El pasado 30 de junio de 2015 UNICEF realizó  un llamado a los gobiernos, empresas y sociedad civil a trabajar juntos para mejorar las prácticas publicitarias dirigidas a niñas, niños y adolescentes, en el marco de la presentación del estudio  Promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niños en América Latina y el Caribe, que impulsó en colaboración con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).

La investigación revela que las prácticas de promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a niños y adolescentes, a través de las redes sociales y en los centros educativos, influencian el consumo de productos que pueden ocasionar obesidad infantil en la edad adulta. Este tipo de publicidad vulnera principalmente el derecho a disfrutar de un buen estado de salud, tal y como lo establece el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De forma alarmante, el sobrepeso y la obesidad se extienden como una pandemia en América Latina y el Caribe. Según datos recientes publicados por la revista médica The Lancet cerca de 4 millones de niños en edad preescolar y al menos 16 millones de adolescentes en la región sufren de obesidad y sobrepeso, es decir el 10% de la población menor de 18 años. Estos trastornos hoy en día son característicos en entornos urbanos y de clase media en países de ingresos medios-altos, pero también nuevas evidencias sugieren que los niños de los sectores urbanos y rurales más pobres de países de ingresos bajos y medios también se encuentran afectados.

El estudio de UNICEF: analizó las normativas para regular este tipo de publicidad en los 32 países de la región y concluyó que solo 10 de ellos cuentan con algún tipo de normas que limitan en cierta medida este tipo de promoción y publicidad; evaluó diversas empresas en tres países (Argentina, Costa Rica y México) en las que se identificaron sitios web, redes sociales y canales de YoutTube que fueron utilizados como canales de comunicación para promover entre niños y adolescentes sus productos y marcas; determinó que a través de las redes sociales, estas empresas utilizaron personajes, elementos de marca, diseños decorativos, el endoso de deportistas famosos,  premios y regalos dirigidos a la infancia para influir en sus preferencias de consumo; y llevó a cabo la visita a escuelas en los tres países mencionados, en las que se constató que la promoción y la publicidad indirecta son las prácticas más comunes. Ej. empresas de alimentos y bebidas organizan actividades dentro de sus instalaciones como pruebas de sabor o entrega gratuita de productos en eventos especiales.

UNICEF propone garantizar que la publicidad y el marketing no tengan un impacto negativo en los derechos del niño, lo que implica regular este sector y eliminar la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a la infancia. Asimismo, invita al sector privado a desarrollar estándares y programas que contribuyan a la creación de productos más saludables y técnicas de marketing responsables.

Desde Fundeps creemos que la investigación realizada por UNICEF representa una buena señal al constituir recomendaciones importantes sobre la creación de políticas públicas integrales y programas que regulen y protejan a los niños, niñas y adolescentes de la promoción y publicidad directas e indirectas de alimentos y bebidas no saludables. Al avanzar la evidencia científica que muestra el impacto de estas prácticas publicitarias de empresas alimenticias, los estados tienen la obligación de asegurar los derechos humanos a la salud y a la alimentación estableciendo restricciones las libertades comerciales de las empresas.

Para descargar el resumen y la publicación completa de este estudio, diríjase a: www.unicef.org/lac

 

Contacto: Gianella Severini / gianeseverini@fundeps.org

Este 2015, y luego de 48 años, las Reuniones Anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrán lugar en una capital sudamericana. En estas reuniones, las Juntas de Gobernadores toman decisiones sobre cómo abordar la política monetaria mundial y aprueban las correspondientes resoluciones.

El BM y el FMI como promotores y financistas de un modelo de desarrollo predeterminado, basado en los principios de privatización, desregulación, bajos impuestos a las empresas y promoción de las inversiones, están detrás de la consolidación de un sistema que organizaciones sociales hemos criticado y al que hemos presentado diversas alternativas, por considerarlo la causa estructural que sostiene muchas de las inequidades y contradicciones que, desde nuestras posiciones particulares, combatimos.

Es por esta razón, que la Plataforma Nacional y el Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI) convocan a la ciudadanía organizada en su conjunto, a formar parte de la organización de un Evento Alternativo que se realizará en paralelo a las reuniones oficiales del BM y el FMI, y que busca ser un espacio de interpelación y propuesta a sus políticas económicas.  Asimismo, se elaborará un pronunciamiento conjunto que recoja los aportes de todas las organizaciones participantes e interesados en general, y que será entregado en las reuniones oficiales con el fin de hacer oír nuestras voces por un modelo más justo.

Como Plataforma Nacional proponemos dividir el Evento en cuatro ejes temáticos, pensados de tal forma que sirvan para albergar las preocupaciones particulares de cada organización participante:

1) Cambio climático, ciudades sostenibles y soberanía alimentaria.

2) Modelo extractivista de consumo: inversiones transparentes, pueblos indígenas y salvaguardas socio – ambientales.

3) ODS y derechos humanos: Género, LGTBIQ, educación y salud.

4) Trabajo digno y derechos laborales.

Se propone, además, que cada organización plantee qué actividades o eventos les gustaría organizar e incluir en alguno de los ejes temáticos. La Plataforma Nacional evaluará las propuestas y, de ser el caso, propondrá la articulación de eventos con la finalidad de fortalecer los mensajes en cada uno de los ejes propuestos.

Las actividades pueden ser: a) exposiciones simultáneas; b) mesas de diálogo; c) exposiciones audiovisuales: proyección de videos/reportajes sobre el impacto del financiamiento del BM, para que los participantes puedan exponer sus trabajos relacionado al monitoreo del BM y a la agenda de desarrollo más amplia; d) conferencias; y, e) otras que se consideren pertinentes.

Este año, tenemos la responsabilidad de ser anfitriones de la llegada de movimientos sociales de todo el mundo, que desean sumarse a la organización de nuestro Evento Alternativo, por lo que es una oportunidad valiosísima para estrechar lazos y forjar alianzas internacionales, por un sistema económico mundial más justo, sostenible y democrático.

Convocatoria

Descargar convocatoria en pdf.: bit.ly/1IifOam    –   bit.ly/1MFTg0S

Importante: Por motivos de organización y logística planteamos un plazo de adhesiones que durará hasta el viernes 21 de agosto.

Si como organización están interesados en formar parte de este espacio sírvase contactarse con eventoalternativo@plataformanacional.com y enviarnos el siguiente cuadro con los datos necesarios:

 

Institución

Tema Propuesto (un evento de interés internacional en relación al BM o FMI)  

Tipo de evento

Eje Temático (fundamentar por que pertenece al eje propuesto)

Más información

A lo largo de todo 2014, hemos crecido en diversos aspectos y alcanzado objetivos y metas, que es para nosotros una satisfacción presentarles nuestro Informe de Actividades 2014. 

Durante el año 2014, hemos logrado diversificar nuestra agenda de trabajo, no solo en temas abordados sino también en la forma de llevar a cabo nuestra incidencia social. Desde la incorporación de nuevos integrantes en todas las áreas, a la participación en redes y la colaboración con nuevos socios. Realizamos investigaciones, talleres y eventos; participamos de encuentros nacionales e internacionales con otras organizaciones; llevamos adelante actividades de monitoreo, incidencia y casos judiciales para avanzar en materia de políticas públicas.

Estamos seguros de poder alcanzar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en tanto trabajemos por la efectiva vigencia de los derechos humanos. Por eso desde nuestras tres áreas, apuntamos a desarrollar temáticas relacionadas a los derechos humanos con la convicción que, a través de procesos participativos y democráticos, vamos a generar un desarrollo más sustentable.

Agradecemos a todas las instituciones y los socios que confiaron en nuestro trabajo, y apuntamos a terminar este 2015 recorriendo nuevos caminos.

Los invitamos a leer nuestro informe en el siguiente link: http://bit.ly/1OzVAI7; o bien en nuestra página web en la sección «Sobre Fundeps».

Organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo están difundiendo un manifiesto en el que proponen un nuevo modelo de desarrollo para el anunciado Banco de BRICS, una institución de financiamiento y desarrollo que está siendo fomentado por los gobiernos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La declaración se produce después de la reciente cumbre de los presidentes de los BRICS celebrado en Ufa, Rusia. Las organizaciones establecen que es necesario repensar el desarrollo.

«El modelo actual de desarrollo en muchos países emergentes y en desarrollo se basa en las estrategias y políticas específicas para la exportación de materias primas. Este modelo conlleva daños sociales, es ambientalmente insostenible y genera desigualdades dentro y entre países. Si el Nuevo Banco de Desarrollo quiere cambiar esta realidad, debe comprometerse con los cuatro principios siguientes», dice el manifiesto. El primer principio es que el nuevo banco debe promover el desarrollo para todos, ya que cuando no se satisfacen las necesidades de las personas, las inversiones no generan desarrollo. Para las organizaciones, el NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo con las opciones de las comunidades; debe apuntar a la pobreza y las desigualdades, eliminar barreras de acceso a las oportunidades, respetar los derechos humanos, las culturas locales y el medio ambiente. Además, el NBD debe priorizar las inversiones transformadoras que no se limiten a gran megaproyectos a gran escala y centralizados. En su lugar, debe centrarse en la infraestructura social para las poblaciones más pobres y excluidas, proporcionando acceso a los servicios públicos, vivienda, educación y el florecimiento de las economías locales. El segundo principio es que debe ser transparente y democrático, es decir, accesible al público en general. Por lo tanto, el NBD debe garantizar que la información bajo su custodia, la elaboración de las políticas internas y el manejo de sus operaciones sea transparente, accesible y participativo, para que las comunidades que sean afectadas por las actividades de NBD tengan acceso a la información y la posibilidad de influir y moldear las decisiones de las inversiones. El NBD también debe construir estructuras de gobierno democráticas, transparentes y representativasque aseguren un tratamiento equitativo y no discriminatorio entre los proveedores y los beneficiarios. «El desarrollo no es exclusivo de los Estados, aunque éstos corresponde larendición de cuentas y la definición de responsabilidades. El NBD debe proporcionar espacios a otras partes interesadas – incluyendo, de manera pero no exhaustiva, a sindicatos, movimientos sociales, comunidades y organizaciones no gubernamentales – para que participen en la elección, diseño, implementación y seguimiento de los proyectos NDB «, expresa el texto de la nota. Fijar reglas «fuertes” y garantizar que sean respetadas, este es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y Establecer reglas «robustas» y asegurarse que sean respetadas es el tercer principio propuesto. El nuevo Banco de Desarrollo debe garantizar que las comunidades y el medio ambiente comparten los beneficios de sus actividades, y no sean afectados negativamente por ellos. Las políticas y procedimientos internos del NBD se deben desarrollar con los más altos estándares de protección de los derechos humanos y el medio ambiente y, por lo menos, debe ser compatible con el derecho internacional. Si la legislación interna de un país en el que se realizan las inversiones es diferente de las políticas NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser la que ofrece el más alto nivel de protección del medio ambiente y para las comunidades. Las políticas y procedimientos internos del NBD deben ser elaborados conforme los más altos estándares de protección de los derechos humanos y del medio ambiente y, por lo menos, deben ser consistentes con el derecho internacional. Si la ley doméstica de un país donde las inversiones se realizan con diferencias de las políticas del NBD, se sugiere que la norma aplicable debe ser aquella que ofrezca el más alto nivel de protección ambiental y para las comunidades. El NBD también debe instituir mecanismos para una mayor rendición de cuentas y responsabilidad, incluyendo mecanismos independientes para asegurar que sus estructuras cumplan con sus propias políticas, que recursos estén disponibles para las comunidades puedan reparar daños generados por los proyectos y que la institución pueda extraer lecciones de su propia experiencia y mejorar a partir de ella. Para las organizaciones y movimientos sociales que firman el manifiesto, un buen punto de partida en este sentido son los Criterios de Efectividad de Mecanismos de Reclamo no Judiciales, de los Principios Orientadores de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] para Empresas y Derechos Humanos. El cuarto y último principio es que debe promover el desarrollo sostenible, que es la espina dorsal del mandato del NBD. «Teniendo en cuenta los cambios climáticos y sus actuales efectos dañinos sobre el desarrollo y la tendencia a su agravamiento para el futuro, las inversiones del NBD deben promover soluciones a largo plazo que sean sostenibles y con capacidad de recuperar los daños (resiliencia). Esto significa respetar los derechos de las comunidades sobre sus territorios y un medio ambiente limpio, rompiendo el actual modelo de extracción contaminante, depredadora e intensiva en recursos naturales que se están realizando en los países en desarrollo hace demasiado tiempo». Firman el manifiesto: Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (Rebrip) – Brasil; Conectas Derechos Humanos – Brasil; Friends of the Siberian Forests – Rusia; Centre for Applied Legal Studies– África do Sul; Ecoa – Ecologia e Ação – Brasil; Consumer Unity and Trust Society [(CUTS International) – Índia; OT Watch – Mongólia; Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development (Fenrad) – Nigéria; Jamaa Resource Initiatives – Quênia; ActionAid International; Rivers without Boundaries – Mongolia; Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights – EUA e Suíça; Global Network for Good Governance (GNGG) – Camarones; Plataforma de Derechos Humanos – Dhesca – Brasil; Friends of the Earth US – EUA; Foundation for the Conservation Of The Earth (Focone)- Nigéria; Asociación Ambiente y Sociedad – Colombia; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos – Argentina; Instituto de Pesquisa y Formación Indígena (Iepé) – Brasil; Social Justice Connection – Canadá; Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) – Guatemala; Fundar, Centro de Análisis e Investigación – México; Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (Adev) – República do Congo; e Civicus: World Alliance for Citizen Particpation – África do Sul. También: Fórum da Amazonia Oriental (Faor) – Brasil; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc) – Perú; International Rivers – International Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) – Argentina; Otros Mundos – México; Sexual Minorities Uganda (Smug) – Uganda; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) – Regional; Rede de Cooperação Amazônica (RCA) – Brasil; Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) – México; Lumière Synergie pour le Développement – Senegal; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) – Perú; Centro Terra Viva – Estudos e Advocacia Ambiental – Moçambique; Inclusive Development International – EUA; Fundación Ambiente y Recursos Naturales – Argentina; FIAN International – Brasil; Accountability Counsel – EUA; Justicia Asbl – Congo; L’Association des Jeunes Filles pour la Promotion de L’Espace Francophone – Guiné Equatorial – Conakry; Forest Peoples Programme – Reino Unido; Arab NGO Network for Development (ANND) – Líbano; International Accountability Project Southern African Faith Communities’ Environment Institute – África do Sul; ONG Hadassa – Gabão; Institute for Economic Research on Innovation – África do Sul; y la Anistia Internacional.

Fuente: Adital, Noticias de América Latina y Caribe

Más de 40 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo enviaron una carta abierta llamando al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur) a romper con los modelos de desarrollo fallidos del pasado y asegurar que el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) resulte verdaderamente algo nuevo.

El pasado jueves 9 de julio, en el marco de la Cumbre de los BRICS realizada en la ciudad de Ufa (Rusia), los líderes de los gobiernos de los cinco países que conforman este bloque oficializaron el lanzamiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés). Con un capital inicial que trepa a los 50 mil millones de dólares, destinados principalmente al financiamiento para el desarrollo a través de infraestructura, este nuevo banco se plantea inicialmente como una alternativa diferente a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tradicionales de origen occidental, como el Banco Mundial, el FMI o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En particular busca promover un nuevo modelo desarrollo, diferente del promovido por tales organismos.

Frente a este objetivo, más de 40 organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de todo el mundo han firmado una carta abierta que fue presentada en la Cumbre de los BRICS, en la que plasmaron cuáles son los desafíos que tiene afrontar el NDB si desea realmente romper con el fallido modelo de desarrollo actual que hace prevalecer las estrategias de exportación de materias primas en detrimento de la sociedad y del medio ambiente (para ver la carta completa acceder aquí).  De acuerdo a la carta, para que el NDB represente realmente algo “nuevo” en materia de financiamiento para el desarrollo, el mismo debe guiarse por los siguientes cuatro principios clave:

1) Promover un desarrollo para todos: la inversión no puede traer desarrollo si no satisface las necesidades de las personas. El NBD debe apoyar un desarrollo incluyente, accesible y participativo, impulsado por las comunidades; que aborde la pobreza y la desigualdad; que elimine las barreras al acceso y oportunidades, y sea respetuoso de los derechos humanos, las culturas locales y el ambiente.

2) Ser transparente y democrático: una institución dedicada al interés público debe ser accesible al público. Por lo tanto, el NBD debe asegurar que sus operaciones sean transparentes, accesibles y participativas. Sólo así, las comunidades involucradas en las actividades del NBD tendrán acceso a la información y la habilidad de influenciar y moldear las inversiones y decisiones que se tomen

3) Establecer estándares fuertes y asegurar su cumplimiento: el NBD deberá adoptar estándares fuertes para asegurar que las actividades financiadas por el mismo, beneficien y no dañen a las comunidades o al ambiente. Las políticas y procedimientos del NBD deben surgir de los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos y protección al ambiente, y como mínimo, deberán ser congruentes con el derecho internacional.

4) Promover el desarrollo sustentable: El desarrollo sustentable es esencial en el mandato del NBD. Las inversiones de dicha insitutción deberán promover soluciones ambientalmente sustentables y de largo plazo. Esto significa un respeto a los derechos de las comunidades a sus tierras, recursos y a un ambiente sano, separándonos del modelo depredador de extracción, contaminante e intenso en recursos que por años ha sido la realidad en países en vías de desarrollo.

Seguramente en los próximos años, el NDB se transformará en un actor clave en el financiamiento para el desarrollo a nivel global y regional. Es por ello que para la sociedad civil y los movimientos sociales de la región resulta un desafío prioritario el realizar un trabajo de monitoreo e incidencia sobre esta nueva institución desde sus mismos inicios, con el fin de promover que la misma se constituye efectivamente en una alternativa efectiva a las instituciones tradicionales pero que, a la vez, adopte principios y estándares sociales y ambientales los suficientemente altos y adecuados.

Más Información:

 

 

Contacto:

Gonzalo Roza – Coordinador del Área de Gobernabilidad Global

gon.roza@fundeps.org

Finalmente, la justicia de Alta Gracia admitió el pedido que Fundeps realizó, junto a un grupo de vecinos de Barrio Parque San Juan, para intervenir voluntariamente en la Causa «Verdol S.A contra Municipalidad de Alta Gracia”.

En la causa se discute la constitucionalidad de la Ordenanza local Nº 9375, que crea una zona de resguardo ambiental en la ciudad de Alta Gracia. A partir de la incorporación de Fundeps, los vecinos tendrán participación en este importante proceso judicial, cuya decisión tendrá impacto directo sus derechos.

El tribunal ha considerado que se encuentra suficientemente justificado el interés expresado por los vecinos y Fundeps, sobre la importancia de su intervención para resguardar el derecho humano a la vida, la salud y el ambiente. Estos derechos podrían verse vulnerados, si se declarará la inconstitucionalidad de la ordenanza Nº 9375, sancionada por el Consejo Deliberante de la ciudad.

Es importante recordar que la misma crea una zona de resguardo ambiental de 1500 metros, donde se prohíbe la utilización de cualquier producto químico o biológico de uso agrícola. Esta normativa protege, a través de la aplicación de principio precautorio ambiental, la vida, la salud y el ambiente de todos los ciudadanos de Alta Gracia.

 

Contacto

 Yamile Najle – Coordinadora del Área de Derecho Humanos

yamilenajle@fundeps.org

De cara al año electoral, Radio Gamba, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y FUNDEPS llevan adelante la campaña #VOTACONCIENCIA. El objetivo es que todo el que desee, pueda informarse acerca del escenario electoral 2015 y pueda también despejar dudas que puedan llegar a surgir.

El 2015 es un año electoral en diversas instancias: a nivel municipal, provincial y nacional. Es por eso que se decidió impulsar por segunda vez la campaña #VOTACONCIENCIA. Se trata de un proyecto que inicialmente surgió en 2013 en el marco de las elecciones legislativas de la mano de Radio Gamba y la Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Este año, FUNDEPS se sumó con su asesoramiento y experiencia. #VOTACONCIENCIA es producto de un trabajo colaborativo entre alumnos universitarios de distintas carreras junto con los miembros de las instituciones mencionadas.

El objetivo principal de la campaña es concientizar e informar a los jóvenes sobre el escenario electoral 2015. Para tal fin se creó una plataforma donde se expone todo tipo de información: desde cuáles son los partidos y candidatos que se presentan, distintas fechas del proceso electoral, hasta entrevistas a referentes de nuestra sociedad: especialistas, líderes de movimientos sociales, sindicalistas, líderes religiosos y académicos.

Accedé a la plataforma haciendo click acá: http://www.gamba.fm/elecciones/

 

Contacto

Carolina Juaneda – Área de Fortalecimiento Democrático y Calidad Institucional

carojuaneda@fundeps.org 

Los días 24, 25 y 26 de junio el CELE (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información) realizó el taller “Por una mejor regulación de Internet en América Latina” al que FUNDEPS asistió junto con otras organizaciones cuyos principales temas de agenda son los DDHH.

Desde su aparición, la regulación de Internet se ha ido desarrollando muy paulatinamente y sobre la marcha. Actualmente hay muchas cuestiones que carecen de la ocrrespondiente regulación y que, de esa manera podrían afectar los derechos de las personas. Es por esto que, en los últimos años, se han profundizado en América Latina los debates sobre internet, los modos de regularla y el impacto que esto puede tener en los derechos humanos.

El objetivo de la tercera edición del taller anual llevado a cabo por el CELE, tuvo como objetivo reunir, nuevamente, a organizaciones, instituciones académicas y activistas de la región a fin de aumentar su conocimiento y participación en estas discusiones. Esta actividad, organizada por iniciativa por iLEI (Libertad de Expresión en Internet) del CELE, busca además, al igual que en las otras ediciones, fomentar espacios de diálogo y oportunidades de trabajo en conjunto entre todos los actores involucrados.

El dictado de los módulos estuvo a cargo de expertos y activistas regionales dedicados a estas temáticas. A lo largo del taller se abordaron cuestiones como ciberseguridad, discurso de odio on line y las posibles tensiones con la libertad de expresión, neutralidad de la red y zero-raiting, derecho al olvido, los tratados de libre comercio y su impacto en internet, los problemas de la jurisdicción, y el diseño de campañas de advocacy para los derechos digitales, entre otras.

Uno de los objetivos principales de este taller fue que los contenidos, que fueron abordados a la luz de casos concretos en la región, sirvieran para que los participantes podamos promover e instalar estas discusiones en las agendas públicas.

Nuestra fundación está participando del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Por medio de la siguiente carta, los invitamos a involucrarse en la construcción del Documento Base para la Negociación, a través de comentarios y sugerencias.

Carta de invitación

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables  (Fundeps), como socio TAI (The Access Initiative), está participando activamente en el seguimiento del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en base al Principio 10 de la Declaración de Rio. Por lo mismo, invitamos cordialmente a comentar el Documento Base para la Negociación elaborado por CEPAL, que se envía adjunto a la presente.

Nuestro equipo de trabajo se encuentra encargado de la coordinación y sistematización de los comentarios sobre el texto del preámbulo y de los artículos Nº 1 (objetivos), Nº 2 (definiciones), Nº 3 (principios), Nº 4 (ámbito de aplicación), Nº 5 (obligaciones generales) y Nº 8 (participación del público en toma de decisiones ambientales) de dicho documento. Podemos asimismo receptar o canalizar comentarios sobre todo el texto del documento.

En consecuencia, por su experticia e influencia en esta materia, y con el objetivo de obtener ideas, comentarios, objeciones y sugerencias colaborativas sobre cómo mejorar el texto para la negociación, para que se haga efectiva una amplia participación es que se realiza la presente invitación a participar comentando el documento.

Los comentarios serán recibidos para su sistematización hasta el día 10 de Julio del corriente año. También los mismos pueden mandarse directamente a la secretaria de CEPAL hasta el 31 de agosto de 2015. Por favor, ante cualquier consulta o sugerencia, no dude en contactarse con nosotros.

¡Esperamos contar con su aporte para seguir trabajando en la implementación del Principio 10 de Rio!

Un cordial saludo,
Juan Carballo, Director Ejecutivo.
Yamile Najle, Coordinadora Área de Derechos Humanos.

Vinculo al documento elaborado por CEPAL

 

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El pasado viernes 26 de junio, en Paraná, más de 187 organizaciones expusieron en la primera Audiencia Pública 2015, organizada por la Defensoría del Público. Con la consigna ¿Cómo nos ven los medios?, durante más de ocho horas se abordaron variadas temáticas en relación a este eje.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizó la primera Audiencia Pública 2015 región centro, en la que participaron organizaciones de distintas localidades de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Misiones y La Pampa.

Las instituciones participes provenían de distintos sectores y entre ellas hubo sindicatos, medios comunitarios y gestionados por pueblos originarios, asociaciones de sordos y de intérpretes de lengua de señas, organizaciones sociales, comunidades campesinas, organismos públicos, instituciones educativas, productores audiovisuales, adultos mayores, grupos de investigación, etc.

A partir del disparador sobre cuáles son las representaciones que los medios de comunicación audiovisual construyen, se plantearon distintas temáticas como género y diversidad sexual, discapacidad, vejez, juventud y niñez, el mundo del trabajo, violencia institucional, entre otras. Desde nuestra Área de Derechos Humanos, en torno al tema género, se presentó nuestro proyecto de Violencia Mediática y se profundizó sobre las representaciones sexistas y no sexistas que promueven los medios de comunicación.

Agradecemos a la Defensoría del Público la invitación y celebramos la concreción de estos espacios de participación y construcción ciudadana. Vemos enriquecedora la oportunidad de intercambiar perspectivas con organizaciones, y entre todos reclamar la comunicación como un derecho.

 

Más información

Defensoría del Público

 

Contacto

Carolina Tamagnini – Área de Derechos Humanos

carotamagnini@fundeps.org

El pasado 11 de junio, en Panamá, se reunieron representantes y expertos de organizaciones de salud y protección del consumidor, para evaluar la situación de la salud y los avances en políticas alimentarias, tabaco, alcohol y actividad física. Además se identificaron estrategias para los próximos cinco años.

Los expertos latinoamericanos fueron convocados por la Coalición Latino América Saludable (CLAS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud de Panamá. Como representantes de FUNDEPS, participamos en esta reunión para fortalecer la respuesta de la sociedad civil, al incremento significativo de productos nocivos que atentan contra la salud de nuestras poblaciones.

Dado el fuerte lobby de las industrias de alimentos ultraprocesados (aquellos con alta densidad de calorías y pocos nutrientes), bebidas azucaradas y tabaco, esta movilización es necesaria para fortalecer la acción de los estados dirigidas a proteger la salud, que debe tener prioridad sobre los intereses económicos de estas industrias. La respuesta no es sólo necesaria desde una perspectiva de salud pública, sino también exigible en función de obligaciones de tratados de derechos humanos, que incluyen la protección del derecho humano a la salud y a la alimentación.

Las enfermedades no trasmisibles (ENT), también llamadas crónicas, son la causa principal de muerte en los países de Latinoamérica y el Caribe. Estas incluyen cardiovasculares, cánceres, enfermedad pulmonar crónica y diabetes. Existe evidencia que 3 de cada 4 personas en las Américas muere de ENT. Aumentos importantes en casos de sobrepeso y obesidad hicieron que este fuera un foco principal del evento.

Se acordaron una serie de documentos, declaraciones y posiciones regionales de CLAS entre las que se destacan:

  • La decisión de promover la negociación y aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un convenio marco de protección y promoción de la alimentación saludable y sostenible. Se busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria sustentada en las obligaciones consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos; y que este convenio sea libre de la interferencia de los intereses de la industria y organizaciones asociadas que producen productos, promueven prácticas y /o adoptan políticas que obstaculizan la protección de la salud pública.
  • La elaboración y aprobación de un documento de recomendaciones para proteger las políticas públicas de salud, de la interferencia de la industria de productos ultraprocesados comestibles, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicos, tabaco y otros productos que implican un riesgo para la salud.
  • La elaboración y aprobación de recomendaciones para los estados y los organismos gubernamentales supranacionales, a fin de fortalecer la aprobación e implementación de políticas públicas para la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles en los objetivos de desarrollo sustentable (que serán discutidos en la ONU en septiembre de 2015).
  • El desarrollo de lineamientos de un plan de trabajo de CLAS para incidir a nivel nacional y regional en el diseño de políticas públicas, para reducir los determinantes de ENT (alimentación inadecuada, consumo de tabaco, alcohol y sedentarismo), basadas en la protección de los derechos humanos y en la protección de la salud publica especialmente en los grupos sociales vulnerables.

 

Más información:

 

Contacto

 Juan Carballo – juanmcarballo@fundeps.org

El lunes 8 de junio se presentó, ante el Consejo Nacional de Mujeres, el pedido mediante el cual se exige la difusión del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.

Desde FUNDEPS acompañamos este pedido de difusión del Plan Nacional, que ha sido mencionado en distintas instancias, por funcionarios e instrumentos oficiales, pero del cuál no hay información disponible. A continuación, se transcribe la gacetilla de prensa difundida por las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa:

Una treintena de organizaciones exige el Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres

En una carta dirigida a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, diversas organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos humanos y de las mujeres exigieron la inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, tal como establece la ley N° 26.485.

(Buenos Aires, 08 de junio de 2015) – A través de una carta dirigida a Mariana Gras Buscetto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), 27 organizaciones requirieron la “inmediata y amplia difusión pública del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres”. En declaraciones públicas recientes Gras Buscetto sostuvo que el Plan Nacional de Acción ha sido aprobado y se encuentra en ejecución. Lo mismo informó el Estado argentino en presentaciones oficiales realizadas ante organismos internacionales. Sin embargo, el mismo no ha sido difundido en Argentina ni se encuentra información disponible en la página web del CNM. La elaboración, implementación y monitoreo del Plan Nacional de Acción es responsabilidad del CNM de acuerdo con el artículo 9(a) de la Ley 26.485 de Protección Integral  a las Mujeres.

Las instituciones y agrupaciones que suscribieron la nota trabajan desde hace muchos años en la promoción de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, a través del acceso a la justicia y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas a través de la investigación, la incidencia en ámbitos nacionales e internacionales y la asistencia a quienes atraviesan distintas manifestaciones de violencia en Argentina. Firmaron la carta: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Amnistía Internacional Argentina; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá); CLADEM Argentina; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF); Feministas en Acción; el Programa de Investigación y Abogacía Feminista de la Universidad de Palermo; la Fundación Siglo 21; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); FIFCJ; el Programa de Género de la Universidad Nacional de Córdoba; el Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI); la Asociación Civil El Ágora; Walk Free; la Colectiva Feminista La Revuelta; la Cátedra Libre de Géneros, Sexualidad y Derechos Humanos de la Universidad del Comahue; la Asociación Descosidas; el Frente Popular Darío Santillan Corriente Nacional; el Movimiento Popular la Dignidad Tupaj Katari y la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes por la salud sexual y reproductiva.

En el texto las organizaciones explican que enmarcan la petición en el derecho a la información pública y por considerar que tanto la difusión como el acceso al Plan Nacional de Acción revisten un claro interés público.

La carta finaliza solicitando a la Presidenta del CNM -en tanto autoridad de aplicación de la Ley 26.485- que ponga a disposición de manera inmediata el Plan Nacional de Acción “incluyendo sus objetivos, etapas de implementación, alcance, recursos asignados e indicadores de proceso y de resultado, así como las evaluaciones anuales realizadas desde el inicio de su aplicación”.

 

Contacto: Virginia Pedraza / vir.pedraza@gmail.com