, tomar las decisiones informadas y pertinentes acerca de los procesos de desarrollo que afectarán sus vidas. 

En el campo de las políticas públicas, proveer y garantizar el acceso a la información pública es la piedra angular de la buena gobernanza. La transparencia es vital para permitir que las personas y las comunidades exijan rendición de cuentas a sus instituciones, y se fomente la confianza en los gobiernos y la reducción de la corrupción. Asegurar este derecho tiene como resultado la generación de oportunidades para que la ciudadanía aprenda, crezca y tome mejores decisiones para sí y quienes les rodean. 

La referencia a esto es relevante cuando se analizan políticas y programas públicos que tienen por objeto la contribución al desarrollo a gran escala. Tal es el caso del programa Integral de Infraestructura Gasífera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esta serie de obras de infraestructura comenzó a ejecutarse en el año 2015 y concluyó en 2019, con el propósito de “potenciar el abastecimiento con gas natural a viviendas, comercios e industrias”. De acuerdo con el Gobierno, se invirtieron 890 millones de dólares para desplegar 2.801 kilómetros de cañerías que darán la posibilidad de conectarse a la red de gas natural a 972.430 habitantes de la provincia sin servicio. Sin embargo, la planificación comenzó con mucha anterioridad al año de implementación y bajo un escepticismo sostenido en la falta de información y transparencia alrededor de su financiamiento, sus potenciales impactos ambientales y sociales, la cantidad de beneficiarios totales, entre otros. 

Posterior a la finalización del proyecto en 2019, aún existían dudas respecto a cómo sería el proceso de conexión para las localidades y de qué manera la ciudadanía tendría acceso efectivo al servicio. De igual manera, también quedaban obras de infraestructura por concluir a nivel municipal.  Hacia julio de 2021, el Gobierno declaró que 75 localidades ya contaban con acceso a gas natural luego del programa de gasoductos troncales. Se hizo mención a la cantidad de habitantes que se beneficiarán , sin reparar en información respecto de su ubicación y otros datos que demuestren si las brechas de desigualdad en el acceso se han comenzado a cerrar o podrán cerrarse como producto de esta obra. Esto es de vital importancia siendo que el gobierno también expuso acerca de la red de créditos Bancor para viviendas y negocios, que facilitarían la conexión y la obtención del servicio. Quedaba por saber de qué manera se apoyará a aquellos grupos marginalizados y en situación de vulnerabilidad a quienes se les dificultará acceder a este beneficio, y que por lo tanto no llegarán -o podrán hacerlo en un futuro lejano- a contar con gas natural. 

Hacia 2022 las dudas respecto del alcance de este proyecto para la población cordobesa aún no se disipan. De acuerdo con los portales de noticias cordobeses, la conexión de empresas y negocios a la red de gas natural avanza a un paso mucho más rápido que la conexión de viviendas. Esta discrepancia se suscita más que nada porque la conexión a la red es costosa e implica la toma de decisiones a nivel familiar. Aún cuando se han proporcionado las condiciones para facilitar el acceso -mediante créditos, y el ahora sí confirmado apoyo del gobierno provincial para familias vulnerables-, no todas las personas están en igualdad de condiciones para rápidamente decidir sumarse a la red. En muchos casos la conexión también requiere la adaptación estructural de las casas y la compra de electrodomésticos. 

Sobre esto último es que el acceso a la información y la transparencia juegan un rol fundamental. En primer lugar, porque de haberse publicado y socializado el proyecto de manera correcta con las poblaciones de las localidades afectadas, las familias podrían haber decidido planificar con antelación la conexión a la red. En segundo lugar, se evidencia el rol que cumplen los funcionarios gubernamentales a la hora de informar y publicar la documentación referente a un proyecto de este calibre. Esto quedaba en manos del nivel municipal y de sus intendentes, y en muchos casos su accionar para informar a la población fue deficiente -sobre todo considerando que también se han necesitado obras a nivel municipal para garantizar la conexión-. 

La práctica de la publicación de información como la publicación de documentos no significa ni redunda en una ciudadanía informada. A las iniciativas de datos abiertos y transparencia activa se suman las acciones destinadas a informar a la población, como por ejemplo las consultas públicas. Estos espacios funcionan -o deberían funcionar- como oportunidades para socializar información sobre proyectos y políticas públicas, obtener una devolución de la ciudadanía y trabajar en un proceso de co-creación. Durante los comienzos de la obra de gasoductos troncales, una buena parte de los desafíos identificados tuvo que ver con la falta de consultas públicas -exigidas por ley- y la desinformación general de las personas acerca de los posibles impactos y beneficios del proyecto. 

Hacia 2022 no se cuenta con información certera sobre las obras llevadas adelante en las localidades y las consultas públicas que se hayan realizado con vecines. La existencia de estas instancias juegan un rol crucial para la toma de decisiones de la ciudadanía . Especialmente en estos casos cuando es un deber informar sobre el proyecto, advertir de los impactos, aclarar los beneficios y clarificar las alternativas con que las familias contarían para acceder al servicio de gas de red. 

En este sentido, aún cuando la obra de Gasoductos Troncales supone un gran avance para la Provincia de Córdoba, y la posibilidad para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso al gas natural, todavía relucen los graves problemas respecto del acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Un proyecto de esta envergadura debiera haber contado desde un principio con información clara y concisa para la población, canales de comunicación con la ciudadanía, procesos de adjudicación de obra mucho más transparentes, etc. El proceso aún no ha finalizado, y existe la oportunidad para que el gobierno provincial haga un esfuerzo para transparentar lo que queda por hacer.  

 

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Agustina Palencia

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

 

*Foto extraída de losprimeros.tv

El día 16 de junio participamos del WEBINAR en el que se presentó el documento: “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica ¿Riesgos y beneficios para quien?”, creado en colaboración con más de 10 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Fundeps.   

Es de amplio conocimiento que los Bancos Multilaterales de desarrollo tienen  un rol fundamental en la respuesta y recuperación al COVID – 19, esto es debido a su capacidad de rápida movilización de financiamiento para apoyar y ayudar a los países a responder a los impactos que ha generado esta situación imprevista. Dentro de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cumple un rol clave en este sentido, ya que, en 2020, aprobó 7.9 mil millones y, a junio de 2021, llevaba aprobados 597.6 mil millones de dólares.

Existe una tendencia por parte de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a considerar a los proyectos relacionados con temáticas de salud, como de menor riesgo de daño ambiental y social, por lo que la aplicación de salvaguardas a estos proyectos tiende a ser menos rigurosa. A esto se le suma el hecho de que muchos de los proyectos fueron aprobados con una modalidad de desembolso rápido o fast track, es decir, con tiempos más cortos de preparación y de debida diligencia ambiental y social.

Sin embargo, los hallazgos del informe presentado demuestran que la implementación de este tipo de proyectos de salud y otros en el contexto de la pandemia, tienen un riesgo significativo de daño, especialmente, cuando los grupos más susceptibles de contraer COVID-19, quedan excluidos del acceso a los beneficios del proyecto. El contexto de crisis preocupa por la tendencia de los Bancos Multilaterales de Desarrollo a flexibilizar los parámetros ambientales y sociales en pos de respuestas rápidas.

El documento presenta seis recomendaciones resultantes del análisis de la situación latinoamericana post-pandemia. Estas enfatizan la importancia de tener en consideración a los grupos marginados, como aquellos más susceptibles de ser afectados y relegados en una situación de crisis, y destacan la necesidad de transparencia y evaluación de riesgos para evitar que se perpetúen las medidas extraordinarias que restringen el espacio público.

Dentro de este marco, el webinar tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre los principales hallazgos en relación a los procesos de debidas diligencias sociales y ambientales de las inversiones del BID,  aprobadas durante la pandemia por COVID-19.

Desde Fundeps impulsamos la aplicación de los marcos normativos socioambientales, los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la información en los proyectos vinculados al financiamiento para el desarrollo, incluso (y más aún), cuando los mismos se dan en un contexto extraordinario de pandemia.

 

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Autoras

  • Lourdes Alvarez Romagnoli
  • Valentina Rasso

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El presente informe tiene como objetivo llevar adelante un abordaje integral y en profundidad sobre el proyecto del Túnel Internacional de Agua Negra (TIAN) entre Argentina y Chile, incluyendo sus dimensiones técnicas, estratégicas, políticas, económicas, sociales y ambientales.

La Política de Acceso a la Información (PAI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha quedado desactualizada.  A fines de 2019, el BID inició un proceso de revisión de su PAI que fue suspendido meses después y todavía no se ha reactivado. En dicho proceso, el Banco puso a consideración de la sociedad civil y demás partes interesadas el perfil pretendido para su nueva política, en el que se destacan 22 brechas a mejorar en materia de acceso a la información.

El presente documento tiene como objeto analizar los aspectos normativos que contiene la PAI vigente, el proceso de revisión iniciado y suspendido, y el perfil de política pretendido. Se identifican sus falencias y se las analiza con una mirada crítica a fin de realizar recomendaciones para el fortalecimiento de la PAI, con el objetivo último de que esta garantice el derecho de acceso a la información.

Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

El 30 de marzo de 2021, se oficializó la membresía de Argentina al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). El AIIB comenzó oficialmente su actividad en octubre de 2014. Se trata de un nuevo banco de desarrollo multilateral impulsado principalmente por China con foco en inversiones en infraestructura, orientadas especialmente a países emergentes. Su origen asiático no limita su accionar a una única región ya que el Banco  cuenta con un gran número de países miembros en otros continentes y con proyectos financiados en América del Sur, África y Europa.

El modelo propuesto por China tiene  características distintivas. El rasgo dominante es que las inversiones se focalizan en infraestructura, conectividad e industrialización, marcando una diferencia importante con entidades de financiamiento al desarrollo occidentales que, en los últimos tiempos, han orientado sus préstamos principalmente a reformas institucionales, proyectos de salud, educación o lucha contra la pobreza, entre otras. 

De este modo, postula una alternativa interesante para el financiamiento de una infraestructura que resulta en gran medida deficitaria en América Latina y, particularmente, en Argentina. Para nuestro país, el AIIB representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos y abre una oportunidad para contribuir a resolver sus históricos déficits en materia de infraestructura y conectividad. Por su parte, con aún escueta participación de América Latina, el Banco Asiático se consolida como opción viable para la región a la luz de las metas de desarrollo. A la fecha, se reportan cinco miembros latinoamericanos efectivos: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. 

Desde sus orígenes, el AIIB se presentó como una opción diferente a las históricas instituciones multilaterales de desarrollo occidentales como el Banco Mundial, el BID o la Corporación Financiera Internacional (CFI). Sin embargo, el AIIB ha implementado un marco normativo y operativo muy similar al de aquellas instituciones, incluyendo políticas de acceso a la información, de rendición de cuentas y de regulación ambiental y social para autorizar los desembolsos. A su vez, contempla la cooperación y el cofinanciamiento con otros bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, adhiriendo a sus marcos regulatorios.   

A pesar de ello, desde su entrada en operaciones el Banco ha recibido críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas que han cuestionado su accionar en diferentes proyectos de desarrollo e incluso ciertas debilidades en su marco normativo. 

En este sentido, las implicancias que pueda tener el ingreso al BAII para la Argentina dependen en gran medida del tipo de vinculación que el país establezca con la institución y la forma en que logre aprovechar los potenciales recursos de financiamiento para infraestructura que pueda aportar el Banco. De igual modo, se debe evitar repetir los problemas en materia de participación pública, acceso a la información e impactos socioambientales que históricamente han estado asociados a los proyectos de desarrollo financiados por la banca multilateral.

Ante el desconocimiento general que existe en el país acerca de esta institución, resulta importante analizar en profundidad en qué consiste el Banco, cómo funciona y cuáles pueden ser las verdaderas implicancias de la membresía argentina. Para contribuir a ese objetivo, desde Fundeps  presentamos un informe que analiza parte de estos interrogantes.

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Autora

Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Desde 2021, Argentina integra oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Para nuestro país, el AIIB  representa una nueva fuente multilateral de financiamiento para sectores estratégicos como la infraestructura, la energía, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros. Sin embargo, el AIIB resulta un banco poco conocido. ¿Cómo funciona y qué implicancias tiene para el país el ingreso a esta institución impulsada principalmente por China? Presentamos un nuevo informe con el análisis.

El presidente argentino irá a Beijing el 4 de febrero para participar de la apertura de los Juegos Olímpicos y luego mantendrá encuentros con Xi Jinping. La expectativa es cerrar acuerdos firmes de inversión. Se espera que el ingreso a la Iniciativa de La Franja y la Ruta sea un punto sobresaliente de la visita.

Si no hay contramarchas por razones sanitarias, el 4 de febrero Alberto Fernández participará de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Además de los Juegos de Invierno, el viaje a Beijing coincide con la celebración de los 50 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y el gigante asiático. El viaje presidencial tendrá escalas en las ciudades de Moscú, Beijing y Bridgetown. 

La integración de la Argentina como un eslabón estratégico en el Cono Sur: la Iniciativa de la Franja y la Ruta

En la parada china, la mira está puesta en que la Argentina se incorpore a la denominada  Iniciativa de La Franja y la Ruta (IFR, también conocida como la “Nueva Ruta de la seda”). El canciller Santiago Cafiero ratificó la intención argentina de adherir oficialmente a la Iniciativa. Es la primera vez que desde Cancillería hay un pronunciamiento explícito sobre el tema, aunque fue anticipado por el embajador Vaca Narvaja.

La IFR es la marca con la que se conoce a la política exterior china de promover la inversión en infraestructura en el resto del mundo, principalmente en las zonas emergentes y en vías de desarrollo. Si bien se trata de una política presente desde principios de siglo, el concepto de la Franja y la Ruta empieza a surgir en 2013 cuando Xi Jinping asumió la presidencia de China y le brindó a esta práctica un mayor contenido programático y estratégico. A grandes rasgos, la Nueva Ruta de la Seda se trata de dos grandes rutas comerciales: una Franja (como vía de comunicación terrestre) y una Ruta (como vía marítima). En esa línea, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta se ha buscado mejorar la conectividad comercial en torno a China y, en el terreno geopolítico, elevar el perfil del país en el hemisferio sur.

En total, 139 países, provenientes de África, Asia, Europa y minoritariamente de América Latina y el Caribe se han adherido a la IFR. La invitación a los países latinoamericanos para incorporarse se formalizó en el Foro China-CELAC, en enero de 2018. Al momento, 19 países del subcontinente han adherido a la Iniciativa, restando las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina). De este modo, Argentina sería la primera en incorporarse. Por su parte, Panamá fue el primer país que se incorporó al proyecto chino.

Ahora bien, cabe destacar que no es un requisito excluyente adherirse a la Franja y la Ruta para recibir inversión china en materia de infraestructura. De hecho, según el relevamiento de Red ALC-China, entre 2018 y 2020, Argentina fue el mayor receptor de inversiones chinas en infraestructura de toda la región.

Desde el año 2009, China ha venido desarrollando aceleradamente la cooperación financiera con Argentina en materia de construcción de infraestructura, por lo cual ser parte de la IFR podría brindar mayor impulso a los 16 proyectos existentes y, posiblemente, sumaría otros. Sin embargo, para que la IFR resulte beneficiosa, será esencial que las contrapartes acuerden proyectos favorables para ambos países, que no consistan exclusivamente en el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de insumos procedentes de China y se basen en el desarrollo de inversiones y transferencia tecnológica, la asociación con compañías locales, el empleo de mano de obra e insumos argentinos y la realización de evaluaciones del impacto ambiental, (entre otros).

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Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El Gobierno envió un documento a Beijing con 17 proyectos de infraestructura que propuso para ser financiados con capital chino. Se esperan avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China.

En el documento titulado «Nuevo Plan Quinquenal Integrado a proponer» figuran los 17 proyectos que la Secretaría de Asuntos Estratégicos, liderada por Gustavo Béliz,  y el canciller Santiago Cafiero enviaron para evaluar los potenciales de sustento económico por parte de China. El documento se presentó ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), que es el órgano planificador del gobierno de Xi Jinping.

El Nuevo Plan Quinquenal Integrado contempla las siguientes obras:

1-Central nuclear IV

2-Represas del Sur Kirchner y Cepernic

3-Obras sistema de gasoductos

4-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea San Martín

5-Rehabilitación sistema de Ferrocarriles línea Roca

6-Rehabilitación línea de ferrocarriles Belgrano Cargas

7-Plan modernización redes ferroviarias

8-Buenos Aires Pasajeros material rodante

9-Plantas de tratamiento de agua potable y acueductos

10-Parque fotovoltáico Cauchari 4 y 5 Ampliación

11-Puentes: Chaco/Corrientes- Santa Fe/Paraná

12-Corredores viales y mejoramientos

13-Programas de conectividad y fibra óptica

14-Obras de transmisión y distribución eléctrica

15-Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas

16-Programas de vivienda y hábitat

17-Parque eólico Cerro Arauco 

Además, en el documento girado desde Buenos Aires aparece el ítem 18 bajo el rubro “otros a definir/propuesta china”. 

El primer punto de los proyectos de inversión es la construcción de la central nuclear IV y merece una mención especial ya que  lleva más de 10 años en carpeta. Este proyecto de instalación de reactores nucleares con tecnología estrictamente china empezó a moldearse en el último año del gobierno de Cristina Fernandez. Probablemente, uno de los motivos que ralentice las negociaciones se vincule con que, al utilizarse el uranio enriquecido como combustible, se dejaría afuera la tecnología canadiense que históricamente utilizó la Argentina para sus centrales nucleares y esto implicaría la importación de una tecnología que ataría su funcionamiento al país asiático. De igual modo, la central sería «llave en mano». Al respecto, desde el Gobierno Nacional se resaltó el importante rol que la energía nuclear juega en la materialización de las metas de reducción de emisiones que la Argentina sostiene en los foros internacionales y se enfatizó en la importancia de maximizar la participación de la industria local y de una adecuada transferencia tecnológica.

También se cuestiona el costo de financiamiento: solo la central nuclear tendría un costo estimado entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. Para avanzar en las negociaciones se encuentran la NASA (Nucleoeléctrica Argentina S.A) y la CENEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). 

Por el contrario, sobre las líneas ferroviarias norpatagónicas existen más consensos y diálogos concretos. 

En relación a los proyectos de aprovechamiento de la energía eólica se contempla la inversión en el Parque Eólico «Cerro Arauco» de La Rioja. De igual modo, se mencionan acuerdos para la construcción del Polo Energético en Zarate (gas). 

Por último, en la minuta de proyectos se nombra  la realización de un acueducto y plantas potabilizadoras y la remodelación de los puentes Chaco-Corrientes y Santa Fe – Paraná. Igualmente, en el listado aparecen rubros ambiguos como los «Programas de conectividad y fibra óptica» que según fuentes del gobierno nacional aludirian al desarrollo de la tecnología 5G (o de quinta generación) en telefonía celular. También se mencionan «obras de transmisión y distribución eléctrica» que no tienen detalle alguno.

Como observación final, cabe señalar  que al menos 9 de estos proyectos  (construcción de central nuclear IV, Parque Voltaico Cauchari, Buenos Aires Pasajeros Material Rodante, Parque eólico Cerro Arauco, Rehabilitación sistema de Ferrocarriles líneas San Martín, Roca y Belgrano Cargas, Represas Kirchner y Cepernic,Argentina Polo Energético Zarate-Centrales eléctricas) ya fueron incluidos previamente en el “Plan Quinquenal Integrado China-Argentina para la Cooperación en Infraestructura (2017-2021)», aunque en muchos casos no han habido avances concretos durante los últimos 5 años

Avances en proyectos de cooperación nuclear entre Argentina y China

Argentina cuenta con una larga tradición en energía nuclear, con más de 70 años de experiencia en el rubro. En la actualidad, la energía nuclear representa el 7,5% de la matriz energética argentina y el gobierno de Alberto Fernández manifiesta intenciones de aumentar este porcentaje sobre la base de cooperación con China.

Con el objetivo de profundizar las relaciones en materia de tecnología nuclear, el embajador de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, dio un discurso en la celebración del “Día de CNNC” (Corporación Nuclear Nacional de China) y mantuvo una reunión con el gerente general de la State Power Investment Corporation (SPIC), uno de los cinco grupos energéticos de China y la generadora de energía solar más grande del mundo, con quien acordó la firma de un memorándum de entendimiento (MoU) que prevé la cooperación estratégica entre SPIC y la empresa rionegrina INVAP.

Al respecto, la representación diplomática en China, explicó que el objetivo al que se apunta con estas asociaciones en materia nuclear es que el país “pueda seguir diversificando sus oportunidades con el gigante asiático, más allá de la exportación de productos primarios”, con el horizonte de tener “una agenda de cooperación que tenga como eje central la transferencia de tecnología  y capacidades hacia las empresas del país. El memorándum se firmaría durante la visita presidencial anunciada para el mes de febrero.

Los proyectos que estarían en el memorándum. En relación al memorándum de entendimiento con SPIC, Vaca Narvaja detalló que ese acuerdo formalizará una serie de iniciativas conjuntas con la empresa argentina INVAP, entre ellos un proyecto de soluciones tecnológicas en el rubro de la medicina nuclear, sector en el que Argentina tiene desarrollos valorados a nivel mundial. La cooperación con INVAP se sumará a otros trabajos en conjunto con empresas argentinas del sector energético, como NUCLEARIS, radicada en Villa Martelli, dedicada a la fabricación de componentes mecánicos para la industria nuclear, que se encuentra encarando proyectos en China y  CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos) y la mendocina IMPSA que están en conversaciones para el mantenimiento de centrales de tipo CANDU (Canadian Uranium Deuterium) en suelo chino, una tecnología en la que la Argentina se ha especializado. 

Consideraciones finales

Puede concluirse, entonces, que la relación entre la Argentina y la República Popular China se intensifica en paralelo al rol cada vez más relevante del país asiático en la economía internacional.

En este sentido, la propuesta del Nuevo Plan Quinquenal se trata de una de las mayores apuestas del Gobierno en materia de acuerdos económicos y comerciales internacionales previstos para la post pandemia. Para Argentina, estos acuerdos representan una oportunidad de desarrollo, sin embargo se debe tener especial cautela en cuanto a los riesgos y los potenciales aspectos negativos de los mismos, que pueden derivar en incrementos desmedidos de la deuda, impactos negativos a nivel socio-ambiental de los proyectos de infraestructura, problemas de competitividad en el ámbito comercial y la tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina. Inexorablemente, el monitoreo sobre los proyectos resulta una pieza fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

Tampoco se debe perder de vista la opacidad y la poca transparencia: resulta necesario hacer expresa referencia a las cuestiones de transparencia y acceso a la información de la gran mayoría de estos acuerdos, cuyos aspectos generales tal vez salgan a la luz pero no así sus detalles ni las especificaciones en cuanto a su implementación.

 

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Camila Victoria Bocco

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Rumbo al festejo de los 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina, los vínculos entre ambos países se continúan intensificando. El pasado 30 de octubre, el canciller argentino Santiago Cafiero mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la cumbre del G20. Allí, acordaron trabajar de manera conjunta en áreas estratégicas: energía, comunicaciones y Antártida.

Mientras los jefes de Estado y de  Gobierno del G20 se reunieron en Roma para celebrar una cumbre crucial hacia la consolidación de un pacto de cero emisiones, el canciller argentino aprovechó la oportunidad para reunirse con su par de China, Wang Yi. En dicho encuentro, el gigante asiático se comprometió a continuar con la venta de vacunas y material sanitario al gobierno argentino, y a concretar lo antes posible un Memorándum de Entendimiento de cooperación para promover la sinergia de sus respectivas estrategias de desarrollo en áreas como las comunicaciones (5G), minería, energía, la explotación de la Antártida y los mares, y en materia aeroespacial.

El ministro chino destacó el trabajo conjunto entre ambos países. De acuerdo con Wang, dicha labor se enmarca en relaciones diplomáticas de larga data caracterizadas por el respeto mutuo, equidad y el firme apoyo en temas de interés central para cada una de las partes. Asimismo, dió cuenta de la fortaleza del vínculo sino-argentino luego de resistir una situación internacional volátil.

Esta intensificación de las relaciones se da de manera concomitante con dos situaciones, por un lado,  un rol cada vez más protagónico de China en el comercio internacional y, por otro lado, un proceso de transformación del orden internacional caracterizado por el declive hegemónico de los Estados Unidos y el ascenso sostenido de China. Las instituciones internacionales son escenarios donde se deliberan, proponen y acuerdan reglas y normas. También se les proporciona o confían algún tipo de autoridad hacia sus miembros. Esto explica la motivación de las potencias por tener un papel de liderazgo en las instituciones internacionales y, en caso de no lograrlo, suelen decidir no unirse a ellas, salirse, o crear nuevas instituciones como lo viene haciendo China en el transcurso del último tiempo, pasando de ser un tomador de normas a un generador de normas, donde la creación de instituciones  se convirtió en una herramienta central de la diplomacia China. 

En ese sentido, en el encuentro entre las autoridades chinas y argentinas, Wang propuso, en vistas a cumplirse en 2022 los 50 años de relaciones diplomáticas, conformar una Comisión Binacional Permanente para favorecer el diálogo bilateral. Así, China garantizaría sus acuerdos estratégicos con el gobierno argentino y promovería la radicación de empresas chinas en territorio argentino.

Por último, cabe destacar que ante la intranquilidad de Estados Unidos sobre los acercamientos entre China y Argentina, y la necesidad de contar con el apoyo del hegemón en las negociaciones con el FMI, desde el gobierno argentino se está evaluando con cautela no sólo el contenido de estos acuerdos con China sino también cuándo sería el momento oportuno para concretarlos. 

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Clara Labat 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

En el marco del proceso de revisión del segundo Plan de Acción del Grupo BID-Sociedad Civil (2022-2024), más de 20 organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta al Presidente del BID,Claver-Carone, con observaciones y recomendaciones para fortalecer la relación del BID con sociedad civil y comunidades afectadas.

Si bien celebramos el hecho de que el BID revise el Plan de Acción para fortalecer la relación con la sociedad civil y las comunidades afectadas, creemos que la forma en que se está estructurando la revisión inhibe la participación de la sociedad civil en el proceso. Por este motivo las recomendaciones enviadas al Presidente y su Secretaría Ejecutiva, se orientan en 2 sentidos:

  • Por un lado, se solicita al Banco que proporcione espacios específicos e información completa y accesible para que la sociedad civil, incluidos los pueblos indígenas,comunidades locales, personas afectadas por los proyectos del Grupo BID (comprendidos los solicitantes del MICI) y organizaciones críticas al BID puedan participar e involucrarse efectivamente. En este sentido, resulta fundamental que las agendas comiencen a ser construidas de forma participativa, que las invitaciones a las consultas sean al menos con 30 días de anticipación y que incluyan una amplia gama de partes interesadas. También se torna necesario la optimización y ajuste de los procesos de consultas públicas ya que actualmente son excesivamente rígidos y no propician una discusión significativa ni directa entre las partes, generando finalmente insumos poco productivos que continúan debilitando la transparencia y rendición de cuentas en el Banco. 
  • Por otro lado, se enfatiza que luego de la consulta o diálogo,el BID debe garantizar la comunicación continua que mantenga informadas a las partes interesadas y proporcionar información sobre cómo sus aportes influyeron en las decisiones tomadas.

Creemos que el compromiso del Grupo BID con la sociedad civil y las comunidades

afectadas ha sido y sigue siendo preocupantemente débil en comparación con otras instituciones pares.El presidente del BID tiene la oportunidad de liderar el cambio hacia un banco más responsable y debe fomentar una cultura institucional en la que se  acepte que el Banco comete errores y sea más receptivo no sólo a las interacciones y críticas constructivas de los actores externos, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas, sino también a sus mecanismos internos de rendición de cuentas.

Para acceder a la carta completa enviada al BID acceda aquí

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Camila Victoria Bocco

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org