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Estuvimos participando en un taller organizado por el mecanismo de revisión de cuentas del Fondo Verde del Clima para informarnos sobre el mandato de esa institución y discutir formas de interacción con sociedad civil.

“Below, we offer a google translate version of the original article in Spanish. This translation may not be accurate but serves as a general presentation of the article. For more accurate information, please switch to the Spanish version of the website. In addition, feel free to directly contact in English the person mentioned at the bottom of this article with regards to this topic”.

El Green Climate Fund (GCF, Fondo Verde del Clima) es una de las instituciones financieras para el clima dentro de la arquitectura creada por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC). Con el propósito de promover un cambio en el paradigma hacia la baja de emisiones y desarrollo compatible con el medioambiente, brinda apoyo financiero de proyectos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Su objetivo es ser la principal entidad operadora dentro del mecanismo financiero de la Convención, además de proyectarse como la institución central en el plano mundial de financiamiento climático.

Para dar a conocer más el trabajo y el funcionamiento de GFC, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) convocó a organizaciones de sociedad civil en Santiago de Chile, el 30 y 31 de mayo. En el caso del IRM, sólo tiene 2 años funcionando y ha tenido únicamente tres presentaciones de casos, por lo que también fue una oportunidad para discutir las interacciones futuras del mecanismo con potenciales casos y con la sociedad civil.

Entre los asuntos mencionados desde las organizaciones, están los peligros para defensores/as de derechos humanos, las dificultades para implementar los planes de remediación, el impacto de los proyectos en las comunidades y en los derechos de pueblos indígenas, las cuestiones de género dentro de los proyectos y los reclamos. De esta manera, se discutieron también formas de accionar desde el mecanismo para el abordaje de estas preocupaciones

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Fondo Verde del Clima

Mecanismo Independiente de Reparación

Autora

Carolina Tamagnini

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

Durante el mes de abril, Fundeps organizó el retiro anual del International Advocates Working Group (IAWG) en la ciudad de Villa General Belgrano. A lo largo de tres días, 30 miembros del IAWG se reunieron para compartir información, experiencias y lecciones aprendidas sobre mecanismos no judiciales de rendición de cuentas en instituciones financieras internacionales (IFIs).

El IAWG es una red global de organizaciones de la sociedad civil e individuos que trabajan para que los mecanismos de quejas de las IFIs garanticen la rendición de cuentas y el remedio efectivo a las comunidades afectadas. Este grupo de trabajo se enfoca en el trabajo con los mecanismos, al mismo tiempo que provee apoyo a las comunidades impactadas negativamente por proyectos de IFIs. 

Los mecanismos de quejas asociados a estas instituciones ofrecen una importante, y a veces, única opción para comunidades afectadas que buscan rendición de cuentas de parte de las IFIs o de las empresas que reciben financiamiento de IFIs.

A lo largo de los últimos 4 años, el IAWG se reúne casi de manera anual para que sus miembros compartan experiencias y lecciones aprendidas en torno al trabajo con mecanismos no judiciales de queja. Durante los días que dura el retiro, se debate y planifican acciones en conjunto para garantizar que el trabajo de los mecanismos sea lo más transparente y accesible posible para quienes deseen presentar quejas. 

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El día 22 de abril en el auditorio de la sede Nueva Córdoba de la Universidad Siglo 21, Fundeps organizó un conversatorio sobre inversiones para el desarrollo y derechos humanos en América Latina. 

Durante los últimos años, la región latinoamericana ha sido escenario de crecimiento exponencial de grandes proyectos de desarrollo. Por tal motivo, desde Fundeps junto a la Universidad Siglo 21 se organizó el conversatorio ‘Inversiones para el Desarrollo y Derechos Humanos en América Latina’

En él se analizó el rol de las instituciones financieras internacionales, su obligación con los Derechos Humanos, su impacto en la región latinoamericana y el rendimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas. . También, se debatió sobre el desarrollo en América Latina y la problemática de Derechos Humanos asociadas a éste. 

Se contó con la participación de reconocidos exponentes que abordaron estos temas a partir de sus trabajos y analizaron las tendencias y los desafíos actuales respecto a las inversiones para el desarrollo en la región. Participaron: Carolina Juaneda, quién se desempeña como Latin American Consultant del Bank Information Center (BIC), Caitlin Daniel como Senior Communities Associate de la organización Accountability Counsel (AC) y, Juan Carballo, Director Ejecutivo de Fundeps.

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Gonzalo Roza, gon.roza@fundeps.org

El pasado 7 de enero, el mundo se sorprendió ante la intempestiva renuncia del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Con tres años por delante para finalizar su segundo mandato, Kim dio un paso al costado para tomar una posición dentro del sector privado. Un posible conflicto de interés y transparencia en la definición del liderazgo del Banco, temas claves.

De manera abrupta e inesperadamente, el presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim, renunció a su mandato para emprender un nuevo trabajo en el sector privado. De acuerdo con el comunicado oficial del BM, durante el mandato de Kim se puso especial atención a las inversiones en infraestructura. Él aseguraba que la clave para el avance de las naciones en desarrollo era el apoyo y la inversión en éste sector.  Por esta razón, Jim Yong decidió dar un paso al costado argumentando que su trabajo por el desarrollo mundial sería más fructífero desde la firma ‘Global Infrastructure’, una multinacional especializada en las inversiones en infraestructura para los sectores de agua, energía, transporte y residuos.

La salida de Kim no ha pasado desapercibida, y numerosas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo han enfatizado el posible conflicto de interés existente en la sorpresiva decisión de Kim y se preguntan ¿qué pasará a partir de esto? En particular, han planteado una serie de preocupaciones:

  • El financiamiento para el desarrollo a través del sector privado

De acuerdo con el ahora ex-presidente del BM, a nivel mundial existe un déficit en infraestructura que rondaría el trillón de dólares. Este monto, de ninguna manera puede ser cubierto, ni siquiera con el portafolio de todas las instituciones de financiamiento para el desarrollo (IFIs) juntas. A este respecto, Kim, durante su mandato, ha tratado de lograr que el financiamiento para el desarrollo, dejase de estar orientado hacia el sector público, para virar hacia el sector privado. De esta forma, el BM y otras IFIs, han aumentado su cartera de inversiones hacia los intermediarios financieros y otras empresas/corporaciones privadas. La decisión de Kim de continuar su carrera profesional en el sector privado genera dudas respecto del interés de fondo en la decisión de orientar el Banco Mundial hacia el sector privado. En otros ámbitos de interacción entre el sector público y el privado existen períodos ventana durante los cuales quienes tienen roles de toma de decisión tienen vedado cambiar de sector (“cooling off periods” en inglés). La inexistencia de un mecanismos similar en el Banco Mundial inevitablemente pone en tela de juicio algunas de las decisiones de Kim que en la práctica ampliaron el financiamiento al sector privado.

El cambio hacia el financiamiento privado, si bien podría ser beneficioso en términos económicos y financieros para los Estados, mantiene preocupaciones por la sostenibilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos (DDHH). En el último tiempo parece observarse una correlación positiva entre el aumento de los proyectos financiados por empresas y el crecimiento de los impactos negativos sobre la vida de las personas y el medioambiente. Además, es importante recordar que durante el mandato de Kim, la revisión de las salvaguardas sociales y ambientales del BM – la normativa que establece criterios para los proyectos que el Banco Mundial puede apoyar – , lejos de representar un robustecimiento de la política, significó la transformación de estos estándares, un marco normativo mucho más laxo. La renuncia de Kim entonces, deja abierta la puerta para preguntarse si el próximo presidente del BM tendrá como prioridad el financiamiento privado, y si fuese así, de qué manera la institución podrá adaptarse a las normas internacionales y nacionales en lo que refiere al respeto de los DDHH.

  • La transparencia y la rendición de cuentas a nivel institucional en IFIs

Otros interrogantes que han surgido luego de este suceso, tienen que ver con el próximo presidente del BM y su proceso de selección: ¿Quién lo sucederá? ¿Cómo será el proceso para elegir al próximo presidente? ¿Será el gobierno de los Estados Unidos el encargado de apuntar a la persona que asuma la presidencia , tal y como ha sucedido en anteriores oportunidades? ¿De qué manera se puede asegurar una gobernanza del BM más transparente a la hora de elegir a sus autoridades?

A nivel mundial existe un acuerdo tácito que, desde el inicio del sistema Bretton Woods, ha dispuesto que la cabeza del Banco Mundial sería definida  por Estados Unidos y la del Fondo Monetario Internacional (FMI) por Europa. A lo largo de los años, esto se ha respetado a rajatabla, siendo la Casa Blanca, la que ha apuntado al presidente del BM. Kim no fue la excepción a esta práctica y fue nominado por el gobierno de Barack Obama. Este proceso que ha venido teniendo lugar poco tiene de transparente y siempre ha terminado por transformar al BM en un brazo ejecutor de las políticas del  gobierno estadounidense. En los tiempos que corren, un presidente del BM nombrado por la administración de Donald Trump sería riesgoso a la hora de pensar en la performance de esta institución respecto a temas como el cambio climático y los DDHH en general.

Más allá de los efectos de un presidente del BM apuntado desde el gobierno de Trump, la salida de Kim abre una serie de cuestionamientos sobre la gobernanza del banco y la transparencia en la designación de sus autoridades. Es menester que se instaure un proceso de selección transparente en el que todos los candidatos y las candidatas tengan igualdad de oportunidades de ocupar el cargo. La silla de la presidencia del BM deberá ser ocupada por una persona auténticamente idónea y que tenga por prioridad la ejecución de  inversiones bajo el paragua del desarrollo sustentable y los DDHH. La historia de secretismo detrás de cada presidente del BM ha impactado en la credibilidad de la institución. Esta vacante, ahora, significa una oportunidad para que el BM se re-posicione dentro del sistema internacional como un actor independiente.

De aquí en adelante

La partida de Kim hacia ‘Global Infrastructure Partners’ (GIP) ha suscitado dudas respecto a la aparición en puerta de un posible conflicto de interés. La multinacional GIP se encarga de invertir en infraestructura para economías en desarrollo, siendo este el principal sector de interés del BM. Es relevante hacer un seguimiento de acuerdos plausibles de ser concretados entre ambas instituciones.

En lo que refiere a la vacante para presidente, el BM ha anunciado un proceso de nominación de candidatos que estará abierto hasta mediados de marzo de 2019. La sociedad civil estará atenta y haciendo un seguimiento detallado de todo lo que ocurra para buscar la transparencia del proceso. Quedará por ver, una vez seleccionado el/la próximo/a presidente, cuáles serán sus lineamientos principales de gestión y si estos responden a las verdaderas necesidades de desarrollo de las comunidades y poblaciones alrededor del mundo.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

 

El pasado 10 de agosto el BID Invest llevó adelante en Buenos Aires una consulta pública presencial sobre el borrador para su nueva política de Acceso a la Información Pública. Este evento es parte de la consulta virtual actualmente abierta que BID Invest comenzó en mayo de este año. La jornada fue llevada adelante con la finalidad de recepcionar comentarios de parte de las organizaciones de la sociedad civil.

En mayo de este año, el BID Invest, brazo de inversiones privadas del Grupo BID, abrió una instancia de consulta pública para evaluar el documento borrador de lo que va a ser su nueva Política de Acceso a la Información. En este marco, la institución pautó llevar a cabo algunos encuentros presenciales para recibir comentarios y conocer la opinión de las organizaciones de la sociedad civil.

El 10 de agosto BID Invest convocó a una consulta presencial en Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y FUNDEPS participó. La jornada duró un par de horas y los ejes centrales de discusión se posaron sobre: la información a publicarse antes de la aprobación de un proyecto, la información a publicarse durante la ejecución de un proyecto y el listado de excepciones de la política. Desde la institución se receptaron los comentarios realizados y se explicitó que luego de finalizado el proceso de consulta, se armaría un nuevo documento teniendo en consideración tanto la instancia virtual de consulta como la presencial. Asimismo, se destacó que de no incorporarse alguno de los comentarios, se justificará el porqué de dicha decisión.

Respecto de la convocatoria a esta reunión, quedan ciertas dudas sobre el proceso de selección de las organizaciones que fueron invitadas. Participaron 12 organizaciones y FUNDEPS era la única proveniente del interior del país. En esta línea, la baja convocatoria nos hace pensar que la información no fue circulada con la anterioridad necesaria y tampoco se previó que varias organizaciones y comunidades no pudieran asistir siendo que se encuentran muy lejos de Buenos Aires.

Desde FUNDEPS reconocemos de manera positiva la implementación de instancias presenciales para la consulta. Esto permite esclarecer en tiempo real dudas y comentarios sobre el borrador, a la vez que permitió conocer la intención de la institución a la hora de re-pensar su política. En este sentido, desde BID Invest se explicó que considerando la relevancia que ha tomado la cartera de inversiones privadas del Grupo BID, se hacía necesario modernizar la política de Acceso a la Información.

En términos generales el borrador en cuestión ha avanzado positivamente sobre la política anterior. Ha mejorado en instancias claves pero aún quedan elementos que pulir. Sobre ellos se hizo especial hincapié de parte de la sociedad civil y se espera que los comentarios sean incorporados. Además de las sugerencias y comentarios que hicimos en el marco de la consulta presencial, desde FUNDEPS, y junto con otras organizaciones del país y la región, estaremos enviando un documento con comentarios por escrito para contribuir al proceso de revisión de la Política.

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Agustina Palencia – agustinapalencia@fundeps.org

Junto con el resto de las organizaciones que conforman GREFI, publicamos un análisis comparativo de los marcos normativos de las principales instituciones que financian el desarrollo en América Latina, con un foco en las semejanzas y diferencias existentes entre las instituciones tradicionales, las emergentes y la banca china.

El Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), conformado por FUNDEPS, DAR, Ambiente y Sociedad y Fundar, hizo público recientemente su último trabajo de investigación sobre las normativas de las instituciones financieras internacionales (IFIs): Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina Se trata de un análisis comparativo que toma como objeto de estudio las políticas operativas de diferentes instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco de Desarrollo de China (BDC) y el Banco Chino de Exportaciones e Importaciones (ExIm Bank). El objetivo esencial era poder lograr una comparación entre aquellas instituciones tradiciones, las nuevas instituciones de desarrollo y las instituciones chinas. El anclaje de este estudio está dado por la cantidad de nuevos actores que hoy en día forman parte del escenario financiero y de inversiones en América Latina.

El análisis se efectuó sobre cuatro ejes: acceso a la información, participación ciudadana, pueblos indígenas y salvaguardas sociales y ambientales. Los indicadores de dichas categorías fueron obtenidos a partir de las mejores prácticas internacionales en cada una de esas materias (la ley modelo de la OEA sobre acceso a la información, el convenio 169 de la OIT, entre otros). Cada categoría se dividió en diferentes elementos que recibieron una puntuación. El producto de este trabajo es presentado en forma estadística, expresando en qué nivel (porcentaje) las políticas de las instituciones logran alcanzar los más altos estándares.  

Los  principales  resultados obtenidos  en el estudio reportan  que dos bancos categorizados  como tradicionales BIRF-BM (86%)  y CFI (64%), además de un banco  emergente CAF (62%), obtienen las calificaciones más altas. Entre las instituciones con calificación menor al 50% se ubican dos bancos tradicionales BID (45%) y CII (26%), un banco emergente BNDES (17%) y dos bancos chinos BEIC (8%) y BDC (0%).  Un hallazgo interesante es que sólo en las categorías de banca tradicional y banca emergente se observan instituciones con calificación relativamente alta. En contraste, la banca china destaca con las evaluaciones más bajas conforme a la  proporción de adecuación estimada. Esto se explica en parte con el banco BDC, que no obtiene calificación en ningún eje temático, ya que, por falta de acceso a sus normativas, éstas se desconocen. (Véase el capítulo específico sobre el BDC).

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Publicación completa Análisis Comparativo de la normativa de IFIs presentes en América Latina

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Agustina Palencia: agustinapalencia@fundeps.org

Como resultado de diversas investigaciones realizadas por el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI), se ha detectado la necesidad de tener un mejor entendimiento de los marcos normativos de las principales Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) presentes en América Latina, desde un enfoque de derechos humanos.

El brazo privado del BID inició el proceso de consulta pública de su Política de Acceso a la Información, el cuál se extenderá por 120 días y contempla consultas virtuales y presenciales. Esta política resulta clave para poder acceder a información acerca de los proyectos financiados por la Institución, que está ampliando sustancialmente su cartera de proyectos en Argentina y Latinoamérica.

BID Invest (previamente denominada Corporación Interamericana de Inversiones) es el brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se encarga de financiar y asesorar empresas y proyectos sostenibles del sector privado que provengan y se desarrollen en los países de América Latina y el Caribe. Cuenta con un portafolio de US$ 11.200 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 23 países.

Actualmente, BID Invest se encuentra actualizando una de sus políticas operativas. Para ello, se ha preparado un borrador de la nueva Política de Acceso a la Información, que reemplazará a su actual Política de Disponibilidad de Información (vigente desde el 2005) en el 2019. Es en torno a dicho borrador (que se encuentra disponible en la página web de BID Invest) que se realizará la consulta pública, abierta a toda la sociedad civil internacional. El borrador se abrió a consulta el pasado 23 de mayo y recibirá comentarios por un plazo de 120 días.

A su vez, la consulta incluirá diálogos virtuales y presenciales. La consulta virtual estará disponible a través de la página web de BID Invest, y las consultas presenciales se llevarán a cabo mediante reuniones  (cuyas fechas están aún por confirmar) en diversos países de América Latina y el Caribe, además de en Washington D.C., donde el organismo tiene su sede.

Desde FUNDEPS participaremos de este proceso de consulta pública, revisando el borrador y enviando  comentarios al Banco, para así asegurar que esta nueva política se enmarque en un verdadero compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus actividades y permita fortalecer su gobernanza y responsabilidad.

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Autora

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

El curso virtual se desarrollará durante todos los miércoles de mayo; es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

Durante los últimos años los actores que financian proyectos extractivos y de infraestructura en la región de América Latina y el Caribe (ALC) se han diversificado, resultando en un entramado financiero más complejo. En este sentido, buena parte de los proyectos presentes en la región son co-financiados por distintos actores. En muchos casos un porcentaje del financiamiento total de los proyectos puede provenir de instituciones financieras privadas, la banca de desarrollo, bancos regionales o estatales.

En ALC, además de la banca tradicional (Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) la presencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) han tenido una presencia importante. Sin embargo, durante la pasada década la banca china ha cobrado relevancia, durante 2016 los dos principales bancos de desarrollo de este país tuvieron montos récord hacia la región como tercer año consecutivo. Estas instituciones financieras internacionales (IFIs) tienen sus propios marcos ambientales, sociales y de acceso a la información, por lo que, al momento de delinear una estrategia de defensa del territorio, resulta útil incorporar estas herramientas. Lo anterior complementario a los marcos normativos de derecho internacional y nacional que deben prevalecer. El curso virtual pretende profundizar en estos temas.

 

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los conocimientos de las y los participantes relativos a las herramientas para la defensa del territorio frente a proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Comprender los principales marcos normativos del derecho internacional relacionados con la defensa del territorio

Comprender los marcos normativos ambientales, sociales y de acceso a la información de las principales IFIs presentes en la región.

Propiciar un espacio que favorezca el intercambio de experiencias y estrategias para la defensa del territorio frente al avance de proyectos extractivos y de infraestructura en la región.

Miércoles de mayo: 2, 9, 16, 23 y 30

9 a 10.30: Guatemala

10 a 11.30:  Colombia / México / Perú

11 a 12.30:  Bolivia

12 a 13.30:  Argentina / Brasil

El curso es gratuito y se entregará constancia de participación a quien haya completado los cinco módulos del curso.

INSCRIPCIONES AQUÍ

Mayores informes: cursogrefi@fundar.org.mx

En este año 2018, el brazo de inversión del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará su política institucional de acceso a la información. Se trata de un proceso que se espera que mejore su actual política para lograr garantizar efectivamente este derecho.

El brazo de inversión del sector privado del  Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, revisará durante este año 2018 su política de acceso a la información. BID Invest, es la entidad en la que se transformó la anterior Corporación Interamericana de Inversiones (CII), como consecuencia de la profundización que pretende llevar adelante el BID en su financiamiento al sector privado.

La CII (ahora BID Invest), al igual que las demás instituciones financieras internacionales (IFIs), cuenta con políticas operativas que regulan el accionar de la entidad y presentan criterios para el otorgamiento de los préstamos. Las políticas de acceso a la información entran en el grupo de normas que delimitan el accionar de la institución. Particularmente, reivindican el derecho básico de acceso a la información que tienen los seres humanos.

Es importante mencionar además, la relevancia que adopta este derecho en cuanto a proyectos desarrollo se trata. Para que un verdadero desarrollo pueda tener lugar, es necesario que aquellos involucrados puedan ser parte del proceso de intercambio de información, y más aún, que puedan ver reflejadas sus prioridades de desarrollo en todo el ciclo de inversión del proyecto. Solo así, las políticas y proyectos serán capaces de proveer verdaderos beneficios a las comunidades locales.

A este respecto, las IFIs y sus políticas, no siempre dan cuenta de los mejores estándares y prácticas en materia de acceso a la información. En un reciente análisis, la organización International Accountability Project, comprobó que la ex Corporación fallaba enormemente en la garantía de este derecho. Numerosos proyectos financiados por este miembro del Grupo BID, no han logrado hacer que las comunidades afectadas puedan acceder a la información ni a mecanismos de participación. Esta situación, se ha propiciado por un marco normativo laxo que no garantiza el acceso a este derecho en su plenitud.

Se espera que en este 2018, con el cambio hacia BID Invest, la revisión de la política logre amparar los máximos estándares y buenas prácticas en lo que acceso a la información se refiere.  Sin embargo, aún son pocos los detalles sobre este proceso. Las fechas no están definidas y tampoco se sabe si contará de alguna instancia que permita la participación y/o los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde FUNDEPS estaremos siguiendo de cerca este proceso e involucrándonos en él.

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Why Development Institutions Should Recognize the Right to Know Day?

Autora:

Agustina Palencia

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

 

Las APP o PPP (por su denominación en inglés: Private Public Partnerships), nacidas en el Reino Unido a principios de los ‘70 y luego expandidas por el resto del Europa, América del Norte y Latinoamérica, con Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y México, representan una nueva forma de vinculación entre el sector privado y el sector público. Bajo este modelo, parte de los servicios u obras tradicionalmente de responsabilidad del sector público son ejecutados por el sector privado mediante un contrato en el que están claramente delineados los objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio u obra en cuestión, y las obligaciones y riesgos asumidos por cada parte. Si bien el nivel de participación del sector privado ha aumentado a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, las APP se presentan como acuerdos innovadores. Se supone que permiten una mejor movilización de recursos para solventar los problemas del sector público para ejecutar este tipo de proyectos.

En Argentina, y luego de algunos intentos de darle forma legal a las APP en los años 2000 y 2005, se aprueba en el Congreso una nueva legislación a fines de 2016, a través de la ley 27.328. El texto de esta ley define los contratos de asociación público privada en su art. 1 como: “aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156  y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica”.

En nuestro país tenemos un grave déficit de obra pública y, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de llenar ese vacío. Es por ello que se buscan, como con la nueva ley de APP, nuevas formas de financiamiento en infraestructura y obra pública. Sin embargo, hay que ser cuidadosos a la hora de implementarla, ya que las APP acarrean algunos riesgos y oportunidades. ¿Qué tan favorables son este tipo de acuerdos para el desarrollo de infraestructura? ¿Realmente funcionan? ¿Cuáles son sus verdaderos alcances y limitaciones? Son algunos de los interrogantes que surgen al evaluar los proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Hasta el momento no existen casos de aplicación de este tipo de contrato para la realización de obras de infraestructura. Creemos que es importante bregar por transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno en la utilización de esta y otras formas de contratación. Aprendiendo de las experiencias de países latinoamericanos en estos temas, durante todo el proceso en el que el proyecto de APP se desarrolle, se deben evaluar correctamente los riesgos que éste implicará. Asimismo, controlar, supervisar y planificar en forma correcta y responsable, teniendo en cuenta el interés social del proyecto, el acceso a la información, la participación ciudadana. También, procurando evitar la corrupción y los potenciales impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos.

Más información

– Riesgos y oportunidades de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas en Argentina | FUNDEPS

– ¿Por qué las Asociaciones Público-Privadas ahora? | Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

– Asociaciones Público-Privadas desde la banca multilateral. Implementación en América Latina. Parte I | Asociación Ambiente y Sociedad

– Estudio comparativo en la implementación de las Asociaciones Público Privadas (APP) | FARN

Fuente de imagen

Banco Interamericano de Desarrollo

Autora

María Victoria Gerbaldo – victoriagerbaldo@fundeps.org

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Gonzalo Roza – gon.roza@fundeps.org

Del 7 al 9 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Reunión 2017 de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, una coalición global de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios de la que formamos parte, y que trabaja para asegurar que todas las instituciones que financian el desarrollo respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos.

La agenda del encuentro se centró en fortalecer las relaciones de los miembros y aliados de la Coalición, examinar con detenimiento el actual modelo de desarrollo, identificar las estrategias y modos de colaboración que permitan enfrentarlo con éxito, y establecer prioridades e iniciativas clave para los próximos dos años. Esto, tras un 2016 donde el trabajo de la Coalición y de sus miembros fue muy activo (ver Informe de Impacto 2016 de la Coalición).

Durante el transcurso de tres días, más de 60 participantes de diversas regiones del mundo participaron en debates, actividades y discusiones estratégicas en torno a una serie de cuestiones clave. Entre ellas, se buscó compartir  experiencias, desafíos, lecciones aprendidas, y necesidades futuras en torno a las alianzas de participación comunitaria; se procuró establecer  prioridades para la acción colectiva y para fortalecer las conexiones, colaboraciones y campañas de la Coalición, y se avanzó en la elaboración de un Plan de Acción Colectivo.

En ese marco, se eligieron algunos objetivos de incidencia global como fortalecer el trabajo en género y financiamiento para el desarrollo o monitorear el financiamiento chino a proyectos de desarrollo. Asimismo, se establecieron focos institucionales específicos como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Más información

– Informe de Impacto 2016 de la Coalición

– Página web de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo

Contacto

Juan Carballo / Director Ejecutivo de FUNDEPS

juanmcarballo@fundeps.org